Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. N°7818/21 Sentencia: Definitiva Actor: García Eliana Belén Demandada: Sc Prevención S.A Objeto: Demanda Laboral Fecha: 25-02-2025 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los 25 del mes de febrero de 2025, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “GARCIA ELIANA BELEN C/ SC PREVENCION S.A. S/ DEMANDA LABORAL", Expte. Nº 1177 del año 2019 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y de Familia de la ciudad de Las Heras, que ingresó en esta instancia bajo el Nº 7818/21. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Horacio Fernández; Humberto Eduardo Monelos y Griselda Isabel Bard, para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
I. A fs. 24/33vta. se presentan la Dra. Ana Graciela Cabrera y el Dr. Eugenio Gomez Carrasco y promueven demanda laboral en representación de Eliana Belén García contra el Colegio de Enseñanza Digital Pico Truncado S.A. (ahora SC PREVENCIÓN S.A). Solicita la suma de $869.813,50 o lo que más o menos resulte de la producción de la prueba del proceso, con más los intereses, costas y demás gastos causídicos. Afirma que trabajó para la demandada desde el 03/04/2017, prestando tareas frente a alumnos, bajo la categoría de maestra de grado, cumpliendo una jornada laboral de lunes a viernes de 7:30 a 11:30 hs. en el Colegio Digital de la localidad de Las Heras, de manera responsable, sin sanciones disciplinarias. Relata que el 17/05/2019 la contraria extinguió la relación bajo la figura del despido incausado, mediante notificación cuyo contenido transcribe, lo que impugnó en virtud de lo dispuesto por el art. 247 LCT. Destaca que a la fecha en que remitió dicha misiva, no había percibido la indemnización ofrecida, ni certificado de trabajo, baja ante AFIP y certificación de servicios. Explica sobre la improcedencia del despido en los términos del art. 247 LCT tal como lo pretende la demandada, por no configurarse los presupuestos fácticos requeridos por la norma. Detalla su reclamo consistente en: indemnización por maternidad prevista en el art. 177 de la LCT; aplicación de la multa del art. 2° Ley 25.323; diferencias salariales; incumplimiento a lo dispuesto en el art. 80 LCT. Acompaña liquidación, ofrece prueba y hace reserva del caso federal.-
II. A fs.56/58 se presentan la Dra. María Laura De Santis y el Dr. Gabriel Damián Ariel Ruiz en representación de la demandada, y recusan con causa al magistrado interviniente Dr. Guillermo Ghio, la que es rechazada a 122/123 por esta Cámara.-
III. En fs. 150 obra constancia de celebración de audiencia conciliatoria a la que compareció únicamente la parte actora.-
IV. A fs. 153/154 se abre la causa a prueba. Producida la ofrecida por la actora y admitida, se clausura el período probatorio a PE583685-2023, poniéndose los autos para alegar. Realizando lo propio la actora a PE976442-2023.-
V. Se dicta sentencia de primera instancia en PE1021028-2023, que admite parcialmente la demanda articulada por Eliana Belén García en contra de SC PREVENCIÓN S.A., y condena a pagar la suma de $2.037.262,16. Rechaza la indemnización del art. 182 LCT. Condena en costas a la demandada y regula los honorarios profesionales de los letrados intervinientes.- La sentencia es recurrida por la parte actora, interponiendo recurso de apelación a PE1022521-2023.-
