Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 185.654
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de Marcelo Armando Aramburu contra la sentencia del 26 de septiembre de 2025, con costas al apelante (art. 68 del CPCCBA);
II. Efectuar un llamado de atención a la abogada Ruth Anabel Sánchez, instándola, en lo sucesivo, a corroborar con diligencia las citas invocadas y procurar, en su caso, un uso ético de las herramientas digitales disponibles (arts. 18 CN y 35 CPC);
III. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967); IV)
Expte. Nº 185.654. Juzgado Civil y Comercial N° 16 En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “GARCÍA GONZÁLEZ ADOLFO ARIEL C/ ARAMBURU MELINA AYELÉN Y ARAMBURU MARCELO ARMANDO S/ ACCIÓN REIVINDICATORIA”, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª) ¿Es justa la sentencia dictada el 26 de septiembre de 2025? 2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. El 26 de septiembre de 2025, el juez a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 16 departamental dictó sentencia e hizo lugar a la demanda de reivindicación iniciada por Adolfo Ariel García González en contra de Melina Ayelén Aramburu, Marcelo Armando Aramburu (y/o cualquier otro ocupante) a restituirle al actor el inmueble sito en calle La Florida 1138, entre las calles Deauville y Avenida San Juan de Luz de la Localidad de Santa Clara del Mar.
En primer lugar, rechazó la defensa de prescripción de las demandadas. Para así decidir, consideró que éstas no acreditaron que, al momento de contestar la demanda (junio de 2023) hayan poseído el inmueble con ánimo de dueñas durante el plazo de 20 años. Enfatizó, sobre este punto, que las accionadas no produjeron prueba testimonial, informativa o pericial respecto a la alegada posesión.
Por otro lado, el juez sí consideró acreditados los presupuestos fácticos que sustentan la pretensión reivindicatoria de la actora. Señaló que el actor Adolfo García González “ha demostrado con holgura su carácter de titular del derecho real aquí en disputa (presumiendo por ley ser el antecesor poseedor del inmueble conforme a cadena de transmisiones que provienen de escritura del año 1988), como así también que contando con la posesión se vio desprendido de la misma por la demandada Melina Ayelén Aramburu y/o del tercero presentado en autos Aramburu Marcelo Armando, quienes pese a sus esfuerzos probatorios en el marco de autos, no han logrado acreditar de manera convincente y con pruebas objetivas, que cuenten con derecho posesorio alguno como para resistir el reclamo reivindicatorio aquí impetrado por su propietario” (sic).
Con esos fundamentos, rechazó la defensa de prescripción adquisitiva, hizo lugar a la demanda de reivindicación y condenó a los accionados, con costas, a restituir el inmueble al actor.
II. El recurso del demandado Marcelo Armando Aramburu.
El co-accionado Marcelo Aramburu apeló la sentencia el 08/10/2025, oportunidad en la que también fundó su recurso, mediante memorial contestado por la actora el 17/12/2025. Sus agravios pueden resumirse de la siguiente manera:
(i) Que la sentencia interlocutoria del 23/06/2025 que declaró extemporáneas todas sus defensas, su reconvención y la producción de su prueba le vedó la posibilidad de acreditar la cadena posesoria. (ii) Que la sentencia se funda en una premisa fáctica errónea, al sostener “que la posesión sólo se remontaba a 2015-2016, cuando la prueba impedida de producir habría demostrado fehacientemente posesión familiar desde 2011, cumpliendo así los 20 años exigidos para la usucapión” (sic). (iii) Que el proceso adolece de “nulidad procesal absoluta” por violación del debido proceso, y vulneración al “principio de la verdad material”. Con esos fundamentos, solicita que se declare la nulidad absoluta de todo lo actuado desde la sentencia interlocutoria del 23/06/2025, se retrotraiga el proceso, se lo admita como litisconsorte en los términos del art. 90 inc. 2° del CPCC y se permita la producción de toda su prueba. En subsidio, pide que se revoque la sentencia y se haga lugar a la defensa de prescripción adquisitiva.
III. Tratamiento del recurso.
Adelanto que el recurso no prospera.
a. El cuestionamiento que la parte demandada efectúa sobre la validez de la sentencia impugnada es inadmisible.
El 23 de junio de 2025, el juez resolvió el pedido de Marcelo Aramburu (hoy, apelante de la sentencia definitiva) para incorporarse a este proceso tardíamente. Fue así que el colega admitió la intervención de Aramburu como “co-demandado adherente accesorio” (subordinado a los hechos y defensas ya ejercidas por su hija, Melisa Aramburu, al contestar la demanda). En dicha resolución también se dispuso que el ingreso de Aramburu a este pleito de ninguna manera implicaría retroceder el proceso o “reabrir etapas precluidas como del estudio de nuevas defensas” (sic; v. sentencia interlocutoria del 23/06/2025).
