Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 77575105-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
46837/2022 “GAX SA (TF 77575105-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de septiembre de 2022.
1. Que, por resolución del 18/2/22, el Tribunal Fiscal de la Nación hizo lugar al planteo efectuado por la recurrente y declaró la nulidad del artículo 2° de la resolución DE PRLA 9940/19 en cuanto había intimado al pago de tributos con relación a la operación documentada mediante el DI 11 001 IC04 002816G; con costas al fisco (v. pp. 243-247 del expte. TF 77575105/2021, digitalizado y remitido mediante oficio el 22/8/22).
Para resolver como lo hizo, recordó que: (i) las actuaciones se iniciaron con la denuncia formulada contra GAX SA por presunta infracción al artículo 954 del Código Aduanero, debido a la falta de presentación del certificado de origen que ampararía la mercadería, importada en 2011; (ii) en 2013, la actora abonó el cargo formulado en concepto de multa automática; (iii) con posterioridad, se liquidaron los tributos resultantes de la falta de acreditación del origen de la mercadería y se dispuso la apertura del sumario en los términos del artículo 1090, inciso c, del Código Aduanero, por la presunta comisión de la figura infraccional del inciso a, del artículo 954 (v. auto del 21/12/16); (iv) más adelante, se practicó nueva liquidación del eventual perjuicio fiscal; y (v) finalmente, se dictó la resolución DE PRLA 9940/19, aquí apelada, que fue notificada a la actora el 26/7/21.
Precisó que, en el artículo 1º, la resolución absolvió a la actora de la infracción de declaración inexacta (lo cual fue aprobado mediante resol. DE PRLA 229/20); en tanto que, en el artículo 2º, la intimó al pago de la diferencia de tributos resultante de la no presentación del certificado de origen.
Explicó que, a la luz de antecedentes similares en los que había obtenido resultados desfavorables, el servicio aduanero consideró apropiado absolver a la empresa en los términos de lo dispuesto por el artículo 898 del código de la materia; sin perjuicio de lo cual, y sin haber investigado los hechos de la causa, reclamó por un presunto perjuicio fiscal que no se hallaba constatado.
Hizo énfasis en que la apertura del sumario y la liquidación tributaria no habían sido comunicadas a la recurrente, dado que se omitió correr la vista prevista por el artículo 1101 del código, y que aquélla se anotició directamente de la decisión absolutoria; de la que, no obstante, se desprendían consecuencias tributarias. Remarcó que los tributos reclamados a la recurrente presuponían el perjuicio fiscal a que hace referencia la figura del artículo 954, inciso a, del Código Aduanero; por la que se había instruido el sumario. En esas condiciones, y al no habérsele corrido vista, tuvo por incumplidos los más mínimos recaudos que hacen al derecho de defensa del imputado. También indicó que se trataba de una omisión no 1 subsanable en esa instancia, toda vez que conllevó la violación del debido proceso, de raigambre constitucional, en tanto la recurrente recién había tomado conocimiento del sumario diez (10) años después de oficializado el despacho de importación involucrado en la causa.
2. Que, disconforme con la decisión, el Fisco Nacional interpuso apelación el 4/4/22, que se concedió el 6/4/22, se fundó el 27/4/22 y fue contestado el 8/7/22. Entiende que la resolución apelada soslaya que la actora pudo ejercer debidamente su derecho de defensa y que no corresponde declarar la nulidad por la nulidad misma. Más allá de lo expuesto, argumenta que no es una condición necesaria para el nacimiento de la obligación tributaria la existencia previa de una infracción aduanera y que, en el caso, se planteó desde un primer momento la distinción entre la esfera de responsabilidad infraccional (por la que correspondería la aplicación de sanciones) y la esfera de responsabilidad tributaria (por la que se origina la formulación del cargo).
3. Que, como adecuadamente lo señaló el tribunal de origen, la resolución DE PRLA 9940/19 fue dictada en el marco de la actuación 12196-96-2013, incoada contra la firma GAX SA respecto de la destinación 11 001 IC04 002816G por presunta infracción al artículo 954, inciso a, del Código Aduanero. Es decir que el reclamo tributario contenido en el artículo 2º de aquélla debe entenderse formulado en el marco de un procedimiento para las infracciones, que culminó con una resolución absolutoria (v. esp. auto de instrucción sumarial y considerandos de la resolución, pp. 165 y 169 del expte. cit.).
A su vez, no es materia de controversia que se arribó a tal solución por aplicación del principio que obliga a resolver los casos de duda en favor del imputado (v. pp. 169/170, expte. cit.)–, pero sin dar previa intervención al incriminado para que acreditase los hechos que servían de base a la imputación y que, asimismo, condicionaban el reclamo de la diferencia tributaria.
