Abriendo la norma
Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 3 de General Rodríguez · Causa MG-1448-2022
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la demanda instaurada por Lidia Aide Gallardo contra Azul S.A. de Transporte Automotor y la citada en garantía Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros;
2Imponer las costas a la parte actora vencida (art. 68 del CPCC); y
3Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad de encontrarse firme la sentencia (art. 23 de la ley 14.967).
General Rodríguez, en la fecha de su firma digital. MM
V I S T O S : Estos autos caratulados "GALLARDO LIDIA AIDE C/ AZUL SA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/ LES. O MUERTE (EXC. ESTADO)", expediente MG-1448-2022 , en trámite ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 3, a mi cargo, venidos a despacho en estado de dictar sentencia y de cuyas constancias;
I. Con fecha 6 de noviembre de 2023, se presentó Lidia Aide Gallardo, por derecho propio, con el patrocinio letrado del Dr. Pablo Alejandro Hormaeche Schoenfeld (T° I, F° 492, CAMGR), y promovió demanda por daños y perjuicios contra Azul S.A. de Transporte Automotor, su compañía aseguradora y el conductor del colectivo interno 4308, reclamando la suma de $18.460.000, o lo que en más o en menos resultara de la prueba a producirse, con más actualización monetaria, intereses y costas.
Asimismo, solicitó la citación en garantía de Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros, en los términos del artículo 118 de la ley 17.418.
Relató que el día 6 de octubre de 2021, aproximadamente a las 7:15 horas, viajaba como pasajera, de pie, en un colectivo perteneciente a la empresa demandada, interno 4308, que circulaba en dirección hacia San Miguel.
Manifestó que, al llegar a la intersección de la avenida Libertador e Isabel la Católica, el conductor frenó bruscamente, provocando que perdiera el equilibrio y golpeara su brazo y distintas partes del cuerpo contra una de las barandas de hierro del vehículo.
Expuso que, luego del episodio, el propio conductor, a quien identificó con el nombre de Marcelo, la trasladó al Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde recibió atención médica, se le realizaron estudios radiográficos y se le suministraron calmantes.
Señaló que, ante la persistencia de los dolores, concurrió a la Clínica Mariano Moreno, donde recibió nueva atención médica, y que el 14 de octubre de 2021 fue examinada por una profesional de traumatología, quien le indicó nuevos estudios e inmovilizaron el brazo izquierdo al diagnosticarle una fractura.
Agregó que posteriormente concurrió a la Clínica AMIT, donde continuó recibiendo atención médica, y que el 28 de octubre de 2021 se realizó una resonancia magnética.
Sostuvo que, como consecuencia del accidente, sufrió una fractura de la cúpula radial izquierda y traumatismo cervical, con dolores persistentes y limitaciones funcionales. Indicó que el Dr. Luciano Pablo Biasutti había estimado una incapacidad física del 25%.
Manifestó que, al momento del hecho, explotaba un kiosco junto con su conviviente, Roque Jacinto Flores, y que las lesiones le impidieron continuar desarrollando normalmente dicha actividad, debiendo recurrir a la colaboración remunerada de sus hijas, Mariana Belén Flores y Micaela Soledad Flores.
Atribuyó la responsabilidad del accidente al conductor y a la empresa transportista, invocando las disposiciones del Código Civil y Comercial relativas a la responsabilidad civil, el riesgo de las cosas y la responsabilidad por el hecho de los dependientes.
Reclamó indemnización por incapacidad física, incapacidad psíquica, incapacidad sobreviniente, lucro cesante actual y futuro, gastos terapéuticos, gastos médicos y farmacéuticos y daño moral.
Por incapacidad física solicitó $10.000.000; por incapacidad psíquica, $1.000.000; por lucro cesante actual y futuro, $5.760.000; por gastos terapéuticos, $500.000; y por gastos médicos y farmacéuticos, $200.000. Asimismo, desarrolló los reclamos por incapacidad sobreviniente y daño moral.
Practicó liquidación por la suma total de $18.460.000, aclarando que accionaba por lo que en más o en menos correspondiera conforme a las probanzas de autos.
