Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa 2256/18-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 242/264 vta., por quebrantamiento de forma y en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial a fs. 228/237 vta., reenviando los presentes autos a la misma para que, con nuevos jueces hábiles, dicte sentencia conforme a derecho y según corresponda.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°:2256/18-TSJ Interlocutorio N°: 655 Actor: GARAY ROBERTO DANIEL Demandado: SAN ANTONIO INTERNACIONAL SRL Objeto: DEMANDA LABORAL Fecha: 11-11-2019 Texto: TOMO XIX -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 655 FOLIO Nº 3768/3775 PROT. ELECT. TSS1 016 S.191
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a los once días del mes de noviembre de dos mil diecinueve, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau y Reneé Guadalupe Fernández, bajo la presidencia de la Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos para dictar sentencia en los autos “GARAY ROBERTO DANIEL c/ SAN ANTONIO INTERNACIONAL SRL s/ DEMANDA LABORAL”, Expte. N° G-14.238/13 (G-2256/18-TSJ). Se fija el siguiente orden de consideración: 1º) Dra. Reneé Guadalupe Fernández, 2º) Dr. Daniel Mauricio Mariani, 3º) Dr. Enrique Osvaldo Peretti, 4º) Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, 5º) Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; y las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 242/264 vta.?; SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- A la primera cuestión la Dra. Fernández dijo:
I. Que, llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte demandada, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Federico Ferreyra Amuchastegui (cfr. fs. 242/264 vta.), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 228/237 vta., que confirmó parcialmente la sentencia de Primera Instancia, modificando la remuneración que debe tomarse como base de cálculo de las indemnizaciones fijadas y desestimando el rubro daño moral.-
II. En la especie, el actor promovió demanda laboral con el objeto de percibir las indemnizaciones por antigüedad, preaviso omitido y SAC sobre éste último ítem, derivadas del despido sin justa causa (cfr. fs. 18/20). Este reclamo fue repelido por la contraria, aduciendo que la extinción del vínculo laboral se concretó con justa causa, al considerar que el trabajador incurrió en abandono de tra-bajo (cfr. fs. 32/40 vta.).-
La jueza de origen consideró que el despido se produjo sin justa causa, por lo que hizo lugar a la demanda, condenando a la accionada a abonar los rubros reseñados precedentemente (cfr. fs. 193/197 vta.).-
Apelada esta decisión por parte de la demandada (cfr. fs. 202/211 vta.), la Excma. Cámara de Apelaciones la confirmó parcialmente, en el sentido indicado en el punto anterior.-
Contra este pronunciamiento, la accionada interpuso recurso de casación, acusando quebrantamiento de forma, errónea aplicación de la ley y arbitra-riedad (cfr. foja 257 vta.).-
Aduce que se han violado los artículos 34, inciso 4°; 164; 270; 276 del Código Procesal Civil y Comercial y 18 de la Constitución Nacional (cfr. foja cit.).-
Postula que el fallo resulta nulo, lo que conduce al deber jurisdiccional de emitir un nuevo decisorio (cfr. foja 259 vta.).-
Asevera que, desde el mismo momento en que su parte expresó cuatro agravios en su recurso de apelación, la sola referencia contenida en el punto 2° de la parte resolutiva de la sentencia cuestionada -en cuanto admite el sexto y quinto agravio- confirma que asistimos a un mayúsculo desvío que no pasa por un mero error material, sino que por el contrario evidencia un desacierto que respalda la invalidez que se persigue (cfr. foja 260).-
Refiere que el pronunciamiento recurrido contiene párrafos enteros que pertenecen, en realidad, a la sentencia registrada al Tomo LXXXVI, Registro 2640, Folio 134/147 dictada el día 13 de septiembre de 2017 en los autos “Moreno, Florentino Román c/ San Antonio Internacional S.R.L. y otros s/ Demanda Laboral”, Expte. N° 6630 (cfr. foja cit). En tal sentido, desarrolla un extenso cotejo a partir del cual se aprecian -según su criterio- la plena identidad entre ambos actos sentenciales (cfr. fs. 260 vta./262 vta.) y afirma que la parte dispositiva del fallo aquí cuestionado reproduce textualmente el de aquélla causa (cfr. foja 262 vta.).- Sostiene que la nulidad no merece mayores explicaciones, puesto que al decidirse sobre el despido del Sr. Roberto Daniel Garay la Excma. Cámara de Apelaciones trató en realidad el de una persona ajena al proceso, esto es, el del Sr. Moreno. En consecuencia, pone de relieve que el pronunciamiento no examinó las cuestiones de hecho y de derecho correspondientes, merced a lo dispuesto por el artículo 270 del Código Procesal Civil y Comercial (cfr. foja cit). Igualmente invoca la trasgresión al artículo 276 de ese cuerpo normativo (cfr. foja 262 vta./263).- Manifiesta que en autos no existe fundamentación de la sentencia ni tampoco respeto al principio de congruencia (cfr. foja 263).-
Califica de absurdo mayúsculo el hecho de que se confirma el deber de indemnizar al Sr. Roberto Daniel Garay en base a los argumentos esgrimidos en otro expediente sin ningún punto de contacto, por lo que afirma que en autos tenemos un claro ejemplo de las sorpresas ingratas que generan la cómoda práctica de copiar y pegar (cfr. foja cit.).-
Por último, expresa que lo acontecido en la causa violenta el artículo 164, inciso 6° del Código Procesal Civil y Comercial, aplicable a las sentencias de segunda instancia, en razón de lo prescripto por el artículo 165 del mismo cuerpo legal (cfr. foja 263 vta.).-
Formula reserva del caso federal (cfr. foja 264).-
A foja 266 y vta., la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto.-
A foja 290 y vta. obra interlocutorio de este Tribunal Superior de Justicia declarando bien concedido el recurso y poniendo los autos a disposición de las partes de conformidad con el artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. Únicamente el actor hizo uso de las facultades que le otorga dicha norma, y expuso los argumentos por los cuales entiende que no corresponde hacer lugar al recurso de casación de su contraria (cfr. fs. 294/296).- A fs. 298/301, dictamina el Sr. Agente Fiscal ante este Tri-bunal Superior de Justicia, quien luego de efectuar un estudio de las constancias de la causa, concluye que: “...debe hacerse lugar al recurso de casación interpuesto por la parte demandada atento que la sentencia de Cámara resulta ser en este caso nula e incongruente por falta de fundamentación y motivación.” (cfr. foja 301).-
A foja 302 se llaman autos para dictar sentencia y a foja 303 pasan los presentes a estudio.-
III. Que conforme ha quedado planteada la cuestión extraordinaria provincial articulada por la parte demandada, ésta se desarrolla en el ámbito de los carriles impugnativos previstos en los artículos 2 y 3, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, por cuanto su impugnación se fundamenta en el quebrantamiento de forma, errónea aplicación de la ley y arbitrariedad.-
Así las cosas, por una cuestión de método se abordará, en primer término, el recurso desde el prisma del artículo 2º de la citada norma, ya que de existir quebrantamiento de forma, resultaría innecesario analizar el resto de los motivos planteados. En efecto, este Tribunal Superior de Justicia tiene dicho que todo tratamiento de la forma de juzgar requiere como base previa una sentencia válida en cuanto a las formas estructurales que le fija la ley procesal (cfr. Sentencia, Tomo XVIII, Reg. 624, Folio 3591/3596, entre otros), por lo que de verificarse que la decisión judicial bajo estudio carece de los requisitos establecidos en la ley ritual, se tornaría estéril el examen de las restantes objeciones formuladas por la casacionista.-
IV. Que este Alto Cuerpo ha considerado procedente el recurso de casación por quebrantamiento de forma en casos de falta total de fundamentación de una sentencia, ausencia de mayoría de opiniones concordantes (cfr. Sentencia, Tomos V, Reg. 166, Folio 857/859 y VII, Reg. 229, Folio 1234/1238) o incongruencia palmaria por omisión total o parcial de pronunciamiento sobre los agravios propuestos (cfr. Sentencia, Tomo III, Reg. 90, Folio 404/408).-
V. De acuerdo al programa recursivo planteado por la casa-cionista, resulta imperativo, entonces, revisar la estructura formal del pronun-ciamiento de Segunda Instancia a efectos de verificar si carece de fundamentación o infringe el principio procesal de congruencia.-
El Tribunal de casación es un supremo guardián del cumplimiento de las formas procesales fundamentales, entre las cuales está, desde luego, la motivación de la sentencia (cfr. Fernando De la Rúa, “El Recurso de Casación en el Derecho Positivo Argentino”, ed. De Zavalía, Buenos Aires, 1968, pág. 152), puesto que ésta última exigencia contribuye a dotar de legitimidad y validez intrínseca a este tipo de decisiones y conlleva la necesaria exteriorización -ordenada y coherente en términos lógicos- de los argumentos de hecho y de derecho que permitan persuadir a las partes y a la ciudadanía de la corrección y justicia de decisión emitida.- Esta obligación constituye un recaudo imperioso de validez constitucional - convencional.
Tal como lo pone de relieve Michele Taruffo, el principio de la obligatoriedad de motivación de las decisiones jurisdiccionales se inserta en el sistema de garantías que las Constituciones democráticas crean para tutelar las situaciones jurídicas de los individuos ante el poder estatal y, en particular, ante las manifestaciones del mismo en el ámbito de la jurisdicción. Esta obligación asume un valor político fundamental: es el instrumento por medio del cual la sociedad está en disposición de conocer y de verificar las razones por las cuales el poder jurisdiccional es ejercido en determinados modos en los casos concretos. Se trata de un valor político en sí, puesto que la posibilidad de controlar el ejercicio del poder coloca la base de la soberanía en la sociedad, que está en condiciones de poder ejercer su control.
