Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 128.083
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPOR ELLO, fundamentos expuestos en el Acuerdo que antecede, y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Adjunto de Fiscal de Cámaras el 29/12/2020, se confirma la apelada resolución del 29/7/2020 en lo que ha sido materia de recurso y agravios. Costas de Alzada al apelante.
MCM REG. SENT. NRO. 106 /21, LIBRO SENTENCIAS LXXVII.
En la ciudad de La Plata, a los 11 días del mes de mayo de 2021 reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados:
"GARCIA, HECTOR RAUL Y OTRA C/LOZANO, GERMAN Y OT. S/COBRO
EJECUTIVO " (causa: 128083 ), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justa la apelada resolución del 29/7/2020?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
I. El Sr. Juez "a quo", con fecha 29/7/2020, intimó a la parte actora para que en el término de 5 días integre el título con la documentación respectiva o acredite que la causa subyacente del instrumento base de la ejecución no es una relación de consumo.
II. Esa forma de decidir motivó el alzamiento del accionante en los términos que surgen del memorial de agravios de fecha 17/11/2020, contestado por la contraria el 19/11/2020.
Aduce en lo sustancial, que la ley de defensa del consumidor es inaplicable porque no existe entre las partes una relación de consumo; que la resolución apelada es infundada y vulnera principios constitucionales de igualdad y valor justicia por no tratarse de partes desiguales en la relación, de propiedad y debido proceso; que el actor no es proveedor en los términos del art. 2 LDC; que los accionantes no se hallan involucrados en numerosos procesos judiciales como para inferir la relación consumeril tal como erróneamente refiere la Sra. Agente Fiscal; que lo decidido da por tierra con el proceso ejecutivo; que no se hallan obligados a poseer documentación adicional alguna, que de hecho no detentan; y que además no es posible en los ejecutivos analizar la causa de la obligación por su limitado ámbito cognoscitivo.
III. El 29/12/2020 el Adjunto de Fiscal de Cámaras aconseja confirmar la resolución recurrida.
IV. Análisis de los Agravios. Relación de consumo.
IV.1. Llega controvertido a esta instancia la procedencia del Estatuto Consumeril (Ley 24.240), por lo que corresponde analizar si se está frente a una relación de consumo, para luego determinar la aplicación de los arts. 36 y 53 de la ley 24.240. Dicho estatuto contiene preceptos de orden público destinados a resguardar el derecho de acceso a la justicia y de defensa en juicio de la parte que el legislador ha considerado "débil" en la contratación (arts. 14, 18 y 42 de la Constitución Nacional; 15 y 38 de la bonaerense, 8 y 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos; 1, 2, 36, 37, 53 y 65, ley 24.240; arts. 1092 y ss. del C.C.C.N.), que deben ser armonizados con la legislación que regula la acción cambiaria por vía ejecutiva (Dec.ley 5965/63 y arts. 518, 521 inc. 5 y cctes. del C.P.C.C.), que establece límites al análisis interno (causa) del título en aras de la tutela del crédito. Ello impone explicitar la relación causal subyacente, no para ordinarizar la presente acción, sino para evitar que a través de la acción cambiaria que tramite por la vía ejecutiva se violen derechos imperativos que establece la normativa consumeril.
Esta Sala ha sostenido que conforme la doctrina sentada por la SCBA a partir del caso "Cuevas" (Rc. 109.193, I, 11/8/2010), postura reforzada por el C.C.C.N. -ver en especial arts. 1, 2 y 3, 9, 10, 12, 1092/1122-, los jueces están autorizados a constatar mediante elementos serios y adecuadamente justificados, la existencia de una relación de consumo a la que se refiere el art. 36 de la ley 24.240, lo cual impone analizar la causa.
Los aquí actores no realizan una crítica idónea a los fines que persiguen. Así no manifestaron cuál ha sido la causa fin de creación (aplicable al adquirente originario) ni la causa de adquisición (tratándose de la adquisición derivada), del título base de la ejecución ni se han expedido concretamente sobre la relación causal, de manera que se impone una solución que priorice la aplicación de la norma protectoria (arts. 1, 2, 3, 4, 36, 37, 53 y 65, LDC; 1, 2, 3, 9, 10, 1092, 1093, 1094, 1095 y cctes. del C.C.C.N; y 518 y 521 inc. 5, C.P.C.C.).
IV.2. Por otra parte, y en cuanto al proceso ejecutivo y la Ley de defensa del consumidor, he de señalar que esta última no prohíbe el libramiento de títulos valores como tampoco contiene regulación alguna sobre los mismos. El C.C.C.N., pese a regular los Contratos de consumo en los arts. 1092/1122) y los Títulos valores en los arts. 1815/1881), no regula al pagaré de consumo, por lo que la situación queda librada a la interpretación judicial que se debe realizar de modo coherente (art. 2 C.C.C.N.).
IV.3. Por último y, sin perjuicio de lo manifestado por los apelantes, conforme lo señala nuestra Suprema Corte de Justicia en la causa C. 117.245 "Crédito c/Estanga s/Ejecutivo", del 3/9/14, no hay impedimento alguno para que el Juez de la instancia de origen revea la habilidad del título con el que se deduce la ejecución cuando como en el caso no ha sido todavía trabada la litis, ya que el Juez como director del proceso puede analizar la habilidad del título hasta el momento del dictado de la sentencia (arts. 34 inc. 4to, 529 y 549 del C.P.C.C.).
Debe entonces, a mi entender, dejarse asentado que, en las ejecuciones como la que se me presenta, cuestionándose la relación de consumo, no hay preclusión en la facultad de la juez de determinar con criterio de "eficacia" (art. 42 C.N.), la aptitud del título para ser ejecutado mediante las normas del proceso ejecutivo, debiéndose velar por el derecho de defensa en juicio (arts. 18, Const. Nac.; 15, Const. Prov.) y la eventual tutela del consumidor (arts. 1, 2 y 3, ley 24.240; 1, 2, 3, 1093, 1094 y 1095, C.C.C.N.).
Por todo lo expuesto, que se revela suficiente para dirimir el planteo recursivo, no obstante que el análisis de la existencia entre las partes de una relación de consumo (ley 24.240), impone en el caso una apreciación amplia -y sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva sobre el particular-, la intimación al actor para que integre el título con la documentación respectiva y/o la acreditación de la relación causal -lo que implica indicar concretamente la misma si no se tienen los títulos justificativos- a los efectos de analizar la existencia de una relación de consumo y, en su caso, el cumplimiento del art. 36, deviene ajustada a pronunciamientos reiterados (conf. SCBA, C. 116.507, 7/3/2012; C. 120.220, 4/11/2015), por cuanto -reitero- ello no impide una ulterior revisión de la causa en oportunidad de sentenciar (esta Sala causa 123201, RSD 35/2018, e.o.).
Consecuentemente, voto POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión planteada el señor Juez doctor López Muro dijo: que por análogas razones a las meritadas por el colega preopinante adhería a la solución propuesta y en consecuencia también votaba por la AFIRMATIVA A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo:
Atendiendo al acuerdo logrado corresponde, y así lo propongo, confirmar la apelada resolución del 29/7/2020. Postulo que las costas de alzada se impongan al apelante que reviste objetiva condición de vencido (arts. 68, 69 y 556, C.P.C.C.).
ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez doctor López Muro dijo: que por idénticos motivos votaba en igual sentido que el doctor Sosa Aubone.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO, fundamentos expuestos en el Acuerdo que antecede, y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Adjunto de Fiscal de Cámaras el 29/12/2020, se confirma la apelada resolución del 29/7/2020 en lo que ha sido materia de recurso y agravios. Costas de Alzada al apelante. REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del art. 1° de la Ac. 3991 SCBA del 21/10/2020. DEVUELVASE.
Fin de la sentencia