Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 31.045-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar parcialmente la Resolución Nº 102/2012 (AD CAMP) dictada en la Actuación Nº 13289-33244-2008, y en consecuencia, el Cargo FE Nº 110708, declarando que el importe adeudado en concepto de derechos de exportación asciende a la suma de DOLARES OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON SETENTA Y SIETE (U$S 8.822,77), con más los intereses dispuestos por el art. 794 del C.A., con costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2022-126892187-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 24 de Noviembre de 2022 En Buenos Aires, se reúnen los Vocales miembros de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht; Claudia B. Sarquis y Horacio J. Segura, a fin de resolver en los autos caratulados: “GARAT, ALBERTO ADOLFO c/DGA s/recurso de apelación”, Expte. N° 31.045-A.
El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
I. A fs. 7/13 interpone recurso de apelación Alberto Adolfo Garat, contra la Resolución Nº 102/2012 (AD CAMP), por medio de la cual se confirmó el Cargo Nº 110/08. En primer lugar, explica que el 21/09/2007 presentó ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos la DJVE Nº 64041 y el 26/03/08 oficializó el P.E. correspondiente, documentando la exportación de productos orgánicos, validando la ventaja “EXPO-ORGANICOTXT” y abonando el importe liquidado por el SIM sobre la base de una alícuota del 5% de derechos de exportación conforme lo establecía la Resolución Nº 160/2002. Recuerda que luego del dictado de la Ley 26.351 y con fundamento en ella, la ONCCA informó a la Aduana, por medio de la Resolución Nº 1898/2008, que el exportador no había demostrado la adquisición o tenencia de la mercadería a exportar y, en consecuencia, procedió a gravarla con una alícuota superior a la existente al momento de registrarse la DJVE. Solicita la aplicación de la doctrina del efecto liberatorio del pago por los motivos que indica. Manifiesta que la tenencia y adquisición de la mercadería se encontraban suficientemente demostrados, ya que se dedica a la exportación de productos orgánicos de su propia producción. Subsidiariamente, sostiene que la Resolución Nº 125/08, cuyas alícuotas fueron aplicadas en la formulación del Cargo impugnado, es un acto viciado de nulidad absoluta y solicita que así se la declare. Ofrece prueba. Hace reserva de plantear el caso federal. Solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. De su lado, en su responde de fs. 24/29, la representación fiscal afirma que la Ley 26.351 tuvo como finalidad impedir el mal uso del régimen establecido en la Ley 21.453 y evitar que, los particulares que tenían conocimiento de un inminente cambio normativo que incremente los derechos de exportación, se registraran operaciones con el fin de tributar con la alícuota menor afectando así el normal desenvolvimiento del mercado exportador. Arguye que la normativa establecida a tal fin es coherente con los principios de rectores del derecho y las garantías constitucionales. Añade que la ONCCA dictó la Resolución 1898/2008, gozando de presunción de legitimidad, por lo que su mandante debió ajustarse a su contenido. Reitera que el aprovechamiento indebido del régimen de DJVE por parte de la contraria, es lindero al abuso del derecho. Se refiere al “efecto noticia” y respalda la constitucionalidad de la Ley 26.351. Ofrece prueba. Ha reserva de plantear el caso federal y solicita se confirme el decisorio apelado, con costas.
III. La Actuación Nº 13289-33244-2008 se inicia a fs. 1/9 con el recurso de impugnación interpuesto contra el Cargo FE Nº 110/2008, obrando a fs. 10/52 documentación acompañada en copia. A fs. 65/67 obra Informe Técnico de Exportación Nº 385/2008 (SE FVEX). A fs. ref. 68 obra carpeta del P.E. Nº 08 008 EC01 003061 F. A fs. 70 obra el Cargo FE Nº 110/2008. A fs. 73 se tiene por iniciado el procedimiento de impugnación, a fs. 77/79 se emite el Dictamen Nº 117/2012 (AD CAMP) y a fs. 80/83 se dicta la Resolución Nº 102/2012 (AD CAMP), apelada en autos.
