Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120871
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.871, "Mulvihill, Luciano Nicolás contra Galeno ART S.A. Diferencia indemnización" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, de Lázzari, Genoud, Kogan , Pettigiani , Torres .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la demanda promovida, con costas a la accionada (v. fs. 90/100 vta.).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 114/124 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de origen admitió la demanda deducida por el señor Luciano Nicolás Mulvihill contra Galeno ART S.A. y condenó a esta última a abonar la suma de dinero que indicó en concepto de diferencias derivadas de la prestación dineraria contemplada en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -según las prescripciones de la ley 26.773 y la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387/16- así como la contemplada en el art. 3 de la ley 26.773 (v. sent., fs. 90/100 vta.).
En este sentido, tras declarar la cuestión como de puro derecho (v. fs. 79 y vta.), el a quo indicó que el actor sufrió un infortunio de trabajo el día 31 de mayo de 2008 por el cual la Comisión Médica n° 14 le reconoció un 23% de incapacidad del índice de la total obrera. Agregó que dicho dictamen fue apelado en el marco de las actuaciones caratuladas "Mulvihill, Luciano Nicolás c/ Consolidar ART S.A. s/ Recurso de Apelación" (expte. n° 27.352) que tramitaron ante el mismo tribunal y en las cuales se determinó que por tal infortunio el trabajador padece realmente una incapacidad parcial, permanente y definitiva del 29,75% del índice de la total obrera. Asimismo, señaló que por la incapacidad administrativamente otorgada la demandada abonó la suma de $25.667,62 (v. sent., fs. 91 vta. y 92).
Sobre esa base, con sustento en doctrina autoral y precedentes del mismo tribunal, el a quo entendió que las reformas introducidas al sistema de reparación de riesgos del trabajo, en cuanto al monto de las prestaciones dinerarias, debía aplicarse a las contingencias acaecidas -aún con anterioridad- que a la fecha del decisorio definitivo se encontraren incumplidas e impagas, ya que -afirmó- solo el pago total quita virtualidad a la ley que rige en el momento de colocar las cosas en el lugar que se encontraban antes del daño (v. sent., fs. 92/93 vta.).
Puntualizó luego, que aplicar la ley actual a un hecho reparativo no consumado íntegramente, no implicaba retroactividad. Adunó que no es viable legitimar el pago histórico reparatorio del infortunio sufrido por el trabajador al amparo de la ley anterior, cuando a la fecha de su resolución definitiva ha variado la legislación vigente en la materia, ello en concordancia con el principio de progresividad (v. sent., fs. 94).
En ese marco, declaró la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, por encontrarse en pugna con los arts. 14, 14 bis y 17 de la Constitución nacional y con el principio de la aplicación inmediata de la nueva ley (arts. 3, Cód. Civ. y 7, Cód. Civ. y Com.); ponderó, además, que dicha solución es la que se adapta con mayor justicia, equidad y precisión al caso particular, hallándose en sintonía con el principio de progresividad reconocido oportunamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Aquino" (entre otros) y recepcionado en el art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Afirmó que dicha forma de resolver no altera el principio de congruencia ya que se otorgaban las prestaciones dinerarias tarifadas, ni se lesiona el derecho de defensa en juicio de la accionada ni las reglas del debido proceso (v. sent., fs. 94/95).
En definitiva, sostuvo que las prestaciones indemnizatorias dinerarias adeudadas debían calcularse conforme las prescripciones de la nueva legislación vigente en la materia, es decir, la ley 26.773, el decreto 472/14 y la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387/16 (v. sent., fs. 95).
En este contexto, puesto a determinar el importe de prestación dineraria contemplada en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 conforme las pautas indemnizatorias fijadas en la ley 26.773, el decreto 472/14 y la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387/16, el a quo lo cuantificó inicialmente en la suma de $389.476,35 ($1.090.945 x 29,75%), al que le adicionó el 20% establecido en el art. 3 de la ley 26.773 ($64.911,22). Al monto resultante le descontó la suma efectivamente abonada por la aseguradora de riesgos del trabajo, arrojando un saldo de $363.799,73 al que -el voto mayoritario- dispuso "agregarle" el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) vigente entre el día 1 de enero de 2010 y el último publicado (agosto 2016), arribando a un coeficiente de 6,37 por el que multiplicó el monto antes señalado, obteniendo un total de $2.317.404,20 por el que -por mayoría- se declaró procedente la demanda (v. sent., fs. 96/100 vta.).
Por último, dispuso calcular los intereses desde la fecha de la sentencia y hasta el efectivo pago, conforme la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (tasa BIP; v. sent., fs. 95 vta./100 vta.).
II. La accionada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 9 y 10 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 8 incs. "a", "b" y "c" y 22 de la ley 9.688 (t.o. ley 23.643); 44 inc. "e", 47 y 65 del decreto 7.718/71; 330, 354 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial; resolución del Consejo Nacional del Salario Mínimo Vital y Móvil 7/89 y de la doctrina legal que cita (v. fs. 114/124 vta.).
