Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa G-2370/19-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la parte demandada Patagonia Energética S.A. a fs. 1210/1220.-
2Declarar la nulidad parcial del pronunciamiento dictado por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 1130/1151 vta., tal como se indicara en los Considerandos III, IV y V, reenviando los presentes autos a la Cámara de origen para que, con nuevos jueces hábiles, dicte un nuevo pronunciamiento sobre las cuestiones referidas en los considerandos precedentemente señalados.-
3Confirmar la sentencia recurrida en todo lo demás que fuera materia de agravios.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: G-2370/19-TSJ Interlocutorio N°: 700 Actor: GARRIDO HORACIO LUIS Demandada: SEMYCI - SERVICIOS DE MONTAJE Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES S.R.L. Y OTROS Objeto: LABORAL (ACCIDENTE DE TRABAJO)
Fecha: 22/03/2022 Texto: TOMO XXI -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 700 FOLIO Nº 4152/4158 PROT. ELECT. TSS1 001 S.221
Río Gallegos, 22 de marzo de 2022.-
Los presentes autos caratulados: “GARRIDO HORACIO LUIS C/ SEMYCI - SERVICIOS DE MONTAJE Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES S.R.L. Y OTROS S/ LABORAL (ACCIDENTE DE TRABAJO)”, Expte Nº G-24.603/12 (G-2370/19-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar Sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte demandada, Patagonia Energética S.A., por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Ramiro Manuel Serantes (cfr. fs. 1210/1220 vta.), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 1130/1151 vta. por cuanto modifica el pronunciamiento dictado en Primera Instancia a fs. 1011/1031 y vta.-
Analizando los antecedentes de la causa, observamos que el Sr. Horacio Luis Garrido refiere que el día 30 de junio de 2010, mientras se encontraba sobre un andamio improvisado por la empleadora -SEMYCI S.R.L.-, éste se desplomó violentamente sobre el suelo, cayendo el tablón y los andamios sobre su pierna izquierda, ocasionándole una incapacidad del 84.26 %. Por esta razón, demanda por daños y perjuicios a su empleadora a fin de obtener la indemnización correspondiente, alegando la responsabilidad solidaria de la Aseguradora de Riesgo del Trabajo y de la firma Patagonia Energética. S.A., en los términos de la legislación civil fundando su pretensión en el artículo 1113 del Código de Vélez (vigente al momento del hecho). Asimismo plantea la inconstitucionalidad de la Ley Nº 24.557 (art. 39 inc. 1) porque lo priva del derecho a una reparación integral del daño producido.- La sentencia de Primera Instancia declara la inconstitucionalidad del párrafo primero del artículo 39 de la Ley Nº 24.557 para el caso concreto y hace lugar parcialmente a la demanda, condenando a SEMYCI S.R.L. a abonar al actor las sumas que allí se indican (cfr. foja 1031 vta.), con más intereses, imponiéndose las costas a la nombrada. Asimismo, rechazó la solidaridad invocada respecto de la firma Patagonia Energética S.A. y la extensión de la condena a Prevención ART S.A., con costas al actor.-
Dicho fallo fue modificado parcialmente por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial (cfr. fs. 1130/1151 vta.). Allí se elevó el monto de la indemnización y se admitió la responsabilidad solidaria de Patagonia Energética S.A.-
Ante esta solución, la codemandada Patagonia Energética S.A. recurre el fallo de Segunda Instancia acusando violación y errónea aplicación de la ley conforme lo prescripto por el artículo 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del C.P.C. y C., conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, sosteniendo que: “…no puede la Excma. Cámara ingresar al análisis de los hechos establecidos como acreditados por el Juez de Primera Instancia, para luego ver si se configuraron los presupuestos de responsabilidad civil invocados por el actor, debido a que lo primero escapa a su decisión, ya que ni siquiera se han agraviado las partes en relación a ello, sino que los agravios esgrimidos por ambos recurrentes -Actor y SEMYCI S.R.L.- del fallo de 1ra.
Instancia, han sido por las consecuencias jurídicas que el juez de grado diera a los mismos, y que en el caso de mi representada Patagonia Energética S.A. se vio beneficiada con su eximición de responsabilidad solidaria, ante la reparación ordenada a SEMYCI S.R.L. en los términos del derecho civil.” (cfr. fs. 1211 vta./1212).- Además de ello, se agravia porque entiende que el fundamento utilizado por la Excma. Cámara de Apelaciones para admitir la responsabilidad solidaria de Patagonia Energética S.A. es irrazonable, indicando que “...los argumentos por los cuales se ha pretendido atribuir responsabilidad a mi representada no han sido por un nexo causal entre el daño y el riesgo creado, sino que ha sido por la condición de contratista de un servicio, que según el actor, hace a su actividad principal, y que esa responsabilidad derivaría del art. 30 de la LCT, que fija la responsabilidad solidaria de quienes, teniendo una actividad propia normal y específica o habiéndose encargado de ella, estiman no conveniente realizarla por sí, en todo o en parte, sino encargar a otra u otros esa realización de bienes o servicios [...] Cambiarle ahora, en una segunda instancia, la base de su responsabilidad, y de oficio, con la intervención asumida por la Excma.
Cámara, producto del recurso de apelación presentado por la actora, implica una clara violación del derecho de defensa, además de la arbitrariedad que se comete con ello, por parte del órgano de revisión.” (cfr. fs. 1213 y vta.). Señala que “...ni el juez de primera instancia, en el análisis concreto de los hechos probados ni la Excma. Cámara han desarrollado mínimamente cuáles han sido las conductas por las cuales mi representada tenía un control sobre la actividad de SEMYCI S.R.L...” (cfr. foja 1214 vta.) e indica que la Cámara incurre en absurdo al “...atribuirle a Patagonia Energética S.A. responsabilidad por el accidente sufrido por el actor en los términos del art. 1113 del C.C. -art. 1757 del C.C. y C.-, y mucho menos que esta responsabilidad sea solidaria...” (cfr. foja 1217).- En segundo término, se agravia con motivo de “...la determinación que ha hecho en su sentencia respecto del daño a resarcir al actor en cuanto a que redetermina cada uno de los rubros que deberán componer la reparación, como así también, la modificación de los montos establecidos por el Juez de Primera Instancia en la sentencia.” Y agrega que “Si bien la determinación del cálculo de las indemnizaciones debe ser realizado con la legislación vigente a la fecha de su realización por aplicación inmediata que en el caso se encuentra prevista en el Art. 7 del C.C.C.N. la función que tiene la Excma.
Cámara producto de su facultad de revisión debe estar circunscripta al agravio expresado por el recurrente y que en el caso únicamente estaba dado en la diferencia salarial que debía reconocérsele debido a una supuesta categoría superior en su CCT.” (cfr. fs. 1219 vta./1220).- Declarado formalmente admisible el recurso de casación por la Alzada a fs. 1222/1223, este Alto Cuerpo lo declara bien concedido a fs. 1236 y vta., poniendo los autos a disposición de las partes, conforme lo dispuesto en el artículo 8° del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, ninguna de las partes hizo uso de esa facultad (cfr.
PE69029-2021).-
Que dictamina el Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Tribunal Superior de Justicia, quien postula -en base a los argumentos que allí esgrime y a los cuales remitimos en honor a la brevedad- que no debe hacerse lugar al recurso de casación interpuesto por la codemandada Patagonia Energética S.A. (cfr. PE97372-2021).-
Se llaman autos para dictar sentencia en PE92284-2021 y en PE107297-2021 pasan los presentes a estudio.-
II. La recurrente indica, como primer agravio, que el fallo atacado incurre en absurdo al modificar el criterio sostenido por el Juez de Primera Instancia, y considerar que, la ahora casacionista, debe responder por los daños sufridos por el accionante conforme las normas del derecho civil ya que la extensión de responsabilidad a esta última no se debe buscar en la Ley de Contrato de Trabajo (art. 30) sino que se trata de un caso de responsabilidad objetiva previsto en la Ley Civil (cfr. art. 1113).-
Preliminarmente es preciso aclarar que si bien a partir del mes de agosto de 2015 entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, el evento que motivara la iniciación de estos autos aconteció con anterioridad, cuando imperaba el Código de Vélez, de manera tal que la responsabilidad por los perjuicios causados al demandante debe juzgarse en base a este último cuerpo legal (cfr. art. 7 del Código Civil y Comercial).-
En Primera Instancia fue rechazada la demanda contra Patagonia Energética S.A., pues el Juez consideró que no se daban los presupuestos que prevé el artículo 30 de la LCT para habilitar la responsabilidad solidaria. Esta parcela del fallo, fue modificada por el Tribunal de Alzada el cual apoyó la condena contra la aquí recurrente en que, si bien ésta contrató a SEMYCI S.R.L. y Garrido era empleado de esta última, Patagonia Energética S.A., como titular de la obra, le cabe el rol de dueño o guardián y además ser quien se beneficiaba de la actividad que realizaba el actor, por lo cual le eran extensibles las consecuencias dañosas que de ella deriven, en los términos del artículo 1113 del Código Civil.- Sobre la cuestión descripta precedentemente, ha sostenido este Tribunal que las circunstancias que llevan a establecer la responsabilidad ante un siniestro, como determinar la relación entre un hecho y el daño, conforman típicas cuestiones de hecho, cuya apreciación se encuentra reservada a los jueces de grado y excluida de la censura en casación, salvo el supuesto excepcional del absurdo en la apreciación de la prueba (cfr.
Interlocutorio, Tomo XI, Reg. 1462, Folio 2044/2045; Sentencia, Tomo XIII, Reg. 446, Folio 2431/2439). Absurdo que, se adelanta, no se observa configurado en esa parcela de la sentencia recurrida.- Del libelo de inicio surge que el accionante responsabiliza a Patagonia Energética S.A. por ser “...quien utiliza o se aprovecha de la prestación emergente del vínculo laboral que surge del contrato que poseía con la empresa contratista.” (cfr. foja 31 vta.) y, específicamente, al contestar la excepción opuesta por la casacionista expresó sobre el tema: “La codemandada Patagonia Energética S.A. es demandada directamente por esta parte con fundamento en las normas previstas en nuestro Código Civil…No es traída a juicio como empleadora sino como corresponsable de los padecimientos que sufrió el actor por ser dueña y/o guardiana y servirse de la cosa generadora del daño conforme lo establece el art. 1113 del Código civil” (cfr. foja 343).
Se advierte, además, que la actora, en ningún momento menciona al artículo 30 de la LCT como fuente de la atribución de responsabilidad a la ahora recurrente.- En base a las palabras transcriptas y a que se demandó la reparación integral en los términos de la ley civil y no de la laboral es que la Cámara, extendió la responsabilidad al principal que contrató la obra, atribuyéndole responsabilidad en las consecuencias del siniestro según las normas del derecho civil, por ser quien tenía a su cargo la dirección de la obra y quien se beneficiaba con el trabajo del actor (cfr. fs. 1201 vta./1205).-
Así se ha postulado que el riesgo creado por la actividad de-sarrollada acentúa aun más la responsabilidad de quien la realiza cuando ella le permite alcanzar un beneficio, comprensivo este último de cualquier tipo de utilidad, ventaja o provecho económico, que hace que deba soportar los riesgos creados hacia terceros (cfr. Kemelmajer de Carlucci, A. en Belluscio-Zannoni, “Código Civil, comentado, anotado y concordado”, T. 5, pág. 471; CNCiv., Sala “C” en JA 1999-III-193; entre otros).-
La condena contra la recurrente dispuesta por la Cámara, es congruente con la pretensión del accionante y se apoyó en que -si bien Patagonia Energética S.A. subcontrató a SEMYCI S.R.L. para la realización de ciertos trabajos y Garrido era empleado de esta última- se beneficiaba de la actividad que realizaba el actor, era la dueña o guardián del lugar donde laboraba el nombrado y además tenía a su cargo la dirección y control de la obra por lo cual le eran extensibles las consecuencias dañosas que de ella deriven.-
La responsabilidad que le cupo a la recurrente frente a Garrido es la que surge del segundo párrafo del artículo 1113 del Código Civil, toda vez que dicha empresa tenía el poder de control y dirección de las actividades que desarrollaban en ellas los subcontratistas. De allí que ejercía el dominio de la obra y, en virtud de ello, procedía, también, atribuirle las consecuencias dañosas que pudieron haberse derivado durante su realización. Máxime, vale agregar, cuando dicho precepto consagra el factor objetivo del riesgo creado, determinándose que quien es dueño o se sirve de cosas, o realiza actividades que, por su naturaleza o modo de empleos generan riesgos potenciales a terceros, debe responder por los daños que ellas originan.- Así, de acuerdo a lo demandado por el accionante y lo decidido por la Cámara se ajusta al principio de congruencia.-
Mal puede, de acuerdo a lo señalado precedentemente, argüir la recurrente que se ha cambiado en Cámara el sustento de la responsabilidad que se le atribuye, violándose su derecho de defensa, pues, tal como se ha demostrado, la actora siempre le reclamó en los términos del artículo 1113 del Código Civil y fue debidamente anoticiada de los escritos en los cuales dicho planteo se formuló.-
Motivo por el cual, este primer agravio debe ser rechazado. Sin perjuicio de lo cual, es necesario efectuar una salvedad sobre un error cometido por la Cámara, que también fue advertido por la casacionista (cfr. fs. 1217 vta.), y es que se decide extender la responsabilidad a Patagonia Energética S.A. en forma “solidaria” (cfr. fs. 1149 vta./1150), cuanto la responsabilidad en este caso es concurrente.-
El artículo 1751 del Código Civil y Comercial nos ilustra sobre la diferencia señalando que si existe una pluralidad de responsables, son deudores solidarios cuando la producción del daño proviene de una causa única, y son concurrentes si la responsabilidad deriva de causas distintas.-
Así, habrá responsabilidad solidaria cuando la producción del daño es llevada a cabo por una pluralidad de sujetos pero tiene una causa única, sea que emerja del título constitutivo o de la ley; el resarcimiento podrá ser exigido íntegramente a cualquiera de los deudores. Y habrá obligación concurrente cuando la pluralidad pasiva emana de causas diferentes. En esta última, varios deudores deben el mismo objeto en razón de causas diferentes, motivo por el cual el acreedor está facultado para requerir el pago del total que se le debe, a uno o varios o a todos los codeudores en forma simultánea o sucesivamente. Así pues, en la obligación solidaria una pluralidad de sujetos se encuentran obligados individualmente por el todo y dicha deuda proviene de una misma fuente obligacional, mientras que en las concurrentes cada débito proviene de una fuente obligacional distinta, sin perjuicio que cada uno de los responsables responde por el todo ante el acreedor (cfr. Alterini, Jorge H. Director General: “Código Civil y Comercial Comentado. Tratado Exegético, 2ª edición actualizada y aumentada, Buenos Aires, Le Ley, 2016, págs. 352/353).- Analizando las normas previstas en el Código de Velez, la doctrina mencionó algunos ejemplos de obligaciones concurrentes que serán útiles para clarificar la cuestión:
i) La responsabilidad del dueño y el guardián de la cosa riesgosa productora de un daño con intervención activa (art. 1113, párr. 2° CC). ii) La responsabilidad del principal por el hecho del dependiente -con fundamento en el factor objetivo garantía- y la del dependiente frente a la víctima -fundada en el hecho propio de aquél- (cfr. art. 1113, párr. 1° CC). iii) La responsabilidad civil de los propietarios de establecimientos educativos privados y estatales y la del docente o alumno autor del hecho directo del daño (art. 1117 CC, t.o. ley 24.830). iiii) La responsabilidad civil del autor del daño y la de la compañía de seguros que cubre ese riesgo, frente a la víctima del perjuicio (art. 118 ley 17.418) (cfr. Calvo Costa, Carlos A.: “Obligaciones Solidarias y Obligaciones Concurrentes: Similitudes y Diferencias, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/DOC/1146/2010).- En el sub judice, la responsabilidad que se le imputa a cada uno de los demandados deriva de causas distintas, SEMYCI S.R.L. por ser la empleadora de Garrido, Prevención A.R.T., en su condición de aseguradora de riesgos del trabajo y finalmente Patagonia Energética S.A., por ser la dueña de la obra y quien se servía del trabajo del actor, estamos pues ante un claro caso de obligaciones concurrentes.-
