Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa G-2356/19-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar, parcialmente, al recurso de casación articulado por la parte actora a fs. 175/180 vta. y, en consecuencia, revocar la sentencia emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 145/153, en virtud de lo expuesto en los Considerandos IV, V y VI.-
2Rechazar la acción de amparo incoada de acuerdo a los argumentos vertidos en el Considerando VII.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: G-2356/19-TSJ Interlocutorio N°: 694 Actor: GELVES JUAN DOMINGO Y OTRO Demandada: COMISIÓN DIRECTIVA DEL CONSEJO PROFESIONAL DE LA AGRIMENSURA, INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: AMPARO Fecha: 24-11-2021 Texto: TOMO XXI -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 694 FOLIO Nº 4076/4086 PROT. ELECT. TSS1 022 S.211
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a los 24 días del mes de noviembre de dos mil veintiuno, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, Enrique Osvaldo Peretti, Dras. Alicia de los Ángeles Mercau y Reneé Guadalupe Fernández, bajo la presidencia de la Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos para dictar sentencia en los autos: “GELVES JUAN DOMINGO Y OTRO C/ COMISIÓN DIRECTIVA DEL CONSEJO PROFESIONAL DE LA AGRIMENSURA, INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ AMPARO”, Expte. Nº G-27.986/18 (G-2356/19-TSJ). Se fijan las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 175/180 vta.?; SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- A la Primera Cuestión los Dres. Mariani, Peretti, Mercau y Ludueña Campos dicen:
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 175/180 vta., contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 145/153; la cual rechazó la demanda por “…resultar formalmente inadmisible la acción de amparo intentada.” (cfr. foja 153).-
La parte recurrente invoca, para sostener su pretensión recursiva, errónea aplicación de la ley (cfr. art. 3º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-) y arbitrariedad (cfr. fs. 175 vta./179 vta.).-
A fs. 32/38 Juan Domingo Gelves y Bernabé Bianchiotti promueven acción de amparo con el objeto de que se los habilite a participar de la elección para integrar la Comisión Directiva del CPAIA, en representación de los Ingenieros Civiles, solicitando la inconstitucionalidad del artículo 6º de la Ley Nº 3465 que modifica el artículo 18, inciso d) de la Ley Nº 272 (cfr. foja 32).-
Explican que la norma precedentemente citada impide ocupar un cargo en el organismo demandado a quienes sean funcionarios públicos ya sea nacional, provincial o municipal; y, en virtud de ella, por encontrarse alcanzados por la prohibición, les fue impedido participar de las elecciones para ocupar los cargos de Consejero Titular y Consejero Suplente en la Comisión Directiva del CPAIA (cfr. fs. 33/34).-
Señalan que la decisión adoptada por la demandada en su contra viola derechos constitucionales, refieren a sus derechos políticos, a la igualdad (argumentan que existen funcionarios públicos ocupando cargos en el seno de la demandada) y, asimismo, que la prohibición contenida en la ley que tachan de inconstitucional, es irrazonable (cfr. foja 34).-
II. En Primera Instancia se hizo lugar a la demanda (cfr. fs. 81/89 vta.) declarando la inconstitucionalidad del artículo 18, inciso d) la Ley Nº 272. A su turno, la Excma. Cámara de Apelaciones interviniente, revocó el pronunciamiento de Primera Instancia y rechazó la acción de amparo (cfr. foja 153).-
Para así resolver, el Tribunal de Alzada, señaló que: “...es exigencia para el Juzgador aplicar un criterio restrictivo respecto de la habilitación de este remedio excepcional.” (cfr. foja 149). Conteste con tal posicionamiento y tras recordar que dicha acción es excepcional y procede en delicadas y extremas situaciones en salvaguarda de los derechos fundamentales -por la carencia de otras vías aptas- y que su apertura exige la configuración de determinadas y singulares circunstancias (cfr. art. 3º de la Ley Nº 1117); consideró que los amparistas no demostraron la inidoneidad de las vías ordinarias previstas para el caso, como así también que la complejidad de la cuestión excede el estrecho marco cognoscitivo de este tipo de procesos. Agrega a ello que la arbitrariedad o ilegalidad no es manifiesta y que: “…la cuestión planteada no reviste evidente y/o palmaria inconstitucionalidad; a lo sumo resulta opinable.” (cfr. foja 150).- Señala que: “…la ley que se pretende tachar de inconsti-tucional, procura precisamente salvaguardar el ejercicio de una profesión autónoma de la injerencia estatal, definiendo como requisito que los directivos de entidades profesionales de este tipo no mantendrán relación de dependencia con el Estado, quien ejercerá su control como autoridad de aplicación…” (cfr. foja cit.).-
Por último, el fallo aquí cuestionado, postula que la acción intentada se ha tornado abstracta toda vez que al momento de su dictado había pasado la fecha de la elección en la cual los amparistas pretendían presentarse como candidatos (cfr. foja 151).-
Disconformes, los accionantes interponen el recurso de casación obrante a fs. 175/180 vta.. Allí insisten en la aptitud de la vía elegida ante la necesidad de reparación de los derechos fundamentales que consideran afectados. Expresan que: “…en el caso concreto, entiende esta parte corresponde la vía de excepción del amparo, porque se advierte con claridad la arbitrariedad de la conducta del demandado, el cual segrega a los suscriptos por su condición de empleados públicos, cuestión que irrita los derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna, materializándose una conducta arbitraria, que como tal es injusta, inconstitucional y lesiva de actuales derechos de los suscriptos.” (cfr. foja 176).- Reiteran su planteo de inconstitucionalidad de la norma, señalando que: “…se advierte que, fundándose en una norma injusta y arbitraria se adoptan decisiones de esa misma calidad, siendo la norma en la que se funda el órgano de decisión inconstitucional por arbitraria e ilegitima (sic) ya que cercena derechos claramente consagrados en nuestra Constitución…” (cfr. foja 177).-
