Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 104160704-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar el recurso de apelación interpuesto por el fisco nacional y, en consecuencia, confirmar la sentencia en cuanto fue materia de agravios, en los términos y con el alcance que surge del considerando VIII; con costas de Alzada a la vencida (arts. 68, primer párrafo, del Código Procesal).
Teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del asunto, la calidad y eficacia de la tarea profesional y las etapas cumplidas, SE CONFIRMAN los honorarios del Dr. Horacio Félix Cardozo. Sobre pautas análogas a las enunciadas y considerando, además, el resultado del recurso, SE ESTABLECEN sus emolumentos, por las tareas cumplidas en la Alzada (cfr. presentación del 9/8/2021) en 3,69 UMA que equivalen –a la fecha– a la suma de pesos treinta mil ciento noventa y cinco con veintisiete centavos ($30.195,27.-) (arts. 16, 19, 20, 21, 29 y 30 de la Ley Nº 27.423 y Acordada CSJN Nº 12/22). A los fines del art 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
14534/2021; “GARCIA PINTO, ENRIQUE (TF 104160704-A) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de agosto de 2022. JSY Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que el señor Enrique García Pinto fue empleado del Banco Galicia durante más de treinta años, hasta que en el año 2008 se acogió a un retiro voluntario. La AFIP retuvo el impuesto a las ganancias, entre varios conceptos, sobre la gratificación por cese laboral, por lo que el Sr. García Pinto inició una presentación ante el AFIP en el año 2015. Al no obtener respuesta, meses después interpuso un recurso ante el Tribunal Fiscal. En el año 2020, la AFIP dispuso la devolución de parte de los importes. Como a continuación se detallará, en el caso se discute la tasa de interés que deben aplicarse a la devolución de aquella suma dineraria.
II. Que, en este entendimiento, cabe señalar que la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, mediante sentencia del 21/4/2021, resolvió: (i) declarar que había devenido abstracta la cuestión debatida respecto de la suma de $319.622.-, cuya devolución se había admitido en la Resolución N° 1/20, y ordenar su reintegro conforme al criterio adoptado por el tribunal en el plenario “Dálmine Siderca S.A.I.C.” y, en lo pertinente el art. 4° de la Resolución N° 598/19, a computarse desde la fecha de interposición del reclamo previo en sede administrativa; con costas al fisco nacional; (ii) rechazar la acción de repetición por los restantes conceptos e importes; con costas; (iii) regular los honorarios del Dr. Horacio Félix Cardozo por su actuación en el doble carácter de apoderado y patrocinante de la parte recurrente, en la suma de $47.543.- equivalente, en ese momento, a 12,31 UMA, los que quedaban a cargo del fisco nacional; (iv) regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el fisco nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $3.232.- equivalente a 0,84 UMA, y por el patrocinio letrado, la suma de $8.081.- equivalente a 2,09 UMA, los que quedaban a cargo del recurrente.
Para decidir de ese modo, tuvo en cuenta que la AFIP, a través de la Resolución N° 1/20 (DV NGDE), y encontrándose en trámite las actuaciones ante el Tribunal Fiscal, había hecho lugar parcialmente a la acción de repetición presentada por el Sr. García Pinto el 27/3/2015, y había reconocido la devolución por la suma de $319.622,08.- más los intereses resarcitorios, liquidados conforme a lo previsto por el art. 4° de la Resolución N° 314/04 y los arts. 4° y 5° de la Resolución N° 598/19. Afirmó que el mencionado acto administrativo suponía el reconocimiento formal del crédito adeudado al recurrente, por lo que, sin perjuicio del modo de liquidar los intereses previstos en el art. 179 de la Ley Nº 11.683, consideró que correspondía declarar que la cuestión había devenido abstracta en la medida reconocida por dicho acto administrativo.
A su vez, se expidió sobre la diferencia del importe reclamado no incluida en la Resolución N° 1/20. Es decir, si le correspondía al Sr. García Pinto el derecho a obtener la devolución de la suma que no le había sido reconocida en sede administrativa, la cual ascendía a $57.814,92.-.
