Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 32.390-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución N° 384/2012 (AD SANI) y los Cargos N° 2/12, 3/12 y 4/12. Con costas al Fisco Nacional.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-119785336-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 28 de Octubre de 2025 Reunidos los Vocales miembros de la Sala "E", Dres. Héctor Hugo Juárez y Juan Manuel Soria (por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación), con la presidencia del Vocal nombrado en primer término, a fin de resolver en los autos caratulados "GEAR S.A.A.I.C.F.I. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, Expte. N° 32.390-A El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que a fs. 17-36 se presenta, mediante apoderado, la firma exportadora GEAR SOCIEDAD ANÓNIMA AGROPECUARIA INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA E INMOBILIARIA, interponiendo recurso de apelación contra la Resolución N° 384/2012 (AD SANI), dictada el 16/10/12 por el Asesor Coordinador con firma responsable a cargo de la Aduana de San Nicolás en la actuación N° 12539-166-2011, en cuanto rechaza la impugnación deducida y confirma los Cargos N° 2/12, 3/12 y 4/12, formulados con relación a las destinaciones de exportación N° 08 059 EC01 000167 P, 08 059 EC01 000966 W y 08 059 EC01 001006 X. Explica que GEAR S.A.A.I.C.F.e I. se dedica, entre otras actividades, a la producción de cereales y oleaginosas que comercializa en el mercado internacional.
Destaca que dicha comercialización, especialmente en los mercados externos, tiene características especiales que obligan a los vendedores y compradores a concertar sus operaciones con anticipación a las cosechas y señala que por ello, se dictó la Ley 21.453 que otorgó al mercado agroexportador la seguridad jurídica que tutela la Constitución Nacional, de conformidad con lo dispuesto por el art. 729 del C.A. Hace referencia a lo normado en la Ley 21.453 y alude a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el tema. Afirma que conforme el régimen establecido por la Ley 21.453 y el criterio sentado por la Corte Suprema, las variaciones de derechos y demás cuestiones que pudieran producirse en fecha posterior a la fecha de registración de las DJVE no resultan aplicables a las exportaciones documentadas por un exportador al amparo del régimen establecido por la Ley 21.453, aun cuando la modificación en las alícuotas resultara más beneficiosa.
Indica que registrada la venta al exterior de determinada cantidad de mercadería (mediante la DJVE) nace una obligación para el exportador que debe embarcar la misma en el plazo estipulado. Sostiene que el regimen establecido por la Ley 21.453 garantiza a los exportadores certeza a la hora de fijar las ventas, teniendo en cuenta la importancia de las ventas y el escaso margen del negocio, en función del volumen de ventas que se realizan, fijando severas sanciones a quien no cumple con la exportación comprometida, al menos en un 90%, evitando cualquier abuso del regimen. Insiste en que si cumple con los compromisos asumidos y exporta al menos el 90% de la mercadería declarada en la DJVE, en los plazos estipulados al efecto, tiene un derecho adquirido al mantenimiento de los derechos y valores correspondientes a la fecha de registro de la DJVE y, a su vez, la obligación de abonar los tributos conforme los valores congelados.
Cuestiona los cambios generados por la Ley 26.351 así como que se pretenda su aplicación retroactiva, so pretexto de definir a esta última disposición legal como una norma “aclaratoria” de la Ley 21.453, cuando de su análisis resulta que se trata de una disposición que modifica el régimen anterior y como tal debe aplicarse para las futuras operaciones, dado que de lo contrario se estarían vulnerando derechos adquiridos de los exportadores tutelados por la Constitución Nacional. Alude a lo normado en los arts 1 º y 2° de la Ley 26.351 e indica que a partir del dictado de esta última, el exportador congela el régimen jurídico, la alícuota y la base imponible de sus operaciones de exportación con la registración de la venta mediante la DJVE, pero cuando se produce un incremento de la alícuota de los derechos de exportación entre el registro de la DJVE y la oficialización de los permisos de embarque, ese “congelamiento no opera para aquellos exportadores que no acrediten que contaban con la mercadería a exportar (por “tenencia o adquisición” según los términos de la Ley) antes de que se produzca tal incremento.
Cuestiona que el artículo 4º de la Ley 26.351 y el Decreto N° 764/08 establezcan la aplicación retroactiva de la Ley. Considera que la Ley 26.351 solo debería aplicarse a las DJVE que se registren a partir de su vigencia, resultando claramente violatorio de los derechos constitucionales disponer su aplicación retroactiva. Indica que con fundamento en la aplicación retroactiva de las disposiciones de la Ley 26.351, la ONCCA dictó las Resoluciones 1487/2008 y 1898/2008 por las cuales se informó a la Administración Federal de Ingresos Públicos cuáles fueron las DJVE registradas en los términos de la Ley 21.453 que no cumplían con los nuevos requisitos establecidos por la Ley 26.351, todo ello, al 9/11/2007, fecha en que se había producido un incremento de las alícuotas de los derechos de exportación en forma genérica para los productos de origen agropecuario.
Refiere que las citadas Resoluciones de la ONCCA pretendieron determinar -a partir de un análisis parcializado de información sobre la mercadería en existencia para cada exportador-, cuáles DJVE registradas con anterioridad al 9/11/2007, podían ser cumplidas con mercadería ya adquirida por los exportadores, y cuáles no, por cuanto para éstas últimas, se reclamaría a los titulares la diferencia entre la alícuota de derechos de exportación abonada y la mayor alícuota sobreviniente, resultante de aplicar retroactivamente el régimen de la Ley 26.351. Manifiesta que en lo que especialmente concierne a estas actuaciones, la firma GEAR S.A.A.I.C.F. e I. registró ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos en 2007 y 2008, las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior N° 08 052 DJVE 351 V, 08 001 DJVE 1169 A y 08 001 DJVE 178 W -cuyas copias se encuentran agregadas en las carpetas contenedoras de las destinaciones de exportación- declarando la venta de cantidades en cada caso señaladas de maíz a granel, conforme a las disposiciones de la Ley 21.453.
