Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa G-2352/19-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 449/459 vta. y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 465/466.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: G-2352/19-TSJ Interlocutorio N°: 3564 Actor: GARCIA MARIA ANDREA Demandada: SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO (S.P.S.E.)
Objeto: DAÑOS Y PERJUICIOS Fecha: 29-06-2020 Texto: TOMO XXXI -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3564 FOLIO Nº 6156/6161 PROT. ELECT. TSS1 020 I.201
Río Gallegos, 29 de junio de 2020.-
Los presentes autos caratulados: “GARCIA MARIA AN- DREA c/ SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO (S.P.S.E.) s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. Nº G-5718/08 (G-2352/19-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso de casación articulado por la parte demandada, por intermedio de sus letrados apoderados Dres. Marisa N. Rojas y Pablo D. Borgialli (cfr. fs. 449/459 vta.), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 402/422 vta., que confirmó el pronunciamiento de Primera Instancia. Éste último hizo lugar parcialmente a la demanda incoada y condenó a la accionada a abonar en concepto de daños y perjuicios la suma de pesos noventa y cinco mil ochocientos noventa y siete ($95.897,00), con más los intereses fijados (cfr. fs. 324/351 vta.).- La recurrente funda su recurso en los términos del artículo 3º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, acusando errónea aplicación de la ley y de la doctrina legal (cfr. foja 449).-
II. En el presente caso se debate la responsabilidad endilgada por la Sra. María Andrea García en contra de Servicios Públicos Sociedad del Estado (S.P.S.E.), con motivo del desborde e inundación de aguas cloacales sufridos en el local comercial de su propiedad el 20 de febrero de 2007.-
La magistrada de origen, juzgando la contienda a la luz de las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley de Defensa del Consumidor en su actual redacción, consideró probada la responsabilidad exclusiva de la demandada en la producción del hecho dañoso derivado del mal funcionamiento de la red cloacal y de la omisión de deberes que le eran propios. Por lo tanto, entendió que se había lesionado el derecho de la usuaria a la continuidad, regularidad y calidad del servicio que se le debía suministrar. Como corolario de ello, fijó una indemniza- ción global de pesos noventa y cinco mil ochocientos noventa y siete ($95.897,00), por los daños material y moral padecidos, con más los intereses que le adicionó a dicha suma.- Apelada esta decisión por la demandada, la Excma. Cámara de Apelaciones la rechazó confirmando la sentencia de Primera Instancia.-
Para arribar a esa decisión, sostuvo en primer término que el caso debe juzgarse en lo que hace a la responsabilidad y el daño a la luz del Código Civil de Vélez y la legislación vigente al momento del hecho (cfr. foja 437).-
Entendió que al no estar publicado el Reglamento del Usuario del Servicio de Saneamiento (aprobado por Resolución Nº 248/SP/1998) y al no haber sido comunicado a la interesada a fin de que pueda ser considerado como parte integrante del “contrato” (sui generis) de prestación de servicio público que existe entre las partes, su contenido no puede ser tenido como obligatorio para la usuaria del mismo (cfr. foja 438 vta.).-
Afirmó que la prestadora de servicios públicos asume ante el usuario una obligación de resultado, en consecuencia la responsabilidad es objetiva y sólo puede exonerarse de responder por el daño causado interrumpiendo el nexo causal (cfr. foja 439). Puntualizó que la responsabilidad de la prestataria del servicio no nace sólo de la propiedad de las instalaciones por medio de los cuales lo presta; sino que es propia de su actividad y cometido, es decir, de la obligación de supervi- sión que resulta inherente a esa actividad y que le exige ejercer una razonable vigilan- cia de las condiciones en que el servicio se proporciona, para evitar consecuencias dañosas (cfr. fs. 439 y vta.).- Expuso que la relación que une al usuario con el prestador no es contractual, sino que es una relación regulada por el Estado de la que las partes no pueden sustraerse o modificar y, por lo tanto, los usuarios tienen derecho a la seguri- dad (cfr. foja 440).-
Dentro de este marco de ideas, tuvo por cierto que se produjo (aguas arriba) un taponamiento de la red cloacal (que también era utilizada como red pluvial) por falta de mantenimiento preventivo de la misma, haciendo presión sobre las instalaciones sanitarias del local de la actora, provocando el desborde dentro del comercio mencionado (cfr. foja 446 vta.).-
Por tal motivo, concluyó que a S.P.S.E. le cabe una respon- sabilidad objetiva por el cumplimiento defectuoso del servicio público al que se ha obligado y que no ha probado de modo fehaciente la culpa de la usuaria (cfr. fs. 446 vta./447).-
III. Contra este pronunciamiento, la demandada interpone recurso de casación, arguyendo errónea aplicación de la ley, de la doctrina legal y arbitrariedad.-
Cuestiona el marco jurídico empleado por la Excma. Cámara de Apelaciones. En tal sentido, aduce que “…si bien V.E. en la foja 18 del fallo expresa que le asiste la razón a nuestra representada en cuanto a la errónea aplicación del nuevo CC y C y la nueva redacción de la ley de defensa al consumidor (LDC) por parte de la magistrada de primera instancia, seguidamente aplica -correctamente- las normas del Código de Vélez, pero no hace lo propio con la ley de defensa al consu- midor, aplicando la nueva redacción de la ley.” (cfr. foja 450 vta.) y que “…se debió aplicar la normativa vigente al tiempo del hecho -pero en su totalidad-, vale decir las normas del viejo Código Civil y las normas de la LDC (anteriores a la reforma introducida por la ley 26.361).” (cfr. foja 451). Aduna a ello que “La aplicación de esta redacción…hubiera cambiado sustancialmente la interpretación del caso y el posterior resultado del fallo, puesto que la relación con el usuario reclamante se regía por el viejo artículo 25º) sstes y cctes (sic) de la ley 24.240…” (cfr. foja 451 vta.). Consecuentemente, afirma que “…-previo a la reforma- se aplicaba la normativa de la empresa, esto es: el Reglamento del usuario del Servicio de Saneamiento (Resolución N° 248/SP/98), y luego supletoriamente la LDC…” (cfr. foja cit.).- Critica el acto sentencial en crisis por cuanto considera que exhibe diferencias entre lo expuesto en los considerandos y la parte dispositiva del fallo. Destaca que al analizar la ley aplicable, la Excma. Cámara de Apelaciones entendió que le asistía razón a su parte y “…si esto es así…en el fallo debiera haberse rechazado parcialmente el recurso de apelación interpuesto por nuestra instituyente, y no totalmente como dice en la parte dispositiva…” (cfr. foja 453).-
Asevera que: “Más allá que corresponde a los jueces de grado valorar la prueba, esta facultad puede ceder frente a la arbitrariedad.” y que: “En nuestro caso no se valoró la prueba testimonial del Señor David Álvarez, cuando dice: ‘Las instalaciones se encuentran con un importante desnivel -en menos- en relación a la calzada y en consecuencia a la red colectora cloacal, favoreciendo así, el eventual ingreso de líquidos desde la red…” (cfr. foja 454). Agrega que “Tampoco se valoró rigurosamente la prueba pericial realizada, a pesar de que nuestra parte se había opuesto a su nombramiento en autos, pues entendíamos que se necesitaba la opinión de un ingeniero experto en la materia, lo que en definitiva no ocurrió…” (cfr. foja 454 vta.).- Manifiesta que “…llama la atención la decisión de V.E. (y que agravia a nuestra parte), de atribuir la totalidad de la responsabilidad de S.P.S.E., cuando en un acápite da por cierto que al momento de los hechos la red cloacal era utilizada a su vez como desagüe cloacal (sic), esto último completamente fuera de la órbita de competencia de nuestro mandante.” (cfr. foja 455 vta.). En el mismo sen- tido, señala que “…en los presentes autos recayó la totalidad de la responsabilidad en nuestro poderdante, sin valorar siquiera las inadecuadas instalaciones de la actora que contribuyeron en gran medida a que ocurran los hechos objeto de su reclamo. Tampoco se tuvo en cuenta los factores que abonaron la situación tales como la ba- sura arrastrada por las lluvias y el agua del deshielo (aquella generada eviden- temente por los propios vecinos), y la ausencia de desagües pluviales. Factores ajenos que ni remotamente pertenecen a la órbita de competencia de S.P.S.E.” (cfr. foja 456 vta.).- Por último, alega la violación de la doctrinal legal fijada por este Tribunal Superior de Justicia, haciendo alusión a los pronunciamientos emitidos en las causas “ Beroiza” y “B., M.N. c/ Consejo Provincial de Educación s/ Acción de Amparo” (cfr. fs. 457/458 vta.).-