Se trata también de un valor político instrumental, debido a que a través del control sobre la motivación, es posible verificar si se cumplió con otros principios fundamentales, como los de legalidad y de imparcialidad de la administración de justicia, que son típicos del moderno Estado de Derecho (cfr. autor cit., “La motivación de la Sentencia Civil”, trad. de Lorenzo Córdova Vianello, Ed. Trotta, 2011, págs. 19 y 354).- Si bien la Constitución Nacional no contiene una disposición expresa en la materia, a partir del reconocimiento del derecho de defensa en juicio y el debido proceso legal, que consagra su artículo 18, resulta dable reconstruir esta exigencia. La garantía innominada de la “no arbitrariedad”, que emana del artículo 33, también contribuye a la exigencia de razonabilidad en los pronunciamientos judiciales.
Igualmente el propósito preambular de “afianzar la justicia” no puede concebirse sin satisfacer la exigencia en comentario.- Dentro del marco convencional tampoco existe una previsión literal que contemple este deber, aunque el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos representa un hito fundamental que obliga al cumplimiento de este imperativo.-
El marco constitucional provincial también contiene directrices dirigidas a solventar la mentada exigencia. Así, el artículo 131 de la Constitución Provincial estipula que corresponde al Poder Judicial el conocimiento y decisión de las controversias que versen sobre los puntos regidos por ella, tratados y más leyes de la Provincia, así como aquellos en que le corresponda entender de acuerdo con las leyes de la Nación. El ejercicio de esta atribución debe concretarse de conformidad al mandato contenido en el artículo 9, es decir, “mediante sentencia fundada en ley”, lo que asegura a los justiciables el derecho a obtener una decisión jurisdiccional adecuadamente construida en base al ordenamiento jurídico vigente.- En suma, la obligación en examen instituye un deber constitucional, puesto que posibilita el control externo sobre el modo como el juez ejercita el poder jurisdiccional.-
La actuación de esta garantía también se encuentra plasmada en el plexo legal nacional. Así, el artículo 3º del Código Civil y Comercial de la Nación pone en cabeza de los jueces el deber de resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada.-
Esta disposición implica el deber de seguir un proceso argumentativo susceptible de control judicial y democrático (cfr. Ricardo Luis Lorenzetti, “Fundamentos de Derecho Privado: Código Civil y Comercial de la Nación Argentina”, 1ª ed., CABA, La Ley, 2016, pág. 53). Su emplazamiento dentro del Título Preliminar del Código Civil y Comercial de la Nación denota de forma prístina el grado de centralidad que esta norma reviste, puesto que junto con los artículos 1 y 2, traza una guía para decidir en un sistema de fuentes complejo, promoviendo la apertura de éste a soluciones más justas que derivan de la armonización de reglas, principios y valores.- El legislador provincial, al diseñar el ordenamiento adjetivo local, también se ha ocupado de la cuestión. Ello, en razón de que -como bien explica Michele Taruffo- al establecer las modalidades de forma y de contenido con las cuales debe ser redactada una sentencia, no puede prescindir de prever una obligación general de motivarla (cfr. aut. cit. y ob. cit., pág. 22). Así, el Código Procesal Civil y Comercial contiene previsiones concretas que regulan el desenvolvimiento de los jueces al momento de sentenciar: deben fundar toda sentencia, bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia (cfr. art. 34, inc. 4°), y deben incorporar al procedimiento los fundamentos y la aplicación de la ley (cfr. art. 164, inc. 5°), lo que igualmente rige en segunda o ulterior instancia (cfr. art. 165). Estas reglas adjetivas resultan también de aplicación en el ámbito del proceso laboral, a tenor de lo dispuesto por el artículo 121 de la Ley Nº 1.444.- Como se desprende de los preceptos constitucionales y legales reseñados, el requisito de la adecuada motivación de la sentencia es de atención ineludible; sin el cumplimiento de ésta exigencia no hay fallo sino nada más que una exteriorización aparente, vacía y estéril inepta de por sí para constituirse en una fuente jurígena de derechos.-
Desde antiguo la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que la exigencia del adecuado servicio de justicia se sustenta en la necesidad de que las sentencias judiciales tengan fundamentos serios y que constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a los hechos comprobados de la causa (cfr. Fallos 236:27 y 261:209, entre otros). Este criterio ha sido también profesado por este Alto Cuerpo en múltiples oportunidades (cfr. Sentencia, Tomos I, Reg. 10, Folio 42/45; XVI, Reg. 539, Folio 3036/3039 y XIX, Reg. 641, Folio 3701/3704, entre otras).- Desde este horizonte debe inspeccionarse la solución judicial adoptada por el Tribunal de Alzada a efectos de determinar si su estructura se encuentra cubierta de juridicidad o si, por el contrario, la técnica desplegada por los sentenciantes adolece de justificación suficiente.-
