Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 38.252-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución Nº 820/2017 (AD MEND) dictada por el Jefe de Departamento de la Aduana de Mendoza, en la actuación SIGEA N°12438-447-2013, en cuanto rechaza la impugnación deducida contra los cargos N° 13038LMAN02799S, 13038LMAN023810C, 13038LMAN023807X y 13038LMAN023809K, relacionados con el tránsito suspensivo de las importaciones 13038TRAS012062R, 13038TRAS012063S, 13038TRAS012044R y 13038TRAS012043Z, respectivamente, declarando que los tributos adeudados, ascienden a DOLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRES CON 04/100 (U$S 33.403,04. Dicha suma deberá convertirse al tipo de cambio vendedor, que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 3 y 4 de la Resolución General AFIP N° 3271/02, con más los intereses correspondientes en los términos del art. 794 del C.A.
2Costas conforme los mutuos vencimientos, los que se estiman en un 56% a cargo de las actoras y en 44% a cargo del Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-46913459-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 11 de Mayo de 2026 38.305-A; ESPINDOLA JUAN ALBERTO Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Miguel Nathan Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de dictar sentencia en el Expte. N° 38.252-A caratulado “GEFCO ARGENTINA S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” (y su acumulado el Expte. N° 38.305-A caratulado "ESPINDOLA JUAN ALBERTO c/ DGA s/ recurso de apelación”).
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Se trata de resolver en autos, si resulta ajustada a derecho la Resolución Nº 820/2017 (AD MEND) dictada por el Jefe de Departamento de la Aduana de Mendoza, en la actuación SIGEA N°12438- 447-2013, en cuanto rechaza la impugnación deducida contra los cargos N° 13038LMAN02799S, 13038LMAN023810C, 13038LMAN023807X y 13038LMAN023809K, relacionados con el tránsito suspensivo de las importaciones 13038TRAS012062R, 13038TRAS012063S, 13038TRAS012044R y 13038TRAS012043Z, respectivamente. Mediante los cuales se intima a las empresas TRANSPORTES ZONA CENTRAL S.P.A., GEFCO ARGENTINA S.A., y al Agente de Transporte Aduanero ESPINDOLA, JUAN ALBERTO, al pago de la suma de U$D 59.203,15 en concepto de tributos adeudados, con más los intereses del art. 794 C.A.
II. Fundamentos del recurso:
Co-actora GEFCO ARGENTINA S.A.: A fs. 19/23 vta., se presenta la firma GEFCO ARGENTINA S.A por medio de su apoderado, e interpone recurso de apelación contra la mencionada resolución. Hace una breve reseña de los hechos. Seguido a ello, opone excepción de legitimación y en subsidio invoca el beneficio de excusión. Esgrime la improcedencia del reclamo tributario reclamado, para ello, se refiere al alcance del art. 315 del C.A. y a la doctrina sentada por la CSJN en el fallo “TEVELAM”, respecto de este último punto, sostiene que, en el caso de marras, se cumplió con el deber de custodia. Solicita, en subsidio, que se dejen sin efecto los tributos reclamados debido a que conforme los certificados de origen la mercadería gozaba de una preferencia arancelaria del 100 %. Finalmente, ofrece prueba que hace a su derecho. Hace reserva federal y solicita que se revoque la resolución apelada en autos, con costas.
Co-actora ATA: A fs. 44ref./48ref. se presenta el Agente de Transporte Aduanero ESPINDOLA JUAN ALBERTO por medio de su patrocinio letrado, e interpone recurso de apelación contra la mencionada resolución. Esboza una breve reseña de los hechos. Luego, plantea la nulidad de la notificación de la resolución apelada, toda vez que no se observaron las formas establecidas en la legislación aplicable. Manifiesta que la resolución apelada no efectuó una valoración correcta de la prueba producida, ni de la última parte del art. 315 del C.A. Cita la doctrina sentada por la CSJN en el fallo “TEVELAM” y ofrece prueba que hace a su derecho. Hace reserva federal y solicita que se revoque la resolución apelada en autos, con costas.
