Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2020-58300530-APN-TFN#MEC
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el pedido de beneficio de litigar sin gastos solicitado por la actora en el IF-2020-56505992-APN- DTD#JGM.
2Intimar a la actora para que, dentro del quinto día de notificada, ingrese el importe de PESOS CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CON VEINTISIETE CENTAVOS ($ 131.800,27.-) en concepto de tasa de actuación, bajo apercibimiento de librar certificado de deuda -conf. art. 5° de la Ley 25.964-.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-81627354-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 24 de Agosto de 2026 En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Sarquis y Horacio Joaquín Segura a fin de resolver en los autos caratulados: “GASEI S.A. s/ INCIDENTE DE BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS”, Expediente N° EX-2020-58300530- -APN-TFN#MEC, El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
I. Mediante la presentación IF-2020-56505992-APN-DTD#JGM, la firma GASEI S.A., por intermedio de su apoderado, solicitó la concesión del beneficio de litigar sin gastos en los términos de los arts. 78 y ssgtes. del C.P.C.C.N., del art. 1174 del C.A. y del art. 9 de la Ley N° 25.964. Dicha pretensión se dedujo en el marco del recurso de apelación interpuesto contra la Resolución N° 138/19 (AD CAMP) dictada por la Aduana de Campana (conforme PV-2020- 57992281-APNVOCXIX#TFN en el EX-2020-13954859-APN-SGASAD#TFN), requiriéndose asimismo que el incidente sea declarado conexo y a sus efectos acumulado a los restantes treinta y tres (33) recursos de apelación promovidos por la firma (los que totalizan 34 causas individuales ante este Tribunal).
Sostuvo la actora que, motivado por las regulaciones del mercado cambiario y las condiciones del comercio exterior durante los años 2013 y 2014, realizó treinta y siete (37) operaciones de exportación de concentrado protéico documentadas bajo la posición SIM 2309.90.90.900T, respecto de las cuales el servicio aduanero -previo análisis estadístico de muestras- modificó la clasificación arancelaria asignándoles la PA NCM 2304.00.10.200G (correspondiente a residuos de la extracción de aceite de soja). Ello originó la instrucción de los sumarios contenciosos por presunta infracción al art. 954, inc. a) del Código Aduanero, fijando liquidaciones tributarias y multas que, acumuladas al valor del dólar de ese momento ($ 75,50), representan una carga global de USD 2.191.324 en concepto de tributos y $ 12.769.097 en concepto de multas, totalizando una pretensión fiscal de $ 178.214.059. Adujo que, al aplicarse la tasa de actuación del 2,50% sobre el monto total apelado, la empresa se vería obligada a desembolsar la suma de $ 4.455.351,47 únicamente en tasas de actuación. Manifestó que semejante erogación causídica, sumada a: un arrastre crónico de pérdidas comerciales (que ascendieron a $ 7.522.906 en el ejercicio 2017 y escalaron a $ 30.549.013 en 2019), la recesión del mercado interno y el impacto paralizante del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) decretado por la pandemia del COVID- 19, colocaría a la firma de forma inmediata en un estado irreversible de cesación de pagos y la obligaría a liquidar su estructura, reducir personal o peticionar su propia quiebra, con la consiguiente violación de sus garantías constitucionales de defensa en juicio y acceso a la justicia. Citó jurisprudencia. Ofreció como prueba la documentación contable de la sociedad (ejercicios 2017, 2018 y 2019), prueba pericial contable e individualizó la prueba testimonial de los directivos, haciendo reserva del caso federal.
II. Corrido el traslado mediante PV-2020-71722864-APN-VOCXIX#TFN, la representación fiscal contestó la pretensión solicitando su absoluto rechazo por intermedio del IF-2020-75214421-APN-DTD#JGM. Argumentó que las meras manifestaciones de la recurrente son insuficientes para acreditar la carencia de recursos, máxime cuando no ofreció prueba idónea al respecto. Sostuvo que no es correcto acumular la totalidad de los expedientes de la firma para alegar la imposibilidad de pago, debiendo evaluarse el beneficio sobre la tasa de actuación de este caso en concreto, que asciende a $ 131.800,27 y no a la suma global de $ 4.455.351,47.
Asimismo, destacó que los estados contables presentados demuestran que la sociedad sigue operativa y con capacidad de generar ingresos. Señaló que el beneficio exige probar no solo la falta de recursos sino la imposibilidad de obtenerlos, un extremo que debe juzgarse con criterio sumamente prudente por tratarse de una sociedad comercial con fines de lucro cuyo giro diario involucra operaciones aduaneras. Por tales razones, solicitó que se deniegue el beneficio de litigar sin gastos peticionado.
III. Mediante PV-2020-77765749-APN-VOCXIX#TFN se abrió la causa a prueba por el término de sesenta (60) días, ordenándose la agregación de la prueba documental (obrante en los IF-2020-56506067-APN-DTD#JGM, IF-2020- 56506141-APN-DTD#JGM e IF-2020-56506229-APN-DTD#JGM) y la producción de las pruebas testimoniales y pericial contable (incorporadas en los IF-2020-87580752-APN-DTD#JGM e IF-2026-19965829-APN-DTD#JGM, respectivamente).
IV. Finalmente, por PV-2026-68972980-APN-VOCXIX#TFN se otorga vista general de las presentes actuaciones a las partes y al representante de ARCA-DGI y mediante PV-2026- 79594096-APN-VOCXIX#TFN se elevan los autos a la Sala “G”, que los pasa a sentencia.
