Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa C-16908-NE1E
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Acoger el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en fecha 4-2-2026 y, en consecuencia, revocar el pronunciamiento de grado en cuanto admitió la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la demandada respecto de los rubros indemnizatorios reclamados por Natalia Gargiulo en concepto de gastos terapéuticos futuros e incapacidad psíquica sobreviniente, reconociendo su legitimación para perseguir la reparación de tales perjuicios (arg. arts. 1737, 1738, 1739, 1740, 1741 y 1746 del Código Civil y Comercial), así como también en la parcela que resolvió hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la Provincia de Buenos Aires, rechazando esa defensa.
Las costas de la instancia se distribuyen del siguiente modo: por su orden, en lo que refiere a la excepción de falta de legitimación activa, en atención al modo en que quedara resuelta tal defensa y, en lo atinente a la excepción de prescripción, a la demandada en su condición de vencida (arts. 274 del C.P.C.C. y 51 inc. 1° del C.C.A. -t.o. ley 14.437-).
Las costas de Alzada se distribuyen en el orden causado por no mediar contradicción (arts. 274 del C.P.C.C. y 51 inc. 1° del C.C.A. -t.o. ley 14.437-).
2Diferir la regulación de honorarios por los trabajos de alzada para su oportunidad.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, de conformidad con lo establecido en el art. 8 del Anexo Único del Acuerdo S.C.B.A. 3975/20, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa C-16908-NE1E "GARGIULO, NATALIA c. FISCALIA DE ESTADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES s. PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS" , con arreglo al siguiente orden de votación según sorteo de ley: señores Jueces doctores Mora y Ucín.
I. El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial Necochea resolvió hacer lugar íntegramente a la excepción de falta de legitimación activa de la pretensión indemnizatoria deducida contra la Provincia de Buenos Aires a fin de que se indemnice los rubros "Daño moral", "Daño psicológico", "Gastos terapéuticos futuros de asistencia psicológica" y "Daño emergente: incapacidad sobreviniente". Asimismo, hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por la misma demandada, declarando prescripta la acción intentada.
Impuso las costas de ambas excepciones a la actora vencida (art. 51 inc. 1° del C.C.A.) y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 51 de la ley 14.967) [v. resol. elect. de fecha 23-12-2025].
II. Declarada por esta Alzada la admisibilidad formal del recurso de apelación interpuesto por la actora en fecha 4-2-2026 [cfr. proveído de Presidencia del 13-3-2026], y puestos los autos al Acuerdo para dictar sentencia -pronunciamiento que se encuentra firme-, corresponde plantear y votar la siguiente
¿Es fundado el recurso?
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Mora dijo:
I.1. El juez de grado hizo lugar a las excepciones de falta de legitimación activa y de prescripción opuestas por la Fiscalía de Estado provincial.
Abordó, en primer término, la excepción de falta de legitimación activa, para lo cual recordó que esta defensa tiene por objeto determinar si existe identidad entre la persona que ejerce la pretensión y aquella a quien la ley sustancial habilita para reclamar el derecho invocado.
En ese marco, analizó los rubros indemnizatorios reclamados por Natalia Gargiulo -daño moral, daño psicológico, gastos terapéuticos futuros e incapacidad sobreviniente- y sostuvo que la legitimación para reclamar las consecuencias no patrimoniales correspondía, conforme el art. 1741 del Código Civil y Comercial, al damnificado directo, salvo los supuestos excepcionales de muerte o gran discapacidad de la víctima, que no se verificaban en el caso. Citó la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada en Fallos 340:1185.
Asimismo, consideró que los rubros correspondientes a gastos terapéuticos futuros e incapacidad sobreviniente, aun cuando fueran susceptibles de cuantificación en dinero, constituían consecuencias no patrimoniales vinculadas directamente con los reclamos por daño moral y psicológico. Por tal motivo, entendió que la improcedencia de estos últimos impedía reconocer legitimación respecto de aquellos, en aplicación del principio según el cual lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Con base en tales consideraciones y en los arts. 802, 1741 y concordantes del Código Civil y Comercial, concluyó que la actora carecía de legitimación activa para reclamar la totalidad de los rubros indemnizatorios y admitió íntegramente la excepción.
Dicho lo anterior, examinó la excepción de prescripción y señaló que las partes resultaban contestes en la aplicación del plazo trienal previsto por el art. 2561 del Código Civil y Comercial, aunque discrepaban respecto del momento a partir del cual aquel debía computarse. Así, mientras la actora sostuvo que los daños son continuados y que el perjuicio psicológico se prolongó hasta el archivo definitivo de la causa penal, la demandada entendía que el plazo debe computarse desde la detención de su hijo, ocurrida el 21 de octubre de 2019.
Sobre el punto en disputa, el juez de grado consideró que, tratándose de un supuesto de responsabilidad extracontractual, la obligación de reparar resultaba exigible desde la producción del daño, pues la mora opera automáticamente. En consecuencia, entendió que el plazo de prescripción comenzó a correr, a más tardar, desde la detención de Juan Martín Rosso, el 21 de octubre de 2019, y venció el 21 de octubre de 2022. Añadió que la propia actora situó en su demanda el inicio del trauma que invocó en aquella detención y que, aun cuando se tomara como referencia la fecha posterior de su liberación, ocurrida el 9 de julio de 2022, tampoco la acción fue promovida dentro del plazo legal.
También descartó que la promoción del beneficio de litigar sin gastos, efectuada el 25 de junio de 2024, pudiera mantener vigente la acción, pues para entonces ya había transcurrido el plazo trienal. En igual sentido, consideró que no concurrían circunstancias que justificaran la dispensa prevista legalmente ni causales de suspensión o interrupción capaces de impedir el vencimiento del término. Incluso contemplando hipotéticamente la suspensión de seis meses, entendió que la acción igualmente se encontraba prescripta al momento de promoverse el beneficio y, con mayor razón, al interponerse la demanda.
Por tales fundamentos, hizo lugar a la excepción de prescripción y declaró prescripta la acción intentada. Finalmente, impuso las costas correspondientes a ambas excepciones a la actora vencida, de conformidad con el art. 51 inc. 1° del C.P.C.A.
2. La parte actora deduce recurso de apelación fundado en fecha 4-2-2026 contra el pronunciamiento de grado.
Cuestiona, en primer lugar, la admisión de la excepción de falta de legitimación activa, sosteniendo que el juez de grado atribuye erróneamente carácter extrapatrimonial e indirecto a los rubros reclamados en concepto de incapacidad sobreviniente y gastos terapéuticos futuros, cuando -a su entender- ambos revisten naturaleza patrimonial y directa.
En este sentido, explica que la incapacidad se vincula con la disminución de aptitudes productivas o económicamente valorables y que los gastos terapéuticos constituyen erogaciones susceptibles de apreciación pecuniaria, por lo que considera que tales rubros se encuentran fuera del ámbito de aplicación del art. 1741 del Código Civil y Comercial. Por tal razón, cuestiona la interpretación efectuada en la sentencia respecto de dicha norma y postula que toda persona que sufre un daño cierto, personal y económicamente apreciable se encuentra legitimada para reclamar su reparación.
Alega que la persecución penal ilegítima que, según afirma, se prolongó durante años a raíz de la actuación del agente fiscal, no sólo afectó a su hijo sino que también le ocasionó un perjuicio propio, directo y progresivo, que derivó en una incapacidad psíquica y en la necesidad de tratamiento. Por ello, aduce que el pronunciamiento confunde la causa del daño con su naturaleza jurídica y solicita que se reconozca su legitimación para reclamar los daños patrimoniales invocados.
En otro orden de ideas, se agravia de la admisión de la excepción de prescripción. Cuestiona el dies a quo fijado en la sentencia, que sitúa en la fecha de detención de su hijo, y plantea que los perjuicios cuya reparación pretende derivan de un daño continuado cuya producción se prolonga durante el desarrollo del proceso penal.
