Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la sentencia apelada;
2Hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta y declarar la inconstitucionalidad del art. 1 de la Ley 27.609.
3Ordenar la aplicación para el periodo enero de 2021 hasta junio de 2024 inclusive, la fórmula de movilidad establecida por la Ley 27.426 (70% IPC- 30% RIPTE);
4Declarar la inconstitucionalidad del art. 9 inciso; 3) de la Ley 24.463 en el supuesto que en la etapa de liquidación de la sentencia se acredita que la aplicación de los topes sobre el haber previsional de la actora genera una quita igual o superior al 15%;
5Disponer que las sumas resultantes del presente pronunciamiento, se abonen dentro del plazo establecido por el art. 22 de la ley 24.463;
6Hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la demandada en los términos del art. 82 de la ley 18.037;
7Diferir la regulación de los honorarios correspondientes a la actuación por ante la primera instancia conforme lo señalado ut supra;
8Aplicar la Tasa Pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina;
9Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (art. 36 Ley 27.423);
10Regular los honorarios a favor de la representación letrada de la parte actora por su actuación ante la Alzada en el 30% de lo que se fije por su actuación en la instancia anterior (art. 30 primer párrafo Ley 27.423) y 11) Devolver las actuaciones al Juzgado de origen a sus efectos.
Sentencia Definitiva 24798 / 2024 GALLETTA CARMEN c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS Ciudad Autónoma de Buenos Aires Reunida la Sala II de la Excma Cámara Federal de la Seguridad Social a los fines del dictado de la presente sentencia, se procede a votar en el siguiente orden:
EL DR. JUAN ALBERTO FANTINI ALBARENQUE DIJO:
I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de esta Sala en virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación letrada de la parte actora contra la sentencia definitiva de grado que rechazó la pretensión tendiente a obtener la declaración de inconstitucionalidad de los regímenes de movilidad aplicados al haber previsional de la accionante y, el cual fuera previamente redeterminado por fallo judicial.
II. La parte actora se agravia de lo decidido en la instancia de grado, efectúa un embate constitucional contra la ley 27.541 y los decretos dictados en su consecuencia. Peticiona la inconstitucionalidad de la ley 27.609. Funda su recurso, invocando una severa pérdida del poder adquisitivo de su haber previsional frente al IPC Entiende que la norma cuestionada al excluir los índices inflacionarios termina por apartarse de la garantía consagrada en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, todo lo cual impone examinar la razonabilidad del referido mecanismo frente al perjuicio patrimonial alegado en autos. Además solicita la declaración de inconstitucionalidad del art. 9 inciso 3) de la Ley 24.463.
III. De forma preliminar, corresponde dejar establecido a los fines del dictado de la presente sentencia que la fecha de adquisición del beneficio que se pretende reajustar por movilidad es el 10/6/2010, en vigencia de la Ley 24.241, to Ley 26.417.
Asimismo, y como se ha destacado anteriormente, la accionante ha obtenido sentencia previa de reajuste de haberes dictada por el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social nro. 4 en fecha 16 de octubre de 2014 en autos: "GALLETTA CARMEN c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS" Expte. N° 60259/2012 . Asimismo, el citado fallo ha tenido ejecución aprobada el 6/8/2019.
IV. En relación con el planteo efectuado en referencia al Art. 55 de la ley 27.541, esta sala se ha pronunciado en los expedientes: “Torelli Ana María C/ ANSeS S/ Reajustes Varios”, Expte. Nº 13281/2021, Sentencia fecha 18/09/2023 , “Rojas Roberto Oscar C/ ANSeS S/ Reajustes Varios”, Expte. Nº 10738/2021, Sentencia fecha 18/09/2023 y “Carabajal Nélida Ester C/ ANSeS S/ fecha 18/09/2023 reajustes varios”, Expte. Nº 12970/2021, Sentencia , cuyos fundamentos corresponden hacerlos extensivos a las presentes en virtud del principio de economía y celeridad procesal, y rechazar la pretensión de inconstitucionalidad planteada al respecto.
Sin perjuicio de la remisión efectuada en el párrafo anterior, en el análisis subsiguiente, reexaminaré los alcances de los precedentes invocados y abordaré también especialmente la intertemporalidad consecuente de la ley 27.426 con la Ley 27.609, cuya inconstitucionalidad se persigue en estas actuaciones.
V. Ahora bien, debemos adentrarnos a resolver los agravios expresados por la parte actora, en relación con el rechazo del pedido de declaración de inconstitucionalidad del art. 1 de la ley 27.609, y consecuente desestimación de la pauta de movilidad reclamada mediante la aplicación del índice IPC para el período que va de marzo de 2021 a marzo de 2024.
1.¿RESULTA NOVEDOSO EL PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD A RESOLVER?