Expone los siguientes agravios:
II.1. Cuestiona que el tribunal haya aplicado la resolución 387/16 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Resalta que el infortunio laboral padecido por el actor es de fecha 31 de mayo de 2008 y que la referida resolución se aplica únicamente a los siniestros comprendidos entre el día 1 de septiembre de 2016 y el 28 de febrero de 2017 (v. rec., fs. 116 y vta.).
II.2. Luego, afirmando que el art. 3 de la ley 26.773 es constitucional, objeta la aplicación del 20% adicional al monto indemnizatorio toda vez que ello -según su opinión- solo procede en caso de que el trabajador escoja la vía administrativa (v. rec., fs. 116 vta.).
II.3. Se agravia de que haya aplicado retroactivamente la ley 26.773, en tanto sostiene que el infortunio ocurrió con anterioridad a la sanción de la referida ley. Plantea que -por el contrario- en el presente caso resulta aplicable la ley 24.557 con las modificaciones introducidas por el decreto 1.694/09.
En este camino, señala que el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 establece la entrada en vigor del mencionado cuerpo legal a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial, aplicándose a las contingencias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de dicha fecha, es decir, el 26 de octubre de 2012. Manifiesta que, por su lado, el art. 17 apartado 6 complementa el apartado anterior, al establecer el mecanismo de ajuste para las prestaciones por incapacidad permanente que se deban abonar cuando las manifestaciones invalidantes surjan a partir de la entrada en vigencia de la nueva norma.
Asimismo, resalta que el índice RIPTE únicamente se aplica a las compensaciones de pago único previstas en el art. 11 de la ley 24.557 y a los "pisos" del decreto 1.694/09 que rigieron desde el día 1 de enero de 2010 hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley 26.773, y no sobre el resultado de "fórmulas" que ya contienen su propia actualización.
Por último, denuncia que el pronunciamiento de grado vulnera la doctrina que emerge de los precedentes "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial" (sent. de 7-VI-2016) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) de esta Suprema Corte de Justicia.
II.4. Postula que el a quo descontó de manera errónea lo abonado por su parte, en tanto debió detraerlo del resultado del importe calculado conforme lo previsto por el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo y no del capital actualizado por el índice RIPTE más el adicional del art. 3 de la ley 26.773, importando ello un enriquecimiento sin causa del actor (v. rec., fs. 123 y vta.).
II.5. Finalmente, señala que la aplicación de una actualización sobre una suma ya ajustada por el índice RIPTE, a cuyo resultado total se adicionan intereses, importa una multiplicidad de actualizaciones que vulnera garantías constitucionales y su derecho de propiedad, solicitando que se revoque la aplicación del mentado índice (v. rec., fs. 123 vta. y 124).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Merece favorable recepción el agravio que trae el interesado contra lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto cuantificó la indemnización que contiene la condena con arreglo a las pautas previstas en la ley 26.773.
III.1.a. En primer lugar, se impone señalar que la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de dicho régimen legal debe ser revocada, de conformidad con los argumentos que brindé al emitir mi opinión en la causa L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018) , los cuales -en sustancia- habré de reiterar.
Es sabido que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o.).
Puede observarse que, bajo la aparente contradicción con ciertos preceptos de la Constitución nacional, la solución a la que arribó el sentenciante al marginar del caso al art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, reposa en verdad en un argumento que, lejos de sustentarse adecuadamente en una regla de rango constitucional, pretende encontrar fundamento en una pauta general prevista en la legislación civil (la de la aplicación inmediata de la nueva norma; arts. 3, Cód. Civ. y 7, Cód. Civ. y Com.). Aunque ello se hace reemplazando las normas especiales que contiene el régimen de infortunios laborales.
La reflexión plasmada en el pronunciamiento atacado no evidencia una falta de razonabilidad en el criterio escogido en las normas cuestionadas para determinar la entrada en vigencia de las disposiciones pertinentes teniendo en consideración la fecha en que se produjo la primera manifestación invalidante.
Tampoco la genérica alusión al "principio de progresividad" que el tribunal sitúa en el art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos justifica la decisión adoptada; máxime cuando ningún argumento porta el fallo tendiente a demostrar la configuración en el caso de una situación de "total desamparo" relativa al damnificado que aconsejase aplicar una solución acorde con apoyo en el citado principio (CSJN causa "Arcuri Rojas, Elsa c/ ANSeS", sent. de 3-XI-2009).
Lo resuelto por el tribunal de grado no se ajusta a aquellas directrices de este Tribunal que señalan que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal solo ha de tener cabida cuando la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta y la incompatibilidad normativa inconciliable (causa L. 74.814, "Sánchez", sent. de 29-IX-2004).
Para más, tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como este Tribunal se han expedido sobre la temática que gira en orden al ámbito temporal de aplicación del índice RIPTE contemplado en la ley 26.773, debiéndose destacar que en dichas oportunidades ningún reproche constitucional mereció la pauta que recepta el art. 17 apartado 5 de la ley citada, cuya aplicación llevó a los mencionados tribunales a una solución que contrasta con la adoptada en la sentencia impugnada.
En tales condiciones, debe ser dejada sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 llevada a cabo por el órgano jurisdiccional de la instancia.
III.1.b. Luego, cabe indicar que en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de la ley 26.773, esta Corte se expidió en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), estableciendo que dicha ley ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O. de 3-I-2001 y 1.694/09, B.O. de 6-XI-2009), por lo que las mejoras introducidas en la nueva legislación solo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito); ello así, salvo que la normativa consagre alguna excepción puntual a ese principio. Tal criterio fue mantenido con posterioridad en otros precedentes (causas L. 117.871, "Spinali", sent. de 28-IX-2016; L. 119.715, "Plenazzio", sent. de 13-X-2016; L. 118.459, "Caviglia", sent. de 14-XII-2016 y L. 118.202, "B. T., E. y otros", sent. de 8-II-2017).
A tenor de lo expuesto, y teniendo en cuenta que a la fecha de ocurrencia del infortunio la ley 26.773 no se encontraba vigente, asiste razón al recurrente en cuanto postula que sus disposiciones no resultan aplicables al caso, por lo que cabe casar la sentencia en cuanto dispuso incrementar con apoyo en su art. 17 apartado 6, y por aplicación de lo dispuesto en el art. 2 de la resolución 387/16 de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el importe de las prestaciones dinerarias que fueron objeto de la condena, debiéndose dejar sin efecto también la condena dispuesta al pago de la indemnización adicional prevista por el art. 3 de dicha ley.
En consecuencia, siendo que el caso bajo examen cae bajo la órbita de aplicación de la ley 24.557 con las modificaciones del decreto 1.278/00, los autos deberán volver al tribunal de origen para que obre con arreglo a lo que aquí se decide.
III.1.c. La solución que se propicia en el apartado que precede, torna inoficioso el tratamiento de los planteos vinculados con la aplicación del decreto 472/14 y la resolución 387/16 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, así como del agravio dirigido a poner en tela de juicio el modo en que el tribunal descontó la suma abonada por la accionada en sede administrativa. Es sabido que no corresponde a la judicatura dictar pronunciamientos abstractos (causas L. 96.268, "Cirigliano", sent. de 4-III-2009 y L. 101.057, "García", sent. de 13-VII-2011).
III.1.d. Por otra parte, ha perdido asimismo virtualidad el abordaje de la denuncia que formula el recurrente en relación con una presunta doble actualización del importe de condena.
Sin embargo, habiéndose revocado lo decidido por el a quo en cuanto empleó las pautas indemnizatorias previstas en la ley 26.773, y teniendo en consideración que tal modo de resolver fue gravitante en el razonamiento de aquél al expedirse sobre los intereses (v. sent., fs. 95 vta.), dicho tópico deberá ser juzgado nuevamente por el tribunal de origen una vez devueltos los autos, debiendo tener presente la doctrina de esta Corte que indica que es la fecha de exigibilidad del crédito la que determina el punto de partida para el cómputo de los intereses (causas L. 108.784, "Marengo", sent. de 4-XII-2013 y L. 117.459, "G., J. L.", sent. de 21-VI-2017).
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, y con el alcance indicado en los párrafos que anteceden, revocar la sentencia de grado en cuanto aplicó las prescripciones de la ley 26.773.
La causa deberá remitirse al tribunal de origen a fin de que, debidamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponda, de conformidad con lo que aquí se ha resuelto.
Costas por su orden, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. De inicio se impone destacar que la secretaria del tribunal de origen no ha rubricado el veredicto, limitándose a suscribir la constancia de registro de la sentencia (v. fs. 100 vta.) y la liquidación de fs. 101.
Los defectos apuntados constituyen falencias de forma y no conducen por sí solos a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), pero tampoco pasan inadvertidos en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
I.2. Adentrándome en el análisis de los agravios que porta el recurso, adhiero al voto del doctor Soria y a su propuesta de declarar procedente la crítica dirigida a controvertir la tacha de inconstitucionalidad que del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 llevara a cabo el tribunal de grado en su pronunciamiento.
Para así decidir, remito a los argumentos expuestos por el doctor Soria en la causa L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018), a los que adherí, y que resultan concordantes con los que tuve oportunidad de manifestar al emitir mi opinión en la causa L. 120.062, "Guzmán" (sent. de 30-V-2018).
I.3. Sentado lo anterior, y en lo concerniente a la vigencia temporal de la ley 26.773, habré de señalar que en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) he dejado plasmada mi postura propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aun a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Sin embargo, mi criterio ha resultado minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, entiendo que la respuesta al agravio traído, de conformidad con lo que anticipé, debe ajustarse a la doctrina legal emergente del citado precedente L. 118.695, en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que con fecha 7-VI-2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito" (CNT 18.036/2011/1/RH1) se pronunció al respecto, determinando que la actualización de los importes establecida en la citada ley 26.773 solo rige para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación (cons. 8°), directriz que reitera con relación al decreto 1.694/09, en atención a lo dispuesto en el art. 16 de dicho reglamento (cons. 12°).
I.4. En razón de lo precedentemente manifestado, también suscribo lo dicho por el doctor Soria en los puntos III.1.c. y III.1.d. de su sufragio.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.