Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 181.982
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Hacer lugar parcialmente al recurso de la Sra. T. del C. Z. y modificar en consecuencia la sentencia apelada con los alcances establecidos en el considerando «III.5.» de la presente;
II. Imponer las costas de ambas instancias generadas por la acción dirigida contra la Sra. T. del C. Z. en un 20% a la codemandada y el 80% restante a la parte actora (art. 68 in fine y 71 del CPCCBA);
III. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967); IV)
Expte. Nº 181982 - Juzgado Civil y Comercial N°14 En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "G., V. C/ R., E. M. Y OTRA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es justa la sentencia definitiva del 23 de septiembre de 2024? 2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. El 23 de septiembre de 2024 el Sr. Juez de primera instancia dictó sentencia definitiva en la que hizo lugar a la demanda por indemnización de daños y perjuicios promovida por V.G. contra E. M. R. y T. del C. Z. , condenando a estos últimos a abonar al actor U$D43.000 dólares y pesos $3.105.000 más intereses. Impuso las costas a los demandados y difirió la regulación de honorarios.
Para así decidirlo, señaló primero que el caso debe ser juzgado en el marco del contrato locativo que vinculó a las partes y cuya existencia consideró debidamente acreditada. Reparó para ello en la declaración de la escribana Torres de Scheggia, en los dichos de la fiadora codemandada y de la Sra. K. T. que absolvió posiciones por el demandado E.R.
También juzgó demostrado que la propiedad al momento de darla en alquiler estaba en condiciones tales que permitía su uso y goce por parte de los locatarios, revelando ello un cumplimiento de las obligaciones del locador.
Al evaluar el motivo por el cual la vivienda se incendió, destacó el informe del Departamento de Bomberos y la pericia del Ing. Rodriguez Brussa en la que identifican el origen del siniestro con un aporte de energía de activación (realizado por una persona) sobre materiales combustibles en el sector de origen.
Evaluó múltiples constancias obrantes en la investigación penal y que llevan a concluir que el incendio no se debió a un caso fortuito y que “existen indicios suficientes que permiten presumir la participación del Sr. R. en el siniestro”.
Sobre esa base, entendió que la demandada incumplió con la obligación de conservar la propiedad en el estado en que la había recibido, imposibilitando su correcta restitución al locador.
En cuanto a los daños, hizo lugar a los siguientes rubros: (a) U$D43.000 en concepto de daño emergente; (b) $1.470.000 en concepto de lucro cesante; (c) $597.000 por pérdida de chance y (d) $60.000 de deudas vinculadas al servicio eléctrico.
II. El recurso de la Sra. T. del C. Z.
La codemandada Z. apeló el fallo el 1 de octubre de 2024 y fundó su recurso el 3 de diciembre de 2024, con réplica de la contraria el 10 de diciembre de 2024.
Sus agravios son:
(i) Afirma que la sentencia está viciada de nulidad por pronunciarse sobre cuestiones no debatidas en el proceso, excediendo los límites de lo reclamado en la demanda. Repara en que el actor demandó una indemnización en pesos y que, si bien alegó que debía ser tratada como una deuda de valor, nunca pidió su dolarización. Invoca una violación a su derecho de defensa y pone de manifiesto el cepo cambiario que restringe la compra de dólares a un mínimo mensual a la vez que está imposibilitada de adquirir dólar MEP por haber accedido a una moratoria previsional (b) Considera que el contrato no llegó a configurarse, por lo que no son aplicables las reglas que regulan el contrato de locación y las obligaciones inherentes al locatario.
Refiere que si el Sr. R. provocó un daño intencional en el inmueble propiedad del Sr. G., corresponde que las consecuencias dañosas sean juzgadas bajo la órbita de la responsabilidad extracontractual, pero no a la luz de la normativa aplicable a la locación. Dice que al momento del siniestro el locador aún no había manifestado su aceptación y por ende el contrato no se encontraba vigente.