Afirma que la situación que denuncia se extiende, cuanto menos, hasta el 9 de julio de 2022, fecha en que se dicta la sentencia absolutoria y cesa la prisión preventiva de su hijo, y que el conocimiento completo de las circunstancias que, según postula, comprometen la responsabilidad estatal se produce con el pronunciamiento del Tribunal de Casación Penal del 14 de julio de 2023. Agrega que la afectación cesa definitivamente con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires de fecha 10 de febrero de 2025, mediante la cual se dispuso el archivo de la causa penal.
Invoca, en sustento de su postura, el criterio que atribuye a la Suprema Corte provincial en la causa C. 101.270, "Salimberri c. Municipalidad de Brandsen" , sentencia del 10 de junio de 2016, respecto de la prescripción en supuestos en los que la conducta ilícita o el perjuicio se prolongan en el tiempo.
Reitera que su conocimiento de las circunstancias que invoca como fundamento de la responsabilidad de la Provincia se produce inicialmente con la sentencia absolutoria del 9 de julio de 2022 y se completa con el pronunciamiento del Tribunal de Casación Penal del 14 de julio de 2023, en tanto allí -según afirma- se identifican las irregularidades que atribuye al fiscal interviniente.
En consecuencia, postula que el plazo trienal previsto en el art. 2561 del Código Civil y Comercial no puede computarse desde la detención de su hijo, sino desde la cesación del daño continuado o, subsidiariamente, desde que toma conocimiento de las circunstancias que sustentan la responsabilidad estatal que invoca.
Por todo lo expuesto, solicita que se revoque el pronunciamiento también en cuanto admite la excepción de prescripción.
II. El recurso merece prosperar.
1. Descriptos a modo de síntesis los antecedentes de la causa, cabe destacar -en primer lugar- que arriba incontrovertido a esta Alzada el acogimiento de la excepción de falta de legitimación activa respecto del reclamo indemnizatorio efectuado por Natalia Gargiulo por los perjuicios padecidos en concepto de "daño moral" y "daño psicológico" (consecuencias no patrimoniales), al considerar el a quo que no resulta ser damnificada directa en los términos del art. 1741 del Código Civil y Comercial, ni hallarse comprendida en alguno de los supuestos de excepción previstos por la norma [v. considerando "I"].
Por ello -más allá de su acierto o no-, tales aspectos del pronunciamiento al no haber merecido queja de parte interesada y por tratarse de una cuestión que ha arribado firme a la instancia de apelación, se encuentra vedada al conocimiento de este órgano revisor desde que, lo contrario, importaría quebrantar el principio constitucional de congruencia (esta Cámara causas C-1309-MP1 "Machaca", sent. de 19-11-2009; G-990-BB1 "De Monte", sent. del 29-04-2010; C-2138-DO1 "Medina Assirto", sent. de 14-12-2010; C-8159-MP1 "Cavallero", sent. del 23-04-2019; C-16502-BB1E "Uzcudun", sent. del 16-7-2026; arg. arts. 17 y 18 Const. Nac.).
Debe recordarse que la jurisdicción de los tribunales de segunda instancia está limitada por el alcance de los recursos concedidos; si se prescinde de esa limitación y se resuelven cuestiones que han quedado firmes, se causa agravio a las garantías constitucionales de la defensa en juicio y la propiedad (conf. doct. C.S.J.N. Fallos 260:216; 268:323; 276:216; 281:300; 301:925; 304:355: 307:948; 310:999; S.C.B.A. causas Ac. 94.251 "F., R.", sent. del 6-XII-2006; Ac. 89.165 "Rodríguez", sent. del 16-V-2007; esta Cámara causas C-1427-AZ1 "Zudaire", sent. del 1-12-2009; C-1471-MP1 "Fioramonti", sent. de 21-10-2010; C-9454-BB1 "Ferretti", sent. del 04-06-2020).
