Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las Resoluciones Nros. 107/13 y 108/13, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, en el carácter de representación procesal, la suma de $95.734, y por el patrocinio letrado $239.334, teniendo en consideración la naturaleza de la causa, el monto del litigio, las etapas procesales cumplidas, y demás pautas establecidas por la ley 21.839 modificada por la ley 24.432.
3Regular los honorarios del Contador Público Jose Luis Domper en la suma de $3.000, a cargo de la recurrente, por aceptación del cargo en autos en el carácter de perito designado a propuesta del Fisco Nacional. Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-92096121-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 1 de Septiembre de 2022 Sentencia.
En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación), para dictar sentencia en el Expediente N°38.352-I y su acum. N°38.354-I caratulado “Galfre, Mario Alberto s/ Apelación”.
La Dra. O’Donnell dijo:
I. El Sr. Mario Alberto Galfre interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra las siguientes Resoluciones dictadas el 17 de septiembre de 2013 por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Rio Cuarto de la Administración Federal de Ingresos Públicos:
a.- la Resolución N°107/13, en la que se determina de oficio su obligación en el impuesto al valor agregado de los períodos fiscales 1/2008 a 12/2008 y se lo intima a ingresar $501.546,48, más intereses resarcitorios. Asimismo, en dicho acto se hizo reserva de juzgar su conducta infraccional por los mismos periodos fiscales, por aplicación del art. 20 de la ley 24.769 (t.v.).
b.- la Resolución N° 108/13, en la que se determina de oficio su obligación en el impuesto a las ganancias del período fiscal 2008, y se lo intima a ingresar $843.180,84, más intereses resarcitorios.
Allí también se hizo reserva de juzgar su conducta infraccional por aplicación del art. 20 de la ley 24.769 (t.v.). En su presentación ante este Tribunal, el Sr. Galfre explica que el 23 de febrero de 2012 se le inició un procedimiento de fiscalización en el que se impugnaron las operaciones con sus principales proveedores: Taborra, Guillermo Eduardo, Agro Argentina S.R.L, Cast Agnola S.R.L., Vivagro S.R.L y Hocsman Cereales S.R.L. Aclara que por los mismos periodos y gravámenes tuvo una inspección anterior, que fue cerrada y que ello fue notificado sin objeción alguna; sin embargo, mediante la notificación de una nota externa se reitera la fiscalización desobedeciendo instrucciones internas obligatorias, es decir que no fue realizada por F.8000. Agrega que ello provoca la nulidad absoluta e insanable de todo lo actuado, ya que en la segunda inspección no se invoca culpa o dolo de la inicial, violando lo que denomina como estabilidad del acto administrativo.
Sostiene que las Resoluciones también son nulas porque el juez administrativo es contador y las Resoluciones no están precedidas de dictamen jurídico.
Sobre la cuestión de fondo, invoca la violación de lo que denomina también como principio de previsibilidad y explica que las irregularidades detectadas a los proveedores, tales como la falta de capacidad operativa y de organización para realizar las actividades declaradas, que no se pudo establecer el domicilio comercial o la ubicación de la plantas, o la no localización de los proveedores en los domicilios, las faltas de respuestas a los requerimientos cursados, la falta de presentación de las declaraciones juradas, o bien la presentación de las declaraciones juradas sin movimiento, o que pagó con cheques de terceros sin identificar el librador del mismo, ni la cuenta bancaria de origen, no son suficientes para desconocer su efectiva existencia.
Bajo el título “Aspectos fácticos, ónticos y jurídicos adicionales que ameritan esta defensa” destaca que los proveedores le suministraron materia prima básica –pellets de soja- y en las cantidades necesarias para realizar sus ventas, que no fueron cuestionadas. Agrega que para el traslado de los productos comprados, se utilizó un camión propio que era conducido por el Sr. Galfre, lo que pudo ser corroborado por el ente fiscal que lo interceptó en un control de ruta, así como también camiones de terceros.
