Abriendo la norma
Tribunal del Trabajo de Azul · Causa 20824
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar, por mayoría de opiniones, a la defensa opuesta por la demandada FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES en el Pto. VIII de la contestación de la demanda y declarar que este Tribunal carece de competencia para intervenir en el reclamo por la incapacidad psicológica que se formula en la demanda y, por consiguiente, disponer el archivo de este aspecto de la demanda, de conformidad a la doctrina elaborada por la SCBA a partir del precedente "Marchetti" (Res. SRT 179/15, 298/17, 886/17 y 3/21, Dto.359/96, 12, 31, 32 ley 11653, 362 CPCC, ley 24557, Dto.717/96, Dto.1475/15, Ley de Procedimiento Administrativo 19.549, Dto 1759/72 y juris.citada)
II. ACLARAR que la tramitación de las actuaciones continuará con relación a las incapacidades producto de las dolencias físicas que se denuncian.
III. SIN COSTAS , atento la naturaleza de la cuestión traída a juzgamiento (art. 24 Ley 15.057 - art. 68 CPCC).
be//
" GARCETE CARLOS ALBERTO C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ ENFERMEDAD PROFESIONAL (VINCULADO EXPTE. 20566) " - Expte. Nº 20824 .-
//Reunidos en acuerdo ordinario los jueces del Tribunal para dictar sentencia interlocutoria en los autos caratulados " GARCETE CARLOS ALBERTO C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ ENFERMEDAD PROFESIONAL (VINCULADO EXPTE. 20566) " - Expte. Nº 20824 , se procedió a practicar la desinsaculación de ley, resultando que en la votación debía observarse el siguiente orden: Doctor Marcelo Enrique PATERNICO; Doctor Martín LABORDE y el Doctor Bernardo FERNANDEZ de VILLEGAS. Acto seguido, y en acuerdo se resolvió plantear y votar las siguientes
PRIMERA : ¿Es procedente la excepción de incompetencia parcial opuesta por la demandada?
A) Los presentes autos viene a resolución en mérito a la excepción de incompetencia deducida por la demandada respecto del daño psicológico reclamado por la actora (art. 36 a) Ley 15.057).
B) En lo atinente exclusivamente a la cuestión a resolver corresponde decir que se presenta en autos el Sr. CARLOS ALBERTO GARCETE (DNI 24.436.155) representado por sus letrados apoderados Dres. EMMANUEL SEDAN y FABIAN FERRARESSO, y plantea la revisión de la resolución dictada en el ámbito de la Comisión Médica Nº 124 de Azul, en el Expediente Administrativo SRT Nº 661360/25 en tanto dispone que no posee incapacidad laborativa, a raíz de la enfermedad profesional denunciada con primera fecha de manifestación invalidante el día 17 de Diciembre de 2024. Por ello reclama en autos que se reconozca la real incapacidad que tiene como consecuencia de tal evento. Asimismo por ese mismo hecho reclama el daño psicológico que padece el cual tampoco fue reconocido en sede administrativa. Fundamenta que lo resuelto por dicho órgano administrativo causa un gravamen de carácter irreparable puesto que las conclusiones que integran el dictamen médico no reflejan el real y actual estado de salud físico- psíquico que padece. Propone la intervención de un perito médico para evaluar las lesiones padecidas y un profesional de la psicología para que se expida sobre las consecuencias de índole psíquico que el evento de autos le ha provocado;
C) Corrido el traslado de ley se presenta el la Dr. JOSE LUIS COMPARATO en carácter de apoderado de la accionada FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, quien al contestar demanda plantea excepción de incompetencia parcial respecto del daño psicológico. En lo que respecta exclusivamente a la cuestión en tratamiento afirma que la accionante no ha dado cumplimiento con el procedimiento establecido en el art. 1 de la Ley 27.348 respecto del daño psíquico que ahora reclama en esta instancia. Cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y solicita el reclamo sea rechazado en éste tópico.-
D ) Corrido el traslado del art. 34 de la Ley 15.057, la actora contesta y rechaza el planteo de incompetencia deducido diciendo que " es menester destacar que el tránsito por la vía administrativa incluye a cualquier patología que derivara de un mismo hecho. Ello así, resultaría ocioso y ralentizaría el procedimiento reclamar las secuelas psíquicas por separado respecto a las físicas ya descriptas."
E) Consta en autos que la Disposición de Alcance Particular dictada el 25 de Junio del 2026 en el Expediente Administrativo SRT Nº 661360/25, determina que el trabajador Sr. CARLOS ALBERTO GARCETE (DNI 24.436.155) no posee incapacidad laborativa respecto de la enfermedad profesional denunciada con primera fecha de manifestación invalidante el día 17 de Diciembre de 2024.-
F) Arriban los autos al acuerdo a fin de dictar sentencia de trámite, decidiendo el Tribunal la siguiente
A la primera cuestión, el señor Juez doctor PATERNICO dijo :
Sentadas las precedentes afirmaciones, daré tratamiento al planteo deducido.
Como consecuencia de lo establecido en el último párrafo del art. 4 de la ley 27.348, la referida ley 15.057 en el citado art. 2 inc. "j" contempla la " acción ordinaria de revisión plena " del dictamen de la Comisión Médica interviniente ante el Tribunal jurisdiccional.
A su vez, esta norma autoriza su iniciación al trabajador prescindiendo de la obligatoriedad de interponer el recurso administrativo ante la Comisión Médica Central contenido en la ley nacional y prevé que el remedio que eventualmente interponga la aseguradora de riesgos del trabajo ante la Comisión Médica Central quede aprehendido por dicha pretensión.
Por su parte, recordemos que el art. 103 de la ley citada dispone que desde su sanción y hasta tanto se ponga en funcionamiento el nuevo fuero del trabajo, la revisión establecida en el indicado art. 2 para las resoluciones dictadas por las comisiones médicas jurisdiccionales, así como el recurso de apelación establecido para las resoluciones dictadas por la Comisión Médica Central, deberán interponerse ante los actuales tribunales de trabajo que resulten competentes (SCBA, L. 124.285; S del 17.02.2023 causa " Bustos Torres ").
Este diseño normativo propone entonces una especificidad de la contienda que remite a conocimientos técnicos diferenciados, a un procedimiento bilateral que resguarda el derecho de defensa del trabajador y la limitación temporal y razonable del trámite, articulado todo ello con una acción judicial posterior de conocimiento pleno .
De suyo entonces, advertimos que en el ámbito local, a partir de las prescripciones contenidas en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 en cuanto prevé la indicada " acción laboral ordinaria " para procurar la revisión de las decisiones de los órganos administrativos intervinientes en el marco del procedimiento instaurado por la citada ley de fondo, debe interpretarse como una acción plena.
En conclusión, el único límite que alcanza la revisión judicial, atendiendo la definida naturaleza jurídica de la acción laboral ordinaria dispuesta en el inciso j del art. 2 ley 15.057 conforme explica la SCBA, está dado por el accidente o la enfermedad profesional tratado en la administración, más no en sus consecuencias dañosas (SCBA, L. 124.285; S del 17.02.2023 causa " Bustos Torres ").
De allí que queden a resguardo los derechos constitucionales de acceso a la justicia, tutela judicial continua y efectiva, debido proceso y defensa en juicio (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. Nacional; 8 y 10, DUDH; 1.1, 8.1 y 25, CADH; 14, PIDCP; 15 y 39, Const. provincial).
Al respecto, cabe recordar que un accidente puede provocar múltiples lesiones, y éstas a su vez pueden derivar en varios defectos coexistentes, y que la persona humana se integra tanto con la esfera física como con la psicológica de forma necesaria e inescindible, conformando así, ambos ítems la aptitud laboral de un individuo.
Por lo tanto, en mi opinión se encuentra habilitada esta instancia judicial para revisar en forma amplia las consecuencias psico-físicas eventualmente incapacitantes que pudieran haber afectado la salud de la parte actora por el evento dañoso. Ello, sin perjuicio de lo que se resuelva al momento de dictar la definitiva respecto de la eventual relación y/o causalidad o no de las incapacidades con esa puntual contingencia (art. 2 inc. "j" y 103 de la ley 15.057; doc. legal SCBA. L. 121.939 " Marchetti " del 15-V-20, ratificada en L.123.792 " Szakacs "; L.124.309 " Delgadillo " y L. 124.285 " Bustos Torres "; y CSJN, CNT 14604/2018/1/RH1, " Pogonza ").
Las costas de esta excepción deberán imponerse a la demandada vencida (arts. 24 Ley 15.057), difiriéndose la regulación de los honorarios para el momento de la definitiva.
Así lo voto (art. 168 y 171 Constitución Provincia de Buenos Aires)
A la primera cuestión, el señor Juez doctor LABORDE dijo :
Discrepo con el voto de mi distinguido colega preopinante.
Del Expediente Administrativo SRT N° 661360/25 se desprende que, en la instancia administrativa previa, el trabajador no ha formulado reclamo alguno por el pretenso daño psicológico que alega padecer y que ahora incluye en la presente acción de revisión de lo dictaminado por la Comisión Médica.
Al respecto, dable es destacar que el diseño procedimental establecido por el art.1 de la ley 27.348 que exige el tránsito previo por las Comisiones Médicas ha sido convalidado constitucionalmente, tanto por la SCBA ("Marchetti), como por la CSJN ("Pogonza").
De allí que, en lo que respecta a la alegada patología psicológica que se reclama en la demanda, de acuerdo a las constancias de dicho Expediente Administrativo, el/la trabajador/ra no ha agotado la vía administrativa previa, obligatoria y excluyente, requisito de admisibilidad imprescindible para habilitar la intervención de este Tribunal que no puede revisar (tal la definición del primer pár. del art. 2 inc. j, 1er. pár. Ley 15.057) aquello que no existe, es decir, una decisión del órgano anterior en punto a la alegada patología psicológica, estándole vedado, por ley, la intervención directa.
No obsta a esta conclusión que el párrafo 2° del art. 2 inc. j de la Ley 15.057 haya previsto que dicha "revisión", es decir, el inicio de la faz judicial de este procedimiento, se canalice a través de una acción ordinaria, pues si bien tal mecanismo permite un amplio debate en torno a la decisión puesta en crisis, ello no significa que por su conducto se introduzcan cuestiones novedosas, como lo son las lesiones que, producto del accidente o enfermedad, no fueron informadas y sobre las que la Comisión Médica no se ha expedido. De no ser así, significaría desnaturalizar el procedimiento administrativo y reducirlo a una mera formalidad sin otro sentido que la de lograr acceder a la instancia judicial.
En el caso, el Sr. CARLOS ALBERTO GARCETE contando con el debido patrocinio letrado a lo largo del procedimiento administrativo, nada dijo de su afección psicológica al momento del alta, al dar inicio del expediente - ver folio 1 y 2- en oportunidad de conferírsele vista para ofrecer prueba, producir alegatos o en la audiencia médica (arts. 7, 8 y concds. Res. SRT Nº 298/17), ni tampoco planteo recursos revocatoria o aclaratoria previstos en el procedimiento administrativo contra la decisión de la Comisión Médica (arts. 36 ter, Dto.717/96, Ley de Procedimiento Administrativo 19.549, Dto 1759/72).
Por así disponerlo la ley, entonces, éste Tribunal ha sido investido de competencia y llamado a intervenir para "revisar" la decisión adoptada en la instancia anterior por la Comisión Médica respecto a las lesiones que el trabajador denunció ante la misma, más no respecto de aquellas que no fueron puestas en su consideración ni sobre las que no se ha expedido (arts.1, 2 ley 27348, Ley 14.999, 2 inc.j ley 15.057).
Por las razones dadas, si mi opinión es compartida por la mayoría, debe hacerse lugar a la defensa deducida por la demandada y declarar que éste Tribunal carece de competencia para intervenir en el reclamo por la incapacidad psicológica y, por consiguiente, disponer el archivo de este aspecto de la demanda (conf. SCBA "Marchetti"), debiendo continuar la tramitación de las actuaciones exclusivamente respecto a las dolencias físicas por las que se reclama (Res. SRT 179/15, 298/17, 886/17 y 3/21, Dto.359/96, 12, 31, 32 ley 11653, 362 CPCC, ley 24557, Dto.717/96, Dto.1475/15, Ley de Procedimiento Administrativo 19.549, Dto. 1759/72, CSJN "Pogonza", SCBA "Marchetti").
Así lo voto (art. 168 y 171 Constitución Provincia de Buenos Aires)
A la primera cuestión, el señor Juez doctor FERNANDEZ de VILLEGAS dijo : Por las consideraciones expuestas por el Sr. Juez doctor LABORDE , adhiero y voto en análogo sentido (arg. Arts. 168 y 171 Constitución de la Provincia de Buenos Aires; SCBA, R 112.328, S del 06.10.2010, autos "Cabrera, Héctor Daniel v. Ruhl, Juan s/ Despido" ).
VISTO el acuerdo precedente, por mayoría de votos el Tribunal
I. HACER LUGAR, por mayoría de opiniones, a la defensa opuesta por la demandada FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES en el Pto. VIII de la contestación de la demanda y declarar que este Tribunal carece de competencia para intervenir en el reclamo por la incapacidad psicológica que se formula en la demanda y, por consiguiente, disponer el archivo de este aspecto de la demanda, de conformidad a la doctrina elaborada por la SCBA a partir del precedente "Marchetti" (Res. SRT 179/15, 298/17, 886/17 y 3/21, Dto.359/96, 12, 31, 32 ley 11653, 362 CPCC, ley 24557, Dto.717/96, Dto.1475/15, Ley de Procedimiento Administrativo 19.549, Dto 1759/72 y juris.citada)
II. ACLARAR que la tramitación de las actuaciones continuará con relación a las incapacidades producto de las dolencias físicas que se denuncian.
III. SIN COSTAS , atento la naturaleza de la cuestión traída a juzgamiento (art. 24 Ley 15.057 - art. 68 CPCC).
REGISTRESE. NOTIFIQUESE (art. 16 ley 15.057 y art. 10 del Anexo Único Anexo I de la Ac. SCBA 4039/21)
Se procede a su firma de acuerdo a lo dispuesto por el art. 5 "II" del Anexo Único del Ac. 3975/20.
Firmas
Funcionario firmante: FERNANDEZ DE VILLEGAS Bernardo Juan Cecilio - JUEZ
Funcionario firmante: LABORDE Martin - JUEZ
Funcionario firmante: PATERNICO Marcelo Enrique - MAGISTRADO SUPLENTE
Funcionario firmante: CANOSA Alberto Andres - AUXILIAR LETRADO
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 739-2026
Fin de la sentencia