Explica que al momento de registrarse las ventas del mes de julio de 2007, la exportación de maíz (mercadería clasificada bajo la posición arancelaria SIM 1005.90.10.120A, estaba gravada con el derecho de exportación del 20% fijado por la Resolución ME 10/07, y que en cumplimiento de las ventas mencionadas, se efectuaron las exportaciones documentadas en los permisos de embarque 08 059 EC01 000167 P, 08 059 EC01 000966 W y 08 059 EC01 001006 X, que motivaron los cargos cuestionados. Expresa que en las citadas destinaciones de exportación, se liquidó el derecho de exportación que correspondía pagar por la exportación de esta mercadería, a la alícuota del 20%, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 6º de la Ley 21.453.
Señala que las DJVE involucradas en las presentes actuaciones fueron incluidas en el Anexo I de la Resolución ONCCA 1898/2008 (informadas entre las DJVE de los exportadores que según el criterio de dicho organismo no acreditaban tenencia o adquisición antes del 9/11/07), por lo que la Aduana de San Nicolás formuló los cargos que dieron inicio a la presente controversia, reclamando la diferencia entre el derecho de exportación pagado en función de los permisos de embarque citados, y los que surgirían de aplicar la Resolución ME 369/07 (25% ad valorem) o los resultantes de aplicar la Resolución ME 125/2008 (derechos de exportación móviles) según el caso. Arguye que no obstante el descargo presentado en sede administrativa y las argumentaciones y pruebas allí aportadas, el Administrador de la Aduana de San Nicolás dictó la resolución apelada rechazando la impugnación impetrada sin tratar ninguno de los argumentos vertidos en la impugnación, como así tampoco la prueba aportada sobre la tenencia y adquisición de la mercadería involucrada.
Cuestiona que la Aduana se haya limitado a repetir las disposiciones de la Ley 26.351, su decreto reglamentario y las Resoluciones ONCCA 1487/08 y 1898/08, concluyendo que en virtud de tales normas correspondía confirmar los cargos impugnados. Funda su recurso solicitando la revocación de la resolución apelada invocando que: a) la aplicación retroactiva de la Ley 26.351 violenta derechos adquiridos, lo cual la torna inconstitucional, al igual que su decreto reglamentario, b) el reclamo de autos no puede prosperar, en virtud que los derechos de exportación móviles que se pretendieran instaurar con la Resolución ME 125/08, resultaron confiscatorios e inconstitucionales y su aplicación no se ratificó por el Congreso de la Nación, motivo por el cual dicha resolución no tuvo vigencia y, c) que las Resoluciones ONCCA 1487/08 y 1898/08 no efectuaron un análisis pormenorizado de la situación de hecho de cada exportador.
Arguye que la firma poseía - por producción propia, tenencia y/o adquisición- el maíz necesario para cumplir sus compromisos con anterioridad a los incrementos arancelarios, lo cual invalida el reclamo de la mayor alícuota formulado en autos, con fundamento en la Ley 26.351. Plantea la inconstitucionalidad de la Ley 26.351 y su decreto reglamentario en cuanto a la aplicación retroactiva de sus disposiciones. Entiende que las disposiciones de la Ley 26.351 no pueden aplicarse en forma retroactiva a las operaciones de autos, cuyas ventas al exterior han sido cerradas y presentadas ante la autoridad de aplicación en el año 2007, en los términos de la Ley 21.453. Afirma que la Ley 26.351 se presenta como una ley aclaratoria de la Ley 21.453, con el único objetivo de retrotraer sus efectos a la fecha de vigencia de la norma que supuestamente viene a aclarar -30 años despues-.
Considera que la aplicación retroactiva de la Ley 26.351 violenta la garantía constitucional del derecho de propiedad, consagrada y protegida por los pactos internacionales incluidos en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional. Arguye que el derecho a mantener el regimen se incorporó al patrimonio de la exportadora con el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley 21.453 y el cambio de las reglas dispuesto por la Ley 26.351, solo puede operar para el futuro de manera de no violentar los derechos adquiridos por los contribuyentes. Entiende que la ley 26.351 al incorporar el nuevo requisito de tenencia o adquisición de los productos con anterioridad al incremento de las alícuotas de los derechos de exportación, desvirtuó el regimen de la Ley 21.453 que pretendía que los exportadores determinaran con antelación los costos de las operaciones de exportación, violando el derecho adquirido al tratamiento tributario applicable al cierre de venta.
Alega nuevamente la inconstitucionalidad de la Ley 26.351 en cuanto dispone que es aplicable a exportaciones efectuadas en cumplimiento de DJVE registradas con anterioridad a la fecha de su dictado. Insiste en que la aplicación retroactiva del régimen instaurado por la Ley 26.351 a las DJVE como las de autos, registradas antes del dictado de la citada ley y con el amparo de las previsiones de la Ley 21.453, violenta el principio de seguridad jurídica. En cuanto a la Resolución 125/08 sostiene que adolece de graves vicios que afectan su constitucionalidad, en tanto resultan de la imposición por parte del Poder Ejecutivo de tributos reservados al Congreso de la Nación y que dado que las alícuotas resultantes de su implementación superan el 40%, son a todas luces confiscatorias.
Alude que la Resolución 125/08 contiene la creación de un impuesto nacional en ejercicio de la competencia delegada en el art. 75 inc. 1 de la Constitución Nacional, que como tal debería haber sido fruto de una ley del Congreso y que dado que el derecho de exportación tiene naturaleza tributaria, corresponde aplicar a su análisis los mismos principios constitucionales que limitan el poder tributario del Estado. Sostiene que la delegación propia está prohibida por la Constitución Nacional, salvo en materias determinadas de administración o emergencia pública -y con ciertas limitaciones-, quedando fuera la tributaria y después de la reforma constitucional, el Poder Ejecutivo no puede establecer tributos ni legislar sobre ninguno de los elementos que lo integran y menos en materia tributaria sustantiva, a su vez solo puede delegarse en el Poder Ejecutivo –sobre las materias permitidas- por lo que resulta invalida la subdelegación en el Ministerio de Economía.