En lo que respecta a la suma de $26.328,01, retenida por diversos conceptos en el recibo de haberes del mes de noviembre de 2008, el tribunal puntualizó que el fisco nacional había hecho aplicación a contrario sensu de la doctrina de la Corte Suprema adoptada al fallar en la causa “Negri, Fernando Horacio c/ EN AFIP DGI s/ Dirección General Impositiva”, causa N.204.XLVIII, REX, del 15/7/2014, la cual había servido de sustento a la devolución de las sumas retenidas sobre el concepto Beneficio Único por Egreso. En efecto, indicó que la AFIP había considerado que contrariamente a lo que sucedía con ese concepto cuyo pago se efectuaba por única vez y como consecuencia directa del cese, se encontraban en la órbita del gravamen todos aquellos conceptos CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 14534/2021; “GARCIA PINTO, ENRIQUE (TF 104160704-A) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
de carácter remuneratorio que, aunque fueran abonados conjuntamente con la indemnización por despido o la gratificación por cese laboral, respondían a la contraprestación que debía el dependiente a su empleador por los servicios prestados durante la vigencia del vínculo contractual, tales como el pago de vacaciones no gozadas, sueldo anual complementario, indemnización por preaviso, sueldos atrasados, etc. De este modo, adujo que toda vez que no estaba controvertida la procedencia y el carácter remunerativo de aquellos conceptos, correspondía confirmar el criterio fiscal y rechazar la acción de repetición de los mismos. Por otro lado, en lo que respecta a la suma de $31.486,91.-, referida a las retenciones sufridas sobre las cuotas del Beneficio Único por Egreso que se abonaron durante el periodo fiscal 2009, indicó que al 27/3/2015, fecha en que se había deducido el reclamo previsto en el art. 81 de la Ley Nº 11.683, el plazo para repetir las retenciones del período fiscal 2009 había prescripto, por lo que la devolución de dicha suma era también improcedente.
Finalmente, en cuanto a los intereses por las sumas cuya devolución se hacía lugar en la Resolución N° 1/20, afirmó que correspondía que se liquidaran conforme al criterio adoptado por el Tribunal en el Plenario “Dálmine Siderca S.A.I.C.” y en lo pertinente el art. 4° de la Resolución N° 598/19, los cuales se computarían desde la fecha de interposición del reclamo previo en sede administrativa.
III. Que, contra aquel pronunciamiento, interpuso recurso de apelación el fisco nacional el 10/6/2021 y expresó agravios el 1/7/2021, los cuales fueron contestados por la parte actora el 9/8/2021. Se agravia de la sentencia en cuanto dispone que los intereses por las sumas cuya devolución se hacía lugar en la Resolución N° 1/20, debían liquidarse conforme al criterio adoptado por el Tribunal Fiscal en el plenario “Dálmine Siderca S.A.I.C.” y, en lo pertinente el art. 4° de la Resolución N° 598/2019, debían computarse desde la fecha de interposición del reclamo previo en sede administrativa.
Al respecto, sostiene que ha habido desconsideración y arbitrariedad por parte del Tribunal Fiscal al establecer la tasa de interés aplicable para el cálculo de la suma a devolver al actor, toda vez que aquel tribunal no habría sopesado correctamente los antecedentes de la causa y el derecho aplicable y no habría tratado debidamente la cuestión en litigio. En efecto, indica que la jurisprudencia que fuera sentada por el fallo plenario del Tribunal Fiscal “Dálmine Siderca S.A.I.C.”, ha sido sistemáticamente revocada por esta Cámara.
A su vez, afirma que dependiendo del periodo fiscal en cuestión, corresponde aplicar la tasa de interés establecida por la Resolución Nº 314/04 o la Resolución N° 598/19, la cual entró en vigencia el 1/8/2019.
Asimismo, esgrime que la decisión adoptada por el Tribunal Fiscal respecto a la tasa de interés aplicable para el cálculo de los intereses resarcitorios, no se ajusta a derecho, lo cual amerita que sea revisado ante la Alzada, en tanto no resulta de una interpretación razonable del derecho aplicable al caso. En efecto, esgrime que en los supuestos de repeticiones la tasa de interés que debe utilizarse es aquella que establece la Secretaria de Hacienda. De este modo, aduce que en el caso el Tribunal Fiscal se apartó de lo dispuesto por las normas vigentes, por cuanto existe una ley especial que determina los intereses aplicables a supuestos como el de marras, que son los establecidos por las resoluciones del actual Ministerio de Economía.