Por último, dice que los comprobantes fiscales que recibió de los proveedores eran válidos y que ninguno se encontraba incluido en la base de facturas apócrifas. Bajo el título “Conclusiones Axiomáticas” termina diciendo que “…debe reconocérsele que cumplió en todos los casos de manera impecable con sus obligaciones tributarias, por lo que, si existen observaciones y/u objeciones vinculadas a las personas físicas y jurídicas con las que opera, ello no puede serle endilgado como sustento para impugnar sus declaraciones juradas. En todo caso si dentro de esta operatoria existe alguna cuestión irregular o delictiva, ello debe ser investigado más profundamente por el Fisco Nacional y, eventualmente, por la justicia Federal, a propósito de descubrir los verdaderos responsables y para aplicarles el castigo correspondiente, como anexo a recuperar el crédito fiscal no ingresado al erario público por estos motivos”.
Aporta prueba documental, ofrece la producción de prueba informativa y pericial contable y solicita, en consecuencia, que se revoquen las Resoluciones, con costas.
A fs. 191/216 y fs. 458/489 el Fisco Nacional contesta el traslado de los recursos, solicitando que se confirmen sus actos, también con costas.
A fs. 232 está el auto de apertura a prueba del 17 de octubre de 2014 en el que no se le hace lugar a la prueba informativa dirigida a los bancos que intervinieron en los pagos a los proveedores; a su vez, se hace lugar a la prueba informativa dirigida al Reg. Prop. Automotor de Córdoba para que diga si el Sr. Galfre tenía transportes a su nombre; allí se hace lugar, asimismo, a la prueba pericial contable ofrecida.
Sin embargo, a fs. 501 y 507 se dio por decaído el derecho a producirlas, por falta de impulso de la recurrente. A fs. 495 el Tribunal en Pleno decidió acumular el Exp. N°38.354-I al N° 38.352-I.
A fs. 509 se hace saber la integración de la Sala y se declara el cierre del período probatorio. En dicha oportunidad, también se requiere a las partes que informen el estado de la causa penal y a fs. 510 la representación fiscal informa que sigue en trámite. Por último, mediante la PV-2022-81814365-APN- VOCXI#TFN se elevan los autos a su consideración y, ante la falta de pruebas producidas, a través del IF-2022- 86196340-APN-VOCXI#TFN quedan en estado para dictar sentencia.
Corresponde resolver en primer lugar sobre la validez de las Resoluciones para lo cual deben analizarse los diferentes planteos de nulidad de la recurrente.
Sobre la falta de dictamen jurídico previo, basta la lectura de las propias Resoluciones para contestar sobre el desacierto del planteo ya que allí expresamente se expresa que previamente a su emisión se requirió dictamen al servicio jurídico; además, de haber la recurrente compulsado las actuaciones administrativas, en ejercicio del derecho que le acuerda el art. 38 del decreto reglamentario de la ley 19.549, de aplicación supletoria en el procedimiento tributario, hubiera constatado fácilmente que los dictámenes jurídicos, suscriptos por la Ab. Sonia B. Gutiérrez de la Sección Sumarios y Dictámenes de la División Jurídica de la Dirección Regional, obran agregados a fs.137/146 del Cpo. Proceso de Determinación de Oficio de IVA, y a fs. 134/143 del Cpo. Proceso de Determinación de oficio de Impuesto a las ganancias.
No se advierte tampoco violación alguna al principio que impide ir contra los actos propios por parte del Fisco Nacional. Es que la inscripción de los proveedores en el Registro Fiscal de Operadores de Granos, ni en ningún otro registro,importa carta de indemnidad alguna para el contribuyente que contrata con los allí inscriptos, no hay norma, ni legal, ni tampoco reglamentaria que así lo prevea. Es, por el contrario, de la esencia de la Administración Tributaria, ejercer las facultades de fiscalización que la ley 11.683 le acuerda en orden a verificar el exacto y oportuno cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, siempre que se lleven a cabo en el marco del procedimiento de determinación reglado también en dicha norma que prevé un ámbito amplio en el que puede ejercer su derecho al debido proceso adjetivo.
En el caso, ningún agravio ha sido invocado en dicho sentido ya que la recurrente ha tenido posibilidad de hacer valer sus defensas en la instancia administrativa previa y ahora ante este Tribunal, instancia en la que si bien ofreció medidas de prueba, no las produjo por su propia inactividad procesal.
Por último, queda expedirsesobre el desarrollo del procedimiento de fiscalización que el recurrente dice que está viciado de nulidad. Para ello, por un lado, invoca el principio de la estabilidad del acto administrativo por la reiteración de una inspección anterior sobre los mismos gravámenes y períodos fiscales, en los términos de los arts. 19 de la ley 11.683 y 18 de la ley 19.549; por el otro, invoca que se amplió la inspección al impuesto al valor agregado a través de una nota externa, no de otro tipo de acto, según lo disponen las instrucciones generales. Respecto al primer punto, cierto es que de los antecedentes administrativos se desprende que el Señor Galfre fue objeto en el año 2009 de una inspección que tramitó bajo la O.I. N° 402.286 en la que se verificaron sus obligaciones en el impuesto a las gananciasde los períodos fiscales 2006 a 2008 y en el impuesto al valor agregado de los periodos 12/2006 a 12/2008. El “Informe Final de Inspección Rápida” del Cpo. Principal de dicha OI que obra a fs. 84/85 de las act. adm. da cuenta que su origen fue un operativo de control en la ruta de un camión conducido por el señor Galfre a partir del cual ante las inconsistencias detectadas en la documentación de traslado de los productos se detectaron otras: un pasivo injustificado en el período fiscal 2006, exceso en el tope de amortización en el impuesto a las ganancias de un automóvil afectado a la actividad y en el cómputo del crédito fiscal en el impuesto al valor agregado y, por último, la omisión de declarar el resultado de la venta de un rodado en este último impuesto.
Surge de allí también que en la instancia de la fiscalización el señor Galfre rectificó las declaraciones juradas. En el mismo Informe los actuantes expresan que “Se sugiere un nuevo cargo (Imp. a las Ganancias – 2008) para verificar las compras)” y fue por ello que la División Fiscalización N° 1 de la Dirección Regional Rio Cuarto, la misma que había intervenido en la fiscalización rápida a partir del operativo llevado a cabo en la ruta el 8 de mayo de 2009, decidió profundizar en las compras a los proveedores en los mismos períodos fiscales. Así, la inspección rápida del año 2009 no fue cerrada, como mal lo califica el señor Galfre, sino descargada, y así se le comunicó mediante nota F.8900 el 27 de abril de 2010; la segunda Orden de Intervención, que es la que culmina en los actos recurridos, no fue entonces una reinspección, sino una nueva fiscalización sobre las mismas declaraciones juradas que no habían sido objeto de verificación, ya que no se le habían requerido al señor Galfre la documentación de respaldo relacionada con las compras a sus proveedores.
Por ende, no hubo en el caso un acto administrativo al cual asignarle la estabilidad que predica el señor Galfre en su presentación en esta instancia, invocando los arts. 19 de la ley 11.683 y 18 de la ley 19.549; en rigor de verdad no hubo ningún acto, ni administrativo ni preparatorio en dicha fiscalización, sino la presentación de declaraciones juradas rectificativas sobre determinados conceptos que en modo alguno condicionaron la fiscalización posterior de otros conceptos sin relación alguna.