Dicha resolución quedó firme y consentida por todas las partes, y fue así que el proceso continuó su curso hasta el dictado de sentencia definitiva el 26/09/2025, en la que se hizo lugar a la acción reivindicatoria y se rechazó la pretensión de prescripción adquisitiva de los demandados.
Es en este contexto en que el apelante Marcelo Aramburu cuestiona, ahora, la validez constitucional de la sentencia definitiva dictada en septiembre de 2025. Para así peticionar, plantea que, a raíz de los resuelto en la interlocutoria dictada tres meses antes (en junio de 2025) no se lo ha dejado producir prueba que hubiera permitido demostrar los hechos en los que funda su pretensa prescripción adquisitiva.
Este planteo es inadmisible y extemporáneo.
El artículo 253 del Código de Procedimientos prescribe que el recurso de apelación comprende el de nulidad «por defectos de la sentencia». Es decir, restringe el marco de alegación a los defectos formales que pudieran afectar a la decisión recurrida. Ello excluye la posibilidad de acudir a este remedio para invocar vicios procedimentales ocurridos con anterioridad al dictado del fallo, los cuales deben ser objeto de alegación, debate, prueba y decisión en el incidente que regula los arts. 169 y siguientes del CPCCBA.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha sido tajante en este punto al resolver que “la vía recursiva de nulidad comprendida en el recurso de apelación (art. 253 del C.P.C.C.) sólo tiene por objeto lograr la invalidación de un pronunciamiento por vicios formales (...) y no por actos procesales anteriores a su dictado” (SCBA, c. 93083, del 17/09/2008, c. 56866, del 26/09/1995).
Lo dicho explica la inadmisibilidad del agravio: el cuestionamiento de la validez formal del fallo dictado en septiembre de 2025 es, en rigor de verdad, una objeción tardía y extemporánea de lo que fue resuelto mediante la interlocutoria del 23/06/2025, que quedó firme y consentido. b. Lo resuelto en el apartado anterior es suficiente para rechazar de manera total el recurso del demandado, en la medida en la que todos sus agravios tienen como eje central la alegada imposibilidad de producir prueba en el proceso, aspecto que —como ya señalé— tuvo su origen en una resolución que no cuestionó en su momento.
Sin embargo, cabe hacer una apreciación adicional sobre las alegaciones con las que el demandado intentó respaldar su postura; tanto para resistir la reivindicación de la actora como para fundar su pretensión de prescripción adquisitiva. En su primera intervención en el proceso (la que motivó la interlocutoria del 23/06/2023) como así también en su expresión de agravios, Marcelo Aramburu alegó una posesión iniciada en el año 2011 (v. punto IV.c.2 del memorial). El mismo apelante sostiene que “V.S. basó su decisión en la premisa fáctica errónea de que la posesión sólo se remontaba a 2015-2016, cuando la prueba impedida de producir habría demostrado posesión desde 2011, cumpliendo los 20 años para usucapir” (sic). He leído con atención la expresión de agravios de Marcelo Aramburu, como así también su presentación inicial (v. punto IV.1 en el escrito del 11/04/2025) y en ningún caso hay una referencia a una posesión anterior al año 2011. En ese sentido, Aramburu sostiene que, contada su posesión a partir de 2011, cuenta con el plazo establecido en el art. 1899 del CCyC para adquirir el dominio por prescripción adquisitiva (v. punto VII.A.1 del memorial). Este modo de razonar se desentiende de lo expresamente dispuesto por la norma citada, que establece un plazo de veinte años y no de diez como sostiene el apelante.
De esta manera, aun soslayando que el argumento central del apelante (relativo a la prueba que se le habría impedido producir) es tardía e inadmisibles, lo cierto es que plataforma fáctica invocada por el demandado Marcelo Aramburu parte de una supuesta posesión que, en los términos de lo alegado por él mismo, en ningún caso alcanza al plazo de veinte años (y no de diez, como sostiene el apelante) previsto en el art. 1899 del CCyC. c. Una aclaración más se impone. He leído con atención la transcripción de los diversos precedentes jurisprudenciales que ocupan una buena parte de la expresión de agravios del apelante y en las que éste ha fundado su recurso.
