Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 31637-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Estado Nacional y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento del TFN de fecha 9/11/2022, en todos sus términos, con costas; y
2Modificar la regulación de fecha 14/12/2022, elevando los emolumentos allí fijados y regular los de alzada, conforme lo expresado en el considerando XV.
25.247/2023 GEAR SAAICFI (TF 31637-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo Buenos Aires, 10 de noviembre de 2023.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento de fecha 9/11/2022 el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la Resolución N° 348/2012 del Administrador de la Aduana de Santa Rosa que había rechazado la impugnación entonces formulada por la firma actora contra los cargos nros. 10/2012 y 11/2021- y, en consecuencia, los dejó sin efecto, con costas al Fisco Nacional.
Para así decidir, reseñó que los cargos cuestionados se fundaron en razón de lo indicado en la Resolución n° 1487/2008 del Organismo Nacional de Control Comercial Agropecuario. Concretamente, señaló que “los cargos aludidos se formularon en razón de lo indicado en la Resolución ONCCA nro. 1487/2008, en la que se ha informado a la Aduana, en lo que aquí importa, que la firma recurrente no acreditó la tenencia de la mercadería amparada por las DJVE [Declaraciones Juradas de Venta Exterior] LEY 21453 [que allí detalla]”.
Señaló que la resolución 1487/08 constituye un acto administrativo, dictado por la ONCCA en ejercicio de funciones encomendadas legal y reglamentariamente (art. 3 de la ley 26.351, art. 3 del decreto 764/08 y arts. 12 y 13 de la resolución ONCCA 543/08) a tal organismo, por lo cual el efecto jurídico de ese acto alcanza directamente al particular dado que a través del mismo, la ONCCA le informó a la AFIP-DGA el cumplimiento o incumplimiento del requisito de la tenencia de mercadería en los términos del art. 1° de la ley 26.351, lo que habilitó a aquélla a reclamar el importe correspondiente a la diferencia entre la alícuota más baja de derechos de exportación y la más alta en aquellos casos en los que se consideró que no se había acreditado la tenencia de la mercadería amparada por las DJVE involucradas en la causa.
Respecto de las resoluciones ONCCA nros. 1487/08 y 1898/08, indicó que esta Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal se había expedido en diversas oportunidades declarando la ilegitimidad de tales resoluciones, en el marco de demandas interpuestas por una serie de empresas cerealeras que, como la firma actora, se habían visto afectadas por lo informado por la ONCCA, echando por tierra la presunción de legitimidad de las resoluciones mencionadas.
Citó jurisprudencia de la Excma. Cámara del Fuero.
Añadió que la Sala B de la Cámara Federal de Córdoba al resolver la causa: “Compañía Argentina de Granos S.A. c/E.Na. - A.F.I.P. - D.G.A. s/acción meramente declarativa de derecho” (expediente N° 52.030.016/2009) el 16/5/2014, la cual ha quedado firme al haberse declarado inadmisible el recurso extraordinario, sostuvo que: “… el régimen implementado por la ley 26.351 implica una modificación de lo establecido por la ley 21.453. Esto es así en virtud de que como se expuso en esta última se estableció en su art. 6 que a los fines de la liquidación se tendrá en cuenta el régimen tributario vigente a la fecha de cierre de ventas sin otros recaudos más que los establecidos en la propia norma…por lo que considero que la ley 26.351 no es meramente aclaratoria de la ley 21.453 sino que por el contrario impone un nuevo sistema… que impide que se aplique con anterioridad a su vigencia retroactivamente por los derechos que vulnera… Entiendo que es así ya que las partes al regirse por la ley 21.453 concretaron las operaciones considerando que sus costos tributarios quedaban fijados al momento de cerrar la venta en consecuencia así por la aplicación retroactiva de la ley 26.351 se aplican las alícuotas incrementadas el fin perseguidos por la ley 21,453… pierde su eficacia y razón de ser... considero que corresponde declarar la inconstitucionalidad del artículo 4° y 5° de la ley 26.351 y el artículo 2.del decreto 764/2008 en cuanto establecen la aplicación retroactiva de sus disposiciones”.
