Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala C · Causa 37.716-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el beneficio de litigar sin gastos solicitado, con costas.
2Intimar a la incidentista a que en el término de cinco (5) días ingrese la sumas de: $ 11.303,32.-, por el 50% de la tasa de actuación correspondiente al Expte. N° 37.716-I y la suma de $ 5.985,11.- por el 50% de la tasa de actuación correspondiente al Expte. N° 38.387-I.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-31158792-APN-VOCIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 21 de Marzo de 2023 Gastos". Sentencia.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Viviana Marmillón (Vocal de la 7ma. Nominación), Claudio E. Luis (Vocal de la 8va. Nominación) y Juan Carlos Vicchi (Vocal Titular de la 9na. Nominación), para resolver el Expediente N° 37.716- I y su acum. N° 38.387-I, caratulado: "GASME S.R.L. s/incidente - Beneficio de Litigar sin Gastos", El Dr. Vicchi dijo:
I. Que a fs. 12/18vta y 224/230vta. Gasme S.R.L., por apoderado, solicita beneficio de litigar sin gastos, en atención a la imposibilidad de la firma de hacer frente al pago de la tasa de actuación dispuesta por la Ley N° 25.964, como así también al pago de las costas y demás gastos del proceso en ambos expedientes principales (N° 37.716-I y N° 38.387-I).
Sostiene que tal como surge de la prueba adjuntada y ofrecida, la empresa se encuentra atravesando una situación de crisis económica que imposibilita el pago de sus prestaciones dinerarias desde el año 2004, ya que la incidentista solicitó la apertura de su concurso preventivo, el cual tramita por ante el Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 13 de Cipolletti.
Agrega que la empresa tuvo pérdidas durante los últimos 6 meses, que posee siete cheques rechazados por falta de fondos al 27/12/2013, de los cuales cinco fueron abonados posteriormente, que posee deuda con la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Rio Negro respecto del impuesto automotor y “juicios”, que posee deuda con AFIP y que se encuentra pagando planes de facilidades, que tiene restricciones para obtener préstamos o créditos en virtud de la situación concursal que atraviesa y la calificación financiera negativa, lo que afecta profundamente su giro normal de actividades y que no posee plazos fijos ni cajas de seguridad ni acciones En definitiva, afirma la recurrente que no cuenta con los recursos necesarios para poder ingresar la tasa de actuacion ni afrontar el pago de las costas del proceso por lo que, de requerirse el pago y de no concederse el beneficio solicitado, se afectaría sustancialmente su situación económica, obligándola a desembolsar un importe que no dispone dado su nivel de ingresos.
Agrega que en tal caso, se estaría afectando el derecho de igualdad ante la ley (art. 16 de la C.N.) de su parte, puesto que las personas jurídicas que cuenten con recursos para pagar los gastos y costas del proceso estarían en mejores condiciones de acceder a la justicia para defender sus derechos que aquéllas -como su parte- atraviesan serios problemas económicos y financieros y no tienen en consecuencia los fondos para hacer frente a estos pagos.
Cita jurisprudencia referida a la solicitud, ofrece prueba documental, testifical, informativa y pericial contable, hace reserva de caso federal y solicita en definitiva que se le conceda el beneficio de litigar sin gastos aquí peticionado.
II. Que a fs. 21/27 y 362/362vta. la representación fiscal, contesta el beneficio incoado y pide su rechazo, por cuanto no se dan en autos los supuestos necesarios para avalar su posición.
Niega que la recurrente carezca de la posibilidad económica de afrontar los gastos derivados del proceso. Explica que el beneficio de litigar sin gastos contemplado en el artículo 78 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, persigue amparar a quien no dispone de recursos para solventar los gastos, esto es, los que se encuentran en una “situación de pobreza” tal que al no poder afrontar el pago de la tasa, se afectaría su derecho de estar en juicio, pero no a quien carece de liquidez, pues éste es un problema financiero que encuentra remedio por caminos ajenos a la tutela de la defensa en juicio, situación que no resulta ser la de la accionante. Que del análisis de las presentes actuaciones, puede observarse claramente que, la quejosa desarrolla actividad económica y que la misma fue importante, tal es así la relevancia del ajuste detectado y de la multa aplicada. Que el estado falencial invocado por la apelante (concurso preventivo) no la releva en absoluto de hacer frente a los gastos del presente proceso, observándose asimismo la antigüedad del concurso preventivo, agregando que en éste, la concursada conserva la administración de sus negocios y continúa desarrollando sus actividades normalmente, a diferencia de lo que sucede en la quiebra, por lo que percibe ingresos y abona todos los gastos necesarios para desarrollar su actividad.
Que en consecuencia, manifiesta el Fisco Nacional, puede observarse que, si bien la presentante posee recursos para abonar los gastos necesarios de su negocio, pretende hacernos creer que carece de capacidad económica para hacer frente de sus obligaciones ante este Tribunal, lo cual resulta totalmente ilógico y sin fundamento. Que lo expuesto demuestra que la actora no es pobre, que posee bienes y dinero suficiente para afrontar las costas del litigio por ella interpuesto y que el inicio del concurso no implica un desapoderamiento de sus bienes, los cuales continúan en su patrimonio. La empresa continúa trabajando, produciendo y generando ingresos. Cita doctrina y jurisprudencia en favor de sus dichos, se opone a los medios de prueba ofrecidos por la recurrente, por ser totalmente inconducentes, dilatorios, inadecuados y que en todo caso arrojaría resultados incompletos que de modo alguno alcanzarían con acreditar la hipótesis de pobreza a fin de conformar el presupuesto necesario para conceder el beneficio de litigar sin gastos solicitado.
Finalmente, hace reserva de caso federal y solicita oportunamente se dicte sentencia rechazando el beneficio de litigar sin gastos interpuesto por el apelante, con costas.
III. Que a fs. 34 y 238 se resuelve abrir ambos incidentes a prueba.
Los resultados de dichos medios de prueba obran fs. 50/63vta. y 327/344 (contestaciones de oficio por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios), fs. 64/66 (declaraciones testificales), fs.70/146 y 256/323 (contestaciones de oficio por AFIP), fs. 149/156 y 324 (contestaciones de oficio del BCRA), fs. 157/158 y 345/357 (contestaciones de oficio por Agencia de Recaudación Tributaria de la Pcia. de Rio Negro), fs. 367/370 (contestación de oficio de de la Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble de la Pcia. de Rio Negro) y a fs. 386/387 (contestación de oficio del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 3 de Cipolletti, Pcia. de Rio Negro).
Asimismo cabe agregar que a fs. 238 y 403/404 se dió por decaído el derecho de la recurrente de producir la prueba pericial contable ofrecida oportunamente en ambos incidentes.
Finalmente, a fs. 390 y 407 se resuelve correr respectivamente en ambas actuaciones el pertinente traslado prescripto por el art. 81 del CPPCN, el cual es contestado a fs. 391/392 por el Fisco Nacional y a fs. 394/395 por la aquí incidentista.
IV. Que a oportunemente se ordena elevar las presentes actuaciones a consideración de la Sala “C”.
V. Que el beneficio solicitado por la actora es el que contempla el artículo 78 del C.P.C.C.N. que se concede aquéllas personas que “carecieren de recursos”, esto es, los que se encuentran en una situación de pobreza tal, que al no poder afrontar el pago de la tasa -en este caso de actuación- su derecho a estar en juicio se vería afectado.