En el sub judice la principal censura sometida a juzgamiento se encuentra dirigida a provocar la nulidad del acto sentencial, por cuanto -según denuncia la casacionista- el derrotero intelectual de los magistrados exhibe plena identidad con lo decidido en la causa: “Moreno, Florentino Román c/ San Antonio Internacional S.R.L. y otros s/ Demanda Laboral”, reproduciendo literalmente pasajes enteros de la sentencia dictada en aquélla.-
A fin de corroborar si los jueces de la Excma. Cámara de Apelaciones incurrieron en la falencia apuntada se torna menester, entonces, describir la plataforma fáctica que diera origen a la actual contienda.-
Tal como se anticipó, el Sr. Roberto Daniel Garay promovió demanda laboral con el objeto de percibir las indemnizaciones por antigüedad, preaviso omitido y SAC sobre éste último rubro, derivadas del despido sin justa causa. Sostuvo que ingresó a trabajar a las órdenes de la demandada el día 15 de noviembre de 2010, realizando tareas de soldadura y que en el año 2012 sufrió trastorno depresivo, de ansiedad y de sueño, por lo que se le prescribió en sucesivas oportunidades reposo laboral. Agregó que en ese lapso de tiempo, viajó a la ciudad de Mendoza por razones particulares, sin descuidar su tratamiento, y que en ese ínterin su empleadora le remitió una misiva que señalaba la ausencia de su domicilio ante la ocurrencia de un médico laboral, por lo que se lo intimó a presentarse en su puesto de trabajo. Finalmente, afirmó que la empresa procedió a comunicarle el despido imputándole abandono de trabajo (cfr. fs. 18/19).- La sentencia de Primera Instancia acogió favorablemente la demanda (cfr. fs. 193/197 vta.). Este decisorio fue apelado por la demandada, quien enunció los siguientes agravios: 1) cuestionó que se haya tenido por acreditado determinadas circunstancias que no fueron objeto de prueba concluyente (v.gr. contestación del actor a su intimación, comunicación del viaje, autenticidad de certificado médico), vulnerándose el artículo 355 del Código Procesal Civil y Comercial; 2) sostuvo que la sentencia se fundó en prueba agregada irregularmente; 3) indicó que la juzgadora omitió valorar prueba relevante (normas internas de la empresa, informe del correo, examen médico, testimonial); 4) bajo el rótulo de “planteos subsidiarios” expresó que se resolvió en forma extra petita al calcular la mejor remuneración adicionando conceptos no remunerativos, lo que no fue pedido por el actor y; 5) por último, criticó la aplicación de la tasa activa para el cómputo de los intereses (cfr. fs. 202/211 vta.).- Al avocarse al estudio de la litis, la Dra. Connie R. Naves -cuyo voto lideró la mayoría- examinó liminarmente un supuesto pedido del accionante, desarrollado al replicar los agravios de su contraria, según el cual habría requerido que se aplicara una sanción por conducta temeraria y maliciosa (cfr. foja 230 vta.).-
Ahora bien, la simple lectura de esa pieza revela la ausencia de un planteo en esa dirección, puesto que se limitó exclusivamente a aducir que los agravios eran insuficientes para conmover lo decidido. Además, afirmó que las pruebas producidas corroboran los extremos invocados por su parte y, finalmente, que los planteos relativos al tope indemnizatorio y a la tasa de interés eran extemporáneos (cfr. fs. 213/215).-
Desde otro costado, resulta forzoso advertir que el tratamiento de los agravios identifica erróneamente al trabajador bajo el apellido de Morales (cfr. foja 231) o Moreno (cfr. fs. 231 vta. y 234 vta.).-
Este desacierto reviste considerable magnitud, en tanto la sentencia debe tener en cuenta necesariamente a los sujetos integrantes de la relación jurídico procesal, o sea a aquellos que revisten la calidad de partes sea a aquel que pretende (parte actora) o, frente a quien se pretende (parte demandada). Consecuentemente, el elemento subjetivo aparece alterado cuando se involucra a alguna persona que no ha sido parte en el proceso como demandado o reconvenido, afectándose el derecho a ser escuchado y por ende la garantía en juicio, o bien se favorece a alguien como demandante o reconviniente, cuando no lo fue, con detrimento también en la posición de aquél (cfr. Guillermo Jorge Enderle, “La congruencia procesal”, 1ª ed., Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2007, pág. 106).- En este contexto, conviene rememorar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que “...en virtud del principio de congruencia la sentencia sólo puede y debe referirse a las partes en el juicio…” (cfr. Fallos 321:221), por lo que, en sintonía con este razonamiento se colige que el decisorio no podrá sino referirse más que al actor y al demandado y el pronunciamiento que favorece a un sujeto que no es parte constituye una sentencia incongruente (cfr. aut. cit. y ob. cit., pág. 107).-
En la misma línea, este Tribunal Superior de Justicia ha indicado que: “La rigurosa adecuación de la sentencia a los sujetos, el objeto y la causa que individualizan la pretensión y la oposición está íntimamente relacionada con la garantía constitucional de defensa en juicio [...] Los pronunciamientos deben corres-ponderse con lo pedido en la demanda, ajustándose de modo estricto a las personas, a la calidad en que intervienen, al objeto del litigio y a la causa en discusión.” (cfr. Sentencia, Tomo XVII, Reg. 591, Folio 3394/3398).- Por otro lado, al evaluar la ilicitud del despido, los magistrados refieren constantemente a un supuesto viaje del dependiente a Tinogasta, Salado, provincia de Catamarca (cfr. fs. 231 y vta. y 234 vta.).
Este discurrir argumental aparece como notoriamente desajustado con los hechos jurídicamente relevantes que fueron sometidos a juicio de la Alzada, ya que el Sr. Roberto Daniel Garay había aducido -como se dijo- un traslado por razones particulares a la ciudad de Mendoza (cfr. fs. 18 vta./19). Igualmente el emplazamiento temporal llevado a cabo en el pro-nunciamiento carece de toda apoyatura, en tanto los sucesos que desembocaron en la extinción del vínculo laboral habrían acaecido en el año 2012 (cfr. fs. 19 y 34 vta.) y no en el año 2011, como injustificadamente se alude en el decisorio (cfr. foja 231).- Otra palmaria desconexión con las circunstancias sometidas a juzgamiento emerge al considerarse la mejor remuneración mensual, normal y habitual para el cálculo de las indemnizaciones adeudadas; en este punto, la sentencia en crisis tomó el salario del mes de septiembre de 2010, apontocando su determinación en un recibo de sueldo que obraría en un expediente administrativo (cfr. foja 232).
Este juicio colisiona ineludiblemente con las propias constancias de la causa, por cuanto en autos no se glosó ninguna actuación administrativa y el trabajador tampoco prestaba servicios en aquella época, pues -según las propias afirmaciones de los litigantes- la relación laboral recién habría iniciado en el mes de noviembre de 2010 (cfr. foja 18 vta. y 34).- Así las cosas, se advierte una incoherencia categórica en la reconstrucción de los hechos llevada a cabo por los jueces del cuerpo jurisdiccional de Alzada, por lo que mal podría atribuírsele a su decisorio la condición de razonablemente fundado. En este marco, conviene poner de resalto que un enunciado que describe un hecho únicamente puede ser reconocido como verdadero si ha sido racionalmente confirmado por las pruebas presentadas en el proceso.-
El derecho de los justiciables de obtener una sentencia debidamente motivada exhibe como contrapartida el deber de los jueces de desplegar una motivación propia, la que requiere -entre otras cuestiones- que la labor intelectual de los juzgadores sea el reflejo fiel y directo de las consideraciones que lo llevaron a adoptar esa decisión y no otra. La elaboración de una sentencia requiere entonces un pormenorizado y concienzudo estudio de la causa.-
Como expresa Román Julio Frondizi, la fundamentación resultará persuasiva cuando logre hacer comprender cómo y por qué el tribunal ha dado por probados los hechos conducentes y ha identificado y aplicado la norma que rige el caso (cfr. aut. cit., “La Sentencia Civil”, Buenos Aires, 1994, LED, pág. 38).-
Por su parte, Alberto José Tessone asevera que la obligación de motivar la decisión exige una completa meritación de los hechos y una racional comprobación de su existencia, añadiendo que es imprescindible, pues, que el fundamento justificativo de la sentencia ahonde en la aprehensión y valoración de los hechos y pruebas (cfr. aut. cit., “El deber de motivación de las sentencias”, JA 1991-I, págs. 867/868), temperamento que no puede predicarse respecto del fallo aquí cues-tionado.-
Si bien las falencias hasta aquí reseñadas resultan suficientes para la descalificación de la pieza sentencial en embate, resulta dable remarcar otras inconsistencias que respaldan el mismo resultado.-
Los magistrados de la Excma. Cámara de Apelaciones se adentraron en el estudio de dos supuestos reclamos del accionante: por un lado, la aplicación de la sanción regulada en el artículo 2º de la Ley Nº 25.323 y, por el otro, la reparación del daño moral. Sobre el primero, incluso, se generó una discrepancia que fue dirimida finalmente por la Dra. Griselda I. Bard (cfr. fs. 232, 234 vta. y 236), mientras que la segunda temática generó un holgado despliegue argumental de parte de la Dra. Connie R. Naves (cfr. fs. 232 vta./233). Sin embargo, la simple lectura del libelo de inicio revela la inexistencia de pretensiones generadas en el sentido indi-cado, ya que -como se anticipó- tan sólo se persigue las indemnizaciones por antigüedad, preaviso omitido y SAC sobre éste último ítem, derivadas de un despido incausado (cfr. fs. 18/19 vta.).- Una consideración particular merecen los fundamentos brindados por la Dra.
