Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2023-36565212-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar las excepciones de nulidad y prescripción opuestas por la actora, sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
2Confirmar la Resolución N° 2023-858-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 13/03/2023, en la actuación SIGEA N° 13289- 6072-2013, debiendo tenerse presente en autos el pago de los tributos efectuado por la aseguradora, acreditado en las actuaciones administrativas, conforme al monto máximo incluido en la póliza y que dio lugar a la liquidación manual N° 23001LMAN033184V. Costas a cargo de la actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-33168076-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 31 de Marzo de 2025 Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Horacio J. Segura y Claudia B. Sarquis, a fin de resolver en el expediente EX-2023-36565212- -APN-SGASAD#TFN:
“GEMINELLI S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”, El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución N° 2023-858-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 13/03/2023, en la actuación SIGEA N° 13289-6072-2013, en cuanto resuelve condenar a la actora al pago de una multa equivalente a $ 140.986,61 y formular cargo, conjuntamente a la aseguradora ALLIANZ ARGENTINA CÍA. DE SEGUROS S.A., en concepto de tributos adeudados por U$S 27.003,76, atento a encontrarla responsable de la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., con relación a la mercadería importada temporariamente mediante la operación N° 12001IT14000941W, con vencimiento el 09/05/2013.
II. Fundamentos de la apelación: Mediante el RE-2023-36555906-APN-SGASAD#TFN, en fecha 03/04/2023, se presenta la actora, por apoderado, e interpone recurso de apelación contra la resolución indicada. Inicialmente, opone la nulidad del auto de apertura de sumario y, como consecuencia, entiende que operó la prescripción en cabeza del Fisco para imponer penas y perseguir el cobro de los tributos. Cita jurisprudencia. Recuerda la necesidad de que los actos sean debidamente notificados. A continuación, aclara que, en sede aduanera, manifestó que la planta industrial de la firma sufrió un incendio que ocasionó la destrucción total de la misma y de sus oficinas, perdiéndose además la documentación existente en su interior. En orden a dichas motivaciones, asevera que resulta imposible aportar constancias documentales relativas a la destinación suspensiva del caso y su cabal cumplimiento. Adiciona que el aludido siniestro derivó en el concurso preventivo de la empresa, iniciado ante el Juzgado de Distrito en lo Civil y Comercial de la 17ª nominación de Rosario. Finalmente, ofrece prueba, formula reserva de Caso Federal y solicita se revoque la resolución apelada.
III. Contestación del traslado: En el archivo adjunto al IF-2023-71456108-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta el traslado conferido y acompaña las actuaciones administrativas. Luego de efectuar un relato de los hechos de la causa, formula una negativa genérica. Se opone al planteo de nulidad y prescripción formulado por la actora. Se expide en relación al régimen de importación temporal, a la carga de la prueba y a las obligaciones que pesan sobre el beneficiario de aquel. Cita jurisprudencia. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita que se confirme el fallo aduanero, con costas.
IV. Que, en lo que aquí interesa, las actuaciones administrativas SIGEA N° 13289-6072-2013 (archivos embebidos a los IF-2023-71174014-APN-DTD#JGM, IF-2023-71174403-APN-DTD#JGM e IF-2023-
71174749-APN-DTD#JGM) con el acta de denuncia N° 2468/13. A fs. 12 obra el aforo de la mercadería y a fs. 16 la liquidación tributaria. A fs. 17, en fecha 28/12/2018, se dispone la instrucción de sumario. A fs. 25 se efectúa nueva liquidación de multa y tributos. A fs. 26 se adjunta impresión de pantalla de la garantía afectada a la operación. A fs. 27 y vta. se dispone correr vista de lo actuado, notificada a fs. 77/78, en fechas 07/09/2022 y 12/09/2022 (actora y aseguradora, respectivamente). A fs. 30 la aseguradora da cuenta del pago de tributos. A fs. 36/49 se presenta la importadora y contesta vista. A fs. 80/81 se encuentra la póliza N° 120240074950. A fs. 98 se genera LMAN N° 23001LMAN033184V por el pago de los tributos efectuado por la aseguradora, cuyo VEP consta a fs. 79. A fs. 86/92 se dicta la resolución aduanera, notificada a fs. 100/101. A fs. 102/104 la actora acompaña formulario F4 e informa la apelación ante este Tribunal.
V. Que en fecha 26/03/2025 se elevaron los autos a la Sala “G” (PV-2025-31353974-APN- VOCXXI#TFN). Por IF-2025-31498147-APN-VOCXXI#TFN, en la misma fecha, pasaron a sentencia.
VI.-Que, preliminarmente, corresponde tratar las excepciones de nulidad y prescripción opuestas por la actora en el escrito inicial.
Que a esos fines cabe recordar que el art. 934 del C.A. expresa “La acción del fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de 5 años” comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción. Que el 937 del C.A. establece las causales de interrupción del plazo de prescripción del aludido art. 934, y específicamente en su inc. a) determina como tal al “...dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario...”.
Que, con relación a los tributos, el art. 803 del C.A. establece que: “Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que dicho plazo, según el art. 805 inc. a) del C.A., se suspende: “...desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión...”
Que razonablemente, para poder tener el referido efecto interruptivo y/o suspensivo, el acto -en el caso, el auto de apertura del sumario- debe claramente ser válido, siendo para ello necesario que reúna todos los elementos formales y materiales que determina la normativa vigente.
Que es el art. 1094 del C.A. el que establece todas las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario, y en este sentido dispone que el mismo “...determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados.”
Que, de la compulsa del auto de apertura del sumario (obrante a fs. 17 de las actuaciones administrativas) se advierte que cumple con los extremos legales exigidos por el art. 1094 del C.A. para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera atribuye.
Que, en efecto, del cotejo de las actuaciones administrativas surge que se efectuó, en forma previa a su dictado, el aforo de la mercadería y la liquidación de tributos (fs. 12 y 16).
Que, por lo expuesto, y siendo que el vencimiento de la temporal en trato operó el 09/05/2013 (fecha de comisión de la infracción), conforme la legislación aplicable el plazo de prescripción de 5 años tanto para imponer penas (conf. art. 934 del C.A.), como para perseguir el cobro de tributos por parte del Fisco (conf. art. 803 del C.A.) comenzó a correr a partir del 01/01/2014.
Que, en cuanto a la prescripción de la acción en cabeza del Fisco para perseguir el cobro de los tributos, el plazo se suspende (en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a) del C.A.) desde la apertura del sumario. Por ende, teniendo en cuenta que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó en fecha 28/12/2018, hasta ese momento habían transcurrido 4 años, 11 meses y 27 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que -de dicho plazo- restaban cumplirse 4 días los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión.
Que, atento lo establecido en el art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario “… hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión;...”.
Que desde que se reanudó el plazo hasta la notificación de la resolución aduanera no ha transcurrido el lapso restante, ya que el servicio aduanero notificó el acto (dictado el 13/03/2023) el día 16/03/2023 (Comunicación/Notificación N° 23001NOTI055819C, fs. 101 de las act. adm.).
VII. Que el temperamento a adoptar respecto a la prescripción de la acción para imponer sanciones resulta idéntico, a la luz del análisis que a continuación se efectúa.
Que, tal como ya se señaló con anterioridad, toda vez que el vencimiento de la temporal en trato operó el 09/05/2013 (fecha de comisión de la infracción), conforme la legislación aplicable el plazo de prescripción de 5 años para imponer penas (conf. art. 934 del C.A) comenzó a correr el día 01/01/2014.
Posteriormente, el plazo fue interrumpido por el dictado del auto de apertura de sumario (de fecha 28/12/2018). Es decir que el nuevo plazo quinquenal comenzó a correr a partir del día 29/12/2018, finalizando el 28/12/2023.
Que ahora bien, el art. 17 de la Ley N° 27.562 dispone la suspensión “(…) con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentre a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales.”, es decir del 26/08/2020 al 26/08/2021. Que, en atención a ello, el nuevo plazo debe computarse desde el 29/12/2018 al 26/08/2020 y luego reiniciar el cómputo a partir del 26/08/2021. En efecto, del 29/12/2018 al 26/08/2020 transcurrió 1 año, 7 meses y 25 días.
Es decir que del plazo quinquenal restaban cumplirse 3 años, 4 meses y 6 días los que debían computarse una vez que cesara la suspensión de la ley citada. Posteriormente, del 26/08/2021 a la fecha del dictado de la resolución aduanera apelada (13/03/2023) transcurrió 1 año, 6 meses y 16 días.
VIII. Que es por ello que, tal como surge del referido cómputo de plazos, al momento de la emisión del acto atacado, no había operado la prescripción de la acción en cabeza del Fisco para imponer sanciones y perseguir el cobro de los tributos y, como consecuencia, corresponde rechazar la excepción de prescripción, sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa. La misma suerte corre la excepción de nulidad planteada, por los motivos antes expuestos.