En este sentido entiende que el dictado de la Resolución 125/08 por parte del Ministerio de Economía es inconstitucional, por violar el principio de reserva en materia tributaria y de no confiscatoriedad, ya que de aplicarse dicha resolución, los derechos de exportación superarían el 40% del valor de la mercadería exportada. Señala que Resolución 125/08 no tuvo vigencia, en virtud de haber sido denegada su ratificación por el Congreso Nacional. Alega la inconstitucionalidad de la Resolución 125/08 por cuanto: a) el Ministerio de Economía carecía de facultades para establecer derechos de exportación móviles, b) los derechos de exportación fijados por la Resolución 125/08 que para el caso superan el 40% son confiscatorios, c) para tener validez debía ser necesariamente ratificada por ley del Congreso, la cual fue negada.
Plantea, asimismo, que la Resolución ONCCA 1898/08 en la que se incluyeron las DJVE de autos (Anexo 1) -dictada por causa y con fundamentos en la Ley 26.351 y su decreto reglamentario (Dto. 764/2008)- resulta ilegítima en tanto se encuentra viciada en el objeto y la causa, tornándola nula de nulidad absoluta, de conformidad con lo establecido por la Ley 19.549, siendo ello motivo suficiente para revocar la resolución apelada. Sostiene que la Resolución ONCCA N° 1898/08 presenta un grave vicio en su objeto por declarar o certificar cuestiones de hecho con fundamentos que son materialmente falsos, por cuanto con relación a las DJVE involucradas en autos, la firma contaba con la mercadería para su cumplimiento con anterioridad a los incrementos arancelarios.
Recalca que la Resolución 1898/08 (así como su similar 1487/08) fue dictada sin permitirles a las Empresas posibilidad alguna de ser oídas y ofrecer pruebas en flagrante violación a la Ley de Procedimientos Administrativos y a la garantía del debido proceso adjetivo consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional. En este sentido, cuestiona que la Aduana no le permitió acreditar la tenencia o adquisición de la mercadería, negándole la producción de la prueba oportunamente ofrecida. Asimismo, explica que en el descargo presentado en sede administrativa había informado que contaba con campos de producción propia, indicando que al 9/11/07 contaba –por producción propia, tenencia y/o adquisición-, con mayor cantidad de mercadería que la tenida en cuenta por la ONCCA al dictar las Resoluciones 1487/08/ y 1898/08.
Señala que a los fines de acreditar dicha situación, ofreció una certificación contable que daba cuenta de las existencias de maíz en la compañía. Por tal razón, sostiene que las conclusiones de la ONCCA y de la Aduana respecto de las DJVE son erróneas, atento a que no se analizó la información completa y detallada, a efectos de determinar la cantidad real y efectiva de mercadería que la exportadora había adquirido, o bien que poseía en sus campos al 9/11/07. Por ello, considera nulo todo lo actuado tanto por la ONCCA como por la Aduana por cuanto se ha violentado en todo el proceso, la garantía de defensa en juicio tutelada por la Constitución Nacional. También arguye que no se analizó cuanta cantidad de mercadería poseía entre el 10/11/07 y el 11/03/08, dado que según los términos de la Ley 26.351, entre el registro de las DJVE y la oficialización de las exportaciones involucradas en autos, se produjeron dos incrementos de la alícuota de los derechos de exportación: el primero (el 9/11/07) llevó la alícuota del 20% al 25% y el segundo (el 12/03/08) implementó derechos de exportación móviles que al momento de las exportaciones involucradas alcanzaba el 40% del valor de la mercadería.
Finalmente, ofrece prueba y solicita se revoque la resolución administrativa apelada, con costas.
II. Que a fs. 43-46 la Representación Fiscal contesta el traslado conferido del recurso de apelación de la actora. Niega los hechos y el derecho invocado, como así también la documentación, que no sea objeto de su expreso reconocimiento. Efectúa un breve relato de los hechos. Entiende que si bien el Tribunal Fiscal tiene amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes, debe tener presente la presunción de legitimidad del art. 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos respecto de lo resuelto por la ONCCA. Considera que no se puede discutir en autos lo resuelto por la ONCCA sino solo la resolución aduanera, toda vez que la acreditación o no de la mercadería antes del aumento de la alícuota es competencia de la ONCCA, por lo que debió impugnarse en dicho ámbito. Con respecto a la inconstitucionalidad de la Ley 26.351 manifiesta que el art. 1164 del C.A. prohíbe tratar inconstitucionalidades ante el Tribunal Fiscal. Explica que los actos públicos se presumen constitucionales, en tanto y en cuanto, mediante una interpretación razonable de la Constitución puedan ser armonizados con ésta, por lo que debe reconocerse una presunción iuris tantum a favor de la constitucionalidad de las normas. Sostiene que la Ley 26.351 se encuentra armonizada con los principios rectores del derecho y las garantías constitucionales, por lo que sin perjuicio de que el Tribunal tiene prohibido considerar la inconstitucionalidad de las normas, si tuviese al menos alguna duda respecto de su constitucionalidad, debe estar siempre a favor de la misma. Cita en su defensa la causa “Cargill S.A.”, sent. del 2/11/12, de la Sala “F” del Tribunal Fiscal. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas que acompaña. Solicita se declare la cuestión de puro derecho toda vez que la única prueba ofrecida son los antecedentes administrativos. Formula reserva del caso federal. Por último, solicita se rechace la pretensión de la actora y se confirme la resolución aduanera, con costas.
III. Que a fs. 64 se abre la causa a prueba, la que obra producida a fs. 65-76, 91-104 y 129-132. A fs. 173 se tuvo por desistida a la actora de la prueba pericial contable ordenada a fs. 145. A fs. 177 se certifica la prueba producida. A fs. 178 se declara clausurado el período probatorio. A fs. 182 se elevan los autos a conocimiento de la Sala “E”. A fs. 186 se ponen los autos para alegar. A fs. 190-192 se incorpora el alegato presentado por la actora y a fs. 196-197 se agrega el de la demandada. A fs. 199 se dicta el llamado de autos a sentencia.
IV. Que de la actuación administrativa SIGEA 12539-166-2011 surge que las mismas se inician con el informe técnico N° 47/11 efectuado por la Sección Fiscalización y Valoración de Exportación de la Dirección Regional Aduanera de Rosario mediante el cual se indica que se procede a formular los cargos suplementarios 2/12 a 4/12 por la diferencia en el pago de los derechos de exportación de las destinaciones 08 059 EC01 000167 P, 08 059 EC01 000966 W y 08 059 EC01 001006 X. A fs. 4 obra el Cargo N° 2/12, de fecha 10/02/12, formulado por un monto de U$D 569,73.- con relación a la destinación de exportación N° 08 059 EC01 000167 P (DJVE SIM 08 001 DJVE 000178 W – DJVE SAGPYA 00060727). A fs. 6 obra el Cargo N° 3/12, de fecha 10/02/12, formulado por un monto de U$D 883,35.- con relación a la destinación de exportación N° 08 059 EC01 000966 W (DJVE SIM 08 052 DJVE 000351 V – DJVE SAGPYA 00060805). A fs. 8 obra el Cargo N° 4/12, de fecha 10/02/12, formulado por un monto de U$D 1.133,97.- con relación a la destinación de exportación N° 08 059 EC01 001006 X (ítem 1: DJVE SIM 08 052 DJVE 000351 V – DJVE SAGPYA 00060805 e ítem 2: DJVE SIM 08 001 DJVE 001196 A – DJVE SAGPYA 00072640). A fs. 11-14 obran cédulas de notificación de los cargos y la constancia de recepción de las mismas de fecha 15/02/12. A continuación se agrega la actuación SIGEA 13289-4552-2012. A fs. 16-21 ref. obra la impugnación deducida por la firma GEAR S.A.A.I.C.F.I., con fecha 6/03/12, contra los cargos 2/12, 3/12 y 4/12 formulados por la Aduana de San Nicolás. A fs. 25 se tiene por promovido el procedimiento de impugnación y se hace lugar a la prueba ofrecida. A fs. 35-38 obra el dictamen 103/12 (AD SANI) mediante el cual se propicia no hacer lugar a la impugnación interpuesta y confirmar los cargos formulados. A fs. 40-46 el Asesor Coordinador con firma responsable a cargo de la Aduana de San Nicolás, el 16/10/12 dicta la Resolución N° 384/12 (AD SANI), mediante la cual se rechaza la impugnación incoada y, se confirman los cargos 2/12, 3/12 y 4/12, la que es objeto de apelación ante este Tribunal. A continuación, se agrega sin acumular la actuación SIGEA 12625-244-2008 con las carpetas contenedoras de las destinaciones de exportación a consumo 08 059 EC01 000167 P, 08 059 EC01 001006 X y 08 059 EC01 000966 W.
V. Que corresponde resolver en autos si la Resolución N° 384/12 (AD SANI) mediante la cual la Aduana de San Nicolás rechaza la impugnación deducida por la firma GEAR S.A.A.I.C.F.e I. y confirma los cargos N° 2/12, 3/12 y 4/12 formulados por diferencia de derechos de exportación con relación a las destinaciones 08 059 EC01 000167 P, 08 059 EC01 000966 W y 08 059 EC01 001006 X vinculadas a las DJVE SIM 08 001 DJVE 000178 W (DJVE SAGPYA 00060727), DJVE SIM 08 052 DJVE 000351 V (DJVE SAGPYA 00060805) y DJVE SIM 08 001 DJVE 001196 A (DJVE SAGPYA 00072640), se ajusta a derecho.
Que aclarado ello, cabe destacar, que la pretensión fiscal surge como consecuencia del dictado de la Resolución ONCCA 1898/08 a través de la cual se comunicó a la AFIP-DGA la nómina de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) cuyos titulares no habían acreditado la adquisición o tenencia de la mercadería registrada, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 26.351 y el Decreto N° 764/08. En lo que aquí interesa, que la firma recurrente no había acreditado la tenencia de la mercadería amparada por las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior LEY 21.453 - DJVE SIM 08 001 DJVE 000178 W (DJVE SAGPYA 00060727), DJVE SIM 08 052 DJVE 000351 V (DJVE SAGPYA 00060805). Nótese que la DJVE SIM 08 001 DJVE 001196 A (DJVE SAGPYA 00072640) no se encuentra mencionada en la Resolución ONCCA 1898/08 en ninguno de sus anexos, como así tampoco en la Resolución ONCCA 1487/08. Tampoco se encuentra citada en la resolución aduanera apelada que solo se refiere a las DJVE SIM 08 001 DJVE 000178 W y DJVE SIM 08 052 DJVE 000351 V como incluidas en el Anexo I de la Resolución ONCCA 1898/08.
En consecuencia, lo que atañe al Cargo 4/12, el ítem vinculado a la DJVE SIM 08 001 DJVE 001196-A (04/04/2008) no puede sostenerse: esa DJVE no fue incluida en las Resoluciones ONCCA 1487/08 ni 1898/08; por tanto, carece de antecedente administrativo idóneo que imponga la mayor alícuota.
Que, no obstante ello, con fundamento en la Resolución ONCCA 1898/08 la Aduana de San Nicolás formuló los Cargos N° 2/12, 3/12 y 4/12 intimando al pago de las diferencias de derechos de exportación, toda vez que entre la fecha de registro de las DJVE y la de la oficialización de las destinaciones de exportación se produjo un incremento de la alícuota de derechos de exportación. Atento a que GEAR S.A.A.I.C.F.e I. no había acreditado la tenencia de la mercadería amparada por las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior mencionadas en el párrafo anterior, debía tributar conforme a la alícuota vigente a la fecha de oficialización de los permisos de embarque. Cabe señalar que la fecha de registro de la DJVE SIM 08 001 DJVE 000178 W es el 21/01/08, la de la DJVE SIM 08 052 DJVE 000351 V es el 21/02/08 y la de la DJVE SIM 08 001 DJVE 001196 A es el 4/04/08. Mientras que la fecha de oficialización de la destinación de exportación a consumo 08 059 EC01 000167 P es el 23/01/08 con post-embarque del 4/02/08, la de la destinación 08 059 EC01 000966 W es el 9/04/08 con post-embarque del 28/04/08 y la de la destinación 08 059 EC01 001006 X es el 15/04/08 con post-embarque del 30/04/08. Que no se encuentra controvertido que todas las destinaciones de exportación a consumo involucradas fueron documentadas al amparo del régimen especial para la venta al exterior de productos agrícolas, previsto en la Ley 21.453 (BO 11/11/76).