A fs. 465/466 la Excma. Cámara de Apelaciones declara for- malmente admisible el recurso de casación interpuesto por la demandada.-
A foja 472 pasan los presentes al Acuerdo.-
IV. Sentado ello se debe, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de verificar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
Para realizar esta tarea no debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido inveteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya caren- cia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio.-
Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que la recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motiva- ciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta.-
V. A la luz de estas premisas, resulta dable anticipar que la pieza recursiva de fs. 449/459 vta. no satisface mínimamente los recaudos reseñados, lo que conduce indefectiblemente a declarar su inadmisibilidad.-
De modo liminar, se impone la necesidad de advertir que el escrito portador de la impugnación no se autoabastece, lo que implica que su sola lectura no es suficiente para la comprensión integral del caso sometido a juzgamiento. La recurrente no destina acápite alguno que tenga por objeto reseñar -siquiera someramente- los antecedentes del proceso (v.gr. descripción de los libelos postula- torios del proceso y de la sentencia de Primera Instancia).-
No obstante, esta carencia no autoriza por si sola la inhabilita- ción del andarivel de marras. Ante un déficit de análogo tenor este cimero Tribunal ha sostenido: “Como reflexión previa, y sin que ello obste al análisis posterior que se hace del caso, se debe recordar que como todo escrito recursivo, pero aún más en un recurso extraordinario como el que nos ocupa, el de interposición de un recurso de casación debe bastarse a sí mismo, y ello pone a cargo del interesado, no sólo la invocación y acreditación de los agravios que se pretenden configurados, sino tam- bién una breve descripción de los avatares seguidos por el expediente. (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo XXIII, Interlocutorio, Reg. 2843, Folio 4465/4468). Este último requisito no ha sido siquiera bosquejado en el escrito cuyo análisis nos ocupa, no obstante ello se analizarán las cuestiones planteadas” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIV, Reg. 2914, Folio 4638/4641). Por lo tanto, una solución semejante debe adoptarse en el sub judice, lo que obliga a ahondar en el examen formal de los agravios formulados por la recurrente.-
VI. En su agravio inaugural, la recurrente cuestiona la sub- sunción jurídica realizada por la Excma. Cámara de Apelaciones. Esgrime en punto a ello que el Tribunal de Alzada aplicó al supuesto de hecho juzgado la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, con sus modificatorias, cuando debió aplicar el texto ori- ginal (vigente a la época del evento dañoso), es decir, sin las modificaciones introducidas por la Ley Nº 26.361. En su opinión, ello habría conducido a un resulta- do distinto en el pleito, puesto que -a tenor de lo prescripto por el art. 25, en su redacción originaria- hubiera resultado de aplicación preeminente el Reglamento del Usuario del Servicio de Saneamiento (cfr. fs. 450 vta./453).- Ante este discurrir argumental vale recordar que: “…la primera tarea que debe emprender el recurrente cuando se propone emplear esta vía extraordinaria, es la recta interpretación del pronunciamiento que se dispone a im- pugnar; si defecciona en esta labor, es decir, si desinterpreta el fallo, dirigiendo la crí- tica a premisas o conclusiones que no constituyen la verdadera motivación de la sentencia, el recurso será insuficiente.” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3392, Folio 5690/5693).-
El Tribunal de mérito desarrolla un extenso y meticuloso exa- men sobre la eficacia temporal de las normas jurídicas involucradas en la contienda. Entre otras cuestiones, expone que: “A los casos de daños producidos durante la vigencia del Código Civil derogado, se les aplica el mismo (y la legislación especial, en su caso) en todo lo que refiere a elementos o hechos constitutivos de la relación jurídica indemnizatoria y a sus consecuencias agotadas o consumidas.” (cfr. foja 409 vta.). Y en lo que refiere concretamente al régimen de consumidores, postula que: “La protección que para el consumidor diseña la ley N° 24.240 y que el C.C. y C.N. refuerza…No autorizan el extremo de pasar por encima de las reglas de aplicación temporal de la ley previstas en el art. 7º…” (cfr. foja 410) y que: “Sobre el particular caso que nos ocupa, se ha sostenido: ‘una tesitura …que pretendiese aplicar el nuevo Código Civil y Comercial a hechos constitutivos o a consecuencias agotadas de la relación jurídica indemnizatoria captada por el derecho del consumo, se apoyaría en dos posibles errores: (i) malentender el significado de ‘aplicación inmediata’, como si ello fuera sinónimo de ‘ahora’, ‘ya’, ‘apenas entrada la ley en vigencia’, sin advertirse la mayor complejidad del asunto…y (ii) creer que el principio de aplicación de la norma más favorable al consumidor…llega al colmo de barrer de plano las reglas emergentes del art. 7° Código Civil y Comercial y permitir así la aplicación retroactiva de una nueva norma…’” (cfr. foja 410 vta.). De este modo, concluye que “…debe analizarse el caso en lo que hace a la responsabilidad y al daño a la luz de la normativa aplicable (Código Civil de Vélez y legislación vigente al momento del hecho)…” (cfr. foja 411).- Sobre este piso de marcha, sostuvo que: “…la legislación específica de los servicios públicos domiciliarios debe armonizarse con la ley de protección al consumidor N° 24.240…” (cfr. foja 412 vta.), lo que la lleva a entender que “…estamos ante una modalidad de responsabilidad por riesgo creado, voluntaria- mente asumida por el prestador, cuyas consecuencias dañosas le deben ser obje- tivamente atribuidas.” (cfr. foja 415).-
Frente a ello, la recurrente postula que el cuerpo jurisdiccional de Alzada “…primero dice que se debe aplicar la legislación al tiempo del hecho, y luego aplica el articulo (sic) 4° ‘con sus modificatorias’, cuando debió aplicar el texto original (vigente al 2007), por lo que la propia sentencia contradice sus postulados.” (cfr. foja 451).-
Sin embargo, este embate resulta inaudible en tanto parte de la base de un presunto criterio del juzgador que en realidad no fue expresado por éste. En efecto, al esquematizar las posturas asumidas por los litigantes la Excma. Cámara de Apelaciones se limitó a indicar que: “Al contestar el traslado, la actora argumentó -en relación al reglamento de servicio acompañado- que no resulta aplicable porque no le había sido notificado al conectar el servicio y no fue publicado en el Boletín Oficial, por lo tanto contraviene la normativa de la L.D.C. (art. 4 y sus modifica- torias).” (cfr. foja 411), sin que pueda inferirse válidamente a partir de esta transcrip- ción que haya adoptado como propio el enfoque legal propiciado por la actora.
Más aún, se advierte que la cita de la normativa de defensa de los consumidores llevada a cabo por el Tribunal de mérito se ajusta a su redacción originaria (v. foja 413 y vta.).- Por otra parte, debe tenerse en cuenta que: “El éxito del recurso exige la demostración del error jurídico que se le atribuye a la sentencia […] Así los argumentos de la impugnación deben dirigirse directa y concretamente en contra de los preceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia. Tiene que replicarse en forma completa o adecuada a las motivaciones esenciales que el pronunciamiento cuestionado contiene, porque, de otra forma, aquellas permanecen firmes e impiden su revisión…” (cfr.
TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVII, Reg. 3169, Folio 5208/5212).- En este punto conviene subrayar que el libelo recursivo bajo análisis carece de un crítica integral, en tanto no ensaya embate alguno sobre los argumentos centrales desplegados en el decisorio de grado. Así, es notorio como sobre diversos puntos de la motivación expuesta por la sentencia no recayó ataque alguno. Entre otras cuestiones, el Tribunal de Alzada resaltó que como derivación del principio republicano, las normas (v.gr. un reglamento) para ser cumplidas deben ser conocidas o -por lo menos- estar en condiciones de ser conocidas mediante su publi- cación oficial (v. foja 412 vta.); también refirió que la prestadora de servicios públicos asume ante el usuario una obligación de resultado y que la responsabilidad de la prestataria del servicio no nace sólo de la propiedad de las instalaciones por medio de los cuales lo presta; sino que es propia de su actividad y cometido, es decir, de la obligación de supervisión que resulta inherente a esa actividad y que le exige una razonable vigilancia de las condiciones en que el servicio se proporciona (v. foja 413 y vta.).
Sobre estos puntos, la recurrente omitió allegar cuestionamientos con-cretos que patenticen yerro alguno.-
VII. Tampoco son de recibo las argumentaciones vertidas en el planteo recursivo relativas a una presunta infracción al principio de congruencia, como corolario de una supuesta discrepancia exhibida entre los considerandos y la parte dispositiva del fallo (cfr. fs. 453/454). En este punto, el recurso se exhibe insuficiente porque la casacionista no ha logrado demostrar un error grave, palmario o manifiesto en el juicio o raciocinio de la Excma. Cámara de Apelaciones o una inconsistencia severa que patentice un grosero desvío lógico que, a la postre, conduzca a decisiones irreconciliables entre el hilo conductor exhibido en la motiva- ción del acto sentencial y la parte resolutiva del mismo.- VIII¬.- Igualmente surge evidente el ayuno de fundamentación recursiva, por cuanto los planteos formulados a fs. 454/457 tienen como núcleo fun- damental cuestionar la valoración de las pruebas llevada a cabo por el órgano juris- diccional de Alzada; es decir, remiten directamente a circunstancias de hecho y prue- ba, las que configuran cuestiones privativas de los jueces de grado, salvo la invoca- ción y demostración de absurdo. En efecto, bajo el ropaje de una pretendida errónea aplicación de la ley, la casacionista procura incursionar en cuestiones de orden probatorio y reeditar los agravios propuestos a la instancia anterior, sin refutar todas y cada una de las razones desplegadas en el pronunciamiento impugnado.- En esta senda este Tribunal Superior de Justicia ha sostenido que: “…de la atenta lectura del instrumento recursivo surge que la principal embestida a la construcción lógica de la sentencia en crisis gira en torno a un cuestionamiento pertinaz por parte de la recurrente de la valoración de hechos y pruebas de la causa (inexistencia de responsabilidad de Servicios Públicos S.E., violación de las reglas relativas a la valoración de las pruebas…) materia, a todas luces, improcedente en esta instancia extraordinaria, con las salvedades propias de la materia, en orden al absurdo o a la arbitrariedad.” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXV, Reg. 3068, Folio 4990/4993).- En el sub lite la casacionista formula endebles críticas aponto- cadas en argumentos fácticos que resultan, en principio, ajenos al ámbito de cogni- ción en esta instancia extraordinaria.-
Entre otros tópicos, la recurrente pretende refutar las aprecia- ciones de la Excma. Cámara de Apelaciones relativas al testimonio del Sr. David Álvarez y la prueba pericial producida en autos. Afirma que la primera no fue valora- da, mientras que la segunda se ponderó sin rigurosidad, por cuanto necesitaba la opinión de un ingeniero experto en la materia, lo que en definitiva no ocurrió (cfr. fs. 454 y vta.).-
No obstante, el fallo impugnado efectuó un pormenorizado es- crutinio de las circunstancias que originaron el evento dañoso. En tal sentido, cabe destacar que el Tribunal de mérito valoró el informe suscripto por el Sr. Álvarez que oportunamente elaboró en su calidad de gerente del distrito de Río Turbio así como el testimonio que brindó en sede judicial (cfr. fs. 418 y vta.). También dedicó un acápite especialmente dirigido a refutar las críticas ensayadas por S.P.S.E. respecto a la prueba pericial, en el que señaló -entre otras cosas- que: “…ninguna de las críticas planteadas al respecto resultan atendibles en esta instancia, si la parte ha dejado perimir las oportunidades procesales para plantearlas en el trámite de grado y ni siquiera…propuso un consultor técnico de parte para que este pudiera dar su informe paralelo si no estuviera de acuerdo con las conclusiones del perito oficial.” (cfr. foja 420 vta.).- Siguiendo la misma línea argumental, la casacionista también alega que no se valoró las inadecuadas instalaciones de la actora ni tampoco los fac- tores que abonaron la situación suscitada (v.gr. la basura arrastrada por las lluvias, el agua del deshielo y la ausencia de desagües pluviales) (cfr. fs. 455 vta. y 456 vta.).-
Este Alto Cuerpo ha señalado que: “…‘el análisis de las circunstancias y de las pruebas que llevan a establecer la responsabilidad ante un siniestro, como determinar la relación de causalidad entre éste y el daño, o establecer en su caso la culpa de la víctima, conforman -como quiera que se trata de un estudio fáctico- típicas cuestiones de hecho extrañas a la competencia de esta Corte a menos que a su respecto concurra la denuncia y consecuente demostración de absurdo. Vicio que no queda acreditado con las objeciones vinculadas a la evaluación del material probatorio e infracción a la normativa aplicada referida a la responsabilidad o con la propia opinión discrepante sobre tales tópicos, actitud que, no resulta base idónea de agravios ni configura absurdo que dé lugar al recurso extraordinario’…” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXV, Reg. 3062, Folio 4973/4976).