2. Delimitado entonces el contexto al que habrá de circunscribirse la actividad revisora de este Tribunal, corresponde dar tratamiento a la primera impugnación blandida en el memorial de agravios contra la porción del fallo recurrido, vinculada con la presunta falta de legitimación activa de la demandante para peticionar un resarcimiento en concepto de "gastos terapéuticos futuros" e "incapacidad sobreviniente" derivados del cuadro psicopatológico que aduce padecer.
Adelanto que habré de acompañar a la quejosa en su ataque a la solución brindada en esta parcela del decisorio apelado.
2.1. Cuadra recordar aquí que los perjuicios derivados de una afectación psíquica presentan sustanciales diferencias respecto del daño moral, tanto por su origen -de naturaleza patológica en el primer caso- como por las consecuencias que pueden derivarse de aquella lesión. Así, junto a las repercusiones de orden espiritual que eventualmente pudieran ser ponderadas en el ámbito de las consecuencias no patrimoniales, la lesión psíquica puede ocasionar perjuicios de contenido económico cuando determina la necesidad de afrontar gastos destinados a su tratamiento o provocar una disminución permanente de las aptitudes de la persona para realizar actividades productivas o económicamente valorables (arg. art. 1746 del Código Civil y Comercial).
De allí que nuestro Máximo Tribunal federal haya admitido, junto al eventual reconocimiento de los gastos que pudiera demandar el tratamiento prescripto para atender el desequilibrio emocional causado por un hecho dañoso, la posibilidad de fijar una indemnización por las consecuencias patrimoniales derivadas de la incapacidad psíquica cuando esta asuma carácter permanente (argto. doct. C.S.J.N. Fallos 326:847, 1299, 1673; 328:2546, 4175; esta Cámara causas C-2300-MP1 "Meneses", sent. de 2-08-2011; C-2754-MP2 "Bracciale Escalada", sent. de 27-03-2012; C-4009-AZ1 "Casas de Málaga", sent. de 9-06-2014; C-5543-AZ1 "Santos", sent. de 2-06-2016; C-6885-BB1 "Giraudo", sent. de 20-03-2018).
Tal distinción resulta determinante en el caso, pues permite advertir que -a diferencia de lo que se desprende del pronunciamiento en crisis- la naturaleza patrimonial o extrapatrimonial del perjuicio cuya reparación se persigue no viene dada por el carácter psíquico de la lesión que lo origina, sino por las concretas consecuencias que aquella proyecta sobre la persona que reclama.
2.2. Partiendo de tales premisas, considero que asiste razón a la recurrente en cuanto cuestiona la decisión del magistrado de grado de extender a los rubros reclamados en concepto de "gastos terapéuticos futuros" e "incapacidad sobreviniente" la restricción de legitimación prevista por el art. 1741 del Código Civil y Comercial [v. capítulo "II", apartado "B" del memorial de agravios de fecha 4-2-2026].
En efecto, de los términos en que fue articulada la pretensión deducida, surge que la accionante no procura mediante aquellos conceptos obtener una compensación por las afecciones espirituales que le habría provocado la detención y el sometimiento de su hijo Juan Martín Rosso a un proceso penal -cuestión que, como quedó dicho, ha quedado descartada en la instancia y arribado firme a este Tribunal-, sino la reparación de consecuencias que reputa patrimoniales y propias: de un lado, las erogaciones que afirma deberá afrontar para el tratamiento de la lesión psíquica que invoca y, del otro, la incidencia económicamente perjudicial que atribuye a la incapacidad permanente que aquella habría provocado sobre su capacidad laborativa y sus aptitudes de la vida cotidiana.
Es precisamente a partir de esa caracterización que debe examinarse su legitimación.
2.3. Sentado ello, cabe recordar -brevemente- que el Código Civil y Comercial de la Nación establece que existe daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva (art. 1737). A su vez, dispone que la indemnización comprende, entre otros conceptos, la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima y las consecuencias derivadas de la afectación de su integridad personal y salud psicofísica (art. 1738), al tiempo que exige, para la procedencia del resarcimiento, la existencia de un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente (art. 1739).