A modo de ejemplo: el memorial contiene la cita de un supuesto fallo de la Sala I de este Tribunal, dictado en el caso "González c/ Sucesores de López (Expte. 89.456/2019, sent. 23/06/2020)” en el que se habría dicho que “el tercero que invoca derecho propio sobre el bien litigioso debe ser admitido como litisconsorte (art. 90 inc. 2°), no como simple adherente, pues tiene legitimación sustancial independiente". He consultado la Mesa de Entradas Virtual y el sistema interno Augusta y no hay registro de un fallo de la Sala Primera (ni de las otras dos Salas) que involucre a esas partes, ni tampoco que tenga ese número de expediente (o de Receptoría General de Expedientes).
Pero hay más.
El recurrente también dice que en "en Aramburu c/ Municipalidad de Tigre" (SCBA Ac. 67.823, sent. 12/04/2017), la Suprema Corte revocó una resolución que había limitado indebidamente la intervención de terceros, expresando: "La limitación excesiva de la intervención de terceros, impidiendo la producción de prueba esencial para la defensa de derechos reales, constituye violación del debido proceso cuando el tercero tiene legitimación sustancial propia y la prueba vedada resulta determinante para la resolución de la causa”. Esto es falso: he consultado el Ac. 67.823 de la SCBA y corresponde al caso “Bresciani, Pedro F. A. c/Telefónica de Argentina S.A. s/Diferencia de indemnización” dictado el 10 de marzo de 1998 y que nada tiene que ver con lo aquí debatido.
También sostiene el apelante que “La SCBA en "Rodríguez c/ Municipalidad de La Matanza" (Ac. 120.870, sent. 15/03/2022) estableció: "El dominio registral no prevalece sobre la posesión legítimamente adquirida por usucapión, máxime cuando el actor no ha ejercido actos posesorios en más de tres décadas, pero para ello debe permitirse al usucapiente la producción de la prueba que acredite los extremos legales exigidos”. Este fallo directamente no existe.
Dice el recurrente que, “La Corte Suprema de Justicia de la Nación en "Juri, Osvaldo c/ Gobierno Nacional" (Fallos 317:335) precisó con claridad meridiana: "El derecho de defensa en juicio exige que se dé a las partes la oportunidad de ser oídas, de hacer valer sus derechos y de producir prueba útil a tal fin” (sic: punto IV.A.1 del memorial). Una vez más: esta sentencia no existe. La cita de Fallos 317:335 corresponde al conocido caso “Polino Héctor y otro c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ Amparo” en el que la Corte federal se expidió sobre el trámite de reforma de la Constitución Nacional. Estos son solo algunos de los precedentes citados por el apelante en su expresión de agravios, cuyas transcripciones pertenecen a sentencias que: (1) o bien no pudieron ser halladas en los portales de búsqueda más frecuentes (y que, ante la poca o incorrecta información brindada por la recurrente, cabe presumir que no existen); (2) tratan sobre temas distintos a los aquí debatidos; o (3) y no contienen las opiniones que la abogada del demandado les ha asignado en su expresión de agravios.
Ahora bien: este Tribunal carece de las herramientas técnicas necesarias para determinar con exactitud las razones específicas que subyacen a las citas erróneas efectuadas por la abogada. En una interpretación favorable a la profesional, consideraré que su inclusión errónea ha sido de buena fe y no como resultado de una estrategia intencional y deliberada. Es cierto que una de las alternativas, entre muchas, puede estar vinculada a la utilización de herramientas de inteligencia artificial generativa que, es sabido, pueden producir errores al momento de utilizarse para consultar jurisprudencia. Estos errores son conocidos en la terminología especializada como alucinaciones, entendidas como aquellos resultados del modelo utilizado que representan información inexacta, falsa o de imposible verificación, pero que es presentada enmarcada en un discurso coherente, lo que lo torna verosímil y aparentemente confiable.
Reitero que esa es sólo una posibilidad entre muchas. Como bien señala la doctrina especializada, al concepto de Inteligencia Artificial (IA) es hoy un paraguas semántico que puede incluir desde técnicas estadísticas relativamente tradicionales hasta modelos altamente complejos; puede significar una categoría científica, una clasificación regulatoria o un recurso de marketing (conf. Edwards, Ernesto. “Sobre nombrar lo efímero: "Inteligencia Artificial" y el art. 29 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe” Publicado en: JALitoral 2026 (marzo), 8 • JA 2026-I).
Insisto también en que no es este Tribunal el encargado de detectar las causas del error, ni es esta acción real el proceso adecuado para indagar en ellas.