En esta línea, pone de relieve que la decisión recurrida afecta gravemente la división de poderes, toda vez que crea un régimen de privilegio o excepción, en tanto beneficiaría al contribuyente con la liquidación de una tasa diferente, tanto en porcentaje como en concepción de la naturaleza misma a la que se aplica, perjudicando al Estado y, del mismo modo, contradiciendo todos aquellos casos donde CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 14534/2021; “GARCIA PINTO, ENRIQUE (TF 104160704-A) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
las normas implicadas fueron aplicadas al resto de los contribuyentes. Por lo tanto, considera que el interés legal aplicable al caso es el establecido por las resoluciones del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, dictadas en uso de las facultades conferidas por los arts. 37 y 52 de la Ley Nº 11.683.
IV. Que, a su vez, el Dr. Horacio Félix Cardozo interpone recurso de apelación el 28/4/2021 contra el monto de honorarios regulados, por considerarlos bajos.
V. Que, de manera preliminar, es necesario advertir que esta Sala no se encuentra obligada a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración de la Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/2008; “Multicanal S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986", del 21/5/2009; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/2010; “CPACF- Inc Med (2-III- 11) c/ BCRA- Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/2011; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 –Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/2011, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/2014, “Laham, Alberto Elías c/DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/2015; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/2018, entre otros).
VI. Que, sentado lo expuesto, corresponde expedirse sobre los intereses que acceden a la suma objeto de reintegro. Al respecto, deben efectuarse dos consideraciones.
En primer lugar, esta Sala, al resolver los casos “Thomas de Sudamérica SA c/ DGA s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 37.527/2016, del 12/10/2017, y “Oleaginosa Moreno Hermanos SA c/ Administración Nacional de Aduanas s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 2.267/2018, del 30/8/2018, ha puesto de relieve el equilibrio que debe existir en la relación jurídico-tributaria, la cual, a consideración de respetada doctrina, encuentra a sus partes en un pie de igualdad ante la ley, siendo entendida como una relación jurídica propia de un Estado de Derecho, y no como una relación de poder (JARACH, Dino, Finanzas Públicas y Derecho Tributario, 1º ed., Cangallo, Buenos Aires, 1983, págs. 370-374). Ello así, aun cuando la ley conceda privilegios al fisco, pues los mismos deben ajustarse a la Constitución Nacional; de lo que se deriva que el acrecentamiento de derechos no podrá resultar en caso alguno desmesurado, operando como valladar los principios recogidos por los artículos 28 y 33 de nuestra Carta Magna (cfr. VALDÉS COSTA, Ramón, Instituciones de Derecho Tributario, Depalma, Buenos Aires, 1992, pág. 292).
En este punto, ha de recordarse que las normas resultan irrazonables cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran o cuando consagran una manifiesta iniquidad, y los jueces deben inclinarse a aceptar la legitimidad si tienen la certeza de que expresan, con fidelidad, la conciencia jurídica y moral de la comunidad (CSJN, “AFIP c/ Povolo, Luis Dino s/ infracción al art. 40 de la ley 11.683”, Fallos: 324:3345). Asimismo, el principio de razonabilidad –consagrado en los arts. 28 y 33 de la Constitución Nacional– importa la exclusión de toda arbitrariedad en el ejercicio de las prerrogativas de los poderes públicos, y obliga a dar a la ley –y a los actos estatales de ella derivados inmediata o mediatamente– un contenido razonable, justo y valioso, de modo que alguien pueda ser obligado a hacer lo que manda la ley o privado de hacer lo que la ley prohíbe, siempre que el contenido de esa ley sea razonable, sea justo, sea válido CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 14534/2021; “GARCIA PINTO, ENRIQUE (TF 104160704-A) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
(cfr. BIDART CAMPOS, Germán J. Tratado elemental de Derecho constitucional argentino, Ediar, Buenos Aires, t. II, págs. 118-119; esta Sala, in rebus: “Fernández Héctor F y otro c/ EN –M Interior- PNA - Disp. 128/04- s/ Pers. Milit. y Civ. FFAA Y DE SEG.”, Causa Nº 40.838/06, del 15/11/2012; “Forex Cambio SA (TF 27070-I) c/ D.G.I.”, Causa Nº 12.048/09, del 25/6/2010; Sala II, in re: “B. E. F.A. y otros c/ EN M Interior RSL 1372/08- CEPARE RSL 351/05 (EX 599279/05) y otro s/ Proceso de conocimiento”, Causa Nº 14.600/09, del 26/12/2016; y Sala IV, in re: “Frigorífico Paso de los Libres SA (TF 12.019-I) c/ D.G.I.”, del 31/10/1995).