V. Ahora bien, el beneficio de litigar sin gastos en tratamiento se encuentra regulado por el art. 78 y ss. del C.P.C.C.N. Esta herramienta constituye una institución establecida a favor de quienes, por insuficiencia de medios económicos, no se encuentran en condiciones de afrontar el pago de las erogaciones que necesariamente implica la sustanciación de un proceso. Su fundamento estriba, por un lado, en el principio de igualdad de las partes -el cual supone que estas se hallan en una sustancial coincidencia de circunstancias, de las que no cabe excluir las de tipo económico- y, por el otro, en la garantía constitucional de la defensa en juicio (conf. Superior Tribunal de Justicia de Chubut, Sala Civil, "Di Giorgio, Osvaldo y otro s/ beneficio de litigar sin gastos", 20/2/01).
El presupuesto fáctico para el otorgamiento de este beneficio es la situación de vulnerabilidad o estrechez económica del peticionante. Sin embargo, tal extremo no se configura por la mera existencia de problemas financieros transitorios. Este Tribunal ha sostenido de forma reiterada que no debe confundirse la pobreza que habilita la concesión del beneficio con la mera presencia de “dificultades financieras” propias de la coyuntura de los negocios (conf. sentencias del 5/12/88 in re “Marcos Kleiman” y del 29/11/93 in re “Baisser S.A.”, ambas de la Sala “B”). En el último de los precedentes citados, se definió la situación habilitante como una “incapacidad económica severa, debiendo tenerse solo lo indispensable para la subsistencia”.
Tratándose de personas jurídicas con actividad comercial, la jurisprudencia exige un examen aún más restrictivo y riguroso, en tanto el giro comercial propio de las empresas conlleva la asunción intrínseca de riesgos y presupone la existencia de una estructura operativa para desenvolverse en el mercado.
En el caso de autos, del análisis de la prueba documental e instrumental aportada (consistente en la Memoria y los Estados Contables de GASEI S.A. finalizados al 31 de marzo de 2017, 2018 y 2019) así como de la prueba pericial contable y testimonial, no surge de manera concluyente la situación de extrema vulnerabilidad alegada.
En primer lugar, si bien es real que la actora registró pérdidas operativas en el último ejercicio en contraste con el saldo favorable de los períodos anteriores, sus indicadores de fondo revelan una estructura que dista sustancialmente de la insolvencia severa. Sus ratios financieros demuestran que la firma conserva una liquidez corriente apta para cubrir con holgura sus compromisos a corto plazo mediante sus activos realizables, exhibe un índice de solvencia general robusto y mantiene un patrimonio neto positivo al cierre del ejercicio.
En segundo lugar, la composición de su activo evidencia la titularidad de bienes de gran valor que descartan de plano la imposibilidad material de pago. La sociedad posee disponibilidades financieras de relevancia en caja y entidades bancarias -incluyendo fondos resguardados en moneda extranjera-, un stock activo de bienes de cambio que comprende importaciones en curso y una sólida base de bienes de uso integrada por inmuebles de propiedad de la firma, maquinarias, herramientas y rodados.
La disponibilidad de dichos recursos y bienes de capital constituye un límite insalvable para declarar la carencia de medios de la peticionante. Las dificultades de caja descriptas en sus Memorias -atribuidas a factores del contexto macroeconómico como la inflación y la devaluación- constituyen contingencias propias del riesgo empresarial que toda sociedad debe prever y soportar, y de ningún modo habilitan a transferir ese costo al servicio de administración de justicia mediante una exención tributaria excepcional.
Sin perjuicio de lo expuesto, resulta decisivo advertir que la denegación del beneficio no conculca de ninguna manera con el derecho de defensa en juicio del litigante. En efecto, el pago de la tasa de actuación no constituye un requisito de procedencia de la acción, por lo que su falta de pago no suspende el curso del procedimiento, el cual continuará regularmente hasta su terminación, sin perjuicio, de la posterior ejecución de la deuda impaga.
Por otra parte, la reducción de hasta el 50% de la tasa de actuación que prevé el art. 9, in fine, de la Ley 25.964 para los litigantes concursados, resulta inaplicable en la especie, toda vez que de las constancias de la causa no surge que la firma GASEI S.A. se encuentre bajo un proceso de concurso preventivo o quiebra.
En consecuencia, al no haberse probado de manera contundente la imposibilidad de afrontar la tasa de actuación del proceso principal, corresponde rechazar el pedido del beneficio, y ordenar la correspondiente intimación de pago. Por las consideraciones expuestas, VOTO POR:
1. Rechazar el pedido de beneficio de litigar sin gastos solicitado por la actora en el IF-2020-56505992-APN- DTD#JGM.
2. Intimar a la actora para que, dentro del quinto día de notificada, ingrese el importe de PESOS CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CON VEINTISIETE CENTAVOS ($ 131.800,27.-) en concepto de tasa de actuación, bajo apercibimiento de librar certificado de deuda -conf. art. 5° de la Ley 25.964-.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero al Voto que antecede.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Rechazar el pedido de beneficio de litigar sin gastos solicitado por la actora en el IF-2020-56505992-APN- DTD#JGM.
2. Intimar a la actora para que, dentro del quinto día de notificada, ingrese el importe de PESOS CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CON VEINTISIETE CENTAVOS ($ 131.800,27.-) en concepto de tasa de actuación, bajo apercibimiento de librar certificado de deuda -conf. art. 5° de la Ley 25.964-.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2026.08.24 15:10:00 ART Date: 2026.08.24 17:36:54 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.08.24 17:49:13 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.08.24 17:49:15 -03:00
Fin de la sentencia