Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 20777136-I
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
8798/2024 GASPARRINI, GERARDO (TF 20777136-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, agosto de 2024.
Estos autos caratulados: “Gasparrini, Gerardo (TF 20777136-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso de organismo externo”, venidos en recurso del Tribunal Fiscal;
1. Que, mediante pronunciamiento del 14/08/23, el Tribunal Fiscal de la Nación hizo lugar a la repetición intentada por el actor, con costas, y ordenó liquidar los intereses correspondientes desde la fecha de interposición de los respectivos reclamos administrativos a la tasa pasiva promedio publicada mensualmente por el BCRA, de acuerdo con lo dispuesto en la doctrina plenaria que había sentado en los autos “Dálmine Siderca S.A.I.C.”, el 27/12/93.
Para así resolver, estableció que la cuestión debatida requería determinar si el Sr. Gasparrini tenía derecho a obtener el reintegro de las retenciones del Impuesto a las Ganancias que se le practicaron sobre las remuneraciones abonadas por el ejercicio USO OFICIAL del cargo de vocal del Tribunal de Cuentas de Santa Fe en los períodos fiscal 2014 a 2017.
Indicó que la cuestión traída a conocimiento resultaba idéntica a la resuelta in re “Gasparrini, Gerardo”, Expte. 48.779-I -y su acumulado-, y remitió a los fundamentos desarrollados en aquel precedente, confirmado por la Sala II de esta Alzada el 6/06/23.
En el referido precedente se puso de resalto que el artículo 81 de la Constitución de la provincia de Santa Fe establecía que los vocales del Tribunal de Cuentas: “…son nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa y pueden ser removidos según las normas del juicio político…” y que a través de esa declaración el legislador procuró resguardar y garantizar la independencia de dicho organismo, para así velar por el cumplimiento de su función consistente en: “… aprobar o desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos y declarar las responsabilidades que resulten...”.
Destacó que el artículo 193 de la ley provincial 12.510 determinaba que:
“…los vocales del Tribunal de Cuentas prestan juramento de desempeñar fielmente los deberes de su cargo, ante el mismo cuerpo. Durante su gestión gozarán de iguales prerrogativas que los magistrados judiciales y sólo podrán ser removidos mediante juicio político”. Puntualizó que el artículo 194 establecía la equiparación salarial de los vocales del Tribunal de Cuentas al indicar que serían equivalentes a los vocales de la Cámara de Apelaciones del Poder Judicial Provincial; y el artículo 196 disponía que regían para los vocales del Tribunal de Cuentas, las mismas causas de excusación y recusación previstass en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe, para los magistrados judiciales.
En ese contexto, aseveró que poco importaba la función que desempeñaban los vocales del Tribunal de Cuentas de la Provincia como el aquí actor, pues lo determinante era el alcance que correspondía atribuir a las normas provinciales —cuya declaración de inconstitucionalidad no había sido concretamente planteada por el Fisco Nacional— que, en miras a reforzar la garantía de estabilidad e independencia en su desempeño, reconocían —entre otros elementos— el derecho reflejo de asimilar sus remuneraciones a las que percibían los magistrados judiciales de la provincia.
2. Que, disconforme con lo decidido, el 27/09/23 el Fisco Nacional interpuso recurso de apelación, que fue fundado el 20/10/23 y replicado el 17/05/24 (cfr. IF-2023-114426508-APN-DTD#JGM, IF-2023-124668187-APN-DTD#JGM e IF-2024-
51419439-APN-DTD#JGM).
En primer término explica que la repetición intentada por el actor se funda en: (i) la extensión de los efectos de la acordada 20/96 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe en los términos de la resolución general (DGI) nº 4139/96 y sus modificaciones; (ii) lo resuelto por la Corte en la causa “Szelagowski, Ricardo c/ Estado Nacional - AFIP”, el 28/09/10; y (iii) la sentencia emitida por la Sala III de esta Cámara el 7/02/17, en la causa “Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Expte. n° 83.518/2015.
Con respecto a la sentencia apelada, pone de resalto que el pronunciamiento dictado por el Tribunal Fiscal en la causa “Gasparrini, Gerardo”, Expte. 48.779-I y su acumulado, que fue confirmado por esta alzada (expediente nº 55835/2022), “NO se encuentra firme, pues el Fisco Nacional ha apelado el mismo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante la interposición de Recurso Extraordinario, que fue concedido con fecha 30 de junio de 2023 y que aún no ha sido resuelto por nuestro Tribunal Cimero”.
Puntualiza que el fallo dictado por la Sala III de esta Cámara in re “Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe c/ Dirección General Impositiva” tampoco adquirió firmeza, por haber sido también apelado ante la Corte federal. Asevera que la interpretación de la Sala III respecto a las normas provinciales involucradas (esto es, el art. 81 de la Constitución Provincial, la ley 1757 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 8798/2024 GASPARRINI, GERARDO (TF 20777136-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO con las modificaciones introducidas por las leyes 6595 y 7159), es contraria a la ley del Impuesto a las Ganancias que suprimió las exenciones de las cuales hoy intentan valerse diversos organismos. En consecuencia, indica que “siendo que los miembros del Tribunal de Cuentas no forman parte del Poder Judicial, no corresponde eximirlos del Impuesto”. En esa misma línea, precisa que “el hecho de que los miembros del Tribunal en cuestión ejerzan funciones jurisdiccionales, no los hace formar parte del Poder judicial para hacerse acreedores de la intangibilidad prevista en nuestra Carta Magna”.
Advierte que, si bien el imperium de la norma provincial juzgada como inconstitucional queda excluido del caso sub iudice, “ello en modo alguno afecta la vigencia y el vigor general de la ley, que subsiste en plenitud hasta tanto no sea modificada o derogada por el órgano de gobierno naturalmente habilitado para ello, esto es, el Poder Legislativo”.
Afirma que la posibilidad de extender la garantía sobre la intangibilidad de las remuneraciones —referida exclusivamente al Poder Judicial— a los miembros de un organismo del Poder Ejecutivo como es el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe, comporta una manifiesta violación al principio de igualdad tributaria en la medida que implicaría reconocer una excepción o privilegio en supuestos en que se USO OFICIAL encuentra ausente el componente constitucional indispensable para ello.
Se agravia de la tasa de interés fijada por el a quo, ya que la aplicable es la establecida por las resoluciones del actual Ministerio de Hacienda. Añade que la doctrina plenaria citada por el fallo recurrido fue dejada sin efecto por esta Cámara en varios pronunciamientos, los cuales citó y transcribió.
3. Que, en ocasión de replicar el memorial de la demandada, la parte actora mencionó que, el 4/04/24, la Corte resolvió el recurso extraordinario federal deducido en los autos: “Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo” y lo declaró inadmisible. En consecuencia, informó que la sentencia de la Sala III de esta Cámara quedó firme. Puso de manifiesto que la ley de contabilidad de la Provincia de Santa Fe y la ley de Administración, Eficiencia y Control del Estado, en concordancia con el artículo 81 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, establecen que los vocales del Tribunal de Cuentas de la Provincia gozan de la misma estabilidad en su cargo y remuneración que los jueces de cámara de la provincia y los equiparan a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial en lo referente al principio constitucional de la intangibilidad de las remuneraciones (art. 110 de la Constitución Nacional). Finalmente, indicó que “no existe objeción de esta parte a la solicitud del Fisco Nacional de aplicar la Resolución General Nº 598/2019 y en consecuencia confirmarse la sentencia apelada en cuanto a los intereses aplicables al caso”.
4. Que, la cuestión debatida en la causa requiere determinar si la acordada 20/96 de la Corte federal resulta aplicable al Sr. Gasparrini en su carácter de Vocal del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe; circunstancia que tornaría procedente la repetición intentada en concepto de Impuesto a las Ganancias de los ejercicios 2014 a 2017.
