Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar los actos venidos en recurso y en consecuencia, hacer lugar a la repetición intentada, con costas, más los intereses correspondientes calculados desde la fecha de interposición de los respectivos reclamos administrativos liquidados a la tasa pasiva promedio publicada mensualmente por el Banco Central de la RA, de acuerdo con lo dispuesto en la doctrina plenaria de este Tribunal emergente del Fallo “Dálmine Siderca S.A.I.C.”, del 27/12/93, que resulta de acatamiento obligatorio (conf. art. 151 de la ley 11.683).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-29255996-APN-VOCIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 28 de Marzo de 2022 En la ciudad de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “A”, Dres. Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la Segunda Nominación) y Ruben marchevsky (Vocal Titular de la Tercera Nominación), a fin de resolver el expediente N° 48779-I, caratulado “GASPARRINI GERARDO s/apelación y su acumulado EX-2019-
47802084-APN_SGAI#TFN, de igual carátula.-
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que a fs. 31/35 vta. y 101/106 se interponen sendos recursos de apelación contra dos resoluciones de la AFIP-DGI, fechadas los días 19 de abril de 2018 y 30 de abril de 2019, respectivamente.
Mediante el primero de los actos apelados se rechazó la acción de repetición de las sumas ingresadas en concepto de impuesto a las ganancias, retenciones sobre rentas del trabajo bajo relación de dependencia, correspondiente a los períodos fiscales 2011 y 2012, en tanto por medio del segundo de los actos, se rechazó la repetición por igual concepto, correspondiente al período fiscal 2013.
Señala el recurrente que resultan improcedentes las retenciones en concepto de impuesto a las ganancias efectuada en sus remuneraciones como Vocal del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe en virtud de lo resuelto en la Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación N° 20/96, ratificada por acordada de igual número de la Corte Provincial, que declaró inaplicable el artículo 1 de la ley 24.631, que derogó las exenciones contempladas en el artículo 20, incisos p) y r) de la ley del gravamen.
En la exposición de los hechos que realiza manifiesta que el Tribunal de Cuentas es un órgano reconocido por la Constitución de la Provincia de Santa Fe, con facultades jurisdiccionales en toda la provincia y que tiene a su cargo aprobar o no, la percepción e inversión de caudales públicos y declarar las responsabilidades que resulten. De acuerdo con lo que dispone el artículo 81 de la Carta Provincial, dice, los miembros del Tribunal gozan de las mismas inmunidades y remuneraciones que los jueces de cámara provinciales por lo que es extensible la inaplicabilidad del artículo 1° de la ley 24.631 mencionada.
Afirma que el Tribunal de cuentas ha sido incorporado a la Constitución Provincial (ART. 81) y creado por la ley Provincial N° 6592; su independencia e imparcialidad está asegurada porque sus miembros son designados por el Poder Ejecutivo Provincial con acuerdo de la Asamblea Legislativa y sólo pueden ser removidos mediante Juicio Político mientras dure su mandato; su objetivo es aprobar o desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos y declarar las responsabilidades que resulten y que sus decisiones se encuentran sujetas a un control judicial amplio ya que sus fallos son apelables ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia y las acciones a que dieren lugar deducidas por el Fiscal de Estado.
Explica que con fecha 27 de diciembre de 2017 interpuso ante la administración fiscal la acción de repetición prevista en el artículo 81 de la ley ritual, por el impuesto a las ganancias que le fuera retenido como Vocal del Tribunal de Cuentas de la Provincia, por los períodos correspondientes a enero a diciembre 2012, con más los intereses correspondientes, por considerar que su remuneración se encontraba exenta por aplicación de la mencionada Acordada de nuestro Máximo Tribunal.
Sustenta su petición en lo dispuesto en la citada Acordada y en diversos precedentes, tanto del Tribunal Cimero (vg. Causa “Szelagowski, Ricardo”), como de la Excma. Cámara y de este Tribunal, los que analiza pormenorizadamente.
Con respecto a los actos en crisis, sostiene que le causan agravios algunas de sus manifestaciones. En efecto, entiende que no puede compartirse la idea del juez administrativo que considera que la equiparación salarial de los vocales del Tribunal de Cuentas no incluya los beneficios exentivos de los jueces, argumentos que rebate con jurisprudencia de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
Con sustento en esos argumentos, solicita que se revoquen los actos venidos en recurso y se ordene la devolución solicitada, con costas.
Acompaña prueba documental y hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 50/65 y 112/128 obran sendas contestaciones de los recursos efectuadas por la representación fiscal y por las razones de hecho y derecho que expone, peticiona se rechace la demanda interpuesta, con costas.
Acompaña las actuaciones administrativas y hace reserva del caso federal.
III. Que a fs. 133 obra la decisión de esta Sala que ordenó la acumulación del expediente N° 2019- 47802054-APN-SGAI#TFN al que lleva el N| 48.779-I.
No habiendo prueba a producir, a fs. Se declara la causa de puro derecho y se elevan a consideración de la Sala “A”.
Finalmente, a fs. 137 pasan a sentencia.
IV. Que conforme se desprende de las actuaciones administrativas acompañadas, con fechas 27 de diciembre de 2017, el recurrente interpuso reclamo administrativo de repetición de la suma de $ 134.068,91.-, abonada en concepto de impuesto a las ganancias, correspondiente a los períodos fiscales 2011 y 2012. Por su parte, mediante idéntica presentación, pero de fecha 27 de diciembre de 2018, solicita la devolución de la suma de $ 140.237,74.- abonada en concepto de impuesto a las ganancias, por el período fiscal 2013.
Dichos reclamos fueron rechazados por la administración mediante los actos administrativos en recurso, no existiendo controversia sobre la existencia de los pagos ni sobre que los mismos fueron consecuencia de retenciones efectuadas en sus remuneraciones como Vocal del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe, cargo al que accedió mediante designación efectuada por Decreto Provincial N° 1072.
V. Que sentado lo que antecede, corresponde entonces analizar la procedencia del recurso interpuesto. Como quedó dicho, el recurrente considera que las remuneraciones que percibe como Vocal del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe se encuentran exentas del impuesto a las ganancias en atención a lo resuelto por la Acordada de la Corte Suprema de la Nación N° 20/96, por cuanto el artículo 81 de la Constitución provincial les otorga carácter de tribunal jurisdiccional e inamovilidad e independencia en sus funciones y las leyes 1757, con las modificaciones introducidas por las leyes provinciales 6592, 7159 y 12.510. Por su parte, el ente fiscal entiende que la Acordada de nuestro Máximo Tribunal citado no resulta aplicable en tanto los Vocales del Tribunal de Cuentas no realizan funciones jurisdiccionales sino de auditoría y control, funciones de carácter eminentemente administrativo, siendo su cometido esencial comprobar, verificar e investigar la correcta inversión de los caudales públicos.
VI. Que como se observa, la cuestión nuclear que debe resolver este Tribunal consiste en determinar si la Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulta aplicable a los miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe, cargo que desempeña el recurrente.
En lo que aquí interesa cabe referir que el artículo 81 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe crea “Un Tribunal de Cuentas, con jurisdicción en toda la Provincia, tiene a su cargo, en los casos y en la forma que señale la ley, aprobar o desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos y declarar las responsabilidades que resulten. Los miembros del Tribunal de Cuentas duran seis años en sus funciones, son nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa y pueden ser removidos según las normas del juicio político. Los fallos del Tribunal de Cuentas son susceptibles de los recursos que la ley establezca ante la Corte Suprema de Justicia y las acciones a que dieren lugar deducidas por el Fiscal de Estado. El contralor jurisdiccional administrativo se entenderá sin perjuicio de la atribución de otros órganos de examinar la cuenta de inversión, que contarán previamente con los juicios del Tribunal de Cuentas”.