IX. Que, para abordar la cuestión de fondo, cabe determinar si se ha configurado la infracción prevista en el art. 970 del C.A. en relación a la mercadería importada temporalmente mediante la destinación aludida. Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos. Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el o los P.E.) permite acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
X. Que el Decreto N° 1330/04- a cuyo amparo se autorizó la operación en trato- establece que la mercadería “deberá ser exportada para consumo bajo la nueva forma resultante del perfeccionamiento industrial, dentro del plazo de TRESCIENTOS SESENTA (360) días computados desde la fecha de su libramiento.” (Art. 6)
Asimismo, dispone que “Art. 15. El beneficiario del presente régimen deberá previamente obtener el Certificado de Tipificación de Importación Temporaria (C.T.I.T.), que emitirá la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. El Certificado determinará la relación insumo-producto, detallando insumos, mermas, sobrantes, residuos y/o pérdidas que conformen el producto. El mismo deberá presentarse en oportunidad de tramitarse una Solicitud de Destinación Suspensiva de Importación Temporaria ante la Dirección General de Aduanas. Por razones debidamente justificadas, el mencionado Organismo podrá autorizar la Solicitud de Destinación Suspensiva de Importación Temporaria, cuando la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA comunique que el usuario ha presentado un informe técnico preliminar respecto del proceso de perfeccionamiento industrial involucrado, conforme las condiciones que establece el presente decreto. A los fines enunciados, los beneficiarios deberán contar con un dictamen o informe técnico elaborado por un organismo científico o tecnológico, cuya especialización y competencia sea acorde con el proceso de perfeccionamiento industrial correspondiente a la tipificación que se solicite. La Autoridad de Aplicación dispondrá los procedimientos y requisitos técnicos-administrativos para la implementación de lo establecido en el presente artículo.” (Art. 15)
XI. Que, como surge de la documentación incorporada a la causa como resultado de la medida para mejor proveer ordenada en autos (IF-2025-21214369-APN-DTD#JGM, IF-2025-21213966-APN-DTD#JGM e IF- 2025-21214065-APN-DTD#JGM) por cauce del despacho N° 12001IT14000941W (oficializada el 29/02/2012 ante la Aduana de Buenos Aires) la firma GEMINELLI S.A. importó temporalmente, bajo el amparo del régimen del Decreto N° 1330/04 polímeros de propileno en formas primarias, bajo la P.A. 3902.10.20.
Que no resulta controvertido que no surgen de las actuaciones administrativas antecedentes de la causa ni de la prueba aportada en el expediente elementos que permitan tener por acreditada la reexportación de la mercadería, obligación principal que emana del régimen al que ella se adhirió voluntariamente. Adicionalmente, la falta de la documentación respectiva conlleva una imposibilidad de efectuar descarga alguna.
Que la referencia efectuada por la actora a la existencia de un siniestro (cfr. punto 5.3 “CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS CON MOTIVO DE LA DESTINACIÓN SUSPENSIVA OBJETO DEL CASO-EXISTENCIA DE UNA CAUSAL DE FUERZA MAYOR QUE IMPIDE APORTAR DOCUMENTACIÓN ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS” y documental aportada en el RE-2023-36564978-APN-SGASAD#TFN)-específicamente-un incendio que ocasionó la destrucción total de la planta industrial de propiedad de la firma, junto a la documentación relacionada a la DIT bajo análisis no puede configura un eximente de responsabilidad.
Que claramente, en este caso no se trata de una alegada “destrucción de la mercadería”, supuesto que encuentra expresa recepción en el art. 261 del C.A., sino de la pérdida de la documentación que acreditaría la reexportación de la misma.
Que tampoco surge de la prueba documental aportada por la recurrente (RE-2023-36564978-APN- SGASAD#TFN) constancia de la que se desprenda que la referida documentación fue destruida en el incendio, ya que las destinaciones que se consignan en el cuadro adjunto en la página 25 del archivo adjunto son-en su totalidad-destinaciones de importación temporal, oficializadas con posterioridad al en distintas fechas (del 05/07/2013 al 23/04/2015).
Que la actora tampoco individualizó cuales serían los permisos de embarque (o en su caso, importaciones a consumo) que probarían que la mercadería importada no se encuentra en infracción ni desplegó actividad probatoria alguna al respecto (más allá del aporte de la prueba documental ya referenciada). Que, por las razones esgrimidas, no cabe más que confirmar la resolución apelada, con costas a la recurrente.
XII. Que cabe tener presente en autos el pago de los tributos efectuado por la aseguradora, acreditado en las actuaciones administrativas, conforme al monto máximo incluido en la póliza y que dio lugar a la liquidación manual N° 23001LMAN033184V (fs. 98).
Que, en virtud de todo lo expuesto, VOTO POR:
1).- RECHAZAR las excepciones de nulidad y prescripción opuestas por la actora, sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
2).- CONFIRMAR la Resolución N° 2023-858-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 13/03/2023, en la actuación SIGEA N° 13289- 6072-2013, debiendo tenerse presente en autos el pago de los tributos efectuado por la aseguradora, acreditado en las actuaciones administrativas, conforme al monto máximo incluido en la póliza y que dio lugar a la liquidación manual N° 23001LMAN033184V. Costas a cargo de la actora.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1).- RECHAZAR las excepciones de nulidad y prescripción opuestas por la actora, sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
2).- CONFIRMAR la Resolución N° 2023-858-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 13/03/2023, en la actuación SIGEA N° 13289- 6072-2013, debiendo tenerse presente en autos el pago de los tributos efectuado por la aseguradora, acreditado en las actuaciones administrativas, conforme al monto máximo incluido en la póliza y que dio lugar a la liquidación manual N° 23001LMAN033184V. Costas a cargo de la actora.
Regístrese y notifíquese.
Suscriben la presente los Dres. Horacio J. Segura y Claudia B. Sarquis por encontrarse en uso de licencia el Dr. Miguel Nathan Licht (Art. 1162 del C.A.).
Date: 2025.03.31 12:14:00 ART Date: 2025.03.31 12:32:49 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.03.31 12:33:27 -03:00
Fin de la sentencia