Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Necochea · Causa 13.874
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo se revoca la sentencia de grado con costas en ambas instancias al actor vencido (art. 68 CPCC). La regulación de honorarios se difiere para la oportunidad en que exista base firme para tal fin (art. 51 L. 14.967).
En la ciudad de Necochea, a los 24 días del de agosto de 2023 reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en acuerdo ordinario, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: "Galli, Mauricio R. c. Nación Seguros SA s/Cumplimiento de contrato" Expte. 13874, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal Civil y Comercial, resultó del mismo que el orden de votación debía ser el siguiente Sr. Juez Doctor Fabián Marcelo Loiza, Jueza Doctora Laura Alicia Bulesevich y Sra. Jueza Dra. Ana Clara Issin.
El tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª ¿Se ajustan a Derecho la sentencia dictada el 14/3/2023 y su aclaratoria del 31/3/2023?
2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR LOIZA DIJO:
I. El Sr. Juez de grado dicta sentencia haciendo lugar a la demanda “ incoada por Mauricio Raul Galli contra Nación Seguros S.A. sobre cumplimiento de contrato y daños y perjuicios (...) Condenando a la demandada a pagar al actora la suma de pesos catorce millones novecientos noventa y cuatro mil trecientos nueve ($ 14.994.309.-) con más los intereses previstos en el considerando IX desde la fecha de la mora allí fijada y en el término de diez días de quedar firme la presente sentencia.”
Condenó asimismo “a la demandada al pago de una suma equivalente al valor actual de un rodado, de similar modelo y características, que el siniestrado (arts. 7, 772 y 1740 del CCyC y arts. 109, 110 y 118 de L.S.), debiendo diferir tal cuantificación para la etapa de ejecución de sentencia y previo cumplimiento por parte de la actora de los requisitos establecidos en la póliza contratada (cláusula CG-CO 3.1) (arts. 165; 500 y cctes. del CPCC).-”.
Finalmente le impuso las costas a la vencida y postergó la regulación de honorarios para etapa procesal oportuna.
Para resolver de ese modo entendió aplicable la ley del consumidor, estimó que la aseguradora suspendió el contrato indebidamente y que quedó “demostrado por prueba fehaciente que la aseguradora pudo cobrarse la prima mediante el débito de la cuenta corriente de la asegurada, con lo cual se encontrada vigente la cobertura al momento del incendio, deb[iendo] la demandada asumir las consecuencias de su conducta” (considerando II). Cuantificó luego los daños, aplicó la multa civil del art. 52 bis LDC y estableció la tasa de interés aplicable al caso.
II. La decisión es apelada por ambas partes.
1. La demandada cuestiona la calidad de consumidor del actor, señala que el actor incumplió con su obligación de pago de la prima lo que derivó en la suspensión de la póliza conforme el art. 31 L. 17.418. Añade que fue notificado y que nunca presentó interés en realizar el pago.
Afirma que no puede endilgarse a su parte “la responsabilidad en la falta de débito en tiempo oportuno a la aseguradora cuando dicha función se encontraba a cargo de la entidad bancaria y debía ser controlado por el actor.” Como tercer agravio indican que en el caso “no existió anulación o rescisión de póliza, sino que se dejó claro que estamos ante una suspensión de cobertura establecida en el art 31 de la ley 17418, producto de la mora automática”. Añadiendo que “La mora en el pago de la prima no extingue el contrato, sino que, lo que se suspende es la eficacia temporal del mismo en lo que concierne a la obligación a la que se halla sometido el asegurador.” Sostiene que la aceptación del pago de la deuda luego del incendio de la máquina cosechadora no implicó reconocimiento del siniestro y que en el mail enviado al actor “mi mandante nada expresa. Solo indica que se remitió el comprobante al sector cobranzas”. A lo que suma que el monto pagado no incluyó los intereses devengados por lo que critica que pueda concluirse en la suficiencia del pago como concluye el Juez de grado.
Seguidamente se agravia del monto de la condena pues entiende excedería el monto de la cobertura, siendo que el actor peticionó el cumplimiento de la póliza contratada. Solicita -en caso de prosperar la demanda- se limite al monto establecido en la póliza para el siniestro “incendio”. Cuestiona igualmente el daño emergente como el lucro cesante por falta de acreditación y peticiona el rechazo de la multa civil por estimar que no se trata de un caso de consumo.
2. Dos son los agravios del actor. El monto de la multa civil por estimarlo insignificante, según las razones que allí expone, y la fecha de la mora, a partir de la cual correrán los intereses, la que entiende se corresponde con la intimación por carta documento.
III.1. El recurso de la demandada no se encuentra desierto pese al acuse de la actora en su responde del 3/5/2023. Es que como se advierte en el resumen efectuado en el apartado anterior la fundamentación de la demandada porta razones para entender suficientemente abastecido su recurso en los términos del art. 260 CPCC.
En cuanto a la deserción con base en el incumplimiento del art. 29 l. 13133, siendo que el magistrado de grado ya se pronunció al respecto (resolución del 19/4/2023) concediendo el recurso y no habiendo impugnado la actora tal decisión por la vía del art. 275 CPCC (tal como es consolidada interpretación de esta Cámara en todas sus integraciones como también su antecesora -v. Reg. int. 41 (R) del 16/3/2010; Reg. int. 106 (R) del 16/8/2012 entre otras; expte. 9255, Reg 31 (R ) del 12/3/2013; expte 13211 Reg. 83 (R) del 01/04/2022; expte 13240, Reg. 174 (R) del 17/05/2022) cabe desestimar la pretensión de la actora respecto de la deserción del recurso de la demandada.
2. Despejado ese aspecto cabe ingresar al recurso de la demandada y si corresponde al de la actora.
El primer punto a tratar resulta ser la aplicación de la ley del consumidor al presente caso y que viene cuestionando la demandada. Tal debate -a diferencia de lo alegado por la actora- no se encuentra vedado por la preclusión. Por un lado porque la aplicación -o no- de la ley del consumidor reposa en facultades de oficio de los magistrados por imperio de la naturaleza de orden público de la ley 24240 (art. 65) lo que aleja su aplicación de lo alegado por las partes. Es que la eficiente aplicación de dicha norma interesa de modo general, tanto sea para que su protección alcance a quienes efectivamente la requieren como también para evitar distraer esfuerzos (procesales, económicos, etc.) en atender otro intereses que bien pueden merecer respuesta jurisdiccional pero que no resultan los de los consumidores.
A ello se añade que la aplicación o no de la ley del consumidor puede variar en un mismo litigio en función de lo acreditado en la correspondiente etapa del proceso. Así es legalmente tolerable que en un momento procesal se advierta la aplicabilidad o no de la ley del consumidor y luego ello varíe en función de las circunstancias acreditadas en el caso (tal como esta Cámara lo ha advertido por ejemplo en expte. 290 reg. 69 (R) del 5/5/2009 y expte. 9729 reg. 77 (S) del 18/7/2014).
Idéntica conclusión surge del reciente plenario de la Cámara marplatense cuando el Dr. Loustanau, en voto que hace mayoría, afirma que “Sea que considere o no aplicable la Ley 13.133 a un caso determinado, las decisiones adoptadas por los y las juezas de primera instancia en etapas previas a la de decisión definitiva no causan estado y conservan plena libertad para resolver el mérito de la controversia a la luz de la normativa que luego considere pertinente y de acuerdo a la convicción que se formen al estudiar la totalidad de la prueba producida, pudiendo concluir que hubo, o no, una relación de consumo aprehendida por la Ley 24.240.” (“Molina, Ruben Jose C/ Centro Oftalmologico Mar Del Plata S.A. y otros s/ Daños y perjuicios” - Expte. N°173.591, sentencia del 5/12/2022; disponible en https://www.scba.gov.ar).
A ello se suma que, en esta instancia, se encuentra cuestionada (por ambas partes) la multa civil, institución jurídica que requiere como condición necesaria la existencia de una relación de consumo (at. 52 bis LDC) de donde indefectiblemente la cuestión se encuentra pendiente de una resolución definitiva y como tal puede ser asumida a estas alturas del proceso (arts. 266 y 272 CPCC).
Admitido entonces que la aplicación de la ley del consumidor es materia abierta a debate en esta instancia cabe analizar el agravio de la demandada, adelantando su procedencia.
Para ello no puedo obviar que este Tribunal -a partir de un profundo y fundado voto de mi colega la Dra. Issin- ha desestimado la aplicación de la LDC en un caso sustancialmente análogo al presente.
En la sentencia dictada en el expediente 13.396 “Colantonio Maria Del Carmen c/ La Segunda Cooperativa Ltda De Seguros Generales S/ Daños y perj. Incump. Contractual” (reg. 148 (S) del 13/10/2022) sostuvimos y es aplicable aquí que “este Tribunal se ha pronunciado sobre el concepto de consumidor en casos análogos al presente, en consideración al destino de la utilización del bien (exptes. nro. 10713; reg. int. 16 (S) del 23/02/2017; 10932 reg. int. 108 (S) del 19/10/2017; 10979 reg. int. 134 (S) del 28/12/2017; 11.002, reg. int. 5 (s) del 6/2/2018, 11097, reg. int. 67 (S) del 5/6/2018, entre otros). En los antecedentes individualizados se sostuvo que para dirimir la aplicación del sistema protectorio ha de procederse al análisis del concepto de consumidor conforme los principios, las reglas y definiciones que se extraen de ese cúmulo de normas, aclarando que en lo que aquí concierne dicha definición proporcionada por la ley 24.240 y sus modificatorias y la que aporta el artículo 1092 del CCyC, permiten arribar a un mismo resultado y, también en el caso, sin que se advierta colisión con la garantía constitucional consagrada en el artículo 42 de la Ley Fundamental y 38 de la Constitución Provincial. Así se consideró que Como expresa Sigal, (v. comentario al artículo 1092, Código Civil y Comercial de la Nación, Julio César Rivera-Graciela Medina, directores, T. III, págs. 716/717, La Ley, 2015) El concepto de destinatario final ha constituido uno de los aspectos más discutidos del derecho del consumidor. La discusión se centra en los casos de consumidores-empresarios que adquieren bienes o servicios para su utilización en procesos productivos. El texto legal que comentamos (al igual que el de la LDC) no brinda una respuesta que permita dilucidar a priori si un consumidor-empresario resulta o no destinatario final, lo que deberá ser resuelto caso por caso. Más aún, se excluyó del texto aprobado la aclaración que efectuaba el Anteproyecto donde se sostenía que se consideraría consumidor final 'siempre que no tenga vínculo con su actividad comercial, industrial, artesanal o profesional.'.
Entendemos que los criterios doctrinarios de inclusión o exclusión en el régimen protectorio que debería guiar el análisis que se efectuará caso por caso son los siguientes: a) Exclusión en caso de bienes adquiridos para integrarlos directamente al proceso productivo: los comerciantes y las empresas para ser consumidores, no deben adquirir o utilizar el bien como insumo directo de su actividad productiva o comercial (Rusconi; Lorenzetti, 2009.) b) Inclusión en caso de bienes adquiridos cuando sean ajenos a la actividad profesional específica del adquirente: en el caso que la empresa contrate un bien o servicio para poder cumplir con su actividad, pero sin que exista coincidencia con su objeto comercial (ejemplo: empresa que compra comida para sus empleados, un profesional que contrata servicios bancarios), siempre que haya agotamiento con el uso 'quedan incluidos en la protección porque se trata de consumidores, no profesionales respecto de estos bienes específicos' (Lorenzetti, 2009).
En la opinión de Rusconi el carácter de consumidor puede presumirse respecto de comerciantes o empresas cuando intervienen en operaciones realizadas fuera del ámbito de su actividad profesional habitual. c) Inclusión en casos de uso mixto de los bienes: en los supuestos de integración parcial, en los que una empresa adquiere un bien que integra al proceso productivo y también lo usa para otras finalidades, se presumirán actos de consumo y se desvirtuará la presunción si se prueba que no son actos mixtos o que resulta eminentemente comerciales (Lorenzetti, 2009). La zona de indeterminación en estos casos es amplia, y deberá resolverse en virtud de la actividad probatoria de las partes. d) Criterio de excepción: además de los criterios referidos, destacamos como valioso el criterio sugerido por Rusconi que propone que en algunos supuestos excepcionales, puede considerarse consumidor al comerciante o empresario que adquiere insumos para su actividad profesional en situaciones de vulnerabilidad material, ya sea porque se trate de un bien escaso, esencial, insustituible, comercializado en condiciones monopólicas o bajo situaciones que impliquen un extraordinario sometimiento, aun respecto de otros profesionales.
De igual modo Junyent Bas y Meza (Código Civil y Comercial de la Nación comentado, 2ª. edición actualizada y ampliada, T. III, La Ley, 2016, pág. 940 C) expresan: En cuanto al concepto de consumidor, la definición adoptada por el artículo en comentario siguió el antecedente de la ley 24.240, y comprende tanto a la persona física como jurídica que adquiera o utilice bienes o servicios, a título gratuito u oneroso, siempre que no tengan relación con su actividad profesional.
Lo dicho implica que sólo aquellas empresas o comerciantes que adquieran bienes fuera de su ámbito de actividad profesional y, además, no los incorporen de manera directa a su actividad comercial o productiva, podrán acudir al régimen del consumidor. Ello es así toda vez que el destino o utilización final y la actuación fuera de su esfera técnica, configuran la situación de vulnerabilidad del consumidor profesional." (conf. este Tribunal expte. 10713; reg. int. 16 (S) del 23/02/2017; expte. 10932; reg. int.108 (S) del 19/10/2017; expte. 10979, reg. int. 134 (S) del 28/12/2017; expte. 11002 reg. int. 5 del 6/2/2018; expte. 11097; Reg. 67 (S) del 5/6/2018, ya citados).”
Y más específicamente se valoró que “En el caso, la actora, según los términos que surgen de su demanda, expuso que el bien cuya cobertura asegurativa por el incendio padecido reclama, se encontraba destinado a la prestación de servicios para la explotación agropecuaria. Específicamente al formular el reclamo por lucro cesante expresó que En su normal actividad la maquina la pongo a disposición de aquellos campos que me contratan a los fines de cosechar. Es así que los dueños de distintos campos contratan a quien suscribe para poner a trabajar la maquina cosechadora en su inmueble rural, en el caso cosecha fina o gruesa. Se pone a disposición la máquina, se lleva a cabo la cosecha y se cobra por hectárea (pto. VI apartado b demanda del 8/7/2021).
Siendo ello así de las propias manifestaciones de la accionante surge que el bien asegurado era utilizado como un insumo directo de su actividad productiva o comercial, y que se corresponde con la actividad informada por la AFIP (v. oficio agregado el 15/3/2022).
La jurisprudencia se ha pronunciado en igual sentido y en distintos tipos de procesos, en función de las características del bien en juego (cosechadora) (v. CNCom Sala F "AGCO c. Manzoni s. ejecución prendaria" del 27/12/12; CNCom Sala C "Levene c. Rainly SRL s. ordinario" del 13/12/12 y CNCom Sala D "Cejas c. AGCO s. ordinario del 17/10/19; entre otros pronunciamientos disponibles en http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/jurisp/principal.htm).” Y citando a Stiglitz sostuvimos que ”Las empresas aseguradas, que contratan seguros (incendio, robo, etc.) sobre bienes de su pertenencia integrados a procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros, no son consumidoras finales. Acontece que, en el caso referido, al tiempo de la celebración del contrato de seguro, los bienes objeto del contrato de seguro celebrado por la persona jurídica (asegurada) no se hallan ubicados al final del circuito económico. Agregando que el consumidor individual o persona jurídica que requiere protección es aquel que carece de intenciones que apunten a que el bien o el servicio continúen su vida económica en actividades de fabricación, producción, distribución o prestación. Gráficamente se halla situado en el último tramo del eje constituido por la producción, la distribución y el consumo y, sintéticamente, se lo enuncia como consumidor final.” (Stiglitz Rubén Tratado de Derecho del Consumidor, T. II, La Ley 2015, págs. 850/851 Derechos de Seguros T. I 6ta Edición actualizada y ampliada, La Ley, pags. 236/240).
“Del mismo modo, Lo que debe quedar claro es que, al referirnos al consumo, adquisición o utilización de bienes o servicios, resulta indistinto que se efectúe a título personal o familiar; en cambio, sí es relevante que el propósito final (de la adquisición o utilización) no lo constituya el disponer del bien o del servicio con carácter profesional. (Stiglitz Rubén Tratado de Derecho del Consumidor, T. II, La Ley 2015, págs. 850/851; en el mismo sentido Lorenzetti, Consumidores, 2da. ed. actualizada, Rubinzal Culzoni editores, 2009, pág. 127 y sgtes.).” Me extendí en la cita pues el antecedente resulta esencialmente análogo. Aplicando estas reflexiones al presente caso vemos que el actor señala en demanda que resulta ser un “contratista agrícola” (ap. V) que “utilizaba la referida Cosechadora, dado que reunía la doble condición de productor agropecuario y contratista rural, por lo que la destrucción total de la misma por el igneo de que fue víctima y el no pago de dicho bien por la aquí accionada, le impidió de cumplir con sus compromisos de trabajo con sus clientes, como así también con la cosecha de sus propios cultivos” (ap. 8.2.) y que “dado su calidad de contratista rural, se vió impedido de cumplir sus compromisos con su clientela a la que no pudo brindar el servicio de cosecha, con el consiguiente perjuicio que le significó el lucro que dejó de obtener” (mismo ap. 8.2). En nada modifica que asimismo utilizara la maquinaria para su propio beneficio pues es innegable que, alegada la utilización anual sobre una superficie de entre 3.500 a 4.000 has. (mismo ap. 8.2) ese uso responde al concepto de empresa agropecuaria tal y como lo recepta, por ejemplo, el art. 320 del CCyCN, de donde la contratación del seguro responde a una lógica de protección de una herramienta generadora de ingresos e inserta en una producción que no lo tiene como destinatario final (arg. art. 1 LDC). Ello además es refrendado por los testigos en la audiencia del 5/8/2022. Así el testigo Esteban Ferrari señaló que el actor “presta servicios” a terceros (minuto 7:22 y ss.) y “con sus máquinas cosecha en otros campos” (minuto 7:37 y ss.).
En igual sentido Rodrigo Agustin Taarning declaró que el actor “es contratista rural y siembra aparte para él ” (minuto 14:54 y ss.) y que “trabaja en campos para terceros” (minuto 15:03 y ss.) agregando que “hacía 4 mil hectáreas por años con máquinas propias” (minuto 15:24 y ss.).
Y el testigo Lucas Gabriel Correa sostuvo que “Galli es dueño de máquinas agrícolas” (minuto 257:25 y ss.) y que hacía 2 y 3 mil hectáreas al año (32:12 y ss.).
Testimonios todos ellos que refrendan la anterior conclusión de resultar el actor un productor agropecuario que no utilizaba el servicio de seguro como destinatario final sino insertado en un sistema productivo (art. 1 LDC ya citado).
3. Descartada la aplicación del régimen protectorio del consumidor corresponde analizar si el incumplimiento que denuncia el actor resulta responsabilidad de la demandada (conf. arts. 1082; 1716; 1724 1726 y ccdtes. CCyCN) adelantando que las constancias probatorias no autorizan esa conclusión.
Encontrándose en debate el cumplimiento de un contrato de seguro por incendio corresponde establecer, sucintamente, cuáles eran las principales obligaciones de las partes para luego poder determinar la responsabilidad por el incumplimiento endilgado.
Por el lado de la actora le correspondía abonar oportunamente la prima (conf. arts. 27; 30 y 31 LS; 959 y 962 CCyCN; art. 2 de la póliza adjunta a la demanda), siendo la diligencia en el pago consustancial a la buena fe contractual. Mientras que a la aseguradora le cabía la obligación de abonar el siniestro, si, pagada la prima, se daban las restantes condiciones contractuales para ello.
El actor limita su principal obligación a la existencia de fondos disponibles en su cuenta corriente, entiende que con ello estaba suficientemente asegurado el pago de la prima, imputándole responsabilidad a la aseguradora por no haber percibido la prima. Sin embargo ello no responde a la naturaleza jurídica de la relación con el Banco a cargo de tal débito ni a su carácter de deudor del pago de la prima en el contrato de seguro.
Es que conforme el art. 1401 del CCyCN “Las reglas del mandato son aplicables a los encargos encomendados por el cuentacorrentista al banco.”
Y poniendo el foco en los débitos automáticos dice la doctrina que “Resulta importante ponderar el proceso de pagos por débito automático, que el cliente puede autorizar al banco para que los efectúe, sean a favor de terceros indicados por el cuentacorrentista o de operaciones o servicios que adeude al propio banco. Implica un mandato otorgado al banco para efectuar pagos por cuenta del cliente, pudiendo percibirse por tal servicio una comisión predeterminada. El banco actúa en relación de mandato, con representación o sin ella, pero siempre en beneficio del cliente (art. 1401 del Cód. Civ. y Com.). (...) Para su operatividad, este servicio de débito automático requiere de autorización expresa del cuentacorrentista, quien de ese modo persigue que el propio banco administre sus compromisos financieros con terceros designados pero también con la institución bancaria.” (Barreira Delfino, E. “Problemáticas en cuenta corriente bancaria” en: RCCyC 2021 (septiembre), 24; cita:
AR/DOC/2289/2021).
Ello en consonancia con el art. 1395 inc. “b” CCyCN que señala como uno de los casos de débito a “los pagos...que haga el banco por instrucciones” del cuentacorrentista.
Como surge del informe de fecha 4/8/2023 (punto 1; y copia de la autorización fechada el 4/1/2019 y que no fue objetada en la presentación del 9/8/2023; conf. arts. 384 y 401 CPCC) el actor autorizó (encomendó) al Banco a que se le debite de su cuenta corriente el pago de la prima del seguro; en esa instrucción, en su cumplimiento total o parcial, diligentemente o con culpa, ninguna incidencia tiene la demandada, la que sólo reporta como acreedora de la prima en función del contrato de seguro (arts. 959; 1021; 1022; 1395 inc. “b” y 1401 CCyCN).
La pretensión que porta la demanda de atribuirle al Banco la calidad de agente institorio (v. ap. VI; reiterado al contestar agravios de la demandada y expresar los propios) no responde a la naturaleza ya descripta de la relación entre aquella entidad, el asegurado y la demandada, a la luz de las pruebas producidas (arts. 375 y 384 CPCC).
Es que la primera, por cuenta y orden del obligado al pago debía descontar y pagar la prima (arts. 959; 1319; 1321; 1395 inc. “b”; 1401 y ccdtes. del CCyCN) en cumplimiento del mandato que le fuera otorgado por el titular de la cuenta corriente bancaria, no resultando agente de la aseguradora pues ni las pruebas lo indican ni las normas implicadas lo permiten presumir.
Del propio relato de demanda surge que la entidad bancaria no actuó de conformidad con lo que la ley de seguros prevé como agente institorio, básicamente por no haber representado a la aseguradora en la contratación de la póliza, según lo prevé el art. 54 de esa norma (v. demanda ap. VI). Allí se sostiene que “Al realizar la compra de la mencionada cosechadora y otorgar el crédito para la adquisición de la misma, el Banco de la Nación Argentina (acreedor prendario), obligó a la actora, a contratar un Seguro y además impuso como condición esencial del negocio la contratación del seguro a la Empresa de su grupo económico Nación Seguros Compañía Aseguradora S.A.”
Y más adelante añade que “la compañía aseguradora es impuesta por el Banco de la Nación Argentina, quien en su carácter de acreedor, designa sin posibilidad de elección por parte del asegurado, una compañía de su propio grupo económico como lo es Nación Seguros Compañía Aseguradora S.A., percibiendo las primas mediante debito directo de la cuenta del asegurado y deudor del Banco de la Nación Argentina”.
Tal actuación por el acreedor prendario podría eventualmente ser reprochable en otro ámbito y frente a otra pretensión pero aquí -donde se persigue responsabilizar a la aseguradora-, no reporta como una actuación de la que derive obligación de la demandada de responder por el siniestro pese a la ausencia de pago de la prima.
Es que como ha reseñado la jurisprudencia “Los agentes institorios -art. 54 LS- tienen amplísimas facultades que se extienden a todos los actos pertenecientes y necesarios para el comercio del principal, como conceder esperas, otorgar recibos, recibir declaraciones de cambio y agravación de los riesgos, rechazar propuestas de los contratos, su prórroga o rescisión, modificar contratos en curso, recibir declaraciones de siniestros, liquidar daños, etc., pudiendo incluso apartarse de las condiciones generales y aceptar riesgos excluidos o no previstos (véase: "Corona vda. de Schellmann C. c/ La Defensa Cía. Arg. de Seg."; Halperín, "Seguros", pág. 121 y ss.; Meilij, Gustavo R. - Barbato, Nicolás H., "Tratado de Derecho de Seguros", N° 200, pág. 125).” (CNCom Sala A en “Trejo Ezequiel Alejandro y otro C/ Aseguradora Federal Argentina SA y otro s/ Ordinario.” del 4/04/18 disponible en www.cij.com.ar; en igual sentido Stiglitz, Rubén "Derecho de Seguros" T. 1 p. 352; La Ley 2016 y la jurisprudencia allí citada).
Ninguna de esas actividades es achacada en demanda al Banco en representación de la aseguradora, a excepción del débito automático autorizado pero que deriva de las relaciones emergentes del contrato de cuenta corriente bancaria. Tampoco hay prueba reunida que coloque al Banco en alguna de las referidas actuaciones propias del agente institorio. Adviértase que toda la actividad prejudicial del actor se dirigió directamente a la aseguradora (denuncia de siniestro; pagos; reclamos por carta documento) desconociéndose con ello la supuesta función de agente institorio que se pretende atribuir (arts. 375 y 384 del CPCC; art. 1065 inc. "B" del CCyCN).
Es decir que, a diferencia de la hipótesis de la demanda, no se acreditó que el Banco haya actuado bajo mandato de la aseguradora sino, por el contrario, bajo el de la parte actora, por lo que la falta de pago de la prima durante cinco meses (por las razones que fuere) no es atribuible a la actuación de la demandada.
En ese contexto la responsabilidad de la aseguradora en la recepción del pago no aparece acreditada pues no se ha demostrado una acción u omisión imputable a ella -o a un representante de ella- que sea causalmente relevante para tener por impaga la póliza (arts. 375 y 384 CPCC; 959; 1021; 1022; 1025; 1395 inc. “b” y 1401 CCyCN).
En otros términos, el incumplimiento del contrato de seguro que se le carga a la demandada no se muestra acreditado pues no hay una actuación u omisión que pueda atribuírsele como razón o causa para tal imputación (arts. 1716; 1721; 1724; 1726 y ccdtes. del CCyCN).
Es que frente a la falta de pago de la prima durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2020 (conf. informe pericial contable del 11/7/2022 puntos 1.1 y 1.2) resulta ajustado al contrato y a la ley de seguros (conf. su art. 31) que la demandada rechazara la cobertura del siniestro. No advierto tampoco acreditado que la actuación de la aseguradora -y que se alega habría llevado a confusión al actor respecto de la vigencia del contrato- permita hacerla responsable por renuncia tácita a la suspensión del seguro.
Es que resulta acreditado que la aseguradora informó la falta de pago (correo electrónico del 8/12/2020; conf. informe pericial informático del 13/7/2022 punto “a” adjuntando una planilla de la que surgían los meses y las cuotas adeudadas) días antes del siniestro, sin respuesta alguna del actor en orden a salvar la falta de pago.
Por otro lado si bien la aseguradora remitió una nueva póliza -que entraría en vigencia el día 4/1 del año siguiente (v. demanda ap. VI y correo electrónico del 17/12/2020, conf. punto “b” del informe pericial informático ya citado)- no se acreditó que efectuara ningún acto de ejecución del contrato suspendido, tal como la jurisprudencia ha admitido en algún caso.
Así se ha sostenido que aún frente a la falta de pago si la aseguradora presta alguno de los servicios comprometidos en la póliza cabe interpretar que declinó la suspensión que prevé el art. 31 de la LS (CNCom Sala E “Vicente, Alberto Feliciano c/ Caja de Seguros SA s/ Ordinario” sentencia del 28/12/10 disponible en http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/jurisp/principal.htm). Este no es el caso. Efectuada la denuncia del siniestro la aseguradora sostuvo la suspensión del contrato y negó la cobertura por falta de pago de la prima conforme las condiciones pactadas en la póliza y lo prescripto en la ley de seguros (v. carta documento del 4/1/2021, transcripta en la demanda y acompañada a ella).
Vale recordar que esta Cámara, en consonancia con asentada doctrina legal, ha sostenido en un caso análogo en este aspecto que resulta de plena aplicación el art. 31 de la ley 17.418.
Así sostuvimos -y es aplicable aquí también- “Así entendió que la Ley 17.418 indica en su artículo 31 que si el pago de la prima no se produce, el asegurador no será responsable por el siniestro. Este principio puede ser extendido y regulado por las partes, siempre bajo el control de la Superintendencia de Seguros, que obra como organismo estatal moderador en cuanto tiene presente la función social del seguro.
Según indica la jurisprudencia, este último organismo de control admite que cada empresa de seguros pueda utilizar su propia cláusula de cobranza de premios, previa aprobación de aquél (conf. CNCom., Sala A, 18/3/82; E.D. 100- 537; ídem CNCom., Sala A, 6/9/79, E.D. 86-475).
Sobre ese esquema, subrayo que la suspensión de la cobertura por falta de pago equivale a la cesación temporaria de la garantía contratada y funciona habitualmente como una sanción a la mora (SCBA, Ac. 33.598, sent. del 15/4/1986) que cesa una vez efectuado el pago de la prima adeudada y sus intereses. Sin embargo, esa cancelación rehabilita la cobertura hacia el futuro y no purga la mora.
En efecto, los pagos efectuados con posterioridad al vencimiento no tienen otro alcance para la aseguradora que la rehabilitación de la póliza, pero no purga con retroactividad los efectos de la suspensión de la cobertura. El pago para hacer cesar la suspensión de la cobertura debe ser completo (SCBA, in re, Passarotto, Luis sent. del 11/7/95, La Ley Bs. As. 1995-1030). (Expte. 9.050, Vazquez Maria Cristina y Otro c/ Pérez Marcelo Oscar s/ Daños reg. int. 100 (S) del 27/11/2012).” (en expte. 11.172 “Rial, Rubén Alfredo c/Dacal, Saúl Daniel y otros s/Daños y perjuicios” reg. 57 (S) del 17/5/2018; reiterando lo ya sostenido en términos análogos en expte. 9849 reg. 134 (S) del 28/10/2014; en expte. 9661 reg. 108 (S) 9/11/2014; entre otros).
Como puede advertirse entonces ni la recepción del pago de la prima adeudada ni la remisión de una nueva póliza pueden implicar aceptación del siniestro pues el contrato se encontraba suspendido. Tal como funciona el específico régimen del contrato de seguros la falta de pago de la prima produce tal suspensión, lo que no implica necesariamente su finalización, la que resulte en esos casos facultad del asegurador; de allí que pueda continuar el vínculo entre las partes con la limitación fijada en el art. 31 LS.
En definitiva y por las razones dadas hasta aquí no corresponde entender acreditado que la demandada haya incurrido en el incumplimiento contractual alegado por la que cabe hacer lugar al recurso de la accionada y revocar la sentencia de grado con costas en ambas instancias al actor vencido (art. 68 CPCC).
El recurso del demandante en función de lo resuelto queda desplazado y no amerita ser tratado (art. 266 y 272 CPCC).
Voto por la NEGATIVA La Sra. Jueza Doctora Bulesevich votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
La Sra. Jueza Doctora Issin votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR LOIZA DIJO:
Corresponde, por las razones dadas al votar la primera cuestión, hacer lugar al recurso de la accionada y revocar la sentencia de grado con costas en ambas instancias al actor vencido (art. 68 CPCC). La regulación de honorarios se difiere para la oportunidad en que exista base firme para tal fin (art. 51 L. 14.967).
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión planteada la señora Jueza doctora Bulesevich votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la misma cuestión planteada la señora Jueza doctora Issin votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
Necochea, 24 de agosto de 2023.
VISTOS Y
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo se revoca la sentencia de grado con costas en ambas instancias al actor vencido (art. 68 CPCC). La regulación de honorarios se difiere para la oportunidad en que exista base firme para tal fin (art. 51 L. 14.967). Notifíquese mediante el depósito del presente en el domicilio electrónico constituido por las partes (art. 10 Ac. 4013 t. o. Ac. 4039 del 14/10/2021 SCBA):
Fin de la sentencia