Que corresponde señalar, que el art. 3 de la Ley 21.453 dispone que las ventas al exterior de productos agrícolas "...deberán ser registradas, mediante declaración jurada ante la autoridad de aplicación en la forma que determine el Poder Ejecutivo Nacional, el que deberá asimismo reglamentar los plazos de vigencia de la declaración jurada."
Que por su parte, el art. 6 de la citada norma estableció que: "A los fines de la liquidación de los derechos de exportación, reembolsos, reintegros, contribuciones, tasas, servicios y demás tributos que gravaren o beneficiaren la exportación de las mercaderías a que se refiere la presente ley (productos agrícolas), serán de aplicación los regímenes tributarios, de alícuotas, arancelario y de base imponible vigentes a la fecha de cierre de cada venta..."
Que, consecuentemente, cuando se trata de exportaciones a consumo de productos de origen agrícola, el hecho imponible acaece al producirse efectivamente la exportación conforme lo establece el Código Aduanero, pero en virtud de lo dispuesto en el art. 6 de la Ley 21.453 el régimen tributario aplicable debería ser el de la fecha de cierre de venta de tales productos.
Que, cabe señalar, que el 9/11/07 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución MEyP N° 369/07. Que con posterioridad se dictó la Ley 26.351 (BO 16/01/08) la que determinó en su art. 1 que: "Cuando se produjera un incremento en más de las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios alcanzados por las disposiciones de la Ley N° 21.453, en el período comprendido entre el Registro de la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) y el de la oficialización de la correspondiente Destinación de Exportación, los exportadores deberán acreditar de modo fehaciente la tenencia o en su caso la adquisición de tales productos con anterioridad al aludido incremento".
Que la citada norma fue reglamentada mediante el Decreto 764/08 (BO 13/05/08) el cual preciso que las operaciones alcanzadas por el art. 1° de la Ley N° 26.351 serían aquellas debidamente registradas en los términos de la Ley 21.453 y oficializadas con posterioridad al 9/11/2007. Asimismo, estableció que la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) sería la encargada de llevar el registro de las DJVE y de dictar la normativa correspondiente para establecer los requisitos necesarios a fin de acreditar los extremos a que alude el art. 1 de la Ley 26.351 e informar a la AFIP las DJVE comprendidas en el art. 2 de la misma.
Que en este sentido el art. 2 de la citada Ley 26.351 estableció que: "Quienes no satisfagan los requisitos establecidos por la autoridad de aplicación para el cumplimiento del artículo 1°, deberán tributar la mayor alícuota en concepto de derechos de exportación, entre las vigentes a la fecha del registro de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) o a la fecha de oficialización de las respectivas destinaciones de exportación”.
Que en virtud de lo dispuesto en el art. 3 del Decreto 764/08, se dictó la Resolución ONCCA 543/08 (BO 30/05/08) por la que se establecieron los requisitos que debían cumplir los exportadores para acreditar de modo fehaciente la tenencia o la adquisición de la mercadería con anterioridad al aludido incremento cuando el mismo se presente en el período comprendido entre la fecha de registro de la DJVE y la fecha de oficialización de los permisos de embarque.
Que en dicho marco la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) mediante Resolución ONCCA 1898/08 (BO 24/07/08) -en lo que aquí interesa- comunicó a la AFIP-DGA que las empresas enumeradas en el Anexo I no habían acreditado la adquisición o tenencia de determinados productos de las cosechas 2006-2007-2008 por lo que debían tributar la alícuota mayor en concepto de derecho de exportación. Es decir, informó cuáles eran las DJVE que debían tributar una alícuota mayor en concepto de derechos de exportación en virtud de no haber acreditado la tenencia o adquisición de la mercadería registrada en los términos de la Ley 26.351.
En la presente causa, la actora registró ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos las DJVE SAGPYA 00060727 y DJVE SAGPYA 00060805, con fecha 16/07/07 y 17/07/07, respectivamente;
exteriorizando la venta conforme a las disposiciones de la Ley 21.453 de maíz a granel.
Al momento de registrarse las ventas del mes de julio de 2007, la exportación de maíz (mercadería amparada por la posición arancelaria SIM 1005.90.10.120) estaba gravada con el derecho de exportación del 20% fijado por la Resolución ME 10/07.
En cumplimiento de las ventas antes mencionadas la recurrente efectuó las exportaciones documentadas en los permisos de embarque 08 059 EC01 000167 P, 08 059 EC01 001006 X y 08 059 EC01 000966 W, liquidando el derecho de exportación a la alícuota del 20%, conforme a lo establecido por la Resolución ME 10/07. Sin embargo, la ONCCA incluyo en el Anexo I de la Resolución ONCCA 1898/08 las DJVE SAGPYA 00060727 y DJVE SAGPYA 00060805 registradas por GEAR S.A.A.I.C.F.e I. el 16/07/07 y 17/07/07, respectivamente, indicando que no acreditaban tenencia o adquisición anteriores al incremento de las alícuotas por la Resolución MEyP N° 369/07 -producido el 9/11/07-, razón por la cual la AFIP-DGA debía aplicar la alícuota vigente a la fecha de oficialización de los permisos de embarque.
Que con fundamento en el Anexo I de la Resolución ONCCA 1898/08, la Aduana de San Nicolás formuló los Cargos N° 2/12, 3/12 y 4/12, intimando a al pago de las diferencias de derechos de exportación, toda vez que entre la fecha de registro de las DJVE SAGPYA 00060727 y DJVE SAGPYA 00060805 y la de oficialización de las destinaciones de exportación 08 059 EC01 000167 P, 08 059 EC01 001006 X y 08 059 EC01 000966 W y sus respectivos post embarques se produjo un incremento de la alícuota de derechos de exportación que surgió de aplicar lo dispuesto en la Resolución ME 369/07 (BO 9/11/07) para la mercadería involucrada, los que fueron impugnados con fecha 6/03/12 y confirmados mediante la Resolución N° 384/12 (AD SANI) apelada en autos.