Ahora bien, el efecto esencial de las obligaciones concurrentes es el mismo que el de la solidarias, es decir el poder reclamar el total de la deuda a cualquiera de los deudores, por ello es que, más allá de destacar el error del a quo, puesto en evidencia por la casacionista, este no tiene entidad como para llevar a revocar este aspecto del fallo.-
Por lo expuesto, este primer agravio debe ser rechazado, confirmándose, en este punto el fallo de la Cámara.-
III. En su segundo y último agravio la recurrente se queja porque la Cámara aumentó el quantum de la indemnización, porque, explica, se redeterminaron cada uno de los rubros que componen la reparación. Ello así, pues se aplicó una fórmula matemática distinta a la utilizada en Primera Instancia y ello ocurrió, según dice, porque se aplicó un cuerpo normativo distinto para el cálculo, en este caso el Código Civil y Comercial -Ley 26994- (que entró en vigencia luego de acaecido el hecho). Asimismo alega que en este aspecto, la Cámara fue más allá de lo pretendido por el actor y la demandada en sus apelaciones. En el caso de la demandada porque con su agravio cuestionaba por ser elevada la cuantificación, pretendiendo una disminución de la indemnización. Y, en el caso del actor porque éste sólo se agravió del monto que se tomó como su ingreso promedio para utilizarlo como base de cálculo de los rubros indemnizables. En Primera Instancia se le reconoció como ingreso promedio del actor la suma de $ 4.000 correspondientes a la categoría de ayudante, mientras que en su apelación el actor alega que su categoría era la de oficial soldador con un ingreso promedio de $ 6.276. No obstante, dice, que la Cámara no se limitó a tratar este aspecto sino que realizó un nuevo cálculo de todos los rubros indemnizables en base a un ingreso que no fue el peticionado por el actor.- En síntesis, causa gravamen a la recurrente el hecho de que la sentencia de Cámara haya fallado, a su entender, en exceso de sus atribuciones, al aumentar el quantum de la condena en base a la aplicación de una nueva normativa (la emanada del Código Civil y Comercial -Ley N° 26.944-) y la utilización de una nueva fórmula de cálculo, cuando tales tópicos no fueron cuestionados en apelación.-
Este último agravio merece atención, pues el fallo contiene desaciertos que traen aparejada su descalificación y deben ser rectificados en esta instancia.-
Antes de ingresar al tratamiento de la controversia, es preciso puntualizar que al expresar el agravio ahora bajo análisis, la recurrente no ha hecho mención al artículo 2 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, quebrantamiento de forma. No obstante lo cual, a efectos de encausar su pretensión recursiva en rigor y conforme a la naturaleza del agravio referido, corresponde que su tratamiento se encarrile dentro del marco impugnativo del artículo citado. Esto en atención a la invocada incongruencia de la que adolecería una parte de la sentencia de Cámara.- Vinculado con el encause recursivo, este Alto Tribunal ha sostenido: “...Cuadra recalcar que en principio éste Excmo.
Tribunal no puede subsanar con inferencias o interpretaciones los errores u omisiones en que incurre el quejoso al indicar las normas que estime infringidas...Es decir, que no puede suplir oficiosamente las citas y encuadres legales que debió efectuar el recurrente (confr. SCBA, Ac. y Sent. 1974, v. II, pág. 390 y 502; entre otros). Ello es así, por ser extraño a la casación el principio iura novit curia, cuya admisión la Suprema Corte sólo declara procedente, en forma restringidísima, en cuestiones penales (confr. SCBA, Ac. y Sent. 1974, v. III, pág. 993). No obstante lo precedentemente considerado, este Tribunal Superior entiende que aquella potestad jurisdiccional aludida, en materia de casación, puede tener adecuaciones que resultan de la naturaleza del recurso.
En efecto, aunque el enfoque que vehiculiza la recurrente sea diferente al encuadre que propugna este Cuerpo, ello no invalida el remedio excepcional intentado -en el particular caso sub discussio- toda vez que lo necesario para la apertura y procedencia del recurso por violación de la ley, es la invocación del motivo de la casación (la pretensa aplicación errónea de los art. 164º; 264º y 265º del C. P. C. y C.), pero no necesariamente las normas legales invocadas como violadas o aplicadas erróneamente deben ser las aplicables al caso, pues en este aspecto el principio iura novit curia -no obstante ser casi inexistente su aplicación operativa en esta instancia extraordinario (sic)- mantiene algo de vigencia, por lo que se impone el encuadre legal correcto dentro del andarivel trazado por el art. 2º de la Ley 1687 -Recurso de Casación-…” (cfr.
Sentencia, Tomo XIII, Reg. 443, Folio 2417/2420).- Vale recordar también que reiteradamente este Tribunal Superior de Justicia ha tratado la violación del principio de congruencia procesal (lo que constituye uno de los agravios de la casación de la demandada) en el andarivel de artículo 2 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, al afirmar que: “…en materia de incongruencia, el remedio se opera a través de la vía del quebrantamiento de formas…precisamente por tratarse de un vicio estructural que necesariamente invalida al pronunciamiento así dictado…” (cfr. Sentencia, Tomo IX, Reg. 313, Folio 1685/1694).-
IV. En virtud de lo señalado precedentemente, de acuerdo a la manera en que ha sido formulado el agravio, corresponde subsumirlo en el artículo 2° del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, ya que de existir algún supuesto de quebrantamiento de las formas, ello acarrearía la nulidad de la respectiva parcela de la sentencia.-
Ingresando al estudio del agravio, es preciso advertir que no se ha agregado al expediente la hoja de cálculo que se indica en la sentencia como formando parte de la misma (cfr. foja 1144 vta. segundo párrafo). Para mayor claridad, dice el fallo: “Trasladadas estas variables a la hoja de cálculo referida -y que ha sido agregada por separado, pero formando parte de este decisorio- resulta factible fiscalizar tanto los datos como el resultado…”, lo cual dificulta comprender, acabadamente, como se arriba al quantum indemnizatorio.-
Otro cuestión observable es que en los Considerandos del fallo se decide aplicar al monto indemnizatorio una tasa pura del 6% anual desde la producción del evento dañoso (30/6/2010) hasta el dictado de la sentencia (14/12/2014) y desde esta fecha, hasta el efectivo pago la tasa activa promedio mensual empleada por el Banco de la Nación Argentina (cfr. foja 1145 primer párrafo) empero en la parte dispositiva se indica que se deben intereses desde el momento del hecho y hasta el efectivo pago sin precisar los diferentes intereses que fueron explicitados en el respectivo Considerando (cfr. fs. 1150 vta. y 1151).- Hechas esas salvedades, aparecen en el fallo, aspectos que han sido motivo de agravio y deben ser contemplados por este Tribunal Superior de Justicia.-
Así, se agravia la casacionista, en lo que refiere al modo de calcular la indemnización, porque la Cámara se ha apartado de la pretensión esgrimida por el actor cuando apeló la sentencia de Primera Instancia. En este aspecto, en aquella oportunidad, sólo se agravió de que se hubiera tomado como sueldo del Sr. Garrido el correspondiente a la categoría de ayudante, cuando, dice que éste se desempeñaba como oficial en la obra, por lo cual su sueldo era superior al tenido en cuenta por el Juez para el cálculo de la indemnización y de allí que esta arroje un monto inferior al que, a criterio del accionante, le correspondía (cfr. foja 1045 vta. punto IV.1). Empero los cálculos matemáticos realizados por el Inferior en grado no fueron cuestionados, sólo, reiteramos, la remuneración que se tomó como base para realizar las cuentas.- Sobre este punto se observa en la sentencia de Primera Instancia que el Juez tomó como la mejor remuneración normal y habitual percibida por el actor la suma de pesos cuatro mil ($4000) (cfr. fs. 1024 vta./1025) contra la de pesos seis mil doscientos setenta y seis ($ 6276) pretendida por el actor (cfr. foja 42).-
Es decir que la Cámara debía cotejar las pruebas aportadas sobre la cuestión y decidir si el sueldo que correspondía a Garrido, y que sirvió de base para el cálculo de la reparación pecuniaria, era el tomado en cuenta por el Juez o el pretendido por el actor y en su caso hacer un nuevo cálculo del monto de la condena, pero sin modificar la fórmula aplicada por el Juez de grado ni modificar los rubros indemnizables porque estos aspectos de la sentencia no fueron objeto de recurso y por lo tanto adquirieron firmeza.-
Por otro lado y si bien es cierto que la demandada apeló la cuantificación del daño, fue por considerarla elevada, de manera tal que la Cámara, al tratar esta apelación, sólo podía mantenerla o reducirla, empero le estaba vedado elevarla.-
Sin embargo, se observa que, apartándose de los agravios vertidos por los apelantes, reencauzó los rubros indemnizatorios reclamados (cfr. foja 1142) y, seguidamente, realizó un nuevo cálculo de su cuantía en base a las previsiones contenidas en el artículo 1746 del Código Civil y Comercial y aplicando una fórmula diferente a la de Primera Instancia, cuando, reitero, estos rasgos de la sentencia no habían sido motivo de apelación. Finalmente la cuenta arrojó una suma mayor a la establecida por el Juez de grado.-
Así pues, el fallo de Cámara ha violado la regla del artículo 270 del CPC y C por la cual la jurisdicción apelada está limitada a la medida del agravio expresado.-
Así ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “cuando la sentencia impugnada traduce un exceso en el límite de la potestad jurisdiccional del tribunal con menoscabo de garantías consagradas por la Constitución Nacional (Fallos: 256:504; 331:2578; 337:179, entre muchos otros)…ello es lo que acontece en el sub examine por cuanto, al disponer la aplicación de la tasa de interés prevista en el acta CNAT 2601, el tribunal de alzada se expidió respecto de una materia que no había sido llevado a su conocimiento por las partes en sus apelaciones ordinarias, apartándose de la regla tantum devolutum quantum apellatum que delimita la jurisdicción apelada a la medida del agravio expresado, en desmedro de los principios básicos que rigen el proceso y con el consiguiente menoscabo de la garantía de la defensa en juicio (cfr.
CSJN, “Ferré Fernando Emilio c/ Frigorífico Calchaquí Productos 7 S.A. s/ despido”, del 22/08/2019, Fallos Corte: 342:1336, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/52596/2019).- Sabido es que el Tribunal de Alzada únicamente debe conocer y decidir sobre las cuestiones que hayan sido planteadas en el recurso, tal como lo dispone el artículo 270 del Código Adjetivo. Le está vedado modificar al resolver en apelación los pronunciamientos consentidos de la sentencia de Primera Instancia. Si esta regla no se cumple se afecta gravemente las garantías del debido proceso y la defensa en juicio; además se viola el principio de congruencia. La sentencia que adolece de estos vicios cae en arbitrariedad (cfr.
STJ San Luis, “Solano Adolfo N. c/ Sosa Roberto C. y otro s/ daños y perjuicios - recurso de casación-“, del 15/08/2019, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/27866/2019).- Esta actitud ha sido censurada, reiteradamente, por el Máximo Tribunal de la Nación y valga como ejemplo la siguiente cita: “…el Tribunal de la causa, ha venido a conceder algo que el propio interesado había resignado, pronunciándose sobre una demanda de impugnación inexistente. De tal forma, ha traspuesto el campo de actuación que le es propio, sustituyéndose en la voluntad de una de las partes, con la consecuente alteración del balance procesal, en detrimento de la contraria (Fallos: 311:1601; 316:1979; y 323:3351 cons.7).
En otros términos, la Sala ha decidido en demasía sobre una cuestión que no le fue propuesta; y, aún más, ha ingresado arbitrariamente en un capítulo pasado en autoridad de cosa juzgada, por haberlo consentido el Sr…” (cfr. CSJN, “Minelli Carina Silvana c/ Federico Horacio Héctor”, del 18/11/2008, Fallos Corte: 331:2578, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/13346/2008, del dictamen de la Procuradora Fiscal que la Corte hace suyo).- De la lectura de la sentencia impugnada y su confrontación con el fallo de primera instancia y las expresiones de agravios de los apelantes se colige que la Cámara incursionó en un aspecto extraño a los recursos de apelación interpuestos, con lo que incurrió en una clara violación a lo dispuesto en el apartado final del artículo 270 del Código Procesal Civil y Comercial, que le veda pronunciarse sobre cuestiones no incluidas en ellos y, al mismo tiempo omite expedirse, concretamente, sobre la categoría laboral del actor la cual determinará el salario a considerar para calcular la indemnización (tal como éste planteara en su apelación).- Así pues, el reexamen efectuado sobre lo decidido en la anterior instancia sobre los puntos precedentemente referidos, significó inobservar el principio de congruencia que emerge de los artículos 34, inciso 4º, 164 inciso 6° y 165 del ritual, toda vez que el Tribunal a quo solo podía desenvolverse dentro de los límites propuestos por los apelantes.
El exceso en que se ha incurrido, tal como se desprende de las citas jurisprudenciales efectuadas violenta la garantía de defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional). En conclusión, deberá declararse nula la sentencia del tribunal de alzada que se pronuncia sobre una cuestión no propuesta por las partes en el escrito de expresión de agravios. En concordancia con lo expuesto, la transgresión en la que ha incurrido la Cámara descalifica en este aspecto a la sentencia recurrida como acto jurisdiccional válido por lo que, la misma debe ser declarada nula en relación al punto examinado.- Sentado ello, no es ocioso recordar que este Tribunal Superior de Justicia ha acogido favorablemente la declaración de nulidades parciales de las sentencia de grado.
Al respecto ha expresado: “…es innecesario declarar la nulidad de aquellos fragmentos de la decisión que componen las restantes controversias suscitadas entre las partes, pues ello configuraría un dispendio jurisdiccional -afectando el rendimiento del servicio de administración de justicia-…Además, no resulta conducente la nulidad total, pues si no corresponde perjudicar a quien planteó el recurso de casación, tampoco resulta posible hacerlo con su contraparte, y esta última secuela se configuraría si, ante aquella prescindencia, se le derrumba íntegramente el fallo sobre los aspectos (pretensiones) ajenos a toda razón de nulidad.” (cfr. Sentencia, Tomos XVI, Reg. 555, Folio 3139/3147; ídem XX, Reg. 678, Folio 3940/3946).-
V. En virtud de lo expuesto es que corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto a fs. 1210/1220 vta. por la parte demandada Patagonia Energética S.A. y en consecuencia, declarar la nulidad parcial de la sentencia de fs. 1130/1151 vta., por cuanto la Cámara ha violado la regla del artículo 270 del CPC y C al pronunciarse sobre una cuestión no propuesta por las partes en los escritos de expresión de agravios, esto último con relación a las fórmulas que aplica para calcular el quantum de la indemnización; y, al mismo tiempo, ha omitido expedirse, concretamente, sobre la categoría laboral del actor la cual determinará el salario a considerar para calcular la indemnización (tal como fue planteado por el accionante en su apelación).- En consecuencia, deberá dejarse sin efecto la sentencia impugnada sólo en la parcela señalada precedentemente y mandar que, sobre dicha cuestión, se dicte un nuevo pronunciamiento que se ajuste al presente decisorio, confirmando la misma en todo lo demás que fuera materia de agravio. Al efecto deberán reenviarse las presentes actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial para que, con nuevos jueces hábiles, dicte un nuevo pronunciamiento únicamente en relación a la parcela aludida.- Con relación a las costas es esta instancia, corresponde que se impongan por el orden causado en atención a que han prosperado parcialmente las pretensiones de la recurrente (cfr. art. 71 del CPC y C).-
Por todo ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la parte demandada Patagonia Energética S.A. a fs. 1210/1220.-
2. Declarar la nulidad parcial del pronunciamiento dictado por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 1130/1151 vta., tal como se indicara en los Considerandos III, IV y V, reenviando los presentes autos a la Cámara de origen para que, con nuevos jueces hábiles, dicte un nuevo pronunciamiento sobre las cuestiones referidas en los considerandos precedentemente señalados.-
3. Confirmar la sentencia recurrida en todo lo demás que fuera materia de agravios.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidenta- Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1001S.221 Tomo: XXI Interlocutorio: 700 Folio N°: 4152/4158 Secretaría: 1
Fin de la sentencia