Cabe destacar que, a pesar de que este razonamiento fue originalmente plasmado en el marco de dos causas en las que se debatieron reintegros en materia aduanera, luego se lo extendió a los concernientes a tributos internos (cfr. esta Sala, in rebus: “Gallo, Alejandro Daniel c/ DGI s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 20.284/2018, del 21/5/2019; y “Envico SA c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 70.441/17, del 19/3/2019). Ahora bien, adentrándonos en el análisis de las normas en juego, observamos que la Resolución Nº 314/04 del Ministerio de Economía y Producción –cuya aplicación requiere el fisco nacional, y que, como luego veremos, fue derogada–, en su citado art. 3º establecía una tasa de interés del 0,50% mensual para los casos en que el fisco debiera reintegrar lo abonado en forma indebida por el contribuyente y, por otro lado, una del 2% mensual para el caso opuesto (art. 1º), o sea, cuando el fisco fuera el sujeto acreedor. Vale destacar que este último porcentual había sido elevado a 3% por la Resolución Nº 841/10 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y, posteriormente, la Resolución Nº 50/19 del Ministerio de Hacienda (B.O. 8/2/2019) había establecido que “la tasa de interés resarcitorio mensual prevista en el artículo 37 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, y en los artículos 794, 845 y 924 del Código Aduanero (Ley N° 22.415 y sus modificaciones), vigente en cada trimestre calendario, será la efectiva mensual equivalente a uno coma dos (1,2) veces la tasa nominal anual canal electrónico para depósitos a plazo fijo en pesos a ciento ochenta (180) días del Banco de la Nación Argentina vigente el día veinte (20) del mes inmediato anterior al inicio del referido trimestre”.
Las razones explicitadas en los considerandos de la Resolución Nº 314/04 para fijar aquellas tasas de interés descansaron en la siguiente afirmación: “se hace necesario adecuar las referidas tasas a las condiciones económicas actuales, en virtud de constatarse una baja de las tasas de intereses usuales para préstamos, con el objeto de no agravar la situación económico-financiera de los contribuyentes deudores en su relación con el fisco”. Resta aclarar que la resolución había disminuido los valores de las tasas de interés resarcitorio dispuesta por su predecesora, la Resolución Nº 36/03 del Ministerio de Economía. Asimismo, los fundamentos que cimentaron el dictado de la Resolución Nº 841/2010 antes descripta mediante la cual –en lo que aquí interesa– se había aumentado la tasa del interés resarcitorio del 2% al 3% mensual, aunque manteniendo en 0,5% la aplicable a los casos de repetición y devolución de tributos por parte de la DGA y la DGI (arts. 3º y 4º, respectivamente), se plasmaron en el siguiente párrafo que se extrae de sus considerandos: “Que se hace necesario adecuar las referidas tasas a las condiciones económicas actuales, a fin de estimular el cumplimiento en término de las obligaciones y evitar que los contribuyentes morosos financien sus actividades mediante el incumplimiento de los impuestos”. A ello se agrega el considerando de la Resolución 50/19, que estipula “[q]ue atento el tiempo transcurrido desde su última modificación, se hace necesario adecuar las referidas tasas a las condiciones económicas actuales, a fin de estimular la cancelación en término de las obligaciones y evitar que los CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 14534/2021; “GARCIA PINTO, ENRIQUE (TF 104160704-A) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
contribuyentes morosos financien sus actividades mediante el incumplimiento de los impuestos”.
Como se puede apreciar, de una simple lectura de los fundamentos se advierte sin dificultad que las modificaciones en la tasa relativa a los intereses resarcitorios que percibe la DGA y la DGI, en virtud de pagos en mora por parte de los contribuyentes, tiene un movimiento oscilante en consonancia con las condiciones económicas vigentes al momento del dictado de las resoluciones, mientras que la tasa que le corresponde a quien obtiene la repetición de un pago indebido ante dichas reparticiones, no obstante los cambios en las condiciones económicas generales del país, se mantiene incólume. En este sentido, es dable destacar que en los considerandos de las normas emanadas del Ministerio de Economía/Hacienda, tal diferencia de trato se encuentra desprovista de fundamento en el cual pueda apoyarse.