IV. A fs. 37 se declara la causa como de puro derecho y se elevan las actuaciones a consideración de la Sala “G”, que los pasa a sentencia a fs. 43.
V. En las condiciones indicadas, es necesario analizar: 1) si lo dispuesto por la Ley 26.351 resulta aplicable a la operación aquí cuestionada y 2) cual resulta ser la alícuota vigente aplicable de derechos de exportación al P.E. involucrado.
VI. Con base en los hechos descriptos, corresponde determinar en primer lugar, si resulta aplicable a la operación en trato lo dispuesto por la ley 26.351. Adelanto que las disposiciones contenidas en la citada ley no pueden aplicarse en forma retroactiva a la operación de autos, por cuanto las ventas al exterior han sido concertadas y presentadas ante la autoridad de aplicación en los términos establecidos en la ley 21.453.
VII. Téngase presente que la ley 21.453 ha innovado respecto de los aspectos temporales del hecho imponible aplicable a los derechos de exportación. De acuerdo con la ley mencionada, a los fines de la liquidación de los derechos de exportación, reembolsos, reintegros, contribuciones, tasas, servicios y demás tributos que gravaren o beneficiaren la exportación de las mercaderías, resultan de aplicación los regímenes tributarios, de alícuotas, arancelario y de base imponible (precio índice, valor FOB, valor FOB mínimo o equivalente) vigentes a la fecha de cierre de cada venta registrada mediante declaración jurada ante la Autoridad de Aplicación (art. 6).
VIII. En las condiciones indicadas, no puede dejar de ponderarse que la norma fue aplicada durante más de tres décadas sin que generase controversia de ninguna especie relativa a su implementación con relación al orden general establecido en el Código Aduanero. En ese sentido, no debe obviarse que ante el rumor de un incremento significativo en los derechos que gravitan sobre el comercio exterior, las exportadoras concertaron y registraron ventas a los fines de mantener un statu quo frente a la legislación y sin necesariamente contar con la tenencia de la mercadería que habría de ser exportada.
IX. Así las cosas, la respuesta estatal fue el dictado de la ley 26.351 (B.O 16/1/2008) mediante la cual se establece la necesidad de acreditar de modo fehaciente la tenencia o en su caso la adquisición de tales productos con anterioridad al cambio del incremento de la alícuota aplicable a los derechos de exportación. Asimismo se dispuso que, inclusive, quedaran alcanzadas por los cambios introducidos en el ordenamiento impositivo las declaraciones juradas de ventas al exterior que registradas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, no satisfagan los requisitos de tenencia y adquisición.
A su vez, la ley 26.351 fue reglamentada por el Decreto Nº 764/2008 (B.O. 12/05/2008) que dispuso que las operaciones alcanzadas por el art. 1 de la ley, serían aquellas oficializadas con posterioridad al 9/11/2007. En su correlato, se dictaron la Resoluciones ONCCA Nros. 1487/2008 y 1898/2008, fundamento de la resolución aquí apelada.
X. En esa comprensión del asunto, encuentro que la reforma introducida por ley 26.351 resulta violatoria del principio de retroactividad, por cuanto al disponer el aumento de la alícuota aplicable, ninguna duda cabe de que modificó los efectos jurídicos de negocios concertados y consolidados al amparo de la legislación vigente. En ese sentido, es elocuente que la exigencia incorporada por la reforma legislativa es sobreviniente e imprevisible para los responsables que declararon su posición impositiva al amparo de la ley 21.453, lesionando así derechos adquiridos y afectando la seguridad jurídica. En materia aduanera, existen numerosos tratados internacionales a los que se encuentra subordinado el régimen tributario aplicable a las importaciones y exportaciones, tal y como el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que establece como uno de los principios esenciales la irretroactividad de los derechos de Aduana. Asimismo, el Código Aduanero establece la irretroactividad de los tributos aduaneros en los arts. 637, 639, 726 y 728.
XI. En efecto, una lectura discreta y razonable de la ley 21.453 no permite inferir que era conditio sine qua non para consolidar los efectos tributarios de la operación que los exportadores acreditasen fehacientemente la tenencia o la adquisición de los productos a ser exportados.
XII. En ese marco conceptual es ostensible que la ley 26.351 implicó una modificación de los efectos tributarios hacia el pasado en detrimento de los principios de legalidad, retroactividad y seguridad jurídica, toda vez que si la responsable de la obligación tributaria decidió cerrar las ventas para exportación y registrarlas, no lo hizo siquiera en abuso de derecho, sino al amparo de un marco legal que se los permitía y reconocía las particularidades del sector involucrado. Téngase presente que quien realizó un acto lícito al amparo de un beneficio legal y teniéndolo probablemente en cuenta en el cálculo de sus legítimas ganancias, no puede ser privado del mismo por una ley posterior, sin afectar el derecho de propiedad que la Constitución garantiza. En tales circunstancias, el derecho no puede ser suprimido por una ley posterior sin agravio al derecho constitucional de propiedad. Nuestro Máximo Tribunal, ha reconocido que las leyes no puede afectar derechos constitucionales que se encuentran incorporados al patrimonio de los administrados, adquiridos al amparo de una legislación anterior (Fallos 157:103, 152:268, 234:753, 269:259, 299:132, 310:1961).
XIII. Al respecto, procede recordar que la competencia legislativa no es omnímoda. La potestad tributaria debe ejercer con estricta sujeción a los principios y valores constitucionales que condicionan su ejercicio. Acorde con ese temperamento, el legislador no puede establecer leyes que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos en el pasado. La prohibición de retroactividad de la ley tributaria hace al reconocimiento de la dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características, ya que garantiza a los potenciales destinatarios de la norma tributaria no sean sorprendidos por un aumento retroactivo de la carga tributaria. Inclusive la protección puede hacerse extensiva frente a modificaciones intempestivas que desconozcan la confianza legítima de los administrados en la estabilidad de las reglas aplicables al ejercicio de una actividad. Es que, en definitiva, el Estado no puede ejercer la potestad tributaria con perjuicio de los contribuyentes de buena fe.
XIV. En ese orden de ideas, no desconozco que los derechos constitucionales no son absolutos y pueden ser reglamentados en las condiciones de su ejercicio para satisfacer situaciones de interés público. No obstante, la ductilidad que pudiera exhibir su reglamentación en aras a la satisfacción de una situación de interés público no puede llegar al extremo de erosionar su núcleo duro, ya que el Estado no puede transformar en objeto a la persona con el propósito de resolver una situación de calamidad. Efectivamente, una medida impositiva podría resultar ilegítima aun encontrándose en condiciones de sortear un escrutinio estricto de razonabilidad, si es que en el caso en concreto exhibe posibilidad de afectar el núcleo duro de los derechos fundamentales de los particulares.
XV. En tal comprensión del tema, recogiendo la experiencia del caso alemán como el español, se advierte que el contenido esencial de los derechos constitucionales ofrece una limitación a la discrecionalidad del legislador ordinario. Esto es especialmente claro en nuestra Constitución, ya que que el principio de razonabilidad —derivado de los arts. 28 y 33 — importa, dentro de nuestro sistema constitucional, la exclusión de toda arbitrariedad o irrazonabilidad en el ejercicio de las prerrogativas de los poderes públicos. Efectivamente existe un patrón, un criterio, un estándar jurídico, que obliga a dar a la ley —y a los actos estatales de ella derivados inmediata o mediatamente— un contenido razonable, justo, valioso, de modo que alguien puede ser obligado a hacer lo que manda la ley o privado de hacer lo que la ley prohíbe, siempre que el contenido de aquélla sea razonable, justo y válido.
XVI. Asimismo, la alteración de un derecho por vía reglamentaria constituye un ejercicio irrazonable de esa potestad, ya que lo priva de su esencia. Por tanto, la depuración técnica de la garantía de un contenido esencial en los derechos fundamentales representa, pues, una cuestión de primera importancia para la determinación de la regulación razonable del derecho, por cuanto la libre configuración legislativa no se concibe bajo los términos de un legibus solutus.