VI. Se agravia la recurrente a través de su representante, del rechazo de la indemnización del art. 182 LCT solicitada, por considerarlo carente de fundamentos. Menciona lo establecido por el art. 178 de la referida normativa y explica que fue despedida encontrándose bajo el régimen de protección por maternidad, lo que se encuentra acreditado con la prueba arrimada y producida, razón por la cual la indemnización debe prosperar. Agrega que en los presentes operan las presunciones del art. 9 y concordantes de la LCT, y que el sentenciante debió aplicar el apercibimiento del art. 50 de la Ley 1.444 cuando el demandado no contestó la demanda, lo que va en sintonía con lo dispuesto en el art. 339 C.P.C.C.. Concluye en que no existe prueba en contrario que permita desvirtuar los hechos expuestos en la demanda, por lo que la sentencia en lo que a este punto respecta, debe ser revocado.- La demandada no contesto el traslado de los agravios por lo que se le tuvo por decaído su derecho (PE806827-2024 y PE870305-2024).-
Los autos se elevan a esta instancia con la certificación de estilo. Se dicta el llamado de autos a sentencia y se dispone el pase a estudio de los mismos estableciendo el orden para ello.-
VII. Dispuesto el mismo corresponde ingresar al examen del único agravio efectuado por la parte actora: estos es el rechazo de la indemnización prevista en el art. 182 LCT.-
En esa faena parto de la base que el sentenciante de grado ha decidido tener por no acreditados los presupuestos de procedencia de la causal contemplada en el art. 247 de la LCT invocada por la demandada al momento de comunicar el distracto y así fue que apoyado sobre ese entendimiento admitió la indemnización del art. 245 de la LCT. Es decir, tuvo sin más por incausado el despido. Esa decisión, entiendo torna plenamente operativa la presunción contemplada en el art. 178 de ese cuerpo legal, ya que es un hecho incontrovertido que el empleador no probó la causa de la cesantía tal como era su carga, producto de un comportamiento procesal desaprensivo al no contestar demanda ni aportar prueba para refutar los dichos de la accionante (arts. 50 de la ley 1444).
Esa actitud conlleva a tener por cierto que el estado de gravidez de ésta última era de su conocimiento y por ende, debe interpretarse que el despido encuadra dentro de lo previsto en la norma de referencia, pues, es el empleador demandado el que debía probar que la causa del despido no radicaba en el embarazo ni nacimiento y acreditar cual fue la causa real que motivo la extinción del contrato, cosa que en el caso, como se resolvió en grado, no hizo.- En efecto, Eliana García fue despedida dos meses después de haber dado a luz a su hija, lo que se acreditó con el certificado de nacimiento obrante a fs. 7, es decir, dentro del período comprendido en el art. 178 de la LCT. Se ha decidido en el tema que "El art. 178 de la L.C.T. establece una protección especial en supuestos de embarazo o maternidad y consagra una presunción legal a favor de la trabajadora, pero precisamente por su carácter de iuris tantum, admite prueba en contrario, lo cual implica que la norma dispensa de prueba a la trabajadora, quien debe demostrar únicamente los presupuestos de aplicación, mientras que al empleador le corresponde acreditar que la desvinculación obedeció a causas distintas."(Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala: I, Partes: P.
V. M. c/ Argentina Collection Agency S.R.L. s/ despido, 28 de septiembre de 2020, Colección: Fallos, Cita: MJ - JU - M - 128669 -AR|MJJ128669|MJJ128669).Tal como refiere el representante de la actora, es una presunción que admite prueba en contrario y en el caso traído a estudio, tal como lo razonara anteriormente, no se acreditó que aquella fue despedida por causa alguna. Que por tanto corresponde reconocerle la protección legal referida por haber ocurrido la resolución extintiva en el plazo establecido en la norma.- Tengo además en cuenta lo normado por el segundo párrafo del art. 9 de la LCT y su fundamento: el amparo al más débil. Comparto en ese sentido lo dicho por destaca doctrina: "El derecho del trabajo no es un derecho de excepción que sanciona privilegios conquistados con la fuerza, sino que es un derecho especial que se distingue del derecho común, que supone la igualdad de las partes, porque parte de la idea de una desigualdad.
