Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Junín · Causa 5673
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaModificar la sentencia apelada, reduciendo el importe de la condena a la suma de $883.814,56 (Arts. 3593 del C.C., 7, 808, 2277, 2280 del C.C. y C., 260, 272 del C.P.C.C.). Las costas de Alzada deben ser distribuidas en el orden causado, atento a las particularidades del caso (art. 68 y ccs. del C.P.C.C.).
Expte. n°: JU-5673-2015 GARAYALDE NILDA VICTORIA Y OTROS C/ GARAYALDE HUGO MARTIN S/EJECUCION DE SENTENCIA N° Orden: 161 Libro de Sentencia nº: 58 En la ciudad de Junín, a los 13 días del mes de Julio del año dos mil diecisiete, se reunen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, Doctores RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, GASTON MARIO VOLTA Y JUAN JOSE GUARDIOLA, en causa nº JU-5673-2015 caratulada: "GARAYALDE NILDA VICTORIA Y OTROS C/ GARAYALDE HUGO MARTIN S/EJECUCION DE SENTENCIA", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Guardiola, Castro Durán, Volta.-
La Cámara planteó las siguientes cuestiones:
1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Doctor Guardiola dijo:
I. En la sentencia dictada a fs. 123/124 el Sr. Juez de primera instancia, Dr. Rodolfo Sheehan, mandó llevar adelante la ejecución iniciada por Nilda Victoria Garayalde, María Beatriz y Ana María Decung, hasta tanto Maximiliano Walter y Hugo Martín Garayalde, y Claudia Mónica Motta, en representación de su hijo menor de edad Rodrigo Garayalde, hagan íntegro pago del capital reclamado de $955.475,54, a cuenta del monto reconocido en los autos principales "Garayalde Nancy Anabella c/ Garayalde Hugo Martín s/ incidente", nro. 3015/2007. Ordenando, además, que esos fondos ingresen al proceso sucesorio caratulado "Iriart Vda. de Garayalde s/ sucesión testamentaria", a fin de que sean distribuidos entre los herederos. Contra este pronunciamiento, interpusieron apelación los ejecutados a fs. 128 y vta. Los agravios, desarrollados en el acto de interposición, se dirigen al monto de la condena, poniendo de resalto que su padre, Hugo Martín Garayalde, tenía una mejora en la sucesión testamentaria, que modifica los importes correspondientes a los herederos reclamantes.
Concedido en relación el recurso, y corrido el correspondiente traslado de la fundamentación recursiva, recibió réplica de la contraria a fs. 130/131, argumentando que el planteo no fue introducido oportunamente y propiciando el rechazo del recurso.
Elevados los autos a esta instancia, a fs. 138 dictaminó el Sr. Asesor de Menores, luego de lo cual se dictó el llamado de autos para sentencia, cuya firmeza dejó los presentes en condición de ser resueltos (art. 270 del C.P.C.C.).
II. En tarea decisoria, iniciaré por señalar que contrariamente a lo sostenido por los ejecutantes, el planteo referido a la mejora existente en favor de Hugo Martín Garayalde fue introducido al momento de oponer excepciones, es decir, en tiempo oportuno, en el párrafo que transcribo: "Además, ponemos de resalto que, en el caso particular, los actores perdieron de vista, que la sucesión a la que se manda a depositar los montos respectivos, es una sucesión testamentaria, donde existe una mejora a favor de nuestro padre, por lo que el monto que reclaman, desde ya, es equivacado" (ver fs. 102 vta., el subrayado es original).
Sentado ello, debo recordar que la presente ejecución es consecuencia de la rendición de cuentas realizada por Hugo Martín Garayalde, correspondientes a la gestión de la sociedad que integraba con su madre María Iriart de Garayalde, habiéndose resuelto, en el principal, que la porción que le correspondía a aquella en la sociedad ascendía a $ 2.388.688,88 (ver sentencias de fs. 991/998., 1160/1165, 1242/1245 y resolución de fs. 1448/1450).
La ejecución, fue iniciada en fecha 27/08/2015, según el cargo obrante a fs. 49, es decir, durante la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial; que resulta aplicable al caso, no sólo por su naturaleza procesal de la norma que seguidamente se analizará (conf. Aída Kemelmajer de Carlucci, "La aplicación del Código Civil y Comercial a las relacionas y situaciones jurídicas existentes", Ed. Rubinzal-Culzoni, año 2.015, pág. 166), sino también por tratarse de su aplicación inmediata sobre consecuencias de una situación jurídica existente (conf. art. 7 del C.C. y C.). El nuevo código, a diferencia del anterior, no regula expresamente la cuestión referida a los créditos divisibles del causante.
Recordemos que, de acuerdo al anterior régimen, los créditos divisibles se dividen de pleno derecho a partir del fallecimiento del causante, y consecuentemente, cada heredero sólo puede exigir al deudor su parte proporcional que le corresponde, no pudiendo exigir ni la mayor parte o la totalidad de la deuda (arts. 3485 y 3486 del C.C.).
En cambio, la nueva regulación, sólo previó la designación de un administrador judicial, a quien le asigna la función de cobrar los créditos y continuar las acciones promovidas por el causante, previa autorización judicial o de los copartícipes, capaces y presentes (art. 2354 C.C. y C.). La interpretación de ese vacío, ha dado lugar a diferentes posturas doctrinarias:
Así, por un lado, José Luis Perez Lasala sostiene que el colocar en cabeza del administrador, como función, el cobro de los créditos y el pago de deudas, produce dos efectos fundamentales: "a) Falta de relevancia de que los créditos sean o no divisibles, pues siempre corresponde al administrador estas funciones, y no a los herederos en particular. b) El cobro efectuado por un heredero de su parte proporcional en el crédito, o el pago de su parte en la deuda, carecen de validez, puesto que tanto el cobro como el pago son funciones propias del administrador y no de los herederos" ("Tratado de sucesiones. Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994", T. I, Ed. Rubinzal-Culzoni, año 2.014, pág. 660).
En cambio, Frascisco A. M. Ferrer expone que: "...en razón de que la herencia se divide entre los herederos que concurren a la herencia conforme a las reglas de la sucesión intestada (arts. 2426, 2431, 498 y 2433 y 2440 CCyC), y que de acuerdo con los art. 808 y concs. CCyC, si la obligación divisible tiene más de un acreedor, se debe fraccionar en tantos créditos iguales como acreedores haya, entendemos que los créditos del causante se dividen de pleno derecho entre sus sucesores universales desde el momento de apertura de la sucesión, porque en ese momento los herederos sustituyen al causante en su titularidad (arts. 2277 y 2280 CCyC). Y esto sin perjuicio de que posteriormente los créditos divisibles del causante deben integrar la masa hereditaria que constituye el objeto de la partición (art. 2376 CCyC). Pero aplicando la doctrina anteriormente expuesta, tenemos que en las relaciones externas entre los herederos y el deudor, si éste paga a un heredero la parte que le corresponde en el crédito, el pago estará bien hecho. Y en las relaciones internas entre los coherederos, el crédito se incluye en la masa partible a fin de reconstituir su integridad y la igualdad de los herederos, quedando sujeto al efecto declarativo y retroactivo de la partición." ("Partición hereditaria: noción y alcances de su efecto declarativo", RCCyC 2017, 03/02/2017, 181).
En el mismo sentido, Esteban Matías Gutierrez Della Fontana explica que: "En este punto, donde observamos que el legislador receptó el mismo sistema velezano, pues el heredero que sucede al causante en su relación crediticia, se transforma en acreedor en la proporción que tenga asignada legalmente, al igual que los demás coherederos y por lo tanto cuenta con los mismos medios para proseguir el cobro de la acreencia divisible." "El art. 808, CCC, claramente dispone que si la obligación tiene más de un acreedor (el caso) o más de un deudor, se debe fraccionar en tantos créditos o deudas iguales, como acreedores o deudores haya, siempre que el título constitutivo no determine proporciones distintas... El fraccionamiento consagrado en la norma del art. 808 del CCC, puede originarse en la convención de las partes o de una sucesión mortis causa, en cuyo caso la división no se hace en partes iguales sino en proporción a la cuota que le corresponde a cada acreedor o deudor, conforme relató el Codificador en la nota al art. 673 del Código derogado." ("Declaratoria de herederos y créditos divisibles", publicado en RC D 1515/2016). Esta última postura, que es la comparto, además, viene impuesta en el caso por los propios límites recursivos (Arts. 260 y 272 del C.P.C.C.), toda vez que los ejecutados en esta instancia no cuestionaron la procedencia del reclamo, sino únicamente su cuantía.
Entonces, no habiendo impedimento legal para que los herederos accionantes reclamen su parte proporcional del crédito, corresponde avocarse a determinar cual es, efectivamente, la cuota que les corresponde en el crédito reclamado.
De la lectura del testamento obrante a fs. 10/11 de los autos caratulados "Iriart Vda. de Garayalde s/ sucesión testamentaria" se desprende que los herederos instituidos son sus hijos: Hugo Martín, Haydee María, Nilda Victoria, María Elena, y sus nietos: Walter y Nancy Garayalde, en representación su padre pre fallecido Héctor Miguel. Asimismo, surge que la causante mejoró con un 75 % de la porción disponible al heredero Hugo Martín Garayalde, y con un 25% de aquella a la heredera Nilda Victoria Garayalde.
Esta circunstancia modifica la parte proporcional del crédito que le corresponde percibir a los accionantes, ya que una simple operación aritmética trasluce que el monto ejecutado no se ajusta a la porción que les corresponde sobre el crédito (Art. 3593 del C.C. aplicable por encontrarse vigente al momento del fallecimiento).
En consecuencia, corresponde corregir los montos por lo que prospera la ejecución, dejando establecido que a la heredera Nilda Victoria le corresponde el 21% del monto de la condena del principal, (porcentaje resultante de dividir entre cinco los 4/5 de la porción legítima -16%- y adicionar la mejora del 5 % -25% del quinto disponible) y a María Beatriz y Ana María Decung como herederas de Haydee María Garayalde un 16%, totalizando ambas porciones hereditarias un 37%, que equivale a la suma de $ 883.814, 56.
Es por lo expuesto, que propondré al acuerdo la modificación de la sentencia apelada, reduciendo el importe de la condena a la suma de $883.814,56 (Arts. 3593 del C.C., 7, 808, 2277, 2280 del C.C. y C., 260, 272 del C.P.C.C.). Las costas de Alzada deben ser distribuidas en el orden causado, atento a las particularidades del caso (art. 68 y ccs. del C.P.C.C.).
ASI LO VOTO.-
Los Señores Jueces Dres. Castro Durán y Volta, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.-
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Doctor Guardiola, dijo:
Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC-, corresponde:
Modificar la sentencia apelada, reduciendo el importe de la condena a la suma de $883.814,56 (Arts. 3593 del C.C., 7, 808, 2277, 2280 del C.C. y C., 260, 272 del C.P.C.C.). Las costas de Alzada deben ser distribuidas en el orden causado, atento a las particularidades del caso (art. 68 y ccs. del C.P.C.C.).
ASI LO VOTO.-
Los Señores Jueces Dres. Castro Durán y Volta, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.-
Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo que firman los Señores Jueces por ante mí: FDO. DRES. JUAN JOSE GUARDIOLA, RICARDO MANUEL CASTRO DURAN Y GASTON MARIO VOLTA, ANTE MI, DRA. MARIA V. ZUZA (Secretaria).-
Junín, (Bs. As.), 13 de julio de 2017.
AUTOS Y VISTO:
Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del C.P.C.C.-, se resuelve: Modificar la sentencia apelada, reduciendo el importe de la condena a la suma de $883.814,56 (Arts. 3593 del C.C., 7, 808, 2277, 2280 del C.C. y C., 260, 272 del C.P.C.C.). Las costas de Alzada deben ser distribuidas en el orden causado, atento a las particularidades del caso (art. 68 y ccs. del C.P.C.C.).
Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse los autos al juzgado de origen. FDO. DRES. JUAN JOSE GUARDIOLA, RICARDO MANUEL CASTRO DURAN Y GASTON MARIO VOLTA, ANTE MI, DRA. MARIA V. ZUZA (Secretaria).-
Fin de la sentencia