Sin embargo, tampoco puede pasarse por alto, sin más, la utilización de citas falsas e inexistentes, que en este caso se ve agravada toda vez que ha sido en base a ellas que la apelante ha intentado respaldar los argumentos de su expresión de agravios e importa —desde el vamos— una irrespetuosidad para con el tribunal, pues tal conducta necesariamente supone que estos juzgadores decidimos sin leer los escritos y sin verificar las citas y fallos. Es más, los integrantes de esta Cámara conservan aún la costumbre de leer todo lo pertinente en cada uno de los escritos que presentan las partes.
La utilización de citas falsas acarrea, sin dudas, una plétora de externalidades negativas. Sólo a modo de ejemplo: la contraparte pierde tiempo y recursos en investigar y exponer la falsedad (y ello ha ocurrido en este caso; v. punto V de la presentación efectuada por la actora el 17/12/2025); el tribunal que ha de resolver el pedido también debe administrar recursos en dicha faena; se puede llegar a poner en juego la reputación de otros tribunales a los que se les atribuye decir lo que no dijeron y —lo peor de todo, a mi criterio— el cliente puede llegar a verse privado de exponer argumentos sustentados por precedentes reales, omitidos por el abogado que —de manera intencional u omisiva— usa citas falsas (sobre esta cuestión, ver, en la jurisprudencia extranjera, United States District Court for the Southern District of New York, "Mata v. Avianca", Inc., 678 F. Supp. 3d 443 (2023) (orden de sanciones, 22 de junio de 2023), reproducción en PDF. Disponible en: https://hvbba.org/wp-content/uploads/2025/09/8-PANEL-THREE-Mata-v-Avianca-Inc.pdf. Consultado por última vez el 01/02/2026).
De ahí que sube de registro la responsabilidad del abogado en corroborar las citas jurisprudenciales, toda que vez "la verificación no es una formalidad técnica: es un deber profesional indelegable y frente a la automatización, es también el límite entre el uso legítimo de herramientas de apoyo y la delegación impropia de juicio jurídico" (Di Chiazza, Iván - Pastore, José Ignacio - "Inteligencia artificial en la práctica jurídica", pág, 64, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2026).
El art.1 de las Normas de Ética profesional dictadas por el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires dispone que “El abogado debe tener presente que es un servidor de la justicia y un colaborador de su administración; que su conducta ha de estar caracterizada por la probidad y la lealtad, y por el desempeño con dignidad de su ministerio; y que la esencia de su deber profesional es consagrarse enteramente a los intereses de su cliente, y poner en la defensa de los derechos del mismo su celo, saber y habilidad, siempre con estricta sujeción a las normas morales”. Más concretamente, su art. 6 establece que su conducta “(…) debe estar garantizada por la veracidad y la buena fe. No ha de realizar o aconsejar actos fraudulentos, firmar o negar con falsedad, hacer citas inexactas o tendenciosas, ni realizar acto alguno que estorbe la buena y expedita administración de justicia o que importe engaño o traición a la confianza pública o privada”.
Por todo lo expuesto, independientemente de que el recurso no prospera por las razones ya expuestas en los puntos III.a y III.b, considero que esta situación no puede ser pasada por alto. Es por ello que corresponde efectuar un llamado de atención a la abogada Ruth Anabel Sánchez, instándola, en lo sucesivo, a corroborar con diligencia las citas invocadas y procurar, en su caso, un uso ético de las herramientas digitales disponibles (arts. 18 CN y 35 CPC)..
Por todo lo expuesto, y con los alcances indicados, se rechaza el recurso de apelación interpuesto por Marcelo Armando Aramburu y se confirma íntegramente la sentencia apelada.
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo: Corresponde: I) Rechazar el recurso de Marcelo Armando Aramburu contra la sentencia del 26 de septiembre de 2025, con costas al apelante (art. 68 del CPCCBA); II) Efectuar un llamado de atención a la abogada Ruth Anabel Sánchez, instándola, en lo sucesivo, a corroborar con diligencia las citas invocadas y procurar, en su caso, un uso ético de las herramientas digitales disponibles (arts. 18 CN y 35 CPC); III) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia, se dicta la siguiente:
Por los fundamentos dados en el precedente Acuerdo, se resuelve: I) Rechazar el recurso de Marcelo Armando Aramburu contra la sentencia del 26 de septiembre de 2025, con costas al apelante (art. 68 del CPCCBA); II) Efectuar un llamado de atención a la abogada Ruth Anabel Sánchez, instándola, en lo sucesivo, a corroborar con diligencia las citas invocadas y procurar, en su caso, un uso ético de las herramientas digitales disponibles (arts. 18 CN y 35 CPC); III) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967); IV) REGÍSTRESE Y del art. 10 del Anexo I -«Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos»- del Ac. 4039/21 de la SCBA. Oportunamente, devuélvase.
Fin de la sentencia