Resulta que, si bien el mero establecimiento de tasas de interés diferenciadas para los supuestos bajo estudio no logra afectar el principio de igualdad, por la diversa índole en el interés que cada uno de éstos representan (cfr. CSJN, “Arcana Orazio”, Fallos: 308:283), la situación descripta pone en evidencia el absurdo de suponer que los cambios económicos producidos entre las resoluciones –que, al mismo tiempo, sirven de fundamento en el dictado de las mismas– afectan únicamente a la administración tributaria, cuando imperiosamente la totalidad de las partes involucradas en la relación tributaria son alcanzadas por las circunstancias generales de la economía del país, debido a que se encuentran incuestionablemente inmersos en ellas. De este modo, y de conformidad con todo lo hasta aquí expuesto, el sostenimiento de la exigua tasa de interés del 6% anual, que se mantuvo invariable ante los cambios económicos generales del país – reconocidos por las normas ministeriales– y más aún, al carecer de fundamento alguno que explique tal estabilidad, deviene irrazonable, puesto que, al no acompañar –ni siquiera proporcionalmente– aquellos cambios en la economía, menoscabó el crédito en cabeza del responsable que pagó en forma indebida, lesionando su derecho de propiedad. Sumado a ello, cabe advertir que sostener una tasa baladí e inconmovible frente a los cambios económicos del país, crea una situación que tiende a desincentivar al organismo recaudador a resolver en forma ágil los pedidos y causas pendientes por devoluciones o repeticiones de tributos, lo que resiente aún más la razonabilidad de la norma.
Vale poner de resalto que, en sentido concordante con lo enunciado, se ha expedido las demás Salas de esta Cámara (cfr. Sala I, in re: “Ortíz, Juan José (TF 45532-I) c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 22.122/2018, del 5/6/2018; Sala II, in re: “American Express Argentina SA c/ EN-AFIP DGI- s/ DGI”, Causa Nº 75.920/2014, del 27/4/2017; Sala IV, in re: “Maselis, Analía Edith c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 68.476/2018, del 12/3/2019; Sala V, in re: “OSRAM ARGENTINA SACI c/ EN-AFIP- DGI-Resol 30/11 s/ DGI”, Causa Nº 15.885/2011, del 15/8/2017); así como previamente lo había hecho la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, en los autos “Alubia S.A. c/ AFIP-DGI s/ ordinario”, Causa Nº 195/2012, del 6/3/2013, decisión que, en relación a la tasa de interés aplicable, adquirió firmeza, dado que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró improcedente el recurso extraordinario deducido por el fisco nacional, al sostener que éste “no logra refutar todos y cada uno de los fundamentos en que se sustenta la decisión apelada” (CSJN, “Alubia S.A. c/ AFIP – Dirección General Impositiva s/ repetición”, causa A.612.XLIX, del 4/11/2014).
Tal como se expresó, la solución que aquí se adopta tiene por antecedente las sentencias recaídas en las causas “Thomas de Sudamérica SA”, del 12/10/2017; “Oleaginosa Moreno Hermanos SA”, del 30/8/2018; “Envico SA”, del 19/3/2019; y “Gallo, Alejandro Daniel”, del 21/5/2019; las cuales fueron producto de un nuevo estudio que se CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 14534/2021; “GARCIA PINTO, ENRIQUE (TF 104160704-A) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
realizó sobre la materia, lo cual implicó el apartamiento de la doctrina sentada por esta Sala en precedentes anteriores (cfr. “Filosa Alfredo Oscar TF 43069-I c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 30.995/2016, del 6/10/2016; “La Juciela S.A. (TF 32.505-I)”, Causa Nº 22.813/13, del 12/12/2013; “Macias Osvaldo (TF 32215-I) c/ DGI”, Causa Nº 53.380/2012, del 23/4/2013; y “Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (TF 28490-I) c/ DGI”, Causa Nº 27.506/12, del 19/3/2013, entre otros).