Griselda I. Bard, quien al emitir su voto indicó: “Analizadas cuida-dosamente las constancias de la causa y las razones expuestas por ambos magistrados comparto el análisis efectuado por la Dra. Naves, en cuanto a que el despido fue sin causa resultando procedente el incremento indemnizatorio del art. 2 de la ley 25.323 por la conducta asumida por el empleador. Ello, porque la sanción se vincula con la conducta morosa del principal que, fehacientemente intimado (fs. 4) no abonó en término las indemnizaciones derivadas del despido...” (cfr. foja 236). Este esfuerzo argumental denota una ostensible disociación con las constancias de la litis, ya que además de la inexistencia del planteo reseñado, es dable advertir que la foja aludida contiene un recibo de sueldo.- Esta forma de decidir altera ilegítimamente la relación procesal, conculcando los principios de congruencia y de defensa en juicio.
La conformidad entre la sentencia y los escritos de constitución del proceso en cuanto a la persona, el objeto y la causa es ineludible exigencia de cumplimiento de principios sustanciales del juicio relativos a la igualdad, bilateralidad y equilibrio procesal. Más aún, esta restricción aumenta en Segunda Instancia, en tanto el Tribunal de Alzada no puede fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del Juez de Primera Instancia, de conformidad con lo dispuesto en la primera parte del artículo 276 del Código Procesal Civil y Comercial (de aplicación a los litigios laborales, merced a lo prescripto por el art. 121 de la Ley Nº 1.444). Cuando se supera ese ámbito de actuación se produce el quebranto del principio de congruencia.- Las coordenadas en que los litigantes ubican su disputa sobre el terreno de la litis constituyen un valladar que -salvo en cuestiones reñidas con el orden público- no puede ser franqueado por el órgano jurisdiccional; por lo tanto, la resolución de la Excma.
Cámara de Apelaciones que abordó dos pretensiones quiméricas (la indemnización de las consecuencias no patrimoniales y la sanción contemplada en el art. 2° de la Ley Nº 25.323) importa un exceso jurisdiccional, incompatible con el ordenamiento procesal.- La sentencia es un acto formal, solemne, de cumplimiento estricto de los recaudos delineados por la preceptiva constitucional y legal antes individualizada. Estas exigencias tienen el objetivo de preservar la administración de justicia de imprudencias y chapucerías, obligando a los magistrados a analizar con calma y profundidad la temática debatida en la litis, volcando en la sentencia una serie de menciones que requieren que los autos se analicen con algún detenimiento, debiendo expresarse en el decisorio los motivos de la decisión, de modo de brindar a los litigantes una adecuada fundamentación que les permita reconstruir mínimamente el camino lógico seguido para arribar desde los hechos expuestos por las partes hasta la solución adoptada en el fallo.
El cumplimiento de estas formas es imperativo, siendo su omisión -cuando causa perjuicio a alguna parte y el vicio es trascendente- causal de nulidad de la sentencia (cfr. Marcelo J. López Mesa, “Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires”, con leyes complementarias. Comentado y anotado con jurisprudencia, 1ª ed., CABA, La Ley, 2014, Tomo 2, págs. 559/ 560).- La desatención de estas cuestiones conduce a una imagen distorsionada de la decisión judicial, del litigio, del razonamiento jurídico y, en definitiva, de la práctica jurídica.-
En suma, las explicaciones brindadas por el tribunal de mérito no han sido el producto de un estudio y reflexión acabada de la causa sino que, por el contrario, su esquema argumental se encuentra desprovisto de toda vinculación con los pormenores del proceso; ello significó abdicar a su función revisora, marginando al máximo el examen de los agravios planteados por la recurrente (v.gr. los destinados a acusar una deficiente valoración probatoria en la instancia de origen).-
Desde luego que las falencias detalladas expandieron su incidencia negativa al imperium sentencial. Es que, por mayoría, la Excma. Cámara de Apelaciones dispuso en el punto segundo de su parte resolutiva lo siguiente: “Admítase el sexto y quinto agravio en lo referido a la mejor remuneración mensual, normal y habitual...En consecuencia modifíquese el punto I y II de la sentencia en crisis y dispóngase que el Cuerpo Pericial Contable utilice como base de cálculo para los conceptos reconocidos en la sentencia de grado, la remuneración mensual, normal y habitual percibida septiembre 2010 (sic); y desestímese el rubro daño moral.” (cfr. foja 237).- Como se dijo, el escrito recursivo que debía abordar la Alzada únicamente esbozaba cinco agravios; tampoco se debatió en el sub lite reclamo alguno por daño moral y, peor aún, el dependiente ingresó a trabajar a las órdenes de la accionada en el mes de noviembre de 2010, por lo que mal podía tomarse una retribución inexistente como base para realizar el cálculo de la indemnización contemplada en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. En este marco, deviene imperativo la descalificación del pronunciamiento de la Excma. Cámara de Apelaciones como acto jurisdicción valido, ya que media relación directa e inmediata entre los defectos endilgados y las garantías constitucionales que la casacionista invoca como vulneradas.-
VI. Como se desprende de los objetivos preambulares de los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, la confianza pública en el sistema judicial y en la autoridad moral y la integridad del Poder Judicial es de extrema importancia en una sociedad democrática moderna, por cuanto la aplicación de los derechos depende en último término de la correcta administración de justicia. Por esta razón, es esencial que los jueces respeten y honren las funciones jurisdiccionales como una encomienda pública y luchen para aumentar y mantener la confianza en el sistema judicial.- En el contexto de un Estado constitucional y democrático de Derecho y en el ejercicio de su función jurisdiccional, los jueces tienen el deber de trascender el ámbito de ejercicio de dicha función, procurando que la justicia se imparta en condiciones de eficiencia, calidad, accesibilidad y transparencia, con respeto a la dignidad de la persona que acude en demanda del servicio (cfr. art. 37 del Estatuto del Juez Iberoamericano).
El mayor protagonismo exigido a los jueces en las sociedades contemporáneas los obliga a realizar una tarea ímproba, en tanto su legitimidad se encuentra sujeta ineludiblemente a las razones que invoquen en apoyo de sus decisiones.- En esta línea se inscribe el Código Iberoamericano de Ética Judicial, según el cual el juez tiene el deber de promover en la sociedad una actitud, racionalmente fundada, de respeto y confianza hacia la administración de justicia (cfr. art. 43), procurando que sus decisiones sean el resultado de un juicio justificado racionalmente, luego de haber meditado y valorado argumentos y contrargumentos disponibles, en el marco del derecho aplicable (cfr. art. 69). Más concretamente, señala que la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del juez, el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los jueces son titulares y, en último término, la justicia de las resoluciones judiciales (cfr. art. 18); el juez debe motivar sus decisiones tanto en materia de hechos como de derecho (cfr. art. 22): lo primero supone un rigor analítico en el tratamiento del cuadro probatorio, mientras que lo segundo exige algo más que la mera invocación de las normas aplicables (cfr. arts. 23 y 24).- Como se ve, la legitimidad de los jueces depende crucialmente de las razones que invocan en apoyo de sus decisiones: si aumenta la justicia de éstas, aumenta la legitimidad y, de este modo, la justicia se impone más efectivamente y se expande en toda la sociedad.-
La función principal y más delicada de los jueces en un Estado democrático consiste en la decisión del caso sometido a su jurisdicción. Para que un dispositivo sentencial sea intrínsecamente válido resulta de vital importancia que sea dictado con sujeción a los postulados dogmáticos que emanan de la Constitución Nacional y del ordenamiento legal.-
No cualquier justificación de los jueces representa una motivación satisfactoria que sobrepasa el umbral mínimo de exigencia de racionalidad. Para erigirse en una sentencia constitucionalmente válida no han de faltar los motivos, las justificaciones, los argumentos serios, razonados, objetivos y completos vinculados en todo a lo que necesariamente es conducente y decisivo para alcanzar, mediante el raciocinio jurídico, el juicio que justificó el sentido y el alcance de la decisión.-
En este contexto, corresponde hacer saber a los Magistrados intervinientes que, en lo sucesivo, deberán dar estricto cumplimiento a los preceptos constitucionales y legales que exigen fundar razonablemente sus resoluciones, prestando especial empeño en la solidez, coherencia y validez de las razones justificatorias en las que sustentan sus decisiones.-
Como corolario de las irregularidades hasta aquí apuntadas, corresponde se extraigan de los presentes las fotocopias pertinentes, y se envíen a la Secretaría de Superintendencia y Jurisprudencia de este Tribunal Superior a los efectos que pudieran corresponder.-
VII. Se advierte, entonces, que la estructura expuesta en la resolución impugnada configura un claro supuesto de fundamentación aparente; a cuyo respecto, este Alto Cuerpo viene sosteniendo desde antiguo que es condición de validez de los fallos judiciales que ellos sean fundados y constituyan aplicación razonada del derecho vigente con aplicación de las circunstancias comprobadas en la causa (cfr. Sentencia, Tomo XVI, Reg. 539, Folio 3036/3039, entre otros). Es evi-dente que los sentenciantes han incurrido en una notoria carencia de fundamentación. Todo lo cual menoscaba el derecho al debido proceso y ello, justifica su descalificación como acto judicial válido.- De allí entonces que esta orfandad de fundamentos por parte del fallo atacado lleva a su inexorable invalidación.-
Tal falencia, conlleva la nulidad del fallo de Segunda Instancia por quebrantamiento de forma; ya que la misma ha violado las disposiciones contenidas en los artículos 34, inciso 4º) y 164, inciso 6º) por remisión del artículo 165 del Código Procesal Civil y Comercial (aplicables a los procesos laborales en razón de lo dispuesto por el art. 121 de la Ley Nº 1.444). En consecuencia, debe declararse procedente el recurso articulado, reenviándose los presentes a la Excma. Cámara de Apelaciones de origen, para que con nuevos jueces hábiles dicte sentencia, conforme a derecho y según corresponda.- Esta decisión se vincula, en definitiva, con el debido contralor de la adecuada motivación de las decisiones que siempre y necesariamente deben respetar la lógica interior de los hechos, pruebas y legalidad de las respuestas jurisdic-cionales, sin lo cual se malogran irremediablemente las garantías del debido proceso, de la defensa en juicio, del derecho de propiedad y, fundamentalmente, del principio de la seguridad jurídica. Esto es, comprobada la falta de tratamiento, de fundamentación o la fundamentación aparente, el acto sentencial no existe como acto procesal válido y, consecuentemente, quebranta las formas estatuidas ritualmente para su conformación; se trata -en el sub lite- de un problema de ausencia o aparente fundamentación válida; ante tal circunstancia el íter establecido por el artículo 2 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, es el encuadre normativo aplicable (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomos XVII, Folio 591, Reg. 3394/3398; XVIII, Reg. 597, Folio 3427/3431).- Asimismo, y como consecuencia de lo aquí resuelto, es necesario advertir que la exposición desarrollada en el presente tratamiento no implica pronunciamiento alguno sobre la solución de fondo que, en definitiva, merezca el litigio.-.
En razón de todo lo expuesto, a la primera cuestión voto en forma afirmativa.-
A la primera cuestión el Dr. Mariani dijo:
Que adhiero íntegramente al relato efectuado por la distinguida colega preopinante, en cuanto a los antecedentes de la causa, como así también los argumentos y conclusiones emitidas, por los mismos fundamentos, con excepción de lo expuesto en el Considerando VI, por entender que excede el análisis de los agra-vios planteados.-
En virtud de lo expresado, a la primera cuestión voto por la afirmativa.-
Los Dres. Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau y la Sra. Presidente Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos, a la primera cuestión, por compartir sus fundamentos se adhieren al voto del Dr. Daniel Mauricio Mariani.-
A la segunda cuestión la Dra. Fernández dijo:
Atento a la forma en que me he pronunciado respecto de la Primera Cuestión, propongo se dicte sentencia haciendo lugar al recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 242/264 vta., por quebrantamiento de forma y en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 228/237 vta., debiendo reenviarse las presentes actuaciones a la misma para que, con nuevos jueces hábiles, dicte sentencia conforme a derecho y según corresponda (cfr. art. 14 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-). Asimismo disponer la extracción de fotocopias de las partes pertinentes y remitir las mismas a la Secretaría de Superintendencia y Jurisprudencia de este Tribunal a los efectos que pudieran corresponder. Atento el modo en que se resuelve la cuestión, las costas deberán imponerse en el orden causado (art. 68, segundo párrafo del CPC y C, de aplicación al caso de autos, merced a lo preceptuado por el art. 121 de la Ley Nº 1.444).- A la segunda cuestión el Dr. Mariani dijo:
Atento a la forma en que me he pronunciado respecto de la Primera Cuestión, propongo se dicte sentencia haciendo lugar al recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 242/264 vta., por quebrantamiento de forma y en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circuns-cripción Judicial obrante a fs. 228/237 vta., debiendo reenviarse las presentes actua-ciones a la misma para que, con nuevos jueces hábiles, dicte sentencia conforme a derecho y según corresponda (cfr. art. 14 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-). Atento el modo en que se resuelve la cuestión, las costas deberán imponerse en el orden causado (art. 68, segundo párrafo del CPC y C, de aplicación al caso de autos, merced a lo preceptuado por el art. 121 de la Ley Nº 1.444).- Los Dres. Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau y la Sra. Presidente Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos, por los mis-mos fundamentos, se adhieren al pronunciamiento propuesto por el Dr. Mariani.-
En virtud de todo lo expuesto se dicta la siguiente sentencia:
Río Gallegos, 11 de noviembre de 2019.-
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, el voto mayo-ritario y concordante respecto de las cuestiones traídas a sentencia, la disidencia parcial expuesta y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 242/264 vta., por quebrantamiento de forma y en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial a fs. 228/237 vta., reenviando los presentes autos a la misma para que, con nuevos jueces hábiles, dicte sentencia conforme a derecho y según corresponda.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal; Dra. Reneé Guadalupe Fernández –Vocal-;
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1016S.191 Tomo: XIX Interlocutorio: 655 Folio N°: 3768/3775 Secretaría: 1
Fin de la sentencia