Manifestó que, con motivo del hecho, se habían iniciado actuaciones penales ante la Unidad Fiscal de Instrucción N° 7 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, identificadas como IPP N° 19-00-023173-21/00.
Fundó en derecho, citó doctrina y jurisprudencia, ofreció prueba documental, confesional, testimonial, pericial e informativa, y solicitó que oportunamente se hiciera lugar a la demanda, con intereses y costas.
II. En proveído de fecha 14 de noviembre de 2023, se tuvo a Lidia Aide Gallardo por presentada y parte, se tuvo por cumplida la etapa de mediación prejudicial y se dispuso que las actuaciones tramitaran según las normas del proceso sumario, en el marco del Proyecto de Implementación de la Oralidad en Procesos de Conocimiento.
Se ordenó correr traslado de la demanda y citar en garantía a la aseguradora denunciada.
III. En presentación de fecha 27 de julio de 2024, compareció Azul Sociedad Anónima del Transporte Automotor, por intermedio de su letrada apoderada, Dra. Mariana Paula Otero (T° X, F° 223, CAM).
Contestó la demanda, solicitando su rechazo, con costas.
Negó los hechos invocados por la actora, la ocurrencia del accidente, la existencia de las lesiones y la relación causal entre estas y el supuesto episodio.
Reconoció que la empresa se dedicaba al transporte público de pasajeros y que su flota contaba con cobertura de responsabilidad civil contratada con Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros.
Manifestó que no tenía constancia ni denuncia del accidente alegado.
Cuestionó la procedencia y cuantificación de los rubros indemnizatorios reclamados. En particular, negó la existencia de incapacidad física y psíquica atribuible al hecho, cuestionó la procedencia del daño moral y de los gastos médicos, farmacéuticos y terapéuticos, y desconoció que la actora hubiera debido abandonar la atención de su comercio o contratar a sus hijas para reemplazarla.
Ofreció prueba documental, confesional, informativa y pericial médica, formuló reserva del caso federal y solicitó el rechazo de la acción, con costas.
IV. En presentación de fecha 29 de julio de 2024, compareció Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Fernando Darío Venanzi (T° XV, F° 842, CAM), y contestó la citación en garantía, solicitando el rechazo de la demanda, con costas.
Reconoció la existencia de la póliza de seguro N° 161189, que amparaba al vehículo dominio AE-159-XU durante el período comprendido entre el 10 de septiembre y el 10 de octubre de 2021, e invocó un descubierto obligatorio de $300.000 a cargo de la asegurada.
Negó la ocurrencia del accidente, su mecánica, la condición de pasajera de la actora y la relación causal entre el hecho denunciado y los daños reclamados.
Sostuvo que no existía denuncia del siniestro ante la aseguradora y cuestionó la documentación médica acompañada, así como la suficiencia de los elementos aportados para acreditar que el accidente hubiera ocurrido en una unidad de la empresa demandada.
Impugnó los rubros indemnizatorios y sus montos, cuestionó las incapacidades alegadas y solicitó que, en caso de corresponder una condena, se consideraran las prestaciones eventualmente recibidas de una aseguradora de riesgos del trabajo o de la obra social de la actora.
Acusó la presencia de pluspetición inexcusable.
Ofreció prueba documental, confesional, informativa y pericial médica y psicológica. Acompañó la póliza de seguro y formuló reserva del caso federal.
V. En proveído de fecha 1 de agosto de 2024, se tuvo por presentadas a la demandada y a la citada en garantía, por contestada la demanda y la citación en garantía, y se ordenó el traslado de la documentación acompañada.
Asimismo, se intimó a la parte actora a informar si al momento del accidente se encontraba en relación de dependencia, si contaba con cobertura de una aseguradora de riesgos del trabajo y si había percibido prestaciones o indemnizaciones, así como a denunciar su cobertura de salud.
VI. En presentación de fecha 5 de agosto de 2024, la parte actora contestó el traslado conferido. Desconoció la documentación, con excepción de la póliza de seguro, respecto de la cual reconoció la existencia de cobertura y cuestionó la oponibilidad de las cláusulas limitativas de responsabilidad.
Asimismo, manifestó que no se desempeñaba en relación de dependencia y que no contaba con cobertura de una aseguradora de riesgos del trabajo.
VII. En proveído de fecha 2 de septiembre de 2024, se tuvo por contestado el traslado conferido a la parte actora y por cumplida la intimación oportunamente dispuesta.
VIII. En presentación de fecha 12 de septiembre de 2024, la parte actora desistió de la acción respecto de los demandados genéricos.
En proveído de fecha 17 de septiembre de 2024, se tuvo presente dicho desistimiento, se recibió la causa a prueba y se fijó audiencia preliminar.
IX. Con fecha 14 de noviembre de 2024, se celebró la audiencia preliminar de prueba, en el marco del Proyecto de Implementación de la Oralidad, mediante la plataforma Microsoft Teams, con la comparecencia de las partes y sus letrados.
En dicha oportunidad, se determinaron las cuestiones controvertidas, se proveyó la prueba y se fijó fecha para la audiencia de vista de causa.
X. Con fecha 24 de abril de 2025, se celebró la audiencia de vista de causa, con la comparecencia de la parte actora, Lidia Aide Gallardo, asistida por su letrada patrocinante, Dra. Laura Cristina Tripodi (T° II, F° 173, CAMGR); de la demandada Azul S.A. de Transporte Automotor, por intermedio de su letrada apoderada, Dra. Mariana Paula Otero (T° X, F° 223, CAM); y de la citada en garantía Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Fernando Darío Venanzi (T° XV, F° 842, CAM). En dicha oportunidad, prestaron declaración testimonial Laura Noemí González, Luis Alberto Fernández, Mónica Graciela Alderete y Luciano Pablo Biasutti. Seguidamente, la Actuaria certificó la prueba producida. Se dio por concluido el período probatorio, y se difirió el llamamiento de autos para sentencia, en atención a la prueba pericial médica pendiente de producción.
XI. En presentación de fecha 17 de mayo de 2025, el perito médico Dr. Guillermo Federico Naveiro acompañó su dictamen pericial.
En proveído de fecha 23 de mayo de 2025, se tuvo por presentado el dictamen y se ordenó correr traslado a las partes por el plazo de cinco días.
XII. En presentación de fecha 9 de junio de 2025, la citada en garantía impugnó la pericia médica y psicológica y solicitó explicaciones y ampliación del dictamen.
En proveído de fecha 13 de junio de 2025, se dispuso que no correspondía considerar dicho planteo, por haber sido presentado una vez vencido el plazo conferido para contestar el traslado de la pericia.
XIII. En proveído firmado el 5 de septiembre de 2025, se dispuso el pase de los autos para dictar sentencia.
En resolución de fecha 23 de septiembre de 2025, se dejó sin efecto el llamado a sentencia y se ordenó, como medida para mejor proveer, requerir a la Unidad Fiscal de Instrucción N° 7 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez copia de la totalidad de las actuaciones correspondientes a la IPP N° 19-00-023173-21/00, iniciada con motivo del hecho denunciado por la actora.
XIV. En presentación de fecha 18 de febrero de 2026, la demandada acusó la caducidad de la instancia, solicitando que se intimara a la parte actora a manifestar su intención de continuar con el proceso y producir actividad procesal útil, bajo apercibimiento de ley.
En proveído de fecha 23 de febrero de 2026, se dispuso la intimación solicitada.
XV. En presentación de fecha 24 de febrero de 2026, la parte actora contestó la intimación, se opuso a la caducidad de instancia y solicitó que se reiterara el requerimiento de las actuaciones penales.
En proveído de fecha 6 de marzo de 2026, se tuvo por contestada la intimación y se llamaron autos para resolver.
XVI. En resolución de fecha 6 de abril de 2026, se rechazó el planteo de caducidad de instancia formulado por la demandada, con costas a su cargo, y se dispuso reiterar el requerimiento de la causa penal.
XVII. Con fecha 6 de agosto de 2026, la Actuaria informó que, luego de comunicarse con personal de la Unidad Fiscal de Instrucción N° 7, había recibido por vía electrónica copia de las actuaciones correspondientes a la IPP N° 19-00-023173-21/00, que adjuntó a su informe.
