Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 178.696
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Desestimar el recurso de apelación interpuesto el 12-9-2023 por los Sres. Meis (arts. 242, 246, 270 y conc. del CPCC; 32, 36, 43, 45, 46, 49 y conc. LCQ).
II. Imponer las costas en el orden causado (art. 69 del CPCC).
III. Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
EXPEDIENTE N° 178.696. JUZGADO N° 9.
En la ciudad de Mar del Plata reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "GARCÍA, MARÍA FERNANDA S/ QUIEBRA", habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau. El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S 1ra.) ¿Es justa la resolución de fecha 1-9-2023?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. En la decisión atacada el juez hizo lugar al recurso de reposición interpuesto por la fallida, dejó sin efecto el decreto de quiebra del 4-8-2023, retrotrajo las cosas al estado procesal anterior a su dictado e hizo saber la existencia de acuerdo en los términos del art. 49 LCQ a los efectos previstos en el art. 50 LCQ.
II. Los acreedores Carlos y Sergio Meis apelaron el 12-9-2023 y presentaron el memorial el 25-9-2023. La réplica del concursado tuvo lugar el 7-10-2023.
Alegaron, en líneas generales, que el art. 90 LCQ en modo alguno autorizaba la conversión del proceso falencial por frustración del acuerdo en concurso preventivo, por lo que correspondía revocar la decisión impugnada y denegar a la fallida el pedido de conversión por tratarse de un supuesto de quiebra indirecta ante la falta de presentación oportuna de la propuesta de acuerdo, de conformidad con el art. 43 LCQ.
Expusieron que el juez omitió ponderar que en la presentación del 16-8-2023 la fallida interpuso de manera simultánea el recurso de reposición contra la sentencia de quiebra y el planteo de conversión del proceso falencial a un proceso preventivo, lo que implicaba automáticamente el desistimiento de aquel embate por expreso mandato del art. 91 LCQ.
III. En atención a las particularidades que presenta el caso traído a estudio, estimo conveniente realizar una reseña sucinta de sus antecedentes, a saber:
1. El 11-2-2022 se declara la apertura del concurso preventivo de la Sra. María Fernanda García.
2. El 11-5-2022 los Sres. Meis, en su carácter de pretensos acreedores de la concursada (en atención al requerimiento que formularan ante la sindicatura respecto de los importes de dinero en moneda extranjera que habrían sido entregados en custodia y aún se encontraban pendientes de devolución), denunciaron el ocultamiento de bienes por parte de concursada a la sindicatura, solicitaron la intervención en los términos del art. 17 LCQ y que se dispusieran las medidas pertinentes de protección del activo.
3. El 2-6-2022 el juez los tuvo por presentados en atención a su carácter de potenciales acreedores (al no existir a esa fecha la resolución verificatoria) y el interés que revestiría su participación como parte de la masa pasiva del concurso en aras a resguardar sus eventuales derechos, por lo que dispuso conferir vista al órgano sindical.
4. El 19-7-2022 el síndico presentó el informe individual del art. 35 LCQ.
5. El 17-10-2022 el juez dictó la resolución del art. 36 LCQ teniendo por verificado al Municipio de Gral. Pueyrredón (M.G.P.) y por admisibles a la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.), a Obras Sanitarias Sociedad del Estado (O.S.S.E.), al Banco de la Provincia de Buenos Aires y a Juan Carlos Bauzá.
Respecto del crédito de los Sres. Meis (como del resto de los pretensos acreedores que denunciaban la misma causa de la obligación: depósito de fondos, que acompañaron documentación similar y alegaron los mismos antecedentes fácticos), destacó que como no procedía la tramitación simultánea del proceso de conocimiento en el que se pretendía el reconocimiento de su crédito y la pretensión verificatoria y subsidiaria de revisión (arts. 21, 37 y cc LCQ), debían los interesados obtener la sentencia correspondiente en el marco de la actuación pertinente y, a su turno, efectuar la insinuación en presente (art. 56 LCQ). Por tal motivo y en aras a proteger los posibles derechos que pudieren tener a futuro los reclamantes, declaró inadmisible la acreencia dejando constancia que dicha decisión se concretaba con la reserva pertinente para el caso de obtenerse sentencia firme y favorable en el proceso de conocimiento.
Si bien la concursada dedujo el incidente de revisión contra esta decisión (art. 37 LCQ), por considerar que la reserva dispuesta violenta el ordenamiento concursal y afrenta la paridad entre los acreedores legítimos, a la fecha no ha mediado pronunciamiento definitivo sobre su procedencia.
6. El 28-10-2022 el síndico presentó el informe general del art. 39 LCQ.
7. El 3-2-2023 el juez fijó las siguientes categorías para los acreedores verificados y/o declarados admisibles: a) quirografarios: M.G.P, A.F.I.P., O.S.S.E., Banco de la Provincia de Buenos Aires y Juan Carlos Bauzá; b) privilegiados generales: A.F.I.P. y O.S.S.E. y c) privilegiados especiales: M.G.P. y O.S.S.E. Dejó constancia que no existían a esa fecha, acreedores laborales presentados, estableció el período de exclusividad hasta las cuatro primeras horas del día 16-6-2023 y fijó la realización de la audiencia informativa para el día 9-6-2023 a las 10 hs.
8. El 1-6-2023 la concursada manifestó, ante el inminente vencimiento del período de exclusividad y en pos de atender el pasivo concursal, que se encontraba en la etapa final de gestión y aprobación de un préstamo a fin de saldar los créditos verificados. Destacó que ello tenía su correlato en que se encontraba en fluidas y positivas conversaciones con más del 78% de la totalidad de los acreedores verificados. Refirió que, eventualmente, podría solicitar una extensión del plazo a fin de salvaguardar la continuidad del proceso y en el entendimiento que acarrearía un mayor beneficio para la masa de acreedores quienes verían saldados sus créditos.
9. El 13-6-2023 los Sres. Meis denunciaron que la concursada no hizo pública en el expediente su propuesta de acuerdo con una anticipación no menor a los 20 días del vencimiento del plazo de exclusividad, por lo que correspondía decretar su quiebra de conformidad con el art. 43 in fine LCQ.
10. El 14-6-2023 la concursada informó que obtuvo un crédito a través de un tercero quien abonará y se subrogará en los créditos del 80% de los acreedores verificados (M.G.P., A.F.I.P., O.S.S.E y Banco de la Provincia de Buenos Aires). Manifestó que como era de público conocimiento que dichos acreedores tenían canales, trámites y requisitos administrativos disímiles entre sí para aceptar la propuesta de pago, solicitó la prórroga del plazo del período de exclusividad.
11. El 14-6-2023 el juez ordenó sustanciar con la sindicatura los planteos de los Sres. Meis del 13-6-2023 y de la concursada del 14-6-2023.
12. El 15-6-2023 la concursada denunció la falta de legitimación de los Sres. Meis porque sus pretensas acreencias no habían sido declaradas verificadas ni admisibles, por lo que solicitó que se rechazara in limine toda presentación que efectuaran en lo sucesivo.
13. El 23-6-2023 el juez hizo lugar el pedido de prórroga por un plazo de 30 días hasta el 22-8-2023. Respecto a las intervenciones de los Sres. Meis aclaró que eran titulares de derechos en expectativa por revestir el carácter de pretensos acreedores a quienes se les formuló una reserva en la resolución del art. 36 LCQ, para el caso de obtener sentencias firmes y favorables a sus reclamos en el proceso de conocimiento seguido contra la concursada, por lo que estaban legitimados para peticionar lo que consideraran pertinente en aras al resguardo de sus derechos (esta decisión quedó firme por no ser objeto de impugnación alguna, por lo que el cuestionamiento que la concursada realiza ahora al replicar el memorial en torno a la legitimación de los Sres. Meis -v. escrito del 7/10/2023- resulta improcedente).
14. El 28-7-2023 los Sres. Meis denunciaron que la concursada omitió presentar formal propuesta de acuerdo preventivo con una antelación no menor a los 20 días del vencimiento del plazo prorrogado, por lo que correspondía decretar su quiebra en los términos del art. 43 in fine LCQ.
15. El 4-8-2023 el juez decretó la quiebra indirecta de la Sra. María Fernanda García en atención al art. 43 LCQ, pues la fecha hasta la cual podía presentar la propuesta del acuerdo preventivo fue el 12-7-2023, lo que no aconteció.
16. El 10-8-2023 el Banco de la Provincia de Buenos Aires manifestó que un tercero (Sra. María Eugenia Buquerín) abonó los créditos oportunamente verificados, por lo que quedaba totalmente desinteresado de este proceso.
17. El 16-8-2023 la concursada interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio contra la resolución del 4-8-2023, por aplicación analógica de los arts. 94 y 95 LCQ, porque no se le permitió acreditar antes del vencimiento del período de exclusividad (22-8-2023) el acuerdo al que había arribado con los acreedores, así como la conformidad de éstos a los términos del embate deducido en dicho escrito. Solicitó que se revocara el decreto de quiebra y tuviera a bien acoger la propuesta de pago a los acreedores (el pago del 45% del capital quirografario verificado, en 3 pagos iguales -sin devengamiento de intereses-, el primero de ellos a los 3 meses de homologado el concordato y el saldo restante en 2 cuotas anuales de efectuado el primero de los pagos). Respecto al crédito de la A.F.I.P. puso de manifiesto el ya conocido requisito sine qua non que presenta este acreedor fiscal para aceptar la propuesta de pago (homologación del acuerdo concordatario para acogerse a planes de pago concursales), por lo que en pos de acreditar y afianzar el compromiso de la concursada en el cumplimiento de su propuesta de pago a este acreedor, acompañó el comprobante de depósito en la cuenta de autos correspondiente al 45% del crédito quirografario admisible.
18. El 16-8-2023 la Sra. Buquerín se presentó como acreedora subrogante de los créditos verificados por M.G.P., O.S.S.E y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, acreditando dicho carácter con los comprobantes de pago correspondientes. Prestó expresa e incondicionada aceptación y conformidad a la propuesta de pago efectuada por la concursada ese mismo día, como así también al recurso de reposición contra el auto de quiebra interpuesto por ésta.
19. El 17-8-2023 el juez ordenó correr traslado del planteo de la fallida a la sindicatura y a todos los acreedores con créditos reconocidos (M.G.P, A.F.I.P, O.S.S.E. y Juan C. Bauzá), con excepción del Banco de la Provincia de Buenos Aire. a raíz de su presentación del 10-8-2023. Asimismo, del pago por subrogación denunciado por la Sra. Buquerín en relación a los acreedores M.G.P. y O.S.S.E., les corrió traslado a éstos a los fines que se expidieran al respecto.
20. El 18-8-2023 el acreedor Juan C. Bauzá prestó su expresa aceptación y conformidad a la propuesta de pago efectuada por la concursada, como así también al recurso de reposición para dejar sin efecto el auto de quiebra.
21. El 18-8-2023 el síndico consideró conveniente que se receptara el embate, se dejara sin efecto la quiebra y permitiera a la Sra. García transitar por el concurso preventivo a raíz de las conformidades alcanzadas.
22. El 22-8-2023 la M.G.P. manifestó que el crédito insinuado y verificado fue cancelado por la Sra. María Eugenia Buquerín, quedando totalmente desinteresado de este proceso.
23. El 22-8-2023 la A.F.I.P. expuso que no le correspondía formular manifestación y/o consideración alguna con relación al recurso opuesto por la fallida, por tratarse de una incumbencia del juez y la sindicatura. Destacó que su parte no consideró ni otorgó aceptación y/o conformidad a propuesta de pago alguna por no resultar el momento procesal oportuno.
24. El 24-8-2023 la apoderada de O.S.S.E. manifestó que el crédito insinuado y verificado fue cancelado por la Sra. María Eugenia Buquerín, quedando totalmente desinteresado de este proceso.