Que el beneficio de litigar sin gastos persigue amparar a quien no dispone de recursos para solventar los gastos, pero no a quien carece de liquidez, pues éste es un problema financiero que encuentra remedio por caminos ajenos a la tutela de la defensa en juicio. Por otra parte, este beneficio no puede interpretarse con criterios demasiado amplios, pues no es infrecuente una solicitud enderazada a obtenerlo cuando se formulan demandas generadas en el seno de relaciones comerciales o de inversión. Y facilitar el acceso para defender estas pretensiones, otorgando la garantía de irresponsabilidad por las deudas que pueden resultar de los gastos y las costas, podría -en teoría- prestarse a situaciones abusivas (fallo CNCiv. Sala A, del 4-6-92 “Aerotan S.A. c/ Asoc. De Coop. Arg. de Seguros”, E.D. 17-9-92, pág. 6 y en igual sentido CNCom. Sala E, del 15-9-89 “Gualda S.A. c/ Río Cereal de Exportación e Importación S.A.” E.D. T° 135, pág. 444).
VI. Que el objeto de la actividad probatoria en el beneficio de litigar sin gastos consiste en arrimar elementos que permitan al juzgador formar una convicción acerca de la posibilidad del peticionante de obtener o no recursos, y en tal sentido debe aclararse que la concesión de este beneficio “...queda librada a la prudente apreciación judicial, en tanto los medios probatorios incorporados al incidente reúnan los requisitos suficientes para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de las condiciones de pobreza alegadas” (C.S.J.N., “Siderman José y otros c/ Nación Argentina y Provincia de Tucumán s/ daños y perjuicios” E.D. T° 132, pág. 142), por lo que es el Tribunal quien debe efectuar en cada situación concreta, un examen particularizado de las pruebas aportadas a fin de determinar la carencia de recursos, o la imposibilidad de obtenerlos, de quien invoque el beneficio para afrontar las erogaciones que demande el proceso en cuestión.
Que en dicho orden de ideas, corresponde analizar la prueba ofrecida y producida en autos a fin de determinar si la misma es suficiente para tener por acreditado el estado de pobreza invocado por la aquí peticionante. Al respecto, cabe destacar en primer lugar que en relación con la contestación obrante a fs. 386/387 del oficio librado al Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 3 de Cipolletti, Pcia. de Rio Negro, la incidentista no ha podido acreditar fehacientemente el estado procesal en que se encuentra el trámite del “concurso preventivo” por ella invocado, máxime cuando dicho proceso concursal denota una antigüedad importante en atención a que la propia peticionante denuncia que solicitó su apertura allá por el año 2004.
Ello tampoco pudo ser corroborado con la prueba pericial contable ofrecida oportunamente en autos por la incidentista, ya que en ambos incidentes -N° 37.716-I y N° 38.387-I- se tuvo a la misma por desistida de dicha medida de prueba, en atención a la falta de interés en su producción. (vide fs. 238 y 403/404).
Por su parte, de los informes remitidos por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Creditos Prendarios obrante a fs. 50/63vta. y 327/344 surge que la incidentista es titular de un camión Dominio BQB015, cinco pick up Dominios BSY158, BTN846, BUH880, BZZ606, FQW302, un furgón Dominio BWG614 y un chasis con cabina Dominio GSU385.
Respecto de las declaraciones testificales obrantes a fs. 64/66, es dable destacar la similutud de las respuestas brindadas por los testigos allí declarantes y la falta de respaldo técnico de dichas respuestas con otra prueba producida en autos (por ejemplo pericial contable), lo que conlleva a un resultado incompleto que poco aporta a dilucidar si se da el presupuesto de pobreza necesario para que la incidentista obtenga el beneficio solicitado. En relación a la prueba informativa dirigida al Banco Central de la República Argentina para que informe si Gasme S.R.L. es titular de cuenta corriente, caja de ahorro y/o depósito a plazo fijo en moneda nacional o extranjera en alguna institución bancaria o financiera y en su caso, informe nombre y domicilio de la entidad y número de cuenta de las que resulte titular, a fs. 155/156 y 324 obra respuesta de dicha entidad en la que informa que en virtud del “secreto bancario” instituido por el art. 39 de la Ley 21.526, dicha información solicitada no obra en dicho Banco pero que, en atención a su calidad de auxiliar de la Justicia, procede a la emisión de Comunicaciones tipo “D” dirigidas al sistema financiero, en las que se transcribe la orden judicial pertinente, a fin de que las entidades comuniquen directamente a los juzgados actuantes, el resultado de la orden impartida, por lo que en consecuencia, sugiere que se le indique a dicha entidad disponer -en forma expresa- la circularización de lo requerido a través de la Comunicación “D” a todas las entidades reguladas.
En consecuencia, en virtud de la contestación por parte del BCRA y a efectos de acreditar si la incidentista es titular o no de cuenta bancaria alguna, la misma debió pedir el libramiento de un nuevo oficio en los términos antes mencionados, pero el mismo no fue impulsado.
Finalmente, en relación a la respuesta brindada por Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble de la Pcia. de Rio Negro a fs. 369 en cuanto a que la incidentista carece de bienes inmuebles en dicha jurisdicción, ello resulta incompleto ya que se omite circularizar a la totalidad de los registros de la propiedad inmueble donde la peticionante podría poseer bienes registrables en las demás jurisdicciones.
VII. Que de lo expuesto se desprende que los elementos probatorios ofrecidos y producidos resultan limitados e insuficientes para otorgar el beneficio solicitado, toda vez que no demuestran que la incidentista carezca totalmente de recursos y que se encuentre imposibilitada para obtenerlos.
La normativa y la jurisprudencia aplicable al caso exige probar, no sólo la falta de dinero de la peticionante, sino la imposibilidad de obtener los recursos necesarios mediante el ejercicio de su actividad, circunstancia que aquélla no ha acreditado en autos, más allá de sus dichos acerca de una supuesta crisis financiera que atraviesa. Que a mayor abundamiento, cabe señalar que este Tribunal ha sostenido que: “...no habiéndose reunido prueba en autos sobre los hechos alegados por la apelante en su escrito ....; no se aportan elementos suficientes como para concluir que la actora se encuentre imposibilitada de sufragar la tasa de actuación por dificultades económicas de tal gravedad que configuren la hipótesis de pobreza presupuesta del beneficio de litigar sin gastos.” (vide incidente del expte. N° 12.999-I, caratulado “Cooperativa Agrícola Ganadera La Unión Ltda.” sentencia de fecha 8/10/1993).
VIII. Que en virtud de todo lo expuesto, no habiéndose acreditado los extremos legales que autoricen la concesión del beneficio peticionado, corresponde rechazarlo con costas y, en virtud de la sentencia recaída en los autos principales a fs. 352/353, donde se resolvió declarar alcanzadas las multas allí apeladas por la condonación dispuesta por la Ley 27.260, con costas por su orden, encontrándose firme dicho pronunciamiento según certificación de fs. 414vta., corresponde intimar a la aquí incidentista a que en el término de cinco (5) días ingrese la sumas de: $ 11.303,32.-, por el 50% de la tasa de actuación correspondiente al Expte. N° 37.716-I y la suma de $ 5.985,11.- por el 50% de la tasa de actuación correspondiente al Expte. N° 38.387-I.
La Dra. Marmillon dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Vicchi.
El Dr. Luis dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Vicchi en cuanto rechaza la solicitud del beneficio de litigar sin gastos, con costas. Que en atención a la votación precedente, SE RESUELVE:
1. Rechazar el beneficio de litigar sin gastos solicitado, con costas.
2. Intimar a la incidentista a que en el término de cinco (5) días ingrese la sumas de: $ 11.303,32.-, por el 50% de la tasa de actuación correspondiente al Expte. N° 37.716-I y la suma de $ 5.985,11.- por el 50% de la tasa de actuación correspondiente al Expte. N° 38.387-I.
Regístrese, notifíquese y oportunamente por Secretaría General de Asuntos Impositivos agréguese el presente incidente por cuerda al expediente principal.
Date: 2023.03.17 11:49:56 -03:00 Date: 2023.03.20 12:52:56 -03:00 Viviana Marmillon Claudio Esteban Luis Vocal Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.03.21 14:53:05 -03:00 Juan Carlos Vicchi Vocal Vocalía IX Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.03.21 14:53:06 -03:00
Fin de la sentencia