Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2026-15751328-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
2Regular los honorarios del Dr. Sebastián Carlos Villa, en su doble carácter de apoderado y patrocinante, fijándolos en la suma de $6.640.013 (Pesos seis millones seiscientos cuarenta mil trece) equivalente a 65,05 (sesenta y cinco con 5/100) UMA- Unidad de Medida Arancelaria-, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en la etapa procesal cumplida conforme Ley 27.423, Acordada Nº 17/2026 (03/08/2026)de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-79370318-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 18 de Agosto de 2026 En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith V. Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O’Donnell (Vocal Titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el EX- 2026-15751328- -APN-SGAI#TFN caratulado "GAZZOTTI LUCIANO MARTIN s/ recurso de apelación”
El Dr. Martin dijo:
I. Que mediante el RE-2026-15749297-APN-SGAI#TFN el Sr. Luciano Martín Gazzotti interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 298/2025 de fecha 22 de diciembre de 2025 dictada por la Jefa (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Centro II de la D.G.I-A.R.C.A a través de la cual se determinó el Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia (en adelante ASE o aporte solidario), período fiscal 2020, con más los intereses resarcitorios y se aplicó una multa de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 de la ley 11.683 (t.o en 1998 y sus modificaciones).
En primer lugar destaca que las firmas Argentcraft S.A y La Mirandola S.A. son empresas familiares cuya conducción al momento de la trasmisión se encontraba a cargo de sus padres, los Sres. Gazzotti Alberto Luis y Francisca Limardi. En este sentido relata que desde hacía un tiempo, atravesaba un tratamiento por problemas psiquiátricos que, si bien no afectaba su capacidad civil, lo tornan como una persona emocionalmente inestable frente a los desafíos que la familia y las sociedades le demandaban. A su vez existían ofertas de adquisición sobre el paquete accionario (operación que finalmente se concretó en el año 2022), por lo que en virtud de ello, con fecha 05/08/2020 decidió desprenderse de sus acciones optando por donarlas a sus padres con el objeto de facilitar la continuidad y el normal desarrollo de las compañías y, eventualmente, la concreción de la venta. Dichas transacciones se encuentran documentadas en las escrituras N° 187 y 188 y fueron debidamente registradas en los libros societarios correspondientes.
En este orden de ideas, resalta que el verdadero y auténtico espíritu del acto jurídico celebrado fue una decisión patrimonial razonable, lícita y plenamente eficaz, adoptada por motivos personales y empresariales concretos, sin que en ningún momento se haya tenido en miras la elusión de un tributo, máxime si se tiene en cuenta que sus padres abonaron el aporte solidario incorporando en su patrimonio las donaciones cuestionadas. Destaca que al 05/08/2020 no existía un proyecto ingresado en la Cámara de Diputados (lo fue recién el 26/08/2020), por lo que le resultaba imposible prever la futura creación del Aporte Solidario y Extraordinario (ASE).
Por dicho motivo, señala que la presunción establecida en el artículo 9 de la ley 27.605 no se extiende indiscriminadamente a toda variación patrimonial ocurrida en los 180 días previos a la sanción de la norma, sino únicamente a aquellas que, conforme a una motivación fundada, “hicieran presumir, salvo prueba en contrario, una operación que configure un ardid evasivo o esté destinada a eludir su pago”.
Entiende que el ente fiscal no demostró la existencia de elementos objetivos que permitan subsumir la donación en ese supuesto excepcional, limitándose a conjeturas y apreciaciones que vulneran el principio de legalidad tributaria (arts. 4, 17 y 19 C.N.) y el estándar probatorio exigible en materia impositiva. El Fisco Nacional se limitó a ponderar exclusivamente el momento en que se celebró la donación, prescindiendo de todo análisis de las circunstancias personales y contextuales que motivaron el acto, como también de los hechos posteriores (venta de la empresa familiar). Tal proceder importa una errónea aplicación de la norma, incompatible con el debido proceso objetivo y con el estándar probatorio que exige la utilización de presunciones.