25. El 28-8-2023 los Sres. Meis sostuvieron que el recurso de reposición deducido por la fallida resultaba inadmisible por los términos y alcances de los arts. 90 y 91 LCQ.
26. El 31-8-2023 la fallida solicitó se dejara sin efecto el auto de quiebra con motivo de la conformidad prestada por todos los acreedores (a excepción de la A.F.I.P. por cuestiones administrativas que supeditan el acogimiento a los planes de pago a la previa homologación judicial de la propuesta de acuerdo).
27. El 1-9-2023 el juez dictó la resolución que es objeto de la apelación por parte de los Sres. Meis de fecha 12-9-2023.
28. El 22-9-2023 la concursada acompañó la constancia emitida por la A.F.I.P. del inicio de trámite para la moratoria y/o los planes de pago previstos por aquélla para personas humanas en situación concursal. Hizo saber que el acogimiento definitivo tendría lugar una vez homologado judicialmente el concordato.
IV. El concurso preventivo, visto como solución para conjurar el fenómeno de la insolvencia, tiene en la propuesta de acuerdo que el deudor debe ofrecer a sus acreedores, y en el tratamiento que dicha propuesta habrá de recibir posteriormente, su más significativa etapa (Heredia, "Tratado exegético de derecho concursal", t. 2, Ábaco, Buenos Aires, 2000, p. 45). El art. 43 LCQ prevé la etapa central del proceso concursal en orden a la negociación del deudor con los acreedores concurrentes reglando lo que se ha denominado el período de exclusividad. Ello es así porque sólo el deudor se encuentra habilitado para intentar el acuerdo preventivo, ya que nadie está facultado para sustituirlo en la elección de la fórmula concordataria en virtud de los efectos sustanciales y procesales que el acuerdo está destinado a producir respecto del propio deudor, saneando la crisis empresaria y permitiéndole mantener la titularidad de su emprendimiento (Junyent Bas - Molina Sandoval, "Ley de concursos y quiebras. Ley 24.522. Comentada y actualizada", t. 1, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011, p. 334). En el anteúltimo párrafo del artículo reseñado se establece que el deudor debe hacer pública su propuesta presentándola en el expediente con una anticipación no menor a 20 días del vencimiento del plazo de exclusividad, so pena de declararse la quiebra.
Independientemente de la crítica de cierto sector de la doctrina respeto a la solución excesivamente rigurosa del texto legal, pues la norma pudo prever como sanción a la inconducta del deudor su separación de la administración del patrimonio (Junyent Bas - Molina Sandoval, ob. cit., p. 341), lo cierto es que aquello se relaciona con el hecho de que 5 días antes del vencimiento del período de exclusividad debe celebrarse la audiencia informativa prevista en el art. 45 LCQ, por lo que la publicidad previa de la propuesta le brinda a los acreedores 15 días para sopesar las ventajas o inconvenientes de la propuesta y, eventualmente, formular en dicho acto las preguntas pertinentes (Heredia, ob. cit., t. 2, p. 52; Graziábile, "Derecho concursal", Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2012, p.474).
Si bien todas las leyes son susceptibles de interpretación y para ello la doctrina y la jurisprudencia han elaborado pacientemente líneas directrices, quizá la ley concursal sea una de aquéllas que requiere en mayor medida de la prudencia de los jueces, tanto para flexibilizar la apreciación de la ley al caso, cuanto -por el contrario- para adoptar posiciones de mayor rigidez cuando es necesario. No es que nos enfrentemos a una ley obscura, sino a una multiplicidad de situaciones de hecho no abarcables en la expresión necesariamente genérica de la norma jurídica. Para este menester es importante, entre otros parámetros, tener en cuenta tanto el fin de la ley como las consecuencias que puedan derivarse de una determinada solución al caso, a lo que no es ajeno el juez. Específicamente, la ley concursal tiene claras definiciones teleológicas: la conservación de la empresa y la solución preventiva de las crisis patrimoniales (Alegría, "Breve apostilla sobre la flexibilidad en la interpretación de la ley concursal", cita en línea TR La Ley AR/DOC/1990/2004, La Ley 2004-E, 723). Y es que, en definitiva, el proceso concursal no está instituido en exclusivo beneficio del deudor, sino también de los acreedores, del comercio en general y de todos los intereses reciben amparo legal, porque también resultan afectados por el procedimiento" (Rivera, Roitman y Vítolo, "Concursos y Quiebras. Ley 24.522", Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1995, p. 57).
V. En el caso la controversia gira en torno a la decisión del juez de hacer lugar al recurso de reposición articulado por la fallida el 16-8-2023 contra el auto del 4-8-2023 que decretó su quiebra y, por ende, retrotraer las cosas al estado procesal anterior, esto es, al trámite del concurso preventivo cuyo período de exclusividad feneció el 22-8-2023 (v. auto del 23-6-2023).
Si bien observo que la quiebra indirecta fue declarada en los términos del art. 43 LCQ porque el deudor-concursado no presentó antes del 12-6-2023 la propuesta de acuerdo para los acreedores quirografarios verificados y/o declarados admisibles, por ser esa la fecha límite con la que contaba en virtud de los 20 días hábiles previos al vencimiento del período de exclusividad (22-8-2023) que prevé la norma; no puedo dejar de advertir de las constancias de la causa que el 16-8-2023 se presentó la fallida denunciado la propuesta de acuerdo, la conformidad de los acreedores a su respecto y el consentimiento de éstos para que se dejara sin efecto la declaración de quiebra.
En otras palabras, siete días antes que expirara el período de exclusividad, del total de 5 acreedores verificados y/o declarados admisibles en la resolución del art. 36 LCQ (M.G.P., O.S.S.E., A.F.I.P., Juan C. Bauzá y el Banco de la Provincia de Buenos Aires; v. 17-10-2022) encuentro que:
1. Tres de ellos (M.G.P., O.S.S.E. y el Banco de la Provincia de Buenos Aires) fueron desinteresados a raíz del pago por subrogación realizado por la Sra. María Eugenia Buquerín conforme lo acreditara en su presentación del 16-8-2023.
2. El Banco de la Provincia de Buenos Aires manifestó el 10-8-2023 que a raíz de dicho pago quedaba totalmente desinteresado de este proceso. Lo mismo aconteció con la M.G.P. y O.S.S.E. a través de sus escritos de los días 22-8-2023 y 24-8-2023, respectivamente.
3. La Sra. Buquerín, en su carácter de acreedora subrogante de los créditos aludidos, prestó expresa e incondicionada aceptación a la propuesta de pago efectuada por la concursada, como así también al recurso de reposición contra el auto de quiebra interpuesto por ésta (v. escrito del 16-8-2023).
4. Juan C. Bauzá manifestó su expresa aceptación y conformidad a la propuesta de pago efectuada por la concursada, como así también al recurso de reposición para dejar sin efecto el auto de quiebra (v. escrito del 18-8-2023).
5. Si bien la A.F.I.P. destacó que no otorgó aceptación y/o conformidad a propuesta de pago alguna por no resultar el momento procesal oportuno al no mediar la homologación del acuerdo concordatario (v. escrito del 22-8-2023), la concursada, en aras de acreditar y afianzar el cumplimiento de su propuesta de pago a este acreedor, acompañó en su presentación del 16-8-2023 el comprobante de depósito en la cuenta de autos correspondiente al 45% del crédito quirografario admisible. A su vez, el 22-9-2023 acompañó la constancia emitida por el ente fiscal del inicio de trámite para la moratoria y/o los planes de pago previstos para contribuyentes en estado concursal, cuyo acogimiento definitivo quedó supeditado para una vez homologado el concordato en sede judicial. Ante este panorama encuentro que, si bien la concursada no hizo pública su propuesta en el expediente con la antelación que prevé el art. 43 LCQ, no menos cierto es que las conformidades de los acreedores tuvieron lugar con anterioridad al vencimiento del período de exclusividad de conformidad con el art. 45 LCQ.
Por ello, coincido con el colega de la instancia previa en que, de manera prácticamente inmediata al decreto de quiebra, la fallida obtuvo la conformidad por parte de todos los interesados a la propuesta de pago efectuada (con la salvedad de la A.F.I.P. que autoriza los planes de pago o moratorias de conformidad con su normativa interna, sin perjuicio de lo cual la concursada depositó el porcentaje correspondiente al crédito quirografario reputado admisible). Ello, a su vez, se vio reforzado por el visto bueno formulado por la sindicatura quien también consideró conveniente que se dejara sin efecto la quiebra de la Sra. García y se le permitiera a ésta transitar por el concurso preventivo a raíz de las conformidades alcanzadas (v. escrito del 18-8-2023).
Repárese que el rigor de la sanción de la quiebra indirecta prevista en el art. 43 LCQ (por la omisión de presentar la propuesta de acuerdo preventivo en el expediente), así como su finalidad, se explican en la necesidad de evitar toda maniobra dilatoria por parte del deudor que con su conducta ha confesado su propia insolvencia (Heredia, ob. cit., t. 2, p. 54). Sin embargo, no es ese el contexto en que tiene lugar el caso bajo análisis en el que, a raíz de las conformidades obtenidas, no se vislumbra un ejercicio abusivo del derecho por parte de la concursada, ni que ésta procure infringir mayores demoras al trámite concursal. Por el contrario, confirmar la resolución apelada implica en los hechos evitar un dispendio jurisdiccional, tener que afrontar erogaciones innecesarias y permitir el pago a los acreedores sin una forzosa liquidación del patrimonio del deudor.
Los apelantes procuran apuntalar sus quejas contra la resolución en crisis en función de los arts. 90, 91, 94 y 95 LCQ de los cuales se desprende que:
1. No puede solicitar la conversión en concurso preventivo el deudor cuya quiebra se hubiere decretado estando en trámite un concurso preventivo, esto es, en la hipótesis del art. 43 LCQ (art. 90 in fine LCQ).
2. Presentado el pedido de conversión el deudor no puede interponer el recurso de reposición contra la sentencia de quiebra, y si ya lo hubiese interpuesto, se lo tiene por desistido (art. 91 LCQ).
3. El recurso de reposición no puede ser articulado para impugnar la sentencia de quiebra en los casos previstos en el art. 77 LCQ o en cualquier otro que resulte de la frustración del concurso preventivo (arts. 94 y 95 LCQ).
Sin embargo, del escrito de la concursada del 16-8-2023 se desprende que ésta, consciente de dichas limitaciones legales, ensayó un recurso al que denominó "de reconsideración" (con apelación en subsidio) contra el auto de quiebra del 4-8-2023, solicitando la aplicación analógica de los arts. 94 y 95 LCQ.
De ello se desprende -como primera observación- que nunca se requirió la puesta en funcionamiento del instituto de la conversión previsto en los arts. 90 a 93 LCQ.
A su vez, el requerimiento por analogía del recurso de reposición contemplado en los arts. 94 y 95 LCQ puede ser encauzado -iura novit curia- como una reposición in extremis, es decir, como un embate al que la doctrina y jurisprudencia le ha dado carta de ciudadanía para los casos excepcionales en que las sentencias o resoluciones no admiten la reposición, en la medida que el fallo cuestionado conlleve una grave injusticia no susceptible de ser subsanada por otras vías (esta Sala, causas nro. 134.653 RSI-233 del 3-4-2007, 139.310 RSI-909 del 13-9-2007; 137.929 RSI-263 del 17-4-07, 134.896 RSD-126 del 22-04-2008, 136.901 RSD-58 del 25-03-2010, 143.491 RSD-66 del 04-04-2013, 158.388 RSD-135 del 18-06-2015, entre muchas otras; en doctrina, véase Peyrano, Jorge, "La impugnación de la sentencia firme" Santa Fe: Ed. Ateneo, 2006, T.I, p. 288; CSJN, autos "N.N. y ot. s/ Infracción Ley 24.051", del 10/04/2018). De no admitirse esta posibilidad, por vía del rechazo del recurso de reposición se mantendría la declaración de quiebra respecto de un deudor solvente, lo que configuraría el extraño supuesto de un fallido in bonis. Ello ha llevado a Maffía a postular la necesidad de aceptar la irrupción de un modo de conclusión atípico de la quiebra a través de aquel embate (Heredia, ob. cit., t. 3, p. 659).
En esta tensión que suele presentarse en la ciencia del derecho entre sus dimensiones normológicas y dikelógicas, me permito citar un interesante aporte de Héctor Alegría quien con claridad puso de relevancia que "(s)i bien todas las leyes son susceptibles de interpretación y para ello la doctrina y la jurisprudencia han elaborado pacientemente líneas directrices, quizá la ley concursal sea una de aquéllas que requiere en mayor medida de la prudencia de los jueces, tanto para flexibilizar la apreciación de la ley al caso, cuanto -por el contrario- para adoptar posiciones de mayor rigidez cuando es necesario. No se trata de leyes no claras (quizá ninguna lo es totalmente) sino de multiplicidad de situaciones de hecho no abarcables en la expresión necesariamente genérica de la norma jurídica. Para este menester es importante, entre otros parámetros, tener en cuenta tanto el fin de la ley como las consecuencias que puedan derivarse de una determinada solución al caso, a lo que no es ajeno el juez" ("Breve apostilla sobre la flexibilidad en la interpretación de la ley concursal", en Sup. CyQ 2004 -septiembre-, tomo I, 741 La Ley 2004-E, 723; en La Ley en línea Ar/Doc/1990/2004).
Es por ello que encuentro acertada la decisión apelada, pues en virtud de las circunstancias particulares que rodean a la controversia, se facilita la solución preventiva sin que se aprecien abusos por parte del deudor. De lo contrario, de acogerse la apelación, se arribaría a la quiebra, consumiéndose plazos mayores y produciendo resultados disvaliosos para los acreedores con créditos pactados en moneda extranjera -entre ellos los aquí apelantes, v. legajo nro. 14- en atención a la conversión definitiva a moneda de curso legal a la que deberían someterse (art. 127 LCQ). En este sentido el juez puso de manifiesto que a la fecha de la resolución impugnada, todos los acreedores con "reserva" (como los Sres. Meis y el resto de los pretensos acreedores que denunciaban la misma causa de la obligación: depósito de fondos, que acompañaron documentación similar y alegaron los mismos antecedentes fácticos, v. punto "III.5") en caso de tener reconocimiento posterior, revestirán el carácter de quirografarios y serán alcanzados por el acuerdo arribado.
VI. Finalmente, en atención a los términos del art. 69 del CPCC, en virtud de las circunstancias particulares que rodean a los antecedentes de esta controversia, sumado a las diversas soluciones a las que podrían arribarse en función de la normativa aplicable, la doctrina autoral y los precedentes jurisprudenciales, estimo que aquélla puede ser calificada como "dudosa de derecho" y, por ende, propongo imponer las costas de alzada en el orden causado (arts. 68 2° párrafo y 69 1° párrafo del CPCC).
Por las razones expuestas VOTO POR LA AFRMATIVA.
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
Corresponde desestimar el recurso de apelación interpuesto el 12-9-2023 por los Sres. Meis, con costas en el orden causado (arts. 69, 242, 246, 270 y conc. del CPCC; 32, 36, 43, 45, 46, 49 y conc. LCQ). Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente S E N T E N C I A Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) desestimar el recurso de apelación interpuesto el 12-9-2023 por los Sres. Meis (arts. 242, 246, 270 y conc. del CPCC; 32, 36, 43, 45, 46, 49 y conc. LCQ). II) Imponer las costas en el orden causado (art. 69 del CPCC). III) Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia