Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa G-2398/20-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte actora en PE219332-2021.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: G-2398/20-TSJ Interlocutorio N°: 459 Actor: GALLARDO DIEGO Demandada: CERRO VANGUARDIA S.A.
Objeto: LABORAL Fecha: 07-04-2022 Texto: TOMO IX -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº 459 FOLIO Nº 14733/1736 PROT. ELECT. TSS1 005 O.221
Río Gallegos, 07 de abril de 2022.-
Los presentes autos caratulados: “GALLARDO DIEGO C/ CERRO VANGUARDIA S.A. S/ LABORAL”, Expte. Nº G-10.661/10 (G-2398/20-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y,
I. Que, llegan los presentes autos a conocimiento de este Alto Cuerpo, en virtud del recurso extraordinario federal que articulara la parte actora en PE219332-2021 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra la resolución dictada por este Tribunal Superior de Justicia obrante en PE203732-2021 por cuanto declara mal concedido el recurso de casación que interpusiera a fs. 1045/1058.-
La parte actora funda el recurso interpuesto manifestando que: “…respecto al reclamo de horas extras jamás se plantea una cuestión fáctica relativa a su acreditación, está probado en autos que el actor laboraba 12 hs (sic) diarias y así lo reconoce el propio fallo de primera y segunda instancia. Que, se cuestiona la operatividad que se le da a un Convenio Colectivo de Trabajo violando el orden Público Laboral mediante una cláusula nula...Que, un mismo tribunal inferior ante una misma jornada de trabajo y un mismo demandado le reconoce a un supervisor horas extras y rechaza las del actor, estamos ante un claro caso de absurdo rayano con la arbitrariedad que omite el fallo en crisis.” (cfr. PE219332-2021).- Es que la pretensión de la actora de que se le reconozcan horas extras, chocó contra las previsiones contenidas en el convenio colectivo aplicable al régimen laboral del actor, el cual autorizaba a realizar jornadas de doce (12) horas compensadas con un sistema de licencias más amplio.
Así pues la controversia giraba en torno a la aplicabilidad del convenio colectivo en cuestión y por ello se declaró la inadmisibilidad de la casación, pues este Tribunal Superior de Justicia ha sostenido, en una invariada jurisprudencia, que todo lo relativo a la interpretación y aplicación de las Convenciones Colectivas de Trabajo no es materia de casación por ser una típica cuestión de hecho.- Contra esta premisa, manifiesta el recurrente: “Este Excmo. Tribunal como los demás Jueces de nuestra Provincia, en virtud de los arts. 31, 116 y 117 de la Constitución Nacional son sus custodios y no es una limitante de su accionar decidir la inaplicabilidad de un convenio colectivo que desprotege a los trabajadores de esta Provincia omitiendo su aplicación.” (cfr.
PE cit.). Asimismo, argumenta para sostener su recurso: “Que, claramente se trata de aplicar la norma correcta a una situación fáctica consentida por ambas partes (Jornadas de 12 horas de labor), por ello agravia el instrumento recurrido al fundamentar su rechazo en que se plantea una cuestión fáctica.” (cfr. PE cit.).- Concluye su planteo manifestando: “Que, también es proce-dente invocar el leading case 'Storani de Boianich' -Fallos 235:264-, pues en el pronuncia-miento atacado viola el derecho de defensa, o el derecho de propiedad, refleja un inadecuado servicio de administración de justicia, toda vez que no importa una adecuada correlación del derecho aplicable a las circunstancias fácticas emergentes del proceso…” (cfr.
PE cit.).-
Luego se ordena correr traslado a la parte contraria del recurso extraordinario, quien debidamente notificada, no contesta (cfr. PE161613-2021).-
Corrida la vista correspondiente al Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Tribunal, dicho funcionario dictamina, respecto del recurso impetrado, que: “No configura una correcta fundamentación del recurso extraordinario la aserción de determinada solución jurídica en tanto no esté razonada, constituya agravio concretamente referido a las circunstancias del juicio y contemple los términos del fallo en recurso, del cual deben rebatirse, mediante una prolija crítica, todos y cada uno de los argumentos en que se apoya y dan lugar a los agravios (Fallos 308:761, 2263 y 2421; 310:722; 311:499 y 2619) […] En síntesis, la cuestión federal que habilita un recurso extraordinario tiene que perfilarse como un aspecto central del debate judicial y no meramente accidental o lateral cuya solución sea indispensable para sentenciar en el proceso (Fallos 312:1494), por ello soy de opinión que V.E. debe declarar inadmisible el recurso impetrado.” (cfr. PE281608-2021).- En PE198913-2021 se ordena el pase de los presentes al Acuerdo.-
II. Analizando la presentación de la parte actora y tal como lo disponen los artículos 257 del CPCyC de la Nación, 14 y 15 de la ley Nº 48 y las Acordadas dictadas por la CSJN Nº 38/2011 y 4/2007 (modificada por la Acordada Nº 3/12), corresponde que este Alto Cuerpo verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad formales y sustanciales del recurso articulado.-
En ese orden, lo primero que se debe destacar es que el presente recurso se articuló ante este Tribunal Superior de Justicia, dentro del plazo procesal y por quien tiene capacidad para recurrir, por lo que, el recaudo exigido por el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se encuentra íntegramente cumplido.-
Ahora bien, continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia corresponde analizar el recurso deducido a la luz de lo dispuesto en la Acordada Nº 4/2007 teniendo en cuenta la modificación introducida al inciso d) del artículo 2º por su similar Nº 3/12.-
Que, en dicha tarea se evidencia que se han cumplimentado los requisitos del artículo primero y parcialmente los requisitos del artículo segundo de las reglas para la interposición del recurso extraordinario federal. En efecto, la presentación no supera las cuarenta (40) páginas de veintiséis (26) renglones cada una, ha sido escrita con letra claramente legible (art. 1 del Reglamento) y cuenta con una carátula, en hoja aparte, conteniendo las exigencias establecidas en el artículo 2º; incumpliendo los requisitos establecidos en los incisos b) y e) del citado artículo, esto es, la enunciación precisa de la carátula del expediente y la indicación del carácter en que interviene en el pleito su representado.- No obstante, dichos incumplimientos no serán tenidos como un impedimento que obstaculice la eventual admisión del recurso intentado -a fin de no incurrir en un exceso de rigor formal- atento lo señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos: “Arzúa, Horacio Ricardo Mario c/ Estado Nacional - Administración de Parques Nacionales res. 11/2000”, del 2 de marzo de 2011 ( Fallos 334:196).-
Por otra parte y analizando los recaudos exigidos por el artículo 3º de la Acordada 4/2007 y en particular por el inciso a), observamos que la resolución recurrida, tiene el carácter de sentencia definitiva en los términos que exigen el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la jurisprudencia del Máximo Tribunal elaborada en la materia, fue dictada por el Superior Tribunal de la Provincia y se agotaron las instancias revisoras locales.-
Con respecto a las restantes exigencias establecidas en el artículo 3º, el escrito recursivo logra poner de manifiesto las observancias de los requerimientos del inciso b). En efecto, la cuestión federal fue introducida oportunamente, en el escrito de inicio y luego mantenida en la siguiente instancia (cfr. fs. 872/884) y posteriormente en su libelo casatorio (cfr. fs. 1045/1058). Si bien podría señalarse que el recurrente ha omitido mencionar y detallar, en el libelo bajo análisis, las distintas oportunidades en que planteó la cuestión federal, lo cierto es que al revisar el expediente, fácil es constatar el cumplimiento del mencionado recaudo.- Con relación al requisito establecido en el artículo 3º, inciso c) de la Acordada Nº 4/2007, se observa que el recurrente no logra demostrar que el pronunciamiento impugnado le ocasiona un gravamen personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación, es decir, no acreditó la titularidad de un derecho subjetivo, que la concreción del agravio incluya lesión, alteración y amenaza cierta, que el agravio sea subsistente, y que no haya existido un sometimiento voluntario al régimen que se impugna (cfr. Gil Domínguez, Andrés: “Técnica Jurídica del Recurso Extraordinario y del Recurso de Queja”, Ed. Ediar, 2011, págs. 108/109) sino que se limitó a realizar un análisis de lo que, considera, debería haber resuelto este Alto Cuerpo.- Un capítulo aparte deberemos dedicar a la inobservancia de los artículos 3º, incisos d) y e) de la Acordada 4/2007 y 14 de la Ley Nº 48. Para la admisibilidad del recurso extraordinario se exige que se haya debatido en el pleito una cuestión federal (Fallos 148:60; 306:1740; 307:129).-
Seguidamente se procederá a su tratamiento a la luz de la doc-trina sentada por el Cimero Tribunal Nacional (cfr. autos: “Reynoso, Edgardo R. c/ Borzi, Celia T.”, publicado en E.D. 126-170 y 171) y por este Alto Cuerpo (cfr. Otros Recursos, Tomo I, Reg. 34, Folio 100/103, entre otros), en cuanto obliga a resolver circunstanciadamente, por el Tribunal Superior de Justicia de la causa, si el recurso cuenta, respecto de cada uno de los agravios que la originan, con fundamentación suficiente para dar sustento a la cuestión federal que se invoca.-
Así las cosas, la admisibilidad del recurso extraordinario requiere que el caso llevado a los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sea uno de los previstos en los tres incisos del artículo 14 de la Ley Nº 48. Es decir, la materia de dicha impugnación recursiva debe contener lo que se conoce como “cuestión federal”. Según la doctrina la cuestión federal es aquella que versa sobre la interpretación de normas o de actos federales de autoridades de la Nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales (cfr. Tribiño, Carlos R.: “El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema”, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, pág. 104).- La parte actora funda el presente recurso extraordinario en el artículo 14 de la Ley Nº 48 sin especificar en cual de sus incisos, y enumerando las normas, doctrina y jurisprudencia que considera vulneradas. En este sentido, es preciso aclarar que en este proceso no se resolvió en contra de la validez de una cláusula de la Constitución Nacional o de una ley del Congreso (cfr. inc. 1), no se declaró la validez de una Ley Provincial que fuese repugnante a la Constitución Nacional, Tratados o Leyes del Congreso (cfr. inc. 2) y tampoco se resolvió en contra de la validez de un título, derecho, privilegio o exención fundado en una cláusula de la Constitución Nacional, de un Tratado o Ley del Congreso (cfr. inc. 3), al contrario, en el fallo recurrido, se declaró mal concedido el recurso de casación interpuesto por el actor (cfr. PE203732-2021).- Por otra parte, es sabido que existe relación directa e inmediata cuando de la cuestión federal depende necesariamente, en todo o en parte, la decisión del litigio. Si, por el contrario, la causa puede ser resuelta por otros fundamentos, si no es indispensable pronunciarse sobre aquella para decidir el pleito, falta relación directa (cfr. aut. y ob. cit., pág. 116).-
A la luz de la doctrina citada, podemos advertir que en este proceso no existe una relación directa con la cuestión federal invocada, ya que, el litigio se resolvió en base a normas provinciales y de derecho común por tratarse de típicas cuestiones de hecho y prueba respecto de la extensión de la jornada laboral y la aplicación de un convenio colectivo de trabajo, en relación al cual se cuestiona la interpretación realizada por el Tribunal de Alzada.-
Dicho en otras palabras, la materia en discusión no es una cuestión federal que habilite la instancia extraordinaria en los términos del artículo 14 de la Ley Nº 48. Es decir, los asuntos traídos a juzgamiento de este Tribunal Superior de Justicia atañen exclusivamente al orden local, como son los temas de índole procesal (cfr. arts. 75 inc. 12 y 121 de la CN), de modo que se agotan en el ámbito de la jurisdicción provincial, sin posibilidad de ser revisados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya competencia apelada ha sido creada en resguardo exclusivo de las instituciones nacionales, las que en el caso no se encuentran comprometidas.- Cabe destacar que la alegada violación de garantías y derechos que provienen de manera directa de la Constitución Nacional, constituye una mera enunciación de principios y normas constitucionales supuestamente vulnerados que no logra demostrar la configuración de la cuestión federal o la excepcional arbitrariedad en el caso. De admitirse tal argumento, toda pretensión con fundamento constitucional constituiría cuestión federal y sería, por ende, objeto de recurso extra-ordinario, quedando la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional.- En mérito de ello -la inexistencia de cuestión federal- es que no se ha podido dar cumplimiento al requisito del artículo 3º, incisos d) y e) de la Acordada 4/2007, tal como se ha expresado precedentemente.-
III. Asimismo, el recurrente insiste en plantear su recurso en torno a una de las causales a través de la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ingresado en algunas ocasiones a tratar recursos extraordinarios que versaban sobre cuestiones de derecho común: la arbitrariedad. Respecto de este carril por el que intenta encauzar su recurso, debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, el reexamen de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la “sentencia fundada en ley” a que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Constitución Federal (Fallos 325:3265).- En autos, la presentación denota la ausencia de debida funda-mentación, toda vez que el presentante realiza un análisis y trascripción de lo resuelto oportunamente por este Tribunal Superior de Justicia, sin lograr una argumentación crítica capaz de revertir la decisión lograda. Ello, por cuanto el verdadero agravio de el recurrente es el criterio adoptado por este Alto Cuerpo, quedando en claro que su pretensión es, entonces, que se sustituya éste por una interpretación más favorable a sus intereses.-
En efecto, este Alto Cuerpo ha dado las razones jurídicas derivadas de la solución normativa aplicable que fundamentan la decisión adversa a su postura. Contrariamente a lo que sostiene el recurrente, en la resolución se efectuó un adecuado tratamiento de las cuestiones propuestas que satisface lo exigido a los pronunciamientos judiciales, pues cuenta con fundamentación suficiente y constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, todo lo cual descarta el vicio que se le atribuye (Fallos 313:559, 315:2969, 316:2718, 319:103 y 321:1909).- La Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de sentencias arbitrarias ha establecido reiteradamente que ella no tiene por objeto la corrección en tercera instancia de decisiones que a criterio de los recurrentes se estimen equivocadas (Fallos 245:327), sino que, por el contrario, está dirigida a la revisión de los pronunciamientos en los que se advierta la inexistencia de las calidades mínimas para que el acto impugnado constituya una sentencia judicial (Fallos 237:74).-
En este sentido, también debemos señalar que la doctrina juris-prudencial elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de recurso extraordinario federal, ha establecido reiteradamente que dicho remedio resulta improcedente si los argumentos desarrollados en el decisorio que se impugna no han sido rebatidos en términos que satisfagan el requisito de “fundamentación autónoma” a que se refiere el artículo 15 de la Ley Nº 48 pues, según esta exigencia, la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo, de modo que el apelante debe rebatir los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian (Fallos 308:761 y 2421; 310:722; 311:499). No configura una correcta fundamentación del recurso extraordinario la aserción de determinada solución jurídica en tanto no esté razonada -constituya agravio concretamente referido a las circunstancias del juicio- y contemple los términos del fallo en recurso.- Corresponde concluir entonces que los agravios esgrimidos resultan inhábiles para alcanzar la apertura del remedio federal, toda vez que se sosla-yan en definitiva los argumentos del resolutorio, poniendo al descubierto la mera dis-conformidad con la solución dada a la causa, extremos que en modo alguno viabilizan la admisibilidad del remedio intentado.-
Por ello y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte actora en PE219332-2021.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso y en razón de encontrarse vacante un cargo de vocal (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente; Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal; Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-; Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-;
Secretaria: Dra. Aria Florencia González Protocolización: TSS1005O.221 Tomo: IX Interlocutorio: 459 Folio N°: 1733/1736 Secretaría: 1
Fin de la sentencia