Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2022-32869985-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
2Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 3.026.471 (Pesos tres millones veintiséis mil cuatrocientos setenta y uno) equivalente a 66,60 (sesenta y seis con 60/100) UMA y por el patrocinio letrado, la suma de $ 7.566.177 (Pesos siete millones quinientos sesenta y seis mil ciento setenta y siete) equivalente a 166,51 (ciento sesenta y seis y seis con 51/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria –, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas procesales y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, la Acordada N° 08/24 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe firma conjunta Número: IF-2024-46897872-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 7 de Mayo de 2024 SGAI#TFN) caratulado “GAM S.R.L. s/ Recurso de Apelación – Impuesto a las Ganancias” VOCXII En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith V. Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O´Donnell (Vocal Titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el EX-2022-32869985- -APN- SGAI#TFN (y acumul EX-2022-102240295- -APN-SGAI#TFN) caratulado “GAM S.R.L. s/ Recurso de Apelación – Impuesto a las Ganancias”
El Dr. Martín dijo:
I. Que RE-2022-32867100-APN-SGAI#TFN y RE-2022-102238297-APN-SGAI#TFN Gam S.R.L. interpone recurso de apelación contra las Resoluciones RESOL-2022-29-E-AFIP-DVRSAL#SDGOPII y RESOL-2022-129-E-AFIP- DVRSAL#SDGOP de fecha 14 de marzo de 2022 y 31 de agosto de 2022, respectivamente, dictadas por el Jefe (int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Salta de la A.F.I.P.- Dirección General Impositiva por medio de las cuales se determinó el Impuesto a las Ganancias de los períodos fiscales 2016 a 2018 y 2019 con más intereses resarcitorios, dejando en suspenso la aplicación de sanciones en los términos del art. 20 de la ley Nº 27.430 (Régimen Penal Tributario) por los períodos fiscales 2016 a 2018, mientras que por el período fiscal 2019 se aplicó una multa graduada en tres veces el gravamen presuntamente evadido según los arts. 46 y 47 incs. a) y b) de la Ley 11.683 (t.o. en 1998 y mod.).
Plantea la nulidad de los actos apelados al entender que los mismos carecen de motivación suficiente y coherente al no poseer sustento fáctico y legal, lo que vulnera sus garantías constitucionales. Se agravia de que el organismo fiscal haya recurrido al método de determinación presunta.
Expone que se dedica a la actividad de construcción y que durante los años 2015 a 2018 desarrolló obras en diferentes localidades en el ámbito de la Provincia de Salta, lo que fue acreditado con los certificados de obra con los que los clientes aprobaron el trabajo y el consecuente pago. Relata que para llevar adelante dichos trabajos su capacidad no era suficiente, por lo que debió contratar con los proveedores cuestionados determinados trabajos y la provisión de materiales, lo que se puede comprobar con el resultado final que se plasmó con la concreción de las obras encargadas. Informa que se consideraron improcedentes la deducción de costos y gastos en el Impuesto a las Ganancias por una imputación que efectúa la AFIP-DGI cuya responsabilidad pretende atribuirle, cuando los incumplimientos son de un tercero y no de su parte, por lo que opone la excepción por falta de legitimación activa del Fisco.
Menciona los proveedores con los que contrató y las objeciones planteadas con relación a cada uno de ellos, y señala que se trata de meros indicios que no le son imputables al estar referidos a terceros ajenos a la relación jurídico tributaria. Afirma que el ente fiscal no valoró la prueba aportada que tiene expresa vinculación con las obras y facturaciones vinculadas a las facturas impugnadas. También se queja de que no se hayan verificado las obras en las cuales se encuentra plasmado el cumplimiento de las prestaciones efectivamente realizadas, movimientos de suelos, edificación, incorporación de materiales y demás tareas y servicios cumplimentados e incorporados en las facturas, por ello reitera que el Fisco parcializó la investigación omitiendo evaluar cuestiones y pruebas fundamentales que hacen a la real correspondencia de los conceptos facturados con las obras ejecutadas.
Indica que los proveedores no se encontraban en la base Apoc al momento de las contrataciones y que verificó la validez de las facturas, las que cumplían con la normativa vigente, por lo que señala que por aplicación de la teoría de los actos propios resulta contradictorio que ahora se las cuestione cuando se había autorizado su emisión.
Resalta que se ejecutaron y concluyeron las obras, lo que se demostró con las constancias obrantes en el expediente y las pruebas ofrecidas, resultando en consecuencia procedente el cómputo de un costo en la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias, toda vez que fueron necesarios para obtener las ganancias gravadas.
Alega que desconocer los gastos vinculados a las obras, importaría lisa y llanamente gravar, la ganancia bruta de la obra en cuestión, alejándose del concepto básico de la tributación del Impuesto a las Ganancias, que establece que solo está gravada la ganancia neta. Insiste en que las facturas impugnadas contienen “servicios necesarios e imprescindibles” sin los cuales no habría podido generar los ingresos correspondientes, por lo que en subsidio peticiona que se computen costos en forma presuntiva.
Refiere que también la fiscalización examinó las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias del período 2017, para revisar los saldos de otros dos proveedores, cuyo pasivo como deudas comerciales recibió el tratamiento de incremento patrimonial no justificado con más un 10 % de renta consumida, cuando se trató de un error en el proceso de la carga del aplicativo y/o transmisión de información.
Concluye en que siempre actuó de buena fe en todas sus negociaciones y contrataciones con terceros, entre ellos los proveedores, dando cumplimiento a las obligaciones fiscales y previsionales a su cargo, sin que una supuesta conducta irregular de los proveedores pueda fulminar su accionar diligente.
Por último, se defiende ante una posible aplicación de sanciones en el caso de los períodos fiscales 2016 a 2018, mientras que con relación al período fiscal 2019 menciona que resulta improcedente el encuadre legal efectuado al no configurarse una conducta dolosa. Insiste en que no existió “contradicción” entre sus registros y su declaración jurada, y mucho menos el agravante expresado por la norma presuncional de “grave contradicción” sin que tampoco la documentación aportada haya incluido o consignado datos inexactos.
Ofrece prueba instrumental, documenta, informativa y pericial contable y por los argumentos que desarrolla pide que se revoquen las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas. Hace reserva del caso federal.
II. Que por IF-2022-81809070-APN-DTD#JGM y IF-2022-126904627-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional contesta los traslados de los recursos deducidos en autos.
Anuncia que la excepción por la supuesta falta de legitimación activa invocada por la actora resulta improcedente por cuanto resulta falaz el fundamento vinculado con que se pretende asignar una consecuencia fiscal de un tercero, ya de que modo alguno se le asigna la consecuencia de conductas de terceros responsables sino que en el caso se practicaron ajustes resultantes de la verificación dispuesta sobre su propia situación tributaria, para lo que se realizaron diversas tareas de constatación, entre ellas, vinculadas con supuestos proveedores.
Sobre el pedido de nulidad expresa que de la simple lectura de los actos apelados surge la inexistencia de vicio alguno, al reunir todos los elementos jurídicos formales para su validez debido a que se observaron las disposiciones previstas por la Ley N° 11.683 en cuanto se refieren al procedimiento de marras y se desarrollaron los cargos formulados así como el tratamiento impositivo, lo que permitió a la recurrente conocer la imputación formulada y los antecedentes del caso, sin que se haya cercenado su derecho de defensa.
Manifiesta que como resultado de las labores de fiscalización se detectaron costos y/o gastos computados en exceso, originados en operaciones cuya materialidad no fue acreditada en las actuaciones.
En especial hace saber que se constató la inclusión de costos originados en operaciones de compra sobre las cuales no acreditó su veracidad y que fueron documentadas con facturas de proveedores categorizados como “no confiables”, se detectó el cómputo de costos cuyo respaldo no concordaba con los comprobantes de venta emitidos por los proveedores legitimados, los que desconocieron las facturas de compra registradas, se advirtió el incorrecto registro de notas de crédito de proveedores legitimados y la inclusión de costos originados en adquisiciones que no guardaban correlato con las operaciones de venta, como asimismo la indebida deducción de la cuota de amortización por la compra de automotores no vinculados a la actividad gravada.
Indica que con relación a la renta, se constató un incremento patrimonial no justificado vinculado al cómputo de pasivos comerciales inexistentes, por lo que se aplicó el art. 18 inc. f) de la Ley N° 11.683 (t.o en 1998 y mod.); como así también una diferencia en defecto de los ingresos declarados en el Impuesto a las Ganancias y los del Impuesto al Valor Agregado. Advierte que la apelante opone idénticos agravios a los ya expresados en el procedimiento determinativo de oficio y remite a dichos actos en cuanto al desarrollo de sus fundamentos.
Responde que la autorización para la impresión de las facturas versa sobre aspectos formales verificados al momento de otorgar dicha autorización, sin que pueda interpretarse como un aval sobre la validez del futuro contenido de tales facturas, es decir, ello no da fe de la materialidad de las operaciones que dichos comprobantes luego consignen. Apunta que las cuestiones formales alegadas con relación a las operaciones observadas, no impide que las mismas puedan ser impugnadas cuando no se probó que las facturas exhibidas respondían a las operaciones que reflejaban al no demostrar su validez material.
Sobre la inclusión de los proveedores en la base Apoc explica que la carga ratifica los numerosos elementos colectados a lo largo del procedimiento que llevaron a concluir en la inexistencia de las operaciones impugnadas, sin que ello sea el único elemento de los ajustes en trato.
Concluye en que los indicios enumerados para cuestionar los cargos efectuados no resultan suficientes para controvertir el criterio plasmado en los actos recurridos, en tanto se refieren a cuestiones meramente formales, que no permiten tener por probada la real existencia de las operaciones cuestionadas en lo que hace a su materialidad.
Considera que corresponde a la actora demostrar la veracidad de la facturación emitida a su nombre para acreditar la sustantividad de las operaciones desestimadas, lo que no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto.
Respecto del incremento patrimonial no justificado señala que la recurrente no aclara ni otorga precisión acerca de cuál sería la correcta información respecto del pasivo computado en su declaración jurada, ni aporta documentación respaldatoria que permita convalidar el concepto a los efectos de modificar la pretensión fiscal vinculada a su impugnación.
Resalta que no expuso agravios sobre los intereses resarcitorios, por lo que al haber sido calculados según el art. 37 de la ley de procedimiento fiscal pide que sean ratificados.
Repara que las consideraciones desarrolladas sobre el aspecto sancionatorio devienen abstractas en razón de que se aplicaron al caso las previsiones del artículo 20 de la Ley Nº 27.430 (sic) con relación a los períodos fiscales 2016 a 2018, quedando diferido el inicio del sumario y la eventual aplicación de sanciones. Mientras que por el período fiscal 2019 quedó suficientemente acreditada la conducta dolosa en la que incurrió la apelante.
Por lo expuesto, se opone a la prueba ofrecida y por los argumentos que desarrolla y la jurisprudencia que cita, peticiona que oportunamente se dicte sentencia confirmando las resoluciones apeladas, con costas. Hace reserva del caso federal.
III. Que por PV-2023-17476955-APN-VOCXII#TFN se reordenó el trámite del expediente luego de la acumulación del EX-2022-102240295- -APN-SGAI#TFN, ello así por PV-2023-91462356-APN-VOCXII#TFN se admitió la producción de la prueba informativa, pericial contable y técnicas ofrecidas por la recurrente, las que debido a la falta de interés en instar su producción fueron dadas por decaídas con PV-2023-152747586-APN-VOCXII#TFN.
Por ello con PV-2024-25566277-APN-VOCXII#TFN se elevaron los autos a conocimiento de la Sala "D" y por IF-2024- 43106551-APN-VOCXII#TFN se pasan los autos para sentencia.
IV. Que en primer lugar el planteo de nulidad introducido con fundamento en la falta de motivación de los actos apelados debe ser desestimado en razón de que de los términos de los mismos se desprende que fueron emitidos en conformidad con las prescripciones de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.) con fundamento en las circunstancias de hecho y derecho, observándose las normas que hacen a su dictado, sin que se haya afectado el derecho de defensa de la recurrente, por lo que se advierte que los motivos expuestos constituyen una discrepancia con el criterio fiscal, y en consecuencia relacionados con la cuestión de fondo sometida a debate.
V. Que en autos la fiscalización se inició para dar cumplimiento al pedido de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Nº 10 de C.A.B.A. que solicitó la aplicación del art. 18 de la Ley 27.430 en el marco de la causa CCC20090/2019 (Caso Coiron Nº 41801/2019) caratulada “NN s/Inf Ley 24769 - DTE Piccinini Elvio Raúl Anexo GAM S.R.L.”, conforme surge de ambas resoluciones apeladas.
Que en el desarrollo de la inspección se tuvieron en consideración las conclusiones arribadas por una inspección previa, la N° OI 1.701.585, periodos fiscales 02/2016 a 02/2018, en la que se había constatado el cómputo de IVA crédito fiscal documentado en facturas respecto de las cuales no se acreditó la materialidad de las operaciones, emitidas por operadores no confiables; ajuste que fue conformado por la recurrente, procediendo a rectificar las declaraciones juradas de IVA correspondientes, según Considerandos de la Resolución RESOL-2022-29-E-AFIP-DVRSAL#SDGOPII, no cuestionados por la empresa.
Que se aclara que las evidencias consideradas en los presentes actuados fueron obtenidas de la propia responsable en el marco de la fiscalización mencionada, a las cuales se agregó información extraída de las bases de datos de la Administración Federal, e información proporcionada -a requerimiento- por terceros que operaron con la auditada. Que la firma GAM S.R.L. se encuentra registrada en las actividades de “Construcción, reforma y reparación de edificios residenciales” y “Servicio de transporte automotor de mercaderías a granel NCP”, con cierre de ejercicio el 30 de junio de cada año.
Que el personal actuante constató distintas irregularidades, las que se enumeran a continuación:
a. la inclusión de costos originados en operaciones de compra, respecto de las cuales no acreditó su materialidad, ya que fueron documentadas con facturas de los siguientes sujetos categorizados como “no confiables”, para lo cual la inspección desplegó una exhaustiva tarea de investigación conforme se desprende de los antecedentes administrativos, a cuyos términos cabe remitir en mérito a la brevedad: Ramón Rodrigo Cardozo, Construcciones Pop S.R.L., Hadzovik S.R.L., Jcr Prop S.A., Labrada S.R.L., Lazlo S.R.L., Monpa S.R.L., Rosswell S.R.L., Norvial Constructora S.R.L., 2012 S.R.L., Nibrick S.R.L. (períodos fiscales 2016 a 2018) y Paradiso Claudio Mauricio, Construcciones Pop SRL, JCR Prop S.A., Monpa SRL, Olmos Patricio Alejandro, Camoglio Alberto Nadir, Cooperativa de Trabajo 22 de noviembre, AGH Cort SACIF, Barbosa Nestor Osvaldo y Otheguy Luis Miguel (período fiscal 2019).