De este último precepto se desprende que, tratándose de consecuencias patrimoniales, el ordenamiento reconoce legitimación resarcitoria tanto a los damnificados directos como a los indirectos, siempre que invoquen la lesión de un interés jurídicamente protegido y un perjuicio propio, susceptible de ser atribuido causalmente al hecho dañoso.
En tal sentido, la distinción entre damnificados directos e indirectos atiende a la posición que ocupa quien reclama frente al hecho generador del daño, pues mientras el primero resulta inmediatamente afectado por aquel acontecimiento, el segundo experimenta sus consecuencias perjudiciales por repercusión o rebote, a partir de la lesión inicialmente ocasionada a otra persona. No obstante ello, en ambos supuestos, el perjuicio cuya reparación se persigue debe ser propio de quien acciona, sin que la circunstancia de que su producción haya sido mediata o refleja constituya, por sí sola, un impedimento para reclamar su resarcimiento patrimonial (arg. arts. 1737, 1738 y 1739 del Código Civil y Comercial).
En otros términos, en lo que refiere a los damnificados indirectos es factible distinguir expresamente entre los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, ya que el art. 1739 del Código Civil y Comercial contempla la posibilidad de reclamar la reparación de un daño propio producido por repercusión de la lesión ocasionada a un tercero, mientras que las limitaciones establecidas por el art. 1741 se circunscriben a la indemnización de las consecuencias no patrimoniales.
Y no es sino esta última distinción la que el sentenciante de grado desatendió al extender a la totalidad de los rubros indemnizatorios reclamados por Natalia Gargiulo la restricción de legitimación contemplada por el art. 1741 del ordenamiento sustancial.
Repárese que dicha norma regula específicamente la indemnización de las consecuencias no patrimoniales, y establece, como principio, que se encuentra legitimado para reclamarlas el damnificado directo, aunque reconoce excepcionalmente legitimación a determinados damnificados indirectos cuando del hecho resulte la muerte o gran discapacidad de la víctima. No obstante, tal limitación no resulta extensible a los perjuicios de naturaleza patrimonial, cuya reparación se encuentra regida por las disposiciones generales anteriormente examinadas.
Además, corresponde destacar que el art. 1746 del Código Civil y Comercial contempla expresamente la indemnización de las lesiones o incapacidades físicas o psíquicas permanentes, totales o parciales, en cuanto determinen una disminución de las aptitudes del damnificado para desarrollar actividades productivas o económicamente valorables, y reconoce asimismo la resarcibilidad de los gastos vinculados con aquellas afecciones.
Desde esta perspectiva, no deben equipararse las consecuencias patrimoniales de una lesión psíquica con los padecimientos espirituales que integran el daño moral, ni considerar que las primeras revisten carácter accesorio respecto de los segundos. Como se expuso precedentemente, una misma afectación a la integridad psicofísica puede proyectar consecuencias resarcibles de distinta naturaleza, cuya procedencia debe examinarse de acuerdo con las características del perjuicio efectivamente invocado.
A partir de lo anterior, entiendo que -en el caso de autos- la circunstancia de que la actora no hubiera sido la persona directamente afectada por la conducta estatal que califica de ilegítima, no se erige en un obstáculo jurídico para reconocerle legitimación activa respecto de los perjuicios patrimoniales que afirma haber experimentado como consecuencia de los acontecimientos relatados en su presentación inaugural (persecución penal y privación de libertad de su hijo). Trátase, reitero, de perjuicios que, en los términos en que fueron reclamados, presentan naturaleza patrimonial y, por ende, su reparación puede ser pretendida por quien afirma haberlos sufrido, aun cuando revista la condición de damnificada indirecta respecto del hecho que les habría dado origen.