5. Que, el art. 81 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe instituye un “Tribunal de Cuentas, con jurisdicción en toda la Provincia, tiene a su cargo, en los casos y en la forma que señale la ley, aprobar o desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos y declarar las responsabilidades que resulten. Los miembros del Tribunal de Cuentas duran seis años en sus funciones, son nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa y pueden ser removidos según las normas del juicio político. Los fallos del Tribunal de Cuentas son susceptibles de los recursos que la ley establezca ante la Corte Suprema de Justicia y las acciones a que dieren lugar deducidas por el Fiscal de Estado. El contralor jurisdiccional administrativo se entenderá sin perjuicio de la atribución de otros órganos de examinar la cuenta de inversión, que contarán previamente con los juicios del Tribunal de Cuentas”.
A su turno, la ley 1757 —con las modificaciones introducidas por las leyes 6595 y 7159— dispone que los vocales del Tribunal de Cuentas deben ser nombrados por el Poder Ejecutivo por conducto del Ministerio de Hacienda y Economía, con acuerdo del Poder Legislativo, y removidos mediante el procedimiento del juicio político. Asimismo, establece que “[e]l desempeño del cargo de vocal del Tribunal de Cuentas será incompatible con el ejercicio de su profesión con excepción de la docencia, y requerirá dedicación exclusiva. Su remuneración estará equiparada a la de los vocales de las Cámaras de Apelación de la Provincia” (art. 248). La ley provincial también establece que para los vocales del Tribunal de Cuentas rigen las causas de excusación y recusación establecidas por el Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial para los jueces superiores e inferiores (art. 250).
Similares disposiciones se encuentran previstas en la ley 12.510 (cfr. arts. 194 y 196).
Por otro lado, la ley 24.631 (B.O. 27/03/96) derogó las exenciones previstas en los incisos p, y r, del artículo 20 de la ley de Impuesto a las Ganancias (t. o. en 1997 y sus modificaciones). Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inaplicabilidad del artículo 1° de la ley 24.631 para los magistrados y CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 8798/2024 GASPARRINI, GERARDO (TF 20777136-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO funcionarios del Poder Judicial de la Nación (v. acordada 20/96). Para así decidir, aludió al principio constitucional de la intangibilidad de las remuneraciones de los miembros del Poder Judicial. En el mismo sentido, no se encuentra controvertido que el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Santa Fe adhirió a la referida acordada en Acuerdo Ordinario, Acta nº 20 del 24/04/96, pronunciándose en idénticos términos respecto de los magistrados provinciales (conf. página 46 del deox nº 14061162, incorporado a la línea de actuaciones el 27/05/24).
En este contexto, la Sala III de esta Cámara in re “Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 7/02/17, aseveró que:
* poco importa la función que desempeñan los vocales del Tribunal de Cuentas de la Provincia, pues lo determinante es el alcance que corresponde atribuir a las normas provinciales —no impugnadas— que reconocen el derecho reflejo de asimilar sus remuneraciones a las que perciben los magistrados judiciales de la provincia, a quienes corresponden las exenciones establecidas en el art. 1°, incisos p, y r, de la ley de Impuesto a las Ganancias, tal como lo dispuso la Corte mediante la acordada 20/96 (para los funcionarios y magistrados del Poder Judicial de la Nación) y el Tribunal Superior de Justicia de Santa Fe por medio del Acuerdo Ordinario, acta nº 20 del USO OFICIAL 24/04/96 (respecto de los vocales de las Cámaras de Apelación de esa provincia); * la Constitución de la provincia de Santa Fe al establecer que “[l]os miembros del Tribunal de Cuentas duran seis años en sus funciones, son nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa y pueden ser removidos según las normas del juicio político” ha procurado resguardar y garantizar la independencia del Tribunal de Cuentas en cumplimiento de su función de “aprobar o desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos y declarar las responsabilidades que resulten”. En este punto, precisó que la equiparación salarial fue establecida en la ley 1757, modificada por las leyes 6592 y 7159 y luego fue mantenida por la ley 12.510, denominada “de Administración, Eficiencia y Control del Estado”, según la cual“[e]l desempeño del cargo de Vocal del Tribunal de Cuentas requiere dedicación exclusiva, incompatible con el ejercicio de la profesión, con excepción de la docencia. Su retribución ser equivalente a la de Vocal de la Cámara de Apelaciones del Poder Judicial Provincial” (cfr. art. 194); y * el tratamiento impositivo propiciado no vulnera el principio de igualdad tributaria sino que respeta la distinción con el contribuyente común establecida por el legislador provincial sobre la base de circunstancias que consideró asimilables a las del magistrado judicial.
La decisión de la Sala III supra reseñada se encuentra firme ya que, el 4/04/24, la Corte declaró inadmisible el recurso extraordinario federal deducido contra ella por la AFIP.
En similares términos se expidió la Sala V del Fuero in re “Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba (TF 34238-I) c/DGI”, sentencia del 18/09/12; decisorio que también se encuentra firme por cuanto el 28/10/14 la Corte desestimó el recurso extraordinario deducido por el fisco por no refutar todos y cada uno de los fundamentos de la decisión apelada.
Por otra parte, la Sala II de esta Alzada in re “Gasparrini, Gerardo (TF 48779-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 6/6/23, tuvo oportunidad de analizar la procedencia de la repetición intentada por el aquí actor pero respecto a las retenciones sufridas durante los ejercicio 2012 y 2013. En esa ocasión, señaló que el análisis de la cuestión planteada debía efectuarse a la luz de los preceptos constitucionales establecidos en los artículos 5°, 110 y 122 de la Constitución Nacional y ratificó los argumentos expuestos por la Sala III en el pronunciamiento supra examinado. En ese escenario, consideró que correspondía confirmar las exenciones aplicadas por el a quo, tal como lo había expuesto la Corte en la acordada 20/96.
En línea con lo hasta aquí expuesto, cabe destacar que el Alto Tribunal entendió que la equiparación prevista en el art. 43 del decreto-ley 7543/69 de la provincia de Buenos Aires que asigna al Fiscal del Estado un tratamiento remunerativo no inferior al fijado para el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, no podía ser interpretada como una mera referencia salarial, “…ya que se inserta en un contexto en el que el ordenamiento jurídico local prevé diversas garantías para preservar la independencia del Fiscal del Estado, no en razón de su persona, sino en mira de la institución, que está vinculada estrechamente con el principio del control recíproco de los poderes en tanto ejerce, entre otras funciones, un verdadero control de legalidad y constitucionalidad de los actos administrativo provinciales” (Fallos: 333:1841).
En similar sentido se expidió la Sala V de esta Cámara in re “Carne, Mónica Viviana c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, sent. del 16/10/15, en cuanto consignó que las remuneraciones de los vocales del Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires se encontraban excluidas del Impuesto a las Ganancias puesto que, en base a normas de derecho público provincial, se los había equiparado —en retribución e inmunidades— a los jueces de Cámara provinciales, como forma de resguardar y garantizar su independencia en el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 8798/2024 GASPARRINI, GERARDO (TF 20777136-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO ejercicio de sus funciones. La decisión se encuentra firme en tanto el 4/04/24 la Corte declaró inadmisible el recurso extraordinario interpuesto por el Fisco.
Por último y en lo atinente a la igualdad invocada por el demandado, es dable recordar que las garantías constitucionales han sido dadas a los particulares contra las autoridades y la de igualdad podría ser invocada por un contribuyente a quien se pretendiera gravarlo más que a otro, pero no está destinada a asegurar el poder del Estado para establecer impuestos; es que, cualquiera sea la conveniencia o inconveniencia del tributo, éste no puede ser tachado de contrario a la garantía del artículo 16 de la Constitución Nacional “sino por los interesados en liberarse de las cargas” (Fallos: 134:37).
En función a los antecedentes normativos y jurisprudenciales supra detallados, esta Sala comparte lo resuelto por el Tribunal Fiscal en el presente caso. En consecuencia, corresponde confirmar el tratamiento impositivo reclamado por el actor en el Impuesto a las Ganancias de los períodos fiscales 2014 a 2017 y hacer lugar a la repetición intentada.
6. Que, en cuanto a la tasa de interés, se advierte que por medio de la resolución 598/2019, publicada en el Boletín Oficial el 18/07/19, el Ministerio de Hacienda dispuso que “la tasa de interés aplicable a los supuestos previstos en el USO OFICIAL artículo 179 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998, a los restantes supuestos de devolución, reintegro o compensación de los impuestos regidos por la citada ley y a los supuestos previstos en los artículos 811 y 838 del Código Aduanero, vigente en cada trimestre calendario, será la efectiva mensual surgida de considerar la tasa pasiva promedio publicada por el Banco Central de la República Argentina para el período de treinta (30) días finalizado el día veinte (20) del mes inmediato anterior al inicio del referido trimestre” (art. 4º).
Por consiguiente, desde la fecha de cada reclamo administrativo (deducidos el 27/12/19 y el 30/12/20) hasta el 31/08/22, corresponde aplicar la tasa de interés supra transcripta (cfr. esta Sala, “Fauvety, Martha Adelina c/ EN – AFIP s/ amparo ley 16.986”, causa 16.973/2020, sentencia del 8/2/2022; “Muiños, Alberto César c/ EN – AFIP s/ Dirección General Impositiva”, causa 11.695/2020, sentencia del 8/3/2022; “Villegas, Carlos Alberto c/ EN – AFIP – Ley 20628 s/ amparo ley 16.986”, causa 6512/2021, sentencia del 17/3/2022; entre otras).
Por otra parte, desde el 1°/09/22 y hasta el 31/01/24 estuvo vigente la resolución (MH) 559/2022 (B.O. 25/08/22) que en su art. 4º disponía que “la tasa de interés aplicable a los supuestos previstos en el artículo 179 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, a los restantes supuestos de devolución, reintegro o compensación de los impuestos regidos por la citada ley y a los supuestos previstos en los artículos 811 y 838 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, en el tres como ochenta y cuatro por ciento (3,84 %) mensual”. En consecuencia, a partir del 1º/09/22 y hasta el 31/01/24 los intereses deben ser liquidados de conformidad con la tasa establecida en la resolución (MH) 559/2022 [en análogo sentido, esta Sala in re “Clodinet SA (TF 112063665-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 1º/12/22].
Por último, a partir del 1º/02/24 corresponderá aplicar la tasa prevista en el art. 4º, primer párrafo, de la resolución 3/2024 (B.O. 22/01/24), de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 10 de esa norma.
Se hace saber a los letrados que el texto de las sentencias citadas puede ser consultado en la página de internet www.cij.gov.ar/sentencias.html o requerido a través del correo electrónico del Tribunal ([email protected]). En función a lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso incoado por el Fisco Nacional, modificar el pronunciamiento apelado en los términos y con el alcance dispuesto en este acápite e imponer las costas de ambas instancias a la demandada en su calidad de parte sustancialmente vencida (art. 68, primera parte, CPCCN). ASÍ SE RESUELVE.
7. Que, teniendo en cuenta la liquidación de la tasa de justicia presentada por la parte demandada el 31/05/24 y la constancia de pago incorporada el 11/06/24, ofíciese al Sr. Representante del Fisco, en atención a encontrarse configurado el supuesto previsto en el punto 10, in fine, de la acordada (CSJN) 20/92. ASÍ SE ORDENA.
Regístrese, notifíquese y ofíciese por DEOX al Representante del Fisco en los términos dispuestos en el considerando 7º supra.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
8798/2024 GASPARRINI, GERARDO (TF 20777136-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO USO OFICIAL
Fin de la sentencia