Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 181.943
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Se hace lugar parcialmente al recurso de la locadora y se deja sin efecto la morigeración de la pena, condenando a la locataria a pagar la totalidad de su cuantía.
2Se hace lugar parcialmente al recurso de la locataria y se condena a la locadora a reintegrar el precio recibido por el primer alquiler en proporción a 22 días y se eleva la condena por reparación del daño moral sufrido por la locataria a la suma de $ 3.000.000, en ambos casos con más intereses en la forma y a la tasa fijada en los considerandos.
3Se rechazan el resto de los agravios de las partes.
4Las costas por el recurso de la locadora —que actúa como abogada en causa propia — se imponen en un 70 % a la locataria conforme el vencimiento parcial y mutuo (art. 71 del CPC), y las costas por el recurso de la locataria se imponen en un 50% a cada parte también de acuerdo a lo dispuesto por el art. 71 del CPC.
5Con relación al escrito presentado el 20.12.2024, debe estarse a lo resuelto en el día de la fecha (art. 482 del CPCC).
6Se difiere la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 de la ley 14.967.
En la ciudad de Mar del Plata reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia única en los autos: "GARCIA MONA, Nora Susana c.
FARINELLA, Mariana Beatriz s. DESALOJO" y “FARINELLA, Mariana Beatriz c. GARCIA MONA, Nora Susana s. DAÑOS Y PERJUICIOS”, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó del mismo que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto J. Loustaunau y Ricardo D. Monterisi. El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1. ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
I: En la sentencia dictada el 22 de octubre de 2024, el Sr. Juez de Primera Instancia hizo lugar a la demanda de desalojo promovida por Nora Susana García Mona contra Mariana Beatriz Farinella, y condenó a esta última a entregar el inmueble sito en calle Alsina nro. 2681, piso 9, departamento 903, de la ciudad de Mar del Plata.
A la vez, condenó a la demandada y a los fiadores en forma solidaria a pagar la cláusula penal convenida en el contrato de locación, cuya cuantía morigeró fijándola en la suma de $ 345.000 por mes transcurrido desde junio de 2023 y hasta que la locadora recupere efectivamente la tenencia del bien.
Rechazó las acciones de nulidad y pago por consignación promovidas por Farinella contra García Mona, e hizo lugar a la de daños y perjuicios promovida por la locataria por lo cual condenó a la locadora a pagar la suma de pesos un millón ($ 1.000.000) más intereses. Impuso las costas del proceso de desalojo a la demandada vencida y a los fiadores en forma solidaria. Las correspondientes al rechazo de la nulidad y pago por consignación también a Farinella, y las de la acción por reparación del daño sufrido por la locataria a García Mona.
Apelaron las partes.
Los recursos les fueron concedidos libremente y han sido fundados y respondidos.
II: Los agravios que ha presentado García Mona son los siguientes:
1: Se agravia de la morigeración de la cláusula penal entendiendo que no hay motivo para que el Juez se “inmiscuya” en la voluntad autónoma de las partes.
Recuerda que la función de la cláusula es la tarifación anticipada de los daños que las partes sufrirán ante determinados incumplimientos, sin que el deudor pueda liberarse aduciendo que la acreedora sufrió menos daño, ni esta última reclamar otra indemnización, aunque pruebe que la pena no es suficiente.
Indica que la reducción es errada pues: a) no toma en cuenta que la pena contiene la previsión de diversos daños; b) que, además de resarcitoria, la cláusula busca desalentar el cumplimiento y sancionarlo.
1.1: Señala que “las prestaciones económicas involucradas” son las referidas a un departamento de 3 ambientes, con dos cocheras, en un edificio con pileta, SUM, y gimnasio, ubicado a dos cuadras de la calle Güemes, cuyo valor locativo fue estimado en U$S 1.000 mensuales a julio de 2024 (equivalentes a $1.100.000 en ese momento), por lo que 17 meses de incumplimiento le han hecho perder un ingreso de $ 18.700.000. Compara la suma de $ 1.000.000 fijada en la misma sentencia para reparar el daño moral que habría sufrido la locataria por no haber podido usar el departamento durante 22 días, y concluye que esa indemnización en su caso por los 17 meses de incumplimiento ascendería – por regla de tres simple - a $ 23.363.636, a lo que hay que sumarle las expensas e impuestos que la inquilina tampoco ha pagado. Con esos cálculos concluye que la sentencia decidió premiar a la incumplidora, y al reducir la pena como lo ha hecho le convendrá a la locataria incumplir; que el valor de la pena es menor que el alquiler actual “según la actualización solicitada por la propia Farinella” ($ 1.390.087,72) y ello se debe a la inflación habida entre junio de 2023, fecha en la que se resolvió el contrato, y octubre de 2024 que es la fecha de la sentencia, por lo que a la locataria le conviene quedarse y pagar $ 345.000 por mes.
1.2: Critica los fundamentos de la reducción en cuanto considera el monto “razonable y proporcional en concordancia con el canon locativo original y permite garantizar un equilibrio entre los derechos de la acreedora y las posibilidades reales de la deudora, evitando un resultado económico desproporcionado y abusivo”.
La apelante se pregunta: ¿Cuáles son las reales posibilidades de la deudora?, respondiendo que la locataria asumió las obligaciones del contrato que firmó. Que Farinella explota una agencia de lotería provincial por lo que sabe de números y de negocios, y alquiló un departamento con algunos lujos, y que dista mucho de ser una persona para la que sus necesidades de vivienda sean las de un monoambiente de $ 350.000 por mes.
Considera que el Juzgador ha utilizado una doble vara y ha medido diferente el daño en una y otra parte del contrato. Pide que se deje sin efecto la morigeración.
2: Se agravia de la condena a indemnizar el daño moral por la privación de uso del bien locado.
Considera “un auténtico dislate” que el Juez haya rechazado el reclamo de $ 230.000 por la privación de uso del bien en razón de que no se ha demostrado que la Sra. Farinella haya sufrido perjuicio alguno por la falta de servicios (pues no iba a usar el departamento en forma inmediata ya que tenía que comprar muebles, decorarlo, etc.), y haga lugar al daño moral por esa misma privación de uso.
Entiende que el art.1201 del CCyC tarifa expresamente la cuantía del derecho del locatario ante la supuesta turbación, y lo limita a la reducción proporcional del alquiler, “o resolver el contrato”. Sostiene que el magistrado no puede ir más allá de lo que prevé el art.1201.
Explica que Farinella debía activar la conexión de los servicios, pues el departamento era a estrenar y no lo hizo porque estaba decorándolo. Más allá de eso, vuelve a comparar la pena reducida y la suma por reparación del daño moral y considera que es arbitraria. 3: Se agravia de la falta de condena por los intereses que acceden a la cláusula penal.
Vuelve a decir que el magistrado ha “mancillado”
la igualdad del art.16 de la CN favoreciendo a la locataria quien tuvo una condena de un millón de pesos por 22 días de no disponer, más intereses a tasa activa de descubierto en cuenta corriente, mientras que a la locadora por no disponer del mismo inmueble se le fijaron $ 345.000 por mes y sin intereses.
III: Los agravios de Farinella son los siguientes:
1. Critica el rechazo de la pretensión de nulidad de diversas cláusulas del contrato.
Considera erróneo el estudio del caso que ha hecho el Sr. Juez, e insiste en que al momento de la celebración del contrato se entregó la suma de $ 701.902 y no obstante se le cobró además un depósito de garantía de U$S 1.900, con lo cual se superó el valor legal correspondiente a un canon locativo.
2. Juzga equivocada también la decisión acerca de la comisión que pagó a la martillera interviniente.
Señala que con independencia de que ese pago haya sido imputado como reserva, la suma percibida coincide con el monto posteriormente acordado de honorarios, y finalmente entiende que “…es una cuestión de saber común que la inmobiliaria…siempre es elegida por la parte locadora”.
3. Se agravia del rechazo del daño patrimonial derivado de la falta de medidores, argumentando que tuvo que suspender la mudanza, y el servicio de flete contratado, y además debió seguir pagando los gastos de traslado desde Sierra de los Padres.
4. Critica el monto fijado por el Sr. Juez para la reparación del daño moral sosteniendo que la mera reparación no basta para desmantelar los nocivos efectos del accionar malicioso de la demandada.
Pide que se modifique “el rubro” y que se fije una suma a valores actuales.
5. En lo que hace al rechazo de la consignación, sostiene el letrado apelante que los requisitos del pago “no pueden ser celosamente analizados sin perder de vista las circunstancias del caso” y señala que la contraparte “es titular de múltiples departamentos y alquileres, y su socio redactó el contrato, circunstancia de una gravedad considerable no mencionada ni advertida por el Sr. Juez a quo”.
IV: Propongo al acuerdo que los recursos progresen parcialmente.
IV.1: Le asiste razón a la locadora respecto a que la morigeración de la cláusula penal no se ajusta al derecho vigente. a) La cláusula penal es en principio inmutable, y la morigeración – excepcional - solo puede efectuarse cuando se ha verificado la concurrencia de los requisitos exigidos por el art. 794 2do.párrafo del CCyC (Kemelmajer de Carlucci, Aida R. “La cláusula penal” edit. Depalma Bs.As. 1981 p.86 y ss; de la misma autora “Algunos aspectos de la inmutabilidad relativa de la cláusula penal” nota a fallo en La Ley 1991-B,353 punto IV.2; si bien se refieren al art.656 del CC ley 340, el art.794 reproduce el segundo párrafo del art.656 sin el adversativo). El valor de las prestaciones referido en esa norma obliga a ponderar todo daño derivado del incumplimiento de la prestación principal, “no solo el patrimonial sino también el de afección, es decir todo interés legítimo” dice Kemelmajer (“La cláusula penal” ob.cit.pág.112; en igual sentido Llambías, obligaciones I-336 bis, cit.por Ameal en “Código Civil comentado”, Belluscio-Zannoni, Astrea, Bs.As.1981, tomo 3 p.221), para luego compararlo con el monto de la pena (Cazeaux, Pedro N. en “Derecho de las obligaciones” Cazeaux -Trigo Represas edit.Librería Platense, Bs.As.1987 tomo I p.527).
De modo que para saber si una cláusula penal es excesiva, es necesario medir primero el daño (patrimonial y moral) que el incumplimiento de las obligaciones contractuales ha generado al acreedor. La comparación con una avaluación aproximada del daño sufrido tiene su razón en que la cláusula “suple la indemnización de los daños cuando el deudor se constituyó en mora; y el acreedor no tiene derecho a otra indemnización, aunque pruebe que la pena no es reparación suficiente” (art.793 CCyC). Si la pena pactada impide al acreedor el reclamo de cualquier daño, es de toda lógica que haya que conocer la magnitud del perjuicio para poder decidir con fundamento si es excesiva o no. Si se observan detenidamente los párrafos que la sentencia dedica a fundar la reducción, se puede advertir que no se ha expresado allí cuáles son las prestaciones cuyo valor ha sido comparado con el monto de la pena.
El sentenciador se ha limitado a obtener la cifra actual de la pena y juzgarla excesiva, aunque sin identificar claramente, ni cuantificar el otro parámetro - imprescindible para cualquier operación que se pretenda comparativa- en la que luego se concluye que “no guarda proporcionalidad”.
¿Qué valor es el que no guarda proporcionalidad con el monto de la pena? ¿Cuáles son, y a cuánto ascienden las prestaciones que se han comparado para concluir así?
No lo sabemos porque la sentencia no lo dice.
En este punto la decisión brinda un fundamento que es solo aparente. b) Es comprensible que una cláusula penal moratoria que decuplica el canon locativo mensual cause una fuerte impresión en el intérprete, que tenderá naturalmente y como primera reacción, a calificarla como exorbitante.
Sin embargo, el análisis técnico de los elementos cuya concurrencia exige la ley para alterar – excepcionalmente - la voluntad contractual de las partes, obliga a confirmar o superar esa impresión provisoria revisando detenidamente no solo el daño efectivamente sufrido como antes se dijo, sino que también requiere comprobar que la “desproporción” subsista al momento de la aplicación de la pena (Pizarro-Vallespinos “Tratado de obligaciones”, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe 2017, tomo II, p.568), exigencia esta última que es consecuencia de la remisión que hace el art.794 in fine al vicio de lesión (art.332 CCyC 3er.párrafo).
c) Como se refirió más arriba, la locadora ha hecho las comparaciones que el caso reclama, y en su expresión de agravios ha detallado tanto el daño patrimonial como el extrapatrimonial, y también ha puesto de relieve que la cláusula no es sólo resarcitoria, sino que en nuestro derecho tiene también una función compulsiva (Kemelmajer de Carlucci. “La cláusula penal” ob.cit. p.10 nro.7), lo que hace que para compeler al deudor su monto deba ser lógicamente superior al de los daños.
Dos consecuencias se siguen de que la morigeración de la pena haya sido hecha de oficio por el Juez: 1. la comparación con el daño debió ser hecha al momento de la reducción de la pena, que es el de la sentencia de primera instancia; 2. es ésta la primera oportunidad que tiene la locadora para defender la cláusula pactada. Uno de los argumentos utilizados por la locadora en el cotejo de la pena con el valor de las prestaciones, es que la cuantía actual de los daños causados por el incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato es superior al monto de la cláusula.
Entiendo que es correcta la utilización de los valores vigentes al momento que se dicta la sentencia, pues la reparación del daño es una deuda de valor que se cuantifica en el momento más cercano al efectivo pago.
La locadora explica que se agregó a estos autos la tasación del inmueble hecha por la inmobiliaria Robles, conforme la cual el valor locativo es de U$S 1.000 mensuales, que a la fecha de elaboración de esta sentencia arrojaría la suma de $ 1.440.000 (promedio de cotización de BNA al 14.9.25). Un poco más si se considera que se cotizó aparte la 2da. cochera entre 45 y 55 dólares mensuales.
A ello corresponderá agregar una estimación del daño extrapatrimonial que no puede medirse como pretende la locadora, al mismo valor que el fijado para la privación sufrida por la locataria. Si el daño es la consecuencia de la lesión a un interés no contrario a derecho (art.1737 CCyC; Zavala de González, M. “La responsabilidad civil en el nuevo código”, Alveroni, Cordoba, 2016, tomo II, p.510) es evidente que la privación de uso repercute de distinto modo en el ánimo de quien lo usa para vivienda respecto a quien sólo lo alquila, y hasta el momento en que lo pueda vender.
De allí que no baste para calibrar el daño moral la referencia hecha por la locadora mediante la aplicación de una regla de tres simple sobre el monto del mismo daño fijado a favor de la locataria, pues la lesión al mismo interés afecta de modo distinto a cada persona (Pizarro-Vallespinos. “Tratado de responsabilidad civil” edit. Rubinzal-Culzoni, Salta Fe, 2017, tomo I p.133 y nota 14).
Lo que sí debe considerarse es el fundamento usado, la transcripción de la mencionada “invocación de una afectación espiritual por encontrarse con una situación diversa a la señalada en el contrato y permanecer en una situación de incertidumbre durante un lapso …considerable”.
Por ello deben tenerse en cuenta los 17 meses transcurridos sin cobrar el alquiler, como también el supuesto previsto en el contrato que obligó a la locadora a promover la acción, y la pérdida de chance ante el incumplimiento de la obligación de permitir la visita al departamento de posibles compradores.
Todo ello me lleva a estimar al solo fin comparativo con el monto de la pena, una suma mensual de $ 400.000 por el daño extrapatrimonial.
Es posible apreciar entonces que los daños sufridos rondarían a la fecha la suma de $ 1.840.000, y entender así que la desproporción observada inicialmente no subsiste al momento de la reducción (hecha de oficio) en la sentencia apelada, y que la diferencia entre los daños estimados con el monto de la pena ($ 2.300.000 por mes) bien pueda responder a la función compulsiva de la cláusula.
Corresponde dejar aclarado entonces que el valor de la pena se computa —como lo hace la propia acreedora— conforme el monto inicial del alquiler, que en realidad es el único que merece el nombre de tal, pues el contrato quedó resuelto en junio de 2023 antes de que pudiera tener lugar el incremento.
Por las razones expuestas propongo al acuerdo dejar sin efecto la morigeración de la cláusula penal, y se condene al pago de la pena conforme lo pactado por las partes (arts.958, 959 y 960 CCyC). d) No le asiste razón a la locadora respecto a los intereses moratorios que pretende agregar al monto de la pena, toda vez que no fueron reclamados en la demanda (ver punto II 2do.párrafo del escrito de demanda y ver su ampliación), y congruentemente no pueden integrar la condena (art.163 inc. 6to. del CPC).
IV.2: Corresponde rechazar los agravios de la locadora referido a la indemnización del daño moral, y hacer parcialmente lugar al recurso de la locataria respecto a ese rubro y al reclamo por privación de uso.
a) En relación al daño moral, el argumento principal de la locadora es que habiéndose desestimado el reclamo por “privación de uso” en razón de que ningún daño se ha demostrado, no corresponde hacer lugar al daño moral “in re ipsa”. Si no pudo demostrar que estuviera por ocupar el inmueble porque le faltaban los muebles esenciales, ¿por qué había de sufrir daño moral? pregunta la locadora. No le asiste razón.
No es la locataria quien tiene a su cargo la prueba de que “estaba por ocupar el inmueble”, cuando en realidad tiene derecho a hacerlo en las condiciones y desde la fecha establecida en el contrato. Es la locadora quien tiene que demostrar que la imposibilidad de habitarlo en las condiciones prometidas en el contrato, obedece a una causa ajena.
En la cláusula novena del contrato que las vinculó se dejó “…constancia que en la actualidad el inmueble tiene suministro de AGUA (OSSE), GAS y ENERGÍA ELÉCTRICA con sus correspondientes medidores, cuyos cargos asume la LOCATARIA, al igual que cualquier otro servicio domiciliario que contrate…”, aunque aquí en este proceso se pretende que era la locataria quien debía tramitar la colocación de los medidores, cuya existencia se aseveró previamente. El testigo Venera dio cuenta de que no había electricidad, y el testigo Martínez explicó que la inquilina debía hacer el trámite para obtener los medidores, y una vez que tuviera gas llamar a los técnicos para poner en funcionamiento la caldera.
Si el departamento no había sido habitado hasta entonces, y la locataria debía tramitar los medidores ¿Por qué razón no se dejó constancia de ello y contrariando la realidad se afirmó que el inmueble ya tenía los medidores? ¿Por qué no se modificó esa cláusula novena, si el contrato fue redactado a voluntad de la locadora por su socio el Dr. Díaz Bosch, y en el acto de la firma se modificó la moneda del depósito en garantía?
Sea cual fuera la respuesta a estos interrogantes, lo cierto es que la locadora dejó constancia de que el departamento tenía sus medidores de luz y gas conectados, la locataria tenía derecho de usar el inmueble en las condiciones prometidas, y el inmueble alquilado no los tenía. La constancia de la cláusula novena describe una situación que no era real; la locadora no cumplió con lo prometido (art.1200 CCyC). La tasa de interés que accede a la condena a indemnizar el daño moral ha sido fijada en el 6% anual para el período que va desde la mora hasta la sentencia de primera instancia, y a partir de entonces y hasta el efectivo cumplimiento a la tasa activa por descubierto no autorizado que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
En el punto d) de su recurso la apelante dice agraviarse por la desigualdad en el trato, pero no expresa crítica alguna sobre la tasa fijada para el período posterior a la sentencia.
Sobre la presunta desigualdad ya hemos dicho que la locadora no pidió intereses para aplicar sobre el monto de la pena, y sobre los fundamentos de la tasa activa elegida por el Juez, dado que no fueron objeto de crítica, entiendo que es suficiente con remitirse a los expresados en la causa n.° 167.589 “Melegari c. Rizzo” de esta Sala II. b) Por otra parte, el fundamento que usa el Juez para rechazar el daño material, es que la locataria no ha especificado ni demostrado gastos efectivos en los que hubiera debido incurrir como consecuencia de la imposibilidad de habitar el inmueble, en modo alguno afirma que no haya sufrido daño. Considera que el incumplimiento de la locadora es relevante, pero que no se traduce automáticamente en un daño resarcible, y la damnificada tiene la carga de la prueba conforme el art. 1744 del CCyC.
Aun cuando el rubro previsto en el art.1201 haya sido reclamado como daño, es posible que el Juez califique de otro modo la pretensión con fundamento en el iura novit curia.
Entre la “pluralidad de medios de tutela” en este supuesto (Lorenzetti, Ricardo “Tratado de los contratos” edit. Rubinzal -Culzoni, Santa Fe 2021, tº II p.295) le asiste al locatario el derecho de pedir la reducción proporcional del canon locativo (art.1201 CCyC) por el incumplimiento de la locadora y la consecuente imposibilidad de uso y goce de la cosa.
Ese derecho no es otra cosa que el contravalor por una prestación incumplida, cuyo pago previo carecería parcialmente de causa (art. 1796 inc. a CCyC). Farinella pagó por adelantado el primer mes del alquiler de un departamento que no pudo usar durante 22 días porque no tenía los medidores prometidos, y reclamó en la demanda la misma suma que había pagado, $ 230.000.
La devolución proporcional del precio no necesariamente es un daño que debe probarse, y la solución que contiene el art.1201 CCyC parece fundarse más en el principio general que veda el enriquecimiento incausado, o en el derecho a repetir proporcionalmente el arrendamiento pagado, cuando la causa fin no subsiste durante ese lapso (arts. 281 y 1796 inc.a del CCyC).
Para este reclamo no es necesario la prueba de gastos realizados, ni de otros daños porque se limita a la comprobación del pago del alquiler inicial, y del defecto que impide usar la cosa con el fin pactado.
En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso de la locataria y condenar a la locadora a devolver la parte proporcional del alquiler correspondiente a 22 días, con más intereses. Tratándose del reintegro de una suma de dinero, desde la mora y hasta el efectivo pago corresponderá liquidar los intereses a la misma tasa activa establecida en primera instancia para el daño moral, que es la que percibe el Bapro por el descubierto no autorizado en cuenta corriente.
c) El monto fijado por daño moral debe elevarse.
En lo que hace a la crítica de la locadora, no encuentro razones jurídicas, y la locadora apelante tampoco las brinda, para limitar el derecho de la locataria a la reducción proporcional del canon. La limitación del derecho a reclamar todo daño injustamente sufrido es excepcional y debe ser expresa. No basta inferirla del mero reconocimiento de una acción particular correspondiente a la naturaleza del contrato. El derecho que el art.1201 confiere al locatario que no puede usar la cosa locada, no veda el reclamo de otros daños en tanto no contiene una limitación expresa (y excepcional) al principio general del art.1716 del CCyC.
Además, y lejos de haberse reconocido un daño moral “in re ipsa” como invoca la locadora en su recurso, en la sentencia se hizo referencia al testimonio del Sr. Venera quien específicamente describió la situación de la locataria al decir que “estaba desesperada porque no se podía mudar” ya que carecía de luz y gas.
Por otra parte, el incumplimiento de la locadora respecto a las condiciones en las que aseveró que estaba el bien locado, fue advertido inmediatamente después de que la locataria firmara un contrato redactado por el Dr. Díaz Bosch, abogado socio de la locadora, en el que no se respetaron las normas imperativas de la ley 27.551, y se pretendieron modificar – en favor de la locadora y en perjuicio de la locataria— las condiciones contractuales regidas por una ley de orden público.
En ese contexto es posible comprender el estado diferente y anímicamente perjudicial de la locataria, quien, pese a que se avino a firmar un contrato violatorio del orden público de protección, perjudicial para los derechos que la ley le reconocía, igualmente no pudo mudarse por el incumplimiento de la locadora.
El letrado de la locataria sostiene que se hizo lugar a este daño fijando su reparación en una suma menor a la solicitada, y pide que se eleve.
Le asiste razón.
Sin perjuicio de que en la demanda se pidieron dos millones de pesos ($ 2.000.000) “y/o lo que en más se establezca judicialmente”, en la ampliación de fecha 22 de agosto de 2023 se dejó aclarado que el reclamo comprendía $ 1.000.000 por la locataria, y $ 1.000.000 por la hija menor, y que al no tener la conformidad del otro progenitor se desistía del reclamo en nombre de Pilar Di Yorio, lo cierto es la pretensión subsistió por $ 1.000.000 “y/o lo que en más se establezca judicialmente”.
A valores al momento de la sentencia, entiendo que la suma que pueda brindar las satisfacciones compensatorias y sustitutivas que deben tenerse en cuenta (art.1741 CCyC) no ha de ser menor a tres millones de pesos ($ 3.000.000) , valor éste al que propongo elevar la condena por daño moral.
A dicha suma corresponderá adicionar intereses a las mismas tasas y por iguales períodos que los establecidos en la sentencia de primera instancia. La tasa del 6% anual desde la mora correrá hasta la fecha de esta sentencia, y a partir de los diez días de quedar firme esta decisión a la tasa activa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires ye referida.
IV.3: Los restantes agravios de la locataria no cumplen con los requisitos del art. 260 del CPC.
En lo que hace a las nulidades, la locataria sólo insiste en que pagó dos veces el depósito en garantía sin hacerse cargo de los fundamentos por los cuales se rechazó este reclamo en sentencia: a) las partes dejaron sin efecto la totalidad de la cláusula en una constancia por separado; b) el acuerdo alcanzado respecto a la moneda del depósito protege a la locataria.
Respecto a los honorarios de la martillera, el Sr. Juez ha dicho que la suma de $ 230.000 de la reserva no fueron imputados a ese concepto, y el apelante se limita a argumentar que el monto coincide con los honorarios, que la martillera siempre es elegida por la locadora, y que todo ello es una cuestión de “saber común”, todo lo cual lejos está de ser una crítica fundada y suficiente.
Finalmente, y en lo que hace a la consignación, el apelante plantea que en el caso “estamos en presencia de una mujer sola con una hija”, y que los requisitos del pago “no pueden ser celosamente analizados sin perder de vista las circunstancias del caso” entre las cuales agrega que la locadora es titular “de múltiples departamentos y alquileres”. El pago por consignación fue promovido por la locataria con el imprescindible patrocinio letrado de un abogado/a, que debe conocer el texto de los arts. 905 y 867 en adelante del CCyC, y en especial el del art. 870 que indica que el requisito de integridad se cumple con capital e intereses.
El cumplimiento de los requisitos del pago que hiciera viable la consignación no dependía del estado de familia de la actora, o de la experiencia de su contraria en la locación. Todas y cada uno de esas exigencias legales están en manos de quien tiene la dirección técnica del proceso que es la letrada/o que patrocinó la acción.
Por las razones y citas legales expuestas a la primera cuestión voto por la NEGATIVA El Sr. Juez Ricardo D. Monterisi votó en el mismo sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
Corresponde hacer lugar parcialmente a los recursos de ambas partes y modificar la sentencia apelada del siguiente modo: 1. Dejando sin efecto la morigeración de la pena, y condenando a la locataria a pagar la totalidad de su cuantía. 2. Condenando a la locadora a reintegrar el precio recibido por el primer alquiler en proporción a 22 días, con más intereses en la forma y a la tasa fijada en los considerandos. 3. Elevando la condena por reparación del daño moral sufrido por la locataria a la suma de $ 3.000.000 con más intereses. 4. Rechazando el resto de los agravios de las partes. 5. Propongo que las costas por el recurso de la locadora — que actúa como abogada en causa propia— sean impuestas en un 70% a la locataria conforme el vencimiento parcial y mutuo (art. 71 del CPC), y las costas por el recurso de la locataria sean impuestas en un 50% a cada parte también de acuerdo a lo dispuesto por el art. 71 del CPC. 6. Estar a lo resuelto en el día de la fecha con relación al escrito presentado el 20.12.2024 (art. 482 del CPCC). 7. Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 de la Ley 14.967.
ASÍ LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en el mismo sentido y por los mismos fundamentos.
Por los fundamentos expuestos en el presente acuerdo, se dicta la siguiente sentencia:
1. Se hace lugar parcialmente al recurso de la locadora y se deja sin efecto la morigeración de la pena, condenando a la locataria a pagar la totalidad de su cuantía.
2. Se hace lugar parcialmente al recurso de la locataria y se condena a la locadora a reintegrar el precio recibido por el primer alquiler en proporción a 22 días y se eleva la condena por reparación del daño moral sufrido por la locataria a la suma de $ 3.000.000, en ambos casos con más intereses en la forma y a la tasa fijada en los considerandos.
3. Se rechazan el resto de los agravios de las partes.
4. Las costas por el recurso de la locadora —que actúa como abogada en causa propia — se imponen en un 70 % a la locataria conforme el vencimiento parcial y mutuo (art. 71 del CPC), y las costas por el recurso de la locataria se imponen en un 50% a cada parte también de acuerdo a lo dispuesto por el art. 71 del CPC.
5. Con relación al escrito presentado el 20.12.2024, debe estarse a lo resuelto en el día de la fecha (art. 482 del CPCC).
6. Se difiere la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 de la ley 14.967. Regístrese. Notifíquese por el sistema automatizado (art. 10 del Anexo del Ac. 4039/21).
Fin de la sentencia