Para dictar pronunciamiento y abordar el planteo de inconstitucionalidad impetrado respecto del art. 1° de la Ley N° 27.609, corresponde señalar preliminarmente que dicha cuestión ya ha sido extensa y meticulosamente examinada por diversas Cámaras Federales del país, las cuales se han pronunciado por sus fundamentos de manera favorable respecto de la invalidez constitucional de la norma aquí cuestionada.
Entre tales antecedentes jurisprudenciales, cabe destacar las decisiones adoptadas en los autos: “Cortés, Leonardo Evaristo c/ ANSES s/ reajustes varios” (Cámara Federal de Mendoza, 04/11/2024) ; “Giménez, Mirta Noemí c/ ANSES s/ reajustes varios” (Cámara Federal de Mar del Plata, 25/04/2025) ; “Palavecino, José Ruben c/ ANSES s/ reajustes varios” (Cámara Federal de Salta, 05/05/2025) ; “Navarro, Amalia Cristina c/ ANSES s/ reajustes varios” (Camara Federal de Tucuman 23/06/2025), y “Marsili Rodolfo Omar c/ Anses s/ Reajuste de haberes” FBB 13583/2022 (Camara Federal de Bahia Blanca) “entre otros. Asimismo, el pasado 05 de noviembre del corriente año, la Sala III de esta Excma. CFSS se ha expedido en igual sentido en los autos caratulados: “Aguirre Jorge Alberto c/ ANSES s/Reajustes Varios” Expte. 50842/2025.
2. ANTECEDENTES INMEDIATOS VINCULADOS A LA TEMÁTICA DE MOVILIDAD DE LA EXCMA. CSJN Y DE LA SALA II DE LA CFSS.
En lo que respecta a movilidad previsional el último fallo sobre la materia emitida por la Excma. CSJN ha sido la sentencia dictada in re: “Fernandez Pastor, Miguel Angel c/ ANSeS s/ amparos y sumarísimos” del 4 de diciembre de 2025 , mediante la cual desestimó el planteo de inconstitucionalidad formulado respecto de la ley 27.426 en tanto y en cuanto sustituyó a su antecesora la ley 26.417.
En tal inteligencia el Máximo Tribunal revocó lo decidido oportunamente por esta Sala II en los autos “Colman Torales Benicio c/ANSES s/ reajustes varios” Expte. 65153/2016 sentencia del 11 de diciembre de 2025.
Sentado lo anterior, corresponde aludir paralelamente el derrotero normativo que gobernó la materia previsional en relación con los índices de movilidad a partir de la entrada en vigencia de la ley 27.426 hasta la sanción de la norma cuya inconstitucionalidad se reclama en autos.
La Ley 27.426, sancionada por el Congreso de la Nación el 18 de diciembre de 2017 instituyó una fórmula de actualización trimestral basada en un índice combinado que ponderaba en un setenta por ciento la variación del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y en un treinta por ciento la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). Este esquema legal que fuera el primero en considerar la variable inflacionaria como componente de la fórmula de movilidad previsional (ver: "Evolución histórica de la movilidad jubilatoria en la Republica Argentina (Años 1957/2026)" RJYP Año 36 Julio/Agosto 2026- N°213 de Guillermo J. Jáuregui y otros.) , fue posteriormente interrumpido con el dictado de la Ley 27.541 “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública”. La norma de emergencia pública dispuso en su art. 55 la suspensión transitoria por el plazo de ciento ochenta días, de la fórmula de movilidad prevista en el artículo 32 de la ley 24.241. Asimismo, facultó al Poder Ejecutivo Nacional en dicho período, a fijar trimestralmente los incrementos de los haberes previsionales con el objeto de garantizar una adecuada protección a los beneficiarios de menores ingresos, supliendo los aumentos automáticos mediante sucesivos decretos, de carácter transitorio, hasta la sanción de un nuevo orden normativo (ver decretos 163/20, 495/20, 542/20, 692/20 y 899/20).
Esta Sala II supo convalidar el accionar de los poderes ejecutivo y legislativo durante la pandemia ver nuestro precedente “TORTEROLA JORGE NICOLAS c/ ANSES s/AMPAROS Y SUMARISIMOS”Expte. N°10543/2020 Es en ese contexto, que fue sancionada y puesta en vigencia la ley 27.609, la cual instauró un nuevo índice de movilidad trimestral en reemplazo de los mecanismos anteriores, estableciendo pautas de actualización basadas en la evolución de los salarios y de la recaudación tributaria con destino al organismo previsional.
Cabe destacar que la ley 27.609 no contempla en su fórmula de movilidad pauta inflacionaria alguna, ni cláusula gatillo o piso mínimo que garantizara la no pérdida de poder adquisitivo de la prestación previsional en un contexto de alza generalizada de precios como así tampoco se pronunció expresamente sobre cómo proceder en relación con la sustitución de la pauta de movilidad aplicada y suspendida con anterioridad a su entrada en vigencia lo que en la jerga se conoce como “formula o cláusula de empalme”.
