Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa G-2247/18-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 300/306 vta., y en consecuencia, casar parcialmente la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 283/292, en los puntos 1°, 2° y 4° de la parte resolutiva.-
2Rechazar las excepciones de falta de legitimación pasiva y prescripción opuesta por La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A.-
3Componer positivamente la litis, confirmar la Sentencia de Primera Instancia, salvo lo relativo a las costas por la excepción de prescripción interpuesta por la Sra. María Elizabeth Naguil, que quedan impuestas a la parte actora perdidosa (cfr. punto 3ro. del fallo de la Excma. Cámara de Apelaciones), y lo relativo al cálculo de los intereses sobre los rubros de condena, en los que se aplicará una alícuota del seis por ciento (6%) anual desde el momento del hecho dañoso, 28 de febrero de 2009, hasta la fecha del dictado de la sentencia de Primera Instancia, 23 de octubre de 2015, y de allí hasta el momento de su efectivo pago, se utilizará la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central de la República Argentina.-
4Imponer las costas de la segunda instancia y de ésta a La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. por aplicación del principio objetivo de la derrota.-
5Diferir la regulación de honorarios del letrado interviniente hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las …
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: G-2247/18-TSJ Interlocutorio N°: 697 Actor: GALLARDO ANTONIO CEFERINO Y OTRA Demandada: ILNAO LUIS ALBERTO Y OTRA Objeto: DAÑOS Y PERJUICIOS Fecha: 16-12-2021 Texto: TOMO XXI -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 697 FOLIO Nº 4117/4136 PROT. ELECT. TSS1 025 S.211
Río Gallegos, 16 de diciembre de 2021.-
Los presentes autos caratulados: “GALLARDO ANTONIO CEFERINO Y OTRA C/ ILNAO LUIS ALBERTO Y OTRA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. N° G-16.541/13 (G-2247/18-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte actora, por intermedio de su letrado apoderado Dr. Juan Pablo Codino (cfr. fs. 300/306 vta.), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 283/292. Esta última modificó parcialmente la sentencia de Primera Instancia; haciendo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la citada en garantía, la Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A., rechazando, en consecuencia la demanda interpuesta en su contra, con costas al actor; declarando abstracto el tratamiento de la excepción de prescripción interpuesta por la nombrada. Asimismo hizo lugar parcialmente al recurso de apelación articulado por el demandado Sr. Luis Alberto Ilnao respecto de la imposición de costas por la excepción de prescripción interpuesta por la Sra. María Elizabeth Naguil, imponiéndolas al actor perdidoso; y condenando al pago de las costas de Segunda Instancia al actor (cfr. fs. 291 vta./292).- La sentencia de Primera Instancia hizo lugar a la demanda interpuesta por Antonio Ceferino Gallardo y Rosa Alejandra Naguil contra Luis Alberto Ilnao y La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. en forma parcial; los condenó a abonar la suma de pesos un millón ciento cincuenta y dos mil quinientos ($1.152.500) a la Sra. Rosa Alejandra Naguil y la suma de pesos novecientos cincuenta y dos mil quinientos ($952.500) al Sr. Antonio Ceferino Gallardo con más intereses, e impuso las costas a los demandados vencidos. Asimismo se hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por la demandada Sra. María Elizabeth Naguil (cfr. fs. 214/225).-
II. La parte recurrente solicita que se revoque el rechazo de la demanda en contra de la citada en garantía por falta de legitimación pasiva para obrar. Sobre esta cuestión estima que la Alzada incurrió en errónea aplicación de la ley, arbitrariedad y falta de motivación suficiente (cfr. foja 300).-
Expresa que: “Los Sres. Antonio Ceferino Gallardo y Rosa Alejandra Naguil promovieron demanda por los daños y perjuicios en contra de quienes ocasionaron el accidente en el que falleció la progenitora de esta última e hija menor de ambos. Cabe agregar que además promovieron querella criminal en contra de los autores del daño y en el que los mismos fueron condenados a prisión en suspenso. Dichos sujetos resultan ser familiares de mis mandantes, lo que motivó la interposición, por parte de la compañía aseguradora, de la excepción de falta de legitimación pasiva para obrar...” (cfr. fs. 300 y vta.).-
Sostiene que la decisión de la Cámara adolece de errores inconcebibles para una racional administración de justicia y que no constituye una derivación razonada del derecho vigente en atención a las constancias de la causa (cfr. foja 301).-
Estima que la exclusión de cobertura respecto de los parientes del asegurado no resulta oponible a la parte actora (cfr. foja 301).-
Observa que los contratos no deben ser interpretados aisladamente, sino como acto jurídico que debe respetar principios y normas legales con las que coexisten (cfr. foja 301 vta.).-
Afirma que: “...el sentenciante sólo consideró que la declinación de cobertura a causa del parentesco no le parece irrazonable. No obstante lo cual, no exteriorizó ningún fundamento que motive su conclusión. No le pareció irrazonable y punto, omitiendo precisar por qué razón: garantía constitucional del debido proceso, con grave afectación del derecho de defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional). El fallo se fundamenta exclusivamente en la voluntad del juzgador. Esa falta de motivación, impide considerar el pronunciamiento de los jueces del proceso como la 'sentencia fundada en ley' a que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional...” (cfr. fs. 301 vta./302). Por los motivos antedichos califica a la sentencia de arbitraria (cfr. foja 302).- Agrega que los Jueces de Cámara hicieron una aplicación automática de la cláusula de exclusión de cobertura y que esta decisión constituyó una fundamentación aparente que no permite conocer las razones jurídicas que informan el temperamento adoptado (cfr. foja 302 vta.).-
Aduce que la estipulación que excluye de la cobertura del seguro a otra persona distinta del asegurado (un familiar o un dependiente) importa una cláusula preestablecida arbitrariamente y abusiva en tanto amplía inequitativamente los derechos del asegurador (cfr. foja 303).-
Señala que es un error considerar que el contrato de seguro se encuentre fuera del alcance de la Ley de Defensa del Consumidor (cfr. foja 303 vta.).-
Manifiesta que: “...si el Tribunal no comparte la interpretación señalada en el sentido de que la cláusula resulta nula por ser abusiva, solicito se realice sobre ella -y la normativa que la respalda- un control de constitucionalidad, dado que la diferenciación entre familiares y no familiares resulta discriminatoria para aquellos, en tanto la ley 24.449, en su art. 68, no formula tal diferencia entre los terceros que sufren un daño, mientras que las condiciones fijadas por la autoridad administrativa (Superintendencia de Seguros de la Nación) tampoco pueden alterar la esencia de la ley ni mucho menos las garantías constitucionales, debiendo tacharse de inconstitucional la cláusula y/o resolución que así lo haga.” (cfr. foja 304).- Afirma que con la sentencia se deja desamparada a la parte actora, negándole su derecho a obtener un resarcimiento justo e íntegro del daño ocasionado, garantizado constitucionalmente (cfr. foja 305 vta.).-
En subsidio, destaca que no existe ninguna constancia en la causa de la cual se desprenda que existe un vínculo matrimonial entre los actores, lo que excluye el parentesco por afinidad entre el Sr. Gallardo que justifique la exclusión de la cobertura. Observa que la unión convivencial no origina vínculo de parentesco por afinidad (cfr. foja cit.).-
Hace reserva del caso federal (cfr. foja 306).-
Declarado formalmente admisible el recurso de casación por la Alzada a fs. 314/316, este Alto Cuerpo lo declara bien concedido a fs. 335/336, poniendo los autos a disposición de las partes, conforme lo dispuesto en el artículo 8° del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, sin que ninguna hiciera uso de las facultades que le otorga el citado artículo (cfr. certif. de foja 349).-
A fs. 350/352 dictamina el Sr. Agente Fiscal, quien, por las razones que allí esgrime y a las cuales nos remitimos en razón de la brevedad, concluye que los agravios esgrimidos por la parte actora no deben prosperar.-
Que a foja 358 se llaman autos para dictar sentencia y a foja 359 pasan los presentes a estudio.-
III. Que conforme ha quedado planteada la cuestión extraordinaria provincial articulada por la parte actora, ésta se desarrolla en el ámbito del carril impugnativo previsto en el artículo 3º inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- por cuanto fundamenta su recurso en violación de la ley y arbitrariedad.-
Con carácter previo a ingresar en el análisis de los agravios de la parte actora, es menester determinar cuál es la legislación aplicable al sub lite en atención a la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial; teniendo en miras que la cuestión esencial a dilucidar es si es válida la cláusula que excluye de la cobertura al Sr. Antonio Ceferino Gallardo y Rosa Alejandra Naguil.-
Las normas jurídicas tienen una vigencia limitada en el tiempo. Las mismas regulan hechos, situaciones y relaciones jurídicas que tienen una ubicación temporal. En función de las particularidades del caso se debe determinar la legislación que las disciplinará. En el sub lite el momento crítico a estos fines es el 28 de febrero de 2009, fecha en que se produjo el siniestro que ocasionara la muerte de Eva del Carmen Tocolmo (de 55 años de edad al momento del deceso) y la niña Antonella Érika Gallardo (de 8 años de edad al tiempo de la muerte). Estos datos surgen de los informes policiales agregados a fs. 1/3 y 9 de las fotocopias certificadas del expediente penal caratulado: “Ilnao Luis Alberto s/ Homicidio Culposo -Dos Hechos- en Concurso Ideal”, Expte. N° 4095/11, tramitados ante la Excma. Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial, incorporado a los presentes a foja 138; y del objeto y hechos descriptos en la demanda (cfr. fs. 3/8). En dicha época se encontraban en vigor el derogado Código Civil y el Código de Comercio. Recién el 1° de agosto de 2015 entró en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación (cfr. art. 7º de la Ley Nº 26.994).- Lo tocante a la aplicación de la ley en relación al tiempo lo resuelve el artículo 7º del Código Civil y Comercial, el que dispone que: “...A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo.”.- En atención al texto trascripto se sigue que las leyes, en prin-cipio, sólo operan hacia el futuro y que no tienen efecto retroactivo (cfr. art. 7º CC y CN) (cfr. Herrera, Marisa, Caramelo, Gustavo y Picasso, Sebastián (Directores) “Có-digo Civil y Comercial de la Nación comentado. Título Preliminar y Libro Primero”, Infojus, CABA, 2015, pág. 25/27), por lo tanto la legislación de fondo a la que debe-mos abrevar para resolver el caso son los derogados Códigos Civil y el de Comercio; y la legislación complementaria (Ley de Seguros) vigente al 28 de febrero de 2009.-
Esta solución también es abonada por los dichos de la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci, quien nos ilustra: “...si el daño es instantáneo, sus consecuencias se producen simultáneamente con el hecho nocivo, por lo que queda comprendido en la ley vigente en ese momento [...] 'Dado que la relación jurídica por la que se reclaman daños (crédito indemnizatorio nacido de un accidente de tránsito) se consumó antes del advenimiento del Código Civil y Comercial, deber ser juzgada -en sus elementos constitutivos y con excepción de sus consecuencias no agotadas- de acuerdo al sistema del anterior Código Civil (ley 17.711)'. 'Si la Cámara revisa una sentencia relativa a un accidente de tránsito, aplica la ley vigente al momento de ese accidente, de modo que en agosto de 2015 la revisará conforme el artículo 1113 del CC, no porque así resolvió el juez de primera instancia, sino porque la ley que corresponde aplicar es la vigente al momento que la relación jurídica sustancial nació.' (CNCiv., sala J, 26-11-2015, elDial.com - AA93dc, del 12-12016 y E.
D. 264-327; CCCom. de Morón, 15-9-2015, MJ-JU-M-95003-AR, MJJ95003).” (cfr. aut. cit. “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes, segunda parte. Análisis doctrinario y jurisprudencial, segunda parte”, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2016, págs. 232, 235 y 236). En el mismo sentido la prestigiosa doctrinaria ha destacado: “...la ley que rige la relación generada por el hecho ilícito dañoso es la vigente al momento de la producción del daño...” (cfr. aut.: “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2015, pág. 158). Afirmaciones estas extrapolables al sub lite.- A una solución análoga se debe llegar en lo relativo a la normativa de defensa del consumidor, ya que el artículo 7º del CC y CN tampoco establece la aplicación retroactiva de la nueva ley, sino su utilización inmediata (cfr.
CNCiv. Y Com. de Mar del Plata, Sala Tercera, “Medina Sandra Ramona c/ Ochoa Ángel Cristian Ariel y Otro/a s/ Daños y Perj. Autom. c/ Les. o Muerte (Exc. Estado)”, del 4 de julio de 2017). Sobre esta cuestión ha dicho la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci: “...las leyes de protección de los consumidores, sean supletorias o imperativas, son de aplicación inmediata. La norma tiene clara raigambre constitucional y está estructurada sobre la base de una razonable aplicación del principio protectorio propio del Derecho del Consumo...Se ha sostenido que esta norma asigna 'efecto retroactivo de los principios que rigen a las relaciones de consumo a los contratos celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley'.