III. Contestación del traslado: A fs. 77/82, la representación fiscal contesta el traslado del recurso interpuesto por las co-actoras en autos, y acompaña las actuaciones administrativas de la presente causa. Niega todos y cada uno de los hechos y derechos invocados, que no fueran objeto de su expreso reconocimiento. Continúa su relato presentando su valoración respecto del artículo 315, tanto del alcance como del sentido que buscó darle el legislador. Específica que el art. 312 refiere a la responsabilidad por dichos hechos, colocándola en cabeza del transportista o su agente. Seguidamente, sostiene que, a los fines estrictamente tributarios, resulta indiferente la existencia o inexistencia de causa penal por contrabando. Cita doctrina y jurisprudencia. Frente al planteo de nulidad interpuesto por el ATA sostiene que la resolución fue notificada correctamente. Hace reserva federal y solicita que se rechace los recursos invocados, con costas.
IV. Que de la Actuación Nº 12438-447-2013 obra a fs. 1/2 la Nota nro. 585/13 por medio de la cual el ATA informa a la Aduana que tres camiones de la empresa TRANSPORTES ZONA CENTRAL SPA (conf. fs. 10/13) fueron robados junto con la mercadería que transportaban. Seguido a ello, se acompaña copia del certificado de denuncia del Sr. Adrián Fourcade, en su carácter de representante legal de TRANSPORTES ZONA CENTRAL S.P.A, de fecha 17/04/2013 (conf. fs. 3). A fs. 22, obra Nota N° 64/2013 emitida por la Aduana de Mendoza mediante la cual se eleva la denuncia del robo de mercadería en tránsito. A fs. 23, con fecha 19/04/2013 se ordena la interdicción de los tres camiones y sus respectivos semi, el aforo de mercadería y se formula cargo por tributos debidos.
A fs. 24/25 obra copia impresa de la comunicación vía e-mail, emitida por la Aduana de Mendoza, con destinatario a todas las Aduanas, de la denuncia de robo de tránsitos varios por parte del ATA. A fs. 26 obra copia de la planilla de clasificación y aforo n° 163/2013. De fs. 27 a 38 obran copias de las notificaciones de deuda emitidas por el Jefe de la Sección de Contabilidad de la Aduana Mendoza dirigidas a TRANSPORTES ZONA CENTRAL S.P.A (de fs. 27 a 30), a ESPINDOLA JUAN ALBERTO (de fs. 31 a 34) y a GEFCO ARGENTINA S.A. (de fs. 35 a 38). Frente a ello, a fs. 41 ref./64 ref. el ATA, por derecho propio, interpone múltiples recursos de impugnación a los cargos exigidos por el Servicio Aduanero, a saber, impugnación del cargo N° 13038LMAN023809K de fs. 41 ref. a 45 ref., impugnación del cargo N° 13038LMAN023807X de fs. 49 ref. a 53 ref., impugnación de los cargos N° 13038LMAN023799S y 13038LMAN023810C acompañando también los certificados de denuncia de robo realizados por los conductores de los camiones.
A fs. 65 ref./67 ref. TRANSPORTES ZONA CENTRAL S.P.A. mediante su representante legal, interpone recurso de impugnación contra los cargos N° 13038LMAN023809K, 13038LMAN023807X, 13038LMAN023799S y 13038LMAN023810C. A fs. 78 ref. el ATA, en representación de su cliente GEFCO ARGENTINA S.A., acompaña copia simple del recurso de impugnación con planteo de nulidad de los cargos mencionados en referencia. A fs. 89 ref., el Administrador de la Aduana de Mendoza, hace efectivo el apercibimiento obrante en las notificaciones de deudas referidas precedentemente (ver fs. 27 ref. /30 ref.) y, en este sentido, suspende el libramiento de mercadería y procede al embargo de la misma pertenecientes a la firma TRANSPORTES ZONA CENTRAL S.P.A.
Como consecuencia, a fs. 91 ref./92 ref., la firma TRANSPORTES ZONA CENTRAL S.P.A. constituye garantía, y acompaña copias de las respectivas autorizaciones emitidas por la Coordinación de Transportes de Cargas (ver fs. 93 ref. / 96 ref.). A fs. 99 ref./103 ref. el Jefe de la División Aduana de Mendoza dispone el levantamiento del embargo referido anteriormente. A fs. 104 ref./107 ref. se presenta la firma GEFCO ARGENTINA S.A. e interpone recurso de impugnación contra los cargos N° 13038LMAN023809K, 13038LMAN023807X, 13038LMAN023799S y 13038LMAN023810C. Seguido a ello, acompaña los certificados de origen de la mercadería referida en autos, a saber, C.O. N° 00331668 (fs. 113 ref.), C.O. N° 00331661 (fs. 114 ref.), C.O.