Cuestionan que en el fallo de la Excma. Cámara de Apelaciones se dé “…preeminencia a una supuesta 'transparencia' en el funcionamiento de la Asociación de marras que se vería menoscabada si quienes dependemos del Estado como empleados públicos participamos del acto eleccionario, por sobre Derechos Políticos Constitucionales, que han sido incluídos en nuestra Carta Magna...” (cfr. fs. 178 y vta.). Siguen diciendo que: “...No se prueba a lo largo de las actuaciones, ni se motiva por parte de los Jueces Camaristas, como es que el Claustro de Ingenieros Civiles representado por Ingenieros Civiles que revisten calidad de empleados públicos, pueda influir negativamente en la mentada transparencia.” (cfr. foja 179 vta.).- Finalmente niegan que la cuestión haya perdido actualidad, sosteniendo que: “…lo demandado por quienes suscriben, dista totalmente de lo sostenido por la Cámara en cuanto a que: 'la fecha de elección por la cual los actores solicitaban su inclusión resultaba ser el 12 de Diciembre de 2018'. Lo que solicitamos, es que se nos habilite a postularnos como Consejeros del Claustro de Ingenieros Civiles el cual se encuentra acéfalo, y solicitando se declare la inconstitucionalidad de la norma. La fecha de[l] acto eleccionario es una cuestión secundaria, y no constituye bajo ningún punto de vista el objeto de nuestro reclamo. Claramente se encuentra verificado un daño actual, al no poder postularnos a elecciones en ninguna fecha debido a, por un lado, la interpretación arbitraria que hace de la Ley 3465 la actual Comisión Directiva de CPAIA, y por otra parte, la redacción poco clara de la misma y cuya inconstitucionalidad se ha planteado oportunamente.” (cfr. foja 180).- Hace reserva del caso federal (cfr. foja cit.).-
Declarado formalmente admisible el recurso de casación por la Alzada a fs. 194/195 vta., este Alto Cuerpo lo declara bien concedido a fs. 205 y vta., poniendo los autos a disposición de las partes, conforme lo dispuesto en el artículo 8° del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, facultad de la que hace uso la actora (cfr. PE55317-2021), en el cual reitera los argumentos vertidos al plantear el recurso de casación.- Que dictamina el Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Tribunal Superior de Justicia, quien postula -en base a los argumentos que allí esgrime y a los cuales remitimos en honor a la brevedad- que no debe hacerse lugar al recurso de casación interpuesto (cfr. PE79346-2021).-
Que en PE98744-2021 se llaman autos para dictar sentencia y en PE107337-2021 pasan los presente a estudio.-
III.-Ante todo, es preciso recordar que este Tribunal Superior de Justicia tiene establecido que: “…a efectos de habilitar la instancia de la casación, el recurso debe dirigirse contra una sentencia definitiva o asimilable...calidad de la que carecen las que rechazan la acción de amparo porque dejan subsistente el acceso a una nueva revisión a través de la instancia ordinaria.” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXI, Reg. 2686, Folio 4100/4102).-
Sin embargo, tal principio no es absoluto y admite excepciones cuando la resolución causa un agravio de imposible o muy dificultosa reparación ulterior (Fallos: 315:1361; 316:1909; 317:164; 322:3008), o lo resuelto conduce, sin suficientes fundamentos, a la frustración de una vía apta para el reconocimiento de los derechos, lo que se traduce en una violación de la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional (Fallos 324:2766), circunstancias excepcionales que, en nuestra opinión, concurren en el sub lite, pues el fallo de la Excma. Cámara de Apelaciones adolece de errores que es preciso corregir y ello trae consigo una revisión de la sentencia en cuestión.-
IV. En primer lugar se advierte que la Cámara rechazó la acción de amparo, fundamentalmente por existir, a su criterio, otras vías más idóneas. El fallo recurrido comienza señalando que la materia requiere mayor debate y prueba y por ello que existen otras vías más idóneas.-
No obstante ese rechazo formal, el fallo ingresa en el tema de fondo (cfr. Considerando IV.2) oportunidad en la que concluye que la normativa impugnada no es arbitraria ni ilegal como alegan los amparistas (cfr. fs. 150 y vta.).-
Finalmente en el Considerando IV.3, señala que la cuestión ha perdido actualidad, porque a la fecha del dictado del fallo, las elecciones en el Consejo, que motivaron la acción, ya habrían debido ocurrir (con fecha 12 de diciembre del 2018) y consecuentemente la cuestión devino abstracta (cfr. fs. 151 y vta.).-
V. El rechazo formal, argumentando la necesidad de mayor debate y prueba o la existencia de procesos más idóneos, contradice la doctrina del Tribunal Superior de Justicia que postula un criterio amplio en la recepción del amparo, fundándolo, no sólo en la Constitución Nacional, sino también en los Tratados de Derechos Humanos que prevén, ante la violación de derechos fundamentales, una acción expedita y rápida, sin ninguna limitación.-
En efecto el fallo apelado acota con injustificado rigor formal el acceso a la vía intentada, soslayando la línea doctrinaria que, sobre la materia, ha trazado este Alto Cuerpo.-
Este Tribunal Superior de Justicia ha indicado que, si bien es cierto que la acción de amparo no está destinada a reemplazar los medios ordinarios para la solución de las controversias, también lo es que su exclusión por la necesidad de mayor debate y prueba, derivada de la complejidad de la causa, no puede fundarse en una apreciación meramente ritual, sino que debe responder a un examen atento de los particulares pormenores del caso, toda vez que aquel instituto tiene por objeto una efectiva protección de los derechos fundamentales involucrados en la litis. Así, cuando se invoca la existencia de otras vías, éstas, para ser consideradas más idóneas, deben ser más eficaces, en la salvaguarda del derecho fundamental lesionado, que el amparo. Teniendo en cuenta que la envergadura de los derechos en juego requiere una respuesta inmediata, y que no es suficiente afirmar la necesidad de mayor debate y prueba, sino que es necesario, a fin de fundar la decisión, indicar de modo concreto cuáles eran los elementos probatorios que no se pudieron utilizar para resolver la cuestión. Concluyendo que cuesta entender que las vías ordinarias del ordenamiento jurídico puedan presentarse como más idóneas para prestar tutela efectiva y sumarísima a un derecho o garantía de fuente o jerarquía constitucional, afectado por un acto u omisión de autoridad pública o un particular (cfr. Sentencia, Tomo XVII, Reg. 572, Folio 3256/3261; Reg. 580, Folio 3312/3317).- Dicha doctrina, sostiene además que: “...no es suficiente afirmar la necesidad de mayor debate y prueba, sino que es necesario, a fin de fundar la decisión, indicar de modo concreto cuáles eran los elementos probatorios que no se pudieron utilizar para resolver la cuestión, así como la incidencia que éstos hubieran podido tener sobre el resultado final del proceso...” (cfr. Sentencia, Tomo XVII, Reg. 572, Folio 3256/3261).-
El criterio precedentemente expuesto pone una valla a los jueces pues para rechazar un amparo si se argumenta la existencia de vías más idóneas o necesidad de mayor debate y prueba, en tal caso deberá indicarse cuál es la vía más idónea o explicar que falta probar y su necesidad para poder dictar sentencia. Carga que, vale advertirlo, el Tribunal de Alzada no cumplió acabadamente en el sub examine.-