Posteriormente, en lo que respecta a la entrada en vigencia de la directriz de movilidad instalada por la ley 27.609 la Sala II se pronunció en la saga "TORELLI", "ROJAS", "CARABAJAL" aludida anteriormente. Allí por mayoría se dispuso que las pautas de movilidad de la ley 27.609 debían ser aplicadas a partir de marzo de 2021 luego de verse reflejada la evolución y aplicación de las disposiciones de su predecesora la ley 27.426, respecto de los mensuales enero y febrero, considerando el período en que se encontró emergencialmente suspendida.
Como magistrado de esta Excma. Sala y sobre la materia, en fecha 22/11/2024 tuve la oportunidad de expedirme en autos “DIACZUK Pedro Carlos c/ANSeS s/Reajustes Varios “ (Expte. 24982/2021) . Allí, me aboqué a un primer estudio del mecanismo de movilidad contenido en la Ley 27.609, y sostuve que, para juzgar la constitucionalidad de la Ley, ello no debería realizarse de forma aislada ni fragmentada durante su vigencia, sino examinando de manera global, retrospectiva y acumulativa los resultados e impactos económicos de la pauta de movilidad a lo largo de todo su período de aplicación. Ello, conforme la doctrina de las periodificaciones temporales instauradas mediante los precedentes de la Corte Suprema (“Sánchez”, Fallos: 328:2833 y “Badaro”, Fallos: 330:4866, entre otros), motivo por el cual propicié diferir su tratamiento definitivo para la etapa de ejecución de sentencia.
Posteriormente, en los autos “WALD Alicia Graciela c/ ANSeS s/Reajustes Varios” (Expte.: 26695/2024) , adherí a la solución propiciada por mi colega la Dra. Nora C. Dorado quien en su voto, señaló que la situación había cambiado con el dictado del DNU 274/2024 y la implementación de un nuevo esquema de movilidad sustentado en la variación del Índice de Precios al Consumidor que evidenciaba la readecuación del sistema ante la insuficiencia del régimen anterior. Atento ello, en resguardo de la seguridad jurídica, la previsibilidad del sistema previsional y la equidad en el trato a los beneficiarios se impuso actuar con prudencia a fin de evitar pronunciamientos aislados o fragmentados mientras se consolidan los ajustes de la etapa de transición hacia la nueva metodología de actualización.
3. ¿AL DIA DE HOY CORRESPONDE DIFERIR O RESOLVER?
Atento el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del Decreto 274/24, estimo que se encuentran configurados los presupuestos necesarios que habilitan asumir un examen pleno sobre la validez constitucional de la ley 27.609, sumado a lo expresa y específicamente dispuesto por el decreto, como sus implicancias en cuanto a la vigencia de su art. 1, todo ello con los recaudos que la doctrina de la Excma. La Corte Suprema de Justicia impone en la materia. Encontrándose la ley 27.609 derogada implícitamente en lo que respecta a movilidad previsional (ver art. 1 del dcto. 274/24) al disponer: “… Sustitúyese el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificaciones por el siguiente: “ARTÍCULO 32. Movilidad de las prestaciones. Las prestaciones mencionadas en los incisos a), b), c), d), e) yf) del artículo 17 de la presente serán móviles. Los haberes se actualizarán mensualmente de acuerdo con las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional publicado por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC), conforme la fórmula que como ANEXO forma parte integrante de la presente ley. En ningún caso la aplicación de dicho índice podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario…”.
Asimismo, estimo configurado el supuesto de periodificación temporal cuatrienal, al que me referí en el precedente “Torelli Ana María C/ ANSeS S/ Reajustes Varios”, Expte. Nº 13281/2021, Sentencia Definitiva de fecha 18/09/2023. Ello así ya que consideramos la entrada en vigencia de la pauta de movilidad ley 27.609 a enero/marzo de 2021 y su reemplazo en enero/marzo de 2024, por decreto 274/24, con una aplicación ininterrumpida de éste último hasta la fecha de más de dos años, con la posibilidad de hacer un corte al año de su puesta en marcha, es decir a marzo de 2025.
Dicho análisis se adentrará en la verificación de un eventual deterioro o pérdida real del poder adquisitivo de las prestaciones durante la vigencia de la norma impugnada sopesando, como pauta general, la sustentabilidad económico -financiera que exige todo sistema contributivo. Bajo esta perspectiva integradora corresponde analizar si la subsistencia de la aplicación del índice originario de la ley en cuestión, genera un perjuicio de entidad que justifica la tacha de inconstitucionalidad que se persigue.
En esta inteligencia, se realizará un examen sustancial de la pauta de actualización consagrada por el artículo 1 de la ley 27.609, ponderando el funcionamiento estructural del régimen que se impugna. En efecto, la garantía de movilidad consagrada en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, no constituye una mera directiva teórica, sino que está destinada a preservar la cantidad y el valor real de las prestaciones frente al deterioro inflacionario, como un reaseguro del carácter integral de un derecho subjetivo de naturaleza alimentaria como lo es el haber previsional. Se garantiza de este modo la sustitutividad de la prestación acorde al nivel de esfuerzo desplegado durante los años activos como el estándar de vida alcanzado (considerando 15 del fallo “BADARO II”).
