Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 31833055-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAdmitir la apelación de la parte actora y, en consecuencia, modificar la decisión recurrida en cuanto las costas, las que se imponen en ambas instancias a la demandada (artículo 68, 1ra parte, del C.P.C.C.N.).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
10034/2021 GENERAL MOTORS DE ARGENTINA SRL (TF 31833055-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO ///nos Aires, 10 de septiembre de 2021.- AMD VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que, por medio del pronunciamiento del 30 de octubre de 2020 la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió -por unanimidaddeclarar abstracta la cuestión suscitada en las actuaciones, con relación a los procedimientos para las infracciones iniciados en las actuaciones administrativas SIGEA Nº 17994-130, 131, 132, 133 y 135, del año 2016. Asimismo, distribuyó las costas en el orden causado, en atención a las particularidades que presentaba la cuestión a decidir. Para así decidir, en primer lugar detalló la pretensión de la parte actora y los términos de la contestación del informe provisto por el Fisco Nacional. Ello así, también recordó los términos expuestos por el artículo 1160 del Código Aduanero y destacó que de la norma transcripta se colegía que resultaban requisitos de procedencia sustancial en acciones como la presente que la demora del servicio aduanero causara un perjuicio, que fuera excesiva y que hubiera motivado un pedido de “pronto despacho”.
Advirtió que la firma amparista había requerido, el 7 de noviembre de 2017, un pedido de “pronto despacho” respecto de las actuaciones SIGEA Nº 17994-130, 131, 132, 133 y 135 del año 2016 y que, ante la inacción del servicio aduanero, tal petición había sido reiterada el 24 de junio de 2019, a excepción de la actuación SIGEA Nº 17994-135-2016.
En ese contexto, señaló que se colegía de las actuaciones administrativas referidas que la demandada, mediante las Resoluciones Nº 10238, 10239, 10240, 10241 y 10243, todas de fecha 20 de diciembre del 2017, había resuelto los procedimientos objeto del presente amparo, condonando las multas vinculadas a la firma “GENERAL MOTORS S.R.L.” por la infracción tipificada en el artículo 995 del Código Aduanero, motivo por el cual dedujo que la cuestión planteada devenía abstracta. Sobre el particular, agregó que si bien era cierto que las distintas Resoluciones aduaneras que pusieron fin al reclamo actoral no habían sido notificadas a la amparista, lo real y concreto resultaba ser que entre ellos y la interposición de esta acción habían transcurrido tres años y que en el mentado lapso no se observaba tampoco que la actora hubiera compulsado o solicitado la vista de las actuaciones principales. Además, puso de resalto -en lo vinculado al pedido de “pronto despacho” requerido por el Código Aduanero- que el intentado en la especie carecía de actualidad y de utilidad a los fines de movilizar el proceso, habida cuenta de que al momento de su última presentación (esto es, el 24 de junio de 2019) el procedimiento ya había sido resuelto 18 meses antes (el 20 de diciembre de 2017).
Por ello, reiteró que el amparo intentado carecía de virtualidad y devenía necesariamente en abstracto y que aún cuando se advertía “[q]ue no [obraban] constancias de notificación a la firma de las referidas resoluciones -aclarando que en su articulado no disponían expresamente que se notifiquen al interesado (en el probable entendimiento que por ser “condonaciones”, las mismas operaban de “pleno derecho”)-, la finalidad pretendida con la interposición de este recurso de amparo, de obtener una resolución respecto de la condonación de las multas objeto de la litis, se encuentra cumplimentada, desde hace casi dos años a la fecha […]”.
Finalmente, añadió que tampoco se había verificado una demora excesiva por parte de los empleados administrativos en la realización de los trámites conducentes para el dictado de los decisorios aduaneros, si se tenía en cuenta que el propio servicio había dispuesto la apertura del sumario y corrido vista del mismo en noviembre de 2016 y que -luego de desestimar una petición análoga de la actora en abril de 2017- en diciembre de 2017 dictó -a raíz de una nueva solicitud articulada en noviembre de ese año- las resoluciones de condonación de la multa en CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II cuestión a la accionante (páginas 192/196 del PDF Nº 2 acompañado en la causa).
II. Que, disconforme con lo resuelto, el 16 de noviembre de 2020 la parte actora interpuso un recurso de apelación, el que fundó en el mismo acto y cuyo traslado obra contestado en las páginas 218/220 del PDF Nº 2 acompañado en la causa. Se agravió respecto de la distribución de las costas.
Primeramente desarrolló los antecedentes de la causa, de los cuales destacó: a) la contestación de vista efectuada por su parte en los sumarios administrativos del caso; b) que ella no había sido notificada de acto (interlocutorio o definitivo) alguno a la fecha; c) los pedidos de “pronto despacho” del 7 y 14 de noviembre de 2017 y del 26 de junio de 2019 efectuados por la empresa; d) la fecha de inicio de esta acción; e) la omisión de su contraria de aludir a la correcta notificación de los actos dictados al momento de presentar el informe de ley, y f) la consideración efectuada por el Tribunal Fiscal vinculada a la notificación de las resoluciones del caso.
