Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa G-2471/21-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de casación incoado por la demandada a fs. 335 vta./358 vta.-
2Casar la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial a fs. 325/331, en lo referido a la tasa de interés aplicable, estableciendo que al monto que resulte de la condena decretada en autos deberá adicionársele intereses en base a la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina.-
3Imponer las costas de las anteriores instancias en un 90 % a cargo de la demandada y en un 10 % a cargo del actor y distribuir las de esta instancia en el orden causado.-
4Diferir la regulación de honorarios del letrado interviniente en esta instancia, hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las anteriores instancias.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: G-2471/21-TSJ Sentencia Nº: 731 Actor: GARAY ROBERTO DANIEL Demandada: SAN ANTONIO INTERNACIONAL SRL Objeto: DEMANDA LABORAL Fecha: 17-05-2023 Texto: TOMO XXIII -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 731 FOLIO Nº 4423/4426 PROT. ELECT. TSS1 006 S.231
Río Gallegos, 17 de mayo de 2023.-
Los presentes autos caratulados: “GARAY ROBERTO DANIEL c/ SAN ANTONIO INTERNACIONAL SRL s/ DEMANDA LABORAL”, Expte. Nº G-14.238/13, (G-2471/21-TSJ), venidos a estudio para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte demandada, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Federico Ferreyra Amuchastegui (cfr. fs. 335 vta./ 358 vta.), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial (cfr. fs. 325/331), que confirmó el pronunciamiento de Primera Instancia, en todo cuanto fuera materia de agravios. Este último, a su turno, había hecho lugar a la demanda, condenando a San Antonio Internacional S.R.L. a abonar una suma dineraria correspondiente a diversos rubros derivados del despido sin justa causa e impuso intereses conforme a la Tasa Activa que emplea el Banco de la Nación Argentina (cfr. fs. 193/197 vta.).-
II. En lo que aquí resulta de interés, el Tribunal de Alzada desestimó el agravio de la accionada introducido en su apelación, por cuyo conducto pretendía la modificación de la tasa de interés impuesto en la instancia de origen.
Justificó ese resultado con base en lo decidido en anteriores pronunciamientos, en los cuales se expuso que los intereses debían recomponer todos los aspectos menoscabados. Agregó que la Ley de Aranceles y Honorarios Profesionales de Abogados y Procuradores (Ley Nº 3330) dispone la utilización de ese tipo de interés para las deudas que se generen en el pago de los emolumentos a los profesionales del derecho (cfr. art. 18), por lo que su apartamiento para las deudas de otro tipos de trabajadores configuraría un supuesto de desigualdad entre los justiciables, vedada por el artículo 16 de la Constitución Nacional. Con cita de los artículos 724 y 729 del CCyCN, dijo que ello importaría un beneficio a un deudor moroso o un premio a una conducta socialmente reprochable (cfr. foja 330 vta.).-
III. Frente a esta forma de decidir, la demandada articula recurso de casación, aduciendo violación de la doctrina legal (cfr. foja 355).-
En su único agravio, sostiene que la Cámara de Apelaciones se apartó de la doctrina legal imperante en la materia. A tales efectos, enuncia diversos precedentes emitidos por este Alto Cuerpo (v.gr. “Ojeda”, Farrel”, “Santana”, “Bilbao” y “Moreno”) en los que se impuso la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina. También alude a algunos fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. fs. 355/356 vta.).- Reitera su reserva del caso federal (cfr. foja 358 y vta.).-
En PE123476-2021 la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto y en PE436912-2022 obra interlocutorio de este Tribunal Superior de Justicia, declarándolo bien concedido, poniendo los autos a disposición de las partes de conformidad con el artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, sin que ninguna de las partes haya hecho uso de esta facultad (cfr. certificación de PE459739-2022).- El Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Alto Cuerpo, dictamina, por las razones que esgrime y a las que nos remitimos en honor a la brevedad, afirmando que: “…debe hacerse lugar al recurso de casación, resultando de aplicación la tasa pasiva que fija el Banco Central de la República Argentina.” (cfr. PE539600-2022).-
En PE555821-2022 se llaman autos para dictar sentencia y en PE568720-2022 pasan las presentes actuaciones a estudio.-
IV. Que, conforme ha quedado planteada la cuestión extraordinaria provincial articulada por la parte demandada, ésta se desarrolla en el ámbito del carril impugnativo previsto en el artículo 3 inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-; por cuanto la impugnación de la demandada se fundamenta en la violación de la doctrina legal.-
V. Habitualmente la aplicación de un precepto normativo despliega un abanico de posibilidades interpretativas y, mediante este instituto, se busca darle a la norma jurídica la aplicación justa, teniendo en cuenta los valores vigentes en la época. Ello, de modo concentrado y en forma monopólica por un tribunal de casación, lo que evita a priori la dispersión hermenéutica. Doctrina legal y casación aparecen, entonces, como dos conceptos inescindibles desde que, ésta se vale de aquella para cumplir uno de sus fines esenciales: la uniformidad de la jurisprudencia mediante la elección del criterio jurídico hermenéutico prevalente de entre todos los juicios admisibles de interpretación sobre el material jurídico en meritación.
