Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la excepción de nulidad opuesta por la recurrente, con costas
2Confirmar las resoluciones apeladas en autos en todas sus partes, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-48668100-APN-VOCII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 16 de Mayo de 2022 En la ciudad de Buenos Aires, en el día de la fecha se reúnen los miembros de la Sala “A” Dres. Laura Amalia Guzmán (Vocal Titular de la 2° Nominación) y Rubén Alberto Marchevsky (Vocal Titular de la 3° Nominación) a efectos de resolver la causa N° TF 42.141-I (y su Acumulado 44.848-I) caratulada “GAMALUX S.A. s/ Apelación - IVA”.
El Dr. Marchevsky dijo:
I. Que a fs. 48/95vta. y a fs. 222/259 la actora interpone recursos de apelación, en los términos del artículo 76 inciso b) de la ley N° 11.683, contra las resoluciones AFIP N° 102/2014 y 147/2015 (DV RRCO), de fechas 18/12/2014 -notificada el 19/12/2014- y 31/08/2015 -notificada ese mismo día-, suscriptas por el Jefe (int.) de la Sección Determinaciones de oficio a cargo de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Córdoba de la A.F.I.P.- DGI, mediante las cuales se impugnan las declaraciones juradas oportunamente presentadas por GAMALUX SA y se determina de oficio la materia imponible en el Impuesto al Valor Agregado, correspondiente a los períodos fiscales 10/2008 a 12/2011 -ambos inclusive- y 01/2012 a 03/2013 -ambos inclusive-, respectivamente, con más intereses resarcitorios. Además, la Res. 102/2014 aplica una multa por la conducta observada en el IVA período fiscal octubre/2011, por la infracción cometida encuadrada en el art. 46 y bajo las previsiones del art. 47, inciso c), ambos de la ley de procedimiento tributario, la que se gradúa en tres (3) veces el el impuesto determinado Asimismo, ambas resoluciones hacen reserva de las facultades sancionatorias administrativas, conforme al art. 20 de la ley N° 24.769 de Régimen Penal Tributario, en relación a la conducta observada en el IVA en los períodos fiscales 02/2010 a 09/2010, 01/2011, 02/2011 y 05/2011 a 09/2011 en la Res. N° 102/2014, y en los períodos 01/2011 a 03/2013 en la Res. N° 147/2015.
Plantea la actora la nulidad del procedimiento y de las resoluciones N° 102/2014 y 147/2015 aquí apeladas, por estar “plagado de graves violaciones a los derechos fundamentales”, por carecer de fundamentación, y por arbitrariedad al no producir la prueba ofrecida.
Afirma haber realizado las operaciones impugnadas.
Sostiene que la impugnación se asienta –a su criterio- en una única prueba colectada por la AFIP, cual es la negativa de la realización de las operaciones cuestionadas por parte de los representantes o apoderados de MAS QUE PROYECTOS SRL y DESARROLLOS DE EMPRESA SRL.
Considera que se le ha extendido una responsabilidad solidaria a GAMALUX SA, por el tributo de terceros por ellos no ingresados.
Entiende que las operaciones económica y materialmente existieron dando cuenta de ello la propia AFIP al no haber cuestionado la contabilidad ni documentación respaldatoria, así como la falta de determinación en el Impuesto a las Ganancias.
Plantea la violación del principio de legalidad, seguridad jurídica, razonabilidad, capacidad contributiva.
Se agravia de los intereses resarcitorios y de la multa.
Solicita se decrete la nulidad de los actos administrativos impugnados, con costas.
Finalmente, acompaña prueba documental, ofrece prueba instrumental, testimonial y pericial contable, y subsidiariamente expresa agravios sobre la cuestión de fondo y peticiona se revoquen las resoluciones apeladas, con costas. Hace reserva del Caso Federal.
II. Que a fs. 101/127 y 279/301vta el Fisco Nacional contesta los traslados de los recursos que oportunamente le fueran conferidos y por las razones de hecho y derecho que expone, solicita que, oportunamente, se dicte sentencia rechazando las acciones incoadas por la actora y confirmando las resoluciones recurridas, con costas. Ofrece como prueba documental los antecedentes administrativos de la causa. Se opone a la prueba ofrecida por la actora. Hace reserva del Caso Federal.
III. Que a fs. 313/313vta. este Tribunal resuelve acumular el Expte N° 44.848-I al que lleva el N° TF 42.141-I.
Que a fs. 147 se abre la causa a prueba, disponiendo su ampliación a fs. 317 debiendo incluirse en la misma la prueba ofrecida en el expediente N° 44.848-I. A fs. 351 se clausura el período probatorioy se elevan los autos a consideración de la Sala A. A fs. 366/371 y 373/380 obran los alegatos del Fisco Nacional y de la recurrente, respectivamente. Que mediante IF-2022-43027945-APN-VOCIII#TFN, pasan los autos a sentencia.
IV. Que en primer término corresponde referirse a la nulidad planteada por la actora, del procedimiento y de las resoluciones N° 102/2014 y 147/2015 aquí apeladas, por entender que contienen vicios, por carecer de fundamentación, y por arbitrariedad al no producir la prueba ofrecida.
Que el principal agravio esgrimido por la recurrente es que el “...el Juez Administrativo que rechazó la prueba está facilitando que los verdaderos incumplidores no sean descubiertos, lo que muestra una actitud de encubrimiento incompatible con la buena fe que debe primar en la actuación de un organismo del Estado.”
Que en cuanto a la denegatoria del juez administrativo en producir las pruebas ofrecidas por la actora, debe señalarse que el artículo 35 del decreto 1.397/79, reglamentario de la ley 11.683, remite en cuanto a la admisibilidad, sustanciación y diligenciamiento de las pruebas a las disposiciones del decreto 1759/72, el que establece, en su artículo 46, que la Administración podrá disponer la producción de prueba respecto de los hechos invocados y que fueren conducentes para la decisión, siendo que se admitirán todos los medios de prueba, salvo los que fueran manifiestamente improcedentes, superfluos o meramente dilatorios.
Es decir que si bien la búsqueda de la verdad material pareciera impulsar a que la Administración considere todos los medios de prueba solicitados por la parte, existe un límite impuesto por el reglamento del procedimiento administrativo que brinda al juzgador la posibilidad de denegarla en todo o en parte si las considerara inconducentes, impertinentes, innecesarias, inútiles, redundantes, imposibles de cumplir o que sólo buscan dilatar temporalmente el acto administrativo de resolución.
Pero como esta valoración del juez administrativo es altamente subjetiva, ya que parte de su valoración personal, debe dar explicaciones fundadas de su rechazo a producirlas so pena de considerarse una decisión arbitraria y contraria al debido proceso adjetivo que debe tutelar.
Que “quien detenta el poder tiende a abusar de él” (Montesquieu, “Del Espíritu de las Leyes”) y por lo tanto, para evitar la arbitrariedad de los actos, estos deben ser fundados y por ello, el artículo 34 del reglamento de la ley procedimental, obliga al juez administrativo a expedirse, en la misma resolución que determina de oficio, sobre el mérito de la prueba producida o las razones fundadas por las que no se hizo lugar a la ofrecida.
Además, tanto de la lectura de los actos apelados, como del análisis de las actuaciones seguidas por el ente recaudador no se vislumbra que el juez administrativo se halla apartado de las circunstancias de hecho y derecho que fundan la resolución apelada, ni que haya incumplido con el procedimiento reglado por la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.) para determinar el tributo y/o aplicar las sanciones recurridas en autos. Es más, en el presente caso la recurrente tuvo conocimiento de las actuaciones seguidas por la inspección y el juez administrativo, pudiendo presentar su descargo en oportunidad de contestar la vista corrida, lo que evidencia que los agravios vertidos por la apelante como fundamento de la defensa de nulidad intentada, se tratan de una mera discrepancia con el criterio fiscal y que integra el fondo mismo de la cuestión que este Tribunal está llamado a resolver, pero que no afecta la validez de acto alguno.
A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que “la nulidad por vicios procesales carece de un fin en sí misma, es decir, no tiene existencia autónoma, dado que el derecho procesal es una vía para asegurar la aplicación del derecho de fondo. Sólo procede cuando de la violación de las formalidades surge un perjuicio real y concreto en el derecho de la parte, principio que se sintetiza en la máxima “no hay nulidad por la nulidad misma”, receptado en el art. 172 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación” (CNACAF, Sala V, junio 4-997 -Sosa Mirta Elena Impuestos B- 2076). Es decir, que las nulidades no pueden decretarse para satisfacer el interés teórico, sino únicamente cuando ellas hayan redundado en un perjuicio demostrado y concreto para el derecho de quien las pide (conf. "Anteurquiza, Mugo Ramón" - CNACAF. - Sala IV - 26/3/1992 - entre otros), circunstancia que no ha sido acreditada en autos.
De su lado, interpreta este Tribunal Fiscal que; "...como lo tiene reiteradamente dicho nuestro Más Alto Tribunal [fallo 205:549, 247:52, 267:393, entre otros), cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque satisface ese derecho fundamental ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un Organismo jurisdiccional en procura de justicia, tal como "in extenso", en el caso de marras, lo ha hecho el recurrente ante este Tribunal, pudiendo ofrecer todas las pruebas que hacían a su derecho..." [in re "Mirror Holding S.A”, 15/9/06 expte. N° 20.440-I).
En merito a las consideraciones que anteceden, corresponde rechazar el argumento sobre la nulidad del acto interpuesto por la aquí apelante en su libelo recursivo. (“MEGAMODEL S.A. s/ recurso de apelación” del 18 de diciembre de 2018).
Que otro de los argumentos de la actora para solicitar la nulidad de las resoluciones es que el procedimiento carece de fundamentación y en que los actos administrativos apelados evidencia ausencia de motivación suficiente (art. 7° incisos b y e, y 14. inc. b, ambos de la ley N°19.549), lesionando la garantía del debido proceso adjetivo y al derecho de defensa en juicio.
Que cabe aclarar que la motivación es uno de los requisitos esenciales del acto administrativo - conf. art. 7, inc. e) de la ley 19.549- cuyo objetivo primordial es poner de manifiesto los motivos que determinaron el acto y su causa, conjugándolos con el principio de razonabilidad que debe guiar los actos de la Administración y cuya conclusión se reflejará en la parte resolutiva del acto dictado.
En este sentido, el imperativo legal de motivar los actos administrativos obliga a examinar sus causas y finalidades. De esta forma, se asegura que dicho análisis se efectúe, excluyendo o en su caso disminuyendo la posibilidad de dictar actos en forma apresurada, sin sustento legal o sin el análisis de las situaciones y factores que deben precederlos.
En la causa “Forex Cambio S.A.” la Alzada señaló: “[l]a motivación del acto administrativo es la explicitación de la causa, esto es la declaración de cuáles son las expresiones de las razones y las circunstancias de hecho y de derecho que ha llevado a dictar el acto. Aparece como una necesidad tendiente a la observancia del principio de legalidad de la actuación de los órganos estatales….” Agregando que “….el ejercicio de las facultades discrecionales lleva implícito el deber de una mayor motivación del acto, ésta ha sido definida como la explicitación de la causa, es decir de la declaración de cuáles son las razones y las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a dictar el acto que se encuentran contenidas en los considerandos.”
Y en esa línea tampoco puede confundirse la falta de motivación con la discrepancia sobre la ponderación que realizó el ente fiscal de los hechos y el derecho alegado en sustento de su pretensión, pues tal discrepancia no hace a la validez del acto, sino que dichos agravios se vinculan con la cuestión de fondo discutida (vide TFN Sala “A”: “Servicios Especiales San Antonio S.A.”, 14/11/97; Sala “B”: “Ana Clelia Vicenti S.R.L.”, 30/10/03; Sala “D”: “Club Olimpo Sociedad Civil”, 31/08/05, entre muchos otros).
Que del cotejo de las mentadas actuaciones no se vislumbran incumplimientos dentro del procedimiento de determinación a las reglas específicas contenidas en la ley de procedimiento fiscal, encontrándose los actos sustentados en los antecedentes que le sirven de causa y en el derecho aplicable, exponiendo en forma concreta las razones que inducen a emitirlos, luciendo, asimismo, y en principio, razonables los motivos que los determinan.
Bajo las premisas enunciadas el Fisco Nacional analizó las pruebas acompañadas en sede administrativa, pero las consideró insuficientes para conmover el criterio fiscal.
En tales condiciones, cabe entender que en el caso de autos no se vio agraviada la garantía del debido proceso adjetivo, ya que es necesario que el vicio haya colocado a la parte en estado de indefensión, situación que no se verificó en el sub lite. ("GOLDSONIC S.A. s/recurso de apelación” del 26 de diciembre de 2018).
Por lo expuesto, se evidencia que el fisco sustentó su accionar en el derecho aplicable vigente, situación que dejó asentada tanto en las Vistas como en las Resoluciones determinativas.
Que la defensa impetrada por no cumplir las resoluciones objeto de la litis los requisitos del artículo 7 de la ley 19.549 no puede prosperar habida cuenta que, a los efectos de la procedencia de una nulidad, interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo, además, ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - Amet c. Buenos Aires Provincia de y otros s/daños y perjuicios”, C.S.J.N. 6/2/01, t. 324, pág. 151, entre otros.).
Por lo expuesto, corresponde rechazar la excepción de nulidad opuesta, con costas.
V. Que corresponde a continuación resolver si las resoluciones apeladas se ajustan a derecho.
Que conforme surge de las constancias de autos y de los antecedentes administrativos acompañados, el organismo recaudador, en el ejercicio de las facultades que le son propias -art. 35 de la LPT-, dispuso la verificación al contribuyente GAMALUX S.A. (C.U.I.T. Nº 33-70859716-9), mediante Orden de Intervención N° 791.334, respecto del IVA períodos fiscales 10/2008 a 12/2011, comprobándose que la actora declara como actividad principal la “Venta al por mayor de equipos de telefonía y comunicaciones” (N.C.P. 465210) y la “Venta al por mayor en comisión o consignación de mercadería” (N.C.P. 461.099), cerrando su ejercicio comercial el 30 de septiembre de cada año; y que se encuentra inscripta, entre otros, en el Impuesto al Valor Agregado, estando presentadas las declaraciones juradas de los períodos bajo fiscalización. En el marco de la referida verificación los agentes fiscales constataron una serie de irregularidades respecto a algunos proveedores, lo que llevó a impugnar los créditos fiscales computados por los mismos y a confeccionar las liquidaciones correspondientes ajustando las respectivas declaraciones juradas presentadas por la contribuyente.
Fundamenta tal decisión en la negativa por parte de los principales proveedores de la actora MAS QUE PROYECTOS SRL y DESARROLLOS DE EMPRESA SRL –con quienes la actora habría operado generando los créditos fiscales de mayor envergadura por pago de comisiones- de haber concretado las operaciones que GAMALUX manifiesta. Ello así, la inspección entiende que no queda debidamente acreditada la real existencia de los mismos y, por lo tanto, no reúnen las condiciones necesarias para generar créditos fiscales. Notificada la actora de las conclusiones arribadas, las liquidaciones y ajustes efectuados y los consecuentes saldos del gravamen ajustados, ésta presenta descargo el 27/12/2013 comunicando su rechazo, sin aportar pruebas en contrario.
Ante tales circunstancias, se dio inicio al procedimiento de determinación de oficio, en el marco de los art. 16 y 17 de la ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), a cuyo efecto, con fecha 18/09/2014, se dictó la Resolución N° 72/2014 (DV RRCO) de Vista, debidamente notificada el 19/09/2014.
El día 31/10/2014 la actora presenta escrito titulado “Recusa con expresión de causa”, mediante el cual efectúa un planteo solicitando la recusación de la agente revisora interviniente, con fundamento en las previsiones contenidas en el art. 6° de la ley N° 19.549, invocándose la causal prevista en el art. 17, inciso 1), del CPCCN, toda vez que dicha agente es la madre de la esposa de uno de los apoderados de GAMALUX S.A. Ante ello, el 17/11/2014 se emite Nota Externa N°90/2014 (DV RRCO) mediante la cual se pone en conocimiento de la actora que “…por estrictas razones operativas se ha dispuesto separar a la citada Agente de los procedimientos referidos en el asunto. Consecuentemente, quedando resuelta la cuestión planteada, deviene abstracto el tratamiento de la figura y causal invocadas”; siendo notificada el 18/11/2014, mediante Cédula en domicilio fiscal y especial de la responsable.
Asimismo el día 03/11/2014, la recurrente presenta otro escrito titulado “Contesta Vista” en contra del cargo formulado, ofrece pruebas y acompaña documental. Y el 03/12/2014 el fisco emite Nota Externa N° 95/2014 (DV RRCO), notificada el 04/12/2014, en la que realiza la valoración de las pruebas ofrecidas y/o acompañadas, rechazando la prueba testimonial, pericial e informativa ofrecida y la documental acompañada. El 12/12/2014 la actora interpone Recurso de Reconsideración art 84 de la Ley N° 19.549 contra la mencionada Nota Externa indicando que “… deniega parcialmente la producción de prueba necesaria para la dilucidación de la presente causa”, tildando de arbitraria el rechazo de prueba y evidenciando “… un claro prejuzgamiento y adelanto de opinión” por parte del juez administrativo. Asimismo, el mismo día 12/12/2014 GAMALUX SA presenta otro escrito solicitando la recusación del juez administrativo interviniente, fundado en las previsiones del art. 17, apartado 7, del CPCCN.
Ante ello, el fisco entiende que el mencionado recurso de reconsideración no resulta procedente por estar dirigido contra un acto administrativo que, por su naturaleza, es irrecurrible, en los términos del art. 379 del CPCCN y por aplicación del art. 116 de la LPT. Y respecto de la recusación, el 16/12/2014 se emite Nota N° 586/2014 (DV RRCO), y se eleva Informe de igual fecha al Superior jerárquico, en el término indicado en el art. 6° de la ley 19.549 de Procedimientos Administrativos. Al verificarse las causales previstas en la Disposición N° 116/06 (DI RCOR), y contando con la aprobación previa de dicho Superior Jerárquico, se entiende que le asisten al ahora proveyente las facultades necesarias para entender y proceder al dictado del correspondiente acto administrativo, tornándose de esta manera abstracto el pedido de recusación. En razón de lo expuesto y haciendo uso de las facultades conferidas en la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y sus modificaciones) y en el decreto N° 618/97 se emite, con fecha 18/12/2014, la resolución Nº 102/2014 (DV RRCO) recurrida en autos.
Que mediante Acta F 8400 N° 0110002014029900301 del 28/05/2014 se notifica a la contribuyente el inicio de un nuevo procedimiento de fiscalización bajo la Orden de Intervención N° 1010473, por el IVA períodos fiscales 01/2012 a 03/2014.
En el marco de dicha verificación pudo constatarse que, según los Registros de la actora, las operaciones que generaron los Créditos Fiscales de mayor envergadura por pagos de comisiones, resultaron ser las realizadas con diversos proveedores entre los que se encuentra MAS QUE PROYECTOS S.R.L., por lo que se requirió a la contribuyente el aporte de documentación relacionada con la operatoria mantenida con la misma y, simultáneamente, los agentes fiscales diligenciaron ante la mencionada sociedad requerimiento a efectos de obtener los elementos derivados de su relación comercial mantenida con la actora, empresa que negó la concreción de operaciones.
En base a lo antes expuesto, y en el entendimiento de que no había quedado debidamente acreditada la real existencia de MAS QUE PROYECTOS S.R.L. por lo cual la misma no reunía las condiciones necesarias para generar créditos fiscales, la inspección procedió a confeccionar las liquidaciones ajustando las respectivas declaraciones juradas presentadas impugnando tales créditos fiscales.
En tales circunstancias correspondió dar inicio al procedimiento de determinación de oficio respectivo, a cuyo efecto el 31/03/2015 se dictó la resolución N°46/2015 (DV RRCO) que consta notificada el 10/04/2015, por la que se otorgó a GAMALUX S.A. la Vista de las actuaciones administrativas.
El día 22/05/2015 presenta la actora escrito titulado “Contesta Vista” en el que manifiesta su desacuerdo con el cargo formulado en la Vista, ofrece prueba y acompaña documental. Al respecto, la Administración emite Nota Externa N° 124/2015 (DV RRCO) del 17/07/2015, notificada el 21/07/2015, en la que se realiza la valoración de las pruebas ofrecidas y/o acompañadas y se comunica a la responsable sus conclusiones.
Con fecha 28/07/2015, efectúa la recurrente una presentación escrita mediante la cual interpone Recurso de Reconsideración según art. 84 de la ley N° 19.549 contra la Nota Externa N° 124/2015 (DV RRCO) fundado en que “…deniega parcialmente la producción de la prueba necesaria para la dilucidación de la presente causa”. Respecto del mismo, el órgano recaudador entiende que no resulta procedente por cuanto está dirigido contra un acto administrativo que, por su naturaleza, es irrecurrible, según lo establece el art. 379 del CPCCN, de aplicación supletoria por lo dispuesto en el art. 116 de la Ley de Procedimientos Tributarios. Ello así, se emite con fecha 31/08/2015, la resolución Nº 147/2015 (DV RRCO) también recurrida en autos.
VI. Que corresponde referirse acerca de la caracterización como apócrifas de las facturas y/o documental que ubican a los proveedores observados como sujetos responsables.
Manifiesta el fisco que no se verifica el hecho imponible en cabeza de dichos proveedores, de conformidad con los hechos y aspectos detectados en la inspección, atento no haberse podido demostrar la existencia de los sujetos que se vinculan con la documental de respaldo que se aporta, y los designa como responsables tributarios por las operaciones inherentes. Esto, en virtud de no haber sido ubicadas en los domicilios fiscales declarados, a lo que se suma que las personas relacionadas con ambas firmas cuestionadas (socios, apoderados, personas de contacto) localizadas, desconocen haber efectuado la actividad desarrollada por las mismas, resultando por tanto, improcedente el cómputo de los créditos fiscales provenientes de las operaciones que la actora exterioriza, realizada con tales sujetos.