Por todo lo hasta aquí expuesto, se torna inaplicable la tasa de interés fijada en el art. 4º de la Resolución Nº 314/04 del Ministerio de Economía y Producción, correspondiendo estarse a la que se aplica a los réditos que devengan las deudas del Estado Nacional, de conformidad con la doctrina sentada por la Corte Suprema en el precedente registrado en Fallos: 315:158, “YPF c/ Corrientes, Provincia de y Banco de Corrientes s/ cobro de pesos” del 3/3/92, esto es, la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina (Comunicado Nº 14.290 BCRA).
VII. Que, en segundo lugar, se impone destacar que el 18/7/2019 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución Nº 598/19 del Ministerio de Hacienda, la cual, entre otras medidas, derogó la Resolución Nº 314/04 del Ministerio de Economía y Producción (art. 9º); fijó nuevas tasas de interés resarcitorio y punitorio (arts. 1º, 2º y 3º) y –en lo que aquí interesa–, estableció que “la tasa de interés aplicable a los supuestos previstos en el artículo 179 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998, a los restantes supuestos de devolución, reintegro o compensación de los impuestos regidos por la citada ley y a los supuestos previstos en los artículos 811 y 838 del Código Aduanero, vigente en cada trimestre calendario, será la efectiva mensual surgida de considerar la tasa pasiva promedio publicada por el Banco Central de la República Argentina para el período de treinta (30) días finalizado el día veinte (20) del mes inmediato anterior al inicio del referido trimestre”.
“Cuando se trate de conceptos expresados en dólares estadounidenses, la tasa de interés aplicable será del cero coma veinte por ciento (0,20%) mensual” (art. 4º).
Por su parte, la norma dispone que las tasas serán publicadas al inicio de cada trimestre calendario en el sitio web de la Administración Federal de Ingresos Públicos (art. 6º).
Por último, es importante destacar que la Resolución Nº 598/19 entró en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, surtiendo efectos a partir del 1/8/2019 (art. 10), y que “[p]ara la cancelación de las obligaciones cuyo vencimiento hubiera operado antes de la fecha de entrada en vigencia de esta resolución, se deberán aplicar los regímenes vigentes durante cada uno de los períodos que éstos alcancen” (art. 8º).
VIII. Que, en virtud de lo expuesto en los considerandos que anteceden, se obtiene que los intereses que habrán de acceder a la suma cuya devolución se admitió en la Resolución N° 1/20, deberán ser liquidados de la siguiente manera: (i) desde el momento de formularse el reclamo hasta la entrada en vigencia de la Resolución Nº 598/19, aplicando la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina (Comunicado Nº 14.290 BCRA); y (ii) a partir de la entrada en vigencia de aquella norma, aplicando la tasa efectiva mensual que publica la AFIP, en cumplimiento de la misma. Ello hasta el momento del efectivo pago (cfr. esta Sala, in rebus: “Veleda, Carlos Alberto c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo organismo externo”, Causa Nº 68.267/2018, del 7/11/2019; y “Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFIYA-TF 29994-A c/ DGA s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 3.402/2022, del 11/8/2022).
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IX. Que, finalmente, atento al resultado del recurso, y teniendo en cuenta que no existen razones que ameriten apartarse del principio general de la derrota, corresponde imponer las costas de Alzada a la vencida (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal).
Por las razones expuestas, SE RESUELVE: desestimar el recurso de apelación interpuesto por el fisco nacional y, en consecuencia, confirmar la sentencia en cuanto fue materia de agravios, en los términos y con el alcance que surge del considerando VIII; con costas de Alzada a la vencida (arts. 68, primer párrafo, del Código Procesal).
Teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del asunto, la calidad y eficacia de la tarea profesional y las etapas cumplidas, SE CONFIRMAN los honorarios del Dr. Horacio Félix Cardozo. Sobre pautas análogas a las enunciadas y considerando, además, el resultado del recurso, SE ESTABLECEN sus emolumentos, por las tareas cumplidas en la Alzada (cfr. presentación del 9/8/2021) en 3,69 UMA que equivalen –a la fecha– a la suma de pesos treinta mil ciento noventa y cinco con veintisiete centavos ($30.195,27.-) (arts. 16, 19, 20, 21, 29 y 30 de la Ley Nº 27.423 y Acordada CSJN Nº 12/22). A los fines del art 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Fin de la sentencia