Respecto al segundo agravio, lo que interesa a la hora de analizar la validez de la extensión de la fiscalización a otro período fiscal y/o gravamen es la notificación de la decisión al contribuyente, no la forma que adopte el organismo fiscal para tomarla que es, en principio, privativa de éste. En efecto, es la comunicación fehaciente al contribuyente lo que da validez a la medida, como sostuvo este Tribunal al fallar en la causa “Paravati, Norberto”, sentencia del 25 de febrero de 2005, y en el caso la nota externa del 3 de marzo de 2011 se encuentra suscripta por el Jefe de la División Fiscalización que instruye la ampliación de la fiscalización y, además, por el señor Galfre, lo cual garantiza que éste fue debidamente notificado y puesto en conocimiento de la decisión. Sin perjuicio de lo señalado, cabe recordar que la nulidad de un acto no puede invocarse en forma abstracta, sino que es indispensable acreditar la existencia de afectación en algún derecho de quien la pide y un perjuicio concreto, requisitos que en el caso no se han cumplido. Así lo ha manifestado en forma reiterada y constante la Excma. Cámara que ejerce como tribunal de alzada de este tribunal al decir que “…cuando se plantea la nulidad de un acto administrativo debe señalarse, concretamente, cuáles son los vicios que exhibe y qué perjuicio ha provocado (causa “Cooperativa de Trabajo AEI “Colonia Barraquero” LTDA c/ INAES – Resol. 806/08 (Expte. 137/03)”, pronunciamiento del 3 de febrero de 2012). También ha sostenido que el interesado debe acreditar la violación de una forma procesal, o la omisión de un acto, que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a su indefensión, por lo que las nulidades son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se vio privado de oponer el impugnante (causa “EDI Fumigaciones SRL (TF 27564-I) c/ DGI”, “Cachape SRL c/ DGI” y “Ángel Russo Combustibles SRL (TF 24979-I) c/ DGI”, pronunciamientos del 2 de febrero de 2012, del 12 de julio de 2012 y del 20 de mayo de 2015, respectivamente)” -conf. ”Bringas Raul”, sentencia del 1.10.2020, entre otros-.
Por lo expuesto, corresponde rechazar la nulidad, sin costas (Fallos 336:70, “Bolland”)
Corresponde ahora expedirse sobre la legitimidad de las Resoluciones recurridas, para lo cual cabe recordar que el Tribunal no se encuentra obligado a seguir a las partes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970 y en el mismo sentido la Cámara in re “Agropecuaria Huinca SRL”, sentencia del 2/9/2014 y sus citas, entre muchas otras).
Surge de los Considerandos de las Resoluciones que luego de sustanciarse el procedimiento de fiscalización iniciado al señor Galfre, se impugnaron las operaciones con proveedores que luego de una exhaustiva investigación realizada a cada uno de ellos fueron calificados de apócrifos: Taborra, Guillermo Eduardo, Agro Argentina S.R.L, Cast Agnola S.R.L., Vivagro S.R.L y Hocsman Cereales S.R.L.
Para ello se tuvo en cuenta aspectos tales como que estaban inscriptos para el ejercicio de 16 actividades diferentes, ninguna de ellas relacionada con la del recurrente (vgr. Taborra), mudaron su domicilio fiscal varias veces, en diferentes Provincias del país además (vgr. Taborra) carecían de bienes de uso afectados a la actividad, no tenían cuentas o no tenían acreditaciones bancarias, tampoco empleados en relación de dependencia, aunque sus ventas fueron como productores (vgr. Agro Argentina S.R.L.); durante el año 2008 fueron excluidos del Registro Fiscal de Operadores de Granos (vgr. Vivagro S.R.L., Agro Argentina S.R.L., Castagnola S.R.L. y Hocsman Cereales S.R.L.); no se pudo localizar a los proveedores en sus domicilios fiscales, ni a las empresas ni a sus directores (vgr. Castagnola S.R.L, Agro Argentina S.R.L, Hocsman Cereales S.R.L,), además que los domicilio fiscales son viviendas; en el caso de Vivagro S.R.L, únicamente se localizó a su supuesto socio, el señor Sebastián Iván Vivas, que dijo haber cedido las cuotas en el año 2007 a Elvio Mario Gastaldi. Éste, una vez localizado, manifestó que se dedicaba esporádicamente a ser músico y que realizaba tareas de soldadura y que no formaba parte ninguna sociedad y que desconocía a las firma Vivagro S.R.L. y a Hocsman Cereales S.R.L., en la que también figuraba como cesionario de cuotas sociales.
Por su parte, el Sr. Taborra si bien ratificó la venta de expeller de soja al señor Galfre, también manifestó que no podía corroborar las operaciones porque en un siniestro del año 2009 perdió todos los registros de la empresa –Sur comercial de Taborra Guillermo- y que no le quedó nada ni libros ni computadoras, ni nada de nada (Cpo. Declaración Testimonial Guillermo Taborra, act. adm).
En cuanto a los pagos a los proveedores, el juez administrativo tuvo en cuenta asimismo que no se identificó al librador de los cheques, ni la cuenta bancaria de origen, por lo que concluyó que el señor Galfre no aportó debida los datos de los medios de pago que dijo utilizar para validar efectivamente las operaciones y que no se pudo acreditar que los cheques hayan tenido como destino final a los proveedores.
Todo ello tuvo como resultado la impugnación de los créditos fiscales en el impuesto al valor agregado al desconocerse la realidad de las compras y los gastos deducidos en el impuesto a las ganancias Cabe resaltar que la prueba aportada en esta instancia, obrante a fs. 68/153, consiste en las constancias de validación de los comprobantes extendidos por los proveedores más un anexo confeccionado por el señor Galfre con detalle de los cheques que fueron entregados en pago de las facturas impugnadas, sin ningún respaldo documental o informe pericial que permita validarlo.
Cabe recordar que las pruebas ofrecidas y admitidas en esta instancia - informativa y pericial contable- no fueron producidas por la inactividad del propio recurrente.
a.- Ajustes en el impuesto al valor agregado -Res. N° N°107/13.
Respecto a la impugnación de los créditos fiscales computados en las declaraciones juradas por las facturas de Taborra Guillermo Eduardo, Agro Argentina S.R.L, Castagnola S.R.L., Vivagro S.R.L y Hocsman Cereales S.R.L.,y contrariamente a lo que invoca el Sr. Mario Alberto Galfre en su recurso de apelación, era a él al que le correspondía demostrar su efectiva realización por así disponerse en la ley 11.683, por lo que debe analizarse la prueba rendida con dicho propósito, tanto en la instancia administrativa previa como en la presente instancia. En efecto, le correspondía a la recurrente, en el derecho de contradicción que la ley procesal le acuerda ejercer, demostrar la sustantividad de las operaciones impugnadas por la inspección a partir de razones que tienen entidad suficiente para poner seriamente en duda su real existencia, para lo cual deben ofrecerse pruebas fehacientes en tal sentido.
Ello así, toda vez que ante ajustes como el que aquí se analiza resulta de aplicación la interpretación realizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de las disposiciones del art. 12 de la ley del gravamen en la causa “Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/ DGI”, del 10 de marzo de 2015, entre muchas otras, al sostener: "Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. 1997 y sus modificaciones), sobre cuya el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles...".
Similares consideraciones hizo en “ADM Argentina S.A.” del 10 de marzo de 2015 y en “Molinos Río de la Plata S.A.” del 25 de agosto de 2015, entre muchas otras.
Lo explica la Cámara que ejerce como alzada de este Tribunal cuando dice que “…el contribuyente debe acreditar fehacientemente la real existencia de las operaciones realizadas y a su vez, para que se pueda computar el crédito fiscal, es necesaria la existencia de la generación de un débito fiscal en la etapa anterior por esa misma operación para el vendedor, locador o prestador, pues se supone que el contribuyente puede tomar en cuenta el crédito así constituido por haber abonado el Impuesto al Valor Agregado en la etapa anterior(conf. esta Sala, in re “Molinos Río de La Plata SA c/ EN- AFIP DGI- Resol. 227/0639/06 (GC) s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 14/08/12)” – conf. “Avital S.A.”, del 24.2.2022, entre otras-.