Asimismo considera que la utilización de la situación fiscal de un tercero (en autos, su hermano que también donó su participación de las empresas a sus padres) para sustentar el ajuste, no solo viola el secreto fiscal y principios elementales del derecho tributario, sino que además, revela una construcción artificiosa destinada a reforzar una presunción carente de sustento fáctico y jurídico, desviando el análisis que aquí es jurídicamente relevante: la licitud, realidad y causa legítima del acto celebrado, así como la inexistencia de elusión o ardid alguno vinculado al mismo. En efecto, pide la nulidad de todo lo actuado por encontrarse viciado en su causa y motivación. Invoca la violación a los principios de realidad económica, capacidad contributiva, razonabilidad, equidad, proporcionalidad, y de defensa, insistiendo con la arbitrariedad de la denegación de la producción de la prueba ofrecida durante la instancia administrativa.
Finalmente respecto de la sanción aplicada, considera que la misma no le corresponde ya que al momento del desapoderamiento de la participación societaria, no existía el ASE ni las condiciones legales para su exigibilidad, resultando imposible que se hubiera tenido intención de eludir o evadir un tributo inexistente. Por las razones expuestas solicita que se revoque la resolución recurrida, con expresa imposición de costas al Fisco Nacional. Cita el fallo “LAGRUTTA CARLOS MARÍA S/APELACIÓN” de fecha 30/07/2024 de la Sala “B” de este organismo. Ofrece: i) prueba pericial médica para que los profesionales indiquen su diagnóstico psiquiátrico, el inicio, duración y características principales, mencionando si el mismo pudo afectar la capacidad del actor para afrontar las responsabilidades de las empresas; ii) prueba informativa a los fines de que se libre oficio a las compañías Argentcraft S.A y La Mirandola S.A. para que informen bajo qué modalidad y en qué condiciones los donatarios transfirieron las acciones de las empresas y si las mismas se encuentran registradas en los libros societarios. También solicita que se libre oficio a sus padres, Gazzotti Alberto y Francisca Limardi para que indiquen si informaron la transferencia de sus participaciones accionarias en sus declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias, Impuesto sobre los Bienes Personales y Aporte Solidario Extraordinario y si abonaron los gravámenes correspondientes. Por último ofrece prueba testimonial para que sus progenitores se manifiesten respecto de su condición médica, la titularidad de las acciones de las firmas objeto de la resolución apelada y el contexto de la venta de la empresa familiar. Hace reserva del caso federal.
II. Que en el IF-2026-39501022-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional contesta el traslado deducido en autos. En primer lugar señala que valoró correctamente la información y la prueba recolectada en el proceso de fiscalización, detectando una maniobra efectuada mediante la instrumentación de donaciones, tanto realizadas por él como por su hermano, tendiente a abonar de manera global una obligación sustantiva menor relacionada con el aporte solidario. En virtud de ello, expone que el desprendimiento patrimonial que deja al recurrente por debajo del mínimo alcanzado se efectiviza el 05/08/2020, es decir, en momentos en que la noticia sobre el trámite legislativo para la sanción del aporte, se encontraba largamente difundida, lo que legitima la aplicación de la norma legal a su respecto. En este sentido, resalta que el trámite legislativo para la sanción del aporte solidario ingresó en el Congreso en el mes de agosto de 2020, pero que el proyecto legislativo fue difundido en los medios nacionales (cita sitio web de Infobae) con fecha 28/08/2020.
Destaca que el artículo 9 de la ley 27.605 contempla dos circunstancias inferidas claramente diferenciadas, a saber: “una operación que configure un ardid evasivo o esté destinada a eludir su pago”. En el caso de autos, lo que la Administración infirió es que hubo una intención de abstraerse del pago del aporte al que se encontraba sujeto por imperativo legal. La contraparte, pudiendo aportar prueba conducente en contrario, acompañó documental y ofreció pruebas que no resultan suficientes para justificar el motivo de haber disminuido su patrimonio durante el lapso de 180 días dispuesto por el legislador, previo a la sanción y vigencia de la norma en cuestión. En consecuencia, considera que su proceder se encuentra debidamente sustentado en un correcto y razonable análisis de las circunstancias y los elementos probatorios, conforme con la normativa aplicable. Acerca de la sanción aplicada resalta que el aspecto material de la infracción quedó perfectamente acreditado con la omisión de pago del aporte mediante la falta de presentación de declaración jurada, circunstancia objetiva que no fue desvirtuada por prueba alguna. Respecto del error excusable señala que bajo ningún concepto se han verificado en autos las circunstancias que acrediten tal excepcional supuesto de exculpación, extremo que a todas luces indica la procedencia de la confirmación también de la multa impuesta, a lo que se agrega que no corresponde la compensación con las declaraciones juradas de sus padres, ya que en todo caso deberían propiciar la repetición de las sumas que consideran abonadas de más.
