Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de San Nicolás · Causa JUN-6267-2026
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución apelada, por los fundamentos expuestos en el voto que sustenta la presente; -
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás, conforme lo establece el Anexo Único, apartado II, artículo 5 y ss., del Acuerdo n° 3975/20, se reúne en Acuerdo ordinario , con la integración de los Señores Jueces Marcelo José Schreginger y Damián Nicolás Cebey para dictar sentencia interlocutoria en la fecha en que se suscribe el presente bajo la actual modalidad digital, en los autos " GALLO MARTA EVELIA C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO/A S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO ", en trámite bajo el n° JUN-6267-2026 , con arreglo al siguiente orden de votación: Cebey y Schreginger.
1. Vienen los autos a esta Alzada con motivo del recurso de apelación presentado por el demandado contra el dictado favorable de cautelar que se admitiera en la instancia de grado.
2. Resolución puesta en crisis, del 24/02/2026.
En primer término, se recuerda la plataforma fáctica del caso, con pedido de medida cautelar por la actora -Marta Evelia Gallo-, consistente en la inmediata liquidación y pago de la bonificación por antigüedad al tres por ciento (3%) por las labores realizadas -como personal del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires- respecto de la totalidad de los años de servicio.
Se analizan -en tarea del Juez a quo - los requisitos propios para el otorgamiento de lo requerido; indica que el recibo acompañado por la parte actora da cuenta que -en lo que refiere a la bonificación por antigüedad- la demandante percibió en nueve (9) períodos porcentajes menores al 3%.
Que ello obedece a la aplicación de las normas que determinaron -con carácter permanente y continuo- un porcentaje menor al tres por ciento (3%) para el cálculo de la bonificación por antigüedad mensual [así, 1% para tareas reconocidas entre los años 1997-2004, y 2% año 2005], q ue el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires liquida en idéntico sentido a como lo hacía el empleador durante su relación activa.
En este punto, alega también que no puede ignorarse la existencia de amplia jurisprudencia en sentido favorable a la petición actoral, que determinaron la inconstitucionalidad de las normas en que se sustentan las disminuciones del porcentual de la bonificación en cuestión (Leyes n° 11.739 -presupuestaria del año 1999-, n° 11905 -presupuestaria del año 1998-), criterio que a priori comparte y sustentarían la verosimilitud en el derecho que se invoca (cita CCALP causa n° 19.938 "Gales Roger Daniel y ot. c/ Procuración General de la SCJPBA s/ pret. rec. o rest. de derechos", sentencia del 22/02/2018).
Indica también que normativa como la impugnada en autos, posee una fuerte presunción de inconstitucionalidad, por ser presumible un agravio al principio de progresividad, como piso de protección para no disminuir un derecho (conforme artículo 39 inciso 3 de la CPBA).
Aduna, con relación al peligro en la demora, que la procedencia de este recaudo se encuentra configurado por la circunstancia que la actora transita una etapa de su vida que requiere de una tutela reforzada por parte de los organismos de protección social, en particular en lo atinente a garantizar un derecho que resulta de clara naturaleza alimentaria.
Señala que no se advierte que la medida cautelar a dictarse pueda afectar el interés público, entendido éste como el cumplimiento de la finalidad de la ley y el resguardo de un derecho fundamental de raigambre constitucional, como es la protección de la vejez.
En suma, hace lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, liquidar y abonar la bonificación por antigüedad componente del haber previsional de la actora, al 3%, por todos los años reconocidos por tal concepto, ello, desde el mes inmediato posterior a la notificación de su decisorio cautelar, previa caución juratoria a prestarse.
3. Apelación de fecha 07/09/2026.
Comienza señalando que la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata -al revocar medidas cautelares idénticas a la de autos o al confirmar denegatorias- ha ido estableciendo como criterio general que -en casos como el presente- no se configura el presupuesto de peligro en la demora toda vez que no se advierte una modificación en la forma de liquidar el rubro «antiguedad» que genere un perjuicio que no pueda repararse luego.
A criterio de la demandada, la sentencia luce arbitraria en tanto comporta una decisión violatoria de las garantías constitucionales del debido proceso y derecho de defensa (artículo 18 CN), toda vez que carece de todo desarrollo argumental respecto de las cuestiones resueltas y, en consecuencia, no satisface la garantía constitucional de fundamentación de las sentencias judiciales (artículo 3 CCCN) correspondiendo su descalificación como acto jurisdiccional válido (Fallos: 324:2177; 331:2195; 337:1263, entre muchos otros).
Resalta que la decisión no encuentra sustento en la normativa involucrada, ni en las insuficientes constancias que se encuentran agregadas en la causa.
Sostiene la ausencia de verosimilitud en el derecho, y el prejuzgamiento en el decisorio.
Cuestiona que se encontró abastecido el recaudo de verosimilitud del derecho, con la plataforma fáctica alegada y lo resuelto en causas anteriores, donde se declaró para el caso concreto, la inconstitucionalidad de las normas en que se sustentan las disminuciones del porcentual de la bonificación en cuestión.
Sobre ello, afirma que importa una indebida contribución subjetiva del juez antes de la oportunidad fijada por la ley para pronunciarse en el mismo proceso, de modo tal que ello configura un anticipo de la opinión que deja entrever su decisión final (artículo 17 inciso 7 CPCC).
Plantea que una medida cautelar debe acreditar la existencia de verosimilitud en el derecho invocado y el peligro irreparable en la demora, porque resulta exigible que se evidencien fehacientemente las razones que justifican resoluciones de esa naturaleza (Fallos: 329:3890; 4161 y 5160, entre otros); que dicha carga -enfatiza- no se encuentra ni mínimamente cumplida en el fallo recurrido.
Indica que la Procuración General de la SCBA se expidió en la causa "Casolati" emitiendo un dictamen a favor de la constitucionalidad de las leyes que determinan la liquidación por antigüedad.
Postula que no surge peligro en la demora, refiriendo que -en el caso- no se evidencia el grado de perturbación que le ocasionaría a la parte actora, en su concreta situación económica, proseguir el desarrollo del proceso sin la tutela cautelar requerida. Dice que no estamos ante un compromiso del haber previsional propiamente dicho, sino que la discusión involucra un rubro que no tiene el impacto necesario para afectar derechos de raigambre constitucional.
Agrega que no se explica como la liquidación de la bonificación, practicada hasta la fecha, afecta el haber que percibe de manera que muestre una desproporción de naturaleza arbitraria y confiscatoria (articulo 14 bis de la CN, 39.3 y 40 de la CPBA).
Añade que en ningún momento se invocó ni se demostró riesgo alguno de sufrir un perjuicio inminente.
Recuerda que el peligro en la demora no se presume ni basta la mera manifestación de la posibilidad de un daño para que se lo acepte como real, sino que es necesario que el perjuicio surja claramente. No sólo deber ser grave, sino actual o inminente, no evitable sino mediante la referida cautelar.
Hace reserva del caso constitucional y pide se revoque la medida cautelar, objeto de esta apelación.
4. Contestación actoral, del 21/09/2026.
En dicha presentación, señala que no se encuentra afectado el interés público, dado que -de hacerse lugar a la misma- importaría la erogación para el Estado provincial de una suma mensual irrisoria, lo que en modo alguno implicaba un perjuicio relevante a las rentas provinciales ni deja a la Administración ante el riesgo de incumplir finalidad pública alguna.
Aduce que el planteo de la recurrente es manifiestamente improcedente, en tanto se desentiende de los alcances individuales (no colectivos) del caso concreto, careciendo de elemento alguno que permita justificar lo alegado.
Por otro lado y en cuanto a las razones de interés publico estrictamente presupuestarias alegadas por el Fisco, señala que han sido descartadas como condicionantes para el otorgamiento de medidas cautelares de mucho mayor envergadura e impacto a las arcas estatales (cita fallo "Asociación Bancaria" , sent. del 14/03/2023).
Luego sostiene que los agravios ensayados por la apelante deben ser rechazados, porque adolecen de un déficit postulatorio esencial, derivado de la omisión de formular una crítica concreta y razonada contra los fundamentos expresados en la sentencia recurrida.
Afirma que el fundamento referido a la existencia de precedentes de fondo dictados en este sentido, robustecen la verosimilitud del derecho, mas no resultan ser el fundamento principal de la decisión.
Destaca que el dictamen emanado de la Procuración General de la SCBA en la causa "Casolati " no tiene fuerza de doctrina legal y por lo tanto no debe ser seguido por los jueces y juezas.
En cuanto al peligro en la demora, añade que el carácter alimentario no se encuentra condicionado por el monto del mismo. Por último, reitera que la actora es una persona adulta de 78 años de edad.
Mantiene la cuestión federal.
Solicita se rechace el recurso de apelación interpuesto por la demandada, y se confirme la resolución cautelar, con costas.
Tratamiento
La Cámara estableció la siguiente cuestión a resolver: -
¿Se ajusta a derecho el decisorio apelado?
A la cuestión, el Juez Cebey dijo: -
1. Previo al ingreso del análisis de la medida cautelar propiamente dicha, estimo corresponde hacer una aclaración en torno del aludido "asomo de prejuzgamiento " del a quo al que alude el apelante.
Sobre ello, no obstante mencionar la recurrente que ha existido un claro prejuzgamiento con relación a la cuestión de fondo, lo que vulneraría -a su entender- su derecho de defensa, cierto es que tampoco ha solicitado expresamente la recusación del juez de grado, pese a tener derecho a hacerlo si así lo considerara pertinente.
De allí que exista una actuación contradictoria de la recurrente, que torna inatendible su agravio en esta cuestión.
Pues, por un lado acepta -o al menos no cuestiona- la idoneidad del magistrado para entender del proceso pero, al mismo tiempo, la critica como agravio en la que refiere a la resolución en crisis.
Veamos, el despacho de una medida cautelar no genera prejuzgamiento por sí mismo. Cuando el Juez -en esta oportunidad- resuelve una cautelar está obligado a expedirse -así como se hizo- sobre verosimilitud del derecho, peligro en la demora y la no afectación al interés público; ello no es adelantar la sentencia, es cumplir su "deber de proveer" .
Recordemos -además- que la medida cautelar es por definición provisoria, mutable, no decide el fondo. De manera tal que el Juez puede concederla o denegarla y después fallar de un modo diferente a lo ponderado y resuelto respecto del despacho cautelar.
En tanto que el magistrado se limitó a cumplir su deber de proveer en la oportunidad procesal pertinente, con cognición provisoria -propia de toda medida cautelar-, sin emitir opinión definitiva sobre el fondo, y no habiéndose planteado en tiempo oportuno recusación alguna, la participación del Juez ha quedado consolidada.
Se ha dicho que la recusación "es la facultad acordada a los litigantes para provocar la separación del juez (o de ciertos auxiliares de la justicia, como os peritos) (arts. 465, Cod. Proc. Nac; 469 , Cod. Proc. Bs. As.) en el conocimiento de un asunto de su competencia, cuando media motivo de impedimento o sospecha especificados en la ley, reconocidos por el mismo juez, debidamente justificados por el recurrente" (el subrayado me pertenece) [Morello, Augusto M., "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación" - Tomo II (Arts. 1° al 89), Abeledo Perrot, Recusaciones y Excusaciones (artículos 14-33), Introducción 196, Recusaciones y Excusaciones. En https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/laley/2015/41877810/v1/document//].
En ese sentido, si -asistiéndole a la parte el derecho a recusar al magistrado por emisión de opinión- la recurrente optó por no ejercerlo concretamente, mal puede invocar dicha cuestión como una de las bases para sus agravios.
2. Ahora bien, ingresando en el análisis de la cuestión traída a nuestro conocimiento, principio por recordar que -para el dictado de toda medida cautelar- deben darse de manera simultánea los tres requisitos (apariencia de buen derecho, peligro en la demora y no afectación grave al interés publico), los que -asimismo- tratándose de una medida innovativa lo que se pretende -deberán ser analizados con prudencia y estrictez.
3. En tarea, veamos entonces si se da en el caso el primero de los recaudos necesarios para la concesión cautelar, esto es, la verosimilitud en el derecho invocado.
Sobre ello -liminarmente señalo-, tal lo afirmado por el a quo en criterio que se comparte, que la cuestión no resulta novedosa, y en efecto, existen numerosos pronunciamientos favorables a pretensiones análogas (incluso en Instancia de sentencia definitiva) que aportan mayor nitidez a la verosimilitud en el derecho invocado [ "Berestein, Elisa Susana c/ Fisco PBA s/ Pretensión de rest. o rec. derecho - Empleo público" (causa n° 4910/2024, RSI de fecha 08/10/2024), entre muchos otros].
En la tarea de ponderar entonces los recaudos necesarios para el dictado de la cautelar, adelanto que una primera mirada sobre la cuestión denotaría que las normas cuestionadas en el caso bajo examen podrían implicar una actitud regresiva en materia laboral; -
Y es que la decisión de alterar -ya sea disminuyendo o eliminando en el año 1996- el porcentaje abonado implicaría prima facie una regresión en las condiciones laborales de la parte actora, más aun -itero- teniendo en cuenta que dicha medida permanece inmutable, tomando en consideración que la bonificación en cuestión continúa siendo liquidada con las mencionadas restricciones.
Frente a ello, es justamente el retorno al índice del 3% para los años subsiguientes al 2005 un dato que sirve, en adición, para corroborar la mentada situación.
Así las cosas, estimo que lo decidido -aún en instancia cautelar por el sentenciante- resulta acorde con el principio de progresividad, consagrado en el artículo 39 inciso 3 de la CPBA en materia de seguridad social, en general y, respecto de los adultos mayores, concretamente, en el artículo 17 de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos de las Personas Mayores, aprobada por Ley n° 27360 y con jerarquía constitucional en los términos del artículo 77 inciso 22 de la CN, conforme Ley n° 27700, que específicamente garantiza: -
«Derecho a la seguridad social.
Toda persona mayor tiene derecho a la seguridad social que la proteja para llevar una vida digna.
Los Estados Parte promoverán progresivamente, dentro de los recursos disponibles, que la persona mayor reciba un ingreso para una vida digna a través de los sistemas de seguridad social y otros mecanismos flexibles de protección social.
Los Estados Parte buscarán facilitar, mediante convenios institucionales, acuerdos bilaterales u otros mecanismos hemisféricos, el reconocimiento de prestaciones, aportes realizados a la seguridad social o derechos de pensión de la persona mayor migrante.
Todo lo dispuesto en este artículo será de conformidad con la legislación nacional».
A lo dicho, cabe agregar que, mediante la Resolución SC n° 216/24, la Suprema Corte de Justicia aprobó la Guía de Buenas Prácticas para el Acceso a la Justicia de las Personas Mayores, por medio de la cual se establecen pautas y reglas para orientar a magistrados, funcionarios y agentes judiciales a fin de garantizar el trato digno, respetuoso y no discriminatorio, como así también el acceso sustancial, de calidad y sobre bases igualitarias al servicio de justicia de las personas mayores.
Y no advierto tampoco que con lo decidido por el juez de grado se esté adelantando jurisdicción en atención a la falta de pronunciamiento sobre el tema por parte del Cimero Tribunal, sumado al dictamen favorable de la Procuración en el citado caso "Casolati" , habida cuenta del carácter esencialmente mutable y provisorio de las medidas cautelares (cfr. artículo 26 CCA), en tanto un cambio de circunstancias -vgr. en caso que la SCBA se expida en alguno de los casos análogos al presente- podría ser alegado por la demandada y motivar -a todo evento- una nueva revisión de la decisión.
Empero, y en el mientras tanto, no pueden soslayarse las normas constitucionales y convencionales citadas precedentemente, ni perderse de vista que nos encontramos frente a derechos previsionales que -como tales- involucran a adultos mayores, cuya vulnerabilidad se presupone y -de hecho- ha merecido la ya apuntada especial protección, lo que se relaciona y a su vez nos lleva al análisis del siguiente recaudo necesario para el otorgamiento de la medida.
4. Analizando ahora el peligro en la demora, cabe señalar que -si bien se trata en definitiva de una cuestión patrimonial, a todo evento, susceptible de reparación posterior- ello no empece a que se realice un prudente balance respecto de ambos recaudos, recordando así lo dicho por la SCBA: -
«En el marco del proceso precautorio no sólo debe sopesarse la concurrencia de los requisitos de verosimilitud del derecho y del peligro en la demora, sino que además es dable efectuar un prudente balance de los mismos, de forma tal de ponderar la configuración de cada uno aminorando en su caso, el rigor en la nitidez de la presencia de cualquiera de ellos cuando la del otro luce incontrovertible. A partir de la aplicación del artículo 22 del nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo, en materia de medidas cautelares, corresponde verificar la concurrencia de los extremos previstos en los apartados "a" y "b" del inciso 1, como así también de la exigencia contenida en el apartado "c" -ausencia de grave afectación del interés público-, pues ellos informan y delimitan el contenido valorativo que debe seguir el Tribunal para otorgar la tutela precautoria; con lo cual, el mentado balance -de efectuarse- ha de operar en términos de exigir una mayor o menor presencia de los presupuestos legalmente establecidos, sin llegar a justificar la total prescindencia de cada cual.» (SCBA, B 64769, "B., A. c/ C., D. s/ demanda contencioso administrativa", Sent. del 08/11/2006).
Pues bien, estimo que -en el caso- la urgencia de la petición formulada aparece manifiesta, no solamente por el carácter alimentario del haber jubilatorio, coincidiendo en ello con la decisión de grado; sino también por la edad de la parte actora.
Recordaré que los derechos que la seguridad social deben resguardar para procurar que la situación de pasivo no disminuya las posibilidades alimentarias que tenía cuando activo, encuentra razón de ser en lo dispuesto en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 77 inciso 22 CN), en cuyo artículo 22 dispone: -
"Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad."
Deviene -también- oportuno mencionar que el a quo efectúa un análisis entre los diversos requisitos para el otorgamiento de la cautelar, para concluir que se encuentran verificados y que lo perseguido (la bonificación), en caso de no otorgarse con la presente medida provocaría perjuicios irreparables.
Aduno, así como decíamos en la causa "Francisco" n° 3889 en RSI del 16/08/2022, que: «la SCJBA ha otorgado los despachos precautorios en materia de suspensiones salariales mensuales con similares fundamentos y motivación, aún cuando regía un esquema procesal restrictivo con respecto al control judicial de la función administrativa (cfr. B.53856, "Saldías, Manuel c/ Ministerio de Salud de la Pcia", 02/07/1991; B.55469, "Nieto, Emilio c/ Municipalidad de Gral. Pueyrredón", 02/11/1993)» , la verosimilitud del derecho «también se exterioriza configurada por el principio de razonabilidad que rige desde el advenimiento de la vinculación positiva de la administración a la juridicidad a fin de posibilitar el control de los apoderamientos discrecionales» .
5. Para finalizar, y con relación al último de los recaudos cuya configuración se necesita para el dictado cautelar (esto es, la no afectación grave al interés público), se observa que la recurrente pone especial énfasis en sostener -incluso fundando con ello el pedido de que el recurso se concediera con efecto suspensivo- que una decisión como la de autos tendría un impacto severo en el entorno, que iría más allá del caso concreto.
Pues bien, sobre ello señalo que el argumento no conmueve la decisión judicial de grado en este sentido, en tanto -como todas- la medida se dicta para el caso concreto , no bastando el alegado "efecto contagio" para desvirtuar esta circunstancia, máxime teniendo en consideración que existen ya -como quedara dicho expresamente al tratar la verosimilitud en el derecho invocado- sendos casos ya planteados ante diversas jurisdicciones, y que han merecido favorable acogida, sin que hubiera acreditado el apoderado fiscal que a partir de ello o de alguno de ellos, se hubiere incrementado "en avalancha" la litigiosidad en este sentido.
6. Para culminar, y conforme lo prevén los artículos 22, 23, 26 y ccs. CCA, destaco que lo que se decide no implica en modo alguno adelanto de opinión acerca del fondo, como así también me permito iterar que el pedido cautelar (cuya confirmación de acogimiento postulo que resolvamos en la presente oportunidad) podrá ser replanteado en autos, en caso que se presentase nuevos elementos probatorios, dándose cambios en las circunstancias tomadas en consideración al momento del actual del despacho cautelar.
7. Con lo cual, en virtud de lo ponderado, considero que corresponde confirmar la resolución en crisis, con costas de esta Instancia en el orden causado (artículo 51 CCA).
ASÍ LO VOTO.
El Juez Schreginger dijo: -
Por coincidir con los razonamientos expresados, adhiero a la opinión del Juez Cebey. ASÍ LO VOTO.
En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Cámara RESUELVE:
1. Confirmar la resolución apelada, por los fundamentos expuestos en el voto que sustenta la presente; -
3. Imponer las costas de esta instancia en el orden causado (artículo 51, primer párrafo, segunda parte, CCA); -
4. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad procesal.
Regístrese, y notifíquese vía electrónica; oportunamente devuélvase.
Damián Nicolás Cebey Marcelo José Schreginger
Suscripto por los Señores Jueces, y registrado por el Actuario firmante en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA n° 3975/20).
Firmas
Funcionario firmante: CEBEY Damian Nicolas - JUEZ
Funcionario firmante: SCHREGINGER Marcelo Jose - JUEZ
Funcionario firmante: PERMAN Guillermo Adrian - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 942-2026
Fin de la sentencia