N° 00331663 (fs. 115 ref.), C.O. N° 00331662 (fs. 116 ref.). A fs. 125 ref. obra copia de la multinota por la cual JUAN ALBERTO ESPINDOLA en su carácter apoderado del GEFCO ARGENTINA S.A. solicita la afectación de las pólizas de cauciones con motivo del recurso de impugnación relacionado a las presentes actuaciones administrativas. A fs. 131 ref. obra copia de comunicación vía e-mail para que se proceda con el levantamiento de interdicción que pesaba sobre los rodados objeto en autos. A fs. 132 ref./ 135 ref. el Administrador de la Aduana de Mendoza dicta la Resolución N° 590/13 por la cual se tiene por deducida la impugnación del ATA y de la firma TRANSPORTES ZONA CENTRAL S.P.A. A fs. 141 ref. el ATA denuncia nuevo domicilio.
A fs. 142 ref./ 143 ref. el Jefe de Departamento de la Aduana Mendoza dicta Resolución N° 897/13 por la cual se tiene por deducido la impugnación de la firma GEFCO ARGENTINA S.A. A fs. 161 ref./166 ref. obra Dictamen Jurídico N° 144/2017. A fs. 167 ref./ 175 ref. el Jefe de Departamento Aduana de Mendoza dicta la Resolución 820/2017 aquí apelada (notificada a fs. 176, 177 y 178).
V. Que, en primer término, corresponde tratar el planteo de nulidad de la notificación opuesto por el ATA, en este sentido, en el punto IV del recurso de apelación el agente plantea la nulidad de la notificación de la sentencia de fondo recaída en las presentes actuaciones (ver fs. 17 vta.), ello en razón de que, según su relato, no habría recepcionado ninguna cédula que lo notifique de la resolución, sumándole que la forma en que se libró la notificación se encuentra viciada de nulidad.
Que, conforme surge de las constancias de autos, el ATA recepcionó la respectiva cédula el 28/07/2017 (ver fs. 179) y no se observan irregularidades en la notificación.
Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al pedido de nulidad del ATA.
VI. Que, el cargo en cuestión se originó en virtud de los tributos que se devengaron de la mercadería amparada por las destinaciones MANI: 13038TRAS012062R 10038TRAS012063S, 10038TRAS012044R y 10038TRAS012043Z , mercadería en tránsito que no arribo a destino por el robo que sufrieron los medios transportadores: dominio YK4223 // semi: JB1585 amparado MIC/DTA N° 2554661 (fs.10/11) y su carga de polipropileno, peso neto aprox. 21.660 kg; dominio YK3511 // semi: JB1608 amparado MIC/DTA N° 2554622 (fs.12), el cual transportaba polipropileno, peso neto aprox. 22.450 kg; dominio YK3510 // semi: JB1607 amparado MIC/DTA N° 2554740 (fs.13), el cual transportaba polipropileno, peso neto aprox. 22.371 kg. Todos con tránsito de Rep. Chile a depósito fiscal HURLINGHAM de Buenos Aires, ilícito ocurrido el día 16/04/2013, en la localidad de San Andrés de Giles, hecho informado por el ATA a la Aduana en fecha 18/04/2013 (ver fs. 1/2 de las actuaciones administrativas).
A los efectos de determinar la cuestión debatida en autos, corresponde destacar que no se controvierte los hechos en sí, es decir, el incumplimiento del referido tránsito, así como tampoco, que ello fue consecuencia del robo de la carga del camión mencionado, siniestro que fuera denunciado ante la autoridad competente. Encontrándose la discusión circunscripta a la procedencia o no de la exigencia tributaria que formula el servicio aduanero en el presente.
VII. Resulta pertinente analizar en autos si el art. 315 del Código Aduanero exime de responsabilidad tributaria cuando la mercadería fuere robada, o si, por el contrario, corresponde confirmar el reclamo tributario formulado en dicho concepto a la actora y no hacer lugar a la impugnación efectuada contra el mismo.
La operación de tránsito de importación se encuentra regulada en los arts. 296 y siguientes del C.A., y constituye un régimen en virtud del cual se autoriza que la mercadería importada, es decir, aquella ingresada al territorio aduanero pero que carece aún de libre circulación en el mismo, sea transportada desde la Aduana por la que hubiere arribado hasta otra aduana para ser sometida a otra destinación aduanera, previéndose al efecto la no sujeción a la imposición de tributos, con excepción de las tasas retributivas de servicios (art. 304 C.A.). La principal obligación que el régimen impone recae en el transportista, que asume su propia responsabilidad frente al servicio aduanero por la operación que se documenta, teniendo a su cargo el deber de transportar la mercadería a la aduana de destino (de salida o interior), dentro de un plazo estipulado, cuidando que arribe la misma mercadería (art. 317) y en su totalidad (art. 310), sin haber sufrido ninguna modificación ni haber sido utilizada.
Por su parte, el art. 315 exime de responsabilidad tributaria en caso de incumplimiento del tránsito, cuando las mercaderías se pierden “irremediablemente”, no habiendo entrado al circuito económico, y si se efectúa la comunicación prevista en el art. 308 del C.A. No obstante, el mismo artículo no exime del pago de tributos si la mercadería en cuestión puede potencialmente ser utilizada por un tercero. Por ello, no quedan dudas de que la segunda parte del art. 315 funciona como excepción a la situación planteada en la primera parte y que, el sentido de esa excepción (la posibilidad de empleo de la cosa por un tercero), comprende especialmente a la mercadería hurtada o robada, como el caso de autos. Trata los supuestos de siniestros en que por su naturaleza (como en el caso de autos, el robo), pese a no poder ser recuperada por su propietario, la mercadería ingresa a plaza de forma irregular.
De la interpretación literal de la citada, parecería ser que la mera posibilidad del empleo de la mercadería alcanzaría para entrar dentro de esta excepción, sin que sea necesario, en manera alguna, demostrar su empleo efectivo o económico de manera real, ya que la norma no requiere esa prueba o demostración. Es más, presume su importación a consumo sin admitir prueba en contrario. En tal sentido, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo ha sostenido en numerosos fallos que la finalidad de la exigencia de pago de tributos de la mercadería perdida para el documentante como consecuencia del robo, es la de proteger la renta aduanera, previendo los perjuicios al erario público por su posible utilización en razón de un ingreso que ha resultado ilegítimo.
En conclusión, el siniestro que afectó a las mercaderías objeto del tránsito de importación (en el caso, el robo), a luz de la normativa expuesta, no puede ser considerado como un supuesto de pérdida irremediable de la misma - excepción para la que se previó la no sujeción al régimen tributario aduanero (art. 315 del C.A.)- y en consecuencia la misma se presume irregularmente importada para consumo.
VIII. A su turno, nuestro Máximo Tribunal efectuó una interpretación del mencionado régimen, aconsejando distinguir, para un caso análogo al de autos, “la situación de quien descuida el control de la carga que conduce hacia la aduana de destino; se aparta por el itinerario fijado por la autoridad aduanera (art. 319), o bien, incurre en alguna conducta que pudiere indicar la connivencia con el hecho de la sustracción (...) de la de quien ha cumplido con los deberes de custodia de la mercadería durante su itinerario y padece un robo agravado por el uso de armas” (CSJN, “Tevelam S.R.L.”, de 11/12/12, T.317. XLVI).
Por tanto, autorizó en ese orden de ideas -en una interpretación extensiva del plexo normativo- la posibilidad de la presentación de prueba en contrario, más allá de aquélla que se encuentra dirigida a derribar el presupuesto que la condiciona -esto es, que pueda ser (al menos) potencialmente utilizada por un tercero-.
IX. Sentado ello, debe entenderse que el robo o hurto de la mercadería constituyen contingencias que no son ajenas a la operatoria de transporte, y si bien pueden considerarse como caso fortuito o fuerza mayor, en el caso que la mercadería pueda ser utilizada por un tercero, dicho hecho no opera per se como eximente de la responsabilidad tributaria, sino que tal como surge de la ley ritual y conforme los criterios establecidos por nuestra Alzada en “Tevelam S.R.L.”, debe probarse en la especie otros extremos, en especial el haber cumplido con los deberes de custodia de modo significativamente ostensible.
En desarrollo de la idea precedente, puede sostenerse que el razonamiento presuncional parte de un hecho cierto y comprobado, sobre el cual no existen dudas, en este caso, el incumplimiento de las obligaciones propias del régimen de tránsito, derivado del siniestro ocurrido y de la posible utilización de la mercadería por terceros. A partir de ese hecho base o inferente, se aplica una regla de experiencia, que permite deducir la probabilidad de otro hecho no comprobado directamente, esto es, que la mercadería se encuentra circulando irregularmente en el territorio aduanero, motivo por el cual debe considerarse importada para consumo.
Aquí conviene hacer referencia a la figura de la presunción, la cual puede ser de hecho (hominis) o legales. Las legales, como la que rige en este caso, pueden ser absolutas (sin admitir prueba en contrario) o relativas (admiten prueba en contrario, aunque inviertan la carga de la prueba). En este supuesto, la presunción legal es relativa, ya que —según la interpretación jurisprudencial— establece una regla de experiencia normal que asiste al juez en su valoración, pero permite al administrado aportar prueba en contrario, todo ello dentro de los límites de la razonabilidad constitucional.
La consecuencia práctica de tales consideraciones preliminares es a los efectos de analizar la correcta concurrencia de una serie de circunstancias correlativas y concordantes, que, analizadas en una articulación coherente del plexo normativo y la doctrina de nuestra CSJN, evidencien que el hecho presumido guarda una razonable correspondencia con los hechos verificados.
X. En lo que respecta al ámbito probatorio, a fin de determinar en el caso de autos a quién le corresponde soportar la carga de la prueba, cabe señalar que, genéricamente, ésta es correlativa a la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377 del Código Procesal Civil Comercial de la Nación, cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Para ello, debe tenerse presente que se trata de mercaderías de origen extranjero sujeta al pago de tributos, y que la presunción establecida en el art. 315 in fine del CA, encuentra su fundamento en la necesidad de evitar que, con el régimen de importación de tránsito, se perpetren maniobras que afecten la renta fiscal.
Por lo que, pretender que debe ser la Aduana quien deba demostrar el no cumplimiento de las obligaciones de los sujetos responsables por la existencia de caso fortuito o fuerza mayor o la acreditación del no cumplimiento de sus deberes de custodia respecto de la mercadería introducida, poniendo en su cabeza la carga negativa de la prueba, implicaría, en razón de la cantidad y magnitud de las operaciones que se realizan en el ámbito del país, imponerle una obligación de cumplimiento extremadamente dificultosa y la inexistencia de la presunción misma dispuesta por el legislador para todo aquél que acreditase un robo.
Siendo, por lo demás, la parte recurrente aquélla que está en mejores condiciones de probarlo. Es por ello, que las normas vigentes, de la manera más adecuada a la lógica y a la razón, imponen esa carga -onus probandi-, de demostrar el cumplimiento de las obligaciones, a los propios beneficiarios de los regímenes de importación o de exportación.
Y si bien, la CSJN en “Tevelam S.R.L.” estableció que “si no se probó un incumplimiento de los deberes de custodia, ni ha sido desacreditado el hecho del robo con armas que fue comunicado a las autoridades (...) no cabe responsabilizar a la actora por el pago de los tributos...”, cabe destacar que dicha premisa lógica procedía, justamente, de diversas aristas fácticas del caso, como fue, en especial, la demostración por la parte actora en las instancias previas (debiendo destacarse la prueba en sede aduanera) del cumplimiento de sus deberes de cuidado y custodia de la mercadería proveniente de zona extranjera, que implicó, sobre el caso particular y a partir de allí, naturalmente, la inversión de la carga de la prueba hacia el Fisco a fin de desvirtuar ello último.
XI. Sentado ello, deviene necesario ahora analizar los hechos en razón de las probanzas que fueron arrimadas a estos autos.
En este sentido, los esfuerzos probatorios de las coactoras se limitaron únicamente a denunciar el robo de la mercadería en tránsito e informarlo a la Aduana. (v. copia de presentación efectuada por el ATA a fs. 34 ref.). Dando inicio a las actuaciones sumariales caratuladas “N.N. S/ ROBO DE AUTOMOTOR CON ARMAS y OTROS; DAM: ROMERO JOSÉ CEFERINO y OTROS”, con intervención de la Fiscalía en lo Criminal de Instrucción Nº 46. Conforme se ha sostenido en las actuaciones administrativas, se produjo el robo de tres camiones que en su conjunto transportaban un total de 68.481 kg de polipropileno, hecho ocurrido en la intersección de Ruta Nacional 41 y Ruta Nacional 07 de la localidad de San Andrés de Giles (ver fs. 62 ref.), hecho que, como ya se advirtió precedentemente, no se encontraba cuestionado por el servicio aduanero. En mérito a lo expuesto, las coactoras no acreditaron ante esta instancia, ni en sede aduanera, probanza alguna relativa al cumplimiento de los deberes de custodia sobre la mercadería ingresada del extranjero u alguna otra que -en su magnitud e indubitabilidad- pudiese llevar a este juzgador a una razonable convicción de eximirla de la responsabilidad tributaria (en los términos de la doctrina CSJN en la causa “Tevelam S.R.L.”, de 11/12/12, T.317. XLVI). A mi entender, el artículo 315 del C.A., tiene como fin primario evitar que simples maniobras desnaturalicen la excepcionalidad del régimen en trato del que goza el importador, colocándose dinámicamente la carga de la prueba sobre los responsables tributarios a fin de que puedan derribar el presupuesto legal que ofrece la norma como condicionante, esto es, la utilización de la mercadería por un tercero, sumando a ella, según la doctrina de “Tevelam S.R.L.”, la posibilidad de instar otras pruebas dirigidas a demostrar de modo fundado su ajenidad al incumplimiento.
XII. En otro orden de ideas, al tratar la cuestión tributaria que nos ocupa, nada tiene que ver la cuestión penal en la que se investigue el delito de contrabando porque, por disposición de ley, se ha puesto a los beneficiarios del régimen del tránsito como responsables de la exigencia tributaria, y esos son los sujetos pasivos de dicha obligación (art. 312).
XIII. Que en relación a los sujetos que deben responder por los tributos adeudados, el art. 312 del C.A. considera al transportista y a su agente de trasporte aduanero como deudores principales de las obligaciones tributarias, mientras que considera al cargador, al que tuviere derecho a disponer de la mercadería y a los beneficiarios del régimen como responsables subsidiarios de esas obligaciones, con independencia de la situación de quienes realizaron los actos ilícitos que originaron el caso fortuito o la fuerza mayor, es decir, sin perjuicio de que el hecho gravado haya sido realizado por otro. De esta forma el Código los hace responsables por deuda ajena, con la finalidad de proteger los intereses fiscales.
Que respecto de la excepción de legitimación y el beneficio de excusión opuesto por GEFCO S.A. en el punto IV del recurso de apelación (ver fs. 20), cabe señalar que, a mi entender, este requerimiento carece de razón, toda vez que, de las actuaciones administrativas se desprende que GEFCO S.A. fue la encargada del transporte de la mercadería objeto en autos, a diferencia de la firma TRANSPORTE ZONA CENTRAL S.P.A. que figura como la dueña de los camiones (ver fs. 10/13 y 23). Es por lo expuesto que considero que corresponde no hacer lugar a lo requerido.
XIV. Resulta oportuno, en esta instancia, abordar lo solicitado por la firma GEFCO S.A. en el punto VI de su presentación, en cuanto pretende que se dejen sin efecto los tributos reclamados en virtud de la aplicación de los Certificados de Origen, de los cuales se desprendería que la mercadería en trato goza de una preferencia arancelaria del cien por ciento (100%) respecto del país de origen (República de Chile).
Con respecto a este planteo, cabe señalar que, si bien en las actuaciones administrativas obran copias de los mencionados Certificados de Origen correspondientes a la mercadería objeto de autos, a mi entender no se cuenta con la documentación respaldatoria oficial suficiente para otorgar la excepción solicitada, toda vez que no se han agregado los permisos de importación debidamente autenticados que acrediten su validez formal.
XV. En cuanto a la exigencia tributaria en cuestión, el servicio aduanero ha liquidado los tributos que gravan la importación para consumo de la mercadería en infracción (ver liquidación Planilla de aforo Nº 163/2013 a fs. 26 y Cargos Nº 13038LMAN02799S, 13038LMAN023810C, 13038LMAN023807X, 13038LMAN023809K a fs. 27/38 de las act.adm.), derechos de importación, tasa de estadística, IVA y percepciones de IVA y Ganancias, por la suma total de u$s 59.203,15, y por ese importe se intimó su pago.
Al respecto, debe señalarse que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos.
Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177).
Justamente, sobre esa base, concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
Ello así, resulta evidente que, en el presente caso, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias. En virtud de lo expuesto, corresponde modificar la exigencia tributaria, conforme se detalla a continuación:
LIQUIDACION 3902.10.10.000W PA 13038LMAN023799S 13038LMAN023807X 13038LMAN023809K POLIPROPILENO CON MERCADERIA - CARGO VALOR EN ADUANA - 73.471,00 BASE IMPONIBLE 73.471,00 D. I 14,00% 10.285,94 T.E 0,005% 367,36 BASE IVA 48.722,61 IVA 21,00% 17.666,10 IVA ADIC 0% IIGG 0% TOTAL TRIBUTOS U$S 28.319, LIQUIDACION PA 3902.10.20.000F 13038LMAN023810C POLIPROPILENO SIN MERCADERIA 12.086,50 CARGA FOB 13.191,00 BASE IMPONIBLE 13.191,00 D. I 14,00% 1.846,74 T.E 0,005% 65,96 BASE IVA 15.103,7 IVA 21,00% 3.171,78 IVA ADIC 0% IIGG 0% TOTAL TRIBUTOS U$S 5.084,48
En consecuencia, corresponde confirmar parcialmente la exigencia tributaria contenida en la resolución apelada, declarando que los tributos adeudados, ascienden a DOLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRES CON 04/100 (U$S 33.403,04). Dicha suma deberá convertirse al tipo de cambio vendedor, que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 3 y 4 de la Resolución General AFIP N° 3271/02, con más los intereses correspondientes en los términos del art. 794 del C.A.
XVI. Los intereses relativos a la obligación tributaria que se confirma parcialmente para el ATA corren desde el 29/05/2013 y para la firma GEFCO S.A. corren desde el 14/06/2013 ello así en razón de lo establecido por los arts. 794, 1094 inc. d., 1101 y 1103 del C.A (notificación del Cargo 31/05/2013- a fs. 39 de las AA).
XVII. Costas conforme los mutuos vencimientos, los que se estiman en un 56% a cargo de las actoras y en 44% a cargo del Fisco.
Por ello, VOTO por:
1). Confirmar parcialmente la Resolución Nº 820/2017 (AD MEND) dictada por el Jefe de Departamento de la Aduana de Mendoza, en la actuación SIGEA N°12438-447-2013, en cuanto rechaza la impugnación deducida contra los cargos N° 13038LMAN02799S, 13038LMAN023810C, 13038LMAN023807X y 13038LMAN023809K, relacionados con el tránsito suspensivo de las importaciones 13038TRAS012062R, 13038TRAS012063S, 13038TRAS012044R y 13038TRAS012043Z, respectivamente, declarando que los tributos adeudados, ascienden a DOLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRES CON 04/100 (U$S 33.403,04. Dicha suma deberá convertirse al tipo de cambio vendedor, que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 3 y 4 de la Resolución General AFIP N° 3271/02, con más los intereses correspondientes en los términos del art. 794 del C.A. 2). Costas conforme los mutuos vencimientos, los que se estiman en un 56% a cargo de las actoras y en 44% a cargo del Fisco.
El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
En primer término, corresponde examinar si la resolución apelada se ajusta a derecho a la luz de lo dispuesto por el artículo 315 del Código Aduanero y la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Tevelam”, frente al robo de la mercadería amparada por las destinaciones MANI 13038TRAS012062R, 10038TAS012063S, 10038TRAS012044R y 10038TRAS012043Z ocurrido el 16/04/2013 en la localidad de San Andrés de Giles.
El citado artículo 315 prevé que la mercadería irremediablemente perdida durante su transporte bajo el régimen de tránsito de importación, y cuya pérdida hubiera sido comunicada conforme lo dispuesto en el artículo 308, no se encuentra sujeta al pago de los tributos que gravan la importación para consumo, aclarando que no se considerará irremediablemente perdida cuando, pese a no poder ser recuperada por su propietario, pudiere ser empleada por un tercero. Desde una interpretación meramente literal, los supuestos de robo quedarían comprendidos en esta última hipótesis.
No obstante ello, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha precisado que dicha interpretación no puede aplicarse de manera automática, distinguiendo la situación de quien descuida el control de la carga, se aparta del itinerario autorizado o incurre en conductas que puedan indicar connivencia con la sustracción, de la de quien ha cumplido con los deberes inherentes al régimen y padece un robo durante el tránsito. En ese marco, la exigencia tributaria no puede sustentarse exclusivamente en el acaecimiento del robo y el consecuente faltante de mercadería, sino que requiere un análisis vinculado con el obrar del responsable.
Cabe señalar que dicha doctrina no importa la incorporación de requisitos no previstos por el Código Aduanero ni la imposición de cargas adicionales al administrado, sino que incide en el estándar de motivación exigible al acto administrativo cuando la Administración pretende apartarse de la exención prevista en el artículo 315 del ordenamiento. En tal sentido, si la Aduana decide mantener la exigencia tributaria pese al acaecimiento del robo, debe fundar su decisión explicitando las circunstancias que permitan concluir que el transportista no actuó con la diligencia debida en el cumplimiento del régimen.
Ahora bien, del examen de la resolución apelada no surge que la autoridad aduanera haya efectuado consideración alguna respecto del cumplimiento o incumplimiento de los deberes de custodia por parte del transportista, ni que haya imputado concretamente una conducta negligente que justifique el apartamiento de la exención legal. La resolución se limita a tener por configurado el robo y a derivar de ello, de manera automática, la procedencia del cargo.
El voto preopinante sostiene que incumbía a las coactoras acreditar el cumplimiento de los deberes de custodia, afirmando que exigir a la Administración la demostración de la falta de diligencia tornaría inoperante la presunción legal. Sin embargo, dicho enfoque desplaza indebidamente el eje del análisis, en tanto la cuestión no radica en la actividad probatoria desarrollada por el administrado en sede recursiva, sino en la suficiencia de la motivación del acto administrativo al momento de su dictado. La carga de la prueba no puede ser utilizada para suplir la ausencia de fundamentación del acto ni para habilitar que este Tribunal examine en grado originario extremos fácticos que debieron haber sido considerados por la autoridad aduanera.
En estas condiciones, confirmar la resolución implicaría desnaturalizar la función revisora de este Tribunal Fiscal y reinstalar, por vía indirecta, un régimen de responsabilidad automática incompatible con la doctrina jurisprudencial vigente. Lo omitido por la Administración en sede originaria no puede ser válidamente incorporado en esta instancia.
Por lo expuesto, al verificarse que la resolución apelada carece de motivación suficiente en cuanto a la imputación de una falta de diligencia que permita apartarse de la exención prevista en el artículo 315 del Código Aduanero, corresponde revocar la resolución recurrida, con costas.
Por ello, VOTO POR:
Revocar la Resolución N° 820/2017 (AD MEND) dictada en la Actuación SIGEA N° 12438-447-2013, con costas.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
1). Confirmar parcialmente la Resolución Nº 820/2017 (AD MEND) dictada por el Jefe de Departamento de la Aduana de Mendoza, en la actuación SIGEA N°12438-447-2013, en cuanto rechaza la impugnación deducida contra los cargos N° 13038LMAN02799S, 13038LMAN023810C, 13038LMAN023807X y 13038LMAN023809K, relacionados con el tránsito suspensivo de las importaciones 13038TRAS012062R, 13038TRAS012063S, 13038TRAS012044R y 13038TRAS012043Z, respectivamente, declarando que los tributos adeudados, ascienden a DOLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRES CON 04/100 (U$S 33.403,04. Dicha suma deberá convertirse al tipo de cambio vendedor, que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 3 y 4 de la Resolución General AFIP N° 3271/02, con más los intereses correspondientes en los términos del art. 794 del C.A. 2). Costas conforme los mutuos vencimientos, los que se estiman en un 56% a cargo de las actoras y en 44% a cargo del Fisco.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas, y archívese. Date: 2026.05.08 17:22:46 ART Date: 2026.05.11 10:39:21 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.05.11 12:56:04 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.05.11 12:57:39 -03:00
Fin de la sentencia