Abriendo la norma
Corte Suprema · Causa CSJ 000198/2025/CS001
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe declara que resulta competente para conocer en las actuaciones el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario n° 16 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al que se le remitirán. Hágase saber al Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal n° 3.
Autos y Vistos; Considerando:
1. Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inició, ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires n° 16, un juicio ejecutivo contra la Obra Social Conductores de Transporte Colectivo de Pasajeros por el cobro de un certificado de deuda por la suma de $ 572.007,62 en concepto de prestaciones médicas brindadas en nosocomios dependientes del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a afiliados de la demandada. Fundó la demanda en las leyes 153 y 5622 —y normas reglamentarias— de la ciudad de Buenos Aires.
2. Que el juez local se declaró incompetente y ordenó la remisión de las actuaciones a la Justicia Nacional en lo Civil y Comercial Federal a efectos de su tramitación. Para así decidir, sostuvo que por ser la demandada una obra social resulta aplicable el artículo 38 de la ley 23.661 y la jurisprudencia de esta Corte según la cual hallándose demandada una obra social resulta competente la Justicia Nacional en lo Civil y Comercial Federal en virtud de lo dispuesto en dicha norma.
El juez a cargo del Juzgado Civil y Comercial Federal n° 3 rechazó la competencia atribuida pues consideró que la pretensión remite a normas que no exceden el derecho local y que el artículo 38 de la ley 23.661 no resulta aplicable dado que no se encuentran controvertidos aspectos atinentes a la organización del Sistema Nacional de Salud. En ese sentido, recordó que la competencia federal es de excepción y que, por lo tanto, las normas que consagran la jurisdicción federal deben ser interpretadas restrictivamente. Buenos Aires, 19 de noviembre de 2026 Apelada esa resolución por la actora, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal declaró mal concedido el recurso porque el monto reclamado en la demanda no supera el mínimo previsto en el artículo 242 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
3. Que toda vez que los tribunales involucrados carecen de un órgano superior jerárquico común que deba resolver el conflicto, corresponde la intervención de esta Corte de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, inciso 7°, del decreto-ley 1285/58.
4. Que la señora Procuradora Fiscal dictaminó que la causa corresponde a la competencia originaria de esta Corte. Consideró que, de acuerdo con lo resuelto por el Tribunal en Fallos: 342:533, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el mismo puesto que las provincias en el sistema normativo que rige la jurisdicción de los tribunales federales y, por lo tanto, el mismo derecho a la competencia originaria de la Corte. Agregó que la demandada tiene derecho al fuero federal (artículo 24, ley 23.660). En ese marco, sostuvo que la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciar la demanda en instancia originaria.
5. Que resulta propicio recordar que en el artículo 116 de la Constitución Nacional se atribuye a la justicia federal el conocimiento de dos categorías de casos: por un lado, las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el artículo 75 inciso 12, por los tratados con las naciones extranjeras y las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima —competencia en razón de la materia—; por el otro, de causas concernientes a embajadores, ministros públicos, cónsules extranjeros, en las que sea parte el Estado Nacional, de aquellas que se susciten entre dos o más provincias, entre una provincia y los vecinos de otra o entre los vecinos de distintas provincias —competencia en razón de la persona—. La atribución de competencia en razón de la materia se funda en el propósito de afirmar atribuciones del gobierno federal en las causas relacionadas con la Constitución y con los tratados y leyes nacionales, así como en las concernientes al almirantazgo y jurisdicción marítima. En cambio, la competencia federal en razón de la persona procura asegurar, esencialmente, la imparcialidad de la decisión, la armonía nacional y las buenas relaciones con los países extranjeros (doctrina de Fallos: 311:489; 318:992; 329:2280; 330:4234; 331:1312, entre otros).
En ese marco, tiene dicho esta Corte que la competencia federal es de excepción y se encuentra sometida a las pautas estructurales que surgen de la Constitución Nacional (Fallos: 1:170; 190:170; 283:429; 302:1209; 325:1883).
6. Que para resolver cuestiones de competencia se debe atender al relato de los hechos contenido en la demanda, indagar respecto de la naturaleza y del origen de la pretensión y, luego, en tanto se ajuste al relato de los hechos, al derecho que se invoca (Fallos: 330:811; 340:406; 341:1232; 344:776; 344:1253, entre otros).
En este caso, el objeto de la demanda —el cobro de un certificado de deuda emitido por el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la atención médica brindada a afiliados de la demandada en hospitales de la ciudad— involucra cuestiones que están regidas por normas de derecho público local en las cuales la actora sustentó su pretensión y cuya decisión corresponde a los tribunales locales, en tanto que los temas federales que pudieran estar involucrados son susceptibles de adecuada tutela por la vía del recurso extraordinario (artículo 14, ley 48; Fallos: 310:2841; 311:1428; 312:943; 313:548; 314:810; 324:2672; 331:2562; 341:605, entre otros).
7. Que, por otro lado, en el pleito no se encuentra involucrado ninguno de los sujetos con derecho al fuero federal (artículo 116, Constitución Nacional) por lo que tampoco corresponde el conocimiento de esta causa a la justicia federal en razón de la persona.
Una solución contraria implicaría admitir la creación legal de un nuevo sujeto con derecho al fuero de excepción, desatendiendo lo dispuesto en la Constitución Nacional y los fundamentos en los que se basa la atribución de competencia federal en razón de la persona, para un caso en el que la materia tampoco es federal (arg. Fallos: 248:781; 332:33, entre otros).
No obsta a esta conclusión la decisión de esta Corte de reconocer el derecho a litigar en el fuero federal a organismos o entidades del Estado Nacional aun cuando no fueran sujetos expresamente mencionados en el artículo 116 de la Constitución Nacional. En tal sentido, el Tribunal sostuvo que “corresponde a la justicia federal y no a la provincial conocer de las causas en que la Nación o una entidad nacional es parte”, como por ejemplo el Banco de la Nación Argentina (artículo 27 de la Carta Orgánica, ley 21.799 y Fallos: 307:1831; 319:923; 329:2645; 339:490; Competencia CCF 6707/2022/CS1 “Méndez, Juan Cruz c/ Banco de la Nación Argentina s/ ordinario”, pronunciamiento del 7 de diciembre de 2023; y Competencia COM 22663/2019/CS2 “Giacinto, Yésica Maida c/ Banco de la Nación Argentina s/ ordinario”, sentencia del 23 de septiembre de 2025, entre otros); el Banco Central de la República Argentina (artículo 55 de su Carta Orgánica, ley 24.144 y Fallos: 324:2592), la Caja Nacional de Ahorro Postal (Fallos: 288:186); Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (artículo 1°, ley 20.705 y Fallos: 292:227); la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Fallos: 297:159); y el Registro Nacional de la Propiedad Automotor (Fallos: 330:29).
Esa línea jurisprudencial no implica en modo alguno ampliar la competencia en razón de la persona mediante la creación de un nuevo sujeto con derecho al fuero federal, sino que se funda en una razonable y discreta interpretación del texto constitucional en cuanto dispone que corresponde a la justicia federal intervenir en las causas en las que sea parte el Estado Nacional. Normas legislativas como las consideradas por el Tribunal en los precedentes recordados resultan reglamentarias del artículo 116 de la Constitución Nacional y, en general, no hacen más que precisar el alcance de la referencia allí contenida a los “asuntos en los que la Nación sea parte”.
Por ello, habiendo dictaminado la señora Procuradora Fiscal se declara que resulta competente para conocer en las actuaciones el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario n° 16 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al que se le remitirán. Hágase saber al Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal n° 3.
VOTO DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON HORACIO ROSATTI
1. Que el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario n° 16 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal n° 3, discrepan sobre la competencia para conocer en el presente proceso ejecutivo, conflicto negativo que incumbe decidir a esta Corte de conformidad con lo dispuesto por el art. 24, inc. 7°, del decreto-ley 1285/58 (texto ley 21.708).
2. Que para la determinación de la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que la actora hace en su escrito de demanda y, en la medida que se adecúe a ellos, al derecho que invoca como fundamento de la pretensión (Fallos: 308:229; 311:172; 313:971; 340:400; 344:776; 344:3613; 345:582 y 345:800, entre muchos otros).
3. Que según surge del escrito de inicio, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dedujo un juicio ejecutivo contra la Obra Social Conductores de Transporte Colectivo de Pasajeros con el objeto de reclamar el pago de la suma de quinientos setenta y dos mil siete pesos con sesenta y dos centavos con más intereses, costos y costas, con apoyo en el certificado de ($572.007.62), deuda emitido por autoridades del ministerio de salud de esa jurisdicción con motivo de los gastos derivados de la atención médica supuestamente prestada en nosocomios porteños a afiliados de la demandada y con sustento en las disposiciones locales pertinentes (leyes 153 y 5622, decreto 653/16 y resolución 1249/GCABA/MSGC/17, entre otras).
4. Que este Tribunal ha reconocido que corresponde entender al fuero federal en las demandas promovidas contra agentes del seguro de salud únicamente en aquellas cuestiones que, de un modo u otro, comprometen principios invocados en la ley 23.661 y en la medida en que las controversias afecten la instrumentación o planificación de las prestaciones médico asistenciales de la ley de obras sociales y de salud (conf. art. 38 de la mencionada norma; Fallos: 314:1855 y Competencias CSJ 217/2014 (50-C) “Tortonese, Ricardo Abel c/ Organización de Servicios Empresarios s/ reajuste de convenio”; CCF 5664/2015/CS1 “Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ Obra Social del Personal del Automóvil Club Argentino s/ ejecución fiscal”; CSJ 2643/2017/CS1 “Rojas, Lorena Vanesa c/ Rojas, Carlos Osvaldo s/ despido” y CSJ 866/2018/CS1 “Orellano, Silvia René y otro/a s/ despido”, sentencias del 30 de diciembre de 2014, 26 de diciembre de 2017, 3 de julio de 2018 y 27 de septiembre de 2018, respectivamente, entre otras).
5. Que en tales condiciones, a la luz de lo expresado y teniendo particularmente presente el carácter excepcional y restrictivo del fuero federal, lo medular de la controversia planteada en el caso involucra el examen de cuestiones que no exceden el ámbito de aplicación e interpretación de normas de derecho público local y no surge evidente que se encuentre debatida o comprometida ―de modo ostensible― la instrumentación del sistema de salud implementado por el Estado Nacional.
Dichos aspectos centrales a ponderar para definir la competencia, unidos a la pretensión concreta que se desprende del escrito de demanda, ceñida únicamente al cobro ejecutivo de una suma de dinero derivada de prestaciones médicas otorgadas a afiliados de la demandada, con sustento en un certificado de deuda emitido por una autoridad local, bajo normas y reglas de procedimiento estaduales, conducen en el estado preliminar del asunto a resolver que el presente litigio debe continuar su tramitación por ante la justicia local.
Por ello, y habiendo dictaminado la señora Procuradora Fiscal, se declara que resulta competente para conocer en las actuaciones el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario n° 16 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al que se le remitirán. Hágase saber al Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal n° 3.
Firmado Digitalmente por ROSATTI Horacio Daniel Firmado Digitalmente por ROSENKRANTZ Carlos Fernando Firmado Digitalmente por LORENZETTI Ricardo Luis
Fin de la sentencia