Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Carlos Exequiel García contra la providencia en crisis.-
2Confirmar la providencia que regula los honorarios profesionales del Dr. Alejandro Ángel García.-
3Hacer saber lo señalado por esta Cámara en el punto IV de esta sentencia interlocutoria.-
TOMO CXXXVIII - INTERLOCUTORIO REGISTRO N° 18647 FOLIO N° 108/110 PROT. ELECT. A101220I.231
Río Gallegos, 31 de agosto de 2023.-
Estos autos caratulados: "García Carlos Exequiel c/Centenario S.A. s/sumarísimo", Expte. Nº 20.535/21 (19.822/23), venidos del Juzgado de Primera Instancia N° Dos en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, Secretaría N° Dos, con asiento en esta ciudad al Acuerdo para resolver, y;
I. Viene la presente causa elevada por el Sr. Juez de primera instancia, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la actora a PE829816-2023, código de validación: 1tpc5p, contra la regulación de honorarios de fecha 8 de marzo de 2023, en PE514020-2023, código de validación: hiwxcx, al Dr. Alejandro Ángel García, en la suma de $600.000.-
II. El actor apela por altos los honorarios y señala que se lo ha condenado al pago sin tener presente que existe el beneficio de litigar sin gastos.-
III. Analizada que fuera la regulación de honorarios en crisis se advierte, en primer lugar, su correcta adecuación a las normas arancelarias vigentes. En segundo lugar, el procedimiento de regulación resulta explicativo y claro (se establece primero la base de la regulación de honorarios, se efectúa a posteriori la debida actualización y se regula el mínimo de la escala vigente), por lo tanto los honorarios no resultan altos sino ajustados a los parámetros de la ley N° 3330.- Por lo tanto, se rechaza el recurso de apelación interpuesto por el actor.-
IV. Sin perjuicio de esta decisión corresponde señalar como obiter dicta que en la órbita del derecho del consumidor, la imposición de costas no reviste diferencias respecto de cualquier proceso, pues las costas se imponen según lo que disponga el código procesal que gobierne el proceso. De modo que las costas pueden ser impuestas tanto a la parte actora como a la parte demandada, o por su orden (cfr. arts. 68 y 71 del C.P.C. y C.) (de aquí en adelante conforme el precedente de esta Cámara Alves c/Volskwagen).- Sin embargo, en los casos de consumo [como el presente] rige el beneficio de justicia gratuita, tanto en los procesos individuales como colectivos, conforme el diseño normativo específico (cfr. arts. 53 y 55 de la ley N° 24.240). De modo que el consumidor o quien litiga en su beneficio (por ejemplo una asociación de consumidores) -ya sea como actor o demandado- cuenta con el beneficio de justicia gratuita a su favor y esta circunstancia tiene influencia en el tema de las costas.- Aquí debemos realizar la segunda aclaración respecto a cuál es el alcance del beneficio de justicia gratuito.-
El beneficio de justicia gratuita es un instituto propio del derecho de consumo que tiene carácter de orden público, de aplicación automática que concede al consumidor o a la asociación de consumidores (ya sea que asuman el rol de actor o demandado), dentro de un proceso judicial, el incidente de pobreza contemplado en el código procesal que resulte aplicable al caso concreto y con el alcance que dicho código y leyes locales le confieran (en nuestro caso, el art. 84 del C.P.C. y C.).- Más allá de nuestra ley procesal que en realidad hace referencia a la pobreza […hasta que mejore de fortuna…] y no al carácter de consumidor, la jurisprudencia y la doctrina postulan dos posiciones bien distintas: Una amplia y otra restringida. Para la amplia, el beneficio exime al actor de pagar todas las costas que deba afrontar, lo que incluye la tasa de justicia, los honorarios profesionales y todo otro gasto. Para la restringida, en cambio, el beneficio sólo exime al actor de pagar la tasa de justicia u otro tributo local, pero no lo exime del pago del resto de las costas.- Considera esta Cámara que la tesis amplia es la única posible en el contexto del derecho consumeril que persigue la gratuidad procesal para el consumidor. Esto se fundamenta en la situación de debilidad y vulnerabilidad estructural en la cual se encuentran los consumidores en la «sociedad de consumo. Además, el in dubio pro consumidor como regla de interpretación del derecho, determina que cuando una norma, general o particular, pueda llevar a dos o más posibles interpretaciones, el intérprete debe privilegiar aquella fuese más favorable al consumidor en el caso concreto.- Este principio se encuentra reconocido en el art. 3º de la Ley de Defensa al Consumidor, en tanto que como regla de interpretación convencional tenía ya su sustento en el art. 37 de la LDC. También en nuestro Código Civil y Comercial, en el art. 1094 como regla de interpretación del derecho y en el art. 1095 como regla hermenéutica de las relaciones de consumo.-
Recordamos que el principio protectorio se ve reflejado también en la regla de la condición más beneficiosa. Dicha regla prescribe que la aplicación de una nueva norma no puede implicar una disminución de las condiciones más favorables en que pudiera hallarse un consumidor.-
Además, el Anteproyecto de ley de defensa del consumidor, que fuera elevado a los ministros de Justicia y Derechos Humanos y de Producción y Trabajo el 6 de diciembre de 2018, se enrola en la postura amplia y, a su vez, deja a salvo la posibilidad de que exista temeridad por parte del consumidor, en cuyo caso cesará el beneficio. El art. 168 reza: “Las acciones judiciales promovidas por consumidores en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita, que se considera comprensivo del pago de tasa de justicia, timbrados, sellados, costas y de todo gasto, excepto en el caso de temeridad o malicia o pluspetición inexcusable.”.- Similar tesis tiene el Código Procesal de la Justicia en las relaciones de consumo de la Ciudad de Buenos Aires (ley N° 6407), cuyo art. 66 establece la gratuidad a favor del consumidor o usuario, eximiéndolo del pago de la tasa de justicia, timbrados, sellados, contribuciones, costas y de todo gasto que pueda irrogar el juicio.-
Por lo tanto, corresponde aclarar que el actor no debe pagar los honorarios profesionales de los letrados intervinientes en este proceso por gozar del beneficio de justicia gratuita, independientemente que tenga o no un beneficio de litigar sin gastos.-
Por ello, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial,
1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Carlos Exequiel García contra la providencia en crisis.-
2. Confirmar la providencia que regula los honorarios profesionales del Dr. Alejandro Ángel García.-
3. Hacer saber lo señalado por esta Cámara en el punto IV de esta sentencia interlocutoria.-
Atento existir conformidad de opiniones se suscribe la presente conforme lo establece el art. 44 de la Ley Nº Uno (texto según Ley Nº 2345).-
CARLOS E.ARENILLAS PRESIDENTE EDUARDO GABRIEL LÓPEZ JUEZ
Ma. CARLOTA GUTIÉRREZ MEYER SECRETARÍA
Fin de la sentencia