Por su parte, la ley 12.510 define que “El control externo posterior del Sector Público Provincial No Financiero será ejercido por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, de acuerdo con las atribuciones que le fija el Artículo 81° de la Constitución Provincial y las que se determinen legalmente. A tal fin, contará con personería jurídica, autonomía funcional, autarquía administrativa y financiera para los fines de su creación. Su patrimonio estará compuesto por todos los bienes que le pertenezcan al momento del dictado de la presente ley y todos los que se le asignen o adquiera por cualquier causa jurídica” (art. 192).
Establece que dicho Tribunal se integrará con cinco Vocales, de los cuales tres deben poseer título de Contador Público y dos deben poseer título de Abogado. El Poder Ejecutivo debe consultar sobre la idoneidad de las personas propuestas previo a ello, a las entidades con competencia en el ejercicio de la profesión y a la Comisión que crea el artículo 245 de la ley. Como rasgo distintivo, se exige que los Vocales del Tribunal de Cuentas presten juramento de desempeñar fielmente los deberes a su cargo, ante el mismo cuerpo y que durante su gestión gozarán de iguales prerrogativas que los magistrados judiciales y sólo podrán ser removidos mediante juicio político. El desempeño del cargo requiere dedicación exclusiva, es incompatible con el ejercicio de la profesión, con excepción de la docencia y su retribución será equivalente a la de Vocal de la Cámara de Apelaciones del Poder Judicial Provincial (art. 194).
En el artículo 195 se detalla quienes no pueden desempeñar dicho cargo y el artículo 196 establece las causas de excusación y recusación, remitiendo a las establecidas para los magistrados judiciales en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe.
Por su parte, el texto constitucional consagra que los magistrados “Perciben por sus servicios una retribución que no puede ser suspendida ni disminuida sino por leyes de carácter general y transitorio, extensivas a todos los Poderes del Estado”. (conf. Art. 88 in fine).
Es decir que la Constitución Provincial, más allá de las manifestaciones del representante fiscal, le ha atribuido funciones jurisdiccionales administrativas plenas y ha procurado resguardar y garantizar la independencia de las resoluciones que dicte, en su tarea de evaluar técnicamente la legalidad de los actos administrativos que dispongan, gastos o la aplicación concreta de los caudales públicos de los tres poderes del estado.
VII. Que, en ese contexto, considero que resulta aplicable en la especie el decisorio de esta Sala -en su anterior conformación- recaído en la causa “Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe”, a cuyos fundamentos cabe remitirse en mérito a la brevedad. Dicho pronunciamiento fue confirmado por la de la Alzada, con fecha 7/2/2017.
En primer término, resulta oportuno resaltar que la Sala III señaló que -contrariamente a lo alegado por el ente fiscal- “poco importa la función que desempeñan los vocales del Tribunal de Cuentas de la Provincia, pues lo determinante es el alcance que corresponde atribuir a las no impugnadas normas provinciales que, en miras a reforzar la garantía de estabilidad e independencia en su desempeño, reconocen -entre otros elementos- el derecho reflejo de asimilar sus remuneraciones a las que perciben los magistrados judiciales de la provincia, respecto de quienes, a su vez, con sustento en los arts- 5 y 122 de la Constitución Nacional y, en particular, en el mencionado principio constitucional de la intangibilidad de las remuneraciones (cfme. Art. 110 de la CN), corresponde aplicar las exenciones establecidas en el art. 1°, inciso p) y r) de la Ley de Impuesto a las Ganancias, tal como lo declaró la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante la Acordada 20/96 al reconocer dicho beneficio para los funcionarios y magistrados del Poder Judicial de la Nación y el Tribunal Superior de Justicia de Santa Fe mediante Acuerdo Ordinario, acta 20, del 24 de abril de 1996, respecto de los Vocales de las Cámaras de Apelación de esa provincia”.
“La Constitución de la Provincia de Santa Fe al establecer que “Los miembros del Tribunal de Cuentas duran seis años en sus funciones, son nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa y puede ser removidos según las normas del juicio político” ha procurado resguardar y garantizar la independencia del Tribunal de Cuentas en cumplimiento de su función de “aprobar o desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos y declarar las responsabilidades que resulten”
“La equiparación salarial fue establecida originariamente en la Ley de Contabilidad de la Provincia N° 1757, modificada por las leyes 6592 y 7159 y luego resultó mantenida según la ley provincial N° 12.510, denominada “de Administración, Eficiencia y Control del Estado”, cuyo art. 194 dispone que “el desempeño del cargo del Vocal del Tribunal de Cuentas requiere dedicación exclusiva, incompatible con el ejercicio de la profesión, con excepción de la docencia. Su retribución será equivalente a la de Vocal de la Cámara de Apelaciones del Poder Judicial Provincial”.
“En conclusión, es menester destacar que la decisión apelada, lejos de vulnerar el principio de igualdad tributaria, no hace más que respetar la distinción con el contribuyente común que estableció el legislador provincial sobre la base de circunstancias que consideró asimilables a las del magistrado judicial…”.
VIII. Que si bien el representante fiscal manifiesta que dicho decisorio no se encuentra firme y en su escrito reitera argumentaciones contra la validez constitucional de las normas provinciales que eximen de impuestos nacionales, lo cierto es que tal argumentación ha recibido -a mi criterio- correcto tratamiento en los citados fallos, tanto de este Tribunal como de la Alzada, y en el dictamen de la Procuradora General recaído en la causa, en el que sostuvo que la cuestión quedó circunscripta a la inmunidad que gozan los miembros del Tribunal de Cuentas de la Nación, atribuido por la Constitución Provincial, otorgada con el objeto de preservar su independencia, lo que nos lleva a discutir normas provinciales y no la inteligencia que debe otorgarse al artículo 110 de la Constitución Nacional y las leyes 20.628 y 24.631. Es decir, se encuentra en discusión la naturaleza, ubicación funcional y tareas que desarrolla el de Cuentas de la Provincia de Santa Fe, la equiparación del sueldo y las inmunidades de sus vocales, cuestiones que, en principio y por su naturaleza, son ajenas al ámbito del remedio de excepción.
En mérito a lo expuesto, las remuneraciones del recurrente en su carácter de Vocal del Tribunal de Cuentas de Santa Fe, correspondientes a los períodos 2011, 2012 y 2013 se encuentras exentas del impuesto a las ganancias, por lo que corresponde revocar los actos venidos en recurso y en consecuencia hacer lugar a la repetición intentada, con costas.-
El Dr. Marchevsky dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Guzmán.
Por ello, SE RESUELVE:
Revocar los actos venidos en recurso y en consecuencia, hacer lugar a la repetición intentada, con costas, más los intereses correspondientes calculados desde la fecha de interposición de los respectivos reclamos administrativos liquidados a la tasa pasiva promedio publicada mensualmente por el Banco Central de la RA, de acuerdo con lo dispuesto en la doctrina plenaria de este Tribunal emergente del Fallo “Dálmine Siderca S.A.I.C.”, del 27/12/93, que resulta de acatamiento obligatorio (conf. art. 151 de la ley 11.683).
Se deja constancia que la presente resolución se dicta con voto coincidente de dos vocales titulares de la Sala, por encontrarse vacante la Vocalía 1° Nominación (art. 184 de la ley 11.683).
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.- Date: 2022.03.28 14:22:05 -03:00 Date: 2022.03.28 15:04:05 -03:00 Laura Amalia Guzman Ruben Alberto Marchevsky Vocal Vocal Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.03.28 15:04:06 -03:00
Fin de la sentencia