(c) Objeta el modo en que fue cuantificado el daño emergente. Refiere que el juez condenó a su parte a reconstruir una casa completamente nueva, de idénticas dimensiones a la siniestrada, con materiales nuevos y con casi 40 años de desarrollo y evolución. Incluso, argumenta, se incluye la instalación de gas que el inmueble no tenía.
Entiende que admitir este rubro en los términos en los que fue valorado por el Sr. Juez de primera instancia constituye un enriquecimiento sin causa a favor del actor, que pierde una vivienda de 40 años de antigüedad y obtiene una indemnización suficiente en dólares para construirse una casa a estrenar y con las nuevas tecnologías y métodos de construcción. Critica también la incongruencia entre los dictámenes de la martillera Torres y el perito ingeniero, ya que para uno la casa nueva, deducido el costo de la instalación del gas, es U$D42.598, en tanto que para el otro la misma construcción, con cuarenta años de antigüedad, asciende a U$D41.500.
Se agravia del rubro pérdida de chance por entender que el contrato no llegó a perfeccionarse.
Subsidiariamente, dice que no es posible actualizar los rubros si el propio contrato no lo previó. Cuestiona que el juez haya hecho abuso de la actualización monetaria excediendo los límites de lo reclamado en la demanda y en desmedro de sus derechos.
Por último, reclama que el caso sea juzgado con perspectiva de género considerando que R. violentó a la Sra. G. C., amenazó con matarla a ella y a sus hijos prendiendo fuego la casa, cosa que finalmente hizo. Considera injusto que sea obligada a indemnizar los daños resultantes de ese hecho perpetrado por el codemandado R. en perjuicio de su hija y nietos.
III. Tratamiento del recurso.
Una mejor comprensión del conflicto que media entre las partes y un correcto tratamiento del recurso de la Sra. Z. me obliga a recapitular muy brevemente la forma en que ha quedado zanjada la controversia en primera instancia, así como también las premisas basilares sobre las que se asentaron tanto la pretensión de Sr. G. como la resistencia de la recurrente T. del C. Z.
Adelanto que el recurso progresa parcialmente.
III.1. Este proceso nace a raíz de la pretensión de cumplimiento de contrato y daños y perjuicios que el Sr. V. G., propietario de una finca ubicada en T. N°---- del barrio - de esta ciudad, formuló contra quien fuera su inquilino y su fiadora, Sres. M. E. R. y T. del C. Z. , respectivamente. El contrato de locación que los vinculó se celebró el 14 de junio de 2019 con intermedio de la inmobiliaria A. y de desarrolló con relativa normalidad hasta el 2 de noviembre de 2019, día en el que la propiedad alquilada resultó destruida por lo que el accionante calificó como un «incendio provocado por el locatario maliciosamente que tenía problemas con su pareja, para desalojar a su conviviente G. E. C. (párrafos primero y segundo del punto «IV» de la demanda). Para justificar la responsabilidad endilgada a los accionados, el actor destacó las reglas que ponen a cargo del inquilino las reparaciones que no le incumben normalmente, incluyendo cláusulas en las que se pactó que la locataria relevaba al locador de toda responsabilidad por incendio y filtraciones, debiendo mantener asegurado el inmueble y los muebles comprendidos en él conforme a las pólizas que se emiten por las compañías de seguros. Afirmó que «de haber cumplido la locataria con la contratación de un seguro de incendio, como se comprometió a hacerlo sin que nadie la constriñera, además de la propia cobertura de los daños, posiblemente el hecho no habría acaecido». Agregó además que una obligación básica del locatario es conservar el bien locado en buen estado a fin de restituirlo como lo ha recibido, respondiendo por daños y deterioros (apartado «V» de la demanda).
Sobre esa base, reclamó el daño emergente por el costo de construcción de la vivienda, el lucro cesante compuesto por las rentas frustradas hasta la finalización del contrato, la pérdida de chance por imposibilidad de darlo en alquiler y una deuda de facturación del servicio de luz.