XVIII. En presentación de fecha 19 de agosto de 2026, la parte actora solicitó el dictado de sentencia.
XIX. En presentación de fecha 24 de agosto de 2026, la actora compareció con el patrocinio letrado del Dr. Raúl Alejandro Rojas (T° IV, F° 56, CAMGR).
XX. Finalmente, en proveído de fecha 11 de septiembre de 2026, se dispuso el pase de los autos para dictar sentencia, se tuvo presente el nuevo patrocinio letrado y se tuvieron por acreditados los pagos del bono ley 8480 y del anticipo previsional decisión que al haber sido consentida a partir del 23/09/2026 luego de las 4 primeras horas, deja convalidada cualquier posible deficiencia procesal anterior a dicha etapa, y, por ende, cerrado el debate para los litigantes (arg. art. 482 del C.P.C.C.).
1. La controversia del sub examine radica en la ocurrencia del accidente que la señora Lidia Aide Gallardo afirma haber sufrido el día 6 de octubre de 2021, aproximadamente a las 7:15 horas, a bordo de una unidad de transporte de pasajeros perteneciente a Azul S.A. de Transporte Automotor, y en los daños que atribuye a ese episodio.
2. En función del planteo realizado en la demanda, para referenciar el plexo normativo que rige el caso, mencionaré que el artículo 1288 del Código Civil y Comercial establece que el contrato de transporte de personas comprende, además del traslado, las operaciones de embarco y desembarco.
Se destaca que una de las obligaciones esenciales del transportista, respecto del pasajero, resulta ser la de garantizar su seguridad (art. 1289 inc. c del CCyC).
Debe subrayarse que el artículo 1291 del mismo código dispone que, "(a)demás de su responsabilidad por incumplimiento del contrato o retraso en su ejecución, el transportista responde por los siniestros que afecten a la persona del pasajero y por la avería o pérdida de sus cosas".
Y se prevé que " la responsabilidad del transportista por daño a las personas transportadas está sujeta a lo dispuesto en los artículos 1757 y siguientes " (art. 1286 del CCyC).
De tal modo, la responsabilidad deviene objetiva por aplicación de estas normas que establecen la garantía de seguridad para el transportado, siendo nulas las eventuales cláusulas limitativas de responsabilidad (arts. 1291 y 1292 del CCyC).
Es en ese marco, y dentro de la órbita de la Ley 24.240, que abordaré el litigio.
Es que, el carácter de pasajeros de los accionantes es alegado en la demanda. Así las cosas, resulta aplicable la ley 24.240, ya que la relación establecida según el encuadre propuesto en la demanda es de consumo, asumiendo la actora el carácter de consumidora, en tanto el demandado la condición de proveedor (cfm. arts. 2 y 3 de la ley 24.240).
La Corte Suprema de Justicia Nacional ha tenido la oportunidad de señalar, en cuanto a la responsabilidad del transportista frente al pasajero por los daños que este último sufra durante el transporte oneroso, que " tiene su razón de ser en el deber de seguridad que el contrato impone al transportador, en virtud del cual debe trasladar o conducir a la persona transportada sana y salva al lugar convenido (Fallos 329:2088) y que la interpretación de la extensión de este deber tiene que ser efectuada a la luz del derecho a la seguridad de los consumidores y usuarios previsto en el artículo 42 de la Constitución Nacional (Fallos 335:527). Además . los prestadores de servicios públicos de transporte deben cuidar la vida y la salud de los pasajeros que confían en que aquellos se han ocupado razonablemente de su seguridad, por lo que no puede exigirse a los consumidores que se comporten como contratantes expertos que exijan pruebas e información antes de usar el servicio (Fallos 331:819, considerandos 6° y 7°) Allí..los prestadores deben cumplir con sus obligaciones de buena fe, lo que demanda proteger las expectativas razonables generadas en los consumidores " (CSJN, "Pagano, Roberto E. c. Austral Líneas Aéreas SA y/o Cielos del Sur SA y/o Aerolíneas Argentinas SA s/ sumario", sentencia del 11/09/2018, AR/JUR/47120/2018). Si bien la valoración corresponde a un caso analizado en los términos del artículo 184 del Código de Comercio derogado, cabe su mención ante la carencia de divergencias sustanciales con el régimen actual.
En esta dirección, existe en cabeza del transportista una obligación de seguridad de resultado, consistente en garantizar que el pasajero no sufra daños con motivo o en ocasión del transporte. Dado que el objeto de esa obligación finca, precisamente, en una garantía de indemnidad, su incumplimiento se produce por la simple existencia del daño en el marco de la relación de consumo, sin necesidad de otra prueba adicional, y pone en cabeza del deudor la prueba de la extinción de la obligación por imposibilidad de cumplimiento (cfm. CNCiv, SalaA, Z., L. A. c. UGOFE. SA y otro s/ daños y perjuicios, sentencia del 04/07/2018, AR/JUR/36928/2018).
De acuerdo al marco referenciado resalto que corresponde a la accionante arribar al proceso elementos probatorios que demuestren la ocurrencia del hecho y los daños, produciéndose a partir de ello, la natural inversión de la carga de la prueba (art. 1286 del CCYC).
Corolario del andamiaje jurídico descrito es que, ante la falta de prueba del caso fortuito o del hecho de la víctima o de un tercero por quien no deba responder, la empresa transportista será responsable por los daños ocasionados.
3. Sentado ello, he de subrayar que la normativa consumeril no desplaza la carga de la prueba que pesa sobre quien alega un hecho (Cfr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala J, G. B. O. D. c/ M. N. E. H y otro s/ daños y perjuicios, sentencia del 23/08/2021).
En dicha inteligencia, adelanto que el rechazo de la demanda se impone.
En efecto, la accionante no probó el hecho alegado, esto es, que haya sufrido un accidente a bordo del vehículo de transporte de la línea 203, interno 4308, de la empresa Azul S.A. de Transporte Automotor, el día 6 de octubre de 2021, aproximadamente a las 7:15 horas, producto de una frenada imprevista y brusca.
Y lo que define la solución del juicio es la prueba y no los relatos unilaterales de las partes.
Recuérdese que la parte actora afirmó en su demanda la ocurrencia de un hecho -y determinados daños como consecuencia-, mientras que la citada en garantía, Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros, y la empresa demandada, Azul S.A. de Transporte Automotor, a sus respectivos turnos, lo negaron, sin que la parte actora haya brindado probanzas conducentes para sostener su posición.
4. En primer lugar, ninguno de los testigos que declararon en autos presenció el accidente denunciado.
Sus manifestaciones, por tanto, no permiten acreditar de manera directa la frenada, la caída ni el golpe que la accionante atribuye a la unidad de transporte.
Tampoco se ha corroborado que el conductor del colectivo hubiera trasladado a la actora al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, como ésta sostuvo.
La demandada y la citada en garantía manifestaron, asimismo, no contar con denuncia del siniestro; no se ha incorporado constancia proveniente de ellas que permita corroborar su ocurrencia.
En cuanto a la tarjeta SUBE, el historial acompañado por la actora con su demanda fue desconocido por la contraparte, y no se advierte corroborado mediante la prueba informativa respectiva (ver respuesta en trámite del 16.4.2024).
En lo que respecta a las actuaciones penales incorporadas como medida para mejor proveer, correspondientes a la IPP N° 19-00-023173-21/00, surge que la actora formuló denuncia el 9 de octubre de 2021, es decir tres días después del episodio que afirmó haber sufrido. La denuncia reproduce, en lo sustancial, su propia versión de lo ocurrido; no se advierten en las actuaciones remitidas declaraciones de pasajeros que hubieran presenciado el hecho, declaración del conductor ni otras diligencias de comprobación que corroboren el suceso acusado.
Mediante resolución del 18 de octubre de 2021, el Ministerio Público Fiscal desestimó la investigación en los términos del art. 290, segundo párrafo, del Código Procesal Penal provincial, por no surgir elementos para configurar un delito.
Por su parte, la prueba informativa médica comprende la respuesta de la Clínica AMIT recibida el 12 de julio de 2024; las presentaciones de la Clínica Mariano Moreno de los días 18 y 29 de julio de 2024; y la contestación del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, mediante informe fechado el 13 de agosto de 2024, recibido el 23 de agosto de 2024.
Las constancias asistenciales permiten valorar las atenciones y antecedentes médicos que registran, pero no demuestran, por sí mismas, que las dolencias se hayan originado en una caída dentro de un colectivo de la demandada. En particular, los antecedentes examinados no permiten establecer con certeza, mediante una comprobación médica independiente de la narración de la paciente, que la fractura invocada se hubiera producido en el episodio denunciado.
No obstante la responsabilidad objetiva aludida y la innecesariedad, en principio, de que la víctima acredite la mecánica exacta del hecho, lo cierto es que no se ha demostrado en autos que la actora haya tenido un accidente dentro del colectivo indicado.
La eventual acreditación de un viaje, de atenciones médicas o de dolencias no equivale, sin más, a la demostración de la caída denunciada durante el transporte.
La orfandad probatoria sella la suerte adversa del reclamo y, por ende, de la acción indemnizatoria (arts. 375 y 384 del CPCC).
5. Para concluir, ante el desconocimiento del hecho por parte de la demandada y de la citada en garantía, las pruebas ofrecidas y producidas, valoradas integralmente, no permiten tener por acreditado el accidente dentro del vehículo de la demandada.
En consecuencia, al no haber probado los extremos de su demanda (art. 375 del CPCC), la parte actora deberá soportar las consecuencias de omitir ese imperativo en el propio interés (cfr. SCBA Ac. 45.068, sentencia del 13 de agosto de 1.991 en "Acuerdos y Sentencias", 1.991-II-774; entre otros).
Es que, el dilema de la carga de la prueba se presenta al juez en oportunidad de pronunciar sentencia, cuando la prueba es insuficiente e incompleta a consecuencia de la frustración de la actividad procesal de las partes. Tratándose de una cuestión de hecho, si se ha producido prueba en el juicio, el juez la evaluará de conformidad con los principios generales. De existir insuficiencia o ausencia de prueba respecto de los hechos esenciales y contradictorios de la causa, apelará a los principios que ordenan la carga de la prueba. El juez, aun así, debe llegar a toda costa a una certeza oficial; porque lo que decide un pleito es la prueba y no las simples manifestaciones unilaterales de las partes, no se atiende tanto al carácter de actor o demandado, sino a la naturaleza y categoría de los hechos según sea la función que desempeñen respecto de la pretensión o de la defensa. Normalmente, los primeros serán de responsabilidad del actor, y los segundos, a cargo del accionado. En síntesis, si la actora, en su caso no prueba los hechos que forman el presupuesto de su derecho, pierde el pleito (cfm. CC0002 LM 590 RSD-22-4 S 27/07/2004, Leguizamón, Jorge Omar y otros c/Presa, Daniel y otros s/Daños y perjuicios).
Todo, destacando que por natural derivación del principio de adquisición procesal, al juez le es indiferente establecer a cuál de los litigantes correspondía probar, siempre que los hechos esenciales de la causa queden probados. Contrariamente, ante la insuficiencia o ausencia de evidencias es necesario recurrir a los principios que ordenan la carga de la prueba y fallar responsabilizando a la parte que, debiendo justificar sus afirmaciones, no llegó a formar la convicción judicial acerca de los hechos controvertidos (art. 375 Cód. Proc., CC0001 LZ 61818 RSD-76-6 S 18/04/2006, "Fornes de Panizzi, Leonor c/Sosa, Víctor Daniel s/Reivindicación".
6. Teniendo en cuenta los términos en que se decide la sentencia, corresponde imponer las costas a la parte actora vencida (art. 68 del CPCC).
En esas condiciones, dicto la siguiente
S E N T E N C I A : 1°) Rechazar la demanda instaurada por Lidia Aide Gallardo contra Azul S.A. de Transporte Automotor y la citada en garantía Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros; 2°) Imponer las costas a la parte actora vencida (art. 68 del CPCC); y 3°) Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad de encontrarse firme la sentencia (art. 23 de la ley 14.967).
REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE de modo automático partes y al Ministerio Público -art. 27 ley 13133- (Ac. 4013/21 -t.o. Ac. 4039/21-, de la SCBA). Oportunamente, archívese.
LEANDRO NAHUEL JOANDET JUEZ
Firmas
Funcionario firmante: JOANDET Leandro Nahuel - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 754-2026
Fin de la sentencia