En tales condiciones, los vocales declararon la ilegitimidad y nulidad de las Resoluciones ONCCA N° 1898/2008 y N° 1487/2008. Sentado ello, agregaron que “de las actuaciones administrativas resulta que la Aduana para dictar la resolución apelada, se limitó a aplicar lo informado por la ONCCA en la cuestionada Resolución 1487/2008, sin verificar los argumentos expuestos por la exportadora en la impugnación acerca de la tenencia y/o adquisición de la mercadería involucrada en la causa había sido acreditada ante la instancia de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuaria, ni considerar el informe contable acompañado por la recurrente a fin de acreditar que la firma poseía el cereal necesario para cubrir las exportaciones que dieran origen a los cargos involucrados en la causa, por lo que siendo ello así y toda vez que este Tribunal no cuenta con los elementos necesarios para convalidar los fundamentos en que la Aduana basó la resolución apelada y los cargos por ella confirmados, no cabe más que revocar los mismos, con costas al fisco nacional”.
Por último, el Tribunal declaró la invalidez de la Resolución N° 125/2008 del Ministerio de Economía y Producción, que estableció un cambio en el método de cálculo variable de las alícuotas del derecho de exportación de cereales, oleaginosas y sus subproductos, a la luz del criterio expuesto por la CSJN en la causa “Camaronera Patagónica SA c/Ministerio de Economía y otros s/amparo”, sentencia del 15/04/2014, por considerar que las mismas emanaron del Poder Ejecutivo y no recibieron ratificación por ley. II.- Que contra dicho pronunciamiento, con fecha 7/02/2023, interpuso recurso de apelación la demandada, expresando agravios el 1/03/2023, los que fueron contestados por la contraria el 28/03/2023.
Con fecha 20/09/2023, el señor Fiscal de Cámara emitió su dictamen.
III. Que mediante el pronunciamiento del 14/12/2022 el Tribunal Fiscal de la Nación reguló los honorarios del Dr. Benítez Cruz por la labor desarrollada en el doble carácter de letrado apoderado y patrocinante de la parte actora, en tres etapas del proceso, en la suma de $ 118.650, con más la suma de $24.916,50, en concepto de IVA.
Contra dicho pronunciamiento interpusieron sendos recursos de apelación el letrado de la parte actora con fecha 23/12/2022 (por bajos) y el Fisco Nacional con fecha 28/12/2022 (por altos).
IV. Apelación de la demandada:
En su presentación, el fisco se agravió de la sentencia del Tribunal Fiscal por considerar que ella implica una lectura errónea de los argumentos y de la cuestión debatida en autos.
Indicó que el decisorio “no tiene en cuenta que los Cargos Nros. 10 y 11 del 2012 […] tienen fundamento en base a la Resolución ONCCA N° 1487/2008 y 1898/2008”, por lo cual “sin pronunciarse al respecto –que fundamentan los cargos en sí mismos- resuelve haciendo un somero análisis sobre la ley 26.351, pero no realmente respecto al fondo de la cuestión”.
En ese orden, destacó que “la actora no acredita haber impugnado las Resoluciones ONCCA en cuestión por medio de recurso de alzada ni tampoco abona haber requerido la inconstitucionalidad de la Ley que da fundamento a dichas Resoluciones. Así, lo resuelto por el Tribunal resulta carente de todo fundamento jurídico, atendiendo a las limitaciones propias que tiene ese órgano jurisdiccional para el pronunciamiento del análisis constitucional, lo cual excede el alcance de esa jurisdicción conforme la disposición del art. 1164 del CA”. En cuanto al fondo del asunto, arguyó que el comercio exterior requiere previsibilidad, por lo cual fue necesario permitir a los exportadores cumplir con sus compromisos, tal como fueron pactados, sin que ello afectara su legítimo negocio. Puntualmente, sostuvo que el exportador debe poder prever sus costos para cumplir sus contratos conforme los precios convenidos sin que se afecte su ecuación económica, lo cual explica el funcionamiento del régimen legal aplicable. No obstante, manifestó que ese fin (previsibilidad y estabilidad del régimen legal) “desautoriza la idea de una carta abierta que brinde la posibilidad de hacer un negocio en desmedro del Estado, desvirtuando el régimen legal ([…] la posibilidad de sustituir unilateralmente alícuotas), dado que ello obviamente no fue lo que tuvo en miras el legislador”.
Asimismo, se pronunció a /favor de la validez de la Ley n° 26.351, manifestando que esa norma tuvo por finalidad aclarar el alcance y aplicación de la Ley n° 21.453 ante el incremento de las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios.