Resulta indispensable para ello, evaluar de qué manera operó en la práctica la fórmula instituida por la ley en cuestión (estructurada sobre la base de la combinación de la recaudación tributaria con destino al sistema previsional y los índices de variación salarial) y cotejar su aptitud real frente a los vaivenes económicos que experimentó el país, a lo largo del período analizado. Deberá tenerse en cuenta especialmente que, un sistema de actualización previsional para ser constitucionalmente viable, debe guardar una correspondencia armónica y razonable que contemple la evolución efectiva del costo de vida y evitar que el esfuerzo financiero recaiga sobre el sector pasivo reconocido como colectivo vulnerable merecedor de especial protección conforme a estándares constitucionales y convencionales.
Cabe destacar, como se señaló anteriormente, que la fórmula de movilidad de la ley recurrida careció de la previsibilidad necesaria para escenarios de crisis y alta inflación, recaudo que tanto la normativa predecesora como la sucesora sí han contemplado al incluir parcial o íntegramente en su fórmula el IPC.
Tal omisión condujo a que, ante la agudización inflacionaria, el Estado debería recurrir mediante decretos al otorgamiento de subsidios, incrementos y ayudas extraordinarias (218/21, 481/21, 855/21 - 215/22, /532/22, 788,22 - 105/23, 282/23, 442/23, 626/23, 116/23 - 81/24, 177/24, 268/24, 274/24, 282/24, 340/24, 440/24, 552/24, 667/24, 783/24, 861/24, 965/24, 1050/24, 1133/24 - 47/25, 145/25, 231/25, 298/25, 367/25, 444/25, 523/25, 613/25, 700/25, 771/25, 848/25, 918/25 -65/26, 109/26, 213/26, 292/26, 399/26, 532/26, 686/26, 824/26, 1108/26, 1296/26 por solo citar los dictados a partir del año 2021). La coexistencia ininterrumpida y prolongada de tales suplementos, lejos de constituir una solución transitoria, se tornó de carácter permanente, evidenciando que la propia fórmula legal ha sido ineficiente para reponer por sí misma la pérdida ocasionada en las prestaciones y de impedir un daño sustancial sobre la integralidad de las mismas.
4 ¿CÓMO DEBE COTEJARSE EL FUNCIONAMIENTO DE LA FORMULA INSTITUIDA POR LA LEY 27.609?
En primer lugar, no puedo obviar que la doctrina de la Corte Suprema en materia de movilidad descansa en el carácter sustitutivo de la prestación y en su proporcionalidad con los ingresos de los trabajadores en actividad. La movilidad no es un reajuste por inflación, sino una previsión referida a la índole sustitutiva de la prestación jubilatoria, cuya cuantía debe mantener una proporción razonable con los ingresos de los trabajadores (Fallos: 329:3089, consid. 14) , y el empleo de un índice salarial apunta a mantener una proporción razonable entre el ingreso de los trabajadores y los del sector pasivo (causa CSJN 42272/2012 "Blanco, Lucio Orlando”, considerando 12). Por ello, la adopción de pautas exclusivamente inflacionarias no siempre habrá de representar una efectiva materialización de la garantía de movilidad prevista en el texto constitucional (ver "Heit Rupp, Clementina c/ ANSeS s/ amparos y sumarísimos" )
Sin perjuicio de ello, si el objeto de la discusión radica en mensurar la magnitud de la pérdida patrimonial sufrida por el haber previsional frente a un contexto de marcada escalada inflacionaria, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) constituye el parámetro técnico adecuado para verificar el impacto real de la normativa cuestionada y establecer la existencia del perjuicio alegado. Bajo dicho prisma habré de efectuar mi análisis, así se compulsarán los incrementos porcentuales efectivamente otorgados por la ley, hasta la irrupción del esquema de actualización basado íntegramente en el IPC (en marzo de 2024) y su evolución posterior, cotejándolo en idéntico período cuatrienal con la variación del IPC.
Corresponde aclarar que en dicho estudio, quedarán excluidos de la cuantificación comparativa los bonos y refuerzos extraordinarios dispuestos por el PEN Ello por cuanto tales sumas fijas, no se incorporaron a los haberes previsionales ni integraron la estructura ordinaria y permanente de la ley de movilidad, sino que constituiron subsidios asistenciales coexistentes y acotados a la franja inferior de la pirámide prestacional previsional, careciendo de representatividad para la totalidad del colectivo pasivo.
En este entendimiento, puede observarse que la ley instituyó una movilidad de las prestaciones, durante el periodo comprendido entre marzo de 2021 y marzo de 2024, del 553,55%, mientras que, para el mismo lapso, el parámetro implementado por el Decreto 274/24 arrojaría un 1.129,07%, representando una pérdida de capacidad de compra del haber que rondaría aproximadamente el 46,83%.