Los trabajadores están en inferioridad económica, la que anula su libertad contractual; de ahí la intervención de la ley para restablecer el equilibrio..." (Ley de Contrato de Trabajo y sus reformas- comentada-anotada-concordada. Miguel Ángel Sardegna. Editorial Universidad. Buenos Aires 1.999. página 79).- Resta agregar que la protección tanto a la mujer en su condición de tal, como trabajadora y madre, y del niño o niña en gestación, se encuentra garantizada en los arts. 14 bis, 16, 75 inc. 22 y 23 de la C.N. desde el ángulo del trato no discriminatorio y de la protección de la mujer y el niño. El art. 75 inc. 22 incorpora con jerarquía constitucional la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre que en su art.
VII establece que toda mujer en estado de gravidez, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidado y ayuda especiales y en su art. XIV establece que toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas; la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyos arts.1 y 2 establecen que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y tienen todos los derechos proclamados en esa Declaración, sin distinción alguna, entre otros motivos, de sexo; su art. 23 que garantiza el derecho al trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a no sufrir discriminación alguna en el mismo; el art. 25.2, que dispone que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su art. 11 garantiza el derecho al reconocimiento de su dignidad, en su art. 19 los derechos del niño, en su art. 24, los derechos, sin discriminación, -a igual protección de la ley-, art. 26 -progresividad de los derechos-; arts. 2, 3 y 4 Convenio 003 sobre la Protección de la Maternidad de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).- En virtud de lo expuesto entiendo que el agravio en este aspecto debe prosperar debiendo revocarse lo decidido en el punto 2°) de la sentencia obrante a PE1021028-2023, y admitirse la indemnización del art. 182 LCT.-
Por último, en atención a la forma en que se decide el recurso deducido, las costas en esta instancia deberán ser soportadas por la demandada quien resultó vencida. Asimismo a los fines de evitar mayores dilaciones en el trámite de las presentes por la labor desempeñada en esta instancia, importancia del pleito y resultado obtenido corresponde regular los honorarios del Dr. Eugenio Gómez Carrasco en la suma de pesos ciento ochenta y siete mil cien ($187.100)(arts. 13, 24 y ccs. ley 3330).- A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Humberto Monelos dijo:
VIII. Que coincido con el análisis de los agravios que formula el primer votante y con sus conclusiones. Adhiero al voto que antecede.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernandez dijo:
IX. En función de lo expresado propongo que se dicte el siguiente pronunciamiento: 1º) Admitir el agravio vertido por la parte actora. 2º) Revocar lo decidido en el punto 2°) de la sentencia obrante a PE1021028-2023, inscripta al Tomo X Registro 20 Folio 105/117, y admitir la indemnización del art. 182 LCT. 3º) Imponer las costas a la demandada por haber resultado vencida (art. 68 C.P.C.). 4º) Regular los honorarios profesionales del Dr. Eugenio Gómez Carrasco en la suma de pesos ciento ochenta y siete mil cien ($187.100)(arts. 13, 24 y ccs. ley 3330). 5º) Registrar, notificar y oportunamente devolver a la instancia de grado. A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Humberto Monelos dijo:
Por ello se dicta la siguiente sentencia Caleta Olivia, 25 de febrero de dos mil veinticinco. -
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial
2. Revocar lo decidido en el punto 2°) de la sentencia obrante a PE1021028-2023, inscripta al Tomo X Registro 20 Folio 105/117 y admitir la indemnización del art. 182 LCT.-
3. Imponer las costas a la demandada por haber resultado vencida (art. 68 C.P.C.).-
4. Regular los honorarios profesionales del Dr. Eugenio Gómez Carrasco en la suma de pesos ciento ochenta y siete mil cien ($187.100)(arts. 13, 24 y ccs. ley 3330).-
La Dra. Griselda I. Bard no emite opinión por no existir disidencia.- Fdo. Horacio Fernández- Juez de Cámara; Humberto Eduardo Monelos- Juez de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara.-
Protocolización: A201003S.251 Tomo: CII Sentencia: 3099 Folio Nº: 001/004 Secretaria: 1
Fin de la sentencia