En mi opinión, la norma no dispone la aplicación retroactiva de la nueva ley sino su aplicación inmediata. Fundo mi posición no sólo en las palabras de la ley que en el párrafo tercero se refiere a la aplicación inmediata, sino en el parágrafo segundo que impide la aplicación retroactiva, sean o no de orden público.” (cfr. aut. cit, y ob. cit., págs. 60/61).- En consecuencia, sirviéndonos de la legislación apuntada es que se resolverá el sub lite.-
Zanjada la cuestión del derecho aplicable, corresponde ahora estudiar el tema de la existencia o no de parentesco entre las partes; pues sólo si existiera este tipo de vínculo es que sería necesario discernir sobre la validez de la excepción de cobertura, tachada de inválida.-
Debemos adelantar que corresponde rechazar el argumento de la inexistencia de un vínculo matrimonial entre los actores, circunstancia que excluiría el parentesco por afinidad del Sr. Gallardo respecto de los demandados. Pues este planteo es totalmente extemporáneo; y, como bien ha dicho la Suprema Corte de Justicia Bonaerense, resultan inatendibles las alegaciones “...extemporáneas que implican la pretensión de modificar ante la instancia extraordinaria el enfoque, alcance y dimensiones de las cuestiones propuestas ante los jueces de grado (conf. causas L. 89.788, sent. del 8-X-2008; L. 79.959, 'Barrios', sent. del 30-V-2007)...” (cfr. “Ojeda, María Cristina contra 'Bristol-Myers Squibb Argentina S.A.' s/ Daños y perjuicios”, causa LP L. 104.563 S, del 06/06/2011.
Ver en la misma inteligencia ver “Medina, Luis Alberto c/ Jara, Liliana Esther s/ Despido”, causa LP L. 92.353 S, del 29/12/2008). Esta afirmación es extrapolable al presente caso.- En la oportunidad en que La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. opuso la excepción de falta de legitimación pasiva expuso que: “...la referida cobertura no se accionará debido a que la asegurada Sra. María Elizabeth Naguil resulta ser hermana de la aquí actora Sr. (sic) Rosa Alejandra Naguil (pariente en segundo grado de consanguinidad), y el conductor del rodado, Sr. Luis Alberto Ilnao resulta ser esposo de la asegurada (pariente en segundo grado de afinidad respecto de la actora). Que asimismo esta parte destaca que el coactor Sr.
Antonio Ceferino Gallardo, resulta ser esposo de la actora (pariente en segundo grado de afinidad respecto de la asegurada) y a su vez resulta ser concuñado respecto del conductor del rodado, Luis Alberto Ilnao (pariente en segundo grado de afinidad).” (cfr. foja 69). Pero cuando el Sr. Antonio Ceferino Gallardo contesta el traslado de las excepciones de falta de legitimación pasiva y prescripción no aduce que no es esposo de la Sra. Rosa Alejandra Naguil (cfr. fs. 79/80 vta.). La Sra. Rosa Alejandra Naguil ni siquiera se expresa sobre dicho traslado. Ese era el momento procesal oportuno para plantear la inexistencia de matrimonio entre los actores; sin embargo recién arrima este tema en el recurso de casación (cfr. fs. 305/306).- Asimismo, la parte actora, en su alegato, afirma que la Sra.
Eva del Carmen Tocolmo era suegra del Sr. Antonio Gallardo. Concretamente expone, por intermedio de su letrado apoderado, que: “Vínculos. Partida de nacimiento, copias certificadas de la causa penal reservadas en Secretaría y el reconocimiento de las partes. En ellas surge el vínculo invocado de los actores con su hija Erika Antonella Gallardo Naguil y progenitora/suegra, Sra. Eva del Cármen Tocolmo, parentesco que además ya se encuentra reconocido por los demandados y la aseguradora en sus respectivas contestaciones de demanda, consistiendo un hecho no controvertido, lo que conlleva la innecesaridad de su acreditación.” (cfr. foja 209). Asimismo en el poder general de juicios y asuntos administrativos obrante a fs. 15/17 consta que el Sr.
Antonio Ceferino Gallardo y Rosa Alejandra Naguil son cónyuges. Con lo que queda acreditado la calidad de cónyuges entre ambos.- Además, la parte actora, en el mismo recurso de casación, por intermedio de su apoderado, afirma que son familiares del demandado Sr. Luis Alberto Ilnao. Textualmente expone que: “Los Sres. Antonio Ceferino Gallardo y Rosa Alejandra Naguil promovieron demanda por los daños y perjuicios en contra de quienes ocasionaron el accidente en el que falleció la progenitora de ésta última e hija menor de ambos. Cabe agregar que además promovieron querella criminal en contra de los autores del daño y en el que los mismos fueron condenados a prisión en suspenso. Dichos sujetos resultan ser familiares de mis mandantes, lo que motivó la interposición, por parte de la compañía aseguradora, de la excepción de falta de legitimación pasiva para obrar...” (cfr. fs. 300 y vta.).
Quien fue condenado por el luctuoso suceso de marras fue el Sr. Luis Alberto Ilnao (cfr. fs. 253/257 vta. de las fotocopias certificadas de los autos: “Ilnao, Luis Alberto Chiguay s/ Homicidio Culposo -Dos Hechos- en Concurso Ideal”, Expte. N° 4095/11, tramitados ante la Excma. Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial, incorporado a los presentes a foja 138).- Ahora bien, se constata que las impugnaciones de los recurrentes se encuentran, esencialmente, vinculadas a si en función de lo estatuido en el Anexo 1 - Exclusiones a la Cobertura: Condiciones Generales de Póliza, IV, Capítulo “A” pto. 27.1) de la Póliza 2474957 se daría un caso de exclusión de cobertura respecto de los actores.
Se transcribe la cláusula en lo que aquí interesa: “El Asegurador no indemnizará los daños sufridos por: 27.1) El cónyuge o conviviente en aparente matrimonio, y los demás parientes del Asegurado o del conductor hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad...” (cfr. foja 49 vta.).-
Conforme a las afirmaciones de los actores y la tercera citada en garantía (que fueron reseñadas precedentemente) se verifica que la asegurada, Sra. María Elizabeth Naguil, es hermana de la actora, Sr. Rosa Alejandra Naguil (pariente en segundo grado de consanguinidad), y el conductor del rodado, Sr. Luis Alberto Ilnao, es esposo de la asegurada (pariente en segundo grado de afinidad respecto de la actora). Asimismo, el actor Sr. Antono Ceferino Gallardo, resulta ser esposo de la actora (cuestión que ha quedado acreditada en autos según lo expuesto anteriormente), es decir, pariente en segundo grado de afinidad respecto de la asegurada, y a su vez resulta ser concuñado respecto del conductor del rodado, Luis Alberto Ilnao (pariente en segundo grado de afinidad).- Nos encontramos aquí, en principio y como apuntamos, ante un supuesto de exclusión de cobertura. Recordemos que estas son excepciones al riesgo asegurado. Normalmente se individualiza el riesgo asegurado en forma genérica y luego se describen ciertos supuestos que van limitando el ámbito dentro del cuál va a responder la compañía aseguradora.-
Las exclusiones de cobertura implican la existencia de posibles daños no asumidos por la aseguradora. Encuentran su aval normativo en lo estatuido en el artículo 1° de la Ley de Seguros, ya que el asegurador debe resarcir el daño cuando ocurra el evento previsto en el marco de un riesgo precisamente determinado.-
En los seguros de responsabilidad civil, como es el que nos ocupa, cuando la exclusión de cobertura es válida resulta oponible al tercero damnificado en razón de lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley de Seguros, pues integra la “medida de seguro” que constituye, en principio, el límite de la extensión que debe cubrir la aseguradora. Sin embargo, estas limitaciones al riesgo asegurable no pueden ser imposiciones arbitrarias del asegurador; sino que deben tener su fundamento en necesidades técnicas del negocio de la cobertura de daños y ser razonables en atención al riesgo cubierto. Las exclusiones de cobertura no pueden contrariar la finalidad del contrato o vaciarlo de contenido (cfr. Barbato, Nicolás H., “Exclusiones a la cobertura en el contrato de seguros”, ED 136-547).- La cláusula 2° de las Condiciones Generales de la Póliza de Seguro establece que el asegurador se obligaba a mantener indemne al asegurado y a la persona que conduzca el vehículo objeto del seguro por cuanto debiesen a terceros como consecuencia de daños causados por ese vehículo o por la carga que transporte en condiciones reglamentarias en razón de la responsabilidad civil que pueda resultar a cargo de ellos (cfr. foja 50). Sin embargo, paralelamente el contrato expresaba que el asegurador no indemnizaría los daños sufridos por los parientes del asegurado o del conductor hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad (cfr. foja 49 vta.). Precisamente, en atención a esta cláusula es que la Excma. Cámara de Apelaciones rechaza la demanda contra la Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. (cfr. fs. 287vta./289 vta.).- La Sra. Rosa Alejandra Naguil es pariente en segundo grado por consanguineidad colateral de la asegurada, Sra. María Elizabeth Naguil, y el mismo grado, pero por afinidad, respecto del Sr. Luis Alberto Ilnao. Por su lado, el Sr. Antonio Ceferino Gallardo es pariente en segundo grado por afinidad de ambos demandados (cfr. arts. 345, 346, 347, 352, 353, 363 y cctes. del CC).-
Ahora bien, entendemos que la razón que justifica la exclusión de cobertura respecto de los parientes es evitar la existencia de algún acuerdo fraudulento entre estos y el asegurado en perjuicio de la compañía aseguradora. Esta situación es la que se denomina riesgo moral o moral hazard (Sobrino, Waldo, Exclusiones irrazonables de la cobertura del seguro, diario jurídico La Ley, 11.6.14 y sus citas). Sin embargo, en el caso que nos ocupa, la posibilidad de un acuerdo ilícito en tal sentido debe descartarse de plano. Ningún padre, ni ninguna madre, en su sano juicio, aceptaría la muerte de su hija a cambio de una indemnización. Además en este hipotético e insensato pacto debería ser cómplice el conductor del vehículo, quien tendría que haber aceptado arriesgar su vida para matar a su sobrina y a la madre de la Sr. María Naguil. Asimismo, de las constancias de autos no existe ningún indicio que nos pueda hacer pensar que haya existido un acuerdo ilegal entre los actores y el conductor del vehículo para perjudicar a la citada en garantía. Por lo tanto, estimamos que la cláusula de exclusión de cobertura en este caso concreto deviene irrazonable y desvirtúa la finalidad del contrato de seguro.- Por otro lado, debe señalarse que el contrato de seguro aquí analizado es de carácter obligatorio.-
Recordemos que el seguro de responsabilidad civil fue impuesto en la República Argentina a partir del 1° de febrero de 1993 mediante el Decreto Nº 692/92. Actualmente la obligatoriedad del seguro se encuentra consagrada en el artículo 68 de la Ley de Tránsito N° 24.449, el que reza, en lo que aquí interesa, que: “Seguro Obligatorio. Todo automotor, acoplado o semiacoplado debe estar cubierto por seguro, de acuerdo a las condiciones que fije la autoridad en materia aseguradora, que cubra eventuales daños causados a terceros, transportados o no.”. La Provincia de Santa Cruz adhirió a la Ley Nacional de Tránsito mediante el artículo 1° la Ley Provincial N° 2417.- Es pertinente apuntar que el seguro obligatorio a que hace referencia el artículo 68 de la Ley Nº 24.449 se ha instaurado como parte de un proceso de socialización de la responsabilidad civil, cuyo fin último es que no existan víctima sin una digna indemnización. Sobre todo en ámbitos de alta peligrosidad como es el tránsito automotor (cfr. Mosset Iturraspe, Jorge y Rosatti, Horacio, “Derecho de Tránsito. Ley 24449”, pág. 270 y sgtes., Ed. Rubinzal y Culzoni, Santa Fe, 1995).-
Dado que nos encontramos ante un supuesto de seguro obligatorio de responsabilidad civil y ante la ausencia de fraude en contra de la aseguradora, estimamos que se debe declarar la nulidad absoluta de la cláusula que limita el derecho de los actores a recibir una indemnización para la muerte de sus parientes.-
Entendemos que en la actualidad, en el ámbito del derecho de seguros, nos encontramos ante un nuevo paradigma, que habilita una mirada solidarista al caso que nos ocupa, que tienda a la protección del débil y a la reparación del daño injustamente padecido. Más teniendo en cuenta que nos hallamos ante un seguro que no fue tomado voluntariamente por la Sra. María Elizabeth Naguil, sino que le fue impuesto por la ley, su contratación.-
Los actores tienen el legítimo y claro interés para que se declare la nulidad de la cláusula de marras a fin de que puedan ejecutar la sentencia contra la compañía aseguradora. En ejercicio de tal facultad, el Sr. Antonio Ceferino Gallardo solicitó que se declare la nulidad de la cláusula de marras al contestar el traslado por las excepciones de falta de legitimación pasiva y prescripción opuesta por la compañía aseguradora (cfr. foja 80 vta.). También en el recurso de casación, ambos actores plantean nulidad de la cláusula (cfr. fs. 302 vta./303).-
La cláusula contractual impugnada, en el contexto del presente caso, afecta el interés público, por constituir un ejercicio abusivo del derecho, y por la vulneración de la moral y buenas costumbres por dejar desamparados ilegítimamente a los autores, conforme lo dispuesto en los artículos 21, 953, 1047, 1071, 1167 y cctes. del Código Civil.-
Asimismo, estimamos que la cláusula analizada también es abusiva en los términos del artículo 37 de la Ley Nº 24.240 de la Ley de Defensa del Consumidor, por desnaturalizar las obligaciones del asegurador y limitar la responsabilidad por daños. Se transcribe, en lo que aquí interesa la disposición citada, a saber: “Artículo 37 - Interpretación. Sin perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por no convenidas: a) Las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños...”.-
Sobre esta cuestión es oportuno destacar que una parte de la doctrina y jurisprudencia entiende que la Ley de Defensa del Consumidor confluye en la regulación de los contratos de seguro (cfr. Garrido Cordobera, Lidia, “Panorama del consumidor, los seguros y los fondos en el derecho argentino”. www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/DOC/868/2012 y Sobrino, Waldo Augusto, “Un nuevo orden público de seguros. La ley de Seguros es el piso mínimo para proteger al consumidor de seguros”, del 10/11/2010, www.saij.jus.gov.ar. Id Infojus: DACC100087). Sobre el particular se ha dicho que: “No se encuentra obstáculos para considerar al asegurado como consumidor, en la medida en que se constituya en el destinatario final del servicio, es decir que resulte titular del interés asegurado para beneficio personal o de su grupo...” (cfr.
Garrido Cordobera, Lidia, ob.cit.). Por su lado, Waldo Augusto Sobrino califica como consumidores también a las víctimas de los siniestros cubiertos por el contrato de seguro (cfr. aut. cit. y ob. cit.).- Inclusive este Alto Tribunal ya ha tomado postura en favor de la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor a los seguros, al expresar que: “Cabe señalar que si bien la extensión de la aplicabilidad de la ley de defensa al consumidor a los seguros es discutida por prestigiosos doctrinarios que se pronuncian a favor y otros en contra, Piedecasas, en opinión que compartimos, sostiene que '...la Ley de Defensa del Consumidor ha venido a ampliar el sistema de protección a todas luces insuficiente que instauran las normas específicas y ha permitido que los tribunales puedan pronunciarse con fundamento en ella, y a favor del consumidor, en situaciones que no siempre resultaban claras y contundentes con el régimen de seguros.
Asimismo, no hay dudas de que el seguro como servicio queda involucrado en el régimen de la ley 24.240, sin que ello implique desplazamiento de los demás cuerpos normativos, los que deben aplicarse coordinadamente sin que exista el mentado orden de prelación que señala el autor citado; máxime cuando la problemática regulada es complementaria y no idéntica. Ya en lo que respecta a la comunidad de asegurados como límite a los intereses del consumidor individual debe considerarse que siempre -individual y colectivamente- son consumidores, por lo que difícilmente se plantee un conflicto de intereses, ya que son idénticos...(confr. Piedecasas, Miguel, en 'El Consumidor de Seguros', obra colectiva Coordinadores Lorenzetti – Schötz, Defensa del Consumidor, Ed.
Ábaco, Bs. As., 2003, pág. 348).” (cfr. Sentencia, Tomo XVI, Reg. 548, Folio 3093/3102).- Por su parte, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala H también ha aplicado la Ley de Defensa al Consumidor en una cuestión de seguros (cláusula de exclusión de cobertura por parentesco en caso de seguro obligatorio). Al respecto ha dicho: “También creo que es una cláusula abusiva en los términos del inc. A) del art. 37 de la ley 24.240 de defensa de los consumidores ya que su aplicación lisa y llana implicaría una desnaturalización de las obligaciones que pesan sobre la compañía de seguro que no puede justificarse en modo alguno...” (cfr. “Paulosky Chaile Iván y Otro c/ Chaile Luis Alberto y Otro s/ Daños y Perjuicios”, del 21/11/2012, www.microjuris.com.
Cita Online: MJ-JU-M-77696-AR/MJJ77696/ MJJ77696).- En la misma línea de pensamiento se ha sostenido que: “Por otra parte, resulta trascendente señalar que este Tribunal ha calificado clara y contundentemente al contrato de seguro como un contrato de adhesión y de consumo, afirmando que 'el contrato de seguro constituye un contrato por adhesión, ya que su contenido (póliza) es predispuesto en forma anticipada y unilateralmente por el asegurador, mediante condiciones generales uniformes, aplicables a todos los contratos que celebre en el ramo; mientras el asegurable sólo puede decidir entre adherir en bloque a las condiciones generales de la póliza o no contratar'. En el mismo precedente señaló que 'No hay dudas que el contrato de seguro es un contrato de consumo al que le resultan aplicables las normas referidas a los principios in dubio pro consumidor, la garantía de información veraz y suficiente, la garantía de indemnidad, la nulidad de cláusulas abusivas' (arts. 2, 3, 4, 5, 8 y 37 Ley 24.240)' (Expte.
N° 108.459 - 'Federación Patronal Seguros SA en J° 100.784/36.550 Barragan Ricardo Guillermo y Ots. c/ Reynaga Ricardo Ernesto y Ots. p/ D. y P. s/ Inc. Cas.' - fecha: 18/12/2013 -Sentencia- Tribunal: Suprema Corte - Sala N° 1 - Magistrado/s: Pérez Hualde-Nanclares-Palermo)...” (cfr. SCJ Mendoza, Sala Primera, “Greco Norma Isabel y otros c/ Aravena Gerardo D. y otro s/ daños y perjuicios - rec. ext. inconstit. casac.”, del 15/05/2017, www.microjuris.com. Cita Online: MJ-JU-M-104537-AR | MJJ104537).- Con el mismo criterio que se propone para la resolución del caso sub examine, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil condenó al propietario del vehículo a indemnizar a los familiares del asegurado que realizaban un viaje benévolo en el automóvil y se hizo extensiva la condena a la compañía aseguradora.
Se decidió que la cláusula que excluía de la cobertura a los familiares del asegurado era nula por ser abusiva. Específicamente se sostuvo que: “De ahí que nos encontremos frente a una causal subjetiva de exclusión de cobertura. Según Stiglitz, entre dichas cláusulas se encuentran, junto a otras, aquellas que '...podrían importar una posible connivencia entre la víctima y el asegurado como, por ejemplo, lo constituye en el riesgo automotor, la exclusión de cobertura de los daños sufridos por el cónyuge y los parientes del asegurado o del conductor...' (Stiglitz, Rubén S., ob. cit., p. 237). No me caben dudas, al igual que a la citada en garantía, de que en el caso no ha tenido lugar ningún tipo de connivencia entre las víctimas del hecho y el asegurado.
Incluso sería ilógico afirmar dicho extremo si tenemos presente que en el accidente falleció una persona. Por eso pienso que carece de todo fundamento la aplicación de la cláusula bajo las presentes circunstancias...Así, y porque la aplicación de la cláusula atacada en un caso como el presente carece de todo sentido y desvirtúa la razón de ser del seguro automotor obligatorio, estimo que es abusiva. Y '...las cláusulas abusivas, por contrariar el orden jurídico, vician el contenido del contrato desde su formación, resultando inidóneas para producir 'sus efectos propios'. El contrato de seguro como contrato de adhesión, es un contrato de contenido predispuesto. Se debe restar valor a aquellas cláusulas, cuando por su contenido y por el ejercicio que se ha hecho de ellas, se presentan circunstancias violatorias de los principios rectores señalados, tales como el orden público, la moral y las buenas costumbres, debiendo el juez resolver la cuestión de acuerdo con los principios generales en materia de consentimiento en los contratos y por las disposiciones de los artículos 21, 953, 1071, del Cód.
Civil, respecto del abuso derecho, interpretándolos a la luz del artículo 1198...' (Vallespinos, Carlos Gustavo, 'El contrato por adhesión a condiciones generales', ed. Universidad, 1984, pág. 322 y 470 y ss.). También creo que es una cláusula abusiva en los términos del inc. A) del art. 37 de la ley 24.240 de defensa de los consumidores ya que su aplicación lisa y llana implicaría una desnaturalización de las obligaciones que pesan sobre la compañía de seguros que no puede justificarse en modo alguno. Por todo lo hasta aquí analizado...le propongo al acuerdo que se declare la nulidad de la cláusula bajo estudio.” (CNCiv., Sala H, “Paulosky Chaile Iván y otro c/ Chaile Luis Alberto y otro s/ daños y perjuicios”, del 21/11/2012, www.microjuris.com.
Cita Online: MJ-JU-M-77696-AR | MJJ77696).- La misma línea de razonamiento también fue seguida por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Sala I, en autos: “Rodríguez Jorge c/ Páez, Dora Josefa p/ D. y ^P. (accidente de tránsito) - 13-01905424-6 (012051-25124), del 27 de junio de 2016).-
Por todo lo expuesto, estimamos que se debe declarar la nulidad de la cláusula 27.1 del Anexo 1 - Exclusiones a la Cobertura. Condiciones Generales de Póliza, IV Capítulo “A” pto. 27.1) de la Póliza Nº 2474957. En consecuencia la Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. debe responder por los daños causados a los actores conforme lo estatuido en el artículo 118 de la Ley de Seguros.-
IV. Que al rechazarse, en esta instancia, la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la tercera citada en garantía, cobra relevancia el hecho de que la misma apeló la sentencia de Primera Instancia que le fuera adversa. Allí planteó agravios vinculados con el rechazo de la excepción de prescripción; la procedencia y monto de condenas de los rubros valor vida, daño moral, daño psicológico, asistencia médica y tratamientos; la aplicación de la tasa de interés y las costas (cfr. fs. 263/270). Todos ellos no fueron tratados por la Excma. Cámara de Apelaciones por haber hecho lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva (cfr. foja 289 vta.).- Ante tal circunstancia, estimamos que se impone que este Alto Tribunal asuma la competencia positiva, pues corresponde dar respuesta a las defensas oportunamente planteadas por La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. y que no renovó en atención al resultado favorable que su postura obtuvo en segunda instancia. Es pertinente recordar que la Suprema Corte de Justicia Bonaerense ha propugnado el mismo criterio, a saber: “...por aplicación de la regla de la adhesión a la apelación cuya vigencia en la sede extraordinaria ya ha sido sostenida por la Suprema Corte (conf. doctrina en causas L. 77.372, 'Paz', sent. del 14-IV-2004; L .80.099, 'Torti', sent. del 19-IX-2007; L. 86.972, 'Hernández', sent. del 2-XII-2009), corresponde atender las defensas que opuso el demandado en su oportunidad y que no tuvo ocasión de renovar atento el resultado favorable obtenido en la instancia de grado.” (cfr. “López Cachaco José María c/ Provincia de Buenos Aires s/ Accidente de trabajo”, causa L. 102.918, del 16/02/2011).- Por lo tanto, procederemos a analizar las defensas esgrimidas por la citada en garantía en su recurso de apelación.-
V. Que en primer término, corresponde analizar el agravio vinculado con el rechazo a la excepción de prescripción opuesta por La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A., para luego, si es pertinente, adentrarse en el resto de los agravios de la apelación.-
Rememoremos, la presente demanda de daños y perjuicios se inicia el 5 de mayo del 2013, con motivo de un accidente de tránsito ocurrido el día 28 de febrero de 2009. La acción se dirige contra quien conducía el rodado causante del siniestro, la titular de dicho automóvil y se cita en garantía a la aseguradora que amparaba a dicho rodado, La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. Esta última opone, al progreso de la acción, excepción de prescripción (cfr. fs. 68/75).-
Argumenta que desde que ocurrió el hecho hasta que se inició la acción transcurrió el plazo de prescripción previsto por el artículo 4037 del Código Civil que prevé un término de dos años para promover la demanda por responsabilidad civil extracontractual (cfr. fs. 68 vta.).-
La actora opone a dicho planteo que dedujo querella penal contra el demandado y a raíz de ello se suspendió el curso de la prescripción de la acción civil, tal como lo dispone el artículo 3982 bis del Código Civil (cfr. foja 79).-
La sentencia de primer grado, analizó la defensa de prescripción intentada por la aseguradora y la desestimó. Para así decidir consideró el Magistrado que el conductor del automóvil siniestrado se encuentra amparado por la obligación de indemnidad que la aseguradora del rodado le garantiza en virtud del contrato de seguro y por ende la suspensión de la prescripción con respecto al primero, alcanza a la segunda (cfr. fs. 214/225).-
Si bien dicha decisión fue apelada, la Cámara consideró abstracto su tratamiento porque antes, hizo lugar a la falta de legitimación que había opuesto La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A., desvinculándola del proceso (cfr. fs. 283/292).-
La revocación del fallo de Cámara, trae aparejado que deban ser tratados en esta instancia casatoria los agravios esgrimidos, contra la desestimación de la prescripción, por la compañía de seguros al apelar la sentencia de Primera Instancia.-
De inicio, debemos recordar que el hecho dañoso se produjo durante la vigencia del Código Civil, sin embargo, posteriormente sobrevino la vigencia del Código Civil y Comercial desde el 1 de agosto de 2015, por ello, es oportuno precisar que la responsabilidad civil se rige por la ley vigente al momento del hecho antijurídico dañoso (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XX, Reg. 666, Folio 3846/3858).-
Así se ha sostenido: “De forma liminar y aún cuando no ha sido motivo de crítica, es menester señalar ante la entrada en vigor del Cód. Civil y Comercial (Ley 26.994 y su modificatoria Ley 27.077), de conformidad con lo previsto en su art. 7° y teniendo en cuenta la fecha de producción del hecho ventilado en autos, resultan de aplicación al caso las normas del Cód. Civil derogado” (cfr. CNCiv., Sala C, “L., M. c/ G., O. M. s/ daños y perjuicios, del 20/12/2019, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/108193/2016).-
Aclarado el marco normativo sobre el que se procederá a analizar la cuestión, debemos partir de la base de que de conformidad con el artículo 3982 bis del Código Civil derogado, “Si la víctima de un acto ilícito hubiere deducido querella criminal contra los responsables del hecho, su ejercicio suspende el término de prescripción de la acción civil, aunque en sede penal no hubiere pedido el resarcimiento de los daños. Cesa la suspensión por terminación del proceso penal o desistimiento de la querella.”.-
Aquí se debe destacar que los actores a fs. 93/94 se constituyeron como querellantes en la causa “Ilnao Luis Alberto s/ Homicidio Culposo -Dos Hechos- en Concurso Ideal”, Expte. Nº 4095/11, tramitados ante la Excma. Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial, incorporado a los presentes a foja 138. Fueron tenidos como querellantes a partir del 28 de mayo de 2009 y se dictó sentencia condenatoria respecto de Luis Alberto Ilnao Chiguay el 14 de mayo de 2014 (cfr. fs. 94, 253/257 vta. de las actuaciones penales mencionadas).-
En el caso, la constitución de querellante del actor, en la causa penal seguida contra Ilnao tuvo por efecto la suspensión del curso de la prescripción de la acción civil, con respecto a éste último, en los términos del artículo 3982 bis del Código Civil. Sobre este punto no hay discusión, pues el artículo transcripto es claro al respecto. Ahora bien, la cuestión merece un especial enfoque con relación a la citada en garantía. Así pues, la pregunta que debemos responder, en este caso, es si la suspensión del plazo de prescripción por la intervención como querellante en el proceso penal, alcanza, también, a suspender el plazo con respecto a la citada en garantía.- La cuestión ha suscitado polémicas y han surgido corrientes doctrinarias y jurisprudenciales que se han inclinado hacia una u otra postura (cfr. Andrada, Alejandro D., “El alcance de la suspensión de la prescripción por querella en el fallo plenario de la Cámara Nacional Civil”, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/DOC/977/2004).-
Tan opinable y discutible ha sido el tema que motivó un fallo plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en el cual por una ajustada mayoría se resolvió que: “...No corresponde extender los efectos de la suspensión de los plazos de prescripción de la acción civil que establece el art. 3982 bis del Cód. Civil a todos los demandados a los que se les atribuye responsabilidad civil, aún a los que no fueron querellados o no son susceptibles de serlo...” (cfr. CNCiv., en Pleno, “Maciel Marcos c/ Barry Federico y otros”, del 18/02/2004, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/8/2004).-
De acuerdo a esta posición, la suspensión de la prescripción contra el autor del hecho dañoso motivada por la promoción en la causa penal no propaga sus efectos hacia los demás deudores contra los cuales se insta la acción civil. Sin embargo, existen voces en contrario que sostienen que la querella contra el autor del hecho suspende la prescripción contra la citada en garantía. Criterio que compartimos.-
Como sustento de esta postura se ha argumentado: “El art. 3982 bis, incorporado al Cód. Civil por ley 17.711, introduce una nueva causal de suspensión del curso de la prescripción que aparece con perfiles diferentes a las clásicas causas de suspensión ya previstas en la normativa civil. Aquí el hecho objetivo de la interposición de la querella aparece como reflejo de la influencia de la sentencia penal en el juicio civil por indemnización de daños, uno de cuyos efectos principales es el que resulta del art. 1101 del Cód. civil, esto es la suspensión de la sentencia civil estando pendiente un proceso penal que haya versado sobre el mismo hecho, aunque no concurran las tres identidades clásicas, porque no está en juego el principio de la cosa juzgada, sino la conveniencia de evitar pronunciamientos contradictorios con el consiguiente desmedro de la autoridad y del prestigio de la función jurisdiccional.
Igualmente frente a lo dispuesto por los arts. 1102 y 1103 del Cód. Civil resulta atinada la suspensión respecto de todos los responsables. Pero, además, no se advierte qué razón existe para obligar al damnificado a accionar contra el tercero responsable (en este caso el principal), en tanto y en cuanto no se ha determinado el carácter lícito o ilícito del hecho atribuido al dependiente. De aceptarse el criterio del a quo la víctima tendría que accionar obligadamente contra el empleador para suspender el curso de la prescripción y a posteriori contra el agente directo; y de hacerlo así cabe preguntarse cómo se acumularían los procesos en caso de hallarse en estadios procesales distintos, y si no, cómo podría evitarse la posibilidad de sentencias contradictorias.
A mayor abundamiento, cabe destacar que la propia norma involucrada (art. 3982 bis) es clara cuando se refiere a 'la acción civil' sin limitarla a determinados responsables. 'Ubi lex nec non distinguit nec non distinguere debemus'. Cierto es que la suspensión se parece mucho, aquí, a una interrupción del curso de la prescripción, en relación a su alcance personal y quizás así debió legislarse más claramente. Pero, no puede ser otra la interpretación ya que se ajusta a los principios sustantivos y adjetivos que rigen el caso [...] La norma se refiere a la suspensión por querella criminal contra 'los responsables' del hecho, que suspende el tiempo de prescripción de 'la acción civil'. No aclara más y sería imposible querellar a quien no se acusa de ser autor del ilícito penal.
Por cierto que no puede querellarse a una línea de colectivos, ni a un asegurador, ni a un empleador, ni a un propietario como tal y por el sólo hecho de serlo. Las responsabilidades civiles reflejas son ajenas a cualquier tipo de imputación penal y sin embargo, la norma indica que suspende la acción civil, sin circunscribirla. Carecería absolutamente de sentido iniciar la acción civil contra el propietario y el principal civilmente responsable y no contra el agente del daño (en el caso de accidentes de tránsito como el presente, el conductor del vehículo) para llegar hasta el momento de la sentencia que, de todos modos, no puede dictarse en virtud de los arts. 1101/1103, para luego accionar contra el conductor en otro expediente, que para más, por tratarse del mismo hecho, debería acumularse al anterior salvo que el estado procesal avanzado del primero lo impidiera.
En el nuevo juicio, por supuesto, el conductor tendría derecho a reiterar o ejercer nuevas defensas, ofrecer probanzas, etc. como también lo tendría el actor damnificado. O se espera para dictar sentencia conjunta en ambos, con lo cual nada se habrá ganado por haber obligado a iniciar un juicio antes que el otro para interrumpir el curso de la prescripción, o se dictan sentencias diversas con el eventual escándalo jurídico que ello puede llevar aparejado. El art. 3982 bis es continuación del art. 3982, que justamente constituye excepción al efecto relativo del art. 3981. Creo que este último argumento es crucial para culminar con la que pondero como recta interpretación. Insisto, el art. 3982 bis es continuación del art. 3982, que justamente constituye excepción al efecto relativo del art. 3981.
De ahí puede precisamente deducirse que también forma excepción o carece de efecto relativo, como el caso de 'las obligaciones o cosas reales indivisibles', que no quedan comprendidas en la disposición del art. 3981. En consecuencia, estimo asiste razón a la actora en cuanto a que el art. 3982 bis no debe interpretarse sino separadamente del art. 3981 y que la causal de suspensión de la prescripción la beneficia respecto de todos los civilmente responsables, en el caso respecto del propietario-principal y su aseguradora.” (cfr. CNCiv., Sala E, “Franco de Palomo Sara c/ Balentini Carlos A. y otro”, del 14/03/2000, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/738/ 2000).- Asimismo y, específicamente sobre la extensión de la suspensión a las aseguradoras citadas en garantía se ha expresado: “…cabe tener presente que la obligación del asegurador de mantener indemne al asegurado tiene naturaleza meramente contractual y que su origen no es el daño causado a un tercero sino el contrato de seguro.
De modo que, aún originadas en el mismo hecho generador, reconocen distintas fuentes del deber de responder frente a la víctima que sufre el daño: del Sr. G. por infringir el deber genérico de no dañar y de Orbis Compañía Argentina de Seguros de mantenerlo indemne frente al reclamo de los aquí actores. Ergo, su responsabilidad es de carácter concurrente. En este sentido se ha pronunciado el Alto Tribunal al señalar: 'la relación obligacional legal que vincula a la víctima con la aseguradora es independiente de aquella que se entabla entre esta y el asegurado; poseen distintos sujetos -no son los mismos acreedores y los deudores en una y otra obligación- tienen distinta causa -en una la ley, en la otra el contrato- y, demás, distinto objeto -en una la de reparar el daño, en la otra garantizar la indemnidad del asegurado-, en la medida del seguro'.
(CSJN 678/2013 (49-F)/CS1, voto del Dr. Rosenkratz in re Flores, c. Giménez, 06/06/2017). De lo expuesto surge que cuando el art. 3982 bis del Cód. Civil, hace referencia a los responsables del hecho no pueden ser otros que los Sres. D. y G., sindicados en la etapa inicial de investigación como posibles autores del homicidio culposo del Sr. M., porque sólo contra aquellos podía entablarse la acción penal. Por el contrario, la única responsabilidad que, por hipótesis, podría endilgarse a Orbis es por el incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato de seguro de responsabilidad civil frente a su asegurado. Repárese que aún en el supuesto de que la víctima cite en garantía a la aseguradora del responsable del hecho ilícito, la sentencia solo será ejecutable contra aquella en la medida del seguro (art. 118 LS).
Todo ello me persuade de que no puede enrostrársele imputación alguna a Orbis en el fatal desenlace acontecido en autos. La única excepción de prescripción que pudo haber deducido válidamente es aquella que correspondía al reclamo deducido contra el codemandado G., por tratarse de una defensa externa al seguro en sí mismo. Lo expuesto torna inaplicable en autos la doctrina plenaria...sentada en el fallo 'Maciel'. Además encuentro que la exégesis efectuada en la anterior instancia de grado no resulta consistente. Es que al declarar civilmente responsable al demandado G. pero a la vez admitir la defensa de prescripción articulada por su aseguradora, vacía de contenido al deber contractual reconocido y no controvertido por Orbis de mantener indemne a su asegurado (art. 109 LS).” (cfr.
CNCiv., Sala C, “L., M. c/ G., O. M. s/ daños y perjuicios”, del 20/12/2019, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/108193/2016).- Es decir que, si la póliza está vigente, la citada en garantía tiene la obligación, en virtud del contrato de seguro, de mantener indemne al asegurado (responsabilidad que también se extiende al autorizado, como en autos, para conducir el rodado), es decir que debe hacerse cargo, dentro del alcance de la póliza, de la deuda del asegurado, de allí que no tendría sentido declarar prescripta la acción a su favor, cuando, de todos modos deberá responder, no por su participación en el hecho dañoso, sino por el compromiso, contractual, que ha asumido como aseguradora.-
En el caso, estando vigente la póliza, “...el asegurador se ha obligado a mantener indemne al asegurado y/o a la persona que con su autorización conduzca el vehículo objeto del seguro, por cuanto deban a un tercero como consecuencia de daños causados por ese vehículo, por hechos acaecidos en el plazo convenido, en razón de la responsabilidad civil que pueda resultar a cargo de ellos. La fórmula 'y/o' implica una sumatoria de conjunciones y da idea de lo conjunto o alternativo, es decir que pueden acumularse las acciones contra ambos, o dirigirse contra uno u otro indistintamente; indica que hay identidad entre el propietario (o quien contrata y paga el seguro) y el conductor, que ambos son asegurados, beneficiarios de la póliza y protegidos por el contrato y el eventual pago del daño a un tercero, por cuanto se le deba en razón de la utilización del rodado que es -en su circulación- lo asegurado. El conductor -cuando difiere de la persona del asegurado- asume en el contrato la misma posición que el titular de la póliza, es decir, es el sujeto cuyo patrimonio debe mantenerse incólume.” (cfr. CNCiv., Sala E, “Franco de Palomo Sara c/ Balentini Carlos A. y otro”, del 14/03/2000, www.informacion-legal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/738/ 2000).- En definitiva y tal como, oportunamente, lo señalara el Juez de grado, no puede declararse prescripta la acción contra la aseguradora mientras exista condena por responsabilidad civil relacionada con el seguro por el cual dio garantía y en tal condición se la cita, dado que persiste su obligación de mantener indemne al asegurado.-
Cuestiones de orden práctico adunan, también, esta postura, pues la víctima debería demandar a la aseguradora para evitar la prescripción, mientras tramita la causa penal en la cual se dilucidará si ha existido un hecho ilícito y sus responsables. Con el dispendio que tal procedimiento generaría.-
Más aún, la víctima del ilícito tendría que accionar obligadamente contra el asegurador para suspender el curso de la prescripción y posteriormente contra el autor del hecho ilícito (que pudiera surgir de la causa penal) y, luego acumular los procesos, dependiendo del estadio procesal en que se encuen-tren y con el riesgo del dictado de sentencia contradictorias.-
En definitiva, debe ser rechazada la excepción de prescripción opuesta por la aseguradora en tanto prospera la demanda contra alguno de los codemandados, puesto que la causal de suspensión de la prescripción (cfr. art. 3982 bis del Cód. Civil) beneficia al actor de autos tanto respecto del autor del hecho dañoso como de su aseguradora.-
VI. Que determinado que no se encontraba prescripta la acción en contra de la citada en garantía corresponde analizar los agravios vinculados con los rubros indemnizatorios, la tasa de interés y la imposición de costas.-
Sobre estas cuestiones la aseguradora planteó, por intermedio de su letrado apoderado, que se agravia de la procedencia del rubro correspondiente al valor vida en favor de los padres de la menor Antonella Erika Gallardo Naguil, y, subsidiariamente, del “exagerado” monto resuelto por el a quo en concepto de valor vida en favor de los accionantes (cfr. foja 267 vta.).-
Señala que en ningún momento del proceso se ha probado de manera indubitada que los accionantes hayan sufrido un perjuicio patrimonial derivado del fallecimiento de su hija. Destaca que al momento del siniestro Antonella Gallardo contaba con ocho (8) años de edad (cfr. foja cit.).-
Sostiene que nos encontramos bajo la órbita de lo normado por los artículos 1084 y 1085 del Código Civil; y que estos artículos establecen una presunción de daño, en caso de delitos, de carácter asistencial la cual se expresa por medio de la palabra 'subsistencia' reservada para la viuda/o e hijos/as menores de la víctima. Es decir, sigue diciendo, que ni el cónyuge, ni los hijos/as menores deben probar el daño padecido. Agrega que están excluidos, de esa presunción de daño, los padres, quienes debieron probar exactamente la magnitud del perjuicio patrimonial ocasionado por el lamentable accidente que costare la vida a la menor (cfr. foja cit.).- Concluye sobre esta cuestión, que el rubro relativo al valor vida no fue debidamente probado por los actores, por lo cual resulta lógico su rechazo y, en subsidio, solicita su reducción (cfr. foja 268).-
En lo tocante al daño moral, postula que la valoración efectuada por el Juez de Primera Instancia, a fin de llegar al monto que deriva la condena en concepto de indemnización por daño moral a favor de la parte actora, no está conformada por un claro razonamiento que permita analizar su justicia y procedencia. Por este motivo, se agravia del monto por el cual procede la indemnización por daño moral, solicitando su reducción y/o eventual adecuación (cfr. fs. 268 y vta.).-
Sostiene que la condena en concepto de daño psicológico y tratamientos médicos resulta improcedente, desmedida, carente de fundamento y no se condice con las circunstancias del caso. Argumenta que ello determina la producción de un enriquecimiento incausado de los accionantes en detrimento de la aseguradora, no resultando de ella una justa recomposición de la situación de la actora previa a los hechos motivo de estos autos. Solicita se deje sin efecto la condena por estos rubros (cfr. foja 268 vta.).-
Destaca que la sentencia de Primera Instancia establece que los intereses deberán computarse de la siguiente manera: a) desde el momento de la mora (hecho dañoso) y hasta el dictado de la sentencia, deberán calcularse los intereses a una tasa pura del seis por ciento (6%) anual; b) desde entonces y hasta el efectivo pago, deberán calcularse los intereses conforme la tasa activa promedio mensual que utiliza el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento (cfr. foja cit.).-
Expresa que: “...tal como podrá advertir V.E., los montos indemnizatorios que fijan los tribunales en la actualidad son muy superiores a los que se utilizaban años atrás, y ello en tanto nuestros jueces han debido aumentar los criterios de valoración de los daños en razón de la inflación de nuestro país. Que este mecanismo de valuación se ve con mayor asiduidad en los casos de daños a las personas en los que no existe un valor a confrontar, sino que la indemnización queda librada al prudente arbitrio judicial. Que en consecuencia, la imposición de intereses implica un verdadero enriquecimiento sin causa para la parte accionante con su contra cara de empobrecimiento sin causa para quienes deben afrontar el pago de la indemnización. Que entienda V.E. que si el cómputo de intereses se efectúa respecto de valores actuales y fijamos una tasa que contemple la desvalorización monetaria, se habrá de duplicar el capital de condena.” (cfr. fs. 268 vta./269).- Por lo expuesto, sostiene que corresponde fijar los intereses a partir de la fecha del dictado de la propia sentencia hasta su efectivo pago (cfr. foja 269).-
Sobre el tema de los intereses concluye que: “...solicito que oportunamente se revoque también la actualización del capital de condena, dejando de lado la aplicación de la Tasa Activa del BNA, y manteniendo sólo la tasa del 6% anual, desde el momento de ocurrido el siniestro y hasta la fecha del efectivo pago, para el caso de considerarse que corresponde a mi parte abonar suma alguna a favor de los accionantes.” (cfr. foja 269 vta.).-
Por último, se agravia por el hecho que el sentenciante le haya impuesto las costas causídicas en su totalidad a los accionados vencidos, resultando ello injusto y ajeno a derecho (cfr. foja cit.).-
Manifiesta que: “...si bien, se entiende que la imposición de costas procesales corre la suerte de los vencimientos parciales o totales obtenidos, resulta arbitrario e improcedente que mi parte se vea obligada, por ejemplo, a abonar los honorarios que en definitiva se regulen a favor de los letrados que intervinieron como patrocinantes y/o apoderados de la co demandada María Elizabeth Naguil, cuando ella resultó ajena a la condena, habiéndose hecho lugar a la excepción de prescripción oportunamente interpuesta, por lo que entiendo que dichas costas deberían ser impuestas a los accionantes que resultaron perdidosos en dicha incidencia.” (cfr. foja cit.).- Observa que la demanda sólo prosperó por el 66,66% del monto peticionado y un 33.33% de dicha suma en favor de los demandados; por lo que peticiona se respeten dichos porcentajes al momento de imponer las costas. Sin perjuicio de lo antedicho, plantea, en atención a que confía que se revocará en su totalidad la sentencia de Primera Instancia, que se impongan íntegramente las costas a la actora (cfr. foja cit.).-
VII. Que en lo vinculado a la procedencia y monto del “valor vida” (como lo designa el apelante) estimamos que lo decidido por la sentencia de Primera Instancia es correcto.-
El a quo entendió la procedencia del rubro pérdida de chance en favor de los actores, pues la muerte de un hijo importa la frustración de una legítima esperanza de subsistencia y sostén de sus padres; y lo que se indemniza es la chance misma y no la ganancia o pérdida que era objeto de aquella.-
Lo expuesto por el apelante resulta inatendible, ya que lo resuelto en la sentencia de Primera Instancia es la solución correcta.-
Sobre esta cuestión ha tenido oportunidad de expedirse este Alto Cuerpo, el que ha sostenido que: “Así, aunque los artículos 1084 y 1085 del CC se emplean en un capítulo titulado 'De Los delitos contra las personas', y a pesar de que el primero se refiere al 'delito' de homicidio, '… existe general consenso en que las indemnizaciones allí reguladas se aplican a cualquier supuesto de pérdida de la vida humana, con prescindencia del factor de atribución: subjetivo (dolo o culpa) u objetivo. El nudo del problema radica en el daño que deriva de la muerte y no en la calificación del hecho que conduce a la responsabilidad…' (confr. Bueres, Alberto J. - Highton Elena I., 'Código Civil y normas complementaria.
Análisis doctrinario y jurisprudencial', Tº 3 A, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1999, págs. 247/248). En cuanto a la legitimación, los artículos referenciados no son taxativos en cuanto a los posibles accionantes. En un principio, se consideró que estas normas '…introducían alguna suerte de restricción a la amplia regla general contenida en el art. 1079 (el cual admite la resarcibilidad del perjuicio sufrido inmediatamente por toda persona). En virtud de dicha interpretación…se admitiría la acción de algunos legitimados exclusivamente ('la viuda e hijos del muerto' o el 'cónyuge sobreviviente' y los 'herederos necesarios')…La conclusión es absurda, pues cuanto más grave es el delito, como el homicidio, más limitado sería el número de damnificados habilitados para pedir la indemnización…' (confr.
Bueres, Alberto J. - Highton Elena I., ob. cit. pág. 261/262). En conclusión, '…una interpretación sistemática no puede desatender la regla general contenida en el art. 1079, en cuya virtud la muerte de la víctima hace nacer una acción resarcitoria a favor de cualquier persona que haya sufrido un perjuicio, sin limitación de los legitimados. Así pues, el significado de los arts. 1084 y 1085 no es restringir el derecho indemnizatorio en caso de homicidio, sino favorecer a ciertas personas con una presunción iuris tantum de haber sufrido un perjuicio a raíz del fallecimiento del ser allegado; la función de esas normas es más bien procesal (inversión de la carga probatoria), sin alterar el régimen común sobre legitimación sustancial…' (confr.
Bueres, Alberto J. - Highton Elena I., ob. cit. pág. 262). Finalmente, en el caso de la muerte de un hijo, y '…Según una cierta orientación, los padres (herederos forzosos, art. 1085) podrían aducir que a raíz del homicidio de algún hijo se han visto privados de lo necesario para subsistir. Algunos admiten esa tesitura, pero a condición de que los padres sean 'efectivamente' herederos (lo que no ocurre si la víctima tenía descendientes, art. 3567). Como una tercera variante, se ha sostenido que la presunción se aplica únicamente cuando no hay viuda ni hijos, por ser entonces los padres la familia del muerto…' (confr. Bueres, Alberto J. - Highton Elena I., ob. cit. pág. 271). Sin embargo, debe considerarse que '…no se está ante un problema de derecho sucesorio, sino alimentario y que se hace valer a través de una acción iure propio…' (confr.
Zavala de González, Matilde, 'Daños a las personas - Perdida de la vida humana', Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1990, pág. 227).” (cfr. Sentencia, Tomo XIV, Reg. 485, Folio 2635/2645).- En virtud de lo expuesto, y considerando que la niña Antonella Erika Gallardo Naguil (de 8 años de edad al momento de su trágico deceso) no tenía, lógicamente, ni cónyuges, ni descendientes, sus padres se encuentran legitimados a reclamar por la vía elegida, resultando acertada la solución arribada por el Juzgado de Primera Instancia en el punto.-
Que tampoco es procedente la impugnación del monto de condena respecto del rubro “pérdida de chance”. Este rubro intenta compensar los hipotéticos beneficios que se vieron truncados por el accionar del responsable del daño. Este monto se encuentra sujeto a una prudente valoración del magistrado (cfr. CNCont. Adm. y Trib. de CABA, “Spisso Rodolfo Roque c/ Legislatura y Otros s/ Daños y Perjuicios (Excepto Resp. Médica)”, del 13 de julio de 2006). Paralelamente, esta postura encuentra respaldo normativo en el artículo 166 del CPC y C, como bien lo señala el fallo de Primera Instancia. Dicha manda establece, en lo que aquí interesa que: “...La sentencia fijará el importe del crédito o de los perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su monto.”.- Por otro lado, tampoco aparece como exagerado el monto que fijó el juez de grado, es decir la suma pesos un millón cuatrocientos mil ($1.400.000), compatible con el sostenimiento material y espiritual que la niña pudo haber brindado a sus padres durante su vida. Como contrapartida, el apelante no acerca ningún argumento para poner en crisis esta suma.-
VIII. Que en lo vinculado a la cuantificación del daño moral, se debe recordar lo ya dicho por este Tribunal Superior de Justicia: “El daño moral importa una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial.” (cfr. Sentencia, Tomo XIX, Reg. 636, Folio 3657/3678).-
De las constancias de autos se puede inferir menoscabo en el espíritu para los actores por la muerte de su hija, todo lo cual gravita de modo perjudicial para ellos. Dicho reclamo no necesita de una prueba directa de su existencia y extensión ya que es un padecimiento que se debe tener por acreditado por el solo hecho del fallecimiento.-
En la misma inteligencia se ha entendido que: “...es incuestionable la lesión a las legítimas afecciones de los padres y el también incuestionable daño moral resarcible que deriva de la muerte abrupta de un hijo a raíz de un suceso, lo que obliga a responder, siendo desde un punto de vista sustancial inimaginable procurar la explicación de un padecimiento semejante -quizás el más duro que pueda enfrentarse-, porque no hay palabras que sugieran siquiera la medida de ese dolor, pues salvo excepciones que ingresan dentro de lo patológico, la naturaleza crea un entrañable nexo biológico y espiritual entre padres e hijos (Zavala de González ob. citada pág. 275 con la opinión en ese orden de Mosset Iturraspe en el Valor de la Vida Humana pág. 137; esta Sala causas 91.552, Reg.
Sent. 204/99, 114.557, RSD 18/14; 120.873, RSD 23/17).” (cfr. C2ºCiv., Sala 3 de La Plata, Sala Tercera, “Rivero Pablo Miguel c/ Mercado Carnicel Gustavo y Otros s/ Daños y Perjuicios”, causa 113.456, del 13/09/2018); “Es así, que cuando se trata de la muerte de un hijo no es necesario traer prueba de que los padres han sufrido un agravio de índole moral, porque en el orden natural de las cosas está que la muerte de un ser querido de tan estrecha vinculación biológica y espiritual ha de herir en lo más íntimo el sentimiento y las afecciones de quienes se dicen damnificado por encontrarse en esa situación, (art. 1078 Cód. Civil), dependiendo su determinación cuantitativa del prudente arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que haya existido sin que sea menester otra precisión.” (cfr.
C2ºCiv., Sala 3 de La Plata, Sala Tercera, “Espinosa Viviana Noemi c/ Jacod Juan José y Otros s/ Daños y Perj. Deriv. Resp. por Ejerc. Prof. (sin resp.estado)”, Expte. Nº 120182, del 6/12/2016. En el mismo sentido, ver también: C2ºCiv. de La Plata, “Dutto, Maria Luisa c/ Empresa San Vicente S.A. de Transporte s/ Daños y Perjuicios”, causa: 119209, del 28/02/2016).- Ahora bien, teniendo en mente lo antedicho, nos detendremos en esta cuestión a fin de determinar la suma a abonar por este rubro. Para llegar a buen puerto en esta tarea se debe recordar que la evaluación del perjuicio por el daño moral es una “...tarea delicada pues no se puede pretender dar un equivalente y reponer las cosas a su estado anterior, como en principio debe hacerse de acuerdo al artículo 1083 C.
Civil. El dinero no cumple una función valorativa exacta, el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es igual a la equivalencia. La dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado...” (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XIII, Reg. 446, Folio 2431/2439).- Es indudable la lesión a las afecciones legítimas de los actores y el incontrovertible daño moral que deriva de la abrupta muerte que sufrió su joven hija. Esto obliga a fijar un monto indemnizatorio. Como ha sostenido este Tribunal Superior de Justicia: “...la cantidad dineraria compensatoria del daño moral es la que se infiere caso por caso de la particular apreciación y comprensión del dolor ajeno...” (cfr.
Sentencia, Tomo XIX, Reg. 636. Folio 3657/3678). El problema aquí, es que no se puede racionalmente mensurar el padecimiento de los actores por, quizás, la experiencia vital más dolorosa que pueda imaginarse. No alcanzan las palabras para comprender la medida del dolor ante la ruptura prematura del nexo biológico y espiritual entre los padres y su hija.- Estimamos que para cuantificar el daño moral se debe efectuar en función de los “placeres compensatorios”. Es decir otorgar a los damnificados una indemnización que si bien nunca va a poder compensar el dolor por la pérdida sufrida, al menos, le procuren ciertos goces que sustituyan en alguna medida su pérdida. Sobre esta forma de cuantificar el daño se ha dicho en doctrina que: “Se trata, en definitiva, de otorgar al damnificado lo que Freud denomina (ciertamente, en un contexto no jurídico) 'lenitivos'.
En palabras del inventor del psicoanálisis: 'Tal como nos ha sido impuesta, la vida nos resulta demasiado pesada, nos depara excesivos sufrimientos, decepciones, empresas imposibles. Para soportarla, no podemos pasarnos sin lenitivos [...] Los hay quizá de tres especies: distracciones poderosas, que nos hacen parecer pequeña nuestra miseria; satisfacciones sustitutivas que la reducen; narcóticos que nos tornan insensibles a ella [...] Las satisfacciones sustitutivas como nos las ofrece el arte son, frente a la realidad, ilusiones, pero no por ello menos eficaces psíquicamente, gracias al papel que la imaginación mantiene en la vida anímica. Estos conceptos, que -lo reiteramos- se relacionan con la teoría psicoanalítica, subrayan -sin embargo- lo oportuno del método que estamos considerando, en cuanto pretende, precisamente, mitigar el sufrimiento que el acto ilícito causó a la víctima mediante el pago de sumas que le pretendan obtener satisfacciones que compensen ese perjuicio.” (cfr.
Picasso, Sebastián: “El método de las satisfacciones compensatorias para cuantificar el daño moral”, en la obra: Mosset Iturraspe, Jorge y Lorenzetti, Ricardo Luis, “Revista de Derecho de Daños 2021 - 1. Cuantificación del daño – I”, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2021, págs. 403/404).- El criterio que se propugna fue adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Baeza” (Fallos 334:376), donde se dijo: “Que en lo concerniente a la fijación del daño moral, debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad, la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste (Fallos: 321:1117; 323:3614 y 325:1156, entre otros).
El dolor humano es apreciable y la tarea del juez es realizar la justicia humana; no se trata de una especulación ilícita con los sentimientos sino de darle a la víctima la posibilidad de procurarse satisfacciones equivalentes a lo que ha perdido. Aun cuando el dinero sea un factor muy inadecuado de reparación, puede procurar algunas satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha desaparecido. Se trata de compensar, en la medida posible, un daño consumado. En este orden de ideas, el dinero es un medio de obtener satisfacción, goces y distracciones para restablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales. La evaluación del perjuicio moral es tarea delicada, pues no se puede pretender dar un equivalente y reponer las cosas a su estado anterior, como en principio debe hacerse de acuerdo al art. 1083 del Código Civil.
El dinero no cumple una función valorativa exacta, el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es igual a la equivalencia. Empero, la dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida.”.- Con estas premisas en mente, teniendo presente que las pautas discrecionales campean en gran medida en este tipo de indemnización, ponderando que la suma que se fije tiene un función indemnizatoria, estimamos adecuado confirmar la suma fijada por el Juez de Primera Instancia, es decir, pesos un millón cuatrocientos mil ($1.400.000).
Monto equivalente a una vivienda familiar y de ocupación permanente en el sur del país, al momento del dictado de la Sentencia de Primera Instancia (cfr. foja 221 vta.).-
El importe del daño moral ha sido calculado de conformidad con lo estatuido en el artículo 166 in fine del CPC y C, el que estatuye, en lo que aquí interesa, que: “La sentencia fijará el importe del crédito o de los perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su monto.”, por lo que no puede ser objeto de reproche.-
Con el mismo criterio que el aquí sustentado, ha dicho este Tribunal Superior de Justicia que: “...Evaluar el daño moral significa medir el sufrimiento humano, lo cual no sólo es imposible de hacer en términos cuantitativamente exactos, sino que es una operación no susceptible de ser fijada en términos de validez general?” (cfr. Sentencia, Tomo XIII, Reg. 466, Folio 2532/2538).-
A mayor abundamiento y como elemento que nos permite concluir que el monto indemnizatorio es razonable, es oportuno traer a colación lo dicho en doctrina: “...Para este trabajo he tomado un criterio que ha sido utilizado con alguna frecuencia en Córdoba, pero que dista de ser aceptado de modo unánime. Se trata de la utilización, para el daño moral derivado de la muerte de un hijo, del valor de un departamento de un dormitorio, que hoy está alrededor de los U$S 75.000.” (cfr. Juárez Ferrer, Martín, “Cuantificación del daño moral por escalas”, publicado en la web en https://www.academia.edu/27941806/Cuantificación_del_Daño_Moral_ por_Escalas, del 10 de mayo de 2019).- Similares consideraciones sobre la procedencia y cuantificación del daño moral valen, mutatis mutandi, respecto de la condena de pesos doscientos mil ($200.000) en favor de la Sra. Rosa Alejandra Naguil por la muerte de su madre. Ya que a la actora lógicamente se le ha ocasionado dolor y sufrimiento por la súbita pérdida de la vida de su madre; y tal monto le servirá para costearse placeres compensatorios. También entendemos un monto prudencial al otorgado en uso de las facultades establecidas en el artículo 166 del CPC y C por el Juez de Grado. Por lo tanto confirmamos lo decidido al respecto en Primera Instancia.- En razón de lo expuesto, debe confirmarse en esta cuestión lo resuelto por la primera instancia.-
IX. Que por daño psicológico se hace “...referencia a aquel daño que puede tener incidencia en el cuerpo humano (su psiquis) y ser incapacitante, por lo que debe apreciarse como pérdida de las aptitudes en el afectado y, por ello ser indemnizado en cuanto se traduzca en un perjuicio económico (esta CNCom., esta Sala A, mi voto, 19/05/2009, in re: 'Canosa, Diego Iván c/ Showcenter S.A. y otros', 02/06/2009, in re: 'Magno, Mario Horacio c/ Banco Río de la Plata SA s/ ordinario', entre muchos otros)...” (CNCom., Sala A, “S. G. A. y otros c/ Provincia Seguros S.A. s/ ordinario”, del 11/06/2015, www.microjuris.com. Cita Online: MJ-JU-M-94530-AR | MJJ94530 Producto: DP,SOC,MJ).- El informe de la Licenciada Tania Marcón, respecto de la Sra.
Rosa Alejandra Naguil y Sr. Antonio Ceferino Gallardo, pone de relieve que los mismos presentan al momento de la entrevista (23 de junio de 2014) signos sintomatológicos compatibles con el Trastorno por Estrés Postraumático, codificado F 43.1 según criterio del D.S.M. IV (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Tratamientos Mentales) (cfr. foja 127 vta.). En el informe se destaca que: “La Sra. Naguil presenta las característica típicas del trastorno de estrés postraumático: episodios reiterados de volver a vivenciar el trauma en forma de reviviscencias o sueños que tienen lugar sobre un fondo persistente de una sensación de 'entumecimiento' y embotamiento emocional de desapego de los demás, de falta de capacidad de respuesta al medio, de anhedonia y de evitación de actividades y situaciones evocadoras del trauma.
Teme e incluso evita las situaciones que le recuerden o le sugieren el trauma. Llora constantemente. El Sr. Gallardo presenta ocasiones de estallidos dramáticos y agudos de miedo, pánico o agresividad, desencadenados por estímulos que evocan un repentino peligro, una actualización del trauma o de la reacción original frente a él o ambos a la vez. Esto le sucede ante posibles daños que pudieran sufrir sus otros dos hijos pequeños. Por ejemplo, tuvo un episodio de dichas características en la escuela de su hija cuando lo llamaron para buscarla porque se sentía descompuesta. Él reconoce la exageración emocional, pero no lo puede evitar en el momento, la emoción irrumpe en su conducta. Mostraron un estado de hiperactividad vegetativa con hipervigilancia, un incremento de la reacción de sobresalto, y manifiestan episodios habituales de insomio.