A su turno, la Sra. T. del C. Z. negó que el bien haya estado en buenas condiciones de habitabilidad, pero reconoció que se celebró un contrato de locación el 14 de junio de 2019. Refirió que en la escribanía Torres de Scheggia se hicieron presentes R., un empleado de la inmobiliaria y ella, sin que estuviera presente el locador, por sí o por medio de un representante. Alegó que nunca le dieron una copia del contrato suscripta por el locador y no le consta que la copia adjunta a la demanda tenga una firma que le pertenezca a G. Argumentó que el contrato, sin firma del locador, no puede considerarse perfeccionado. Refirió que el incendio fue de causa indeterminada y que, en su caso, reúne los caracteres del caso fortuito del art. 1206 del Código Civil y Comercial. Negó la procedencia y cuantía de los daños reclamados.
Como se dijo en apartados anteriores, el juez hizo lugar a la demanda contra ambos coaccionados: el inquilino R. y la fiadora Z. Consideró acreditado, presunción mediante, que el incendio fue intencional y que R. tuvo intervención en el siniestro en el marco de un “contexto familiar complejo”. Sobre esa base, desestimó la defensa sustentada en el caso fortuito y consideró responsable a uno y otro demandado.
III.2. Si bien con algunas salvedades que detallaré seguidamente, comparto la pormenorizada evaluación que ha realizado el colega de primera instancia con relación a la prueba vinculada a la causa del incendio. El dictamen del perito ingeniero Pires, los partes policiales obrantes en la Investigación Penal Preparatoria n° 32871, el relato de los oficiales Ojeda y Sánchez, la narrativa de los testigos E. y R., y las diversas actuaciones — penales y de familia— motivadas por diversas denuncias de violencia que R. ejerció sobre C., conforman un material probatorio más que suficiente para concluir que R. produjo intencionalmente el incendio de la propiedad, tal como el propio G. lo alegó en su demanda (art. 384 del CPCCBA). No creo que sea adecuado afirmar que el incendio se produjo en el marco de un “contexto familiar complejo”, sintagma cuya vaguedad semántica no tiene la aptitud de aprehender y describir con precisión la angustiante y opresiva situación en la que se encontraba C. en su relación con R. al momento del hecho. Se trata de un giro que, por su imprecisión, tampoco logra explicar los verdaderos motivos por los cuales R. destruyó la cosa que se había obligado a restituir en el mismo estado en que la recibió. Creo mejor describir lo ocurrido de la siguiente manera: el incendio de la propiedad fue intencional y es el resultado de un acto de violencia de género realizado por R. y que tuvo a C. y sus hijos como víctimas, todo ello en cumplimiento de amenazas previas de naturaleza extorsiva que R. formuló a su concubina vinculadas a la posible realización de una denuncia penal (conductas de R. que, a su vez, eran también expresiones de violencia psicológica y emocional contra C.). De ello se sigue que la destrucción de la propiedad fue un acto anunciado por su propio autor, premeditado y ejecutado con intención de dañar derechos de terceros (art. 1724 in fine del CCyC).
Una descripción precisa de lo sucedido no solo resulta relevante para dirimir la suerte del recurso (punto sobre el cual me detendré seguidamente) sino que también tiene un valor institucional significativo a la hora de visibilizar y explicitar situaciones de violencia que no son aisladas o excepcionales, sino que forman parte —o son el resultado— de desigualdades estructurales entre el hombre y la mujer. Máxime si es esa violencia la que explica, mejor que ninguna otra circunstancia contextual, la razón por la que una persona súbitamente decide destruir intencionalmente la vivienda que alquiló y en la que vivían una mujer y dos niños (arts. 7 inciso "g" de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer -OEA, 1994, ap. Ley 24.632 y 16 inc. "i" de la Ley 26.485).
III.3. Definido lo anterior, no creo que tenga razón la recurrente cuando pretende que el caso sea juzgado a la luz de las reglas que rigen la responsabilidad extracontractual afirmando que el contrato no llegó a celebrarse a la fecha del incendio.
Como bien señaló el magistrado en su sentencia, el contrato, como acto jurídico en el que las partes expresaron su consentimiento para regular una relación jurídica patrimonial, ya fue reconocido por la apelante al absolver posiciones (v. audiencia del 08/06/2023). No llega controvertido a esta instancia que R. fue locatario de G. y que Z. asumió una garantía accesoria a ese vínculo locativo, en calidad de fiadora principal pagadora.
También fue reconocido por todas las partes que el locatario ingresó a la propiedad inmediatamente después de que R. y Z. suscribieran el ejemplar del instrumento, por lo que hubo principio de ejecución de ambos negocios: de la locación (que tenía al codemandado R. como inquilino) y de la garantía accesoria (que tenía a Z. como fiadora principal pagadora según lo acordado en la cláusula décimo quinta). En este contexto, resulta intrascendente decidir sobre la suerte que tuvo su instrumentación o el modo en que se rubricaron los ejemplares que una y otra parte conservó en su poder.
Memoro que la forma escrita para locaciones inmobiliarias es una exigencia ad probationem (arts. 1019 y 1188 del CCyC), por lo que su omisión puede eventualmente dificultar la prueba del negocio, pero no impide que sea acreditado por otros medios. Esto último siquiera tiene gravitación en este proceso dado que —reitero— la propia fiadora reconoció el vínculo locativo y reconoció también la garantía accesoria que relacionó al actor con los demandados (arts. 971, 1019 y 1020 del CCyC).
Por otra parte, del argumento sostenido por la recurrente, sustentado en la fecha de la rúbrica del ejemplar, no se sigue que su responsabilidad sea extracontractual. La tesis que propone Z. llevaría a aceptar que la garantía nació con la tardía rúbrica de G. una vez producido el siniestro. Esta hipótesis resulta extremadamente forzada y tiene consecuencias ilógicas, dado que implicaría admitir un resultado absurdo en términos negociales: que la recurrente asumió el rol de garante respecto de un locatario que ya había destruido intencionalmente la propiedad arrendada.
El planteo, reitero, no es fundado y debe ser desestimado.
III.4. Sí tiene razón la recurrente cuando cuestiona su legitimación pasiva, y afirma que no debe ser obligada a indemnizar al propietario por la totalidad de los daños reclamados en la demanda.
La queja de la accionada es parcialmente procedente.
Si la demandada responde frente al locador en su calidad de fiadora principal pagadora (art. 1590 y 1591 del CCyC), pues entonces el éxito de la pretensión del actor depende de decidir si la indemnización adeudada por R. —que, a su respecto, llega firme a esta instancia— se encuentra incluida en el objeto de la garantía otorgada por Z. . Es decir, si el deber resarcitorio de R. está dentro del marco de extensión de la fianza otorgada por la recurrente.
Aquí marco mi disidencia con la solución adoptada en la sentencia apelada, pues el siniestro que motivó la destrucción de la propiedad (y el correlativo incumplimiento del deudor principal de restituirla en el mismo estado en que la recibió) no fue un incendio accidental, sino el resultado de un ilícito doloso. Como ya enfaticé en párrafos anteriores, R. incumplió dolosamente el contrato que lo vinculó con G., situación anómala y extraordinaria que exige delimitar con cautela la extensión de la fianza que asumió la madre de su concubina.
En este punto, concuerdo con la doctrina mayoritaria que, al estudiar el alcance y extensión de la fianza, distinguen las hipótesis de afianzamiento de obligaciones surgidas de un hecho ilícito según se haya obrado con culpa o dolo y según ese hecho ya haya ocurrido o no. No resulta objetable la garantía sobre el deber indemnizatorio que emerge de un ilícito ya ocurrido, dado que la causa allí es una obligación indemnizatoria válida y afianzable. Tampoco es cuestionable cuando refiere a un cuasidelito aun no ocurrido (lo que genera una analogía evidente con el contrato de seguro). Lo que la doctrina considera insusceptible de garantizar es el hecho ilícito doloso aún no ocurrido. Allí la situación es radicalmente distinta y ciertamente cuestionable, dado que operaría como una “incitación a delinquir, ciertamente censurable, siendo el contrato nulo” (Lorenzetti, Ricardo L., Tratado de los contratos, Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 2000, t. III, pág. 503). Concuerda en ello Zago, quien señala que «el contrato de fianza sería nulo (...) porque no se puede legitimar un contrato condicionado a la realización de un delito» (Zago, Jorge A., en Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial [Bueres-Highton, dir.], Buenos Aires: Hammurabi, 2003, t 4-d, pág. 341). Autores como Salvat, Borda, Kenny y otros replican esta misma interpretación (Salvat, Raymundo, Tratado de Derecho Civil Argentino. Fuentes de las obligaciones, 2da. ed. Actualizado por Acuña Anzorena, Buenos Aires: Tipográfica Editora Argentina, 1954, t. III, pág. 254; Borda, Guillermo, Manual de contratos, 20va ed., Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2004, pág. 702, Kenny, Héctor E., Fianza, Buenos Aires: Astrea, 2012, pág. Viramonte, Carlos I., Contrato de fianza, Córdoba: Advocatus, 2022, pág. 168).
Esta lectura es compartible dado que el ordenamiento jurídico no puede crear incentivos para que las personas actúen con dolo directo o eventual en la seguridad de que el resultado patrimonial de su futura conducta pérfida pueda quedar garantizada por un contrato accesorio. La prohibición legal de dispensar el dolo es un claro ejemplo de ello, y tiene fundamento en la voluntad del legislador de evitar que el deudor quede en una situación tal en la que puede incumplir una obligación sin ningún tipo de consecuencia, generando una tutela normativa para conductas reñidas con la buena fe contractual, la moral y las buenas costumbres (Pizarro, D., Vallespinos, C., Tratado de responsabilidad civil, Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2024, v.2, pág. 81). Lo mismo ocurre con prohibición legal de asegurar siniestros dolosos. De hecho, todo el debate vinculado a la contratación del seguro —o la actitud de G. frente a la omisión del inquilino de contratar uno— resulta por completo intrascendente. Ninguna compañía de seguros hubiera brindado respuesta alguna frente a un siniestro de esta naturaleza y la razón no es compleja de dilucidar: el ordenamiento jurídico prohíbe asegurar un siniestro producido con dolo, dado que este último elimina el carácter incierto del riesgo asegurable (transformando en cierto y necesario lo que debiera ser meramente posible) y ello desmantela el carácter aleatorio del contrato de seguros, generando su nulidad (arts. 3, 70, 105, 114 y 152 de la Ley 17.418; sobre la inasegurabilidad del siniestro provocado por dolo, véase Stiglitz, Rubén S. Derecho de Seguros. Tercera edición. Buenos Aires: Abeledo- Perrot, 2001, pág. 234).
De lo dicho se concluye que las consecuencias derivadas del incumplimiento doloso de deudor principal no pueden quedar comprendidas en la garantía otorgada por la fiadora, aun en su calidad de principal pagadora (art. 1591 del CCYC). El resultado de esa conducta no era susceptible de ser afianzado (arts. 279, 1577, 1580 y cctes. del CCyC). Idéntica solución emerge de las reglas que rigen la solidaridad pasiva, aplicable por conducto de lo normado en el art. 1591 del CCyC y del carácter que se le asignó a la fianza en la cláusula décimo quinta del contrato (art. 838 del CCyC).
Tratándose de codeudores solidarios (y Z. lo era respecto de R.; art. 1591 del CCyC), el dolo del deudor no proyecta ni propaga sus efectos a los demás codeudores solidarios (art. 838 in fine, por conducto de lo normado en el art. 1591 del CCyC). Ese plus de responsabilidad —que comprende a las consecuencias inmediatas y mediatas previsibles al momento de incendiar la propiedad— solo debe quedar circunscripto al incumplidor sobre el cual recae el reproche que motiva el dolo.
Más aún, a la luz de las reglas de la causalidad en la órbita contractual, el deudor solo responde por las consecuencias que previó o pudo haber previsto al momento de celebrar el contrato (art. 1728 del CCyC). Este esquema se altera únicamente por el dolo del deudor, que agrava su propia responsabilidad y extiende su deber resarcitorio a las consecuencias que previó o pudo prever al momento de incumplir en forma intencional. Siendo ello así, Z. ha de responder por los daños que sean consecuencia inmediata o mediata previsible de aquello que las partes previeron o pudieron prever al momento de acordar la locación y su fianza accesoria, oportunidad en el que la destrucción intencional de la propiedad (y la imposibilidad de restituirla en análoga condición a la que fue recibida) era una hipótesis inimaginable e imprevisible. Z. nunca pudo prever, al momento de contratar, que la garantía que estaba otorgando comprendía el daño patrimonial derivado de la destrucción voluntaria y maliciosa del inmueble por parte del propio inquilino.
Es por ello que es sólo R. —y no Z.— quien debe responder por los daños que previó o pudo prever que se generarían al momento en que decidió incumplir en forma intencional (arts. 838 y 1728 del CCyC; Pizarro, D., Vallespinos, C., Tratado de obligaciones, Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2017, t. I, pág. 810; Lorenzetti, Ricardo L., Resarcimiento del daño contractual: confianza, información, previsibilidad, La Ley Online, 0003/008153; Pizarro, Daniel R., La reparación del daño contractual (el art. 1728 del Código Civil y Comercial), La Ley Online, TR LALEY AR/DOC/200/2022).
III.5. Por todo lo hasta aquí expuesto, propondré al acuerdo modificar parcialmente la sentencia de primera instancia y, en lo que respecta a la Sra. Z., rechazar el reclamo por daño emergente consistente en el costo de reconstrucción de la propiedad y el lucro cesante, dado que son perjuicios íntimamente vinculados al incendio intencional del inmueble (no comprendido en la extensión de la fianza) y que conforman, desde la óptica de la recurrente, consecuencias mediatas e imprevisibles por las que debe responder únicamente el deudor que actuó con dolo, sin que propague sus efectos al resto de los codeudores (arts. 838 y 1591 del CCyC). Por idénticas razones tampoco debe responder por la pérdida de chance reclamada en el apartado «V.3» de la demanda, fundada en la imposibilidad de reconstruir el inmueble y darlo en alquiler.
Por tratarse de una deuda contractual no vinculado al incumplimiento doloso que motiva este proceso, la recurrente sí debe responder por los servicios adeudados a la firma EDEA en los términos y alcances establecidos en el considerando «III.d» de la sentencia y que no han sido motivo de agravio.
Con los alcances y fundamentos detallados, propondré al acuerdo hacer lugar parcialmente al recurso de la codemandada T. del C. Z. y modificar la decisión que fuera objeto de recurso. Los restantes agravios —incluido el planteo de nulidad por el signo monetario en el que se expresó uno de los rubros indemnizatorios— resultan desplazados y su tratamiento resulta innecesario por el modo en que se dirime el recurso.
En atención al resultado obtenido, propondré al acuerdo que las costas de ambas instancias generadas por la acción dirigida contra la Sra. T. del C. Z. sean soportadas en un 20% por la parte codemandada recurrente y el 80% restante por la actora (art. 68 in fine y 71 del CPCCBA).
ASÍ LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo: Corresponde: I) Hacer lugar parcialmente al recurso de la Sra. T. del C. Z.y modificar en consecuencia la sentencia apelada con los alcances establecidos en el considerando «III.5.» de la presente; II) Imponer las costas de ambas instancias generadas por la acción dirigida contra la Sra. T. del C. Z. en un 20% a la codemandada y el 80% restante a la parte actora (art. 68 in fine y 71 del CPCCBA); III) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967);
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia, se dicta la siguiente:
Por los fundamentos dados en el precedente Acuerdo se resuelve: I) Hacer lugar parcialmente al recurso de la Sra. T. del C. Z. y modificar en consecuencia la sentencia apelada con los alcances establecidos en el considerando «III.5.» de la presente; II) Imponer las costas de ambas instancias generadas por la acción dirigida contra la Sra. T. del C. Z. en un 20% a la codemandada y el 80% restante a la parte actora (art. 68 in fine y 71 del CPCCBA); III) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967); IV) REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Anexo I -«Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos»- del Ac. 4039/21 de la SCBA). Oportunamente, devuélvase.
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Fin de la sentencia