Se brinda así predictibilidad, seguridad y se garantiza la igualdad en tanto se fiscaliza que situaciones idénticas -ante supuestos fácticos y normativos equivalentes- sean resueltas judicialmente del mismo modo (cfr. Hankovits, Francisco A. “Casación, doctrina legal y valor del precedente”, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/DOC/6605/2013).- Desde antiguo, este Alto Cuerpo ha conceptualizado a la doctrina legal como aquella que fluye en forma de mandato general abstracto, imperativo, de las normas vigentes y que en definitiva constituyen su “texto expreso”. Este se integra con el sentido literal de la norma con más la adicción de su inteligencia, desentrañada racionalmente según las reglas de la ciencia jurídica.
Es, en síntesis, la interpretación de la ley (cfr. Sentencia, Tomo III, Reg. 117, Folio 543/546; IV, Reg. 131, Folio 625/631; V, Reg. 160, Folio 806/816; VI, Reg. 215, Folio 1157/1163 y Reg. 219, Folio 11/1185; X, Reg. 363, Folio 1955/1961; XIII, Reg. 478, Folio 2592/2595 y XVI, Reg. 538, Folio 3030/3035).- En consonancia con ello, se ha precisado que es este Tribunal Superior de Justicia el forjador de la doctrina legal que debe regir en el ámbito provincial, ya que está en juego uno de los objetivos principales de la casación como lo es el deber de uniformar la jurisprudencia a través de sus fallos y en toda la actividad interpretativa del orden jurídico vigente (cfr. Sentencia, Tomo XII, Reg. 418, Folio 2282/2288; Reg. 422, Folio 2307/2312; Reg. 436, Folio 2377/2381; Reg. 437, Folio 2382/2396; XIII, Reg. 452, Folio 2462/2465; Reg. 478, Folio 2592/2595 y XIV, Reg. 498, Folio 2739/2745).- La obligatoriedad de la doctrina casacional trazada por este Tribunal Superior de Justicia ha sido instituida en los fallos “Chazarreta” y “Amado”, en los que se dijo que “Los fallos dictados por este Alto Cuerpo, constituyen doctrina legal…a la cual los jueces deben conformar sus decisiones…” (cfr.
Sentencia, Tomo XIV, Reg. 490, Folio 2671/2677 y XV, Reg. 529, Folio 2969/2974). Este carácter vinculante es una de las consecuencias del funcionamiento de la casación y emerge de la condición de último intérprete local que le atribuye el plexo constitucional provincial a este cimero Tribunal Superior de Justicia (cfr. art. 132, incs. 3° y 4° de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz); de este modo, se produce una cohesión interpretativa en todo el territorio provincial que no debe desdeñarse dado que a su vez ello es fuente de seguridad, certeza e igualdad y, por ende, de equidad (cfr. Hitters, Juan Carlos: “Técnica de los recurso extraordinarios y de la casación”, 2º edición., LEP, La Plata, 1998, pág. 169).- Desde luego, el deber de acatamiento de los jueces de inferior jerarquía no implica un seguimiento ciego, ya que la uniformidad de la jurisprudencia no se entiende como reiteración de las decisiones sino como el seguimiento justificado, lo que especialmente exige motivar ese seguimiento y fundamentalmente el cambio (cfr.
Hankovits, Francisco A. ob. cit.).-
En suma, estar a lo que se haya decidido previamente es un principio básico de recta judicatura y de necesidad de certeza en la aplicación de la ley. Por lo tanto, la doctrina del precedente obligatorio se traduce en un mejor servicio de justicia, en tanto el mismo resulta más económico, eficiente, eficaz y previsible (cfr. Barotto Sergio M. - Apcarián Ricardo A.: “Doctrina legal obligatoria en los ámbitos federal y provincial. El modelo de la provincia de Río Negro”, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/DOC/695/2019).-
VI. De conformidad con estas premisas, el recurso bajo análisis merece ser favorablemente receptado.-
Ello, en razón de que la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones contradice el criterio legal fijado por este Tribunal Superior de Justicia en las causas “Farrel”, “Veras”, “González”, “Heredia”, “Moreno”, “Gómez” y “Salguero”, en las que se estableció que al monto de condena debía adicionársele intereses en base a la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina (cfr. Sentencia, Tomos XVIII, Reg. 613, Folio 3522/3530; XX, Reg. 675, Folio 3916/3921, Reg. 676, Folio 3922/3927, Reg. 680, Folio 3952/3956 y Reg. 678, Folio 3940/3946; XXI, Reg. 698, Folio 4137/4146 y Reg. 689, Folio 4028/4039).- Si bien es aceptable que los jueces ordinarios dejen a salvo su opinión al respecto, no están autorizados a desentenderse de lo que este Alto Cuerpo ha resuelto en razón de su función uniformadora. En el caso concreto, el órgano de alzada hizo caso omiso a tal deber sin hacer la más elemental mención de la doctrina legal obligatoria que proviene de los pronunciamientos de este cimero Tribunal.-
Tal como ha sostenido Augusto M. Morello, si los jueces de grado, apartándose del criterio sentado, propugnaran soluciones que sólo contaran con el respaldo de la doctrina de fallos de tribunales de diversa jurisdicción, se generaría el desorden y variadas sinfonías, sobre la misma partitura, con el agravante de que, lo así resuelto, irremisiblemente habría de ser casado. La insistencia en franca tozudez, por querer imponer esas otras doctrinas desnudaría una resistencia, una solución de base que no se adecuaría al sistema constitucional. Tal circunstancia provocaría un dispendio jurisdiccional inexplicable, con las dificultades y costos sin razón de quienes deberían promover recursos extraordinarios, lo cual trascendería un injustificado despropósito, y desgaste jurisdiccional.
Es bastante un solo precedente. El exhaustivo análisis del tema jurídico desenvuelto en esa oportunidad fija la hermenéutica y deja ya cristalizado hasta mejores razones, el sentido del derecho que debe aplicarse en supuestos similares. No significa propiciar un ciego seguimiento, ni alentar un menoscabo al deber de los jueces de fallar según su ciencia y conciencia, pues basta -llegado el caso- osar en insistir en otra inteligencia mediante una excelente construcción motivadora; o en la alternativa última, dejar a salvo sus opiniones personales. Las sentencias del alto tribunal -acertadas o no- deben ser lealmente acatadas tanto por las partes como por los organismos jurisdiccionales que intervienen en las causas (cfr. autor cit., “La casación.
Un modelo intermedio eficiente”, 2ª edición actualizada, LEP – Abeledo Perrot, Bs. As., 2000, págs. 406 a 408).- De tal modo, siguiendo con la doctrina legal emanada de tales precedentes, emitidos en el marco de litigios de índole laboral, corresponde hacer lugar al recurso de casación incoado por la demandada a fs. 335 vta./358 vta. y, en consecuencia, casar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial a fs. 325/331, en lo referido a la tasa de interés aplicable, estableciendo que al monto que resulte de la condena decretada en autos deberá adicionársele intereses en base a la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina.
En virtud del resultado al que se arriba, corresponde adecuar la imposición de costas de las anteriores instancias al contenido del presente pronunciamiento, de conformidad con lo estipulado por el artículo 278 del CPCyC, de aplicación al presente caso en razón de lo establecido por el artículo 121 de la Ley Nº 1444 (cfr. Tessone, Alberto J.: “Recursos extraordinarios en los procesos civil y comercial, de familia y laboral de la Provincia de Buenos Aires - Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal”, LEP, La Plata, 2004, págs. 407 y 408). En consecuencia, atento a la existencia de contradictorio en este tema en las instancias ordinarias (cfr. fs. 18/20 y 213/215), se dispone que las costas de las mismas sean impuestas en un 90 % a cargo de la demandada y en un 10 % a cargo del actor (cfr. art. 71 del CPCyC y art. 121 de la Ley Nº 1444).- Las costas de esta instancia se imponen en el orden causado, atento el origen del agravio y la falta de contradicción (art. 68, 2° párr., del CPCyC, aplicable al proceso en virtud de lo dispuesto por el art. 121 de la Ley Nº 1444).
Igualmente, es pertinente diferir la regulación de honorarios del letrado interviniente en esta instancia, hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las anteriores instancias.-
Por todo ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar al recurso de casación incoado por la demandada a fs. 335 vta./358 vta.-
2. Casar la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial a fs. 325/331, en lo referido a la tasa de interés aplicable, estableciendo que al monto que resulte de la condena decretada en autos deberá adicionársele intereses en base a la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina.-
3. Imponer las costas de las anteriores instancias en un 90 % a cargo de la demandada y en un 10 % a cargo del actor y distribuir las de esta instancia en el orden causado.-
4. Diferir la regulación de honorarios del letrado interviniente en esta instancia, hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las anteriores instancias.-
5. Regístrese y notifíquese. Oportunamente devuélvase Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández –Vocal-; Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1006S.231 Tomo: XXIII Sentencia: 731 Folio N°: 4423/4426 Secretaría: 1
Fin de la sentencia