Conforme se indica en los precedentes ut supra citados, tal doctrina halla sustento en que luego de la reforma de 1994, se han incorporado a nuestra Carta Magna, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos citados en el artículo 75, inciso 22, los cuales integran el rango normativo superior del Estado y la Constitución debe ser interpretada en consonancia con ellos. Por lo tanto, cabe hablar de un amparo de raíz supra nacional. En efecto la acción de amparo reglada en el artículo 43 de la Constitución Nacional debe complementarse con las previsiones normativas contenidas en los referidos tratados.- Estos instrumentos amparísticos de naturaleza internacional son los artículos: a) 8º de la Declaración Universal de Derechos Humanos; b) 2º, inciso 3 apartado “a” del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; c) 25, inciso 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y d) XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y los deberes del Hombre (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia cit.).-
Así, tenemos en la normativa internacional mecanismos de tutela análogos al amparo, que deben ser interpretados en armonía con la Ley Suprema. Resulta esclarecedor lo que prevén sobre la materia, el artículo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: “Toda persona puede concurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.” y la Convención Americana sobre Derechos Humanos que dispone: “Art. 25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de funciones oficiales.”.- La redacción de las normas referenciadas es clara, los países signatarios deben brindar un remedio rápido, sencillo, breve y expedito cuando se afecten derechos fundamentales, y en ellas no se exigen condicionamientos ni se imponen limitaciones formales.-
La privación de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la Convención, constituye una transgresión de la misma por el Estado parte en el cual semejante situación tenga lugar; que le genera, a éste último, responsabilidad internacional. La Corte Interamericana en el caso “Trabajadores cesados del Congreso vs. Perú” (sentencia del 24 de noviembre de 2006) sostuvo que dicho Estado había violado el mencionado artículo (art. 25 de la CADH), por cuanto se había impedido a los trabajadores del Congreso acceder a un recurso rápido y efectivo (cfr. Gil Domínguez, Andrés: “Constitución Socio- económica y Derechos Económicos, Sociales y culturales”, Buenos Aires, Ad-Hoc, 2009, págs. 249/251).- Es oportuno advertir que el plexo normativo referido, con-cuerda con el artículo 15 de la Constitución Provincial que expresa: “Los jueces prestarán amparo a todo derecho reconocido por la Constitución Nacional y ésta, y si no hubiera reglamentación o procedimiento legal, arbitrará a ese efecto trámites breves.”. Hay un reconocimiento en la máxima norma provincial que ante el agravio a un derecho fundamental el Estado debe proveer de un proceso que brinde una respuesta rápida.-
No es ocioso recordar que: “La doctrina es unánime en el sentido de interpretar que todo tipo de manifestación estatal, sean actos, hechos, acciones, decisiones, órdenes, negocios jurídicos u omisiones, con capacidad para afectar los derechos de los particulares, quedan comprendidos en el artículo 43 de la Carta Magna y, por tanto, son susceptibles de provocar el control jurisdiccional...” (cfr. CFed. de la Seguridad Social, Sala II, “De la Iglesia, Rubén Héctor c/ ANSeS y Otros s/ amparos y sumarísimos”, del 11/02/2015, www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/1739/2015).- Desde esta perspectiva, observamos que la decisión del Tribunal de Alzada importa la adopción de un criterio extremadamente formalista, que atenta contra el concreto resguardo de los derechos esgrimidos por los recurrentes afectados, e implica un criterio sumamente restrictivo contrario a la doctrina de este Tribunal Superior de Justicia sobre la materia, ut supra mencionada.-
VI. El otro aspecto del fallo que merece crítica es el haber considerado abstracta la cuestión.-
Cabe recordar que: “…se verifica una cuestión abstracta cuando no existe una discusión real entre el actor y el demandado; ya sea porque el juicio o conflicto planteado es ficticio desde su comienzo, o bien porque como consecuencia de acontecimientos sobrevivientes, se ha extinguido la controversia o ha dejado de existir la causa de la acción. Por lo tanto, ante la desaparición del interés que sustentaba la controversia, el Juzgador se encuentra inhabilitado para ejercer su jurisdicción, no pudiendo entonces emitir válidamente una decisión sobre una contienda que ya ha dejado de existir, habiendo devenido en consecuencia abstracta.” (cfr. Ábalos, María Gabriela: “El Rol Institucional del Superior Tribunal de Justicia frente a un Conflicto de Poderes Municipales: Una Decisión Esclarecedora”, www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online: AR/DOC/43/2017).- Como bien se desprende del objeto del proceso (cfr. foja 32), la pretensión es que se habilite a los actores a participar de la elección de integrantes de la Comisión Directiva del CPAIA, que les es vedado por el artículo 18, inciso d) de la Ley Nº 272, cuya inconstitucionalidad también plantean. Una recta lectura del escrito inicial, permite ver que no se trata únicamente de ser candidatos en las elecciones que se celebrarían el 12 de diciembre de 2018, sino de la posibilidad de poder presentarse, no sólo en esa elección, sino en las demás que se realicen para ocupar un cargo en dicho organismo, procurando, mediante esta acción remover el impedimento (en este caso la norma referida precedentemente).- El objeto demandado en el presente pleito no ha sido satisfecho en su totalidad, aunque hayan variado las circunstancias iniciales, perdura insatis-fecha, una parcela del reclamo de la actora. En definitiva, aún subsiste un interés tutelable cierto y manifiesto de la parte accionante que merece un pronuncia-miento sobre el derecho pretendido.-
Es así que, si se siguiera el criterio de la cuestión abstracta se estaría frustrando el derecho invocado por los recurrentes sin darles la oportunidad de ejercer su defensa, en el marco de la garantía constitucional del debido proceso. Por ello, debemos agregar que para declarar abstracto un juicio las partes intervinientes deben encontrarse desinteresadas de todas las cuestiones que motivaron su inicio; mientras que en la especie, no toda la reclamación de los accionantes se ha extin-guido, sino que subsiste, todavía, una materia de debate y por ende existe interés actual en resolver el pleito. Como consecuencia del análisis precedente, cabe afirmar que, contrariamente a lo sostenido por la Excma. Cámara de Apelaciones, no se dan los presupuestos que permitan declarar abstracto el proceso.- El análisis efectuado en los Considerandos precedentes lleva a revocar, en atención a ello, el fallo recurrido.-