Ahora bien, si ambos resultados acumulados se proyectan por la variación del IPC (conforme la pauta del Decreto 274/24) desde marzo de 2024 a marzo de 2025, el índice de la ley ascendería al 918,88%, mientras que el parámetro del IPC alcanzaría el 1.816,12%. Ello demuestra que, aun actualizando ambos períodos por la misma pauta inflacionaria, la pérdida del poder adquisitivo del haber se mantiene parcialmente incólume, consolidando de manera permanente el menoscabo en la prestación.
Ello demuestra que el cambio de régimen no tiene per se la capacidad de recomponer la pérdida que el mismo reconoce, pues el DNU actualiza mensualmente un haber ya depreciado, de modo que la brecha se proyecta sin variación sobre los períodos posteriores y consolida de manera permanente el menoscabo en la prestación.
Para concluir, advirtiendo la cuantificación anteriormente mencionada y particularizando la generalidad porcentual, se advierte que en 10 de los 13 trimestres en los que operó la fórmula instituida por el art. 1 de la Ley 27.609, las prestaciones sufrieron un deterioro irrecuperable frente al índice instituido por el Decreto 274/24.
Tal situación se encuentra plenamente comprendida en la doctrina de la Corte Suprema en el fallo "Fernández Pastor", en cuanto dispone que:"...constituye una facultad del Congreso de la Nación efectuar modificaciones al régimen de movilidad que no hieran de modo sustancial su contenido económico..." (ver considerando n° 15).
5. ¿ES EL IPC EL INDICE ADECUADO PARA RECOMPONER EL MENOSCABO? ¿ULTRAACTIVIDAD, RETROACTIVIDAD O SOLUCION PRETORIANA?
Frente a lo señalado en los considerandos que anteceden, cabe interrogarnos acerca de cuál debe ser el parámetro idóneo para remediar el grado de afectación que ha sufrido la prestación del accionante: ¿provendrá acaso de una abstracción teórica o de una pauta de creación judicial?, ¿será alguno de los ordenamientos normativos que rigió anteriormente en materia de movilidad previsional?, ¿o bien deberá acudirse a una aplicación retroactiva de la fórmula introducida por el Decreto N° 274/2024?
La Corte ha definido la razón de ser de la movilidad como la de "acompañar a las prestaciones en el transcurso del tiempo para reforzarlas a medida que decaiga su poder adquisitivo" (Fallos: 307:2366, dictamen del Procurador Fiscal al que remitió el Tribunal), fórmula que luego precisó en términos de "su valor con relación a los salarios de actividad" (Fallos: 329:3089, consid. 13). En ese mismo precedente señaló que el precepto "se dirige primordialmente al legislador" y que no resultaba apropiado que el Tribunal "fije sin más la movilidad" (consids. 15 y 16), y solo después de verificar que el régimen entonces vigente había despojado a los beneficios "de parámetros para su recomposición" y que el Congreso no había suplido esa omisión, acudió al nivel general del índice de salarios, en razón del carácter sustitutivo de las prestaciones (Fallos: 330:4866, considerandos 14, 15 y 21).
El presente caso ofrece un aspecto que podría resultar decisivo, pues los poderes políticos (mediante decreto 274/24 como las experiencias de las leyes 27.756 y 27.791 que culminaron con el veto del Poder Ejecutivo mediante los Decretos 782/24 y 534/25 ), ya han definido el criterio que estiman adecuado para preservar el valor de las prestaciones. En las leyes frustradas del congreso como en el decreto vigente del poder ejecutivo se demuestra al IPC como la solución aplicable.
La Corte ha señalado que la Constitución "no preconiza un único sistema" para hacer efectiva la movilidad y deja "librada a la prudencia legislativa la adopción del método correspondiente", y sobre esa base mantuvo la validez de un régimen que se apoyaba en una ponderación mixta (causa CSS 138932/2017 "Fernández Pastor", sentencia del 4 de diciembre de 2025, considerandos 6 y 15); y, cuando debía reemplazar un índice declarado inválido, remitió su fijación al Congreso como órgano representativo de la voluntad popular ("Blanco", considerando 21).
Como consecuencia, ante la necesidad de contar con un parámetro objetivo para recomponer los haberes y teniendo presente la validez constitucional que el Máximo Tribunal reconoció oportunamente a los esquemas de ponderación mixta como el de la Ley N° 27.426, estimamos que dicho régimen constituye el estándar adecuado para movilizar la prestación en el período en que la afectación económica se ha tornado palmariamente confiscatoria.
A mayor abundancia, nótese que la Ley N° 26.417 inició recomposiciones semestrales, mientras que la Ley N° 27.426 y su sucesora, la Ley N° 27.609, lo hicieron en forma trimestral, a diferencia del régimen mensual previsto en el Decreto N° 274/2024. Por lo tanto, optar por este último mecanismo implicaría no sólo sustituir la fórmula legal, sino también alterar la temporalidad fijada por el propio legislador e invadir una esfera de ponderación que el Máximo Tribunal ha reservado habitualmente a otro poder del Estado, recordando que el precepto constitucional respectivo "se dirige primordialmente al legislador" y que no resulta apropiado que los jueces fijen la movilidad prescindiendo de las pautas temporales legisladas.
6.¿CORRESPONDE DECLARAR INCONSTITUCIONAL EL ART.1 DE LA LEY 27.609?
La validez constitucional de una norma no es un atributo estático que queda sellado al momento de su sanción, sino que puede verse afectada de manera sobreviniente. Ello obliga a distinguir la razonabilidad originaria del precepto legal que debe conservar durante su aplicación. Como lo ha señalado el Máximo Tribunal, "el principio de razonabilidad exige que deba cuidarse especialmente que los preceptos mantengan coherencia con las reglas constitucionales durante todo el lapso que dure su vigencia, de suerte que su aplicación no resulte contradictoria con lo establecido por la Constitución Nacional", de modo que una disposición, "aunque no ostensiblemente incorrecta en su origen", puede devenir indefendible cuando "no se adecua a los fines tomados en consideración para su sanción" (Fallos: 328:566, consid. 10). En este sentido, el examen jurisdiccional debe centrarse en ponderar si la norma cuestionada ha devenido, con el transcurso del tiempo y el cambio de las circunstancias objetivas, contraria a la finalidad que justificó su dictado (Fallos: 338:724, consid. 7).
Nótese que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente "Valdez" (Fallos: 301:319) declaró la inconstitucionalidad del índice salarial del peón industrial que el art. 276 del Régimen de Contrato de Trabajo fijaba para actualizar los créditos laborales. Allí sostuvo que, si bien el legislador tiene la facultad de establecer el criterio que estime adecuado a la realidad, "las cambiantes circunstancias pueden hacer que la solución legal, no ostensiblemente incorrecta, tal vez, en su inicio, se torne irrazonable y la norma que la consagra devengue así indefendible desde el punto de vista constitucional", y concluyó que era "manifiesto que dicho índice dista de reflejar razonablemente el hecho notorio de emergencia inflacionaria durante el lapso que interesa en este expediente" (consid. 6).
Esa doctrina tiene expresa recepción en materia previsional. En "Pedraza" (Fallos: 337:530), la Corte recordó, en su considerando 6, que "ciertas normas susceptibles de ser consideradas legítimas en su origen, pudieron haberse tornado indefendibles desde el punto de vista constitucional con el transcurso del tiempo y el cambio de las circunstancias objetivas relacionadas con ellas", y declaró la inconstitucionalidad de una norma porque su aplicación había derivado en una "clara postergación injustificada de la protección que el Estado debe otorgar a los jubilados" (consider. 10). Del mismo modo, en "Badaro", la Corte señaló que "los cambios en las circunstancias pueden hacer que la solución legal, correcta en su comienzo, se torne irrazonable", supuesto en el cual los poderes públicos deben hacer prevalecer el espíritu protector de la Constitución (Fallos: 329:3089, consid. 15).
En esta línea de pensamiento, tal como ya lo he señalado al analizar la suerte de las sucesivas fórmulas de movilidad en autos " DIACZUK " , la dinámica de las prestaciones previsionales exige examinar la realidad con perspectiva temporal. Como allí lo advertí, una pauta legal puede no merecer reproches en su inicio o requerir que se aguarde su desenvolvimiento para verificar el perjuicio concreto, pero su validez originaria puede verse desvirtuada por el devenir de los hechos económicos, transformando una solución legítima en su origen en un resultado insostenible.
Tal es lo que ocurre en el supuesto de autos. La fórmula de la ley 27.609, que vinculó la movilidad con la evolución de los salarios y de los recursos del sistema, no merecía reproche al tiempo de su sanción y en su etapa inicial logró acompañar la evolución del costo de vida. Sin embargo, la aceleración inflacionaria desatada a partir de 2022 puso de manifiesto el defecto estructural de prescindir de una variable vinculada a los precios, provocando un desfasaje sostenido que redujo de manera creciente el poder de compra de los haberes hasta el reemplazo del régimen.
El propio Poder Ejecutivo reconoció tal disfuncionalidad en los considerandos del decreto 274/2024, al admitir que la fórmula "no cubre suficiente ni razonablemente el riesgo inflacionario" y que había "arrojado resultados desastrosos para los jubilados y pensionados del país, quienes han sufrido una notoria pérdida del poder adquisitivo".
En dicho entendimiento, se configura así una regresión indirecta: el menoscabo no provino de un acto legislativo que reduce nominalmente las prestaciones, sino del funcionamiento en el tiempo de un mecanismo que dejó librado a la inflación el deterioro que la ley no previno, razón por la cual su control no puede ser meramente formal sino que debe atender a los resultados efectivos de su aplicación.