- Sólo el error palmario y fundamental autoriza la apertura de la casación para el examen de cuestiones de hecho. Ello, por cuanto se pretende impugnar las conclusiones emitidas respecto de cuestiones fácticas de la litis, respon- sabilidad de la demandada y valoración de la prueba, presentando su propia versión sobre las mismas sin que se realice un juicio crítico de los razonamientos desarrolla- dos y la demostración de un error grave, trascendental y fundamentado (cfr. TSJ San- ta Cruz, Interlocutorio, Tomo XI, Reg. 1496, Folio 2093/2095, entre otros).-
Es así que la denuncia de arbitrariedad enunciada a foja 454 no encuentra sustento que habilite la apertura de la instancia extraordinaria.-
IX. Idéntica suerte adversa debe correr el agravio vinculado con la supuesta infracción a la doctrina legal fijada por este Tribunal Superior de Justicia (cfr. fs. 457/458 vta.).-
Deviene ineludible señalar que este Alto Cuerpo ha sostenido que: “Para que resulte de aplicación la doctrina legal que se alegue, no sólo debe tratarse de casos idénticos…‘... no siendo suficiente -como ha dicho el Supremo Tribunal Español- la simple analogía, pues como es obvio si las situaciones de hecho son diferentes el precedente no es de aplicación. El valor persuasivo de la juris- prudencia ha de fundarse en lo que el Tribunal hizo y en las razones decisivas por las que lo hizo, para demostrar que la misma razón que antes fue decisiva ha de serlo también en el litigio pendiente de solución...’ (confr. Hitters, Juan Carlos, ‘Técnica de los Recursos Extraordinarios y Casación’, ed. 1984, p. 250...’ (confr. Tomo IV -In terlocutorio-, Reg. 424, Folio 705/708), esto es, ‘... ha de haber identidad entre la situación fáctica y jurídica del juicio antecedente que se invoca como sostenedor de la doctrina y la del que se pretende hacer valer...’ (cfr. STJ Chubut, 28-5-90, ‘Delgado Uribe, Florentino c. Empresa Tapko S.A.M.S.I.C. s. Despido’, Causa A-58), y en su caso, ‘...la demostración de su vinculación con el problema a resolver...’ (confr. CNCiv., Sala E, agosto 27-980, L.L. 1981 -A 564)…” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3161, Folio 5187/5192).- Teniendo presente lo antedicho, se constata que los fallos ci- tados por la recurrente no refieren al tema basal en autos y sí a cuestiones de índole puramente generales y dogmáticas, vinculadas con el principio de congruencia; punto sobre el cual -tal como se dijo anteriormente- la casacionista no logró evidenciar ningún error grave, palmario o manifiesto.-
X. Como corolario, se debe concluir que las críticas de la recurrente sólo traducen diferencias de criterio con el Tribunal de Alzada y no resultan suficientes para ingresar al análisis de las consideraciones expuestas en el pronunciamiento impugnado, en especial frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta. Máxime cuando la interpretación sustentada por la Excma. Cámara de Apelaciones resulta suficientemente motivada, lo que avienta la posibilidad de su descalificación como acto jurisdiccional válido. En esta inteligencia, este Tribunal Superior de Justicia ha sostenido que: “…no promueve una cuestión para ser tratada en casación el recurso que sólo trasunta una opinión diversa a la sostenida en las instancias de grado, insuficiente, por ende, para demostrar que ésta conduzca a un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso o adolezca de una decisiva carencia de fundamentación (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVII, Reg. 3194, Folio 5253/5255, entre otros). En estos casos la cuestión no puede sino fenecer en los Tribunales ordinarios, no siendo este Tribunal Superior de Justicia una nueva y tercera instancia para revalorizar y juzgar respecto de dichas cuestiones, salvo que se denuncie y demuestre la existencia de absurdo; violación de la ley o de la doctrina legal; y/o quebrantamiento de forma…” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVIII, Reg. 3344, Folio 5580/5584), circunstancias éstas que no se avizoran en la presente causa.-
XI. Que en virtud de lo expuesto, el recurso de casación articulado por la parte demandada a fs. 449/459 vta. no ha logrado habilitar la pre- sente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 465/466, de conformidad con lo establecido por el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 449/459 vta. y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 465/466.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente- Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: PROT. ELECT. TSS1020I.201 Tomo: XXXI Interlocutorio: 3564 Folio N°: 6156/6161 Secretaría: 1
Fin de la sentencia