Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 29494-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar parcialmente a los recursos interpuestos por las firmas importadora y aseguradora co-actoras y, en consecuencia, modificar la sentencia apelada conforme lo indicado en el considerando X. Las costas de ambas instancias se distribuyen en un 65% a cargo de las co-actoras —en conjunto— y en un 35% a cargo del Fisco Nacional, en atención a la existencia de vencimientos parciales y mutuos (art. 71 del CPCCN).
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
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3814/2020 GCI SA TF 29494-A Y OTRO c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de marzo de 2022.- SMZ
Los recursos de apelación interpuestos por la co-actora (importadora) a fs. 394 y por la co-actora (aseguradora) a fs. 395 contra el pronunciamiento de fs. 375/386 vta., fundados por los memoriales de fs. 397/405 y fs. 407/432; los cuales fueron contestados por la demandada a fs. 442/4540 vta. y fs.454/ 462 vta. respectivamente; y,
I. Que, el Tribunal Fiscal de la Nación por sentencia obrante a fs. 375/386 resolvió (i) confirmar el artículo 1º de la resolución DE PRLA 8033/2009, recaída en el expediente administrativo SIGEA nº 12034-6896-2008, declarando que la multa por infracción al art. 970 del C.A, en relación a la mercadería importada mediante la DIT 98 001 IT04 000066 K, asciende a la suma de $473.926,38 y, (ii) confirmar parcialmente el artículo 3º de la misma resolución, declarando que el importe de tributos adeudados asciende a la suma de $236.963,15 con más CER aplicable a la fecha de pago, y de $147.172,33 sin la inclusión de dicho coeficiente, todo ello sin perjuicio de los intereses devengados hasta la fecha de su efectivo pago, en los términos de los artículos 794, 1101, y 1103 del CA.
Para así resolver, en apretada síntesis, rechazó el planteo de nulidad de la aseguradora, en tanto no cabe duda que la misma garantizó la obligación tributaria respecto de la operación en trato y asumió las obligaciones de co-deudor. Señaló, asimismo, que conforme el tipo de responsabilidad adoptada, el servicio aduanero podía dirigir su acción contra la UTE o contra cualquiera de las dos empresas que conformaban la UTE, tanto en forma conjunta o separada. También, sostuvo que resultaba improcedente la aserción de la aseguradora acerca que la producción del siniestro no acaeció por no haber verificado la aduana su crédito en la quiebra de la importadora.
Por otro lado, entendió que no resultaba controvertido que la UTE Victorio Américo Gualtieri S.A y Energoprojekt Niskogradnja S.A documentó la importación temporaria de diversas de máquinas y aparatos de elevación por el plazo de dos años, cuyo vencimiento operaba el 18/01/00.
Resaltó que surge de la actuaciones que la UTE solicitó una prórroga del plazo, sin haber obtenido respuesta del servicio aduanero. Sin embargo, sostuvo que el 03/10/2001 la Sección de Procedimientos Técnicos, consideró que, habiéndose presentado en tiempo y forma la solicitud, correspondía autorizar la reexportación, otorgando el plazo perentorio de 20 días contados a partir de la notificación de la presente, en los términos del artículo 266 CPCC.
Indicó que uno de los argumentos principales de la co-recurrente G.C.I S.A radicaba en la imposibilidad de reexportar la mercadería en infracción por un hecho de fuerza mayor, no imputable a la partes.
Por lo que destacó que el Ministerio de Infraestructura y Vivienda dictó la resolución nº 4/2000, por la que dispuso revocar la adjudicación de la obra a la UTE y, en consecuencia, rescindir el contrato de obra pública y autorizar a la Secretaría de Obras Públicas a tomar posesión de la maquinarias afectadas a la obra. Además, manifestó que el 29/06/01 la Secretaría de Obras Públicas dictó la resolución nº 121, disponiendo la incautación de los bienes afectados por la UTE a la obra.
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3814/2020 GCI SA TF 29494-A Y OTRO c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Razonó que no caben dudas acerca del accionar negligente de quien resultó ser beneficiario de un régimen especial. Agregó que lo cierto es que aún si el servicio aduanero hubiera otorgado la prórroga por el plazo solicitado el vencimiento del nuevo plazo hubiera operado en el mes de enero del año 2001.