Indicó que para la sanción de la Ley n° 26.351 “se tuvo en cuenta que, generalmente, ante la expectativa de un inminente cambio normativo que incremente las alícuotas de derechos de exportación, se produce un sustancial aumento en el número de Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior por parte de los exportadores”.
Manifestó que “el sistema es coherente al exigir al exportador que al momento de la venta ‘verdaderamente’ pueda acreditar que tiene en su poder la mercadería o al menos pueda acreditar que la adquisición de tales productos fuese con anterioridad al incremento de las alícuotas”.
En síntesis, entendió razonable el criterio sentado en la Ley puesto que “los exportadores que acrediten de modo fehaciente la tenencia o en su caso la adquisición de los productos agropecuarios con anterioridad al incremento en la alícuota se verán beneficiados con la alícuota menor; no así aquellos que no lo acrediten”.
A continuación, alegó que las Resoluciones ONCCA N° 1487/2008 y 1898/2008 gozan de presunción de legitimidad, y reiteró la “imposibilidad de declarar la inconstitucionalidad de una norma” que tiene el Tribunal Fiscal. En este sentido, argumentó que otras Salas del Tribunal Fiscal han sustentado criterios distintos sobre el tema, en particular considerando la limitación del artículo 1164 del Código Aduanero.
V. Que, de manera inicial debe recordarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las argumentaciones que pongan a consideración del Tribunal, sino tan solo aquéllas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre otros).
VI. Que, asimismo, en forma preliminar corresponde señalar que, contrariamente a lo alegado por la recurrente, la resolución ONCCA n° 1487/08 fue expresamente impugnada por la actora en el Cap. IV c) del recurso de apelación interpuesto ante el Tribunal Fiscal de la Nación y descalificada en el Considerando VII de la resolución del organismo jurisdiccional administrativo -aquí impugnado-, que revocó la resolución aduanera (AD ROSA) n° 348/2012.
VII. Que, sentado ello y a fin de resolver la cuestión traída a conocimiento del Tribunal, corresponde precisar que, de las actuaciones administrativas n° 13289-4208-2012 se desprende que: a) 10/02/2012, la Aduana intimó el pago de la suma de U$S 151.792,70, en concepto de diferencias en el pago de derechos de exportación a través de los cargos FE nº 10/2012 y 11/2012 (U$S 24.905 y U$S 126.887,70, respectivamente). En el informe técnico nº 46/11, consideró que correspondía ajustar la alícuota declarada, en atención a lo resuelto en las resoluciones 1487/08 y 1898/08 (ONCCA) (v. fs. 10 de las actuaciones administrativas); b) el 1/03/2012, GEAR SA impugnó en sede aduanera los cargos, con fundamento en la inconstitucionalidad de la ley 26.351, el decreto 764/04 y la resol. ME y P n° 125/08 (cfr. fs. 1/6 vta. del expediente administrativo); c) el 13/06/2012, la demandada rechazó el procedimiento de impugnación, en tanto consideró que la causa de la imposición había sido la inclusión de la actora en la nómina de la resolución ONCCA nº 1487/08 (v. resolución AD ROSA n° 348/2012, fs. 43/48); d) El 29/06/2012, la accionante interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación y solicitó la revocación de la resolución antes mencionada, en los términos del art. 1132, inc. a del CA (v. fs. 23/42 vta. de la presente causa).
VIII. Que, en el caso en examen, el reclamado formulado en concepto de diferencias de derechos de exportación, fue consecuencia de la inclusión de la actora en la nómina de la resolución ONCAA nº 1487/08 y 1898/08.
IX. Que, a fin de comprender acabadamente el caso planteado, corresponde efectuar una reseña de la normativa involucrada.
En tal examen, comiéncese por recordar que en lo que hace a los derechos de exportación (artículo 724 del Código Aduanero), el régimen prevé -como principio general- que ha de aplicarse el establecido por la norma vigente en la fecha del registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo (artículo 726 del Código Aduanero).
Sin perjuicio de ello, por ley 21.453 (BO 11/11/1976) se estableció un régimen especial para la venta al exterior de los productos de origen agrícola indicados en su planilla anexa (entre los cuales figuraba la mercadería producida y exportada por la firma actora), según el cual a los fines de la liquidación de los derechos de exportación, reembolsos, reintegros, contribuciones, tasas, servicios y demás tributos que gravaran o beneficiaran la operación, serían de aplicación los regímenes tributarios, de alícuotas, arancelario y de base imponible (precio índice, valor FOB, valor FOB mínimo o equivalente) vigentes a la fecha de cierre de cada venta (conf. su artículo 6º).