Atento al análisis realizado precedentemente ya la ineficiencia demostrada de la fórmula instituida por la ley 27.609 durante su período de vigencia la cual ha generado un perjuicio sensible en los haberes previsionales impone su descalificación constitucional.
Por todo ello, corresponde declarar la inconstitucionalidad sobreviniente del artículo 1 de la Ley N° 27.609 y, en consecuencia, disponer la recomposición del haber aplicando el parámetro previsto en el artículo 1 de la Ley N° 27.426.
7. SOLUCION AL CASO DE AUTOS.
A continuación habré de referirme respecto de la ultraactividad de la Ley 27.426 decidida como solución al caso de marras en materia de movilidad. La declaración de inconstitucionalidad no revive con alcance general la norma derogada, pero el Alto Tribunal, ha señalado que no resulta apropiado que el Tribunal "fije sin más la movilidad" (Fallos: 329:3089, consid. 16), ese contenido debe buscarse en la pauta establecida por el legislador, tal como hizo en "Sánchez" (Fallos: 328:1602, consids. 7 a 9).
En el caso, la ley 27.426, es el antecedente inmediato del art. 32 de la ley 24.241 y comparte con la 27.609 la periodicidad trimestral, mientras que, acudir al decreto 274/2024 implicaría aplicar retroactivamente una norma del Ejecutivo, y disponer otro índice importaría una ponderación de creación judicial que no debería ser la primera opción al contarse con remedios normativos a los cuales recurrir.
Tal como señalé en el punto IV de este voto, en relación con la Ley N° 27.541 y los incrementos de enero y febrero de 2021, y sin soslayar las limitaciones advertidas en el precedente "TORELLI", respecto del examen de dichos períodos, la perspectiva actual permite ponderar de manera integral el lapso temporal en cuestión y su debido empalme con el régimen de movilidad cuya declaración de inconstitucionalidad acabo de propiciar.
De este modo, la ultraactividad de la ley 27.426 cumple aquí una función de puente para evitar que el haber quede sin una pauta legal válida, sin que ello importe "la creación de un sistema general obligatorio sino sólo una solución razonable dada con relación al caso concreto" (Fallos: 310:2212).
En consecuencia, habré de adherir y adoptar en este acto, al criterio sostenido por mis colegas de Sala de esta Excma. Cámara Federal, en los antecedentes "Rojas" y "Carabajal", y como resultado de ello, la movilidad aquí prevista (Art. 1 de la ley 27.426), deberá aplicarse de manera continua desde enero de 2021 hasta junio de 2024 inclusive, para empalmar a partir de allí con el régimen actual (decreto 274/2024), a fin de evitar distorsiones, superposiciones normativas o aplicaciones parciales de un mecanismo cuya invalidez se declara. Si bien el monto final al que ascenderá el beneficio aquí reconocido resultará de la liquidación que en definitiva se aprueba en la etapa de ejecución deberá expresamente tenerse en cuenta que lo aquí decidido en modo alguno puede resultar en un haber inferior al que hubiera correspondido por la aplicación de las disposiciones vigentes como así tampoco de la normativa cuya inconstitucionalidad se decreta. Tampoco habilitará el doble pago y el consiguiente cobro de sumas por un mismo e idéntico concepto.
A las sumas resultantes de la diferencia derivada de dicha actualización deberán imputarse a cuenta, hasta su concurrencia, todos los importes que, por cualquier concepto hubieran sido efectivamente percibidos por la beneficiaria durante dicho lapso, ya sea en virtud de la movilidad legal, adelantos o recomposiciones a cuenta (conf. art. 4, Decreto 274/24), así como los subsidios o ayudas extraordinarias otorgadas, de modo de garantizar la restitución del sin generar en ningún caso superposición. alguna.
VI. Por último, con relación al agravio que gira en torno al art. 9 inc 3) de la Ley 24.463, conforme la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Actis Caporale, Loredano”, (Fallo: 323:4216) “…resulta comprobado el perjuicio concreto que ocasionó la aplicación del sistema de topes durante los períodos a que se refieren los agravios del organismo previsional, en medida tal que la merma del resultado confiscatorio de acuerdo con la doctrina del Tribunal de Fallos: 307:1985; 312:194, entre muchos otros”.
En consecuencia se declara la inconstitucionalidad del art. 9 inciso 3) de la Ley 24.463 (conf Fallo: CSJN "Rapisarda José León c/ ANSeS s/ Reajustes Varios”, Sent. Fecha 06/08/2015, R. 680. XLVI. RHE ) en el supuesto que en la etapa de liquidación de la sentencia se acredita que la aplicación de los topes sobre el haber previsional del actor genera una quita igual o superior al 15% -límite de confiscatoriedad establecido por el Alto Tribunal en aquel precedente.
VII. En cuanto a los intereses, deberán calcularse desde que cada suma fuere debida y hasta su efectivo pago, conforme la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina (conf. CSJN “Spitale, Josefa Elida”, Fallos, 327:3721; ratificado en re “Cahais, Rubén Osvaldo c/ Anses s/ reajustes varios”, sentencia del 18-4-2017, Fallos: 340:483.).
VIII. Conforme lo resuelto por la CSJN en autos: “Morales Blanca Azucena c/ ANSeS s/ Impugnación de Acto Administrativo”, Fallos: 346:634, Sentencia de fecha 22 de junio de 2023, a cuyos argumentos me remito en honor a la brevedad, corresponde la imposición de costas a la demandada vencida (art. 36 Ley 27.423).
IX. En el marco del art. 22 y 23 inc. c) de la Ley 27.423 para determinar el monto regulatorio que deberá existir en autos de liquidación aprobados. Por ello, se difiere la regulación para dicha oportunidad. (CSJN “Establecimientos Las Marías SACIFA c/ Misiones, Provincia de s/ Acción Declarativa” sentencia del 4 de septiembre de 2018”).
X. Acerca del plazo de cumplimiento de sentencia prevista en el art. 22 de la Ley 24.463 esta Sala declaró su inconstitucionalidad en el Expte Nº 502.982/1995 “Fernández, Vicente c/ANSeS s/reajustes varios”, (sentencia de fecha 26 de febrero de 1999), la cual fue revocada por el Alto Tribunal de la Nación con fecha 18 de diciembre de 2001, criterio que reiteró en numerosos precedentes (Fallo 323: 1661, entre muchos otros). Por lo tanto se confirma el plazo legal.
Por lo expuesto, propicio: 1) Revocar la sentencia apelada; 2) Hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta y declarar la inconstitucionalidad del art. 1 de la Ley 27.609. 3) Ordenar la aplicación para el periodo enero de 2021 hasta junio de 2024 inclusive, de la fórmula de movilidad establecida por la Ley 27.426 (70% IPC- 30% RIPTE); 4) Declarar la inconstitucionalidad del art. 9 inciso 3) de la Ley 24.463 en el supuesto que en la etapa de liquidación de la sentencia se acredita que la aplicación de los topes sobre el haber previsional de la actora genera una quita igual o superior al 15% 5) Disponer que las sumas resultantes del presente pronunciamiento, se abonen dentro del plazo establecido por el art. 22 de la ley 24.463. 6) Hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la demandada en los términos del art. 82 de la ley 18.037; 7) Diferir la regulación de los honorarios correspondientes a la actuación por ante la primera instancia conforme lo señalado ut supra; 8) Aplicar la Tasa Pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina; 9) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (art. 36 Ley 27.423); 10) Regular los honorarios a favor de la representación letrada de la parte actora por su actuación ante la Alzada en el 30% de lo que se fije por su actuación en la instancia anterior (art. 30 primer párrafo Ley 27.423) y 11) Devolver las actuaciones al Juzgado de origen a sus efectos.
LA DRA. NORA CARMEN DORADO DIJO:
Adhiero al voto de mi colega preopinante.
En mérito de lo que resulta del presente acuerdo , el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar la sentencia apelada; 2) Hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta y declarar la inconstitucionalidad del art. 1 de la Ley 27.609. 3) Ordenar la aplicación para el periodo enero de 2021 hasta junio de 2024 inclusive, la fórmula de movilidad establecida por la Ley 27.426 (70% IPC- 30% RIPTE); 4) Declarar la inconstitucionalidad del art. 9 inciso; 3) de la Ley 24.463 en el supuesto que en la etapa de liquidación de la sentencia se acredita que la aplicación de los topes sobre el haber previsional de la actora genera una quita igual o superior al 15%; 5) Disponer que las sumas resultantes del presente pronunciamiento, se abonen dentro del plazo establecido por el art. 22 de la ley 24.463; 6) Hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la demandada en los términos del art. 82 de la ley 18.037; 7) Diferir la regulación de los honorarios correspondientes a la actuación por ante la primera instancia conforme lo señalado ut supra; 8) Aplicar la Tasa Pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina; 9) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (art. 36 Ley 27.423); 10) Regular los honorarios a favor de la representación letrada de la parte actora por su actuación ante la Alzada en el 30% de lo que se fije por su actuación en la instancia anterior (art. 30 primer párrafo Ley 27.423) y 11) Devolver las actuaciones al Juzgado de origen a sus efectos.
Regístrese, notifíquese, protocolícese y oportunamente devuélvanse.
El Dr. Walter F. Carnota no suscribe el presente pronunciamiento por encontrarse en uso de licencia (art. 109 del RJN).
NORA C. DORADO JUAN A. FANTINI
Juez de Cámara Juez de Cámara Ante mí: JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ MOSCOSO Secretario de Cámara
Fin de la sentencia