Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución DE PRLA N°7466/07, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en el expediente N°605466/01.
2Declarar que el monto que se le puede exigir a la firma ASEGURADORES DE CAUCIONES SA CIA DE SEGUROS será el que resulte de convertir el monto máximo garantizado mediante la póliza individualizada en el Considerando XVI y en los términos expuestos en el Considerando XIII, en relación $1=U$S1, con más el CER que corresponda aplicar al día anterior a la fecha del pago, o en su caso, el importe en concepto de tributos adeudados, si este último resultare inferior, con más los intereses del art. 794 del CA.
3Costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-68438179-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 14 de Julio de 2026 ASEGURADORES DE CAUCIONE SA CIA. DE SEGUROS En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados: “GCI S.A. c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, Expediente Nº 24.208-A y su acumulado “ASEGURADORES DE CAUCIONE SA CIA. DE SEGUROS c/ D.G.A. s/recurso de apelación” – Expediente N° 24.655-A, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Mediante la Resolución DE PRLA N°7466/07, la autoridad aduanera condenó al importador Victorio Américo Gualtieri (actualmente GCI SA) al pago de una multa y, a su vez, le formuló un cargo por los tributos adeudados, haciéndolo extensivo en forma solidaria a la aseguradora, en relación con la Destinación de Importación Temporal N° 4289-0/93, al considerar configurada la infracción tipificada en el artículo 970 del Código Aduanero (CA), disponiendo asimismo el secuestro de la mercadería importada y su ulterior venta en pública subasta.
II. Contra dicho pronunciamiento, la firma GCI SA interpone recurso de apelación, donde explica que su accionar ha sido conforme a derecho y que cumplió acabadamente con las obligaciones emergentes del régimen de importación temporal. Se agravia de la graduación de la multa y solicita la prescripción de la acción del fisco en virtud de encontrarse en concurso preventivo. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque el fallo aduanero, con costas.
III. Por su parte, en el expediente acumulado N° 24.655-A, la aseguradora ASEGURADORES DE CAUCIONE SA CIA DE SEGUROS presenta su recurso de apelación contra la misma resolución. En síntesis, los argumentos de la parte se orientan a desconocer que la póliza haya sido emitida en dólares y a sostener la inaplicabilidad del CER. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se haga lugar a la apelación impetrada, con costas.
IV. De su lado, el representante del organismo fiscal solicita el rechazo de las apelaciones planteadas. Luego de efectuar la negativa genérica de rigor, señala que lo resuelto en sede aduanera es ajustado a derecho, toda vez que se ha aplicado la normativa vigente que rige la cuestión en crisis. Explica que la aduana ha tenido en cuenta todas y cada una de las constancias de autos, así como la normativa vigente para establecer la condena impuesta en el fallo recurrido. Señala que no basta el mero hecho de ingresar la mercadería a depósito para poder cancelar la obligación, sino que se debe solicitar la destinación de reexportar, lo que no ocurrió. Descarta la prescripción opuesta por la actora y sostiene la validez de la multa establecida. En lo que respecta a la aseguradora, afirma que la póliza fue emitida en dólares y defiende la aplicación del CER en la liquidación efectuada. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se confirme el fallo aduanero, con costas.
V. Previo a todo análisis, corresponde expedirse acerca del planteo de prescripción opuesto por la recurrente, con sustento en la falta de presentación por parte del servicio aduanero al concurso preventivo de la firma importadora a los efectos de verificar su crédito.
Al respecto, cabe señalar que el concurso o la quiebra de la importadora no impiden que la aduana, en ejercicio de las funciones y facultades que resultan del Decreto N°618/97, pueda tramitar un procedimiento para las infracciones, e imponer multa y exigir el pago de tributos como consecuencia de haber considerado configurada una infracción. En tal entendimiento, la CSJN ha establecido que el trámite de verificación corresponde cuando la resolución que en la causa se apela quede firme (“Cosimatti Gregorio s/conc. prev", sentencia del 04.09.1987). En igual sentido, expresó que el art. 22 de la Ley 19.551, que establece la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado, es inaplicable toda vez que la misma debe ser entendida con el alcance de impedir que se realicen procedimientos de ejecución fuera del concurso, pero no el de vedar al órgano competente la determinación de las obligaciones tributarias y/o aplicación de sanciones por hechos imponibles y punibles anteriores a la fecha de iniciación del concurso (Fallos 310:785).