Las previsiones de la ley 21.453 se mantuvieron inalteradas hasta que se sancionó la ley 26.351 (BO 16/01/2008), por la que se estableció que cuando se produjera un incremento en más de las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios alcanzados por las disposiciones de la ley 21.453, en el período comprendido entre el registro de la DJVE y el de la oficialización de la correspondiente destinación de exportación, los exportadores deberán acreditar de modo fehaciente la tenencia o en su caso la adquisición de tales productos con anterioridad al aludido incremento (conf. su artículo primero); caso contrario, deberían tributar la mayor alícuota por tal concepto, entre las vigentes a la fecha del registro de las DJVE o a la fecha de oficialización de las respectivas destinaciones de exportación (conf. su artículo 2°).
La SAGPyA fue designada como la autoridad de aplicación, otorgándole facultades para dictar la correspondiente norma reglamentaria a fin de establecer, los requisitos para acreditar los extremos a que alude el artículo 1º e informar a la AFIP las DJVE comprendidas en las disposiciones del artículo anterior (conf. su artículo 3°). En lo que hace a su alcance temporal, se dispuso que quedaban alcanzadas por las disposiciones del artículo 1º, aún aquellas DJVE registradas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley (conf. su artículo 4°). La norma fue catalogada como de orden público y aclaratoria de la ley 21.453, entrando en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Nación (conf. su artículo 5º) y que derogaba toda otra disposición que se opusiera a sus previsiones (conf. su artículo 6º).
Dicha norma fue reglamentada por decreto 764/2008 (BO 13/5/2008). En esa oportunidad, se dispuso que: -por incremento en las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios alcanzados por las disposiciones de la ley 21.453 en los términos del artículo 1º de la ley 26.351, debía entender aquellos que fueran consecuencia de una modificación en la normativa aplicable (conf. su artículo 1°); -las disposiciones de la ley 26.351 serían aplicables a las operaciones de ventas al exterior debidamente registradas en los términos de la ley 21.453, cuando la oficialización de las respectivas destinaciones de exportación fuera posterior al 9/11/2007 (conf. su artículo 2°); -la ONCCA llevaría el registro de las declaraciones juradas de ventas al exterior a que se refiere la ley 21.453; debiendo dictar la normativa correspondiente para establecer los requisitos necesarios para acreditar los extremos a que alude el artículo 1º de la ley 26.351 y para informar a la AFIP las DJVE comprendidas en el artículo 2º de esta última norma (conf. su artículo 3°). Por tanto, hasta tanto fuesen establecidos tales estándares, todos los pagos por derechos de exportación correspondientes a esas presentaciones, serían considerados a cuenta de la liquidación que en definitiva correspondiera, debiendo darse estricto cumplimiento a las previsiones contempladas en los artículos 8º y 9º de la ley 21.453 y sus modificatorias (conf. su artículo 4°); y -a los fines de lo previsto en el artículo 1º de la ley 26.351, no se consideraría la tenencia que se ejerciera por cuenta ajena, sin facultad de usar o disponer del producto (conf. su artículo 5°). De sus considerandos se desprende que para su dictado se tuvo en miras que por medio de la ley 26.351 se perseguía evitar que ante un inminente cambio normativo que aumentase los derechos de exportación, se registraran operaciones con el fin de tributar con la alícuota menor.
Al amparo de lo hasta aquí reseñado, la ONCCA dictó las resolución 1487/2008 por medio de la cual informó a la AFIP las DJVE de productos derivados de la soja, respecto de las cuales no se habían acreditado la tenencia o la adquisición de las mercaderías registradas, debiendo tributar las empresas mencionadas en el Anexo I de la mentada resolución -entre las cuales figuraba la firma actora respecto de las dos DJVE por las que inició la presente contienda- las alícuotas correspondientes a la fecha de la oficialización de la destinación de exportación.
De sus considerandos se desprende que el Área de Coordinación de Comercio Exterior, con los datos obtenidos de la base que llevaba la Coordinación de Gestión Estratégica de la Información, había determinado los extremos a los que aludía el artículo 1º de la ley 26.351 (adquisición o tenencia), en los términos del artículo 5º del decreto 764/2008; que el informe involucraba 243 declaraciones juradas, por un total de 8.654.150 toneladas de soja a granel (SIM 12.01.00.90.19.0N) y soja desactivada a granel (SIM 12.01.00.90.11.0N) en relación a la cosecha 2007/2008 y que la Coordinación del Área Legal y Técnica de esa Oficina Nacional había tomado la intervención que le competía. Mediante Nota Externa 47/2008 (BO 10/7/2008) la AFIP - DGA estableció el procedimiento que deben seguir sus dependencias para recalcular las bases imponibles y las alícuotas declaradas en las DJVE en función de lo informado por la ONCCA en la resolución 1487/2008.
En síntesis, se dispuso que en el caso de las exportaciones para consumo que se registraran a partir de su entrada en vigencia, al momento de la presentación de la destinación aduanera de exportación para consumo, el Servicio Aduanero debería controlar si la DJVE que se hubiera invocado, se encontraba detallada en la resolución 1487/2008; en cuyo caso, se compararían las alícuotas en concepto de derecho de exportación, informadas tanto en la DJVE como en la destinación sujeta a su control, debiendo figurar la mayor en la autoliquidación a analizar. Asimismo, se exigiría la documentación fehaciente que acreditase la fecha en que se perfeccionó el contrato de compraventa; en caso en que el exportador no pudiera demostrar tal situación, la base imponible aplicable sería el precio FOB oficial vigente a la fecha de registro de destinación de exportación para consumo, sujeta a control. Finalizado el control, en caso de haberse detectado diferencia de alícuotas y/o bases imponibles, el Servicio Aduanero procedería a confeccionar una liquidación manual de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, por ambos conceptos.
X. Que, en el caso en examen la firma actora registró ante la Secretaría de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentos en agosto de 2007 la declaración jurada de venta al exterior AGRÍC 61518 (08052DJVE348E) y en octubre de 2007 la declaración jurada de venta al exterior AGRÍC 65867 (08052DJVE340T)
exteriorizando la venta -conforme a las disposiciones de la ley 21.453-, de porotos de soja a ser embarcada con destino al exterior, durante los meses de mayo a julio de 2008.
Al momento de registrarse la operación -respecto del poroto de soja, mercadería clasificada en la posición arancelaria SIM 1201.00.90.190N-, estaba gravada con el derecho de exportación del 27,7% fijado por la resolución ME n° 10/07. En cumplimiento de las ventas antes mencionadas la actora efectuó las exportaciones documentadas en los Permisos de Embarque nros.
08052EC014583 Y y 7310F, que motivaron los cargos objeto de autos.
Sin embargo, en atención a que la DJVE antes citada, fuera incluida en el Anexo I de la resolución ONCCA 1487/2008, la Aduana de Rosario formuló los cargos 10/2012 y 11/2012, que dieron origen a la presente controversia reclamando a la exportadora la diferencia entre el derecho de exportación pagado y los que surgirían de aplicar la resolución ME n° 125/2008. Puntualmente se reclamó a la actora la diferencia entre la alícuota del 27,5% abonada y las alícuotas móviles resultantes de la resolución 125/2008, a saber: 41,09% para el permiso PE 4583Y y 47.2% para el PE 7301F, por el importe total de U$S 151.792,70.
XI. Que la cuestión suscitada en autos encuentra respuesta suficiente en la solución adoptada por este Tribunal al resolver la causa 15.294/2011 “Lartirigoyen y Compañía SA c/EN - Mº Economía - ONCCA - Resol. 1487/08 y 5581/10 y otros s/proceso de conocimiento”, cuyo pronunciamiento data del 6/5/2014; actuaciones en la que el 4/11/2014 la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible el recurso extraordinario intentado por el Estado Nacional, cuya denegatoria dio origen a la correspondiente presentación directa (ver expediente L.427.L.RHE).
En esa oportunidad, este Tribunal confirmó la sentencia dictada en primera instancia por la que se declaró la nulidad de la resolución ONCCA 1487/2008 por no haber sido explicitados los motivos concretos que permitían a la autoridad de aplicación concluir en la falta de acreditación de la tenencia o adquisición de la mercadería que la allí accionante (otra empresa exportadora) declarara en forma previa al 9/11/2007 y por el hecho que la prueba colectada permitía tener por corroborado que en forma previa a verificarse el aumento de alícuotas, la compañía involucrada contaba con granos suficientes como para respaldar las cantidades comprometidas en las DJVE registradas.
Para así decidir, al margen de la valoración de la prueba rendida en dicha causa y de ciertas deficiencias recursivas puestas de manifiesto en los Considerandos IX, X y XI, se sostuvo que:
*) era la ONCCA el organismo competente para establecer los requisitos tendientes a verificar la adquisición y tenencia de la mercadería objeto de exportación con anterioridad al incremento de las alícuotas y resolver si el exportador había acreditado la tenencia de la mercadería objeto de las DJVE incluidas en el Anexo I de la resolución 1487/2008;
*) era evidente la contradicción en que incurría la Administración al alegar, por un lado, que la resolución 1487/2008 gozaba -como todo acto administrativo de la presunción de legitimidad y por ende resultaba obligatoria y exigible (pudiendo la autoridad administrativa hacerlo cumplir coercitivamente por sí o por terceros) y, por otro, que el mentado precepto era un acto meramente preparatorio y no vinculante, que se limitaba a asesorar a otro organismo, por lo que resultaba irrecurrible tanto en sede administrativa como judicial;
*) el artículo 1º, inciso f), apartado 3º de la ley 19.549 reconoce y garantiza al particular el derecho a una decisión fundada, con expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas y que el artículo 7º, inciso e) de la misma norma no abre camino al arbitrio administrativo, puesto que exige que todo acto se encuentre motivado;
*) toda decisión administrativa que afecte derechos de los particulares debe responder a una motivación suficiente y resultar la derivación razonada de sus antecedentes de hecho y derecho, de modo tal que se encuentren cabalmente a resguardo las garantías constitucionales en juego, como son -entre otras- las tuteladas por los artículos 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional, puesto que se trata de una exigencia que por imperio legal es establecida como elemento condición para la real vigencia del principio de legalidad en la actuación de los órganos administrativos;
*) las normas que reglamentan la aplicación de la ley 26.351 establecen que el controlador considerará toda la documentación que estime necesaria para la constatación efectiva de la tenencia o adquisición de los granos, por lo que el procedimiento no podría agotarse en el examen de la información derivada de los formularios “C18” de compra de mercadería para exportación;
*) corresponde a la Administración verificar el incumplimiento del régimen legal, dando cuenta al respecto de los extremos de hecho y de derecho que configuran el tipo infraccional involucrado; y *) conforme lo establece el artículo 377 del código de rito, la carga de la prueba incumbe a aquella parte que afirme la existencia de un hecho controvertido, la cual recae sobre el Estado Nacional en el supuesto aquí analizado, en tanto y cuanto pretende sustentar un cargo basado en extremos fácticos que invoca en contra del particular y que, por ende, ha de probar de manera objetiva y suficiente.
XII. Que lo hasta aquí señalado sella la suerte del recurso intentado, el cual resultó insuficiente para enervar los sólidos fundamentos del tribunal a quo para considerar arbitraria e ilegítima la resolución ONCCA 1487/2008 por falta de fundamentación y por considerar probada la tenencia de la mercadería declarada (certificación contable que acredita que la actora tenía el cereal necesario para cubrir las exportaciones, objeto de autos -fs. 29/40 act. adm.-), argumentos centrales que no fueron debidamente controvertidos por la presentación bajo examen.
En consecuencia y como natural corolario de los desarrollos que anteceden, corresponde desestimar los agravios impetrados por la recurrente, y en su consecuencia, confirmar la sentencia apelada.
XIII. Que resta aclarar que en razón del modo en que se decide, se torna innecesario analizar el planteo de inconstitucionalidad esbozado por la accionante respecto de la ley 26.351; en relación al cual esta Sala, producto de un encuadre distinto de la cuestión aquí suscitada, se pronunció en autos 35.048/2009 “Agro Uranga SA c/Organismo Nacional de Control Comercial Agrop. (ONCCA) y otros s/ proceso de conocimiento”, sent. del 22/10/2015, al “declarar la inconstitucionalidad de los artículos 4º y 5º de la ley 26.351 y el artículo 2º del decreto Nº 764/2008 -en tanto dispusieron la aplicación retroactiva de sus directivas- y su correspondiente inaplicabilidad a las D.J.V.E. registradas por Agro Uranga S.A. que fueron incluidas en el Anexo I de la resolución O.N.C.C.A. Nº 1.487/2008, cuya invalidez en lo que a ella le compete -con sustento en lo antedicho- aquí también se decide”.