Que a tenor de lo expuesto, solicita que se confirme la resolución apelada en todas sus partes, con costas. Se opone a la prueba ofrecida y aporta antecedentes administrativos. Cita jurisprudencia. Hace reserva del caso federal.
III. Que en la PV-2026-43714113-APN-VOCXII#TFN se rechazó la prueba informativa y pericial médica ofrecida por ser las mismas inconducentes y dilatorias, ya que en los antecedentes administrativos obran los estados contables, las actas de Asamblea, Directorio y Registro de acciones de las firmas Argentcraft S.A y La Mirandola S.A., así como también las escrituras de las donaciones y las declaraciones juradas del actor y de sus padres los Sres. Gazzotti Alberto y Francisca Limardi, donde surge la respuesta de los puntos que el recurrente ofrece. En consecuencia, en la PV-2026-56984938-APN-VOCXII#TFN se elevaron los autos a conocimiento de la Sala “D” y en el IF-2026-78663059-APN-VOCXII#TFN se dispusieron para el dictado de la sentencia.
IV. Que cabe mencionar los hechos que llevaron a practicar el ajuste apelado.
Que las presentes actuaciones versan sobre un contribuyente cuya actividad principal declarada es servicios personales N.C.P. y sus actividades secundarias declaradas son servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas y servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados N.C.P., cerrando sus ejercicios fiscales en el mes de diciembre de cada año.
Que el origen del cargo formulado por el Fisco Nacional gira en torno a la fiscalización dispuesta conforme la O.I N° 2.119.435 por la cual se identificó que el Sr. Gazzotti Luciano Martín no presentó su declaración jurada relativa al aporte solidario detectándose entonces que poseía bienes en el país y en el exterior que juntos superaban el mínimo exento, dejando de ingresar la suma debida.
Que el recurrente no prestó conformidad al ajuste realizado y presentó su descargo el cual surge en el IF-2026- 39655081-APN-DTD#JGM informando que realizó donaciones a sus padres con fecha 05/08/2020, aportando escrituras de donación, por lo que a los efectos del cálculo de aporte solidario y extraordinario no consideró valor alguno por dichas participaciones y al encontrarse por debajo del mínimo legal entendió que no debía presentar y abonar aporte alguno. Dichas transacciones fueron realizadas en el seno de empresas familiares, y en ese mismo ámbito se tomó la decisión de que quienes conducían las empresas resultasen ser titulares de las acciones. Que por su parte, el Fisco Nacional sostiene que debido a que la transacción se realizó 180 días antes del dictado de la ley 27.605 corresponde aplicar el artículo 9 de la citada norma. Destaca que si bien sus padres abonaron el aporte debatido en autos, el monto ingresado por los donatarios fue menor al que hubiese correspondido si los mandantes no efectuaban la donación, lo que provoca un perjuicio al erario público.
Que el juez administrativo consideró que había una falta de sustento probatorio, por lo que de conformidad con las leyes 11.683 y 27.605 determinó de oficio a la responsable por el período fiscal 2020 ya que detectó que poseía bienes que superan el mínimo exento y que no ingresó el aporte en consecuencia.
V. Que ello así, cabe resolver si se ajusta a derecho la determinación de oficio efectuada por el Fisco Nacional referente al aporte solidario extraordinario, con sustento en el art. 9 de la ley 27.605.
Que a fin de evaluar si en el caso particular el recurrente se encontraba alcanzado por el aporte, corresponde analizar las particularidades de la norma que establece el ASE, puesto en crisis.
Que la mencionada ley creó con carácter de emergencia y por única vez un aporte extraordinario obligatorio que recaerá sobre los sujetos mencionados en el artículo 2 de la citada norma según los bienes existentes al 18/12/2020 (fecha de entrada en vigencia de la ley 27.605). El inciso a) del artículo 2 establece que las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, tributarán por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior, comprendidos y valuados de acuerdo a los términos establecidos en el Impuesto sobre los Bienes Personales, independientemente del tratamiento que revistan frente a ese último tributo y sin deducción de mínimo no imponible alguno, en tanto el valor de la totalidad de los bienes supere los $ 200.000.000; debiendo incluir los aportes a trust, fideicomisos o fundaciones de interés privado y demás estructuras análogas, participación en sociedades u otros entes de cualquier tipo sin personalidad fiscal y participación directa o indirecta en sociedades u otros entes de cualquier tipo, existentes a la fecha de vigencia de la ley. Dicha norma establece alícuotas diferenciales para el cálculo del aporte a ingresar por los bienes situados en el exterior, exceptuándose su aplicación cuando se verifique la repatriación citada en la ley. A su vez dispuso que el destino de los fondos recaudados mediante el pago del aporte sea la compra de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas e insumos para la prevención y asistencia sanitaria, subsidios a la PyMES, educación -Becas Progresar-, a proyectos que apruebe la Secretaría de Energía de la Nación, poniendo su aplicación federal a cargo del Poder Ejecutivo.
La ley 27.605 fue reglamentada a través del Decreto N° 42/2021 (B.O. 29/01/2021) que estableció las pautas para determinar la valuación de las acciones o participaciones en el capital de las sociedades regidas por la ley 19.550. Por otro lado, la AFIP dictó la Resolución General N° 4930/2021 que fijó la forma en que debía presentarse la declaración jurada y abonar el aporte solidario, disponiendo como vencimiento de ambas obligaciones el 30/03/2021, el que fue prorrogado por la Resolución General (AFIP) N° 4954/2021, hasta el 16 de abril de 2021. Que en lo que respecta al presente caso, cabe destacar la normativa aplicable al tercer párrafo del art. 9 que reza “...Cuando las variaciones operadas en los bienes sujetos al aporte, durante los ciento ochenta (180) días inmediatos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, hicieran presumir, salvo prueba en contrario, una operación que configure un ardid evasivo o esté destinada a eludir su pago, la Administración Federal de Ingresos Públicos podrá disponer que aquellos se computen a los efectos de su determinación.”.
VI. Que a los efectos de dilucidar la cuestión sometida resulta necesario indagar si aquella donación de acciones realizada por el aquí recurrente implicó un real desapoderamiento de los bienes y en qué momento lo hizo, en razón de que de ello depende si debe ingresar el ASE al no encontrarse controvertidos los demás aspectos apuntados por las partes.
Que en el IF-2026-39661905-APN-DTD#JGM obran las declaraciones juradas en el Impuesto sobre los Bienes Personales de los períodos 2019 y 2020, en las cuales se observa una gran disminución en el rubro títulos acciones, cuotas o participaciones sociales. En el año 2019 el recurrente informó un 51% de participación en la firma Argencraf S.A y un 50% en la sociedad La Mirandola S.A., sumando un total exento de $3.087.467,38, mientras que en el periodo 2020 le asignó un valor de $1 a cada una de ellas. (fs. 35 IF-2026-39661905-APN- DTD#JGM).
Que mediante la presentación digital Nº 202300451245 que obra a fs. 16/27 del IF-2026-39653877-APN- DTD#JGM, el actor manifestó que la diferencia en el porcentaje de las participaciones sociales se debió a que el 05/08/2020 efectuó una donación de las acciones que poseía a sus padres, los Sres. Gazzotti Alberto Luis y Francisca Limardi, las cuales se encuentran documentadas en las escrituras públicas que son acompañadas a fs. 23/26 del IF-2026-39653877-APN-DTD#JGM y están registradas en los libros societarios de las empresas mencionadas.
Que en este aspecto cabe señalar que la decisión de la cesión de las acciones fue comunicada en las sociedades Argencraft S.A y La Mirandola S.A con fecha 14/08/2020, conforme las actas de directorio que lucen a fs. 94/95 del IF-2026-39653877-APN-DTD#JGM, y a fs. 110/111 del IF-2026-39654036-APN-DTD#JGM, respectivamente.
Que a fs. 108 del IF-2026-39654036-APN-DTD#JGM obra el acta de directorio de fecha 06/03/2020 de la firma La Mirandola S.A en la cual se indicaron los directores que actuarán hasta el cierre del ejercicio económico de la compañía (31/10/2020). El Sr. Fernando Gazzotti, hermano del actor, fue designado como director titular y presidente mientras que el Sr. Alberto Gazzotti, padre del aquí recurrente, fue nombrado como director titular y vicepresidente de la compañía, siendo la Sra. Nancy Alejandra Limardi la propuesta como directora suplente. Que a fs. 84 del IF-2026-39653877-APN-DTD#JGM surge el acta de directorio de Argencraft S.A en la que se asignaron los cargos hasta el próximo ejercicio (30/06/2021). De su lectura se desprende que el Sr. Natalio Atilio Puauni continúa en su cargo como director titular y presidente, el padre del aquí recurrente, Alberto Gazzotti propuesto como director titular y vicepresidente, los Sres. Hugo Daniel Pérez, Alejandro Alcides Scarfia y Luciano Nicolás Fiori designados como directores titulares y el Sr. Nicolás Fernández como director suplente. Que a fs. 134 del IF-2026-39654036-APN-DTD#JGM surge el Libro Registro de Acciones y/o Accionistas de la empresa Argencraft S.A. del que se desprende la adquisición el 14/08/2020 de las acciones por parte de sus progenitores, los Sres. Gazzotti Alberto y Francisca Limardi.
Que, cabe resaltar que los donatarios incorporaron a su patrimonio las acciones adquiridas y éstas forman parte de la base imponible del aporte en cuestión. A fs. 5 del IF-2026-39662066-APN-DTD#JGM luce la declaración jurada en el aporte solidario y extraordinario correspondiente al periodo fiscal 2020 del Sr. Alberto Luis Gazzotti, padre del actor, donde informó la suma de $342.504.586,36 en el rubro títulos acciones cuotas o participaciones sociales y otros valores en el país. A fs. 17 luce el detalle de dicho importe del cual se desprende que el 05/08/2020 adquirió 1853 acciones correspondiente a la firma Argencraft S.A. por $299.044.292,58 y 2310 acciones de la firma La Mirandola S.A por $43.460.293,80. A fs. 28 de las mismas actuaciones surge que a los fines de la determinación del aporte se le calculó una alícuota del 3.375% correspondiéndole ingresar la suma de $ 8.131.386,77.
Que a fs. 5 del IF-2026-39662882-APN-DTD#JGM obra la declaración jurada en aporte solidario de la Sra. Francisca Limardi, quien informa un saldo de $342.504.586,38 en el rubro títulos acciones cuotas o participaciones sociales. A fs. 11/13 surge el detalle de dicho saldo el cual se encuentra compuesto por 1853 acciones adquiridas el 05/08/2020 de la empresa Argentcraft S.A alcanzando un monto de $299.044.292,58 y 2310 acciones de la firma La Mirandola S.A a un valor de $18.813,98 cada una las que totalizan $43.460.293,80. En ambas sociedades posee un 50% de participación, teniendo el 50% restante su marido y padre del aquí recurrente. A fs. 18 del IF-2026-39662882-APN-DTD#JGM luce que a los efectos de la determinación del ASE se le aplicó una alícuota del 3,375% correspondiéndole ingresar $7.878.853,19.
Que de las actuaciones administrativas no surge que el Fisco Nacional haya impugnado las citadas declaraciones juradas (ASE) efectuadas por sus padres, por lo que no se advierte razonable que el ente fiscal exija que el recurrente un ingreso a las arcas fiscales por el mismo concepto.
Que si bien el Fisco Nacional presume que la suma pagada por los donatarios fue menor al que le hubiese correspondido abonar a sus hijos (Luciano y Fernando Gazzotti) si no efectuaban la donación, debe señalarse que al 05/08/2020 no se encontraba en discusión el proyecto de la ley 27.605 el que recién se hizo público el 26/08/2020 y menos aún se conocía la graduación de las alícuotas que se iban a aplicar, lo que en rigor podría constituir el único argumento fiscal que hiciera presumir una planificación fiscal nociva, por lo que no se configura en autos una intención por parte del recurrente o su familia para eludir el aporte bajo trato. En este orden de ideas, “ al momento de donar, el contribuyente no podría saber si la donación lo colocaba por debajo del monto mínimo que podría establecer el legislador, si es que en definitiva se sancionaba el tributo, por lo que estima que resulta difícil aplicar una presunción de una norma que no se encontraba vigente” (Lagrutta Carlos Maria, fallo de la Sala B de éste Tribunal del 30/07/2024). Tampoco a dicha fecha se conocía su conformación definitiva, en particular para este caso el diferencial de alícuotas.
Que en este contexto, teniendo en cuenta las manifestaciones efectuadas por el actor en su escrito recursivo, cabe señalar que una de las razones por las cuales se efectuó la donación fue debido a que la empresa Argentcraf S.A ya se encontraba con intenciones de vender parte de su sociedad a una empresa internacional.
Que el 01/04/2022 Smurfit Kappa PLC matriz del grupo internacional dedicado a la producción de papel para corrugar y envases corrugados del sector agroindustrial y su subsidiaria local Santa Rita Metalúrgica S.A adquirieron el control exclusivo indirecto sobre Argentcraft S.A (firma argentina que produce y comercializa envases de cartón corrugado y cajas de productos) y La Mirandola S.A., sociedad titular del inmueble sobre el cual funciona la planta industrial de ésta última.
Dicha transacción fue aprobada por la Comisión Nacional en Defensa de la Competencia, organismo desconcentrado en el ámbito de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía, al disponer que la operación de concentración económica no infringe el artículo 8 de la ley 27.442 por no restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar en un perjuicio al interés económico general. (fs. 466/472 del IF-2026- 39662259-APN-DTD#JGM). Las notas periodísticas aportadas por el actor durante la etapa administrativa que lucen a fs. 455/465 del IF-2026-39662259-APN-DTD#JGM también confirman la operación de venta descripta. Que por lo tanto, teniendo en cuenta que al 18/12/2020 el Sr. Gazzotti Luciano Martín no contaba con las acciones de las firmas Argentcraft S.A y La Mirandola S.A. en su patrimonio, es decir, se había desapoderado de ellas para cumplir un fin determinado (posterior venta del paquete accionario a Smurfit Kappa PLC), no corresponde incluir las mismas en la base para determinar el aporte solidario del Sr. Luciano Gazzotti. En el entendimiento de este juzgador no se ha probado una maniobra por parte del recurrente. En tal sentido, si bien no se ha profundizado sobre el tema médico expuesto por el actor, se advierte que el mismo no conforma el directorio de las empresas.
Ahora bien, si se detraen del total de los bienes el monto asignado a las acciones de las empresas familiares citadas, la suma final respecto de los bienes en el país y en el exterior no supera el mínimo exento, razón por la cual no le concierne al recurrente el pago del mismo.
A partir de dicha conclusión, deviene abstracto el tratamiento de los demás agravios.
VIII. Por los argumentos desarrollados, cabe revocar la resolución apelada en su totalidad, costas a la vencida. Las Dras. Gómez y O´Donnell dijeron:
Que adhieren a la solución propiciada por el Vocal Instructor.
Que en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Revocar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
2. Regular los honorarios del Dr. Sebastián Carlos Villa, en su doble carácter de apoderado y patrocinante, fijándolos en la suma de $6.640.013 (Pesos seis millones seiscientos cuarenta mil trece) equivalente a 65,05 (sesenta y cinco con 5/100) UMA- Unidad de Medida Arancelaria-, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en la etapa procesal cumplida conforme Ley 27.423, Acordada Nº 17/2026 (03/08/2026)de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017. Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen el IVA. Regístrese, notifíquese y archívese. – Date: 2026.08.18 11:06:38 ART Date: 2026.08.18 12:44:21 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.08.18 13:14:02 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.08.18 13:15:08 -03:00
Fin de la sentencia