En la causa “Supercanal SA" del 02.06.2003, la CSJN sostuvo que, si la decisión de la DGI fue apelada por la concursada ante el Tribunal Fiscal de la Nación en virtud de lo dispuesto por el art. 76 inc. b) de la Ley 11.683, ello impide que opere el fuero de atracción, al hallarse pendiente de tratamiento la apelación ante un tribunal de alzada, operando éste recién una vez dictada la sentencia por dicho tribunal. Posteriormente, dicho tribunal señaló, contemplando los supuestos de que la sentencia del Tribunal Fiscal fuere apelada y haciendo suyos al respecto los fundamentos del Procurador Fiscal de la Nación, que el fuero de atracción de la causa donde tramita el concurso preventivo de la deudora solo opera luego de la intervención del Tribunal de Alzada y en el supuesto que este confirme la sentencia apelada, corresponde remitir la causa al tribunal del concurso (“Gauchat, Enrique Pedro", sentencia del 04.07.2003).
VI. Sobre lo expuesto, el Código Aduanero regula expresamente el instituto de la prescripción, siendo su normativa plenamente aplicable al caso de marras, por lo que podemos concluir que, en virtud de la aplicación del principio lex specialis derogat legi generali, las normas del citado cuerpo legal prevalecen frente a la Ley de Concursos y Quiebras.
Más aún, reconocida doctrina ha señalado que las obligaciones tributarias tienen su propio régimen de prescripción en la Ley 11.683, que es una ley federal, y el plazo de prescripción de cinco años a favor del fisco para el cobro de sus créditos es una disposición de orden público que responde también a la distinta naturaleza de la deuda frente a las deudas del concursado que son reguladas por el derecho privado, y que cuando el crédito fiscal recién es ejecutable después del proceso de verificación de los créditos, no puede declarárselos extinguidos por el régimen de prescripción abreviado del art. 56 de la Ley 24.522, porque la misma finalidad de esa norma lo impide y porque está vigente la prescripción propia de la Ley 11.683 por encima de la ley de concurso (Conf. La prescripción de las obligaciones tributarias en el concurso preventivo", Susana Camila Navarrine PET 26-6-00). Dicha doctrina resulta plenamente aplicable, atento que el Código Aduanero al regular específicamente la prescripción establece el mismo plazo de cinco años que la Ley 11.683.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, corresponde rechazar la prescripción opuesta por la actora.
VII. Sentado lo anterior, la cuestión de autos consiste en determinar si, en relación con la mercadería importada temporariamente mediante la Destinación de Importación N° 4289-0/93, se configuró la infracción prevista y penada por el artículo 970 del CA. A ese fin, corresponde reseñar brevemente los hechos y las constancias que surgen de las actuaciones administrativas.
VIII. Así las cosas, las presentes actuaciones se iniciaron a raíz de la denuncia formulada por el servicio aduanero contra el importador Victorio Américo Gualtieri, a quien se le atribuyó el presunto incumplimiento de las obligaciones emergentes del régimen de importación temporaria respecto de la mercadería ingresada mediante el Despacho de Importación Temporal Nº 4289-0/93. El plazo de permanencia legal en el territorio nacional expiró definitivamente el día 21/09/1999, sin que se hubiera acreditado en término la regularización de dicha destinación suspensiva. En ese marco, a fs. 11 se dispuso la instrucción del sumario, haciéndose saber al imputado la eventual aplicación del comiso por tratarse de mercadería considerada de importación prohibida, según el informe agregado a fs. 7.
IX. Por su parte, surge de las constancias de autos que el administrado compareció manifestando que, con fecha 17/09/1999 —es decir, con anterioridad al vencimiento—, había oficializado el Permiso de Embarque Nº 99001EC02001508N hacia Uruguay, ingresando simultáneamente los bienes al Depósito Fiscal Megatom SA. No obstante, pese a este principio de ejecución, la operación de reexportación no pudo perfeccionarse por supuestos inconvenientes operativos y el permiso terminó siendo anulado formalmente el 23/05/2000. El encartado sostuvo que dicha anulación fue producto de un error administrativo y una "contingencia formal", pretendiendo que ello no fuera interpretado como un abandono de su voluntad de cumplimiento.