XVII. En definitiva, la prevención consignada no es otra cosa que el reducto último que compone la sustancia del Derecho. El Legislador no posee una potestad absoluta, ni arbitraria, sino que en su ejercicio, para elegir, concebir y desarrollar la ley con la que regula los distintos procesos debe someterse a límites. En virtud de principios doctrinarios y jurisprudenciales sobre la materia se tiene dicho que las limitaciones así introducidas no deben restringir o reducir los derechos de tal manera o en tal medida que se menoscabe su esencia misma.
XVIII. Por las razones expresadas, encuentro que situación de marras debe encontrarse regida por la ley 21.453, toda vez que la aplicación de la ley 26351 importaría una afectación a la sustancia de los derechos constitucionales que amparan la situación del obligado frente al ejercicio de la potestad tributaria. Esto es así, habida cuenta de que la ley 26.351 no puede ser exhibida como una ley interpretativa o aclaratoria[1], desde que incorpora una condición no prevista en la ley precedente, al exigir que acredite de modo fehaciente la tenencia o en su caso la adquisición de los productos con anterioridad al incremento en más de las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios. Resulta notorio que, en vez de aclarar el fin tenido en cuenta por la ley 21.453, por el contrario, lo desvirtúa, volviendo sobre una relación jurídica constituida antes de su vigencia (nacida con el registro de la DJVE) y privándola de una de sus principales ventajas: la aplicación de la alícuota de los derechos de exportación vigentes al momento de cierre de la venta, por no cumplir con un nuevo requisito -que no estaba previsto en la ley anterior-.
XIX. Sentado lo anterior, corresponde analizar cual resulta ser la normativa aplicable y, por lo tanto, la alícuota en concepto de derechos de exportación, de acuerdo a la fecha de cierre de venta registrada en la DJVE involucrada en el P.E. Nº 08 008 EC01 003061 F.
Mediante la destinación cuestionada, oficializada el 26/03/2008 -DJVE SAGPYA Nº 64041 y SIM Nº 07 001 DJVE 004731 U, fecha de cierre de venta 20/09/2007-, se exportaron -con destino a Reino Unido-, 180,98 toneladas de mercadería correspondiente a la PA 1001.90.90.110B “A granel, con hasta 15% de embolsado (Ley 21.453) Trigo Pan - Los demás -Los demás: TRIGO Y MORCAJO (TRANQUILLÓN).” a un precio unitario de U$S 369 por tonelada, al precio oficial de U$S 325 la tonelada.
Al declarar la opción “EXPO-ORGANICOTXT=SI” (se trata de mercadería calificada como ECOLOGICA- ORGANICO O BIOLOGICA), el SIM liquidó los derechos de exportación con la alícuota del 5% (prevista en la Resolución Nº 160/02).
Cabe aclarar que no se encuentra controvertido en estos autos, que la mercadería exportada para consumo mediante la destinación cuestionada, consistió en productos orgánicos.
XX. En las condiciones indicadas, es conveniente reparar que por medio del Decreto Nº 509/2007 (B.O. 23/05/2007) se estableció un derecho de exportación a la exportación para consumo de todas las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR detalladas en el Anexo XIV que formaba parte de este decreto (entre las que se encuentra la P.A. correspondiente a la mercadería involucrada en la destinación cuestionada en autos).
Así las cosas, surge el interrogante de si ese decreto ha tenido incidencia respecto de lo establecido en la Resolución Nº 160/02, en cuanto estableció una alícuota del 5% de derechos de exportación para los productos que revistaban la condición de orgánico y que contaban con la acreditación de esa situación (y que solicita la actora se aplique). Encuentro que el universo de productos orgánicos no se encuentra al margen de los efectos dispuestos en el Decreto Nº 509/2007, si bien es cierto que el legislador no dispuso una derogación expresa de la Resolución Nº 160/02. En ese orden de ideas, debe tenerse presente que la derogación de un régimen jurídico no ha de ser siempre expreso, pues ello supondría confrontar cada nueva regla con el resto del ordenamiento. Sin embargo, no existe razón plausible para sostener que la derogación tácita es un fenómeno ajeno a las posibilidades constitucionales. Va de suyo que no se pone en duda la conveniencia de que el legislador determine de manera precisa los artículos que retira del ordenamiento jurídico, habida cuenta de que la derogación tácita hace menester la interpretación de ambas reglas para establecer la vigente en la materia o si la derogación es parcial o total.
Evidentemente se decidió no establecer diferencias y gravar a la totalidad de las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (N.C.M.) indicadas.
Lo analizado encuentra respaldo a la luz de lo establecido con posterioridad mediante la Resolución Nº 184/2007 (B.O. 20/09/2007, vigente desde el día posterior a su publicación), mediante el cual se restableció la alícuota del 5% (cinco por ciento) para los productos orgánicos.
En ese sentido, cabe destacar que la jurisprudencia de la Corte Suprema ha reconocido la indiscutible facultad del Poder Ejecutivo de derogar una norma anterior por otra posterior de igual jerarquía, sin que el uso de tal prerrogativa configure -como regla- cuestión constitucional alguna (Fallos: 259:377; 283:360) y ha considerado que a nadie le asiste un derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentos ni a su inalterabilidad (Fallos: 321:2683; 326:1442; 327:2293; 329:1586; 330:3565, entre muchos otros).
XXI. Así las cosas, corresponde resaltar que con fecha 20/09/2007 (vigente el Decreto Nº 509/2007), la firma actora concertó el cierre de venta con su comprador del exterior, oficializando el 23/10/2007 las correspondientes Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior conforme Ley Nº 21.453. Al momento de solicitar la destinación de exportación y validar la opción “EXPO-ORGANICOTXT=SI” en el Sistema Informático María, se liquidaron automáticamente los derechos de exportación a una alícuota del 5% (de acuerdo a lo establecido por la Resolución Nº 160/02), que ya no se encontraba vigente.
En autos, la recurrente arguye, esencialmente, que los derechos referidos fueron correctamente abonados de acuerdo a la liquidación practicada por el propio SIM por lo que, pretender su revisión, sería contrario a la doctrina del efecto liberatorio del pago.
XXII. En las condiciones reseñadas, llegado a este punto del análisis, corresponde abordar la cuestión relacionada con la prohibición del venire contra factum proprium, aplicable a la Administración en aquellos casos en los cuales pretenda contradecir su conducta.
XXIII. Evidentemente, se presenta una antinomia entre distintos principios aplicables que deben ser ponderados en el caso en concreto a fin de lograr una decisión que armonice prudencialmente los distintos intereses involucrados. En ese marco de comprensión, no puede pasar desapercibido que, proteger la posición de un administrado que obtuvo una ventaja a partir del yerro del accionar administrativo, traduciría una desproporción del reparto de las cargas públicas en función de los mandatos establecidos por el legislador. Así las cosas, si bien la entidad de la conducta administrativa puede tener relevancia jurídica, no es menos cierto que no puede hacer sucumbir el principio de juridicidad. No en vano es propia de las prerrogativas exorbitantes administrativas la posibilidad de ir contra sus propios actos y revocar sus actos ilícitos en su propia sede cuando el destinatario del acto conoció su irregularidad. Solamente los actos administrativos dictados en ejercicio de facultades materialmente jurisdiccionales pueden sustraerse de los efectos de una revisión de su legalidad a posteriori. Es que, en efecto, aun los actos administrativos firmes y consentidos son susceptibles de ser revisados, excepto que el legislador expresamente cohíba su revisión a posteriori como en el caso de los ajustes tributarios que resultan precedidos de una determinación de oficio.
XXIV. Desde esta óptica, no encuentro óbice para que el ente administrativo pueda desentenderse de lo actuado previamente si, finalmente, el obligado tributario terminó cumpliendo su obligación en una medida inferior a la que demandaba el régimen jurídico aplicable. Tengo para mí que, por el contrario, existe la necesidad de restablecer sin dilaciones el imperio de la juridicidad. En definitiva, como ya he señalado, no está en discusión que el impuesto se determinó sobre una alícuota que no correspondía.
XXV. Tal enfoque de la cuestión, no desatiende el derecho que asiste a los administrados a la protección de su confianza legítima, aspecto éste que ha preocupado inicialmente a la doctrina administrativista y que, por cierto, últimamente también ha sido objeto de tratamiento por la doctrina tributaria. La formulación del principio de confianza legítima parte del caso de la “viuda de Berlín” en el que, a la afectada, se le exigía la devolución de las sumas de su pensión percibidas indebidamente pero de buena fe debido a la información oficial equivocada que se le había proporcionado. En el caso que la falta de servicio de la autoridad administrativa hubiera generado una expectativa que resultara frustrada, el camino adecuado sería la iniciación de una acción de responsabilidad del estado por los eventuales daños acaecidos, pero no puede predicarse de esa situación el mantenimiento de una situación absolutamente irregular.
En definitiva, no debe olvidarse que, el mantenimiento o protección de un beneficio conseguido al margen de la disposiciones vigentes, implica un quebrantamiento de las reglas de la justicia distributiva y, en particular, de la regla constitucional que impone la igualad ante las cargas públicas, como también del principio de legalidad, acentuado en el campo tributario por la vigencia del principio de reserva de ley, que impide a la administración la creación de situaciones jurídicas que no fueron previstas por el legislador al tiempo de instituir la gabela, ya que frente a la vigencia irrestricta del principio de reserva a los fines del pago del tributo según la ley, es imposible que esa regla sea pospuesta en función de la confianza que pudo tener el interesado frente al actuar erróneo de los funcionarios cuando fueran contrarios a las previsiones del legislador.
XXVI. En esta inteligencia del asunto, se ha expresado que “La doctrina del venire contra factum proprium non valet no puede vincular a la Administración cuando la conducta precedente no se ajusta a la ley imperativa aplicable al caso, ya que la tutela de las expectativas generadas en los administrados no puede primar sobre el principio de legalidad al que se encuentra sometida la actividad del Estado” (del voto de la Jueza Elena Highton de Nolasco in re "Bertuzzi, Pablo Daniel y otro c/EN - PJN y otro s/amparo ley 16.986” - CAF 011174/2020/1/RS00103/11/2020).
XXVII. En ese orden de ideas, procede recordar que es regla elemental de hermenéutica jurídica la que aconseja que, frente a distintos criterios de interpretación posibles, se privilegie aquel que permite armonizar la norma en cuestión con el orden jurídico restante y con las previsiones de la Constitución Nacional.
XXVIII. Resta agregar que la conocida doctrina del efecto liberatorio del pago en su aplicación en la materia tributaria resulta circunscripta a dos casos específicos: a) Cuando se pretende aplicar un tributo con efecto retroactivo y el contribuyente ya ha cumplido con la prestación tributaria sobre la base de la legislación vigente al tiempo de la efectiva cancelación y b) Cuando la diferencia que se reclama proviene de un error determinativo del ente fiscal o de la rectificación de criterios interpretativos de las normas aplicables. Si bien en este último caso no estamos ante un acto de naturaleza jurisdiccional que pudiere encontrar amparo por la cosa juzgada material, lo cierto es que, por razones de política legislativa, se pondera que debe privilegiarse, en ese caso específico, la estabilidad del acto administrativo determinativo de la obligación fiscal.
Que las conclusiones referidas surgen de la doctrina establecida por la jurispruencia de la Corte en los Fallos "Don Pedro Ordoqui. Su sucesión" (Fallos: 151:103); "Don Manuel Manrique y otros contra la Provincia de Buenos Aires, sobre devolución de dinero -Impuesto a la herencia-" (Fallos: 152:268); "Don Ignacio Guillermo Parera contra la Provincia de Buenos Aires, por inconstitucionalidad del impuesto a la herencia" (Fallos: 161:270); "Sociedad Anónima Luis Magnasco y Compañía contra la Provincia de Buenos Aires, sobre devolución de sumas pagadas por contribución territorial" (Fallos: 167:5); "Banco Español del Río de la Plata v. Municipalidad de la Capital s. repetición" (Fallos: 180:16); "Rosa Curioni de Demarchi v. Provincia de Córdoba" (Fallos: 209:213); "Gerónimo Avelino Quirno v. Prov. de Santa Fé" (Fallos: 210:611); "S.A. Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal v. Gobierno de la Provincia de Salta" (Fallos: 237:556); "Bemasconi Sociedad Anónima, Inmobiliaria, Agrícola, Ganadera, Financiera, Comercial, Inmobiliaria e Industrial v. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires" (Fallos: 321 :2933) y "Susana Ernestina Teresa Guerrero de Louge v. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires" (Fallos: 321:2941), entre muchos otros. La doctrina del efecto liberatorio del pago, no puede tener efectos en el vínculo enjuiciado en el sub examine dado que su aplicación no es automática; por el contrario, debe llevarse adelante caso por caso para establecer si encuentra amparo en la garantía que consagra el artículo 17 de la Constitución Nacional.
XXIX. Que, en atención a lo expuesto, corresponde modificar el Cargo Nº 110/08 confirmado mediante la Resolución Nº 102/2012 (AD CAMP) aquí apelada, determinando que el importe adeudado por la actora, teniendo en cuenta la siguiente liquidación:
P.E. Nº 08 008 EC01 003061 F
Precio oficial por tonelada U$S 325 Toneladas declaradas 180,98 V.A. 58.818,50 Porcentaje de derechos de exportación según Decreto 509/2007 20 % (Anexo XIV)
Total Tributos 11.763,70 Tributos abonados 2.940,93 Diferencia adeudada 8.822,77 En atención a lo expuesto, corresponde confirmar parcialmente la resolución apelada y, en consecuencia, el Cargo FE Nº 110/08, declarando que el importe adeudado en concepto de derechos de exportación en relación al P.E. Nº 08 008 EC01 003061 F, asciende a la suma de U$S 8.822,77, con costas por su orden atento la forma en que se resuelve.
Por ello, voto por:
Confirmar parcialmente la Resolución Nº 102/2012 (AD CAMP) dictada en la Actuación Nº 13289-33244-2008, y en consecuencia, el Cargo FE Nº 110708, declarando que el importe adeudado en concepto de derechos de exportación asciende a la suma de DOLARES OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON SETENTA Y SIETE (U$S 8.822,77), con más los intereses dispuestos por el art. 794 del C.A., con costas por su orden.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
Confirmar parcialmente la Resolución Nº 102/2012 (AD CAMP) dictada en la Actuación Nº 13289-
33244-2008, y en consecuencia, el Cargo FE Nº 110708, declarando que el importe adeudado en concepto de derechos de exportación asciende a la suma de DOLARES OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON SETENTA Y SIETE (U$S 8.822,77), con más los intereses dispuestos por el art. 794 del C.A., con costas por su orden.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
[1] Recordemos que ese recurso de técnica legislativa que a priori no exhibe posibilidades de ser censurado reviste trascendencia a los fines aclarar el sentido de una precedente y no son propiamente retroactivas, en la medida que no disponen un nuevo mandato, sino que precisan los límites y el significado exacto de la ley interpretada y, por tanto, se confunden con ésta. En estos casos, está permitido que se aplique en forma retroactiva, debido a su carácter meramente declarativo y a la ausencia de innovación en el sistema legal. Date: 2022.11.24 10:08:45 ART Date: 2022.11.24 11:36:30 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.11.24 14:24:50 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.11.24 14:25:31 -03:00
Fin de la sentencia