Los síntomas se acompañan de ansiedad y de depresión.” (cfr. foja 128 vta.).- Ante este cuadro de stress post traumático que sufrieron como secuela los actores debido al accidente de marras, estimamos acertado la cifra fijada por el Juez de Primera Instancia, en la suma de pesos cien mil ($100.000), para ambos progenitores. Esta suma también se determina en atención a la facultad prevista en el artículo 166 del CPC y C, en consideración a que se encuentra acreditado del daño psicológico de los actores. Estimamos que la misma es razonable como resarcimiento necesario para compensar, en cierta medida, los padecimientos psicológicos al que han sido sometidos la Sra. Rosa Alejandra Naguil y Sr. Antonio Ceferino Gallardo.-
X. Que también, debemos confirmar el rubro de asistencia médica, pues como bien destaca el informe pericial referenciado ut supra, los actores requieren tratamiento psicológico urgente por su salud psíquica como así también de sus hijos menores que se encuentran privados de disfrutar del pleno desarrollo de las competencias parentales de sus progenitores (cfr. fs. 223 y vta.). Advertimos que la suma de pesos cinco mil ($5.000) para ambos progenitores es exigua para estos fines, pero en atención a que dicho monto no fue recurrido por la parte actora debemos confirmarla. Actuar de otra manera implicaría incurrir en una reformatio in peius lo que está prohibido por el ordenamiento ritual (cfr. art. 270 del CPC y C), que asimismo cuenta con respaldo constitucional ya que resguarda la garantía de defensa en juicio y el derecho de propiedad (cfr. art. 18 de la CN).-
XI. Que previo a ingresar al análisis de los intereses, debe aclararse que la cuantificación del daño es calculada a valores vigentes al momento del dictado de la sentencia de Primera Instancia (23 de octubre de 2015). Esto a los fines de evitar una dificultad mayor en el cálculo de las cifras por la que proceden los rubros indemnizatorios.-
Que en cuanto a los intereses, la sentencia de Primera Instancia determinó, en atención a que la cuantificación fue a valores contemporáneos al momento de su dictado (23 de octubre de 2015), que se aplicará la tasa de interés pasiva por el período comprendido desde la fecha del accidente (28 de febrero de 2009) hasta la fecha de la sentencia de primera instancia; y de allí en adelante y hasta su efectivo pago conforme la tasa activa promedio mensual que utiliza el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento (cfr. foja 224 vta.).-
Dicho lo cual, corresponde abordar el agravio relativo a la tasa de interés aplicada.-
Adelantamos, que para fijar los intereses se utilizará tanto el viejo Código Civil, respecto de los devengados hasta el 31 de julio de 2015; y el nue-vo Código Civil y Comercial desde el 1° de agosto de 2015 hasta el efectivo pago.-
Debemos arribar a esta solución en cuanto a la legislación aplicable, pues una porción de los intereses se devengaron mientras regía el derogado Código Civil y parte con el nuevo Código Civil y Comercial. Entonces, para calcular los intereses devengados hasta el 31 de julio de 2015 se utilizará el derogado Código Civil, pues era la ley que regía hasta ese momento; ya que el nuevo Código Civil y Comercial no tiene aplicación retroactiva. Pero para los intereses que corren a partir del 1° de agosto de ese año se empleará el Código Civil y Comercial (en razón de su aplicación inmediata), ya que la nueva ley rige los tramos del desarrollo de la relación jurídica aún no cumplidos: los intereses por la mora del deudor desde la última fecha indicada (cfr. art. 7° del CC y C).- Esta solución es avalada por lo decidido por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a saber: “Al respecto, cabe observar que la entrada en vigor del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación ha posibilitado su aplicación tanto a las relaciones y situaciones jurídicas futuras, como a las existentes a la fecha de su entrada en vigencia, tomándolas en el estado en que se encontraban -rigiendo los tramos de su desarrollo no cumplidos-, así como también a las consecuencias no consumadas de relaciones y situaciones jurídicas constituidas bajo el amparo de la antigua ley (conf. art. 7 y concs., Cód.
Civ. y Com.). En materia de intereses, ello importa el empleo de las nuevas tasas legales para calcular los accesorios del capital, devengados en períodos posteriores a su entrada en vigencia, en tanto no se encuentren cancelados...Se trata de consecuencias no agotadas de tales relaciones jurídicas habidas entre acreedor y deudor, respecto de las cuales la aplicación de la nueva norma resulta inmediata. Así, ante la persistencia de la mora a la fecha de la entrada en vigencia de la nueva ley, la distinta regulación que ésta contiene -captando las consecuencias de la situación pendiente- resulta aplicable respecto del tramo ulterior de ésta...” (cfr. “D. E. M. c/ L. P. S. s/ Incidente de aumento de cuota alimentaria”, causa LP C 120103 S, del 29/08/2017).
Esta solución ha sido adoptada por este Alto Tribunal (cfr. Sentencia, Tomo XX, Reg. 683, Folio 3973/3983).- Recordemos que el accidente aconteció el 28 de febrero de 2009 y desde esa fecha se debe responder por los intereses moratorios. Estos son: “...aquellos que se deben en caso de mora del deudor en el cumplimiento de su obligación. El deudor, con su incumplimiento, priva ilegítimamente al acreedor de su derecho a percibir un capital y, como consecuencia de ello, se encuentra obligado a reparar el perjuicio ocasionado. Los intereses moratorios, en consecuencia, constituyen la indemnización de tal daño y requieren para su admisión que el incumplimiento le sea imputable al deudor. En el Código de Vélez se encontraban regulados en el art. 622, y en el CC y C por el art. 768...” (cfr.
Herrera Marisa, Caramelo Gustavo y Picasso Sebastián -Di rectores-: “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Libro Tercero”, Infojus, Buenos Aires, 2015, Tomo III, pág. 59).- Por consiguiente se deben determinar los intereses moratorios que deberá soportar el condenado. En el viejo Código Civil estaban previstos en el artículo 622, el que establecía en lo que aquí interesa que: “El deudor moroso debe los intereses que estuviesen convenidos en la obligación, desde el vencimiento de ella. Si no hay intereses convenidos, debe los intereses legales que las leyes especiales hubiesen determinado. Si no se hubiere fijado el interés legal, los jueces determinarán el interés que debe abonar.”.-
En el caso que nos ocupa, indemnización por daños y perjuicios, no existe interés legal ni convencional que discipline la cuestión, por lo tanto quien es llamado a fijar la tasa de interés es el Tribunal de la causa.-
Por su lado, el Código Civil y Comercial regula el tema en el artículo 768, el que reza: “Intereses moratorios. A partir de su mora el deudor debe los intereses correspondientes. La tasa se determina: a) por lo que acuerden las partes; b) por lo que dispongan las leyes especiales; c) en subsidio, por tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central.”.-
Sobre los intereses moratorios en el Código Civil y Comercial se ha dicho en doctrina que: “El art. 768 del Cod. Civ. y Com. de la Nación mantiene en términos generales análoga redacción al antiguo art. 622 del Código de Vélez, en los incs. a) (convenio de partes) y b) (ley especial). El inc. c) introduce una modificación: Ante la falta de previsión de tasa de interés moratorio fijada por norma (convencional o legal) la misma se determina 'por las tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central'. Este inciso ha suscitado dudas en la doctrina y la jurisprudencia en tanto podría interpretarse que las tasas judiciales son ahora fijadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Tal interpretación no resulta acertada -a mi modo de ver- y ello encuentra explicación en los Fundamentos del Anteproyecto donde se lee: 'No se adopta la tasa activa como se propiciara en el Proyecto de 1998 porque se considera que hay supuestos de hecho muy diversos y es necesario disponer de mayor flexibilidad a fin de adoptar la solución más justa para el caso' (Zannoni, Mariani de Vidal, Zunino, Shina, Ramos, Kemelmajer de Carlucci; 'Código Civil y Comercial de la Nación Concordado con el régimen derogado y referenciado con legislación vigente. Exégesis de los fundamentos de la Comisión Redactora y las modificaciones del Poder Ejecutivo Nacional', Ed. Astrea, Bs. S. (sic) 2015, p. 245). Va de suyo, que quien adopta la solución más justa para el caso sólo pueden ser los jueces.
Otro fundamento puede encontrarse en el art. 767 Cod. Civ. y Com. de la Nación en cuanto faculta a los jueces a establecer la tasa de intereses compensatorios, a falta de tasa fijada por las partes o por los usos y costumbres. La doctrina mayoritaria entiende que es el juez quien fija la tasa pero limitada -ahora, por el nuevo Código- al amplio abanico de las diversas tasas que fija el BCRA (Así, se dictaminó en la XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil de Bahía Blanca, 2015, cuya Comisión 2 sostuvo, por mayoría el siguiente despacho 'la previsión del art. 768 inc. c) no implica la delegación al Banco Central de la fijación de la tasa, sino que siempre será el juez el que la determinará. Las tasas fijadas por las reglamentaciones del Banco Central servirán como pauta que podrá ser utilizadas por el juez en esta tarea').
En igual sentido, se ha pronunciado la Suprema Corte de Buenos Aires ('Cabrera, Pablo David', 15/06/2016) y también el Tribunal Superior de Córdoba ('Masi, Alberto c. Rosli'; 01/11/2016).” (cfr. SCJM en pleno, “Lencinas Mariano c/ Citibank NA s/ Despido”, del 30/10/2017, www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/77894/2017). Compartimos este último criterio, por lo que servidos del mismo procederemos a determinar lo que se debe abonar en concepto de intereses.- También utilizaremos la misma tasa de interés respecto del período anterior a la vigencia del Código Civil y Comercial, en función de la potestad que tienen los jueces de determinar los intereses moratorios según el artículo 622 del Código Civil.-
En primer término analizaremos los intereses aplicados a los rubros de condena, sin perjuicio de que varias de las afirmaciones servirán para determinar el interés a adicionar al monto resultante de los rubros indemnizatorios.-
Ahora bien, se debe tener en cuenta que el monto de la indemnización se fija a valores al momento del dictado de la Sentencia de Primera Instancia, 23 de octubre de 2015, y que se encuentra prohibida la indexación de deudas. Sobre el particular la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha reiterado que se encuentra vigente la prohibición de indexación (cfr. art. 10 de la Ley Nº 23.928) (cfr. Del Dictamen del Procurador General que la Corte comparte y hace suyo en Fallos 343:1277).-
Al respecto la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa “Bedino”, del 14 de marzo de 2017, recordó que: “…la ley 25.561 si bien deroga el régimen de convertibilidad impuesto por la ley 23.928, no modifica en lo sustancial los artículos 7º y 10 de esta última (ver art. 4º de la ley 25.561), por lo que se mantiene la prohibición de actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa.” (cfr. “Gargano”, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/35645/ 2011).-
En cuanto a la liquidación de los intereses en las deudas de valor calculadas al momento de la sentencia, se ha dicho que el monto actualizado al que se llega debe estar vacío de intereses moratorios (cfr. Tula, Diego J.: “Los créditos laborales y la pasividad de los intereses en la provincia de Buenos Aires”, del 08/2014, www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online: AR/DOC/1748/2014). Jorge Mosset Iturraspe, por su parte, propone descomponer la tasa de interés en sus dos elementos: el fruto civil del capital y la prima por depreciación (constituida por el resto de la tasa), por lo tanto sostiene que el reajuste sobre el monto cubre la prima por depreciación y, entonces, los intereses sobre la cantidad global deben reducirse al mero fruto civil del capital (cfr. aut. cit. y Miguel A.
Piedecasas: “Responsabilidad por daños. Código Civil y Comercial de la Nación. Ley 26.994”, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2016, Tomo I, Parte General, pág. 474). Por lo tanto, cabe hacer una excepción a la aplicación de tasas activas (o pasivas) en los casos de deudas de valor, en los cuales al momento del fallo se liquide en dinero el monto fijado a valores actuales. En estos casos los intereses deben liquidarse a razón de una tasa de interés puro, puesto que las tasas activas -y aun las pasivas- incluyen entre sus componentes una prima por desvalorización de la moneda (cfr. Méndez Sierra, Eduardo C.: “Obligaciones Dinerarias”, Ed. El Derecho., Buenos Aires, 2016, pág. 240). En este orden de ideas la Dra.
Aída Kemelmajer de Carlucci, en un voto emitido en el marco de un plenario de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, Sala I recordó que si la suma de condena es un valor fijado al momento de la sentencia o contiene cláusulas de reajuste legalmente autorizadas, desde la mora hasta esa decisión devenga una tasa pura, y de la sentencia en adelante, corresponde la tasa bancaria (cfr. “Aguirre Humberto por sí y por su hijo en J. 146.708/39.618 Aguirre Humberto c/ OSEP p/ Ejec. de Sentencia s/ Inc. Cas.”, Causa L.S.401-211, del 28/05/2009. Cita Online: www2.jus.mendoza.gov.ar).- Al respecto, resulta ilustrativa la opinión de Ricardo Luis Lorenzetti al comentar dicha norma, sosteniendo: “Como los intereses deben correr desde el momento en que se produjo el perjuicio, si éstos tienen entre sus componentes escorias inflacionarias (ver comentario a los arts. 767 y 768), en el caso de las obligaciones de valor necesariamente se impone aplicar dos tasas diferentes: una desde que la obligación se hizo exigible hasta que se determinó el valor de la prestación, y otra desde este último momento hasta su pago.