No está demás señalar que, hasta el momento en que se dictó la resolución impugnada, la actora únicamente había tomado intervención en las actuaciones para abonar la multa automática que se devenga por la falta de presentación en término del certificado que tiene por función garantizar que la mercadería es originaria de una determinada región o bloque económico, según se encuentra previsto por el artículo 17 de la resolución MEyOSP 763/93. Siendo esta misma disposición la que establece que, una vez cumplido el pago, corresponderá “investigar la presunta comisión de la infracción tipificada en el Artículo 954, incisos a) o b) de mencionado Código”. Concordemente, el auto de apertura del sumario del 21/12/16 ordenó que se practicase liquidación de estilo “a los fines de, a posteriori, disponer la corrida de vista correspondiente” (v. p. 165, expte. cit.). Sin embargo, una vez liquidado el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 46837/2022 “GAX SA (TF 77575105-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
eventual perjuicio fiscal ($214,92 y USD 595,76; v. p. 167), se dictó sin más trámite la resolución que puso fin al sumario, absolviendo a la importadora por la presunta infracción de declaración inexacta, al tiempo que la intimó al pago de una diferencia de tributos.
En esas condiciones, deviene aplicable el criterio adoptado por esta Sala en las causas 29997/11 “Cosena Seguros SA (TF 24583-A) c/ DGA”, resol. del 9/2/12 y 56691/15 “Ramirez, Horacio Omar c/ DGA”, resol. del 5/4/16, en las que resolvió que la corrida de vista prevista en el artículo 1101 del Código Aduanero no consagra un inútil formalismo sacramental, sino que con ella se pretende dar plena dimensión al derecho constitucional a ser oído antes de la emisión del acto que pone fin a un sumario infraccional; de manera que su incumplimiento por parte de la administración no puede ser saneado a posteriori y en otra instancia, quedando el acto fulminado de nulidad al no haberse concretado los procedimientos pertinentes.
4. Que, sólo a mayor abundamiento, si se siguiese la línea argumental que propone el Fisco –en cuanto a que se trataría de una resolución que tuvo por único objeto liquidar tributos aduaneros en forma suplementaria–, se arribaría también a la conclusión de que el acto resulta insalvablemente nulo; en este caso, por falta de causa, toda vez que no se encuentran fehacientemente acreditadas las circunstancias que darían sustento al reclamo de una diferencia de gravámenes (arg. arts 7, inc. b, y 14, inc. b, ley 19.549).
Nótese que, en los considerandos de la propia resolución DE PRLA 9940/19 se consigna que, en el caso, no fue posible “determinar fehacientemente si el certificado de origen ha sido presentado en tiempo y forma o si efectivamente […] dicha mercadería resulta o no ser del origen invocado” (v. pp. 169/170, expte. cit.). Es decir, que no fue posible determinar el verdadero origen del bien y, por consiguiente, si correspondía o no el nivel de derechos declarado y abonado por la importadora.
Esa circunstancia impedía que se configurase el efecto lesivo del tipo infraccional del artículo 954, inciso a, del Código Aduanero, pero también el presupuesto de hecho que legitima el reclamo de los tributos que se habrían dejado de pagar. Así es que, ante la ausencia de elementos que permitiesen tener por acreditada la improcedencia de la preferencia arancelaria, el Fisco debió resignar también la pretensión pecuniaria.
5. Que, por lo expuesto, se rechaza el recurso interpuesto y se confirma la resolución del 18/2/22 en cuanto anula el artículo 2º de la resolución DE PRLA 9940/19. Las costas de Alzada se imponen a la demandada, al no advertirse motivos que justifiquen la dispensa (art. 68, segundo párr., CPCCN). ASÍ SE RESUELVE. 3 6º) Que, resta tratar la apelación interpuesta el 28/3/22 y concedida el 6/4/22, contra la resolución del 18/3/22, por la que se regularon los honorarios de la letrada apoderada de la parte actora, doctora Gisela Hörisch, en la suma de $ 8.500 – equivalentes a 1,14 UMA–, más IVA; a cargo del Fisco Nacional.
Al respecto, teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, el resultado obtenido y la trascendencia económica de la cuestión en debate; y atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada por la citada profesional en carácter de letrada apoderada en la defensa de la actora, durante la única etapa que tuvo el proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, corresponde CONFIRMAR los honorarios regulados a su favor –y que sólo fueron apelados por altos– (arg. arts. 16, 19, 21, 29 inc. a, 51, 58 inc. a, y ccdtes. de la ley 27.423; acordada CSJN 25/22; y art. 730, primera parte, del CCC).
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 y concordantes de la ley de arancel, REGÚLENSE en la suma de pesos tres mil ciento veinte ($3.120) –equivalentes a la cantidad de 0.3 UMA– los emolumentos de la citada profesional por su actuación ante esta instancia (cfr. contestación de agravios). Se deja constancia que la regulación que antecede deberá cancelarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de la ley 27.423, y que no incluye el Impuesto al Valor Agregado, monto que –en su caso- deberá ser adicionado conforme a la situación del profesional interviniente frente al citado tributo. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
El juez de Cámara, Marcelo Daniel Duffy no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109, RJN).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
JORGE EDUARDO MORAN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia