Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 28657-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución de fs. 49/51vta.; con costas (art. 68, CPCCN).
2Reducir los honorarios regulados a fs. 51/vta.
A la suma de pesos diez mil trescientos cincuenta ($10.350) (arts. 6º, 7º, 8º, 9º, 37, 38 y ccds. de la ley 21.839, modif. por ley 24.432).
3Regular los honorarios de la representación fiscal por su actuación profesional en la instancia en la suma de pesos tres mil ciento cinco ($ 3.105) (arts. 14 y ccds. de la ley 21.839, modif. por ley 24.432).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
17882/2013 GENERAL MOTORS DE ARGENTINA SRL (TF 28657-A) c/ DGA Buenos Aires, 11 de febrero de 2014.-
I. Que, a fs. 49/51vta., el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la resolución DI ADBA 73/09 y, en consecuencia, denegó la devolución de la suma abonada en concepto de tasa de estadística al momento de oficializar el DI 254.159-6/94. Impuso las costas a la actora.
A su vez, reguló los honorarios de la representación fiscal en la suma de $12.710.
Para resolver como lo hizo sobre la cuestión de fondo, recordó que la actora reclamaba la diferencia entre el 10% ad valorem exigido por el servicio aduanero y el 3% que hubiera correspondido por tratarse de mercadería comprendida en el anexo VIII del ACE 14, pero que el servicio aduanero desestimó tal solicitud porque no se acreditó el origen brasileño de la mercadería a través del certificado correspondiente.
Remitió a los términos del artículo 11 del ACE 14 y al punto 3 de las Normas Complementarias para Argentina, de donde surge que el país podrá aplicar una tasa de estadística del 3% sobre el valor CIF de la mercadería, pero aclaró que dicha tasa estaba negociada específicamente para el ACE 14, suscripto entre Argentina y Brasil, y con normas específicas de origen, por lo que debía aplicarse exclusivamente a las operaciones documentadas a su amparo.
Especificó que, al tratarse de un régimen especial y de excepción, el beneficiario debía dar cumplimiento a requisitos tales como la presentación de un certificado de origen, y que ello no constituía una cuestión meramente formal, sino que permitía demostrar la fabricación de los bienes en el territorio de los países signatarios (arg. art. 2º, anexo VIII, ACE 14).
Concluyó, entonces, de un modo acorde con el servicio aduanero, que al no haberse presentado el certificado de origen correspondiente, era inaplicable el porcentual de tasa de estadística previsto para las operaciones realizadas al amparo del ACE 14, y que debía estarse a la alícuota del 10% vigente a la fecha de registro de la operación, en función del decreto 1998/92.
II. Que, a fs. 53/54, el Fisco Nacional apeló los honorarios regulados a su favor por considerarlos bajos, lo que se concedió a fs. 56.
A su vez, a fs. 57/vta. la actora apeló por alta la regulación practicada a favor de la contraria, lo que se concedió a fs. 60.
A fs. 61/vta. la actora contestó el traslado conferido.
III. Que, por otra parte, a fs. 63 interpuso recurso de apelación la parte actora contra la sentencia definitiva (concedido a fs. 65), y a fs. 66/69vta. expresó agravios; los que fueron replicados a fs. 77/80.
En sustancia, plantea que al documentar la importación en trato la empresa presentó el certificado de importación nro. 72/94 emitido por la Secretaría de Industria, que le permitía introducir determinados vehículos comprendidos en el plan de complementación industrial, en los términos del anexo VIII del ACE 14. Destaca que dicho anexo es un régimen especial dentro del ACE 14, que tiene una regla propia para determinar los vehículos que CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV quedan comprendidos en él (arg. arts. 2º, 5º y 7º del anexo y art. 14 del dto. 2677/91, según la redacción dada por el dto. 683/94), de forma tal que no era necesario presentar un certificado de origen MERCOSUR para que fuera aplicable al caso el régimen preferencial del ACE 14. Cita jurisprudencia en apoyo de su postura y concluye que el certificado de industria presentado por su representada era apropiado para acreditar el origen zonal de la mercadería. Finalmente, destaca que al realizarse la importación se liberó la mercadería y en ningún momento el servicio aduanero cuestionó que los vehículos se hubieran importado con derechos del 0% en virtud de lo dispuesto en el anexo VIII (protocolo 21) del ACE 14, de modo tal que pretender ahora desconocer el certificado y señalar que no se encuentra debidamente acreditado el origen resulta una conducta contraria a los propios actos de la demandada.
IV. Que, a fs. 99 dictaminó el señor Fiscal General, con lo que llegan los autos a instancia de resolver.
V. Que, de las constancias de la causa, surge que la actora documentó mediante el DI 254159-6/94 la importación de mercadería nueva de la PA NADI 8703.22.000, originaria de Brasil, del fabricante General Motors Do Brasil Ltda., consistente en automóviles de turismo y demás vehículos automóviles, proyectados principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los vehículos del tipo familiar (“Break” o “Station Wagon”) y los de carrera. De cilindrada superior a 1.000 cm3 pero inferior o igual a 1500 cm3 (v. fotocopia certificada del DI a fs. 36/42, act. adm.).
En el campo correspondiente a observaciones, se consignó: “Se adjunta certificado de origen original y copia Nº: DMSCS 743/94” (v. esp. fs. 37).
A su vez, en el campo correspondiente a la declaración principal de la mercadería, se especificó que era importada “al amparo del plan de complementación industrial, dentro de los términos del A.A.P.C.E. Nº 14 Anexo III para el año 1994.- (Protocolo 21)” (v. esp. fs. 41).
De las actuaciones administrativas se desprende, asimismo, que fue imposible para el servicio aduanero ubicar y adjuntar la matriz del DI 254159-6/94 (v. fs. 43 y 62/70, act. adm.), lo que hubiera sido necesario para evaluar la correspondencia de la devolución.
A fs. 45 de esas actuaciones se intimó a la actora a acompañar copia debidamente autenticada de la documentación complementaria correspondiente a esa destinación (certificado de origen, factura, conocimiento), bajo apercibimiento de resolver la solicitud según las constancias colectadas; apercibimiento que se hizo efectivo a fs. 47, dada la incomparecencia de la interesada. Finalmente, el servicio aduanero rechazó la devolución pretendida por no contar con el certificado de origen correspondiente, condición necesaria para analizar la repetición solicitada. Concretamente, la resolución aduanera DI ADBA 73/09 sostuvo que no se invocó el ACE 14 en el despacho ni se acreditó a través del correspondiente certificado el origen de la mercadería objeto de la operación (fs. 79/80, act. adm.)
VI. Que, sin perjuicio de advertir que la recurrente consignó expresamente en el cuerpo del despacho que la mercadería importada lo era al amparo del plan de complementación industrial, dentro de los términos del anexo III del ACE 14 (v. fs. 41, act. adm.) -pudiendo razonablemente entenderse como un error la mención al anexo “III” en lugar del “VIII”-, lo cierto es que, más allá de la declaración obrante en el DI, en la causa no pudo constatarse que el certificado de origen se hubiera agregado efectivamente, porque la actora no compareció en sede aduanera a presentar las copias que le fueron requeridas, ni lo hizo en sede del TFN.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
Sobre esa base, cabe advertir que la presente causa se diferencia sustancialmente del precedente de la Sala III de esta Cámara en la causa nº 17.025/2006 “General Motors de Argentina SRL (TF 19719-A) c/ DGA”, fallada el 23/09/11, por cuanto en aquélla no existía controversia alguna acerca del origen brasileño de la mercadería en cuestión, al haberse acompañado los certificados de origen correspondientes.
Por otra parte, si bien la actora presentó oportunamente copia autenticada del certificado de importación 111/94 (fs. 19/21, act. adm.) y adujo que para importar automóviles fabricados en Brasil con la preferencia arancelaria del anexo VIII del ACE 14 no era necesario contar con certificado de origen del MERCOSUR, lo cierto es que dicho certificado, emitido por la Secretaría de Industria con arreglo a las normas que regulan el régimen de la industria automotriz y el plan de complementación industrial acordado en el anexo VIII del ACE 14, autoriza el despacho a plaza con derecho del 0% de vehículos de pasajeros de cualquier peso y cilindrada y vehículos de uso mixto hasta 1.500 kg de carga útil de la PA NALADI 87.02.1.99, como así también repuestos para los mismos, procedentes de la firma General Motors Do Brasil. Es decir que el certificado acompañado a las actuaciones administrativas se refiere, precisamente, a mercadería de la partida 87.02 (vehículos de pasajeros), de forma tal que no coincide con la descripción de la mercadería ingresada mediante el DI 254159- 6/94 y por ello, cualquiera fuera el criterio que se sustentara acerca de la necesidad de presentar el certificado de origen MERCOSUR para invocar los beneficios del anexo VIII del ACE 14, lo cierto es que el certificado de industria en cuestión tampoco sería eficaz a los fines pretendidos.
Adviértase también que los vehículos importados mediante la aludida destinación no son de los comprendidos en el artículo 2º, inciso a, del anexo VIII del ACE 14, por cuando clasifican en la partida 8703.22.000.
Por su parte, la prueba informativa producida a fs. 29 de autos, tampoco permite arribar a una conclusión distinta, porque se refiere en términos generales a la necesidad de contar con el certificado emitido por la Secretaría de Industria, Comercio y Minería del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos a los fines de realizar importaciones de vehículos bajo el citado régimen preferencial, pero nada dice respecto a la destinación y al certificado involucrados en la especie, ni tampoco especifica que fuera suficiente contar con aquél para obtener la preferencia arancelaria sobre la tasa de estadística por tratarse de una operación intrazona.
Antes bien, el artículo 14 del decreto 2677/91 establece: “Las empresas terminales podrán completar su oferta de vehículos en el mercado nacional mediante la importación de vehículos nuevos, sujeta al cumplimiento de las correspondientes exigencias de compensación establecidas en el artículo 8º, para lo cual se considerarán los respectivos programas de intercambio compensado definidos en el artículo 9º. La importación de vehículos en estas condiciones no tributará arancel cuando los mismos procedan y sean originarios de países integrantes del MERCOSUR. Cuando los vehículos sean originarios de extrazona, el arancel que las empresas terminales deberán tributar será el arancel vigente o el obtenido por aplicación de la fórmula de convergencia dispuesta en el artículo 22 del presente Decreto. Siempre, el que fuere menor. Dicha fórmula, tal como se encuentra indicada en el citado artículo, converge al arancel externo común fijado por el Decreto N° 998 de fecha 28 de diciembre de 1995, y se ajustará trimestralmente. Para el supuesto de importaciones de vehículos categoría "B", definida en el artículo 3 del presente Decreto, cuyo arancel vigente sea inferior al Arancel Externo Común, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV se tributará el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del arancel obtenido por aplicación de la fórmula de convergencia dispuesta en el artículo 22 de este Decreto.
En todos los casos, sea de intrazona o de extrazona, la importación se deberá realizar a través de los certificados que emite la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS” (énfasis añadido).
De forma tal que el certificado de industria es necesario en todos los casos, ya sea que se trate de importaciones intrazona o extrazona, pero de ningún modo surge de la reglamentación que aquél sea el instrumento válido para acreditar el origen MERCOSUR, suplantándose en este aspecto el régimen general de origen previsto en el capítulo V del ACE 14.
Cabe advertir, por último, que la procedencia de las ventajas arancelarias del ACE 14 no queda determinada por el tipo de mercadería ni porque sea originaria de un país determinado, sino que resulta del cumplimiento de los requisitos específicos que se prevén en cada caso, y en la especie, a estar a los términos de la declaración, fue la propia recurrente la que entendió que era necesaria la presentación del correspondiente certificado de origen (v. campo observaciones a fs. 37, act. adm.) (en sentido concordante, confr. Sala II, causa nº 34.495/09 “General Motors de Argentina SA (TF 19030- A) c/ DGA”, sentencia del 2/12/10, y sus citas).
Por las consideraciones expuestas, no se advierten motivos para apartarse de lo resuelto a fs. 49/51vta.
Las costas de Alzada se imponen a la actora vencida (art. 68, CPCCN).
VII. Que resta tratar las apelaciones deducidas contra la regulación de honorarios practicada a favor de la representación fiscal.
Al respecto, toda vez que aquellos han sido apelados por altos y por bajos, teniendo en cuenta la naturaleza del proceso, el monto del juicio, el resultado obtenido y la extensión, calidad y eficacia del trabajo profesional cumplido por la representación fiscal durante las tres etapas que tuvo el proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, corresponde REDUCIR los emolumentos fijados a su favor a la suma de pesos diez mil trescientos cincuenta ($10.350) (arts. 6º, 7º, 8º, 9º, 37, 38 y ccds. de la ley 21.839, modif. por ley 24.432).
Asimismo, corresponde REGULAR los honorarios de la representación fiscal por su actuación profesional ante esta instancia (confr. contestación de agravios de fs. 77/80), en la suma de pesos tres mil ciento cinco ($ 3.105) (arts. 14 y ccds. de la ley 21.839, modif. por ley 24.432).
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Confirmar la resolución de fs. 49/51vta.; con costas (art. 68, CPCCN).
2. REDUCIR los honorarios regulados a fs. 51/vta.
a la suma de pesos diez mil trescientos cincuenta ($10.350) (arts. 6º, 7º, 8º, 9º, 37, 38 y ccds. de la ley 21.839, modif. por ley 24.432).
3. REGULAR los honorarios de la representación fiscal por su actuación profesional en la instancia en la suma de pesos tres mil ciento cinco ($ 3.105) (arts. 14 y ccds. de la ley 21.839, modif. por ley 24.432).
Se deja constancia que el Dr. Rogelio W. Vincenti no suscribe la presente por hallarse en uso de licecnia (art. 109, RJN).
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORAN
Fin de la sentencia