XIV. Que las costas de esta instancia se imponen al demandado por no advertir motivos valederos para apartarse del principio objetivo de la derrota (conf. primera parte del artículo 68 del CPCCN).
Por lo expuesto, corresponde desestimar el recurso de apelación interpuesto por el Estado Nacional (Ministerio de Agroindustria), con costas de esta Alzada a su cargo, y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento del TFN de fecha 9/11/2022, en todos sus términos.
XV. Que a fin de tratar los recursos interpuestos; en primer término, cabe señalar que, mediante la regulación de honorarios se busca compensar de modo adecuado la tarea desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa. Para ello debe ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito.
Además a fin de lograr una retribución equitativa y justa no resulta conveniente tan sólo la aplicación automática de porcentajes previstos en los aranceles, en la medida en que las cifras a las que se arriba pudieren conducir a una evidente e injustificada desproporción con la obra realizada. Tal proceder, limitaría la misión del Juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etc. (conf. esta Sala ‘in re’ "Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/E.N. -M° de Salud y Acción Social- y otro s/Juicios de Conocimientos" del 30 -XII-97 y “Estado Nacional (M.O.S.P. y E.) c/Baiter S.A. “ del 2-IV-98, entre otras), razón por la cual se impone la adecuada y prudente ponderación de la totalidad de los factores que conducen a la ajustada valoración de la tarea profesional. Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (C.S. Fallos: 270:388; 296:124, entre muchos más).
Y, recientemente en la causa “Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/Misiones, Provincia de s/acción declarativa”, sentencia del 4/09/2018 (Fallos:341:1063), sostuvo, en cuanto a la ley aplicable a los trabajos cumplidos con anterioridad a la entrada en vigencia la ley 27.423 y su promulgación parcial dispuesta por decreto 1077/17 que, en el caso de los trabajos profesionales, el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, por lo que el nuevo régimen legal, no es aplicable a los procesos fenecidos o en trámite, en lo que respecta a la labor desarrollada durante las etapas procesales concluidas durante la vigencia de la ley 21.839 y su modificatoria ley 24.432, o que hubieran tenido principio de ejecución y agregó que a los fines arancelarios, los intereses no integran el monto del juicio (v. Cons. 3° y 4° del voto mayoritario). Cabe señalar que el tratamiento de los recursos se lleva a cabo abordando la regulación según la ley aplicable a cada lapso de actuación profesional cumplida, siguiendo las pautas interpretativas fijadas por el Alto Tribunal en el mencionado precedente, por lo que corresponde modificar la regulación de fecha 14/12/2022, elevando los emolumentos allí fijados.
Que sobre la base de las consideraciones precedentemente expuestas, cabe tener en cuenta la naturaleza del asunto, resultado y montos involucradosconf. fs. 1(F4, resoluciôn Nro. 348/2012, dictada el 13 de junio de 2012), convertido a pesos, lo resuelto con fecha 09/11/2022 y precedentemente-; atento al mérito, calidad, eficacia y extensión de los trabajos profesionales desarrollados durante las dos etapas del pleito cumplidas, corresponde modificar los honorarios, fijando en la suma de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ($96.500) y PESOS OCHOCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS ($811.936) – equivalente a 32 UMA, por la tercera etapa- los emolumentos del DR. ENRIQUE BENITEZ CRUZ, letrado apoderado, actuante en la defensa de la actora (arts. 6, 7, 9, 19, 22, 37, 38 y ccdtes. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432 y arts. 16, 20, 21,24, 29, 44 inc. b) y ccdtes. de la ley 27.423 – Dto. 1077/17).
Por las tareas efectuadas en la alzada, atento el resultado obtenido y el modo en que se impusieron las costas, corresponde regular en la suma de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE ($735.817) - equivalente a 29 UMA-; los emolumentos del DR. ENRIQUE BENITEZ CRUZ, letrado apoderado,actuante en la defensa de la actora (arts. 16, 20, 24, 29, 30, 44 inc b) y ccdtes. de la ley 27.423).
El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala in re "Beccar Varela Emilio-Lobos Rafael Marcelo c/Colegio Públ. de Abog." del 16 de julio de 1996).
Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga.
Por lo expuesto, este Tribunal RESUELVE: 1°) rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Estado Nacional y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento del TFN de fecha 9/11/2022, en todos sus términos, con costas; y 2°) modificar la regulación de fecha 14/12/2022, elevando los emolumentos allí fijados y regular los de alzada, conforme lo expresado en el considerando XV. Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia