Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa EX-2020-67324618-APN-TFN#MEC
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar al beneficio de litigar sin gastos peticionado por GAMER24HS SRL. Con costas.
2Intimar al recurrente para que dentro del término de cinco (5) días, ingrese la suma de pesos ciento cincuenta y ocho mil ciento ochenta y tres con seis centavos ($158.183.06.-) en concepto de tasa de actuación, bajo apercibiendo de librarse boleta de deuda (conf. Art 7 de la ley N° 25.964).
3Que corresponde regular los honorarios de la Dra. MARIA DEL CARMEN INTRAGUILLERMO, por la labor desarrollada como letrada apoderado del Fisco Nacional, teniendo en consideración la labor desarrollada, el resultado obtenido, la complejidad y novedad de la cuestión planteada y demás pautas establecidas en el 16, 20, 21, 22 y 29 de la ley 27.423, en las sumas de pesos cincuenta y nueve mil setecientos noventa y tres ($59.793,00.-) equivalente a 3,1 UMA (conf. acordada CSJN N°03/2023). Dicho importe queda a cargo de la incidentista conforme lo resuelto precedentemente.
4Hacer saber que la presente regulación no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-37593484-APN-VOCII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 5 de Abril de 2023 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “A”, los Dres. Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la Segunda Nominación), y Pablo A. Porporatto (Vocal Subrogante de la Tercera Nominación), a fin de resolver el expediente N° EX-2020-67324618- -APN-TFN#MEC, caratulado: “GAMER24HS SRL s/incidente de beneficio de litigar sin gastos”;
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que mediante IF-2020-67500024-APN-DTD#JGM la recurrente solicita beneficio de litigar sin gastos. Manifiesta que se ve en la imposibilidad e impotencia económica y financiera para afrontar el pago de la tasa Argumenta, que nuestro país se encuentra atravesando una grave crisis económica y financiera, que se decretó la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social por medio de la Ley N° 27.541 (B.O.: 23/12/2019), que por la condición de Pequeña y Mediana Empresa (PyME) no se encuentra ajena a dicha situación Asimismo, alega que como consecuencia de dicha crisis económica, su actividad económica se vio perjudicada, como queda demostrado – según entiende – con las Declaraciones Juradas de IVA. Por otra parte, pone de relieve que su situación se ha visto empeorada a partir de la declaración por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del brote del nuevo coronavirus COVID-19 y - a raíz de aquella - el "aislamiento social, preventivo y obligatorio" (ASPO) establecido por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN)
Toda la situación que detalla, más la prueba que acompaña y la que ofrece, acreditan - a su criterio - , que se encuentra imposibilitado de hacer frente al pago de la tasa reclamada, por lo que solicita se haga lugar al beneficio exentivo.
Expone los hechos y el derecho en el que sustenta su petición y ofrece prueba.
II. Que a mediante IF-2020-79626470-APN-DTD#JGM contesta el traslado el Fisco Nacional, y por las razones de hecho y derecho que expone, peticiona se rechace el beneficio solicitado, con costas.
III. Que con fecha 19 de Noviembre de 2020 se abre el incidente a prueba. Frente a la inacción de la incidentista, se dio por decaído el derecho a producir la prueba pericial contable ofrecida. (v. PV- 2023-24920722-APN-VOCII#TFN)
Finalmente, mediante la PV-2023-31284925-APN-VOCII#TFN se eleva el incidente a conocimiento de la Sala “A”.
IV. Que cabe señalar que la petición del incidentista se encuentra dirigida a obtener un beneficio que lo exima de abonar la tasa de actuación establecida por la ley 25.964. Dicho texto legal establece en su artículo 9 la exención del pago de la tasa de actuación a las personas que actuaren con beneficio de litigar sin gastos.
Aquél beneficio –contemplado en el artículo 78 del C.P.C.C.N.- es la franquicia que se concede a ciertos justiciables de actuar sin la obligación de hacer frente, total o parcialmente, a las erogaciones incluidas en las costas, sea en forma definitiva o provisional.
Este instituto está dirigido a quienes –por insuficiencia de medios económicos- no estén en condiciones de afrontar el pago de los gastos que ocasiona la sustanciación de un proceso y reposa en la existencia de dos preceptos de raigambre constitucional, a saber: la garantía de defensa en juicio y la igualdad ante la ley (arts. 18 y 16 de la C.N.) y pretende asegurar loa prestación del servicio de justicia, no ya en términos formales, sino con un criterio que se adecua a la situación económica de los contendientes. (Cfr. C.S.J.N., “Siderman, José y otros c/Nación Argentina y Provincia de Tucumán s/daños y perjuicios”, 9/8/1988, entre otros). Como sostiene Couture, resulta evidente que la posibilidad de acceder a la justicia se vería frustrada si la ley privase de amparo a quienes no se encuentran en condiciones económicas de requerir a los jueces una decisión acerca del derecho que entienden los protege, asegurando la prestación de justicia a los pobres y a los ricos sin distinción (“Estudios de Derecho Procesal Civil”, Tº I, pág. 114).
V. Que es criterio de nuestro Alto Tribunal que la “Concesión del beneficio de litigar sin gastos queda librada a la prudente apreciación judicial en tanto los medios probatorios incorporados al incidente reúnan los requisitos suficientes para llevar al ánimo del juzgador la convicción sobre la verosimilitud de las condiciones de pobreza alegadas” (Conf. “Coihue S.R.L. c/Provincia de Santa Cruz ”, 11/6/2006).
Ello es así toda vez que el legislador omitió hacer referencias tasadas sobre el concepto de pobreza, pues este, por ser contingente y relativo, presenta insalvables dificultades para ser definido con un alcance genérico que abarque la totalidad de las diferentes circunstancias que puedan caracterizar a los distintos casos para resolver. En definitiva, frente a cada situación concreta, el juzgador deberá efectuar un examen exhaustivo y pormenorizado de las probanzas acompañadas a fin de determinar si quien pide la exención carece de recursos o se encuentra en la imposibilidad de obtenerlos para hacer frente a los gastos que demanda la sustanciación del proceso. Por ello, no es necesario demostrar un estado de indigencia o insolvencia patrimonial absoluta, sino una situación económica que no permita afrontar los gastos del proceso (conf. Fallos 317:1020), más aún si para pagarlos resulta necesario que el litigante se desprende de ellos.
Ahora bien, siguiendo este orden de ideas, cabe recordar que “tratándose de sociedades comerciales, atendiendo a que su desenvolvimiento se inspira en obvios fines de lucro, el examen de los recaudos que hacen procedente el beneficio de litigar sin gastos debe efectuarse con mayor rigurosidad, máxime ponderando que la carta de pobreza es un remedio de excepción y no un recurso habitual y corriente aplicable a situaciones de insolvencia temporaria o de mera falta de liquidez” (C.S.J.N., “Coihue S.R.L. c/Santa Cruz, Provincia de s/Beneficio de litigar sin gastos”, 11/7/2006). A mayor abundamiento, la Alzada tiene dicho “que el beneficio de litigar sin gastos comprende un privilegio restrictivo y excepcional, por lo que se debe demostrar fehacientemente la ausencia de recursos para costear total o parcialmente la demanda que se ha de iniciar (causa 17.178/2012, “ Paramio Claudio Pascual (TFN 30256-I) - BLSG pronunciamiento del 13 de noviembre de 2012) En este orden su concesión resulta procedente en tanto las pruebas incorporadas a la causas reúnan los requisitos suficientes para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de las condiciones de empobrecimiento alegadas (CSJN, “Bergerot, Ana Maria c/ Salta, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios (beneficio de litigar sin gastos)”, pronunciamiento del 23 de junio de 2015).” En consecuencia, la incidentista no ofreció ningún elemento probatorio que permita demostrar fehacientemente la real situación económica financiera de la empresa GAMER24HS SRL.
Particularmente, ofreció por un lado la prueba documental, DDJJ de IVA (periodos fiscales 01/2019 a 06/20210) y el certificado MIPyME (N° de Registro. 718587877), las que por sí solas no logran demostrar dicha situación económica, como así tampoco su imposibilidad de afrontar el pago de la tasa de actuación; y por otro, la producción de una prueba pericial contable, la que este Tribunal resolvió dar por decaída (vid. PV-2023-24920722-APN-VOCII#TFN). En particular, cabe remarcar que la misma se concedió el 25 de Febrero de 2021, y luego de varias prorrogas concedidas (vid. PV- 2022-14972048-APN-VOCII#TFN, PV-2021-102142249-APN-VOCII#TFN, PV-2021-81951782-APN- VOCII#TFN, PV-2021-56996644-APN-VOCII#TFN), al existir un claro desinterés por parte de la actora en su producción, se resolvió dar por decaída su producción.
En ese contexto, y toda vez que aun cuando se otorgó oportunamente la posibilidad procesal de aportar elementos precisos sobre su situación económica o la imposibilidad de obtener los recursos para hacer frente al pago de la tasa de actuación, su petición quedó huérfana de probanzas, por lo que no procede la concesión del beneficio solicitado. Con costas.
El Dr. Porporatto dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Guzmán.
Por ello, SE RESUELVE:
1. No hacer lugar al beneficio de litigar sin gastos peticionado por GAMER24HS SRL. Con costas.
2. Intimar al recurrente para que dentro del término de cinco (5) días, ingrese la suma de pesos ciento cincuenta y ocho mil ciento ochenta y tres con seis centavos ($158.183.06.-) en concepto de tasa de actuación, bajo apercibiendo de librarse boleta de deuda (conf. Art 7 de la ley N° 25.964).
3. Que corresponde regular los honorarios de la Dra. MARIA DEL CARMEN INTRAGUILLERMO, por la labor desarrollada como letrada apoderado del Fisco Nacional, teniendo en consideración la labor desarrollada, el resultado obtenido, la complejidad y novedad de la cuestión planteada y demás pautas establecidas en el 16, 20, 21, 22 y 29 de la ley 27.423, en las sumas de pesos cincuenta y nueve mil setecientos noventa y tres ($59.793,00.-) equivalente a 3,1 UMA (conf. acordada CSJN N°03/2023). Dicho importe queda a cargo de la incidentista conforme lo resuelto precedentemente.
4. Hacer saber que la presente regulación no incluyen el impuesto al valor agregado. Se deja constancia que la presente resolución se dicta de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59, tercer párrafo del RPTFN por encontrarse vacante la Vocalía de la Tercera Nominación. Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.-
Date: 2023.04.04 17:54:43 -03:00 Date: 2023.04.05 12:52:08 -03:00 Pablo Alejandro Porporatto Laura Amalia Guzman Vocal Subrogante Vocal Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.04.05 12:52:09 -03:00
Fin de la sentencia