VI. Que sentado lo que antecede resulta procedente analizar el agravio de la actora referido a la ilegitimidad de la Resolución ONCCA N° 1898/08.
Que para ello corresponde determinar la naturaleza jurídica de la mencionada resolución, es decir si se trata de un acto administrativo o de un mero acto preparatorio. A dichos fines cabe definir, en primer término, al “acto administrativo” como una declaración proveniente de un órgano estatal, emitida en ejercicio de la función materialmente administrativa y caracterizada por un régimen administrativo, propio típico del Derecho Público, que genera efectos jurídicos individuales directos con relación a los administrados destinatarios del acto (cfr. Cassagne, Juan Carlos, Derecho Administrativo, Lexis Nexis – Abeledo Perrot, Bs. As., 2006, p. 110, Tomo II, 8va. edición actualizada).
Que la Sala III de la Excma Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en los autos “Virreyes Agropecuaria S.A. (TF 25.002-A) c/DGA”, sent del 14/11/08, en los que se hizo lugar al dictado de una medida cautelar a favor de la firma exportadora, ha sostenido la caracterización de las resoluciones de la ONCCA como actos administrativos y haciendo referencia a la Resol. 1487/08, expresó que “la mentada resolución no es sino un acto administrativo de alcance particular que posee efectos jurídicos directos sobre una pluralidad de sujetos, estos son aquéllos exportadores incluidos en los anexos I –donde se encuentra la actora- y II” (considerando IX)”.
Que en lo que a esta cuestión respecta, a la fecha, existe numerosa jurisprudencia en la que se ha considerado que la Resolución ONCCA 1487/08 (y su similar 1898/08) constituyen verdaderos actos administrativos. Así lo ha sostenido, por ejemplo, la Sala II de la Excma CNACAF en las causas “Lartirigoyen y Compañía SA c/EN – M° Economía – ONCCA- Resol 1487/08 y 5581/10 y otros s/ proceso de conocimiento”, Expte N° 15294/2011, del 6/5/2014; “Curcija S.A. c/ EN-ONCCA-Resol. 25 1487/08 s/ Proceso de conocimiento”, Expte N° 22848/2009, sent 12/7/2018; “Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFIyA c/EN - Mº Economía y F - Resol. 1487/08 3451/09 y otro s/proceso de conocimiento”, Expte N° 7463/2013, del 5/9/2019; la Sala III en las causas “MSU SA c/EN – 2 Ley 26351-ONCCA-resol 543/08 (S01:109894/09) s/ Proceso de Conocimiento”, Expte N° 3 35644/09, del 18/2/2015 y la Sala IV, “Oleaginosa Moreno Hnos. SACIFI y A c/EN - Mº 4 Economía - ONCCA - Resol. 1898/08 y 5431/10 s/proceso de conocimiento”, Expte 25716/2011, sent del 18/8/2016; y “LDC Argentina SA c/EN – Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca y otro s/ Proceso de Conocimiento”, Expte N° 13621/15, sent del 27/11/2018, debiendo aclararse que las mencionadas sentencias se encuentran firmes, toda vez que la CSJN declaró inadmisibles los recursos extraordinarios interpuestos por el Estado Nacional.
Que, asimismo, la Procuración de Tesoro de la Nación en el Dictamen IF-2017-35766568-APN-PTN del 29/12/2017, sostuvo que la Resolución 1898/08 “...no es calificable como un mero acto preparatorio, sino como un acto administrativo que constata determinados hechos que, a la vez, servirán para que el exportador y la Administración Nacional de Aduanas apliquen la alícuota que corresponda tributar en materia de derechos de exportación de productos agropecuarios (conf. Ley N° 26.351, arts. 1° y 2°)”.
Que teniendo en consideración lo antes expuesto cabe señalar que la Resolución ONCCA 1898/08 constituye un acto administrativo, dictado por la ONCCA (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario) creada a través del Decreto 1067/2005, como organismo descentralizado, con autarquía económico financiera y técnico administrativa y dotado de personería jurídica propia, en el ámbito del derecho público y privado, en jurisdicción de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción (art. 1 Dec. 1067/2005).
Que la Resolución ONCCA 1898/2008 ha sido dictada en ejercicio de funciones encomendadas legal y reglamentariamente (art. 3 de la ley 26.351, art. 3 del Decreto 764/08 y arts. 12 y 13 de la Resolución ONCCA 543/08) a tal organismo, por lo cual el efecto jurídico de este acto alcanza directamente al particular (a la aquí recurrente GEAR S.A.A.I.C.F.I) dado que, a través del mismo, la ONCCA le informó a la AFIP-DGA el cumplimiento o incumplimiento del requisito de la tenencia de la mercadería en los términos del art. 1 de la ley 26.351, lo que habilitó a esta última a reclamar el importe correspondiente a la diferencia entre la alícuota más baja de derechos de exportación y la más alta en aquellos casos en los que se consideró que no se había acreditado la tenencia de la mercadería amparada por las DJVE involucradas en la causa.
Que, en autos, la recurrente sostiene enfáticamente la ilegitimidad de la Resolución ONCCA 1898/2008 invocando que para el dictado de la misma la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, no efectuó un análisis pormenorizado de la situación de hecho de cada exportador, violando de este modo derechos adquiridos al registrar sus ventas conforme a la Ley 21.453.
Que respecto a esta cuestión la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, se ha expedido en causas similares a la presente, en diversas oportunidades declarando la nulidad de las Resoluciones 1487/2008 y 1898/08 con relación a una serie de empresas cerealeras que, como la firma GEAR S.A.A.I.C.F.I., se vieron afectadas por lo informado por la ONCCA, echando por tierra la presunción de legitimidad de las resoluciones mencionadas.
Que la Sala III de la CNACAF, con fecha 19/03/2009, en los autos caratulados “Tomás Hnos SA c/Estado Nacional - ONCCA -Resol 1487/08 s/amparo Ley 16.986” hizo referencia a que tipo de documentos deben ser considerado válidos para demostrar tenencia o adquisición de la mercadería involucrada en la causa y haciendo mención a la que exportadora había acompañado la misma ante la ONCCA y que no había sido analizada antes del dictado de la cuestionada Resolución 1487/2008 sostuvo que “....corresponde concluir que la incorporación de la actora en el anexo I de la resolución 1487/2008 resulta arbitraria e ilegítima en razón de la orfandad probatoria que presenta el acto impugnado…”. Asimismo en la causa Expte. nº 35.644/2009 “MSU SA c/EN- Ley 26351-ONCCAresol 543/08 (S01:109894/09) s/Proceso de Conocimiento” y Expte nº 34.561/2009 “MSU SA c/EN-ONCCA-resol 3406/09 1487/08 s/Proceso de Conocimiento”, sent del 18/02/2015, siguiendo el criterio expuesto en el precedente mencionado, señaló expresamente que “...cabe anotar que en litigios de ribetes similares al presente, en los que la exportadora afectada ha arrimado prueba tendiente a demostrar la tenencia, esta Sala ha afirmado que en la resolución ONCCA nº 1487/2008 no se han expuesto motivos concretos que permitan concluir en su falta de acreditación, máxime cuando se encuentra insita en la resolución impugnada una pretensión tributaria cuya configuración en cada caso debe demostrar el propio organismo de control. Es por esa razón que tampoco puede, lisa y llanamente, admitirse el planteo por el cual la ex ONCCA pretende oponer la presunción de legitimidad del acto administrativo”
Que asimismo, más recientemente, en los autos 59415/2012 “CARGILL SACI c/ EN-M AGRICULTURA GYP-RESOL 928/12-ONCCA-RESOL 1413/11 Y OTRO s/PROCESO DE CONOCIMIENTO”, sent del 26/04/2022, remitiendo a los fundamentos expuestos en las causa Nº 16652/08, “Tomas Hermanos S.A. c/ EN – ONCCA – Resol 1487/08 s/ Amparo”, del 19/03/09; causa Nº 35644/09, “MSU SA c/ EN – Ley 26.351 – ONCCA – Resol 543/08 s/ proceso de conocimiento” y su acumulada Nº 34561/09, “MSU SA c/ En – ONCCA – resol 3406/09 1487/08 s/ Proceso de conocimiento”, del 18/02/15; causa Nº 35244/09, “Nidera SA c/ ONCCA Resol 1487/08, 1898/08, 4773/09 y otros s/ Proceso de conocimiento”, del 31/03/15; causa Nº 40156/2015, “Molinos Cañuelas SACIFIA (TF 30971-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 07/04/16; y causa Nº 21881/2009, “Noble Argentina SA c/ EN-ONCCAResol 2463/09 s/ Proceso de conocimiento”, del 16/03/17, por tratarse de causas sustancialmente análogas la Sala III destacó que: “...este Tribunal ya ha declarado, en diversas oportunidades, la nulidad de las resoluciones ONCCA 1487/2008 y 1898/08, por medio de las cuales el organismo mencionado notificó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) los exportadores de productos agropecuarios que contaban con la mercadería registrada para la exportación en los términos de las Leyes 21.453 y 26.351... En tal sentido, cabe señalar que en los precedentes mencionados se sostuvo que la presunción de legitimidad de las mencionadas resoluciones no podía ser mantenida, puesto que no se hallaba explicitada la motivación ni los antecedentes de hecho referidos a la situación singular de la parte actora. En este sentido, se indicó que sólo se encontraba expresada de modo general la falta de acreditación de la adquisición o tenencia de la mercadería registrada para exportación por parte de los exportadores incluidos en el Anexo I”.
Que la Sala II de la Excma CNACAF, en la causa “Lartirigoyen y Compañía SA c/EN – Mº Economía - ONCCA – Resol. 1487/08 y 5581/10 (S01255788/10) y otros s/ proceso de conocimiento”, con fecha 06/05/2014, confirmó la sentencia dictada en primera instancia y sostuvo que “...la incorporación de la sociedad actora en el Anexo I de la Resolución nº 1487/08 resulta arbitraria e ilegítima en virtud de la orfandad probatoria que presenta el acto impugnado y la falta de impugnación concreta, precisa y objetiva de las defensas y la prueba aportada por la accionante (v. en idéntico sentido el fallo de la Sala III de este Fuero, in re: “Tomás Hermanos S.A. c/ EN-ONCCA -Resolución n° 1487/08- s/amparo ley 16.986, causa nº 16.652/08 ya cit.)” y concluyó que “ ... la incorporación de la sociedad actora en el Anexo I de la Resolución nº 1487/08 resulta arbitraria e ilegítima en virtud de la orfandad probatoria que presenta el acto impugnado y la falta de refutación concreta y objetiva de las defensas y las probanzas aportadas por la accionante”.
Que la Sala IV de la Excma CNACAF, en la causa 25.716/2011/CA1: “Oleaginosa Moreno Hnos. SACFI y A c/ EN – Mº Economía – ONCCA – Resol 1898/08 y 5431/10 s/ proceso de conocimiento”, sent del 18/08/2016, confirmó la sentencia dictada en primera instancia en cuanto declaró la nulidad de las resoluciones 1898/08 y 5431/10 dictadas por la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) destacando que “...distintas Salas de esta Cámara han afirmado que en la resolución 1898/08 no se han expuesto motivos concretos que permitan concluir en la falta de acreditación; máxime cuando se encuentra ínsita en la resolución impugnada una pretensión tributaria cuya configuración en cada caso debe demostrar el propio organismo de control” .
Que la Sala I de la Excma CNACAF, en la sentencia del 12/07/2022, dictada en la causa 1672/2015 “MOLINO CHACABUCO c/ EN-M AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA s/PROCESO DE CONOCIMIENTO”
remitiendo al criterio expuesto en sentencias dictadas por la Sala III, pron del 18/08/2016, resolvió declarar la nulidad de la Resolución ONCCA 1898/2008.
Por último, cabe destacar que la Sala II de la Excma. Cámara, en una causa similar a la de autos, Causa Nº 25.247/2023 “GEAR SAAICFI” (TFN 31.637-A), mediante pronunciamiento del 10/11/2023, resolvió confirmar en todos sus términos el pronunciamiento dictado por este Tribunal Fiscal con fecha 9/11/2022, en cuanto éste revocó una resolución aduanera que rechazaba la impugnación de cargos fundados en la Res. ONCCA Nº 1487/2008, en la inteligencia de que “…corresponde hacer extensivo al caso el criterio pacífico expuesto por la jurisprudencia de la Alzada, al considerar la nulidad y la ilegitimidad de las Resoluciones ONCCA 1898/2008 y 1487/2008…” en una considerable cantidad de procesos que versaban sobre idénticas situaciones jurídicas a la que se ventila en los presentes autos. Dicho decisorio se encuentra actualmente firme, en razón de haberse rechazado con fecha 16/2/24 el recurso extraordinario planteado por el Fisco Nacional.
Que de conformidad con el criterio expuesto en la citada sentencia, y de las constancias obrantes en los presentes actuados, considero que en la presente causa corresponde hacer extensivo el criterio pacífico expuesto por la jurisprudencia de la Alzada, al considerar la nulidad y la ilegitimidad de las Resoluciones ONCCA 1898/2008 y 1487/2008 y siendo ello así, le asiste razón a la actora al plantear en los cuestionamientos que realiza con relación a los Cargos N° 2/12, 3/12 y 4/12, que por los motivos mencionados, carecen de motivación y por ende deben ser revocados.
Que de los antecedentes del caso resulta que la Aduana para dictar la resolución apelada, por la que se rechaza la impugnación de los Cargos N° 2/12, 3/12 y 4/12 se limitó a considerar lo informado por la ONCCA en la cuestionada Resolución ONCCA 1898/2008 (solo respecto de dos DJVE), sin verificar los argumentos expuestos por la exportadora en su impugnación, acerca de la tenencia y/o adquisición de la mercadería involucrada en la causa, por lo que siendo ello así y toda vez que este Tribunal no cuenta con los elementos necesarios para convalidar los fundamentos en que la Aduana basó la resolución apelada, no cabe más que revocar la resolución apelada, con costas al Fisco Nacional (conforme art. 1163 del Código Aduanero).
Ello, sin perjuicio de que la certificación contable acompañada resulte impertinente por referirse a soja y no a maíz, ello no subsana el vicio de origen: la falta de motivación individualizada del antecedente ONCCA. La Administración debía explicitar, caso por caso, las razones por las que tuvo por no acreditada la tenencia, con adecuada ponderación de la documentación obrante. Al no hacerlo, el acto carece de sustento suficiente y los cargos que en él se apoyan devienen inválidos.
Que a mayor abundamiento y teniendo en consideración las limitaciones impuestas por el art 1164 del C.A, cabe mencionar que la “CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CÓRDOBA SECRETARÍA CIVIL II – SALA B” en los autos: “COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS S.A. c/ ENA - AFIP-DGA s/ACCION MERAMENTE DECLARATIVA DE DERECHO”, sent del 16/05/2014 -que ha quedado firme al haberse declarado inadmisible el recurso extraordinario- sostuvo: “...el régimen implementado por la Ley 26.351 implica una modificación de lo establecido por la Ley 21.453. Esto es así, en virtud de que como se expuso, en ésta última se estableció en su art. 6 que a los fines de la liquidación se tendrá en cuenta el régimen tributario vigente a la fecha de cierre de venta, sin otros recaudos más que los establecidos en la propia norma (en lo relativo a la presentación de la DJVE ante la autoridad de aplicación y el plazo prescripto)...por lo que considero que la Ley 26.351 no es meramente aclaratoria de la Ley 21.453, sino que por el contrario impone un nuevo sistema – que aunque aquí no cuestionado- impide que se aplique con anterioridad a su vigencia retroactivamente, por los derechos que vulnera”. Agregó que “... cabe concluir que el objetivo de la Ley 21.453 consistente en la previsibilidad por parte del exportador y comprador de la carga fiscal que deben afrontar, se ve afectado por la aplicación retroactiva de la Ley 26.351. Entiendo que es así, ya que las partes al regirse por la Ley 21.453, concretaron las operaciones considerando que sus costos tributarios quedaban fijados al momento de cerrar la venta, en consecuencia si por la aplicación retroactiva de la Ley 26.351 se aplican las alícuotas incrementadas, el fin perseguido por la Ley 21.453, cual era que las partes sepan al momento de cerrar la operación la suma a pagar en concepto de tributos, pierde su eficacia y razón de ser” y con fundamento en todo ello consideró que “...corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 4º y 5º de la Ley 26.351 y art. 2 del Decreto Nº 764/2008 en cuanto establecen la aplicación retroactiva de sus disposiciones”.
Por ultimo, cabe recordar que los jueces no están obligados a responder todas las alegaciones de las partes, sino sólo las conducentes para decidir (doctrina CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; entre otros). Por ello, abordados y resueltos los puntos dirimentes —motivación del antecedente ONCCA y falta de verificación aduanera—, los planteos restantes devienen inoficiosos.
Por ello, VOTO POR:
Revocar la Resolución N° 384/2012 (AD SANI) y los Cargos N° 2/12, 3/12 y 4/12. Con costas al Fisco Nacional. El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Que adhiero al voto precedente.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE
Revocar la Resolución N° 384/2012 (AD SANI) y los Cargos N° 2/12, 3/12 y 4/12. Con costas al Fisco Nacional.
Regístrese y notifíquese.
Suscriben la presente los Dres. Héctor Hugo Juárez y Juan Manuel Soria por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación (conf. art. 1162 del C.A. y art. 52 del Reglamento de Procedimientos del Tribunal Fiscal de la Nación).
Date: 2025.10.27 16:24:49 ART Date: 2025.10.28 13:45:11 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Hector Hugo Juarez Vocal Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.10.28 13:45:51 -03:00
Fin de la sentencia