De modo que, apuntó, sin ahondar en las causales y la responsabilidad que conllevaron a la mencionada incautación, que la misma se produjo a fines del mes de junio de 2001, momento en el que ya se hubiera encontrado vencido el plazo prorrogado. Por lo que, aun considerando la incautación de la maquinaria como causal de fuerza mayor, la firma importadora incurrió en la infracción imputada ya que tal hecho se produjo con posterioridad al vencimiento del plazo para la permanencia de la mercadería importada temporariamente y su eventual prorroga. Por otra parte, desestimó el planteo relativo a la prescripción de la acción en virtud del concurso preventivo de la importadora, en tanto dicha circunstancia no veda al órgano competente de la determinación de obligaciones tributarias o la aplicación de sanciones, cuestiones que no resultaban atraídas ni por el concurso ni por la quiebra.
Respecto del alcance de la responsabilidad de la aseguradora, mencionó que la póliza de seguro de caución No. 444.382 aseguró al servicio aduanero el pago de la suma máxima de U$S 430.000; asimismo, señaló que la misma responde por todos los tributos adeudados por la importadora que gravan la mercadería al producirse el siniestro, con más los intereses.
Por otro lado, sostuvo que deben ser desestimados los agravios vertidos por la aseguradora respecto de la exigencia de impuestos internos, en tanto resaltó que del cuerpo del DIT contemplaba para la estimación del monto a garantizar el I.V.A, las percepciones de I.V.A adicional y del Impuesto a las Ganancias. En otro orden de cosas, entendió que correspondía la aplicación del coeficiente CER en la suma de $ 236.963,15 y sin inclusión por la suma de $147.172,33, con más los intereses devengados en las términos de los arts. 794, 1101 y 1103 del CA.
Por último, en cuanto al quantum de la multa, sostuvo que la graduación de la multa en dos veces el importe de tributos que gravan la importación para consumo, era ajustada a derecho.
II. Que frente a tal decisión apelan las dos coactoras.
La empresa CGI S.A, en primer lugar se agravia que no les ha sido otorgada la prórroga debidamente solicitada. En este sentido, afirma que la circunstancia que la Aduana no se haya expedido, jamás puede interpretarse como que la prórroga efectivamente solicitada fue concedida por un tiempo determinado, tal como conjetura el a quo.
Sostiene que el silencio de la administración en relación a la concesión de la prórroga debe ser interpretado como la continuidad del plazo de permanencia hasta tanto se expida el servicio aduanero y no la configuración de la infracción del art. 970 del CA. Concluye que la resolución 121/01 de la Secretaria de Obras Públicas, por la que se ordenó la incautación de la mercadería, fue aportada a la causa mientras el plazo de la importación temporal se encontraba vigente, por lo que correspondía que sea tenido en cuenta la situación de fuerza mayor que sufrió la importadora.
Entiende que debe evaluarse si hubo culpa en el accionar, en tanto el sistema de responsabilidad consagrado en el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 3814/2020 GCI SA TF 29494-A Y OTRO c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Código Aduanero gira en torno al principio penal “no hay pena sin culpa”. Aclara que no se está frente a un actuar negligente. Agrega a ello que la mencionada resolución 121/01 es prueba suficiente de la imposibilidad de reexportar la mercadería negociada. En función de ello, señala que el sentenciante no reparo en que la obligación de reexportar resultó de cumplimiento imposible por cuestiones ajenas a su voluntad.
Para reforzar su postura, cita jurisprudencia de la aduana correspondiente a operaciones similares que –a su parecerresultarían aplicables, en supuestos donde se absolvió a la firma de la multa endilgada.
Por último, sostiene que resulta inaplicable el coeficiente CER.
III. Que, a su turno, la aseguradora, en primer lugar, se queja que el Tribunal le otorga la calidad de “co-deudor” y, en consecuencia, lo convierte en “liso, llano y primer pagador”, siendo que tal calificación no resulta ni de la póliza otorgada ni de la causa.
Reitera, al igual que en la instancia anterior, que el sumario se inició solo respecto a una de las empresas que conformaron la UTE. En consecuencia, requiere que se revoque la sentencia y se haga lugar al agravio de nulidad del sumario por la omisión de individualizar y notificar al importador.
Sostiene que la solidaridad que las empresas hubieran pactado frente a terceros no implica que el sumario pueda labrarse en relación a una u otra indistintamente.
Del mismo modo que la co-actora, entiende que no se habría configurado la infracción prevista en el artículo 970 del C.A, en tanto que al momento que el servicio aduanero otorgó un plazo de 20 días para la reexportación de la mercadería, la misma se hallaba incautada por imperio de la resolución 121 de la Secretaría de Obras del Ministerio de Infraestructura y Vivienda, hasta que. por resolución 1479, se instruyó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Producción para efectuar la consignación judicial, ordenándose en el sumario. el decomiso por ser de importación prohibida.
Seguidamente, se agravia de la aplicación del CER a la suma asegurada en la póliza.
Por último, agrega que la condena de los rubros tales como IVA, IVA adicional y anticipo del Impuesto a las Ganancias, quedó desvirtuada por la incautación de la mercadería por el Estado Nacional, ya que todo ello supone la presunción de comercialización de la mercadería.
IV. Que, a esta altura, resulta necesario aclarar que en la anterior instancia se resolvió acumular a la presente causa “Aseguradora de cauciones S.A compañía de seguros”, nro. TF 29.508-A.
V. Que, corresponde, en forma preliminar, recordar que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. C.S.J.N., Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre otros).
Que, ello sentado, y en la forma en que han quedado planteados los agravios, la cuestión a resolver se centra en dilucidar si el incumplimiento de las obligaciones asumidas en el régimen de importación temporal al cual se sujetó la importadora mediante el DIT 98 001 IT04 000066 K, puede imputarse a ella o responde a una causal de fuerza mayor. Y, por otra parte, la calidad de deudor que reviste la asegurada y el alcance del monto asegurado.
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3814/2020 GCI SA TF 29494-A Y OTRO c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO VI. Que, previó a examinar los agravios, resulta conducente hacer una reseña de los hechos ocurridos en la causa.
1. El 21 de enero de 1998 la UTE Victorio Américo Gualtieri S.A y Energoprojekt Niskogradnja S.A oficializó el DIT 98 001 IT04 000066 K, cuyo vencimiento operaba el 18 de enero de 2000. Los bienes objeto de dicha operación fueron afectados a la obra pública denominada “DESAGÜES PLUVIALES DEL ACCESO NORTE A LA CAPITAL FEDERAL Y DE LA AVENIDA GENERAL PAZ- ALIVIADOR ARROYO CILDAÑEZ”.
2. El 17/12/99 la UTE importadora presentó una solicitud ante la DGA a los fines de prorrogar por 360 días el plazo originariamente otorgado (ver contenido de fs. 1 expediente administrativo).
3. Surge de las actuaciones administrativas que el 8 de agosto de 2001 la UTE comunicó a la Secretaría de Industria que dado que la obra que dio motivo al ingreso de los bienes objeto de esta causa le fue cancelada, decidió arbitrar las medidas a su alcance para la devolución de la mercadería al exterior (fs. 12). A foja siguiente obra una nota de la mencionada Secretaría por la cual propone girar las actuaciones a la Aduana interviniente “debido al desistimiento de la prórroga de importación temporaria” (fs. 13).
4. A fs. 17 el Jefe de División Registro de Importación otorgó un plazo de 20 días a efectos de proceder a la reexportación de la mercadería en cuestión conforme a la estipulado por el art. 266 apartado 3) del CA.
5. El 10 de marzo de 2001 se labró un acta de denuncia donde se constató que surgía una infracción en los términos de los artículos 970/972 del C.A, con relación a la mercadería importada temporariamente mediante al DIT 98 001 IT04 000066 K, cuyo vencimiento operaba el 18 de enero de 2000.
6. El 18 de diciembre de 2001 se presentó la UTE e informó que la maquina importada temporariamente en el despacho de referencia se encontraba incautada en la obra, a causa de encontrarse en litigio con la adjudicataria.
7. El 12 de diciembre de 2004 se dispuso la instrucción del sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del CA a la firma Victorio Américo Gualtieri S.A por la presunta infracción al art. 970 del mismo cuerpo, con relación a la mercadería documentada en el Despacho de Importación Temporal 98 001 IT 04 000066K.
8. El 16 de agosto de 2005 la aseguradora contestó la vista, a su turno, la co-actora compareció el 7 de agosto de 2008, solicitando el cese del estado de rebeldía.