Por su parte, GAMALUX S.A. sostiene que: (i) las operaciones, económica y materialmente, existieron, dando cuenta de ello la propia AFIP al no haber cuestionado la contabilidad ni documentación respaldatoria, así como la falta de determinación en el Impuesto a las Ganancias; (ii) las operaciones han sido instrumentadas, en su totalidad, de acuerdo a la normativa vigente, por lo que el crédito fiscal originado en las mismas no puede ser impugnado basado en la carencia de dichas formalidades; (iii) el organismo recaudador le endilga a GAMALUX S.A. lo adeudado por otros contribuyentes, haciéndola responsable de los incumplimientos de terceros sin fundamento alguno; y (iv) la responsabilidad que se le achaca a GAMALUX S.A. es ilegítima, ya que se obvian las normas aplicables para determinar y hacer efectiva la “responsabilidad solidaria”, plasmándose la reclamación de la deuda como si fuese deudora directa de la deuda.
VII-.- Que tal como quedaron planteados los hechos, la cuestión a resolver en autos refiere a la caracterización como apócrifos de ciertos documentos emitidos por los proveedores: MAS QUE PROYECTOS SRL (CUIT N° 30-71172096-7) y DESARROLLOS DE EMPRESA SRL (CUIT N° 30-71066072-3), lo que originó la impugnación de las declaraciones juradas de la recurrente y la consecuente determinación de oficio de la materia imponible frente al impuesto al valor agregado por los períodos fiscales correspondiente a los períodos fiscales 10/2008 a 12/2011 -ambos inclusive- y 01/2012 a 03/2013 -ambos inclusive-.
Ante tal problemática, este Tribunal ha centrado su atención y análisis, en la actividad desplegada por el Organismo recaudador, en el convencimiento que a él le corresponde, en primer lugar, el control de la verificación. En otras palabras, el Fisco debe sustentar su pretensión impugnativa a través de elementos concretos y razonables, lo que le permite suponer el carácter apócrifo de las facturas. Frente a dicha situación, la cuestión fáctica queda desplazada al contribuyente, que en ejercicio de su derecho de contradicción debe acreditar la verdad de sus dichos, esto es, la existencia de los proveedores y de la facturación que supuestamente emitieran a su nombre.
A tal fin corresponde analizar, para cada uno de los proveedores puestos en crisis, los elementos colectados y adjuntados en los antecedentes administrativos por el Fisco en la instancia administrativa que motivaron la impugnación de las operaciones, para luego considerar las pruebas acompañadas por el contribuyente en autos.
VIII. Que resulta relevante mencionar algunos aspectos que hacen al negocio de la actora (fs. 21/43 del Cpo. Determinación de Oficio de IVA 10/2008 a 12/2011 y fs. 105/120 Cpo. Principal de IVA): • La actividad desarrollada por la actora es la venta de teléfonos celulares, sus líneas telefónicas y tarjetas prepagas de telefonía celular, todo ello como representante exclusivo de la empresa CLARO (actualmente AMX ARGENTINA S.A.).
• De acuerdo a lo manifestado por la apelante, las empresas MAS QUE PROYECTOS SRL (CUIT N°30- 71172096-7) –fs. 3/6 Cpo. Antecedentes Mas que Proyectos SRL- y DESARROLLOS DE EMPRESA SRL (CUIT N°30-71066072-3) –fs.3/6 Cpo. Antecedentes Desarrollos de Empresas SRL- son subagentes de la recurrente en la comercialización de tarjetas prepagas y teléfonos celulares, facturándoles a GAMALUX S.A. comisiones por ventas. Según Nota presentada por ésta, con fecha 04/10/2013, las personas de contacto y que representan operativamente a las firmas DESARROLLOS DE EMPRESAS S.R.L. y MAS QUE PROYECTOS S.R.L., resultan ser COSTANTINO Alejandro (CUIT N°20-25610610-
9. y SALVUCCI Sebastián (CUIT N°20-23836791-4).
• La actora describe la operatoria que las vincula del siguiente modo: “Las empresas depositan el dinero en cuenta bancaria de GAMALUX para la compra de tarjetas prepagas (TPP) que luego es transferido a CLARO quedando como constancia de ello un recibo emitido por GAMALUX. CLARO emite la correspondiente factura a GAMALUX, y en el mismo sentido ésta para con los subagentes, facturando los conceptos como exentos. Los subagentes retiran las TPP en las oficinas de GAMALUX, firmando el correspondiente remito por personal enviado por dichas empresas. GAMALUX paga las comisiones a los subagentes vía compensación en cuenta corriente con TPP, y en algunos casos los efectúa por transferencia bancaria”.
• De la verificación de los Libros Registro de Compras períodos 01/2008 a 12/2011 y Balances de los ejercicios 2008 a 2011 la inspección pudo observar que las operaciones que generan los Créditos Fiscales de mayor envergadura por pago de comisiones resultan las realizadas con las empresas MAS QUE PROYECTOS SRL (CUIT N°30-71172096-7) y DESARROLLOS DE EMPRESA SRL (CUIT N°30-
71066072-3).
IX. Que con relación a los proveedores observados, caben los siguientes comentarios:
MAS QUE PROYECTOS SRL (CUIT N°30-71172096-7) –fs. del Cpo. Antecedentes Más Que Proyectos SRL, y fs. 107/110 Cpo. Principal de IVA)-: 1) Inscripta en AFIP desde 03/2011; Actividades declaradas: “Servicios Empresariales NCP”; 2) Domicilio fiscal: Lavalle 482, piso 10, dpto. A, Capital Federal; 3) Socios que la integran -fuente: bases informáticas, fs. 9/13 Cpo. Antecedentes Más que Proyectos SRL-: (i) Daniel Jorge CEFERIN SULICH (CUIT N°20-18271074-2, Domicilio: Av. Córdoba 551, Guatimozin, provincia de Córdoba, CP 2627; y (ii) Dalia CHOQUE VALLEJOS (CUIL 27-93914395-0), Domicilio: Avellaneda 3038, Lomas del Mirador, Buenos Aires, CP 1752; 4) Según surge de las Actas N°011000201371087801 y N°011000201371087901 -fs. 290 y 291 Cpo.
Antecedentes Más que Proyectos SRL-, ambas de fecha 16/10/2013, habiéndose apersonado el agente fiscalizador en el domicilio fiscal del Sr. Daniel Jorge CEFERIN SULICH, el mismo expresa ser socio gerente de la firma MAS QUE PROYECTOS S.R.L., siendo “la Sra. Maura GALVEZ de la provincia de Buenos Aires” la otra socia; manifiesta que no cuenta con la documentación de la firma; aclara que el servicio que le prestaba a la empresa GAMALUX S.A. era la venta de tarjetas telefónicas de CLARO y de PERSONAL, “ desconociendo como se obtenían las mismas ya que había otra persona encargada de la tarea”; confirma el domicilio comercial de la sociedad; por último, manifiesta que “GAMALUX era el principal no recordando otros”; 5) Según Acta N°011000201371088001 del 17/10/2013 -fs. 292 Cpo.
Antecedentes Más que Proyectos SRL-, habiéndose constituido el agente fiscalizador en el domicilio fiscal declarado por MAS QUE PROYECTOS S.R.L., se verificó que pertenece a un estudio de abogados siendo atendidos por el Dr. MANTEL José (DNI 17.331.538), manifiesta conocer a la firma MAS QUE PROYECTOS S.R.L. en virtud de haber realizado el contrato de constitución de la misma, habiendo consignado como domicilio el de dicho estudio, no tiene conocimiento de la actividad de la firma y ni cuenta con la documentación contable, societaria o impositiva correspondiente; 6) Según Acta N°011000201371088101 del 17/10/2013 -fs. 293 Cpo. Antecedentes Más que Proyectos SRL-, se constató que la Sra. CHOQUE VALLEJOS Dalia (CUIL N°27-93914395-0), nacida en Bolivia, no vive en el domicilio declarado; 7) Con relación a la Sra.
GALVEZ RODRIGUEZ Maura (CUIL N°27-94086277-4), según se desprende del Acta N°0110002014019475801 del 08/04/2014 –fs. 75 Cpo. Instrucción General 422/98 Copias de Documentación-, el agente fiscalizador se constituyó en el domicilio declarado por la misma, donde habita una familia de apellido RAMIREZ, que manifiesta desconocer a la mencionada Sra. GALVEZ; 8) De acuerdo al Acta N°011000201371088301 del 22/10/2013 -fs. 294 Cpo. Antecedentes Más que Proyectos SRL-, se constituyó en la sede de la AFIP el Sr. Daniel Jorge CEFERIN SULICH (CUIT N° 20-18271074-2), en su carácter de socio gerente de la firma MAS QUE PROYECTOS S.R.L., quien manifestó haber aceptado la propuesta de formar parte de la sociedad -por la cual percibiría unos ingresos- en carácter de socio gerente, firmando el correspondiente contrato, y al mismo tiempo otro contrato como subagente de la firma GAMALUX S.A. de la ciudad de Córdoba; expresa que el contrato societario –del que no posee copia- se firmó en el domicilio fiscal de MAS QUE PROYECTOS SRL; agrega desconocer el paradero de los libros de actas, libro diario, libro inventarios y balances y cualquier otra documentación de compra y/o de venta relacionados con la firma, y no tener conocimiento de lo que se facturó a GAMALUX S.A.; por último afirma no haber tenido participación en cualquier tipo de actividad desarrollada por la firma MAS QUE PROYECTOS S.R.L.
DESARROLLOS DE EMPRESA SRL (CUIT N°30-71066072-3) –cpo. Antecedentes Desarrollos de Empresa SRL, y fs. 110/112 Cpo. Principal de IVA)-: 1) Inscripta en AFIP desde 08/2008; actividad económica declarada: “Fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería”, “Venta al por mayor de metales y minerales metalíferos”, “Venta al por mayor de art. de ferretería” y “Servicios de publicidad”; 2) Domicilio fiscal declarado a partir de julio/2013: calle Rivadavia 202 esquina Pueyrredón, Villa Mercedes, provincia de San Luis, C.P. 5730; originalmente había declarado calle Lavalle 482, piso 10, dpto. A, Capital Federal –el mismo que MÁS QUE PROYECTOS S.R.L.-; 3) Socios que la integran -fuente: bases informáticas, fs.15/20 Cpo.
Antecedentes Desarrollos de Empresa SRL-: (i) Javier Antonio PLA (CUIT N°20-17115227-6, Domicilio: Av. Argentina N°530, Corral de Bustos, provincia de Córdoba, C.P. 2645; y (ii) Dalia CHOQUE VALLEJOS (CUIL 27- 93914395-0), Domicilio: Avellaneda 3083, Lomas del Mirador, Buenos Aires, CP 1752; 4) La empresa tiene, entre otros impuestos, el alta en el IVA y presentó las declaraciones juradas correspondientes por los períodos fiscales en que tuvo vinculación comercial con la responsable -10/2018 a 05/2011- sin saldo a ingresar o con valores de escasa significación; 5) Surge del Acta N°011000201370000201 del 07/10/2013 –fs. 246 Cpo. Antecedentes Desarrollos de Empresa SRL- y del Acta N°011000201370000301 del 08/10/2013 –fs. 247- que, habiéndose constituido el agente fiscalizador en el último domicilio fiscal declarado por la firma, se constató que se trata de un inmueble nuevo o recientemente refaccionado, que se encuentra vacío o desocupado, no habiendo sido atendido por persona alguna; 6) Del Acta N° 0110002014019239201 con fecha 08/04/2014 –fs. 76 Cpo.
Instrucción General 422/98 Copias de Documentación- se desprende que: el agente fiscalizador se constituyó en el domicilio fiscal anterior, esto es, el declarado originalmente por la firma –Lavalle N° 482, piso 10, oficina A, Capital Federal-, perteneciente a UN estudio de abogados, siendo atendidos por el Dr. MANTEL José Luis, quien manifestó que la sociedad DESARROLLOS DE EMPRESAS S.R.L. fue constituida en ese estudio jurídico, fijando para su constitución ese mismo domicilio, desconociendo que la sociedad lo había mantenido como domicilio fiscal, manifestando desconocer tanto el CUIT como la actividad desarrollada por la SRL; afirma no haber tenido nunca en ese domicilio documentación alguna del giro de negocio de DESARROLLOS DE EMPRESAS S.R.L.; 7) Según consta en Acta N° 0110002014019238901 del 07/04/2014 –fs. 17 Cpo.
Instrucción General 422/98 Cuerpo Complementario -, labrada en el domicilio fiscal del Sr PLA Javier Antonio (CUIT N° 20-17115227-6), el mismo confirma haber constituido la sociedad DESARROLLOS DE EMPRESA S.R.L (CUIT 30-71066072-3) junto con la Sra. Choque Vallejos Dalia; manifiesta que la empresa de la que es socio nunca operó con la empresa GAMALUX S.A. mientras estuvo a su cargo; afirma haber entregado un poder general sobre la empresa de la cual resulta integrante, al Sr. SALVUCCI Sebastián, “…desconociendo si el mismo efectuó alguna operación comercial o financiera a nombre de dicha empresa”. Y agrega que “…luego de constituida la sociedad y de haber otorgado el poder al Sr. SALVUCCI, se desvinculó de la misma no recordando exactamente la fecha pero fue a fines del mismo año de haberse constituido, no teniendo presente a quien vendió su participación societaria”; 8) A fs. 293 Cpo.
Antecedentes Mas que Proyectos SRL- consta Acta N°011000201371088101 de los agentes fiscales en procura de contactar a la Sra. CHOQUE VALLEJOS Dalia (CUIL N° 27-93914395-0), quien no pudo ser localizada en el domicilio declarado al organismo; debe destacarse que la Sra. CHOQUE VALLEJOS es socia de ambas firmas impugnadas; 9) Según consta a fs. 104 Cpo Antecedentes Desarrollos de Empresas SRL-, de las bases informáticas de la AFIP surgen otros integrantes de DESARROLLOS DE EMPRESA S.R.L., a saber: (i) GALVEZ RODRIGUEZ Maura (CUIL N° 27-94086277-4), gerente titular durante 2009, 2010 y 2011, (ii) CIECHANOWICZ María Elizabeth (CUIT N° 23-25054060-4), socia durante el año 2012, y (iii) SOSA Silvia Cristina (CUIT N° 27-25166599-6), socia y gerente titular durante 2012; 10) Con relación a la Sr.
GALVEZ RODRIGUEZ Maura, y según consta en el Acta N° 0110002014019475801 del 08/04/2014 –fs. 75 Cpo. Instrucción General 422/98 Copias de Documentación-, se verificó que en el domicilio por ella declarado, habita otra familia de apellido RAMIREZ, que no conoce a la Sra. GALVEZ RODRIGUEZ Maura; 11) Respecto de la Sra. CIECHANOWICZ María Elizabeth, según consta en Acta N° 011000201370000501 del 07/10/2013 -fs. 249 Cpo. Antecedentes Desarrollos de Empresa SRL-, el agente fiscalizador se constituyó en el domicilio fiscal por ella declarado, y siendo atendido por la misma manifestó que: se inscribió ante la AFIP en 11/2012, declara desarrollar el negocio de cotillón, y ser socia de la empresa DESARROLLOS DE EMPRESA S.R.L., de la que no recuerda el CUIT ni la actividad que realiza además de desconocer el domicilio fiscal y comercial de la misma; 12) Sobre la Sra.
SOSA Silvia Cristina, consta en Acta N° 011000201370000401, de fecha 07/10/2013 -fs. 248 Cpo. Antecedentes Desarrollos de Empresa SRL- , el agente fiscalizador se constituyó en su domicilio fiscal, y siendo atendido por la misma manifestó ser socia gerente de la firma DESARROLLOS DE EMPRESA S.R.L. y creer que se dedica a la actividad de transporte, desconociendo si alguna vez se dedicó a la venta de telefonía celular o tarjetas telefónicas; además agrega desconocer el domicilio fiscal de la misma, la cantidad de empleados que posee y los bancos con los cuales opera; afirma conocer a la Sra. CIECHANOWICZ María Elizabeth, pero desconoce a las Sras. CHOQUE VALLEJOS Dalia y GALVEZ RODRIGUEZ Maura.
Según surge del Acta N°011000201376370101 del 29/11/2013 -fs. 250 Cpo. Antecedentes Desarrollos de Empresa SRL-, el agente fiscalizador se constituyó en el domicilio sito en calle 25 de mayo N°18, piso 1°, de la ciudad de Córdoba, informado por GAMALUX S.A. donde supuestamente operaban las empresas DESARROLLOS DE EMPRESA S.R.L. y MAS QUE PROYECTOS S.R.L., observando que se trata de un edificio de oficinas; los ocupantes de las oficinas contiguas manifestaron desconocer a las empresas mencionadas, así como que hubiera funcionado en algún momento en dicho domicilio alguna empresa dedicada a la venta de telefonía celular o de tarjetas prepagas.
Respecto de los supuestos representantes operativos, consta en Acta N° 0110002014019238801 de fecha 04/04/2014 –fs. 77 Cpo. Instrucción General 422/98 Copias de Documentación-, que el Sr. COSTANTINO Alejandro Javier se constituyó en una sede de la AFIP y, habiéndosele consultado sobre su relación comercial con GAMALUX S.A., indicó que le efectuaba la distribución y tráfico de tarjetas desde aproximadamente el año 2007/2008 y hasta 2011/2012, facturándole dicho servicio como responsable de Monotributo, no pudiendo precisar con exactitud la fecha de inicio y finalización de dicha relación. Afirma no tener ningún tipo de relación ni conocer los movimientos comerciales financieros o económicos de ninguna de las firmas -DESARROLLOS DE EMPRESA S.R.L. y de MAS QUE PROYECTOS S.R.L.-, agregando que “ha acercado a GAMALUX S.A. a personas físicas o jurídicas a los efectos de que realicen la actividad por él desarrollada, desconociendo si han concretado dicha actividad comercial con alguna de ellas”. Además, expresa que “la actividad por él desarrollada es simplemente la distribución de tarjetas SIM”.
Por su parte, el Sr. SALVUCCI Sebastián, la otra persona señalada por GAMALUX S.A:
como representante operativo de las firmas DESARROLLOS DE EMPRESA S.R.L. y de MAS QUE PROYECTOS S.R.L., se constituyó también en la sede del organismo recaudador según Acta N°0110002014019238601 del 04/04/2014 –fs. 78 Cpo. Instrucción General 422/98 Copias de Documentación- y, afirma haber facturado a GAMALUX comisiones por la distribución de las tarjetas, desde aproximadamente el año 2008, como responsable de Monotributo, habiendo realizado dicha actividad en forma particular hasta el año 2012, por lo que no contó con empleados en relación de dependencia. Además agrega que fue apoderado de la firma DESARROLLOS DE EMPRESA S.R.L., desde 09/2008 hasta el mes de 11/2008, cuando renunció a dicho cargo mediante una carta documento del 19/11/2008 –adjunta copia-. Expresa que durante el lapso en el que se encontraba como apoderado, solo actuó firmando un contrato de comercialización entre DESARROLLOS DE EMPRESA S.R.L. y GAMALUX S.A., “desconociendo la operativa posterior y las consecuencias financieras, jurídicas y económicas que la misma pudiera generar en el futuro”. Asimismo afirma que “desconoce la operativa comercial realizada por ambas empresas a futuro”, en función del contrato por él suscripto.
X. Que ello sentado, corresponde ahora que este Tribunal aprecie el elenco probatorio producido en los presentes autos.
A fs. 177/183 y 341/346 se agregan los informes de la pericia contable, de los que surgen las siguientes observaciones:
Que del análisis de dichos informes, no surge elemento alguno que refute la tesis que el Fisco Nacional sostiene en las resoluciones recurridas, en cuanto a la conducta irregular de los proveedores observados. Esto, debido a que solo se deja constancia de los datos asentados en los libros contables, los medios de pago utilizados y el cumplimiento de la normativa vigente, cuando en realidad dichas registraciones sólo valen en relación con la fe que merezcan los comprobantes que le sirven de respaldo (cfr. art. 35 de la L. 11683), documentos que al ser puestos fundadamente en crisis en el caso, restan eficacia probatoria a las aludidas registraciones.
En ese sentido, yerra la actora al pretender demostrar la efectiva titularidad de sus reales proveedores, a través de la legal corrección de sus libros contables o la efectiva emisión de los cheques o la producción de las transferencias bancarias.
XI. Que en el marco de los hechos descriptos cabe remarcar que la Sala V de la Excma.
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo en la causa "Barreré y Asociados Soc. de Hecho" de fecha 24/06/05, ha sostenido que para que se pueda reconocer al contribuyente el crédito fiscal, éste debe probar, entre otras cosas, la real existencia de las compras efectuadas, con sus correspondientes facturas donde el impuesto se encuentra discriminado.
Tal criterio fue reafirmado por la Corte Suprema de la Nación en más recientes fallos en las causas "Stopcar S.A." y "Feretti, Félix Eduardo", de fechas 21/08/13 y 10/03/15 respectivamente. En ese contexto es necesario destacar -como lo sostuve en mi voto correspondiente a la causa caratulada “ARREBEEF S.A. s/recurso de apelación” de fecha 21/9/2018- que la mera existencia de facturas en legal forma no habilita, sin más, el cómputo del crédito fiscal. Con sólo observar el texto del artículo 12 de la ley de IVA se puede apreciar la evidente intención del legislador de resguardar la determinación final del gravamen imponiendo una serie de requisitos y condiciones para que el crédito fiscal pueda ser computado como tal por el contribuyente. Así encontramos que, entre el propio artículo 12 y otras normas complementarias, dicho cómputo está sujeto a: a) que sea imputable al período fiscal en que hubiera sido facturado y discriminado; b) que se encuentre facturado y discriminado en la factura o el documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas cualquiera que fuese la etapa de su aplicación; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que la cancelación de la operación se instrumente a través de determinados medios de pago; h) que las operaciones que originan crédito fiscal hubieran generado para el vendedor, importador, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Que como puede colegirse, se trata de una serie de requisitos concurrentes de tipo formal algunos y de tipo material otros, inscribiéndose entre estos últimos la generación del débito fiscal en cabeza del sujeto que emite la factura, lo que no hace más que garantizar la característica de un impuesto plurifásico no acumulativo como el tratado.
Que esta modificación legal data de 1990 y recepta los argumentos de los Dictámenes 35/84 y 22/85 – DATJ- que cuestionaban que la simple emisión de una factura, aunque cumpliera con los requisitos legales, pudiera acordar válidamente un crédito fiscal al comprador.
Que hasta la citada modificación legal la propia Corte – caso “Industrias Electrónicas Radio Serra S.A.”- sustentaba la impugnación de créditos fiscales amparándose en el principio de la realidad económica para no hacer lugar a cómputos de créditos sin el correlato de una operación explícita que hubiera generado el débito pertinente.
Que en este marco, el requisito para la computabilidad del crédito fiscal, basado en la “generación del débito fiscal” o “perfeccionamiento del hecho imponible” en cabeza del vendedor, locador, importador o prestador, como reza el último párrafo del artículo 12 de la Ley de IVA, no supone la posible declaración y pago por parte de éste del gravamen sino que tamiza por el artículo 6 en tanto se trate de venta de bienes o de locación o prestación sobre bienes, se requiere que medie la efectiva existencia de los bienes y estos hayan sido puestos a disposición del comprador.
Que en dicho entendimiento no resulta relevante la consistencia o no de las declaraciones presentadas por el proveedor ya que, en todo caso, esto resulta ajeno al comprador de los bienes y servicios y sería materia de una eventual impugnación y determinación de materia imponible sobre aquellos. Tampoco es vital la oportuna aprobación por parte de la AFIP o de otros organismos estatales para que dichos sujetos, proveedores, se encuentren habilitados o en condiciones de existir jurídicamente, operar comercialmente o emitir facturación, todo lo cual podrá hacer final y eventualmente reprochable y sancionable el incumplimiento de deberes de los funcionarios actuantes. En este estadio de la controversia y a la luz de aquello que consta en el expediente y de las pruebas producidas, lo que fundamentalmente debe establecerse es la materialidad y veracidad de la operación desde el punto de vista económico ya que el hecho imponible en crisis, que pudo haber dado lugar al cómputo de créditos fiscales, es un hecho económico más allá de las relaciones jurídicas entre las partes. No pasa inadvertido que de las constancias de la causa surgen serias irregularidades en cabeza de los proveedores MAS QUE PROYECTOS S.R.L. y DESARROLLOS DE EMPRESA S.R.L., no sólo por no haber podido ser localizados en su domicilio fiscal, ni comercial, ni localizados todos sus socios, sino por la falta de conocimiento del negocio por parte de quienes, al no haber podido ser localizados en su domicilio fiscal, se acercaron al organismo recaudador a declarar en relación directa con la actividad por ellos desarrollada. Llama la atención la falta de libros contables, la de empleados en relación de dependencia, la de bienes a nombre de las sociedades de responsabilidad limitadas cuestionadas, así como la inconsistencia entre la actividad declarada a la AFIP-DGI y la supuestamente llevada a cabo en relación a la actora. Así, a la ausencia de capacidad operativa y financiera para llevar adelante las operaciones se suma la coincidencia de una socia común a ambas firmas –que no pudo localizarse-, la Sra. CHOQUE VALLEJOS, y la Sra. GALVEZ RODRIGUEZ Maura, también vinculada a los dos proveedores impugnados.
Debe mencionarse también que los supuestos representantes operativos informados por la propia actora a la AFIP-DGI en el marco de la fiscalización que nos ocupa, los Sres. SALVUCCI Sebastián Y CONSTANTINO Alejandro Javier, han manifestado desconocer si las mismas han concretado actividad comercial con la fiscalizada, agregando que su actividad se limita a distribuir tarjetas que se les entrega, en carácter de monotributistas.
En base a ello, no es objeto de controversia que la venta de tarjetas hayan existido, sino lo que se discute es la titularidad de los reales proveedores de GAMALUX toda vez que no ha quedado demostrado la efectiva existencia de las firmas MAS QUE PROYECTOS S.R.L. y DESARROLLOS DE EMPRESA S.R.L.
mucho menos que tengan la capacidad para haberse desempeñado como proveedores.
Que asimismo cabe hacer notar que la pericia ofrecida en autos se basó sólo en los registros de la actora y la documentación aportada por ella.
Debe tenerse presente que el artículo 33 de la ley de procedimiento fiscal establece que “todas las registraciones contables deberán estar respaldadas por los comprobantes correspondientes y solo de la fe que estos merezcan surgirá el valor probatorio de aquéllas”. En este contexto, las registraciones contables no se encuentran respaldadas por la documentación pertinente en la medida que se impugnaron las facturas, con lo cual carecen de valor probatorio suficiente, dado que no pueden acreditar las operaciones cuestionadas, lo que lleva a concluir que ni la prestación real de los servicios ni el circuito económico de los bienes y el pago se encuentran probados por este medio (“Marpe S.A.” C.N.C.A.F. Sala IV del 2/2/14)
Que en consecuencia la impugnación de los proveedores ha sido adecuadamente valorada por el Fisco Nacional, toda vez que ha quedado demostrada la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que presentan un cuadro de serios reparos respecto de su capacidad operativa para poder prestar los servicios o bienes facturados, los que llevaron al Fisco Nacional a concluir que los mismos no fueron prestados por los proveedores impugnados.
Que de las constancias de la causa surge que el análisis del Fisco Nacional, efectuado sobre los proveedores impugnados, se basó en una profunda investigación que se requiere para el caso, tal como lo propone el “Protocolo de actuación para la investigación de delitos penales tributarios a través del uso de facturas apócrifas” – Resolución (PGN) Nº 149/2009 que si bien no es una pauta de seguimiento obligatorio para el ente fiscal, otorga una mayor rigurosidad y sustento a la investigación y consecuente conclusión.
Que la mencionada resolución parte de una “...serie de indicadores a partir de los cuales puede inferirse la inexistencia de las operaciones que se documentan a través de las facturas de presuntas proveedoras de bienes y servicio…”, lo que ha llevado a cabo el organismo fiscal a efectos de impugnar las operaciones cuestionadas en autos.
En este orden de ideas vale decir que una cosa es reputar de apócrifa una factura por el mero hecho de que el proveedor no haya presentado las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado y/o al impuesto a las ganancias, o que las haya presentado en forma constante con saldo a su favor, circunstancias estas, que resultan completamente ajenas al adquirente de tales bienes o servicios y que no bastan, por sí solas, para calificar de falso instrumento alguno. Pero otra muy distinta es la situación que se presenta cuando se dan, concomitantemente, una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las operaciones y, como corolario, una actitud de la apelante que se limita a aseverar dogmáticamente que no le compete el control de la situación fiscal de aquellos con quienes contrata, sin aportar dato adicional alguno (gerentes, domicilios reales, depósitos, seguros, sujetos encargados de la cobranza, contratos, etc.) tendiente a profundizar la investigación en terrenos que resultan de su exclusivo interés (cfr. doctrina jurisprudencial emergente de TFN - Sala A - "Molla, Pedro José" - 17/3/2002, en idéntico sentido esta Sala - "in re" "Vialbo Construcciones SA" - 2/12/2002).
Que en consecuencia, voto por confirmar el criterio fiscal que impugna el crédito fiscal tomado respecto de los proveedores MAS QUE PROYECTOS S.R.L. y DESARROLLOS DE EMPRESA S.R.L.
por entender que las facturas que documentan dichos gastos y que contienen el crédito fiscal son apócrifas, sin que la interesada haya probado la real existencia de la operaciones en cabeza de los proveedores cuestionados. Con costas.
XII. En cuanto a los intereses resarcitorios, el art.37 de la ley 11.683 dispone que “La falta total o parcial de pago de los gravámenes, retenciones, percepciones, anticipos y demás pagos a cuenta, devengará desde los respectivos vencimiento, sin necesidad de interpelación alguna, un interés resarcitorio”. “…La obligación de abonar estos intereses subsiste no obstante la falta de reserva por parte de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS al percibir el pago de la deuda principal y mientras no haya transcurrido el término de la prescripción para el cobro de ésta”.
Respecto a su naturaleza jurídica el Máximo Tribunal ha fijado su postura en el sentido “El presupuesto generador de los intereses establecidos por el art. 42 de la ley 11.683 (t. o. en 1978 y sus modific.) así como de los previstos por el art. 161, no es otro que la mora del deudor en el cumplimiento de la prestación que la ley pone a su cargo. Esta falta de cumplimiento oportuno - se encuentre la deuda a cargo del contribuyente o del Estado- es el hecho que la ley contempla para establecer el comienzo del curso de los intereses ya que ellos representan un modo específico de indemnización al acreedor, por el retraso en la satisfacción de esa obligación pecuniaria”(Fallos: 308:283), es decir que le reconoce características indemnizatorias, tendiendo así a resarcir a la víctima, en este caso la Hacienda Pública, restituyéndola al estado anterior a la mora.
Que ello es así, por cuanto se impone en forma automática, sin interpelación alguna, ni debe ponerse en mora al deudor, al ser obligaciones de plazo cierto y no exige para su aplicación la tramitación de sumario alguno por tratarse de una sanción de tipo civil.
Que para se configure la mora deben presentarse tres elementos concurrentes, a saber:
a) El retardo en el pago de la obligación a cargo del deudor. El organismo fiscal es el encargado de fijar los vencimientos para la presentación tanto de las declaraciones juradas de los impuestos a cuyo cargo se encuentra su recaudación, como los anticipos de ellos, retenciones y percepciones que deben ingresar los contribuyentes (conf, Decreto 618/97), mediante las respectivas resoluciones, el retardo entonces se producirá con la falta de cumplimiento en el ingreso total o parcial en el plazo fijado por el ente recaudador.
b) Que ese retardo sea imputable al deudor. Es decir que el incumplimiento le sea imputable por culpa o dolo. Esto ha sido reconocido por el propio Fisco en los Dictámenes DATJ de la DGI 117/77 y 7/78 y convalidado también por la Corte de Suprema de Justicia de la Nación in re “IKA-Renault SAICyF” del 25/02/1982, “...El artículo 42 de la ley 11683 (actual art. 37) establece que la constitución en mora del deudor se produce automáticamente, esto es, por el solo acaecimiento del plazo, sin necesidad de requerimiento previo. Con ello, el precepto citado hace referencia expresa al elemento formal de la mora, pero no al elemento subjetivo constituido por la imputabilidad del retardo, el que también integra el concepto de dicho instituto jurídico. No obstante, dada la naturaleza resarcitoria de los intereses previstos en el citado artículo 42 y la falta de toda previsión sobre el carácter de la mora del deudor, es posible recurrir a la legislación común para llenar ese vacío, siendo de aplicación a la ley tributaria, consecuentemente, la última parte del artículo 509 del Código Civil (artículo 1732 del nuevo Código), que exime al deudor de las responsabilidades de la mora -intereses moratorios, etc.- cuando prueba que no le es imputable” (artículo 1730 del nuevo Código). En el mismo sentido “Vendomé SRL”, JNCAF Sala III, 9/10/79 y “ESSO SAPA” - CNFED. CONT. ADM. - SALA III - 27/07/1983).
c) El daño. Consiste en la privación del uso del capital al Estado durante el período en que el deudor estuvo en mora, teniendo lugar en esta materia por la falta de ingreso al vencimiento de la obligación tributaria. Que a tenor de lo expuesto y no habiendo probado la actora que la mora en el ingreso de sus obligaciones fiscales no le es imputable, corresponde confirmar los intereses resarcitorios aplicados en las resoluciones apeladas.
XIII. Que respecto a la sanción aplicada en el Impuesto al Valor Agregado -período fiscal octubre/2011- debe señalarse que el artículo 46 de la ley 11.683 exige para que se configure la sanción allí tipificada la concurrencia de la omisión del impuesto, elemento objetivo, y la conducta del sujeto en lo que hace a su voluntad comisiva, es decir la existencia del elemento subjetivo.
Que en cuanto al elemento objetivo, entiendo que de los documentos obrantes en autos y de las impugnaciones efectuadas por el organismo fiscal, en tanto considera inexactas las declaraciones juradas presentadas, debe concluirse que se encuentra debidamente acreditado este aspecto de las sanciones aplicadas. Pero, que la declaración jurada original sea a todas luces inexacta no lleva, indubitablemente, a entenderla como engañosa, ardidosa o maliciosa ni que su rectificativa confirme defraudación alguna. En lo que se refiere al aspecto subjetivo del tipo infraccional, debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas por el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del ente recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen sino también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos.
El elemento subjetivo del artículo 46 acude, ante la falta de certezas del organismo fiscal, a las presunciones previstas en el artículo 47 mediante las cuales se establecen hipótesis, que admiten prueba en contrario, respecto de la voluntad defraudatoria del sujeto.
En el caso bajo análisis acude al inciso c) del artículo 47 citado que establece:
“…c) Si la inexactitud de las declaraciones juradas o de los elementos documentales que deban servirles de base proviene de su manifiesta disconformidad con las normas legales y reglamentarias que fueran aplicables al caso.…”
Que resulta irrefutable que los elementos documentales al ser tachados de apócrifos se encuentran en manifiesta violación con las normas legales y reglamentarias aplicables.
A tenor de lo expuesto voto por confirmar la multa aplicada en la resolución N°102/2014, con costas.
XIV. En virtud de todo lo expresado, voto por confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
La Dra. Guzmán dijo:
Que adhiere al voto precedente.
Que en virtud de la votación que antecede, SE
1. Rechazar la excepción de nulidad opuesta por la recurrente, con costas 2º) Confirmar las resoluciones apeladas en autos en todas sus partes, con costas.
Se deja constancia que la presente resolución se dicta con el voto coincidente de dos vocales titulares de la Sala por encontrarse vacante la Vocalía de la 1era. Nominación ( art. 184 de la ley 11.683). Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.-
Date: 2022.05.12 18:38:29 -03:00 Date: 2022.05.16 13:06:17 -03:00 Ruben Alberto Marchevsky Laura Amalia Guzman Vocal Vocal Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.05.16 13:06:17 -03:00
Fin de la sentencia