Por ello, considero que el magistrado de grado incurrió en un error al juzgar que la ausencia de legitimación de la accionante para reclamar las consecuencias no patrimoniales del hecho denunciado impedía, por aplicación del principio según el cual lo accesorio sigue la suerte de lo principal, reconocerle legitimación para obtener el resarcimiento de los gastos terapéuticos futuros y de la incapacidad psíquica sobreviniente. La autonomía de tales consecuencias patrimoniales respecto del daño moral torna inaplicable aquel razonamiento, pues la procedencia de su reparación no se encuentra subordinada al reconocimiento de una indemnización por padecimientos espirituales, sino a la concurrencia de los presupuestos propios de la responsabilidad patrimonial.
Aclaro, no obstante, que el reconocimiento de legitimación activa que aquí se propicia no importa emitir juicio acerca de la efectiva existencia de los perjuicios invocados, su entidad, permanencia ni vinculación causal con la conducta estatal denunciada, extremos cuya acreditación corresponderá examinar al abordar, en su caso, la procedencia sustancial de la pretensión indemnizatoria.
2.4. Por las razones expuestas, considero que corresponde acoger el agravio bajo tratamiento y revocar el pronunciamiento de grado en cuanto admitió la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la demandada respecto de los rubros indemnizatorios reclamados por Natalia Gargiulo en concepto de gastos terapéuticos futuros e incapacidad psíquica sobreviniente, reconociendo su legitimación para perseguir la reparación de tales perjuicios (arg. arts. 1737, 1738, 1739, 1740, 1741 y 1746 del Código Civil y Comercial).
3. Despejado lo anterior, corresponde ingresar -en lo que sigue- al tratamiento del segundo agravio de la recurrente, dirigido contra aquella otra parcela del fallo de la instancia que resolvió admitir la excepción de prescripción opuesta por la accionada [v. considerando "II" y capítulo "II", apartado "C" del escrito recursivo de fecha 4-2-2026].
Adelanto que también habré de acompañar a la quejosa en su crítica.
3.1. No existe controversia en esta instancia acerca de que el plazo de prescripción aplicable a la pretensión indemnizatoria promovida por la actora es el de tres años previsto por el art. 2561 del Código Civil y Comercial. La discrepancia queda, entonces, circunscripta a determinar el momento a partir del cual corresponde computarlo.
El juez de grado situó el dies a quo en el 21-10-2019, fecha en que fue detenido el hijo de la accionante. Para así decidir, ponderó que la propia interesada identificó ese acontecimiento como el comienzo del trauma cuyas consecuencias procura reparar y consideró que, tratándose de responsabilidad extracontractual, la obligación resarcitoria resultó exigible desde la producción del daño.
No comparto ese razonamiento.
Cabe recordar aquí que esta Cámara ha señalado que, aunque como principio la prescripción de la acción emergente de un hecho ilícito comienza a computarse desde el momento en que éste ocurre, tal regla general debe ser prudentemente aplicada a las circunstancias particulares de cada caso. El plazo comienza a correr cuando el acreedor se encuentra en posibilidad jurídica de ejercer su potestad, esto es, cuando cuenta con una acción expedita y con una razonable accesibilidad al conocimiento del hecho que la viabiliza. De allí que la determinación del momento inicial de la prescripción exija precisar, previamente, cuál es el objeto de la pretensión y cuáles son los hechos sobre cuya base fue estructurada (cfr. esta Cámara, causa C-4101-AZ1 "Otero de Moya", sent. de 18-8-2015).
3.2. Examinada con esa pauta la presentación inaugural de estas actuaciones, advierto que la pretensión de Natalia Gargiulo no se sustenta en la detención de su hijo considerada como un acontecimiento aislado, ni identifica sin más ese hecho con la conducta estatal antijurídica por la que reclama.
Es cierto que la accionante relata que el 21-10-2019 tomó conocimiento de la detención de Juan Martín Rosso y caracteriza ese episodio como el comienzo del "verdadero trauma", describiendo -además- los padecimientos que experimentó durante el período en que aquél permaneció privado de su libertad.