9. El 25 de noviembre de 2009, por medio de la resolución PRLA 8033, el Jefe de Departamento de Procedimientos Aduaneros resolvió condenar a la firma CGI –Victorio Américo Gualtieri S.A por la infracción al art. 970 del CA, al pago de una multa igual a la suma de $473.926,38; y, asimismo, formular cargo por la suma de $384.135,56 -a la cual debe aplicarse el CER- en concepto de tributos e intimar al pago a la imputada y a la aseguradora.
VII. Que, en este punto, debe recordarse que el artículo 970 del Código Aduanero incrimina al que no cumpliera con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria, debiendo ser de aplicación al sub examine, el principio que establece que, en materia de infracciones aduaneras, la comprobación de un hecho objetivo genera una presunción de culpa, lo que hace que existe independientemente de todo elemento intención, una inversión de la carga de la prueba, quedando a cargo del presunto infractor la acreditación de encontrarse eximido de responsabilidad (cfr. Sala IV, in re “GCI c/ EN-DGA CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 3814/2020 GCI SA TF 29494-A Y OTRO c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Resol. 898/10 (expte 602257/03-12034-585/007) s/ Dirección General de Aduanas”, causa nº 13.832/1, sentencia del 10/12/20). Las obligaciones a la que refiere son, principalmente, la de reexportar la mercadería en la forma y condiciones que el importador se sujetó, antes del vencimiento del plazo otorgado.
Habiendo efectuado estas especificaciones, es menester recordar que, conforme reiteradamente se ha expresado, la regla de interpretación a seguir en la materia es aquella que destaca la excepcionalidad del régimen que nos ocupa -en atención a que la importación temporal constituye indudablemente una excepción- a resultas de la cual cabe afirmar que, cuando la ley establece una condición a cargo del beneficiario de un régimen de privilegio, ha de exigirse por parte de éste el estricto cumplimiento que aquélla supone, de modo de alcanzar sus fines (conf. C.S.J.N., doctrina de Fallos: 314:1824, en igual sentido, esta Sala, causas No. 10.543/05, in re, “Rodio Panamericana SA c/ DGA”, del 30-9-2005 y No. 41.400/2014, in re, “Volkswagen Argentina SA c/ DGA”, del 21-4-2015).
Asimismo, se debe observar que esta Sala ya se ha pronunciado sobre similares argumentos a los ensayados por la recurrente -en tanto allí la importadora había alegado la demora de organismos ajenos a la Aduana en la emisión de determinados actos, como constitutiva de un “hecho del príncipe” que justificaría la eximición de multa- al fallar con fecha 4 de marzo de 2010 en la causa “Rodio Panamericana SA (TF 10043-A) c/ DGA”, expediente nro. 21.521/2008 y con fecha 17 de abril de 2012 en la causa “Aseguradora de Créditos y Garantías SA (TF 14452-A) y Acum. c/ DGA”, expediente nro. 33.512/09.
En los pronunciamientos mencionados se señaló, con respecto a la intención de la actora de liberarse de responsabilidad con dicho fundamento, que los artículos 513 y 514 del Código Civil “aluden a supuestos en que el incumplimiento de la obligación no es jurídicamente imputable al deudor en razón de sobrevenir un hecho ajeno a él que genera la imposibilidad de pagar lo debido. Tales hechos no son sino el caso fortuito y la fuerza mayor”, agregando que, “conforme reiterada jurisprudencia, para la configuración del caso fortuito -comprensivo del hecho del príncipe- se requiere que el impedimento que resulta del acaecimiento del casus sea absoluto”. (cfr. es Sala, in re, “Dixie Toga Argentina SA c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, causa nº 62.157/2018, del 02-09-20). Debe agregarse que, si bien la actora, solicitó una prórroga tendiente a dar cumplimiento con el régimen de importación temporaria, la misma no fue otorgada y sólo se le concedió una autorización para reexportar la mercadería por el plazo de 20 días en los términos del artículo 266 3ra parte. Allí se sostiene que en el caso se denegarse la prórroga solicitada, la Aduana otorgará un plazo perentorio de 20 días para cumplir con la obligación de reexportar.
En tal sentido, a tenor de las circunstancias puntualizadas en el considerando que antecede, se aprecia con suficiente claridad que la imposibilidad de haber cumplido con la reexportación en el debido tiempo – tanto el plazo originario como por el plazo de 20 días en el que se autorizó a reexportar la mercadería al denegar la prórroga- no puede imputarse exclusivamente a la Secretaría de Obras Públicas que dicto la incautación de la mercadería sino que han mediado de su parte omisiones relevantes, cuanto menos, de idéntica relevancia causal en el resultado indicado.
En efecto, la actora podría haber nacionalizado la mercadería o ingresarla a depósito provisorio de exportación. Al respecto, y frente al cuestionamiento del carácter objetivo que se endilga a las infracciones aduaneras, lo cierto CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 3814/2020 GCI SA TF 29494-A Y OTRO c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO es que hay un riesgo empresario que la actora debe asumir, y ello es evidente en todo este tipo de actividad, sobre todo, ante los cambios que puede ofrecer la política estatal. Y, precisamente, la Aduana señaló lo que podría haber hecho; en segundo lugar, el a quo no perfiló la conducta de la empresa actora hacia el terreno de lo meramente objetivo, sino, antes bien, apuntó hacia lo que ella debió procesalmente realizar para evitar incurrir en la falta. En definitiva, la empresa, ante la situación surgida, optó por acogerse voluntariamente a un régimen que impone obligaciones concretas, sin que pueda posteriormente desligarse de lo que tal compromiso voluntario conllevaba.
Por consiguiente, cabe concluir que la empresa, al introducir los bienes bajo el régimen de importación temporaria, conocía las obligaciones a las que estaba sometida y, entre ellas, la de reexportación de la mercadería en el término establecido por el servicio aduanero. Asimismo, no podía ignorar las posibles consecuencias de la rescisión del contrato de obra pública que fue la causa de la importación de las mercaderías.
En ese sentido, debe señalarse que el incumplimiento de la obligación principal, es suficiente para inferir la existencia, al menos, de negligencia en el accionar de la actora, la cual permite su sanción y, por ende, la solicitud de un nuevo plazo resultó insuficiente para eximirlo de toda pena (cfr. causa “Dixie Toga Argentina S.A”, ya cit.).
VIII. Que, respecto a los planteos de la importadora relativos a la aplicación del CER no puede merecer acogida favorable.
Ello así, toda vez que la operación que originó la formulación de los cargos en cuestión es de fecha anterior a la sanción de la ley 25.561, pues consiste en una destinación de importación para consumo irregular, como consecuencia del vencimiento del plazo de permanencia, acaecido el 18/01/2000, para la importación temporaria documentada el 23/01/1998 por medio de la destinación 98 001 IT14 000066 K.
Por otro lado, la vista de lo actuado en el expediente 12034-1164-2008 - fue efectuada el 10/12/200, en pesos, y posteriormente, previo a la notificación de la misma, el 30/06/05, se hace reserva con relación a la aplicación de lo dispuesto en los arts. 4º y 8º del decreto 214/02 (cfr. fs. 50 y 56) y lo propio sucedió con los respectivos cargos, que fueron formulados el 25/11/09 .
En esas condiciones, si la aduana consignó los montos adeudados con fundamento en una obligación anterior a la ley 25561 en dólares estadounidenses (o, como en el caso, en pesos adicionando el CER), resultan de plena aplicación los arts. 1, 4 y 8 del decreto 214/02 (conf. esta Sala, Causas Nº 33.893/09, in re, “Ford Argentina SCA c/ EN DGA Resol 4927/09 PRLA s/ DGA”, del 29-3- 2011 y Nº 8.279/2012, in re, “Cosena Seguros SA (TF 27492-A) c/DGA”, del 30-8/-2012 y sus citas).
IX. Que, en cuanto agravio de la aseguradora respecto de su carácter como deudor, cabe destacar que este Tribunal sostuvo que atendiendo tanto a la naturaleza jurídica como a la finalidad del seguro de caución prestado, la Aduana, en su carácter de asegurado o acreedor frente al incumplimiento del tomador del seguro —importador—, no se encuentra obligada a cumplir con otros requisitos más que la determinación de dicho incumplimiento. Por lo tanto, cabe concluir que ella tiene acción directa contra el asegurador por configurarse la situación de siniestro a que se refiere la póliza, la que se generó con el incumplimiento de la obligación principal (conf. esta Sala, causas Nº 42.845/05, in re, “Alba Compañía de Seguros S.A c/ D.G.A”, del 8-6-10, espec. Considerando V; Nº 35.789/04. in re, “La Perseverancia Seguros SA”, del 18-2-08 y Nº 1.448/07 in re, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 3814/2020 GCI SA TF 29494-A Y OTRO c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO “Compañía de Seguros La Mercantil Andina SA”, 23-4-09)
Esa solución se impone habida cuenta que la ratio juris del seguro de caución es resguardar al organismo aduanero del eventual incumplimiento de la obligación a cargo del tomador, pudiendo dirigirse directamente para el cobro de su crédito contra el asegurador-garante, evitando por esta vía tener que presentarse en el expediente de la quiebra para poder hacerse con su crédito (esta Sala in re, "La Holando Sudamericana Cia de Seguros S.A. c/ D.G.A. s/ Resol N° 4.569/99", del 7-9-2005, espec. Considerando III y Causa Nº 38.868/04, in re, "Celulosa Campana (T.F. 15.684-A y acum 15.687-A) c/D.G.A.", del 15-8-08).
En cuanto a los planteos referidos a la naturaleza del seguro de caución debe recordarse que encuentra afinidad con fianzas o garantías de obligaciones de terceros, donde el riesgo contratado, dado por el incumplimiento del tomador, se aprecia desde un punto de vista estrictamente objetivo, sin entrar en otro tipo de valoración respecto de la conducta del infractor (conf., esta Sala, in re, “Aseguradora de Créditos y Garantías SA” causa No. 17.441/06 del 3-7-09; en igual sentido, CNCom, Sala C, 28/2/85, pub. LL 1985-B, pág. 509).
Debe tenerse presente también, que la finalidad de este seguro es el pago inmediato por parte de la aseguradora ante el mero incumplimiento del deudor (conf. esta Cámara, Sala IV in re "Mapfre Aconcagua Cia. de Seguros SA", del 14-12-01), y que -con particular referencia a los deberes asegurados en el caso aquí analizado-, el riesgo consiste precisamente en el incumplimiento por parte del tomador, respecto de una prestación asumida ante la Aduana, consistente en reexportar la mercancía introducida temporariamente (conf. esta Cámara, Sala IV in re "Antártida Cía. Arg. de Seguros SA", del 13-8-02, en igual sentido, esta Sala, in re, “Cosena Seguros SA (TF 17654-A) C/ DGA”, causa nº 7.314/05, sentencia del 28-6- 11).
Por consiguiente, cualquier otra conclusión revelaría una conducta contraria a los propios actos ya que la situación del importador y el eventual incumplimiento del régimen aduanero resultan hipótesis que deben considerarse asumidas en el marco del contrato pactado, máxime cuando la apelante tiene por actividad habitual la evaluación de los riesgos de este tipo de operaciones. Desde la perspectiva que resulta de las pautas enunciadas, corresponde entonces afirmar que la Aduana, en su carácter de asegurado o acreedor frente al incumplimiento del tomador del seguro -importador-, no se encuentra obligada a cumplir con otros requisitos más que la determinación de dicho incumplimiento, por lo que la Aduana tiene acción directa contra el asegurador por configurarse -una vez comprobada con carácter firme y definitiva la infracción, luego de la pertinente sustanciación sumarial-, la situación de siniestro a que se refiere la póliza, la que se genera con el incumplimiento de la obligación principal descripta en los apartados precedentes (cfr. esta Sala, in re “Cosena de Seguros”, cit.).
No obsta a lo expuesto, el argumento de la Aseguradora a que el sumarió solo fue iniciado a una de las empresas integrante de la UTE, en tanto que no ha sido objeto de queja por parte de la co-actora.
X. Que respecto a la procedencia del cargo en concepto de IVA, IVA adicional y anticipo del impuesto a las ganancias el Alto Tribunal ha definido que “a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 3814/2020 GCI SA TF 29494-A Y OTRO c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos” ( esta Sala, causa No.22.930/2009/CA1-CS1, in re, “Cladd ITA SA (TF 22.343-A) c/ EN – DGA – resol 2590/06 (expte. 604155/01) s/Dirección General de Aduanas”, del 26 de noviembre de 2019).
En sustento de tal decisión, la Corte Suprema precisó que en el caso CSJ 312/2019 (45-V)/CS1 “Volkswagen Argentina SA (TF 22.179-A) c/DGA”, fallado el 23 de agosto de 2011, consideró que las percepciones establecidas en las resoluciones generales DGI 3431/91 y 3543/92 “no constituyen pagos a cuenta de tributos cuyos hechos imponibles recaigan sobre las operaciones de importación” y destacó que “la referida al impuesto a las ganancias de la ley 20.628 constituye una forma de anticipar la futura -y eventualgabela que pudiera nacer en cabeza del contribuyente por todas sus rentas obtenidas y sujetas a dicho gravamen” y que “la percepción de la resolución general 3431/91 (y sus normas modificatorias) está relacionada con un adelanto del IVA que deberá tributar oportunamente el importador de bienes muebles, pero por mercaderías que luego sean objeto de comercialización en el mercado interno”. Además, puso de relieve que “estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo, de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo periodo fiscal, pues se trata de obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento (Fallos 285:177)”.
Por ello, concluyó que “cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos referidos, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de estas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del periodo fiscal.”
Por consiguiente, corresponde excluir las percepciones del IVA y del impuesto a las ganancias de la liquidación aduanera de los tributos vinculados a la importación involucrada en el sub lite, toda vez que, al momento del dictado de la resolución impugnada, se hallaban vencidos los plazos correspondientes a la presentación de las declaraciones juradas en el impuesto a las ganancias y el impuesto al valor agregado, respecto de las cuales correspondía practicar las percepciones/anticipos reclamados, dado que la operación de importación temporaria se presumió definitiva al vencer el plazo de permanencia de los bienes importados al territorio aduanero (cfme. art. 274, apartado 1, inc. a) del CA).
Asimismo, en atención a lo resuelto, corresponde de la misma manera disponer la reducción proporcional del monto de la multa aplicada.
XI. Que, en cuanto a los agravios relativos al monto asegurado corresponde su rechazo por cuanto la aseguradora fijó su obligación mediante una póliza emitida en moneda extranjera (ver fs. 317/319).
De tal modo dado que el seguro mantiene su vigencia hasta tanto el deudor haya sido liberado de su responsabilidad la recurrente no puede alegar la ultra actividad de una ley -23.982- cuando, precisamente, frente a una caución en dólares estadounidenses debe entenderse que dentro del cálculo de las obligaciones asumidas estaba incluida la evolución de la moneda pactada, sobre cuya base se organiza este tipo de negocios.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
3814/2020 GCI SA TF 29494-A Y OTRO c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO En este sentido, el carácter aleatorio de la actividad importa que la prima integrada por el asegurado se mide por el riesgo y que la empresa se organiza para contratar en masa y así eliminar el alea. Por tal motivo su gestión se orienta, naturalmente, al análisis de los riesgos asumidos y a la capacidad para administrar racionalmente las consecuencias que de ellos puedan derivarse (cfr. esta Sala, in re, “Paraná SA de Seguros TF 29683-A c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 8-8-19).
Asimismo, si bien conforme a los arts. 637 inc. e) y 639 del CA resulta aplicable a las operaciones de autos el derecho de importación vigente a la fecha vencimiento del plazo para reexportar según el “régimen tributario, la alícuota, la base imponible y el tipo de cambio para la conversión de la moneda extranjera en la moneda de curso legal” vigentes a dicha fecha, de lo que aquí se trata es de valorar el monto hasta el que debe responder la aseguradora de acuerdo a una póliza expresada en dólares estadounidenses.
Por ello, en tanto, las obligaciones derivadas de la póliza otorgada por Aseguradoras de Cauciones S.A se hallaban vigentes a la fecha de la sanción del decreto 214/02, pues la empresa fue intimada al pago de tributos en fecha 10-12-04 corresponde su aplicación en el caso.
XII. Que, finalmente, en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, corresponde distribuir las costas de ambas instancias en un 65% a cargo de las coactoras —en conjunto— y en un 35% a cargo del Fisco Nacional, en atención a la existencia de vencimientos parciales y mutuos (art. 71 del CPCCN).
En mérito a todo lo hasta aquí expuesto, SE RESUELVE: hacer lugar parcialmente a los recursos interpuestos por las firmas importadora y aseguradora co-actoras y, en consecuencia, modificar la sentencia apelada conforme lo indicado en el considerando X. Las costas de ambas instancias se distribuyen en un 65% a cargo de las co-actoras —en conjunto— y en un 35% a cargo del Fisco Nacional, en atención a la existencia de vencimientos parciales y mutuos (art. 71 del CPCCN).
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Fin de la sentencia