X. En ese contexto, se observa un prolongado intervalo de inactividad que se extendió por varios meses, siendo recién el 10/11/2000 cuando el imputado promovió el expediente ADGA Nº 430035/00, donde solicitó una prórroga extraordinaria para remitir la mercadería a la Zona Franca La Plata. Para ello, oficializó un segundo Permiso de Embarque (Nº 00001EC02002475W), el cual también resultó anulado con fecha 08/03/2001 sin haber cumplido su propósito original. Ante esta falta de diligencia, la firma sostuvo a fs. 31 del expediente ADGA Nº 430035/00: “el art. 269 del CA quedo cumplido habiéndose ingresado y destinado la exportación de los bienes en cuestión, y en condición del art. 417 del CA”. De lo expuesto, es cierto que asiste razón a la firma en cuanto declara que la mercadería se encuentra encuadrada en las previsiones del art. 417 del CA. Sin embargo, lo mismo no puede decirse de lo mencionado en torno al cumplimiento de lo previsto en el art. 269, puesto que ambos Permisos de Embarque solicitados fueron anulados, motivo por el cual la solicitud de la pertinente destinación de reexportación para consumo nunca fue validada. No debemos olvidar que la mercadería que en un primer término se pretendía exportar ya se encontraba afectada al régimen de importación temporaria, por lo que en incumplimiento de lo previsto en las normas (especialmente el art. 250 del CA) no puede ser desatendido de forma tan laxa.
Bajo esa línea argumental, resulta imperativo hacer notar que la anulación sucesiva de los permisos reduce la actuación de la actora a un mero simulacro de cumplimiento; no basta con el ingreso físico al depósito si posteriormente se retira la voluntad de exportar mediante la anulación del documento aduanero, dejando la mercadería en un limbo legal por un tiempo excesivo.
XI. A mayor abundamiento, el eventual encuadramiento en el régimen previsto por los arts. 417 y siguientes del CA no resultan idóneos para neutralizar el incumplimiento ya configurado respecto del régimen suspensivo originario. Ello así, por cuanto las disposiciones relativas al rezago, venta o abandono regulan el destino jurídico de la mercadería una vez vencidos los plazos operativos del depósito, pero no alteran la responsabilidad derivada de la falta de regularización tempestiva de la importación temporaria, cuya obligación principal consistía en reexportar válidamente la mercadería o someterla a alguno de los destinos legalmente autorizados dentro del plazo concedido.
Bajo tales premisas, el tipo previsto en el art. 970 del CA se configura por el solo incumplimiento de las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria, con prescindencia de que la mercadería haya sido posteriormente alcanzada por otro encuadre operativo dentro del ámbito aduanero. En consecuencia, frustrado el perfeccionamiento de la reexportación oportunamente intentada y no habiéndose acreditado la adopción en término de una destinación jurídicamente apta para cancelar la obligación asumida, corresponde concluir que la firma importadora incumplió el régimen suspensivo otorgado, quedando plenamente configurados en autos los extremos constitutivos de la infracción prevista y penada por el art. 970 del CA.
XII. En otro orden de ideas, corresponde determinar si en el caso procede la aplicación del CER, con respecto a los tributos adeudados. Para ello, cabe poner en manifiesto que, atento a que la deuda tributaria fue expresada en pesos con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto 214/02, resulta aplicable lo dispuesto por los artículos 4 y 8 del mismo.
Así las cosas, la conversión de la deuda a razón de UN PESO ($1) con más el CER correspondiente a la fecha de pago, viene impuesta legalmente de conformidad con el criterio sentado por la CSJN en el caso “Sociedad Anónima Cinematográfica” (17/4/07), en el sentido de que para las deudas pesificadas con posterioridad a la vigencia del Decreto 214/02, el CER es inescindible del capital adeudado. A mayor abundamiento, cabe resaltar que el art. 1 del Decreto 214/02 dispone que, a partir de la fecha de entrada en vigencia del mismo (3.2.02) quedan transformadas a PESOS todas las obligaciones de dar sumas de dinero, de cualquier causa u origen -judiciales o extrajudiciales- expresadas en DOLARES ESTADOUNIDENSES, u otras monedas extranjeras, existentes a la sanción de la Ley N° 25.561 y que no se encontrasen ya convertidas a PESOS, estableciendo el art. 8 que las obligaciones exigibles de dar sumas de dinero, expresadas en DOLARES ESTADOUNIDENSES u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, se convertirán a razón de UN DOLAR ESTADOUNIDENSE (U$S 1) = UN PESO ($ 1), aplicándose a ellas lo dispuesto en el Artículo 4° del presente Decreto, esto es, el Coeficiente de Estabilización de Referencia, el que será publicado por el Banco Central de la República Argentina y que se aplicará a partir de la fecha del dictado del referido decreto.
Del hilo de las ideas esbozadas precedentemente, se concluye que el ajuste mediante el CER resulta ajustado a derecho.
XIII. Finalmente, en lo que respecta a la responsabilidad de la aseguradora, debemos destacar que no se encuentra controvertido en autos que las operaciones de marras se encontraban aseguradas por la firma ASEGURADORES DE CAUCIONES SA CIA DE SEGUROS mediante las siguiente Póliza:
• Póliza N°670663 del 26/10/1993 (fs. 196), mediante la cual se aseguró a la AFIP-DGA el monto de DOLARES ESTADOUNIDENSES SESENTA Y UN MIL (USD 61.000.-), con más la que pudiere resultar en exceso por la aplicación del art. 1122 del CA que resulte obligado a efectuarle VICTORIO AMERICO GUALTIERI (actual GCI SA) como consecuencia de “IMPORTACIÓN TEMPORARIA DE LA SIGUIENTE MERCADERÍA: 15 CAMIONES DIESEL – MARCA: MAZ – MODELO 53371 – EXPEDIENTE N°407309/93 – 426321/93 – B/L N°020”.
En las condiciones indicadas, surge la responsabilidad de la recurrente, en su carácter de garante, de los tributos adeudados como consecuencia de la importación a consumo de las mercaderías importadas.
XIV. En tal entendimiento, el núcleo de la cuestión radica en determinar la naturaleza jurídica de la relación entre las compañías que aseguran el cumplimiento de obligaciones de derecho público y el servicio aduanero.
XV. Dicho esto, es dable destacar que la finalidad del seguro de caución es la ejecutabilidad inmediata de la garantía, frente al incumplimiento del tomador (CNCom, Sala A, nov. 26, 1981, INDESA S.A. c/ APOLO CIA. DE SEGUROS, La Ley, 1982-B, 416, E.D. 97-588; CNFed Civil y Com., Sala III, julio 14, 1998, EMPRESA FERROCARRILES ARG. c/ AGENCIA ABRAXAS TURISMO S.R.L. Y OTRO, La Ley 1998-E, 549). El seguro de caución, es el seguro concertado con el objeto de garantizar al asegurado, hasta la suma máxima estipulada, el pago en efectivo que debe percibir del proponente con quien contrata, teniendo por finalidad el pago inmediato por parte de la aseguradora ante el mero incumplimiento del deudor (CNCom, Sala A, precedente citado).
En este sentido, en el seguro de caución los actos, declaraciones u omisiones del tomador no afectan en ningún caso los derechos del asegurado frente al asegurador (CNCom, Sala B, julio 8-1996, ALBA CIA. DE SEGUROS c/ GIORGETTI, Alejandro H. y otro, La Ley 1997-E, 1011).
Asimismo, de las condiciones pactadas y de la naturaleza del seguro contratado surge que en el caso del seguro de caución el asegurador adquiere el carácter de pagador principal y fiador solidario, añadiendo su responsabilidad a la del obligado primigenio, que se supone solvente y fiel cumplidor de sus obligaciones por tratarse de una entidad aseguradora, perteneciendo este “tipo” de seguro a los contratos de garantía, cuyo objeto es la eliminación del riesgo de la mora (CNCom., Sala B, oct. 23, 1990, E.D. 142,479). El asegurador, además, tampoco goza del derecho de excusión, con lo que no cabe agotar ningún procedimiento previo contra los bienes del deudor.
En consecuencia, el importe exigible a la aseguradora será el correspondiente al monto máximo garantizado por la póliza mencionada respecto de la Destinación de Importación N° 4289-0/93, convertido al tipo de cambio del día anterior al de la fecha de pago, o en su caso, el importe en concepto de tributos adeudados arriba indicado, si este último resultare inferior. Ello con más los intereses del art. 794 del CA. Por todo lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar la Resolución DE PRLA N°7466/07, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en el expediente N°605466/01.
2. Declarar que el monto que se le puede exigir a la firma ASEGURADORES DE CAUCIONES SA CIA DE SEGUROS será el que resulte de convertir el monto máximo garantizado mediante la póliza individualizada en el Considerando XVI y en los términos expuestos en el Considerando XIII, en relación $1=U$S1, con más el CER que corresponda aplicar al día anterior a la fecha del pago, o en su caso, el importe en concepto de tributos adeudados, si este último resultare inferior, con más los intereses del art. 794 del CA.
3. Costas a la vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero al Voto que antecede.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución DE PRLA N°7466/07, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en el expediente N°605466/01.
2. Declarar que el monto que se le puede exigir a la firma ASEGURADORES DE CAUCIONES SA CIA DE SEGUROS será el que resulte de convertir el monto máximo garantizado mediante la póliza individualizada en el Considerando XVI y en los términos expuestos en el Considerando XIII, en relación $1=U$S1, con más el CER que corresponda aplicar al día anterior a la fecha del pago, o en su caso, el importe en concepto de tributos adeudados, si este último resultare inferior, con más los intereses del art. 794 del CA.
3. Costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2026.07.08 13:57:27 ART Date: 2026.07.08 16:11:06 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.07.14 17:16:00 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.07.14 17:16:02 -03:00
Fin de la sentencia