Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 31.640-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución AD MARD N° 137/2012, dictada en la Actuación SIGEA N° 12603-146-2010.
2Costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-31946602-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 30 de Marzo de 2026 En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Miguel N. Licht, Claudia B. Sarquis y Horacio J. Segura a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “GARCÍA LUIS ANTONIO c/D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente N° 31.640-A, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. A fs. 8/24 vta. se presentó, por apoderado, Luis Antonio García, e interpuso recurso de apelación contra la resolución que le imputó responsabilidad en los términos de los arts. 954 inc. c) y 994 inc. a) del Código Aduanero, con relación a una destinación de importación registrada ante la Aduana de Mar del Plata. Para sustentar su imputación, el servicio aduanero consideró que existían diferencias entre el precio FOB declarado y el pago efectuado al exterior y que, tales discrepancias, configuraban la infracción de declaración inexacta prevista en el art. 954 inc. c) del citado Código. Al mismo tiempo, el servicio aduanero entendió que la falta de presentación de la declaración de valor en aduana merecía reproche en el marco de la infracción prevista en el art. 994 inc. a) de la misma norma, imputando así dos infracciones distintas —una sustantiva y otra formal—fundadas en hechos diferenciados en el marco de una misma operación de importación.
II. Los agravios del actor se dirigieron a cuestionar la procedencia de ambas imputaciones formuladas en su contra. Sobre esta base, sostuvo que debido al elevado costo de la maquinaria adquirida —el cual ascendió a ciento diez mil euros—, acordó con el proveedor AVR BVBA un plan de tres pagos con intereses. Explicó que efectuó un primer depósito de treinta mil euros y luego otro de cuarenta mil euros más intereses, quedando pendiente la última cuota de cuarenta mil euros con sus respectivos accesorios. En continuidad con esta exposición, señaló que el Informe Técnico elaborado por el servicio aduanero identificó un egreso de cuarenta mil euros como “injustificado”. Sin embargo, el importe fue identificado por el actor como correspondiente a la segunda cuota pactada con el vendedor del exterior. Desde esta perspectiva, alegó que el Fisco carecía de certeza respecto del valor real de la maquinaria importada, toda vez que, dentro del propio Informe, se afirmó inicialmente que, para mercaderías similares, el precio declarado fue superior al valor de mercado, para luego sostenerse, en el párrafo siguiente, que no existieron discrepancias entre ambos valores. Bajo esta premisa, invocó la necesidad de privilegiar el principio de realidad económica por sobre el estricto formalismo adoptado por el servicio aduanero. En apoyo de su postura, citó doctrina y jurisprudencia y destacó que no se había causado lesión alguna al bien jurídico tutelado que justificara la imposición de una sanción. Por lo demás, alegó que tampoco existió un obrar doloso orientado a ingresar o egresar fondos del exterior mediante declaraciones divergentes respecto de las verificaciones practicadas por la aduana. En consecuencia, sostuvo que no se configuró el elemento objetivo de la infracción ni se acreditó la existencia de dolo como elemento subjetivo. A partir de estas consideraciones, solicitó la nulidad absoluta de la resolución impugnada por ausencia de motivación y de fundamentos que sustenten la conducta imputada. En subsidio, requirió la aplicación del principio de insignificancia. Finalmente, efectuó reserva del caso federal, ofreció prueba y pidió que se revoque la resolución apelada, con costas.
III. A fs. 40/44 vta. se presentó la representación fiscal y contestó el traslado conferido. En primer término, negó en forma genérica los hechos invocados por la actora y reseñó lo actuado en sede administrativa. En el marco de su exposición, rechazó el planteo de nulidad formulado por el recurrente, argumentando que se habían cumplido estrictamente los pasos previstos en la normativa procesal aduanera y que el acto impugnado reunía los requisitos esenciales establecidos por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549. En esta línea de razonamiento, indicó que, -tras consultar el sistema Discoverer para la posición arancelaria 8433.53.00.900U correspondiente al año 2008 y considerando el origen belga de la mercadería, su cantidad, nivel y prestigio comercial-, obtuvo antecedentes de mercaderías idénticas o similares cuyos precios promedio resultaban inferiores a los declarados en la destinación analizada. Destacó, además, que, al fiscalizar la destinación cuestionada, en el formulario OM 1993 SIM correspondiente al ítem 1 se advirtió que el actor declaró un importe en el campo “Ajuste a Incluir en Divisa” y que en “Opciones y Ventajas” seleccionó la opción general DECVALORADUOPC=NOFVAL, circunstancias que, a su juicio, evidenciaban la falta de presentación de la Declaración del Valor en Aduana. Bajo esta premisa, sostuvo que las conductas desplegadas encuadraban en los artículos 954 inciso c) y 994 inciso a) del Código Aduanero. Por lo demás, con sustento en jurisprudencia, rechazó la aplicación del principio de insignificancia, formuló la reserva del caso federal, ofreció prueba y solicitó el rechazo del recurso interpuesto por el actor, con costas.
IV. A fs. 82 se declara la causa como de puro derecho y se elevan las actuaciones a consideración de la Sala “G”, que pasa los autos a sentencia.
V. Ahondando en las circunstancias de la causa y conforme surge de las actuaciones administrativas, el 08/05/2008 el importador registró la destinación de importación para consumo N° 08037IC05000106M ante la Aduana de Mar del Plata, a la cual le fue asignado el canal de selectividad rojo. En lo que aquí interesa, la mercadería consistió en una cosechadora de papas de la marca AVR, modelo Bunker Spirit 8200, por un precio de € 110.000, clasificada en la posición arancelaria NCM 8433.53.00.900U. El vendedor de la mercadería fue la firma AVR BVBA de Bélgica. En el campo “Opciones y Ventajas” de la destinación se consignó la opción general DECVALORADUOPC = NOFVAL y, en la misma oportunidad, se declaró un “Ajuste a Incluir en Divisa” por € 1.736,62.
A partir de este punto, una revisión exhaustiva de las actuaciones administrativas permite centrar la atención en el Informe Técnico N° 62/11 (SE FIBB), de fecha 27/07/2011, que obra a fs. 2/7 del expediente administrativo, en el cual se abordaron las dos cuestiones que dieron lugar a imputaciones diferenciadas: por un lado, la supuesta declaración inexacta del valor en aduana; y, por otro, la omisión de presentar la declaración del valor configurativa de una infracción formal.
En efecto, el 11/08/2011 se instruyó sumario únicamente por la infracción prevista en el art. 954, apartado 1, inciso c) del Código Aduanero. La misma imputación se mantuvo al correrse la vista de todo lo actuado cuya contestación se produjo el 6 de octubre de 2011.
Seguidamente, se pusieron los autos a disposición del actor para que alegara sobre la prueba producida, sin que hiciera uso de tal derecho. A continuación, el Dictamen N° 031/2012, obrante a fs. 56/58 de las actuaciones administrativas, sostuvo que el administrador se encontraba habilitado para emitir un pronunciamiento condenatorio respecto de la infracción prevista en el art. 954 inciso c), pero hizo notar que no se había corrido vista por la infracción del art. 994 del Código, instando a que se subsanara dicha omisión.
En consecuencia, el 16 de abril de 2012 se amplió la corrida de vista, notificándose al actor dicho acto el 18 de abril de 2012. Este último, pese a haber sido debidamente notificado, no contestó la vista ni ejerció su derecho de defensa frente a la nueva imputación.
Así, con fundamento en el aludido Informe Técnico N° 62, el Administrador de la Aduana Mar del Plata dictó la Resolución N° 137/12 (AD MARD) de fecha 08/05/2012, mediante la cual condenó al actor por ambas infracciones, es decir, las previstas en los arts. 954 apartado 1 inciso c) y art. 994 inciso a) del Código Aduanero, ocasión en la que se determinó el monto de la multa en $ 196.544 (pesos ciento noventa y seis mil quinientos cuarenta y cuatro).
VI. Puesto a considerar todo lo antes expuesto, las actuaciones administrativas y el recurso traído en apelación ante este Tribunal, en primer término, corresponde tratar el planteo de nulidad efectuado por la actora conjuntamente con el fondo, por cuanto dicho planteo se relaciona directamente e incluso forma parte de la cuestión a resolver.
En esta línea de análisis, los agravios no tienen suficiente entidad para justificar una declaración de nulidad. Sucede que, en efecto, la determinación de la nulidad no puede aplicarse como una regla automática sustraída de las circunstancias del caso y sus implicancias. En ese sentido, cabe colegir que, si bien el recurrente arguye que el acto administrativo es carente de causa y motivación, frente a la naturaleza eminentemente reglada del acto discutido en la especie y toda vez que no se observa un desprecio por parte de la autoridad administrativa de la reconstrucción de los hechos y la invocación del derecho que sustentan su decisión, no cabe declarar la nulidad como manifiesta y así, reconocerla como de previo y especial pronunciamiento en los términos del art. 1149 del Código Aduanero. En consecuencia, corresponde rechazar el planteo del recurrente, ya que las supuestas deficiencias señaladas no le causaron indefensión ni perjuicio irreparable en esta instancia. En cuanto a las costas, aunque el agravio fue tratado previamente, es importante señalar que el recurrente no lo presentó como una excepción procesal independiente, sino como una defensa adicional contra el acto apelado, con el fin de obtener su revocación. Entonces, dado que no se generó una actividad procesal autónoma sobre este punto, no corresponde imponer costas al respecto.
De este modo, una vez delineado con precisión el escenario fáctico y el entramado argumentativo de las partes, el núcleo medular de la controversia radica en establecer si en autos concurren dos imputaciones de naturaleza y presupuestos distintos: por un lado, la infracción contemplada en el art. 954 apartado 1 inc. c), vinculada a una declaración inexacta con aptitud para producir un egreso al exterior distinto del debido; y por el otro, la infracción formal prevista en el art. 994 inc. a), derivada de la omisión en la presentación de la declaración de valor. En consecuencia, corresponde al Tribunal examinar si la autoridad administrativa motivó cada infracción sobre la base de hechos diferenciados y prueba idónea, y si la sanción impuesta respeta la autonomía de los tipos aplicados.
En este entendimiento, el análisis de fondo debe estructurarse en dos tramos claramente diferenciados: el primero, relativo al precio declarado y al pago efectuado; y el segundo, concerniente a la omisión en la presentación del formulario exigido por el Fisco.
VII. En el marco interpretativo propuesto, corresponde, en primer lugar, precisar que no se advierte que el servicio aduanero haya formulado objeciones respecto del precio de la transacción declarado en el despacho bajo análisis. Muy por el contrario. Conforme se desprende del Informe Técnico N° 62, la aduana obtuvo antecedentes de mercaderías similares originarias de Francia —país incluido en el Grupo 2, junto con Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Holanda, Italia, Japón y Portugal—. En esta línea argumental, el servicio aduanero no advirtió discrepancias en el precio de las operaciones analizadas. Por el contrario, constató que los precios declarados por el importador resultaron incluso superiores a los detectados en operaciones similares obtenidas por la propia autoridad aduanera. De ahí que fue opinión de la aduana que no existían motivos suficientes para descartar el precio documentado, aceptándose de este modo el valor de transacción como valor en aduana, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 del Acuerdo para la Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994.
En segundo término, y a mayor abundamiento, cabe destacar que —conforme surge de fs. 66 de las actuaciones administrativas—la imputación de la infracción por declaración inexacta, se circunscribió a ciertas circunstancias puntuales en torno del precio y el pago de la mercadería importada. En efecto, la factura N° 800321 emitida por AVR BVBA ascendía a un importe total de €110.000 y, según constancias bancarias, se habían registrado únicamente dos pagos por un total de €70.000 (uno de €40.000 y otro de €30.000), restando €40.000 para completar el precio facturado.
Sobre esta base fáctica, el servicio aduanero consideró que la diferencia por pagar de €40.000 evidenciaba un incumplimiento susceptible de encuadrarse en el art. 954 inc. c) del Código Aduanero, al entender que existía una divergencia entre lo declarado y lo efectivamente abonado.
En este contexto, corresponde recordar que, al contestar la vista notificada por la Aduana, el actor acompañó prueba tendiente a acreditar la veracidad de su declaración y el precio pactado. En particular, adjuntó el contrato celebrado con AVR BVBA el 12/12/2007, cuyo artículo décimo establecía expresamente un pago fraccionado en tres cuotas conforme surge del cuadro que sigue a continuación: Según contrato Forma de Pago Fecha efectiva de pago A través de T/T por Cuota 1: €30.000 adelantado luego de la firma Comprobante del 21/11/2008 del contrato Cuota 2: €40.000 (con Por T/T el 28 de febrero de Comprobante del 27/05/2010 intereses) 2009 Cuota 3: €40.000 (con Por T/T el 28 de febrero de _______________________ intereses) 2010 Al mismo tiempo acompañó capturas de pantalla y certificados bancarios que acreditaban los pagos diferidos de importaciones de bienes FOB (€30.000 en 2008 y €40.000 en 2010), incluyendo el certificado de validación conforme Comunicación “A” 3602 del Banco Central de la República Argentina, que coincidía con el saldo registrado como deuda externa en el expediente administrativo. Dicho pago de €40.000 fue imputado al parcial 2 del despacho de importación, con la misma fecha que consta en la documentación bancaria.
En definitiva, la secuencia probatoria presentada permite advertir que la infracción se fundó exclusivamente en la existencia de una cuota pendiente de pago sin que se haya controvertido el precio de transacción ni acreditado un perjuicio fiscal efectivo. Aun así, la Aduana avanzó con la imputación y posterior sanción en los términos del art. 954 inc. c) del Código Aduanero.
VIII. Sentado lo anterior, corresponde determinar si en el presente caso se ha configurado la infracción prevista en el artículo 954 inciso c) del Código Aduanero con relación a la mercadería involucrada. En este orden de ideas, resulta necesario remitirse al texto de la norma, que en su parte pertinente dispone: “El que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir: ...c) el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere, será sancionado con una multa de una a cinco veces el importe de la diferencia”.
A partir de esta redacción, se advierte que la infracción requiere la existencia de una declaración inexacta que, de no ser advertida, provoque o pueda provocar un egreso o ingreso diferente al que corresponda según la realidad económica de la operación. Bajo esta premisa, la jurisprudencia ha señalado que el bien jurídico protegido por esta figura es la veracidad y exactitud de la declaración aduanera, por ser el punto de partida del sistema de despacho en confianza que caracteriza al comercio exterior.
En este orden de ideas, debe resaltarse que el punto central del análisis radica en que la aduana aprobó expresamente el precio declarado sin formular observaciones sobre su razonabilidad. Así las cosas, el precio de la transacción fue validado conforme al método del artículo 1 del Acuerdo para la Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994, luego de comprobar que los antecedentes de operaciones similares no evidenciaban diferencias sustanciales. En tales condiciones, la decisión del importador de efectuar un pago parcial o diferido responde a una cuestión de naturaleza comercial y no a una divergencia declarativa susceptible de generar efectos en materia aduanera.
A mayor abundamiento, la Exposición de Motivos del Código Aduanero y la doctrina clásica destacan que figuras como el artículo 954 buscan garantizar los “principios básicos de verosimilitud y exactitud” en las declaraciones aduaneras, poniendo énfasis en el resultado objetivo de declarar datos veraces. Y esto fue, precisamente, lo que ocurrió en autos, por cuanto no existió divergencia entre el precio declarado y el verificado por el servicio aduanero.
En cuanto al alcance de la disposición bajo examen, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado reiteradamente que el artículo 954 da prioridad a la veracidad y exactitud de la declaración, con prescindencia de otra actividad ulterior del declarante —salvo los supuestos previstos en la propia ley— o del control que pueda efectuar el servicio aduanero. Tal afirmación se apoya en la idea de que en la confiabilidad de lo declarado mediante la correspondiente documentación reposa todo un sistema destinado a preservar la transparencia del comercio exterior y a impedir maniobras que pudieran desnaturalizarlo o pervertirlo (Fallos: 315:942).
En efecto, el artículo 954 del C.A., custodio celoso de la buena fe que debe gobernar el comercio internacional, castiga la infracción por declaración inexacta cuando se manifieste ante el servicio aduanero una realidad diferente a la efectivamente constatada, siempre que tal discrepancia, inadvertida, pudiera provocar perjuicios fiscales, transgresiones a prohibiciones o modificaciones indebidas en los movimientos de divisas. Esta figura, que subyace en la confianza del Estado sobre la sinceridad del declarante, ha sido resaltada por copiosa jurisprudencia al enfatizar que la veracidad y exactitud de las declaraciones son esenciales y prevalentes, independientemente de cualquier acción posterior del declarante o de los controles administrativos. Es por ello que toda divergencia significativa entre la manifestación efectuada por el operador de comercio exterior y la realidad objetiva constatada configura a priori una declaración inexacta extendiéndose dicha divergencia a elementos como el régimen aduanero aplicable, los tributos correspondientes, el origen, la clasificación arancelaria y el valor declarado, entre otros aspectos fundamentales. Ciertamente, para la tarea crucial de verificar y probar tales inexactitudes, el servicio aduanero dispone de amplias facultades investigativas respaldadas por el principio rector de la libertad probatoria, que permite recurrir a todos aquellos elementos útiles y relevantes para alcanzar la verdad material, siempre que no exista prohibición expresa.
En concordancia con esta doctrina, esta Sala ha sostenido en precedentes recientes —entre ellos, “Pescamarina S.R.L. c/ Dirección General de Aduanas” (Expte. Nº 34.323-A) y “Ocampo, Diego René c/ D.G.A. s/ Recurso de Apelación” (Expte. Nº 32.967-A)— que no toda operación aduanera con incidencia en el mercado de divisas configura la infracción del artículo 954 apartado 1 inciso c), sino únicamente aquellas en las que haya mediado una inexactitud en la declaración aduanera.
Desde esta perspectiva, el hecho de que el comprador no hubiera cancelado la totalidad del precio al momento del control efectuado por la aduana no implica que la declaración sea inexacta. La configuración de la infracción exige, por un lado, una declaración que difiera de lo resultante de la comprobación y, por el otro, la posibilidad de que dicha diferencia produzca un egreso distinto del que efectivamente corresponda. Si la aduana aceptó el precio y determinó que se ajustaba a los valores de mercado, no existe posibilidad alguna de que se verifique un egreso mayor o menor que el declarado. Por tanto, los elementos objetivos del tipo no se encuentran presentes.
Por otra parte, cabe recordar que el contrato celebrado con AVR BVBA el 12/12/2007 —en su cláusula décima— contempló que los pagos serían cancelados en tres cuotas. En consecuencia, en este caso la diferencia que el servicio aduanero endilgó al importador responde únicamente al incumplimiento contractual en el pago de la última cuota pactada con el proveedor extranjero y no a una declaración inexacta. Por lo expuesto la conducta del importador carece de relevancia aduanera, en tanto el eventual incumplimiento no altera el contenido ni la veracidad de la declaración presentada ante la Aduana. Bajo este prisma, la falta de pago de la última cuota del precio convenido no genera un perjuicio fiscal ni una alteración en los flujos de divisas que pudiera subsumirse en el tipo infraccional. Antes bien, se trata de una cuestión de naturaleza contractual que excede el ámbito del derecho aduanero.
En tales supuestos —esto es, cuando no se verifica una divergencia declarativa que pueda configurar la infracción prevista en el artículo 954 inciso c)— la situación escapa del ámbito sancionatorio aduanero y se enmarca, en todo caso, en la órbita estrictamente cambiaria.
Asimismo, si el importador incumple con la obligación de pago asumida contractualmente, las eventuales consecuencias patrimoniales derivadas de ese incumplimiento deberán canalizarse a través de los mecanismos contractuales, legales o judiciales que correspondan en el marco de la relación de derecho privado entre comprador y vendedor, conforme a lo pactado por las partes o a las normas sustantivas aplicables.
De este modo, se delimita con claridad que, en el marco de las circunstancias de autos, el eventual incumplimiento de obligaciones comerciales no tiene relevancia infraccional en sede aduanera, quedando su tratamiento circunscripto a otras ramas del ordenamiento jurídico —cambiaria, civil y comercial— sin que pueda derivarse de ello responsabilidad en los términos del artículo 954 inciso c) del Código Aduanero.
En este contexto, la interpretación armónica del artículo 954, en consonancia con la doctrina jurisprudencial citada, conduce a concluir que la conducta imputada no reúne los elementos objetivos ni subjetivos de la figura. La Aduana validó el precio, no observó su razonabilidad y no constató diferencias materiales entre lo declarado y lo verificado. En consecuencia, la conducta atribuida al importador carece de la potencialidad exigida para producir un egreso distinto del declarado.
En definitiva, el artículo 954 no sanciona automatismos ni penaliza el incumplimiento de obligaciones comerciales privadas, sino aquellas conductas que falsean la verdad declarativa sobre la cual se asienta el sistema de control aduanero. Si el servicio aduanero verificó la operación, aprobó el precio y no detectó inconsistencias, el presupuesto fáctico del tipo se encuentra ausente. Por lo tanto, la absolución del imputado se presenta como la solución jurídicamente procedente.
IX. Siguiendo con la cuestión relativa a la infracción formal imputada en relación a la falta de presentación del Formulario OM 1993/1-A, la Aduana sostuvo que el importador no acompañó dicha declaración y, con fundamento en ello, aplicó la sanción prevista en el art. 994 inc. a) del Código Aduanero. Ahora bien, incluso si se admitiera a los efectos del análisis que el formulario no fue presentado en tiempo y forma, corresponde precisar que la conducta imputada no se adecua a la figura legal invocada. En ese sentido, el art. 994 inc. a) sanciona la suministración de datos falsos o inexactos al servicio aduanero, no la mera omisión instrumental de un formulario. De ahí que extender la figura a un supuesto no contemplado importaría una analogía prohibida en materia sancionatoria y vulneraría el principio de tipicidad estricta (art. 898 C.A.).
Con todo, aun si —en hipótesis más gravosa— se sostuviera que el art. 994 puede alcanzar omisiones formales, tampoco se verifica lesividad alguna que justifique sanción. En este tramo del análisis, corresponde destacar que el único ajuste declarado (€ 1.736,62 por gastos de carga) consta íntegramente en la documentación complementaria del sobre de la destinación y fue reflejado en el SIM mediante el campo “Ajuste a Incluir en Divisa”. Por consiguiente, no existió falseamiento ni se obstaculizó el control aduanero, lo que desactiva el presupuesto de afectación al bien jurídico protegido (veracidad y confiabilidad de la información).
Así las cosas, la primacía de la verdad material y los principios de razonabilidad y proporcionalidad impiden erigir en infracción una irregularidad meramente instrumental carente de impacto real en el control. En consecuencia, aun bajo la hipótesis de una omisión formal, la sanción deviene improcedente. Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Revocar la Resolución AD MARD N° 137/2012, dictada en la Actuación SIGEA N° 12603-146-2010.
2. Costas a la vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial al Voto que antecede.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Licht.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE RESUELVE:
1. Revocar la Resolución AD MARD N° 137/2012, dictada en la Actuación SIGEA N° 12603-146-2010.
2. Costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2026.03.26 14:25:53 ART Date: 2026.03.27 09:23:18 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.03.30 13:23:13 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.03.30 13:24:02 -03:00
Fin de la sentencia