VII. Corresponde ahora a este Tribunal Superior de Justicia, emitir pronunciamiento sobre la pretensión objeto de autos (cfr. arts. 13 y 14 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C., conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-); no sin antes advertir que si bien los accionantes alegan un trato discriminatorio y arbitrario de parte de la Comisión Directiva del CPAIA al denegarles el derecho a ocupar cargos en dicho organismo, y que se viola, en su perjuicio, la garantía de igualdad, pues existen miembros de dicha Comisión que se encuentran en la misma situación que ellos (son empleados públicos), lo cierto es que el impedimento surge de la ley. En efecto el artículo 18, inciso d) de la Ley Nº 272, luego de la reforma efectuada por la Ley Nº 3465 es claro al respecto: “Para ser miembro del Consejo Profesional se requiere:...d) no ser empleado afectado a tareas relacionadas con el ejercicio de su profesión o funcionario público, municipal, provincial o nacional.”.- Así pues y más allá de que las afirmaciones de los recurrentes no se encuentran del todo acreditadas en autos, lo cierto es que aun en la hipótesis de que actualmente existieran integrantes de la Comisión Directiva que no cumplen con el recaudo legal, este hecho es contrario a la ley y deberán atacarlo mediante los mecanismos pertinentes, pero ello de ninguna manera puede habilitar a que la ley se continúe violando, en otros casos, bajo el argumento del derecho a la igualdad.-
El error o aun la hipótesis de mala fe en la designación de algún miembro actual no autoriza como, parece, pretenden los accionantes a ignorar, en adelante, la ley. Aunque fuera una modalidad ya utilizada, sin que existieran pronunciamientos judiciales sobre la materia, el hecho que tales conductas hayan sucedido anteriormente, no es óbice para impedir que se continúe con dicha práctica que elude disposiciones legales precisas.-
El artículo transcripto es claro en su prohibición, de manera tal que no se trata de una decisión caprichosa de la demandada sino que es la ley quien obsta a la candidatura de los reclamantes. De manera tal que para la viabilidad de su pretensión, lo que deben lograr es que la ley no se aplique a su caso y para ello un medio es alegar y demostrar su inconstitucionalidad, tal como lo pretendieron hacer al demandar.-
Conteste con lo señalado precedentemente, lo que debemos discernir para poner fin a esta controversia es si el obstáculo impuesto por el artículo 18, inciso d) de la Ley Nº 272 respeta las Constituciones Nacional y Provincial, de lo contrario deberá declarárselo, para este caso concreto, inconstitucional, lo cual trae aparejado que dicha limitación no podrá blandirse contra los recurrentes.-
Es un derecho del colegiado ser elegido autoridad de la entidad, pero siempre que reuniere y acreditare los requisitos fijados por la ley. Entre esos recaudos, se encuentra el que prohíbe formar parte de la Comisión Directiva a quienes se desempeñen como empleados de la Administración Pública (Nacional, Provincial o Municipal). La finalidad de dicha restricción es preservar la independencia funcional de la entidad con respecto a los poderes del Estado, reconocida por el artículo 61 de la Constitución Provincial y, conteste con dicha prerrogativa, el artículo 30 de la Ley Nº 272 prevé que: “El Consejo Profesional tiene la capacidad de las personas jurídicas de derecho privado y puede ejercer todos los actos de administración y disposición que fuesen necesarios al desempeño de su cometido, inclusive la adquisición y transferencia de inmuebles y la constitución de derechos reales sobre ellos.”.- Se trata pues de un supuesto de incompatibilidad, concepto este último sobre el que se han brindado varias definiciones, aunque todas ellas hallan su justificación en el interés público.
Se ha dicho que incompatibilidad es la imposibilidad legal de acumular ciertas funciones públicas o ciertos mandatos electivos, o una función pública con un mandato electivo con ciertas ocupaciones privadas. En cuanto a la finalidad de imponer límites de este tipo, interesa destacar que con ellas, se procura entre otras cosas la protección y garantía de un interés público y evitar eventuales conflictos de intereses, con sustento en razones morales o legales, sean las ocupaciones del agente todas de naturaleza pública o algunas públicas y otras de naturaleza privada (cfr. García Pullés, Fernando -Director-: “Régimen de Empleo Público en la Administración Nacional”, 3ra. edición, CABA, Abeledo Perrot, 2016, págs. 330 y 335/336).- Como vimos, un elemento indispensable para el desempeño de su cometido (cfr. arts. 16 y 17 de la Ley Nº 272) es que el consejo profesional preserve su independencia de los poderes estatales.
En función de este principio rector, el legislador ha procurado garantizar la autonomía del Consejo, su personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de los fines previstos en la ley de creación. Siendo así, debemos preguntarnos si la incompatibilidad prevista en el artículo 18, inciso d) de la Ley Nº 272, que no permite a los accionantes postularse a un cargo en la Comisión Directiva del CPAIA puede ser tildada de inconstitucional.- La respuesta debe ser negativa. Sabido es que en nuestro sistema constitucional, no existen derechos absolutos y es posible reglamentar su ejercicio (cfr. art. 14 de la CN), siempre que ello no importe desnaturalizar su finali-dad y esencia. En el caso, lo dispuesto, al imponer una exigencia al derecho a elegir y ser elegido, guarda relación con los fines e intereses públicos que llevaron a la creación del Consejo Profesional accionado (cfr.
Ley Nº 272), no desnaturaliza el ejercicio de los derechos en cuestión y debe ser considerado como una razonable reglamentación que no se aparta de la regla impuesta por el artículo 28 de la Constitución Nacional y disposiciones constitucionales concordantes.- Como es sabido y se desprende del texto con que principia el artículo 14 de nuestra Carta Magna, no existen derechos constitucionales absolutos, pues el ejercicio de ellos por todos los integrantes de la comunidad debe ser armonizado por la respectiva reglamentación, a través de una regulación razonable que no desnaturalice su esencia (cfr. art. 28 de la CN). Es que dada la complejidad de derechos reconocidos y la diversidad de los sujetos que resultan sus titulares, entre los que se encuentran los estados nacional, provincial y municipal, la regulación legal debe procurar posibilitar su compatibilidad y solucionar los conflictos de intereses (cfr.
CCC y Cont. Adm. 1ª Nom., Río Cuarto, Córdoba “Lichieri, Nora Isabel c/ Municipalidad de Vicuña Mackenna s/ Demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción”, del 06/09/2013, Rubinzal Online; 556237; RC J 18115/13).- En conclusión, no se advierte que la limitación impuesta por el artículo 18, inciso d) de la Ley Nº 272, resulte irrazonable o incompatible con la finalidad o derecho que se intenta preservar.-
VIII. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar, parcialmente, al recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 175/180 vta., revocar la sentencia emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 145/153, en cuanto al rechazo formal de la acción. En su consecuencia, corresponde emitir pronunciamiento como Tribunal de mérito (cfr. arts. 13 y 14 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C., conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-) y rechazar la acción de amparo articulada, por cuanto la decisión adoptada por la Comisión Directiva del CPAIA, contra la postulación de los actores para integrarla no es arbitraria o ilegal, sino que se encuentra fundada en una ley, cuya constitucionalidad se sustenta de acuerdo al análisis efectuado en los considerandos que anteceden, imponiendo las costas por su orden (cfr. art. 16 de la Ley Nº 1117 y modif.).- En razón de todo lo expuesto a la primera cuestión votamos parcialmente por la afirmativa.-
A la Primera Cuestión la Dra. Fernández dice:
I. Comparto el relato de los antecedentes de la causa efectuado en los Considerandos I y II del voto precedente. Sin embargo, disiento con el desarrollo argumental y la propuesta decisoria propiciada por mis distinguidos colegas preopinantes.-
Inicialmente, considero necesario poner de resalto que la sentencia en crisis adolece de un déficit en el plano lógico que si bien no amerita su descalificación como acto jurisdiccional válido, imperiosamente debe ser advertido a los efectos de evitar la reiteración de este tipo de desvíos en próximos pronuncia-mientos.-
El decisorio emitido por el Tribunal de Alzada principia su análisis destacando la excepcionalidad de la vía del amparo (cfr. foja 148) Y, a partir de allí, dedica gran parte de su estudio a cada uno de los requisitos que deben concurrir para que una pretensión sea viable a través de este tipo de proceso, llegando a la conclusión de que en el supuesto de autos ello no ocurría, por lo que la acción intentada aparecía como formalmente inadmisible. Sin embargo, sobre el final de su discurrir se afirma que: “En el caso, tal como se desprende de autos, la acción intentada ha perdido virtualidad, deviniendo abstracta al momento de su resolución […] no se verifica la presencia de un 'caso' toda vez que el pronunciamiento del asunto traído a consideración carece de actualidad…” (cfr. foja 151).- De este modo, a partir de la estructura formal del fallo, se aprecia que, por un lado, se sostiene la inviabilidad del cauce procesal intentado por los accionantes y, por el otro, se asevera la inexistencia de un caso judicial.-
Sabido es que en el sistema constitucional argentino es necesario que exista y se mantenga en el tiempo un conflicto entre partes adversas para habilitar la intervención de los órganos jurisdiccionales. Tan central resulta la concurrencia de un “caso” que su existencia es comprobable de oficio y en cualquier estado del proceso y su desaparición importa también la desaparición del poder de juzgar (Fallos: 340:1084; 341:1356; 342:853, entre otros).-
Desde antiguo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que: “…la misión de un Tribunal de Justicia es aplicar las leyes a los casos ocurrentes, y su facultad de explicarlas e interpretarlas se ejerce solo aplicándolas a las controversias que se susciten ante ellos para el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones…” (Fallos: 2:254, 261). También ha afirmado, en época más reciente, que: “La organización del control constitucional sobre la base exclusiva de la protección de intereses de suficiente concreción e inmediatez como para suscitar una verdadera 'causa' o 'caso' en justicia, fue una decisión consciente de quienes dieron su estructura al Poder Judicial Federal, y la admisión de acciones directas de inconstitucionalidad, como el amparo…no puede importar el olvido de la exigencia mencionada…” (Fallos 307:2384).- Desde este entendimiento, cabe advertir que si el tribunal a quo consideraba que el objeto de la presentación inicial formulada por los amparistas había perdido virtualidad, lo que reflejaba -según su entendimiento- la inexistencia de un caso, mal podía adentrarse a examinar si el vehículo procesal elegido era idóneo.-
Una sentencia constituye un acto de la razón y, como tal, debe exhibir una coherencia interna en su discurso de justificación, lo que conlleva la necesidad de evitar contradicciones entre sus fundamentos jurídicos. Este entendimiento de la sentencia como un todo indivisible, demostrativo de una unidad lógico jurídica, obligaba a los jueces de la anterior instancia a adoptar los recaudos necesarios para no descuidar la reciproca integración de su razonamiento judicial.-
No obstante, la deficiencia apuntada no reviste en este caso en particular la entidad suficiente como para invalidar el pronunciamiento cuestionado, puesto que no produjo mengua alguna en el derecho de defensa de los recurrentes, quienes ensayaron con plenitud sus criticas contra aquel.-
II. Superada la advertencia inicial, el primer aspecto a dilucidar afinca en determinar si efectivamente la cuestión litigiosa ha devenido abstracta.-
Los recurrentes cuestionan las consideraciones vertidas por el tribunal de mérito relativas a que la fecha de la elección por la cual solicitaban su inclusión como postulantes resultaba ser el 12 de diciembre de 2018 (cfr. fs. 179 vta./180). En punto a ello, alegan que se ha desconocido cuál es efectivamente el objeto reclamado, precisando que: “...Lo que solicitamos, es que se nos habilite a postularnos como Consejeros del Claustro de Ingenieros Civiles el cual se encuentra acéfalo, y solicitando se declare la inconstitucionalidad de la norma. La fecha de (sic) acto eleccionario es una cuestión secundaria, y no constituye bajo ningún punto de vista el objeto de nuestro reclamo. Claramente se encuentra verificado un daño actual, al no poder postularnos a elecciones en ninguna fecha debido a, por un lado, la interpretación arbitraria que hace de la Ley 3465 la actual Comisión Directiva de CPAIA, y por otra parte, la redacción poco clara de la misma y cuya inconstitucio-nalidad se ha planteado oportunamente.” (cfr. foja 180).- El razonamiento concretado por la Excma.
Cámara de Apelaciones en cuanto a que el conflicto ha perdido virtualidad, habida cuenta de que la fecha de elección resultaba ser el 12 de diciembre de 2018 (cfr. foja 151) se traduce en un apartamiento indebido de las constancias comprobadas de la causa. Según se deduce de las propias manifestaciones vertidas a foja 55 vta. por el colegio deman-dado, para el caso del Claustro de Ingenieros Civiles, ese acto eleccionario no se efectivizó en la fecha señalada; ello, a su vez, se verifica con el contenido del expediente administrativo glosado a la presente causa, a partir del cual surge que los comicios únicamente se llevaron a cabo respecto al Claustro de Licenciados y Técnicos Universitarios (cfr. foja 125 de esas actuaciones).- Se observa, en este tópico, un tratamiento inadecuado de la controversia suscitada, por cuanto de la simple lectura de la pretensión inicial de los accionantes se desprende que lo reclamado consiste en que se habilite su candidatura al cargo de Consejeros del Claustro de Ingenieros Civiles, procurando remover el impedimento legal que obsta a su postulación (cfr. foja 32).
El factor generador o desencadenante del pleito aún subsiste, en tanto el artículo 6° de la Ley Nº 3465 que impide a los amparistas ser miembros del Consejo Profesional aún se encuentra vigente, sin que sea dable afirmar que el interés en el pleito haya cesado.- La ausencia de un hecho sobreviviente a la promoción de la acción que le haga perder actualidad al conflicto evidencia el desatino de este aspecto de la decisión en crisis.-
III. Verificada la presencia de un caso, causa o controversia judicial, corresponde revisar el siguiente aspecto sustancial que diera apoyatura al fallo emitido por la Excma. Cámara de Apelaciones: la declaración de inadmisibili-dad del amparo incoado.-
La problemática sometida a debate conlleva establecer si, en virtud de las particulares circunstancias que rodean el caso en examen, el amparo aparece -o no- como la vía apta para resolver la cuestión sometida a decisión.-
Es de máxima importancia recapitular la doctrina juris-prudencial forjada por este Alto Cuerpo a partir del reciente precedente “Pereyra”.-
En dicha oportunidad, recordando antecedentes de este Tribu-nal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se dijo que: “…en nuestro derecho local la garantía del amparo se encuentra expresamente reconocida en el artículo 15 de la Constitución Provincial…y en la Ley Nº 1117, la cual, para la admisión de esta vía excepcional, exige como requisito esencial la existencia de un acto, acción u omisión que se origine en órganos o agentes de la Administración Pública Provincial o Municipal que, en forma actual o inminente y con ostensible arbitrariedad o ilegalidad, altere, amenace, lesione, restrinja o de cualquier modo impida el normal ejercicio de los derechos expresa o implícitamente reconocidos por la Constitución Nacional o Provincial, con exclusión del derecho a la libertad física (cfr. art. 2º de la norma citada)…en tales hipótesis los jueces deben extremar la ponderación y la prudencia…a fin de no decidir, por el sumarísimo procedimiento de esta garantía constitucional, cuestiones susceptibles de mayor debate y que corres-ponda resolver de acuerdo con los procedimientos ordinarios…la admisión de este remedio excepcional puede engendrar la falsa creencia de que cualquier cuestión litigiosa tiene solución por esta vía; y que esa doctrina no había sido alterada por la reforma constitucional de 1994 al artículo 43 de la Constitución Nacional…debe ponerse de manifiesto el carácter residual que reviste la acción de amparo, que sólo es procedente cuando no existan otros recursos o remedios judiciales que permitan obtener la protección del derecho que se pretende afectado (cfr. art. 3º, inc. d) de la Ley Nº 1117)…'…es dable dejar sentado que a los fines de la acción de amparo la petición debe ajustarse a la inexistencia de otra vía idónea y el carácter palmario y manifiesto de la lesión, acompañada con la debida demostración en el caso concreto…'…'…'...si bien es indudable que la letra del artículo 43 de Constitución Nacional reafirma la autonomía del amparo respecto de los demás senderos procesales, no debe perderse de vista que la misma norma constitucional subordina la acción a la ausencia de otro medio judicial más idóneo…'...'...” (cfr.
Sentencia, Tomo XX, Reg. 670, Folio 3880/3891, voto de la mayoría).- Estas directrices que conforman la doctrina legal actual de este Alto Tribunal han sido reiteradas, por mayoría, en las causas “Perancho”, “Zaragoza”, “Saldivia” y “Vivanco” (cfr. Sentencia, Tomos XX, Reg. 677, Folio 3928/3939; Reg. 681, Folio 3957/3967; XXI, Reg. 686, Folio 4001/4012; Reg. 687, Folio 4013/4023, respectivamente).-
Al hilo de este razonamiento, estimo pertinente desarrollar algunas reflexiones adicionales en torno al principio de subsidiariedad que rodea al amparo, siguiendo para tal cometido las reflexiones que, con claridad meridiana, expone Patricio Marcelo E. Sammartino.-
Uno de los problemas decisivos que enfrenta la jurisdicción constitucional de la libertad en su variante amparista se sintetiza en el siguiente dilema: cómo se determina el cuándo del amparo.-
En nuestro derecho, la respuesta fluye con nitidez tanto del texto del artículo 43 de la Constitución Nacional, como de la propia voluntad del constituyente: la pretensión de amparo es admisible “siempre que no exista otro medio judicial más idóneo”.-
Ciertamente, no ha sido la doctrina ni la jurisprudencia quienes elevaron a la subsidiariedad al rango de mandato procesal constitucional. Fue el propio artículo 43 de la Constitución Nacional el que, expresamente, le confirió a aquélla tal carácter.-
El principio de subsidiaridad afirma, que quien promueve un juicio de amparo asume la carga de demostrar, en concreto, la inutilidad (ora por inexistencia, ora por ineficacia) de los demás cauces judiciales de tutela previstos por el ordenamiento jurídico, debiendo el juez, bien en la fase de admisión, bien en la de estimación, expedirse expresamente sobre la concurrencia o no de ese recaudo de admisibilidad.-
Por cierto, la norma constitucional no le atribuyó al juez la facultad de discernir por su sola voluntad, discrecionalmente, cuándo corresponde encauzar una pretensión por la vía del amparo.-
Comprobada la concurrencia del supuesto de hecho previsto por la norma (inexistencia de otro medio judicial más idóneo) recién allí estará en condiciones de operar, prácticamente, el consecuente constitucional previsto por aquélla, la admisión amparista, quedando habilitado, así, el examen directo de la actuación de la autoridad pública cuestionada por el proceso constitucional amparista.-
Contrariamente, de no concurrir tal supuesto, el juez no tendrá opción: deberá desestimar la pretensión como amparo.-
En suma, el principio de subsidiariedad se presenta como un estándar constitucional de interpretación por cuyo conducto es posible discernir la admisibilidad de la pretensión de amparo en situaciones dudosas.-
Esta matriz directiva, en su más primaria funcionalidad, está llamada a evitar el empleo del amparo para sustituir o reemplazar a los cauces procesales ordinarios o específicos cuando ellos se exhiban previsiblemente útiles para brindar adecuada protección judicial de los derechos.-
En este punto, vale resaltar que el informe de mayoría de la Comisión de Nuevos Derechos de la Convención Constituyente de 1994 puntualizó: “El dictamen de mayoría considera la acción de amparo como una vía excepcional. Parte del supuesto de la eficiencia de todo el orden jurídico en la protección de los derechos y, además, reconoce que no se puede sustituir por vía judicial el sistema republicano y democrático de gobierno porque el acceso al sistema judicial está expedito en condiciones de extrema excepcionalidad.” (cfr. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente, pág. 4046).- Al postulante de la pretensión amparista le incumbe alegar y demostrar, como imperativo de su propio interés, que está reunido el supuesto de hecho consagrado en el artículo 43 de la Constitución Nacional, esto es, que no existe otro medio judicial más idóneo -para ventilar el conflicto- que el amparo.-
En definitiva, la admisibilidad de la pretensión de amparo está sujeta a un elenco de directrices básicas que se pueden formular del siguiente modo:
(i) Quien postula una pretensión de amparo tiene la carga de desvirtuar la presunción constitucional de eficacia del sistema procesal común.-
Como consecuencia del carácter excepcional se sostiene que la existencia de una vía legal ordinaria para la protección de los derechos que se dicen lesionados excluye, en principio, la acción de amparo, en tanto ésta no está destinada a reemplazar medios ordinarios instituidos para la solución de controversias.-
En este sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación enfatiza que: “...quien solicita tal protección judicial ha de acreditar en debida forma la inoperancia de las vías procesales ordinarias a fin de reparar el perjuicio invocado...” (Fallos: 329: 4908 y 330:4647).-
Esta tendencia le impone al postulante de la pretensión la carga de justificar, según el curso ordinario de los procesos comunes o especiales, la concreta ineptitud del catálogo de cauces judiciales de protección para garantizar inmediatamente la integridad de un derecho esencial.-
Desde este vértice, quien postula una pretensión de amparo tiene la carga procesal de demostrar la previsible inutilidad del sistema procesal común o del régimen específico consagrado por alguna norma procesal.-
En el derecho de amparo argentino esa carga procesal se satisface acreditando la ausencia de cauces procesales aptos para salvaguardar el derecho fundamental lesionado, o, demostrando que el proceso ordinario -o, en su caso, la vía especial- resulta inútil para restablecer, en tiempo útil, su integridad o prevenir la inminente lesión del derecho.-
En el actor recae la carga de acreditar la inexistencia de cauces procesales apropiados o la concreta ineficacia de otras vías que permitan obtener la protección del derecho que se procura salvaguardar.-
El amparo argentino fue concebido como instrumento de tutela judicial que acude en socorro o ayuda del sistema procesal solamente en aquellos casos en que el orden ritual general no puede dar respuesta útil -aun con el dictado de medidas cautelares- a la cuestión que por dicho conducto se plantea.-
La prueba que destruya dicha proposición normativa será una carga de la amparista. Es a la parte actora a quien le incumbe alegar fundadamente que el conflicto que se somete a la jurisdicción involucra, genuinamente, una relación de disponibilidad irreductible protegida por un derecho fundamental y que la interposición del amparo no persigue eludir las normas generales, sino que, por el contrario, la demanda de amparo fue interpuesta atendiendo a la previsible inutilidad de los remedios comunes para restablecer, preservar o acceder in natura, y en tiempo oportuno, al derecho fundamental lesionado.- (ii) Quien postula una pretensión de amparo asume la carga de acreditar la presencia de una situación fáctica o jurídica de urgencia que haga exigible la protección judicial inmediata de un derecho fundamental.-
La inmediatez con la cual se debe conferir la tutela amparista responde a un presupuesto fáctico jurídico propio de esta acción: la urgencia objetiva. Ésta, a su vez, remite a la existencia de una lesión cierta, concreta, grave e irreparable que previsiblemente se irrogaría sobre los derechos enumerados en el artículo 43 de la Constitución Nacional, si éstos no fueran restablecidos prontamente mediante un proceso de trámite rápido y expedito.-
(iii) Al amparista le incumbe justificar que el amparo es un “factor de evitación” de un daño previsiblemente grave (o irreparable) sobre un derecho fundamental.-
Sobre el actor recae la carga de demostrar que la remisión a los cauces regulares o especiales de tutela judicial originará un perjuicio grave de muy difícil o imposible reparación ulterior sobre la sustancia constitucional de los derechos que se pretenden tutelar.-
También le concierne justificar que el amparo tiene aptitud para quebrar dicha cadena causal.-
Como resulta dable advertir, la consagración constitucional de esta acción no tuvo por finalidad propiciar la elusión del sistema procesal común. El amparo viene en socorro o ayuda del sistema procesal general.-
La determinación de que el amparo es la vía judicial más idónea exige que la situación planteada no quede subsumida en la pauta de exclusión establecida en el artículo 43 de la Constitución Nacional. Ello significa que en cada caso en concreto el juzgador -bien en la fase de admisión o bien en la fase de estimación y como recaudo previo a determinar la procedencia material de la pretensión- deberá efectuar un pronóstico causal que se cierne entre la remisión a los procedimientos judiciales comunes y el daño grave e irreparable que dicha remisión provocaría sobre los derechos que se intentan tutelar.- Si de dicho pronóstico surge que la utilización de los remedios comunes (incluso combinados con una providencia cautelar) no provocará daño grave e irreparable sobre la sustancia constitucional del derecho que se invoca, deviene claro que no se da la relación causal antedicha y, por ende, no quedará constitucionalmente justificada la utilización del amparo (cfr. aut. cit., “Amparo y Administración. En el Estado Constitucional Social de Derecho”, 1ª ed, Buenos Aires, AbeledoPerrot, 2012, Tomo II, págs. 765/803).- Sobre tales parámetros (y dentro del marco que con ellos se diseña) no aprecio en el caso en concreto razones suficientes que justifiquen el juzgamiento de la cuestión por la vía extraordinaria del amparo.-
Advierto que los antecedentes fácticos y jurídicos presentados por los interesados fueron correctamente evaluados por el Tribunal a quo a la luz del principio de subsidiariedad reseñado, sin que pueda predicarse válidamente -tal como lo pretenden los recurrentes- una pretendida ausencia de motivación.-
Tal como surge de lo expuesto por los amparistas en el escrito de demanda, su agravio se centra en el contenido normativo reflejado en el artículo 6° de la Ley Nº 3645, a partir del cual se modifica el artículo 18, inciso d) de la Ley Nº 272. Tal, es el objeto de impugnación mediante esta vía procesal intentada, puesto que así lo manifiestan los accionantes en su presentación inicial y en el escrito portador del recurso extraordinario bajo examen. En este último, tal como se reseñó anteriormente, los casacionistas expresan que lo que se solicita es que se los habilite a postularse como consejeros, solicitando la declaración de inconstitucionalidad de la norma precitada; también enfatizaron el hecho de que la fecha de la elección era una cuestión secundaria, que no constituye bajo ningún punto de vista el objeto de su reclamo (cfr. foja 180). Persiguen, en definitiva, los beneficios que se derivan de la obtención de certidumbre jurídica acerca de que el texto legal enunciado es inconstitucional.- Al sustentar la idoneidad del cauce procesal escogido, los amparistas se limitan a alegar que en relación a la cuestión específica objeto de su demanda, la acción de amparo constituye sin lugar a dudas el único remedio judicial para lograr el cese a la violación de sus derechos, dado que le han reclamado mediante sucesivas notas al Comité Directivo del CPAIA, sin obtener una respuesta favorable (cfr. foja 36 vta.).-
Como se ve, la demanda exhibe una orfandad total en este punto, sin que la genérica afirmación transcripta alcance para cumplir la carga que tenían a su cargo. Ninguna explicación detallada han aportado tendiente a demostrar la ineficacia o perjuicio que les podría irrogar el tránsito por las vías procesales ordinarias.-
Tampoco se verifica en el sub lite una situación objetiva de urgencia. No hay en su relato elementos serios y convincentes que tornen perceptible una verdadera urgencia en la tutela requerida, ni por la naturaleza del conflicto ni por los tiempos implicados, máxime teniendo en cuenta las manifestaciones vertidas por los propios impugnantes en su pieza recursiva, quienes -como se dijo- ensayan un reclamo indefinido en el tiempo.-
Todo conflicto importa la contradicción de derechos-facultades y, por consiguiente, la invocación de algún tipo de menoscabo en relación a los mismos. Sin embargo, no todo tipo de acción u omisión, conflicto y lesión puede ser subsanada a través del amparo. Sólo los actos u omisiones manifiestamente arbitrarios que violenten derechos fundamentales y requieran de una solución expedita como forma de salvaguardar su existencia o razón de ser, sin que exista otro medio más idóneo para reparar o evitar el compromiso vital a los derechos en juego (cfr. Sucunza, Matías A.: “Ley de amparo individual y colectivo de la provincia de Buenos Aires. Análisis, comentario y desarrollo jurisprudencial”, 1ª ed., CABA, Editores del Sur, 2018, págs. 83/84).- A modo de colofón, vale recordar que “…el Poder Judicial debe ser estricto en el examen de los presupuestos que habilitan la procedencia procesal del amparo, con el propósito de que siga siendo un remedio útil para, de manera eficaz y urgente, superar aquellas situaciones arbitrarias o ilegítimas que se denuncien como manifiestas. Su generalización y aplicación a cuestiones que claramente lo exceden debe ser evitado, ya que ello incide en su transformación, y trae aparejado que pierda su real esencia y razón de ser, afectándolo seriamente, en la medida en que se permita subsumir en sus previsiones conflictos para los que no ha sido realmente previsto.” (Fallos 330:1279).- En suma, mi opinión es contraria a la pretensión recursiva de los amparistas, en tanto considero que no se encuentran reunidos en autos los requisitos exigidos para la viabilidad de la acción de amparo impetrada, en particular, la acreditación de la inexistencia o ineficacia de otro medio judicial más idóneo y la presencia de una situación de urgencia objetiva que amerite acudir a la vía excepcional intentada.-
IV. En virtud de los fundamentos hasta aquí expuestos, considero que debe rechazarse el recurso de casación incoado por la parte actora a fs. 175/180 vta., contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 145/153, confirmando, en consecuencia, la declaración de inadmisibilidad de la acción de amparo intentada; imponer las costas por su orden (cfr. art. 16 de la Ley Nº 1117), diferir la regulación de honorarios de la letrada interviniente -por la parte actora- hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/ 1999).- En razón de todo lo expuesto, a la primera cuestión voto por la negativa.-
A la Segunda Cuestión el Dr. Mariani, Dr. Peretti, Dra. Mercau y Dra. Ludueña Campos dicen:
En atención a lo expresado en la primera cuestión, proponemos se dicte sentencia haciendo lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 175/180 vta., revocando la sentencia emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 145/153, en cuanto al rechazo formal de la acción. En su consecuencia, emitir pronunciamiento como Tribunal de mérito (cfr. arts. 13 y 14 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C., conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-) y rechazando la acción de amparo articulada, por cuanto la decisión adoptada por la Comisión Directiva del CPAIA, contra la postulación de los actores para integrarla no es arbitraria o ilegal, sino que se encuentra fundada en una ley, cuya constitucionali-dad se sustenta de acuerdo al análisis efectuado en los considerandos que anteceden, imponiendo las costas por su orden (cfr. art. 16 de la Ley Nº 1117 y modif.) y difiriendo la regulación de honorarios de la letrada interviniente -por la parte actora- hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999).- A la Segunda Cuestión la Dra. Fernández dice:
En virtud de los fundamentos expuestos en la primera cuestión, propongo se dicte sentencia rechazando el recurso de casación incoado por la parte actora a fs. 175/180 vta., contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circuns-cripción Judicial, obrante a fs. 145/153, confirmando, en consecuencia, la declaración de inadmisibilidad de la acción de amparo intentada; imponer las costas por su orden (cfr. art. 16 de la Ley Nº 1117), diferir la regulación de honorarios de la letrada interviniente -por la parte actora- hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999).- En virtud de todo lo expuesto se dicta la siguiente sentencia:
Río Gallegos, 24 de noviembre de 2021.-
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto mayoritario y concordante de los Sres. Vocales Dres. Daniel Mauricio Mariani, Enrique Osvaldo Peretti, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau y de la Sra. Presidenta, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; el voto en disidencia de la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández; y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar, parcialmente, al recurso de casación articulado por la parte actora a fs. 175/180 vta. y, en consecuencia, revocar la sentencia emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 145/153, en virtud de lo expuesto en los Considerandos IV, V y VI.-
2. Rechazar la acción de amparo incoada de acuerdo a los argumentos vertidos en el Considerando VII.-
4. Diferir la regulación de honorarios de la letrada inter-viniente -por la parte actora- hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidenta- Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1022S.211 Tomo: XXI Interlocutorio: 694 Folio N°: 4076/4086 Secretaría: 1
Fin de la sentencia