b. se detectó el cómputo de costos respaldados en facturas que no concordaban con las facturas de venta emitidas por los proveedores legitimados, los que desconocieron las facturas de compra registradas bajo las firmas MB Energy S.R.L., Corsur S.R.L., Néstor Horacio Tucat, Iranmain Ramón S., SAS Asesores de Seguros S.R.L., JC Muñoz e hijo S.R.L. y Master Clean S.A. (períodos fiscales 2016 a 2018) y Katz Martin Dario, Izquierdo Construcciones, Jacaranda S.A., Promet S.R.L. y León Vidrios S.R.L. (período fiscal 2019). (ant. adm., cuerpos circularizaciones a proveedores, entre ellos IF-2022-81997230-APN-DTD#JGM, IF-2022-81995280-APN-DTD#JGM, IF-2022-
81994922-APN-DTD#JGM y IF-2022-81993173-APN-DTD#JGM)
c. se corroboró el incorrecto registro de Notas de crédito de los proveedores legitimados Agi Construcciones S.R.L. y Nigar S.R.L. (períodos fiscales 2016 a 2018) y Aluminio Salta S.R.L., Emprendimiento Metalurgico Industrial S.R.L., Fertel S.A., Gupo Work S.R.L., Saltapor S.R.L., Tubonor S.A., Supermat S.A. y MDP S.R.L. (período fiscal 2019).
d. se constató la inclusión de costos originados en compras que no guardaban correlato con las operaciones de venta de la obligada, tal el caso de las compras a Rocas Pet S.R.L. y la deducción de costos netos que carecían de relación causal con la obligada en el caso de Deco S.R.L. (períodos fiscales 2016 a 2018)
e. se verificó la incorrecta deducción de la cuota de amortización por la compra de automotores no vinculados a la actividad gravada, siendo los proveedores que emitieron estos comprobantes La Florinda S.A y Horacio Pussetto S.A. (períodos fiscales 2016 a 2018)
f. se constató una factura de la firma Saltapor S.R.L. computada dos veces (período fiscal 2019)
g. se advirtió la deducción improcedente del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2019 como gasto. Con relación a los ingresos, se constató un incremento patrimonial no justificado vinculado al cómputo de pasivos comerciales inexistentes, por lo que dadas las inconsistencias detectadas en torno a las deudas comerciales con Tubonor S.A. y Cristalizando S.A exteriorizados en su declaración jurada del Impuesto a las Ganancias 2017, debido a la falta de documentación, se aplicó el art. 18 inc. “f” de la ley de procedimiento fiscal.
Por último, se advirtió una diferencia en defecto de los ingresos declarados en el Impuesto a las Ganancias y los del Impuesto al Valor Agregado.
Ello así, como resultado de las labores de fiscalización se detectaron costos/gastos computados en exceso o con respaldo en documentación cuya legitimidad resultó cuestionable al tratarse de operaciones cuya materialidad no fue acreditada. Que en lo que hace al Impuesto Valor Agregado en la resolución apelada de fecha 14 de marzo de 2022 se indicó que Gam S.R.L. fue fiscalizada bajo la Orden de Intervención N° 1.701.585 por los periodos fiscales 02/2016 a 02/2018 en la cual se desestimaron los créditos fiscales originados en las operaciones concertadas con Nor Vial S.R.L., 2012 S.R.L., Ramon Cardozo, Nibrick S.R.L., Sergio Iramain, La Florinda S.A. y Deco Desarrollo Constructivo S.R.L. Dicho cargo fue oportunamente consentido mediante la presentación de las correspondientes declaraciones juradas rectificativas. Así también en el Informe de Inspección agregado por IF-2022-81996226-APN-DTD#JGM, Cuerpo N° 1, fs. 108/129, se detallaron similares cargos a los ahora discutidos con relación al IVA, respecto de los cuales el personal actuante informó que si bien no acató los ajustes ni durante la etapa de inspección ni durante el procedimiento de determinación de oficio procedió a presentar las declaraciones juradas rectificativas con las disminuciones de crédito fiscal pretendidas.
VI. Que corresponde establecer si las resoluciones apeladas se ajustan a derecho.
Que al articular su defensa Gam S.R.L. principalmente se centra en sostener que el Fisco Nacional le atribuye responsabilidad por hechos de terceros, en este caso los proveedores con los que alega contrató la adquisición de materiales y la provisión de distintos servicios para la ejecución de obras en la Pcia. de Salta, quienes estaban autorizados por el organismo fiscal a emitir facturación válida sin estar incluidos en la base de facturas apócrifas al momento de las transacciones.
Que con relación al agravio referido a la falta de inclusión de los proveedores en la Base Apoc al momento de las contrataciones, cabe remarcar que dicha circunstancia no implica que posean capacidad operativa para contratar debido a que la sola inclusión no constituyó el motivo del cuestionamiento de la validez de su facturación, sino que a ello se agregan las restantes constataciones efectuadas, las que deben ser rebatidas por la aquí recurrente ante la existencia de serios indicios que demuestran la carencia de estructura y/o capacidad operativa y financiera de los proveedores para brindar los servicios de la entidad de los facturados, incluso algunos de ellos desconocieron las operaciones atribuidas por la responsable, lo que no resulta un dato menor al generar la pauta de que se trató de operaciones ficticias al mero efecto de generar costos/gastos a deducir en el impuesto de marras.
Que por otro lado, la apelante opone reparos sobre el procedimiento seguido para arribar al dictado de las resoluciones recurridas al sostener que el ente fiscal no verificó las obras ejecutadas sin tampoco evaluar debidamente la prueba producida en sede de la Administración.
Que del análisis del procedimiento seguido no se advierte un actuar arbitrario por parte del organismo fiscal, sino un ejercicio diligente de sus facultades de verificación y fiscalización, a lo que se agrega que a pesar de lo afirmado por Gam S.R.L. las determinaciones de oficio se realizaron sobre base cierta y no sobre presunciones como ella aduce. De las constancias obrantes en los antecedentes administrativos surge que se tuvo en cuenta la documentación proporcionada por la recurrente (facturas, constancias de validez de las facturas, consultas en base Apoc) junto con los datos extraídos de las bases fiscales y aquellos acercados a través de requerimiento formulados a terceros que operaron con la empresa, lo que luego fue valorado junto con las probanzas producidas durante el procedimiento de determinación de oficio, sobre las que cabe hacer merito también en esta oportunidad.
VII. Que ante este Tribunal la recurrente acompañó prueba documental consistente en las consultas efectuadas por cada uno de los proveedores en la Base Apoc, mientras que en sede administrativa agregó la documentación arriba detallada. Asimismo en esta instancia ofreció la producción de prueba informativa e informes periciales contable y técnico, probanzas que fueron dadas por decaídas debido a su inactividad para instar su producción, lo que pone de resalto una actitud poco negligente de su parte.
Sin embargo, ante el organismo fiscal presentó dichos informes periciales, los que fueron agregados en autos con los IF- 2022-81992716-APN-DTD#JGM, IF-2022-81992198-APN-DTD#JGM, IF-2022-126944748-APN-DTD#JGM y IF- 2022-126943816-APN-DTD#JGM correspondientes a los antecedentes administrativos.
Ello así, en el informe contable la profesional designada por Gam S.R.L. hizo saber que los libros IVA Compras y Ventas de la firma se encontraban confeccionados de acuerdo con las disposiciones reglamentarias de AFIP, que los estados contables observaban las normas contables profesionales y que las facturas emitidas por los proveedores cuestionados cumplían con los requisitos formales exigidos. Que en otro de los puntos se solicitó que se aporten datos sobre la rentabilidad promedio del sector económico al que pertenece la empresa. Que el cálculo arribado fue refutado debido a que el porcentaje comparable empleado correspondía a años posteriores a la pandemia por COVID cuando los períodos fiscales determinados eran anteriores, y también se cuestionó que el sujeto comparable seleccionado fuera una empresa de capitales españoles y empresas dedicadas a la obra pública exclusivamente. Por ello, la pericia contable fue considerada ineficaz para rebatir los cargos formulados, conclusión que se comparte en razón de que con los puntos propuestos no se rebaten las objeciones hechas por el Fisco y ni se aporta claridad sobre la pertinencia de los costos/gastos para mantener, conservar y obtener ganancias gravadas, o que los conceptos facturados eran insumos o servicios imprescindibles para la concreción de las obras, sin que ante este Tribunal haya producido una prueba superadora.
Que en el informe técnico presentado en sede de la Administración por profesionales en ingeniería civil se detallaron las obras tenidas en cuenta, se describieron las tareas y labores propias de una edificación, se exhibieron planos de obra, ubicación de las locaciones edilicias, materiales aplicados a cada componente de la edificación en sus diversas etapas de avance, las maquinarias empleadas en cada etapa y fotografías de la obra en su avance. Sin embargo, el Juez Administrativo concluyó que no se desprendieron de las respuestas dadas elementos de convicción que permitan vincular las operaciones cuestionadas con las obras efectuadas por Gam S.R.L.
Que de esta manera se advierte que de las constancias documentales agregadas en las actuaciones y de los informes presentados no surgen elementos de convicción sobre la materialidad de las adquisiciones de materiales y servicios facturados, cuyos costos pretende deducir la recurrente en la liquidación del Impuesto a las Ganancias, toda vez que los comprobantes cuestionados no los acreditan por si solos, sin que se arrimara ningún elemento que permita comprobar el circuito de pagos mediante el cual las transacciones fueron efectivamente abonadas. Si bien la apelante manifestó que las facturas se cancelaron con cheques de terceros y efectivo, no brindó respaldo de sus dichos ni tampoco detalle de tales carturales o quienes percibieron los fondos, conforme se desprende de las constancias de autos, por lo que resulta acertada la postura fiscal sobre la falta de sinceridad de las facturas.
Se advierte además que de la pericia técnica surge la especificación de las obras, las que según los dichos del ente fiscal no fueron en si cuestionadas, pero no adicionaron datos sobre los proveedores, contratistas o en concreto que hayan sido los proveedores de autos quienes provisionaron los insumos y prestaron la multiplicidad de servicios supuestamente facturados, ni sobre el traslado de materiales a las obras o utilización de maquinarias, es decir que no arrojó datos esclarecedores para una de las cuestiones en debate, ni tampoco precisión sobre un costo presunto que la recurrente intenta computar, sobre lo que tampoco se expidió en forma satisfactoria el informe contable. Ello así, el requerimiento sobre el cómputo en subsidio de un costo presunto no se encuentra acompañado de una propuesta concreta y si bien le podría asistir razón desde el plano conceptual no produjó la prueba que le hubiera permitido contemplar su procedencia. Que atento la ausencia de pruebas categóricas las meras manifestaciones de la apelante carecen de sustento suficiente para contradecir el cargo sobre las supuestas operaciones concertadas con los proveedores “no confiables”, situación que también se presenta con relación a los restantes cargos que fueran detallados en el Considerando V, ya que si bien expuso en sus escritos recursivos agravios con relación a las determinaciones de oficio recurridas, solo en forma pormenorizada con relación a la supuesta falta de materialidad de las operaciones y con relación al tratamiento del incremento patrimonial no justificado dispensado a los pasivos comerciales registrados, pero sin profundizar en los restantes ajustes ni mucho menos acompañar documentación de respaldo al respecto. Es decir que únicamente expresó su disconformidad con los ajustes contenidos en las resoluciones pero, como ya se dijo, sin introducir probanzas que pongan en duda el despliegue fiscal.
Que merece una mención especial el argumento referido al supuesto error administrativo vinculado con los pasivos cuestionados, ya que el principio de la partida doble no puede admitir la eliminación lisa y llana de uno solo de los componentes basado en un yerro pues ello requiere explicar cómo se financiaron los activos declarados, lo que no ocurrió.
Que las circunstancias descriptas colocan a la aquí actora en la imposibilidad de respaldar documentalmente sus afirmaciones, toda vez que el caso bajo análisis es, en definitiva, una cuestión de hecho y prueba, por lo que debió tomar los recaudos suficientes para posibilitar a los organismos de control sus tareas de verificación, ya que conforme lo dispone el art. 33 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.) todas las registraciones contables deberán estar respaldadas por los comprobantes correspondientes y sólo de la fe que éstos merezcan surgirá el valor probatorio de aquéllas. Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del C.P.C.C.N. deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 218:312, 294:69 y 328:53).
Que en ese sentido deviene aplicable el criterio según el cual, cuando las manifestaciones de los contribuyentes o responsables no se hallan respaldadas por pruebas categóricas, las estimaciones de oficio gozan en principio de legitimidad e incumbe a quienes las impugnan la demostración intergiversable de los hechos.
Que por lo tanto, se deben confirmar los ajustes practicados en el Impuesto a las Ganancias.
VIII. Que con relación a los intereses resarcitorios reclamados, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. C.S.J.N., Citibank NA el DGI, 01/06/2000), los que además fueron calculados según el art. 37 de la ley N° 11.683 (t.o. en 1998), sin que se presenten como confiscatorios, por lo que deben ser confirmados.
IX. Que cabe considerar la procedencia de la sanción aplicada en el Impuesto a las Ganancias período fiscal 2019 según los arts. 46 y 47 incs. a) y b) de la ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y mod.).
Que el art. 46 dispone que “El que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa, sea por acción u omisión, defraudare al Fisco, será reprimido con multa de dos (2) hasta seis (6) veces el importe del tributo evadido”, mientras que el art. 47 incs. a) y b) en su parte pertinente establece que “Se presume, salvo prueba en contrario, que existe la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas cuando: a) Medie una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surjan de las declaraciones juradas o con los que deban aportarse en la oportunidad a que se refiere el último párrafo del artículo 11 y b) Si la inexactitud de las declaraciones juradas o de los elementos documentales que deban servirles de base proviene de su manifiesta disconformidad con las normas legales y reglamentarias que fueran aplicables al caso.
Que al analizar la figura del art. 46 y las presunciones enumeradas en el art. 47 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.), la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal sostuvo que del juego armónico de tales preceptos surge que se debe acreditar en forma clara y suficiente la intención de omitir el impuesto, es decir, la existencia de ardid, maniobra o engaño, y no solamente el resultado defraudatorio.
Corresponde, pues, al juez administrativo probar fehacientemente los hechos que determinan la aplicación de las presunciones, los que deberán ser ciertos y no meramente conjeturales (Sala I, “Pereda, Francisco (TF 34.603-I) c/DGI” del 12/12/2013 y “Mora y Araujo Manuel c/EN-AFIP- DGI-R. 812/2004 (RNOR) s/DGI” del 08/04/2014).
Que las presunciones previstas en el art. 47 de la norma fiscal admiten prueba en contrario, correspondiendo a la recurrente probar la falta del elemento subjetivo doloso en orden a desvirtuar el criterio aplicado por el organismo fiscal. Que el análisis de las circunstancias de hecho y prueba efectuado en los Considerandos precedentes, ponen de resalto que se encuentran configurados los elementos que permiten encuadrar la conducta de la aquí actora en dicha figura infraccional, consistentes en la presentación de declaraciones juradas engañosas, sin que corresponda hacer merito sobre un posible reencuadre.
X. Por lo expuesto, voto por confirmar las resoluciones apeladas en autos en todas sus partes, con costas. La Dra. Gómez dijo:
I. Que en primer lugar corresponde expedirse sobre las defensas planteadas por la recurrente.
1. Respecto a la defensa de falta de legitimación activa por parte del Fisco Nacional (vide punto IV de sendos recursos), cabe indicar que la misma no puede prosperar. En el caso de autos se recuren resoluciones determinativas de oficio las cuales tienen por objeto establecer la situación tributaria de la actora con relación al Impuesto a las Ganancias, en los términos previstos en la norma de procedimiento donde se vislumbran con claridad ambos sujetos de la relación jurídica. Al respecto, queda de manifiesto que el Fisco Nacional actuó dentro de las previsiones que establecen los artículos 33 y 35 de la Ley Nº 11.683 (t.v), sustanciando el procedimiento reglado por los artículos 16 y 17 del mismo cuerpo normativo, razón por la cual el argumento de falta de legitimación activa no solo resulta carente de sustento sino también resulta improcedente con lo cual corresponde su rechazo (cfr. criterio de esta juzgadora in re “COMIMPO S.R.L.”, sentencia del 8 de febrero de 2024).
2. En cuanto a la nulidad invocada, cabe indicar que los argumentos invocados por la actora respecto del método presuntivo utilizado para determinar la materia imponible se entremezclan con los agravios esgrimidos para lograr la revocación del acto apelado , razón por la cual corresponde sean analizados conjuntamente con la cuestión de fondo. Sentado ello, sostiene que los actos recurridos carecen de la debida motivación. Al respecto, corresponde precisar que no se advierte en el caso que los mismos adolezcan de la falta fundamentación como plantea la recurrente ni que la decisión adoptada sea arbitraria o que el procedimiento se haya visto viciado. Que del examen de las actuaciones se evidencia que los actos no solo fueron emanados por autoridad competente sino que en los mismos se vislumbran los antecedentes de hecho y de derecho que justifican su dictado, razón por la cual no puede considerarse válidamente que se haya visto afectada la garantía del debido proceso adjetivo que invoca la actora ni existe vicio alguno que coloque a la misma en el estado de indefensión que alega. Que tampoco se advierte que el Fisco no haya considerado y ponderado los hechos invocados, toda vez que la apreciación de las circunstancias efectuada por la administración, es un elemento subjetivo cuya valoración puede o no compartirse, lo que eventualmente dará lugar a la confirmación o revocación de los actos apelados, pero que en el caso de autos no puede dar lugar a su anulación.
En tal sentido, los argumentos vertidos como fundamento de las nulidades intentadas, resultan ser una mera discrepancia con el criterio fiscal y que, en realidad, integran el fondo de la cuestión que este Tribunal está llamado a resolver. Por lo expuesto, corresponde desestimar la nulidad impetrada.
3. Sobre las defensas analizadas, cabe señalar que no procede la imposición autónoma de costas por no haber sido otorgado tal carácter.
II. Que de acuerdo a las constancias de la causa y al relato del Vocal Instructor, la recurrente no ha podido contrarrestar mediante prueba fehaciente las conclusiones a las que arribaran los actos apelados en torno a los ajustes practicados, máxime cuando se dio por decaída la de la prueba que fuera admitida mediante PV-2023-152747586-APN- VOCXII#TFN, decisión que no fue cuestionada por la recurrente.
Que si bien este Tribunal -conf.art. 164 de la ley de rito- tiene amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes, es jurisprudencia pacífica que ello no implica llegar al extremo de reemplazar a la parte remisa o descuidada en la defensa de sus derechos, en violación del principio de la igualdad procesal, a lo que se agrega que las estimaciones de impuestos efectuadas de oficio gozan, en principio, de legitimidad e incumbe a quien las impugna demostrar fehacientemente los hechos en que sustenta su pretensión . Que de seguirse otra tesitura “la prerrogativa de la Administración respecto de la legitimidad de sus actos desaparecería frente a cualquier proceso judicial, obligando al Estado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, así como la validez de las conclusiones extraídas de ellos” (conf. CSJN - in re “Romero SA”, sentencia del 8 de febrero de 2005).
Por lo expuesto, corresponde confirmar los ajustes practicados en las resoluciones apeladas.
III. Respecto de los intereses resarcitorios, teniendo en cuenta su naturaleza y el criterio restrictivo para su exención que impera en la materia fiscal (cfr. Fallos: 323:1315); corresponde confirmar su procedencia y sendos cálculos efectuados en los actos apelados.
IV. Resta referirse a la sanción aplicada por el Impuesto a las Ganancias período 2019.
Que la figura tipificada en el art. 46 de la Ley N° 11.683 requiere para su configuración el elemento intención, según surge de las expresiones “declaraciones engañosas” u “ocultación maliciosa”, utilizadas para su descripción. De allí que resulta necesaria la prueba de aquel elemento subjetivo, carga ésta que incumbe al Fisco (cfr. Sala IV de la Alzada in re MG Promociones SRL”, sentencia del 9/09/2014).
Que por su parte, el artículo 47 de ley 11.683, establece presunciones legales “iuris tantum” tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Quiere decir que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consisten en que una vez que el Fisco ha probado que en el supuesto bajo examen se configura alguno de los casos previstos en el citado artículo, se presume que ha existido dolo al realizar la defraudación, y será el infractor quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa (conf. CANACF -Sala V-, in re: “Beleza SA (TF 21382-I) c/ DGI”). En el caso concreto –según el Fisco- existe la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas en virtud del art. 47 inc. a), esto es que: " medie una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surjan de las declaraciones juradas o con las que deban aportarse en la oportunidad a que se refiere el último párrafo del artículo 11”; y el inc. b) que establece que existe la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas cuando en los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos se consignen datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible.
Sentado ello, del juego armónico de los arts. 46 y 47 surge que debe acreditarse en forma clara y suficiente la intención de omitir el impuesto, es decir, la existencia de ardid, maniobra o engaño, y no solamente el resultado defraudatorio. Corresponde, pues, al juez administrativo probar fehacientemente los hechos que determinan la aplicación de las presunciones, los que deberán ser ciertos y no meramente conjeturales.
En efecto, ante la grave contradicción entre lo declarado y la información recolectada por la AFIP (inc. a] del art. 47 de la Ley Nº 11.683), y el hecho de que se consignaran datos en esa declaración jurada que incidieron sobre la determinación de la materia imponible (inc. b] del art. 47 de la Ley Nº 11.683), resulta aplicable en el caso la presunción de que existió una conducta dolosa por parte del contribuyente.
Que en esta línea, el Cimero Tribunal sentenció in re “Industrias Delta S.A.I.C. y Otros”, sentencia del 11/09/84: “de la frase referida a la "inversión de la carga de la prueba", no debe inferirse la posibilidad de obligar al procesado a demostrar la falsedad de toda imputación huérfana de apoyo que se le formule, sino la necesidad de acreditar que las defensas que alegue tienen visos de seriedad suficientes para desvirtuar la presunción legal basada en hechos que corresponde probar a la parte acusadora”.
A partir de esto, es posible concluir que la declaración jurada inexacta presentada inicialmente tuvo una grave incidencia en la determinación de la materia imponible y, por su parte, la recurrente no acreditó ninguna circunstancia que la eximiera de responsabilidad por dichas inexactitudes (cfr. criterio de la Sala V de la Alzada in re “Proms S.A.”, sentencia del 2 de julio de 2019)
Por lo expuesto, sendas presunciones de dolo contempladas en los incisos a) y b) del art. 47, no fueron debidamente desvirtuadas por la apelante, debiendo confirmarse tanto la procedencia de la sanción como su graduación en tres tantos.
V. Ello así, voto por confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
La Dra. O´Donnell dijo:
Que adhiero en lo sustancial a la decisión del Vocal Instructor.
Que en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
2. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 3.026.471 (Pesos tres millones veintiséis mil cuatrocientos setenta y uno) equivalente a 66,60 (sesenta y seis con 60/100) UMA y por el patrocinio letrado, la suma de $ 7.566.177 (Pesos siete millones quinientos sesenta y seis mil ciento setenta y siete) equivalente a 166,51 (ciento sesenta y seis y seis con 51/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria –, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas procesales y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, la Acordada N° 08/24 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017. Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen el IVA.
3. Regular los honorarios del contador Miguel Adolfo Kupchik y del Ingeniero Civil Marcelo Alejandro Spilotti en las sumas de $ 45.440 (Pesos cuarenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta), respectivamente, las que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta que ambos profesionales aceptaron el cargo para el que fueron designados. Regístrese, notifíquese y archívese.-
Date: 2024.05.07 11:17:10 -03:00 Date: 2024.05.07 11:18:45 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.05.07 14:17:28 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.05.07 14:17:29 -03:00
Fin de la sentencia