Resulta así claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto del prestador del servicio o del vendedor de los bienes, extremo que es el que corresponde analizar aquí, en orden a determinar si fueron realmente los proveedores impugnados los que efectivamente vendieron los insumos (en el caso, pellets de soja), por ende, si le asiste a la recurrente el derecho a computar el crédito fiscal de los comprobantes fiscales extendidos por éstos, a pesar de las múltiples irregularidades invocadas por el juez administrativo a partir de las tareas de fiscalización llevadas a cabo a cada uno de ellos que llevaron a concluir en su falta de capacidad económica ni operativa. La prueba aportada con dicho propósito es claramente insuficiente. Lo único que probó el recurrente es la instrumentación formal de las operaciones, más no su existencia que es lo que interesa a los efectos del cómputo del crédito fiscal. Las irregularidades detectadas a cada uno de los proveedores son de tal relevancia que impiden dar verosimilitud a las compras invocadas, máxime cuando, ya se dijo, el señor Galfre no produjo ninguna prueba tendiente a acreditarlas ya que las ofrecidas en esta instancia nunca fueron producidas por su propia negligencia y desinterés.
A ello cabe agregar que si bien la recurrente efectúa en su recurso una minuciosa y detallada crítica de la forma en que la fiscalización llevó a cabo sus tareas de investigación que la llevó a concluir en la falta de capacidad operativa de los proveedores para vender los pellets de soja descriptos en los comprobantes, lo cierto es que a la misma vez no da ningún dato que permita a este Tribunal llegar a la convicción que contrató realmente con ellos y esa omisión probatoria es, precisamente, la que determina la suerte adversa de sus agravios.
A mayor abundamiento, resulta difícil dar crédito a los dichos del recurrente cuando de sus registraciones del año 2008 surge que las compras al señor Taborra fueron por casi $1.500.000, sin que para ello contara con bienes de uso, sin empleados en relación de dependencia, sin cuentas bancarias; dificil es creer también que un proveedor que operó con estos volúmenes de producción carezca de respaldo documental, si quiera mínimo, y si fue víctima de un siniestro no tenga la denuncia policía o actuación judicial hecha por diversas razones, no estrictamente fiscales, propia de quien ejerce una actividad comercial.
Lo expuesto es suficiente para confirmar la pretensión fiscal notificada en la Res. N°107/13.
b.- Ajustes en el impuesto a las ganancias – Res. N°108/13.
El juez administrativo también impugnó los gastos deducidos en el impuesto a las ganancias por las mismas operaciones en el periodo fiscal 2008, de los mismos proveedores. Lo que la recurrente tenía que demostrar era que los gastos efectivamente existieron y que fueron necesarios para el ejercicio de su actividad, en los términos previstos en los arts. 17 y 80 de la ley del gravamen, pero tampoco lo hizo.
Como ya se dijo la prueba informativa y la pericial contable admitidas en esta instancia fueron dadas por decaídas, al no haberlas producido el señor Galfre por su propia inactividad procesal, es decir que no probó por ningún medio lo que invoca en sus recursos que es que las compras realmente existieron y que fueron luego ventas a sus clientes, por lo que no es admisible la deducción como gastos en el impuesto a las ganancias. Por esta razón, corresponde confirmar también la Res. N°108/13.
El Dr. Martín dijo:
Que adhiere al voto precedente.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que en primer lugar, comparto en lo sustancial los argumentos de la Dra. O´Donnell para desestimar los argumentos de las defensas de nulidad formuladas por la actora; no correspondiendo la imposición de costas que solicitara el Fisco Nacional a fs. 201 y 469 vta., toda vez que aquellas fueron interpuestas como agravios propios de la defensa de fondo, sin otorgársele el carácter de previo y especial pronunciamiento.
II. Que adhiero a lo expresado por la Vocal Instructora en su voto, en tanto resuelve confirmar las determinaciones de IVA y el Impuesto a las Ganancias por la impugnación de la operatoria con los supuestos proveedores: Taborra Guillermo Eduardo, Agro Argentina S.R.L, Castagnola S.R.L., Vivagro S.R.L. y Hocsam Cereales S.R.L (vg. fs. 21/22 y 282).
Ello así, considero conveniente efectuar algunas precisiones adicionales.
No puede soslayarse que respecto de los proveedores objetados, el Fisco puso en evidencia una serie de irregularidades que se presentaron de forma reiterada resaltando esencialmente la falta de capacidad operativa, patrimonial, económica y/o financiera de los mismos para operar en los niveles de entrega de mercadería declarados, situaciones que no puede calificarse como de meros incumplimientos formales de terceros (cfr. Sala I de la Alzada, in re “Las Tres Mulitas”, sentencia del 9 de diciembre de 2015). Ello así, la incapacidad atribuida a aquellos impide considerarlos como generadores genuinos del crédito fiscal, extremos que no fueron cuestionados -ni desvirtuados- por la actora (cfr. criterio de la CSJN in re: “Molinos Río de la Plata SA c/ EN - AFIP - DGI Resol. 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva”, sentencia del 25 de septiembre de 2015). Esas inconsistencias, que fueron expuestas en los actos apelados y son plasmadas en el voto de la Dra. O´Donnell, generaban que la demandante, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la veracidad de sus dichos, esto es, demostrara a partir de elementos fehaciente la sustantividad de las operaciones rechazadas por la inspección actuante, dado que las irregularidades detectadas tenían entidad suficiente para poner seriamente en duda la real existencia de las operaciones invocadas por la recurrente (cfr. criterio expuesto por la Sala “B” de este Tribunal en su anterior composición, in re “Pesquera San Nicolás” sentencia del 16/12/2005). Que teniendo en cuenta el decaimiento de prueba decretado a fs. 501 punto 3° y 507, la actora no ha logrado acreditar que sus presuntos proveedores hayan sido efectivamente quienes efectuaron las operaciones adjudicadas, por lo que cabe concluir que los agravios expuestos en el recurso, al no encontrar respaldo en probanza idónea y fehaciente, resultan meras consideraciones dogmáticas que no logran conmover los fundamentos volcados por el Fisco Nacional (cfr. doctrina del fallo de la CSJN, “Feretti, Félix Eduardo” ya citado y criterio de esta juzgadora in re “Cagnoli S.A. s/recurso de apelación”, Sala “C”, sentencia del 23 de noviembre de 2015, en la cual la suscripta intervino como Vocal Subrogante de la Vocalía de la 8va Nominación, confirmado por la Sala IV de la Alzada el 24 de noviembre de 2016).
Asimismo y tal como lo señala la Vocal Instructora, tampoco quedó demostrado que los gastos que se pretendieron hacer valer efectivamente existieron y fueron necesarios para el ejercicio de su actividad, ello en los términos previstos por los artículos 17 y 80 de la Ley del Impuesto a las Ganancias.
En tal sentido cabe concluir que nadie puede invocar el derecho a computar un beneficio tributario sobre la base de documentación que presenta las inconsistencias y/o irregularidades aquí detectadas, máxime si tal pretendido beneficio se relaciona con el cómputo de crédito fiscal y/o gasto deducible que se presenta justificado en una causa cuya real existencia no ha sido debidamente acreditada (criterio de esta juzgadora in re “Numen Insight S.A. s/recurso de apelación”, sentencia del 10 de agosto de 2017, entre otros).
Como consecuencia de lo expresado, corresponde confirmar los ajustes efectuados en sendas resoluciones determinativas.
III. Respecto de la liquidación de intereses, teniendo en cuenta su naturaleza resarcitoria y el criterio restrictivo para su exención que impera en la materia fiscal (cfr. Fallos: 323:1315); corresponde confirmar su procedencia y el cálculo efectuado en ambos actos cuestionados.
IV. Por lo expuesto, corresponde confirmar los actos apelados en todas sus partes, con costas.
Atento el resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar las Resoluciones Nros. 107/13 y 108/13, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, en el carácter de representación procesal, la suma de $95.734, y por el patrocinio letrado $239.334, teniendo en consideración la naturaleza de la causa, el monto del litigio, las etapas procesales cumplidas, y demás pautas establecidas por la ley 21.839 modificada por la ley 24.432.
3. Regular los honorarios del Contador Público Jose Luis Domper en la suma de $3.000, a cargo de la recurrente, por aceptación del cargo en autos en el carácter de perito designado a propuesta del Fisco Nacional. Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.09.01 13:49:33 -03:00 Date: 2022.09.01 13:50:14 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.09.01 14:03:35 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.09.01 14:03:36 -03:00
Fin de la sentencia