Aún así, una cosa es el momento a partir del cual comenzaron a exteriorizarse los padecimientos que la actora invoca como daño y otra, distinta, aquel en que pudo razonablemente conocer la concurrencia de los presupuestos sobre cuya base estructuró la responsabilidad estatal y, consecuentemente, encontrarse en condiciones jurídicas de promover la acción tendiente a obtener su reparación.
Es en este último aspecto donde el razonamiento del pronunciamiento apelado pierde de vista el modo en que fue articulada la demanda.
Repárese que la accionante atribuye responsabilidad a la Provincia de Buenos Aires por la irregular actuación que endilga al fiscal interviniente en el proceso penal seguido contra su hijo, a la que caracteriza como falta de servicio. En efecto, sostiene que aquél incumplió el deber de objetividad que regía su actuación, intervino indebidamente en la producción de determinadas pruebas, condujo la investigación con sesgo acusatorio y omitió ponderar elementos que, según afirma, resultaban desincriminatorios y, sobre esa base, postula que tales irregularidades fueron determinantes para que se dispusiera y mantuviera la privación de libertad de Rosso.
La demanda vincula, además, de manera expresa esa imputación con lo resuelto posteriormente en sede penal, dado que, en un apartado específicamente destinado a la "toma de conocimiento definitiva" de la mala praxis que atribuye al fiscal, sostiene que fue la sentencia de la Sala IV del Tribunal de Casación Penal del 14-7-2023 la que dejó establecidas las irregularidades que imputa al funcionario y afirma que, a partir de la firmeza de ese pronunciamiento, adquirió conocimiento definitivo de ellas.
A ello se suma que, al describir el vínculo causal, la accionante no individualiza como hecho generador del deber de reparar a la sola privación de libertad de su hijo, sino que afirma que la actuación del fiscal resultó gravitante para que aquella detención se produjera y que los órganos judiciales que intervinieron durante las primeras etapas del proceso no pudieron advertir su injusticia como consecuencia de la forma en que aquél condujo la investigación y presentó los elementos reunidos.
De tal modo, más allá del acierto sustancial que pudiera finalmente reconocerse a esa construcción -cuestión que no corresponde anticipar al resolver la excepción en tratamiento-, es ella la que debe ser considerada para establecer cuándo quedó expedita la acción cuya prescripción se debate.
3.3. Bajo tales premisas, no resulta acertado retrotraer el inicio del plazo al 21-10-2019.
En esa fecha la privación de libertad de Rosso constituía una medida dispuesta en el marco de un proceso penal todavía en trámite, por lo que no existía entonces pronunciamiento absolutorio alguno ni, con mayor razón, una decisión jurisdiccional que examinara las deficiencias de la investigación fiscal que la actora erige en fundamento de la falta de servicio imputada a la Provincia.
Siendo ello así, considero que el razonamiento del juzgador de la instancia confunde el comienzo de las consecuencias dañosas con el momento a partir del cual la interesada estuvo en condiciones de conocer los presupuestos sobre cuya base atribuye responsabilidad al Estado, esto es, el momento en que se encontró expedita la acción resarcitoria en los términos en que fue promovida.
Mientras el proceso penal se encontraba en curso y subsistía la posibilidad de que la imputación formulada contra Rosso culminara en una sentencia condenatoria, no resultaba razonable exigir a la actora que promoviera una acción resarcitoria sustentada, precisamente, en que aquella persecución penal y la privación de libertad derivada de ella fueron injustificadas y consecuencia de una defectuosa prestación del servicio de justicia. Sin embargo, la situación adquirió una configuración sustancialmente diferente con la absolución de Rosso (9-7-2022), y posteriormente, con el pronunciamiento del Tribunal de Casación Penal del 14-7-2023 que examinó las deficiencias de la investigación fiscal que la accionante invoca como fundamento específico de la falta de servicio, siendo la intervención de la Suprema Corte provincial del 10-2-2025 la que puso fin definitivamente al trámite de aquella causa penal.
Cualquiera de esos acontecimientos pone de manifiesto el desacierto de identificar, como hizo el juez de grado, el comienzo de los padecimientos invocados con el nacimiento de la acción resarcitoria, prescindiendo de la específica causa de responsabilidad sobre la cual la interesada edificó su pretensión.
En tales condiciones, computado el plazo trienal previsto por el art. 2561 del Código Civil y Comercial tomando como punto inicial el primero de los hitos anteriores postulados por la recurrente, la acción resarcitoria interpuesta el 2-9-2024 [cfr. escrito de demanda] no se encuentra prescripta.
Consecuentemente, corresponde acoger el agravio examinado, revocar el pronunciamiento de grado en cuanto hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por la Provincia de Buenos Aires y rechazar dicha defensa.
III. Si lo expuesto es compartido, propongo al Acuerdo acoger el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en fecha 4-2-2026 y, en consecuencia, revocar el pronunciamiento de grado en cuanto admitió la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la demandada respecto de los rubros indemnizatorios reclamados por Natalia Gargiulo en concepto de gastos terapéuticos futuros e incapacidad psíquica sobreviniente, reconociendo su legitimación para perseguir la reparación de tales perjuicios (arg. arts. 1737, 1738, 1739, 1740, 1741 y 1746 del Código Civil y Comercial), así como también en la parcela que resolvió hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la Provincia de Buenos Aires, rechazando esa defensa.
Las costas de la instancia deberían distribuirse del siguiente modo: por su orden, en lo que refiere a la excepción de falta de legitimación activa, en atención al modo en que quedara resuelta tal defensa y, en lo atinente a la excepción de prescripción, a la demandada en su condición de vencida (arts. 274 del C.P.C.C. y 51 inc. 1° del C.C.A. -t.o. ley 14.437-).
Las costas de Alzada deberían distribuirse en el orden causado por no mediar contradicción (arts. 274 del C.P.C.C. y 51 inc. 1° del C.C.A. -t.o. ley 14.437-).
Voto la cuestión planteada por la afirmativa .
El señor Juez doctor Ucín , por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Mora, y con igual alcance, vota la cuestión planteada por la afirmativa .
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial Mar del Plata, dicta la siguiente
1. Acoger el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en fecha 4-2-2026 y, en consecuencia, revocar el pronunciamiento de grado en cuanto admitió la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la demandada respecto de los rubros indemnizatorios reclamados por Natalia Gargiulo en concepto de gastos terapéuticos futuros e incapacidad psíquica sobreviniente, reconociendo su legitimación para perseguir la reparación de tales perjuicios (arg. arts. 1737, 1738, 1739, 1740, 1741 y 1746 del Código Civil y Comercial), así como también en la parcela que resolvió hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la Provincia de Buenos Aires, rechazando esa defensa.
Las costas de la instancia se distribuyen del siguiente modo: por su orden, en lo que refiere a la excepción de falta de legitimación activa, en atención al modo en que quedara resuelta tal defensa y, en lo atinente a la excepción de prescripción, a la demandada en su condición de vencida (arts. 274 del C.P.C.C. y 51 inc. 1° del C.C.A. -t.o. ley 14.437-).
Las costas de Alzada se distribuyen en el orden causado por no mediar contradicción (arts. 274 del C.P.C.C. y 51 inc. 1° del C.C.A. -t.o. ley 14.437-).
2. Diferir la regulación de honorarios por los trabajos de alzada para su oportunidad.
Regístrese, notifíquese por Secretaría electrónicamente conforme art. 10 Anexo único del Acuerdo 4013/21 -t.o. Ac. SCBA 4039/21- y devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen por Secretaría.
Firmas
Funcionario firmante: UCIN Diego Fernando - JUEZ
Funcionario firmante: MORA Roberto Daniel - JUEZ
Funcionario firmante: RUFFA María Gabriela - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 1021-2026
Fin de la sentencia