La primera no debe contener escorias inflacionarias. Es que la razón de ser de estas últimas es, precisamente, compensar (por vía indirecta) la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, situación que no se presenta hasta el momento de la cuantificación, pues el monto de la obligación se determina de acuerdo al valor que ella reviste en dicho instante. No hay depreciación alguna. La tasa de interés, pues, debe ser pura, pues de lo contrario se estaría mandando a pagar dos veces lo mismo, con el consiguiente enriquecimiento sin causa para el acreedor.” (cfr. aut. cit. “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2015, Tomo V, págs. 158/159).- Estimamos entonces que en supuestos de montos actualizados al momento del fallo, la utilización de la tasa pura desde la fecha del hecho dañoso (desde cuando comienza a correr la mora del deudor) es la herramienta más razonable y la que se debe emplear en el sub lite (criterio ya expresado por este Tribunal Superior de Justicia en la causa “Avilez” Sentencia, Tomo XIX, Reg. 654, Folio 3759/3767).-
Si se emplearan tasas bancarias (pasivas o activas) que han sido determinadas teniendo en cuenta el fenómeno inflacionario, se produciría una distorsión que alteraría el significado económico de la sentencia; y significaría una repotenciación del capital de condena y un enriquecimiento sin causa para la actora. Esta posición es la que actualmente esgrime la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en los fallos “Vera, Juan Carlos” (cfr. causa LP C 120536 S, del 18/04/2018) y “Nidera S.A.” (cfr. causa LP C 121134 S, del 03/05/2018). Conforme este criterio, cuando el quantum de condena se determine a valores actuales, los intereses moratorios sobre el crédito deben liquidarse utilizando una tasa pura del seis por ciento (6%) anual a devengarse desde que se ha producido el prejuicio y hasta el momento que se ha tenido en cuenta para la valuación del perjuicio (en este caso la sentencia de Primera Instancia, del 23 de octubre de 2015, cfr. foja 214).- De allí en adelante, estimamos (siguiendo la doctrina de este Tribunal Superior de Justicia) que debe aplicarse la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central de la República Argentina. Tasa que ha sido utilizada por este Alto Tribunal en los siguientes precedentes: Sentencia, Tomos XVI, Reg. 559, Folio 3163/3171, XVII, Reg. 579, Folio 3303/3311, XX, Reg. 667, Folio 3859/3864 y Reg. 669, Folio 3870/3879, entre otros. Tasa que además es una de las posibles a aplicar dentro del abanico de opciones que permite el artículo 768, inciso c) del CC y C.-
Otro fundamento para optar por la tasa pasiva, en vez de la activa, lo explicita el Cimero Tribunal Bonaerense, que sostuvo: “…la denominada tasa 'activa' tiene incorporado -además de lo que corresponde al 'precio del dinero'- un plus constituido por el costo financiero propio de las entidades que se dedican a la intermediación de capitales y que obviamente no pesa sobre la actora. Costo que, en nuestra economía, resulta desproporcionado por el sobredimensionamiento del sistema bancario y financiero. En sustancia, si el interés previsto en el art. 622 del Código Civil tiende a resarcir al acreedor el daño patrimonial causado por la falta de cumplimiento oportuno de la obligación, no debe perderse de vista que necesariamente habrá que tener en cuenta cuál podría haber sido la inversión ordinaria al alcance del acreedor si hubiese recibido la acreencia en término.
Desde este ángulo es indudable que cualquier institución bancaria le hubiese abonado única y exclusivamente la tasa pasiva vigente al momento de la inversión o sus sucesivas renovaciones. La aplicación de otra tasa alteraría inexorablemente el fin propuesto alterando esa finalidad.”. (cfr. “Cardozo Félix María y otra c/ Crudo Vicente Pascual y otras s/ Daños y perjuicios”, causa LP Ac 49.439 S, del 31/08/1993 y “Ricart Eduardo Valentín c/ Madrid Jorge Daniel y otros s/ Daños y perjuicios”, causa LP C 120650 S, del 12/07/17). Hacemos nuestras estas reflexiones.- Traemos a colación lo decidido por este Alto Tribunal en “Bilbao” al inclinarse también por la tasa pasiva, a saber: “Si el interés previsto en el antiguo artículo 622 del Código Civil y actual 768 del Código Civil y Comercial de la Nación, tiende a resarcir al acreedor el daño patrimonial causado por la falta de cumplimiento oportuno de la obligación, necesariamente habrá que tenerse en cuenta cuál podría haber sido la inversión ordinaria al alcance del acreedor si hubiese recibido la acreencia en término.
Desde este ángulo es indudable que cualquier institución bancaria le hubiese abonado única y exclusivamente la tasa pasiva vigente al momento de la inversión o sus sucesivas renovaciones. La aplicación de otra tasa alteraría inexorablemente el fin propuesto alterando esa finalidad (cfr. SCBA, 'Ginossi Carlos c/ Asociación Mutual UTA s/ Despido', Causa L. 94446, del 21/10/2009 y 'Organtini, Liliana y otro c/ Hilal, Diego y otros s/ Daños y perjuicios', Causa L 105.756, del 29/06/2011, opinión del Juez Eduardo Julio Pettigiani, entre otras). Esto último ocurriría, a nuestro entender, por la aplicación de la tasa activa determinada en las instancias de grado. En tal sentido no debe perderse de vista que, al contrario de lo que ocurre con las tasas pasivas, las activas -que son aquellas que las entidades financieras cobran por los prestamos (sic) que otorgan-, tienen incorporado, además de lo que corresponde al precio del dinero, un plus constituido por el costo financiero propio de las entidades que se dedican a la intermediación de capitales el que obviamente no puede beneficiar a la acreedora, que no reviste el carácter de entidad financiera, en desmedro de la deudora.
Costo que, en nuestra economía, resulta desproporcionado por el sobredimensionamiento del sistema bancario y financiero (cfr. SCBA...'Jotafí Computación Interactiva S.A. c/ Municipalidad de Quilmes s/ Demanda contencioso administrativa', Causa B.58.903, del 18/06/2014, opinión del Juez Eduardo Julio Pettigiani). La activa, al no ser una tasa pura, lleva incluida en su monto una serie de 'escorias' (cfr. Molinario Alberto D., 'Del interés lucrativo contractual y cuestiones conexas', ED, Tomo 43, pág. 1155), como ser: el costo de captación o fondeo; el costo operativo y administrativo; el costo técnico (encaje); costo sistémico (expectativas del mercado); costo de morosidad (previsiones); costo impositivo; margen de beneficio (cfr.
Kabas de Martorell María E., 'Tratado de Derecho Bancario', Ed. Rubinzal-Culzoni, Tomo II, pág. 53), todo esto es lo que tiene el banco en cuenta para obtener la tasa activa. Es por ello que para rechazar su aplicación la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha entendido que esos componentes en nada se compadecen con los intereses que debe afrontar el incumplidor moroso (cfr. SCBA, 'Ginossi' cit.).” (cfr. Sentencia, Tomo XX, Reg. 669, Folio 3870/3879).- En síntesis, para el cálculo de intereses se aplicará una alícuota del seis por ciento (6%) anual desde el momento del hecho dañoso, 28 de febrero de 2009, hasta la fecha del dictado de la sentencia de Primera Instancia, 23 de octubre de 2015 (oportunidad tenida en cuenta para la valuación de los rubros indemnizatorios); de allí hasta el momento de su efectivo pago, se utilizará la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central de la República Argentina.-
XII. Que en cuanto al tema costas, estimo acertado el criterio sustentado por el Juez de Primera Instancia.-
Pues aunque es cierto que se demandó por un monto superior al que progresó la acción, ello no es óbice para condenar en costas a los vencidos (Sres. Luis Alberto Ilnao y La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A.). Es que, como ya ha dicho la jurisprudencia “...la noción de vencido debe ser apreciada de manera global, y no por meros resultados aritméticos de las pretensiones y sus respectivos resultados, y que no puede descuidarse la regla general, que es la reparación plena (Brunetti, María A. c. Ballester, Pablo y otro, 30/10/2002, entre muchos otros). En el caso, lo cierto es que, como la propia juez lo admite expresamente, los demandados fueron 'vencidos'. Que la demanda progrese por una suma menor no desmerece la condición de vencido.” (cfr. CNCiv, Sala H, “Ortiz Baeza Alfredo y Otro c/ Eppenstein Mariana y Otros s/ Cobro De Sumas De Dinero”, del 07/05/2021, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/ 32492/2021). Criterio que debe ser aplicado al sub lite y que ha sido propugnado por este Alto Cuerpo en la Sentencia registrada al Tomo XIV, Reg. 486, Folio 2646/2648.- Por lo expuesto, proponemos confirmar parcialmente lo decidido por la sentencia de Primera Instancia en cuando a la condena en costas (condena en costas a Luis Alberto Ilnao y La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A.); salvo lo relativo a las costas por la excepción de prescripción que prosperó respecto de la Sra. María Elizabeth Naguil que se deben imponer a la parte actora perdidosa, conforme se resolvió en la Alzada (cfr. fs. 291 vta./292).-
Aquí conviene recordar que al quedar firme la imposición de costas al actor perdidoso por la excepción de prescripción interpuesta por Sra. María Elizabeth Naguil (cfr. fs. 291 vta./292); pierde actualidad la impugnación formulada en este sentido por la tercera citada en garantía (cfr. foja 269 vta.).-
Asimismo se deben imponer las costas de la segunda instancia a La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A., por aplicación del principio objetivo de la derrota (cfr. art. 68 del CPC y C).-
XIII. Que conforme a los argumentos antedichos, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por los actores, a fs. 300/306 vta. y, en consecuencia, casar parcialmente la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 283/292, en los puntos 1°, 2° y 4° de la parte resolutiva. Rechazando las excepciones de falta de legitimación pasiva y prescripción opuesta por La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A., con costas en esta instancia a la misma por aplicación del principio objetivo de la derrota (cfr. art. 68 del CPC y C).- Asimismo, componer positivamente la litis, confirmar la Sentencia de Primera Instancia, salvo lo relativo a las costas por la excepción de prescripción interpuesta por la Sra. María Elizabeth Naguil, que quedan impuestas a la parte actora perdidosa (cfr. punto 3ro. del fallo de la Excma. Cámara de Apelaciones), y lo relativo al cálculo de los intereses sobre los rubros de condena, en los que se aplicará una tasa del seis por ciento (6%) anual desde el momento del hecho dañoso, 28 de febrero de 2009, hasta la fecha del dictado de la sentencia de Primera Instancia, 23 de octubre de 2015, y de allí hasta el momento de su efectivo pago, se utilizará la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central de la República Argentina.- Las costas de la segunda instancia y de ésta se imponen a La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. por aplicación del principio objetivo de la derrota (cfr. art. 68 del CPC y C), difiriéndose la regulación de honorarios del letrado interviniente hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP N° 689/1999) y sean regulados en las instancias anteriores.-
Por todo ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 300/306 vta., y en consecuencia, casar parcialmente la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 283/292, en los puntos 1°, 2° y 4° de la parte resolutiva.-
2. Rechazar las excepciones de falta de legitimación pasiva y prescripción opuesta por La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A.-
3. Componer positivamente la litis, confirmar la Sentencia de Primera Instancia, salvo lo relativo a las costas por la excepción de prescripción interpuesta por la Sra. María Elizabeth Naguil, que quedan impuestas a la parte actora perdidosa (cfr. punto 3ro. del fallo de la Excma. Cámara de Apelaciones), y lo relativo al cálculo de los intereses sobre los rubros de condena, en los que se aplicará una alícuota del seis por ciento (6%) anual desde el momento del hecho dañoso, 28 de febrero de 2009, hasta la fecha del dictado de la sentencia de Primera Instancia, 23 de octubre de 2015, y de allí hasta el momento de su efectivo pago, se utilizará la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central de la República Argentina.-
4. Imponer las costas de la segunda instancia y de ésta a La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. por aplicación del principio objetivo de la derrota.-
5. Diferir la regulación de honorarios del letrado interviniente hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP N° 689/1999) y sean regulados en las instancias anteriores.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidenta- Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-, Dr. Domingo Norberto Fernández –Vocal Subrogante-; Dr. Diego Mario Lerena –Vocal Subrogante-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1025S.211 Tomo: XXI Interlocutorio: 697 Folio N°: 4117/4136 Secretaría: 1
Fin de la sentencia