Ello así, esgrimió que su parte había acudido al Tribunal Fiscal “[e]n amparo de sus derechos por la mora de la Aduana, toda vez que transcurridos casi cinco años y medio de contestadas las vistas en los sumarios infraccionales, a la fecha de interposición del recurso de amparo [su] mandante no había tomado conocimiento de las resoluciones dictadas en las actuaciones […]”.
En ese sentido, adujo que si bien era cierto que el artículo 56 de la ley 27.260 disponía que las multas y demás sanciones correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas al 31 de mayo de 2016 quedarían condonadas de pleno derecho, ello no eximía al servicio aduanero del deber de notificar las resoluciones definitivas al interesado. Sobre el punto, recordó lo prescripto por el artículo 1037, inciso “f” del Código Aduanero.
Además, destacó que la Aduana debería haber enviado al domicilio legal correspondiente las notificaciones de las resoluciones vinculadas a su petición y recordó que el procedimiento administrativo se encontraba regido por el principio de oficialidad.
Por otra parte, advirtió que fue la falta de diligencia del servicio aduanero en contestar las solicitudes de “pronto despacho” lo que motivó que su parte debiera iniciar estos actuados, toda vez que “[l]a última de las solicitudes fue presentada, en cada uno de los sumarios, el 26 de junio de 2019, es decir, más de un año y medio después de dictadas las resoluciones definitivas por el servicio aduanero […]”. Finalmente, abordó lo sostenido por el Tribunal de grado en cuanto a que “[l]a Aduana podría haber entendido que por ser “condonaciones”, las mismas operaban de “pleno derecho” y, por ende, no debían ser necesariamente notificadas al interesado […]”. En particular, explicó que la ley 27.260 había entrado en vigencia el 23 de julio de 2016 y que en los sumarios de infracción del caso la Aduana había notificado las corridas de vista a su parte cuando dicha ley se encontraba plenamente operativa.
Por ello, concluyó que si la condonación procediera de pleno derecho, el servicio aduanero ni siquiera debería haber corrido vista a su parte y que, en tales circunstancias, no existía mérito alguno para que su contraria sea eximida del pago de los accesorios.
Finalmente, refirió al principio general de la derrota contenido en los artículos 1163 del Código Aduanero y 68 del C.P.C.C.N, citó doctrina que consideró favorable a sus dichos y, por lo expuesto, solicitó que se revocara lo decidido en cuanto a las costas.
III. Que, de tal modo, conviene destacar que de la lectura de las constancias incorporadas en estas actuaciones (las que fueron iniciadas el 13 de mayo de 2020) en formato digital surge -en lo sustancial- que:
a) Respecto de las Actuaciones SIGEA Nº 17994-130-2016;
17994-131-2016; 17994-132-2016; 17994-133-2016 el 25 de noviembre de 2016 se le notificó a empresa actora la apertura de los referidos sumarios en los términos del artículo 1090, inciso “c” de Código Aduanero CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II y la vista de todo lo actuado, entre otras disposiciones. Asimismo, el 14 de diciembre de 2016 la accionante contestó la vistas conferidas, solicitando -en lo principal- que se tuviera por condonada la multa en los términos de la ley 27.260. Finalmente, y en atención al tiempo transcurrido los días 7 y 14 de noviembre de 2017 y 24 de junio de 2019 se peticionó el “pronto despacho” de lo actuado (páginas 135, 125/134 y 119/123; 91, 81/90 y 75/70; 61, 60/51 y 45/49; 23, 22/13 y 11/7 del PDF Nº 1 incorporado en la causa).
b) Respecto de la Actuación SIGEA Nº 17994-135-2016, se replicaron idénticas circunstancias a las detalladas en el inciso “a” del presente Considerando, con la salvedad de que únicamente se requirió el “pronto despacho” de las actuaciones los días 7 y 14 de noviembre de 2017 (páginas 112; 111/102 y 100/98 del PDF Nº 1 incorporado en la causa).
c) El 20 de diciembre de 2017 la Jefatura del Departamento de procedimientos legales aduaneros dictó las Resoluciones DE PLA Nº 10238, 10239, 10240, 10241 y 10243, vinculadas a las Actuaciones SIGEA detalladas en los dos incisos que anteceden, por medio de las cuales se dispuso la condonación de las multas impuestas en los sumarios de referencia (páginas 169/171, 224/226 y 279/281 del archivo PDF Nº 1 acompañado en la causa y páginas 166/168 y 53/55 del archivo PDF Nº 2 agregado en autos).
Al respecto, cabe agregar que no obran constancias en la causa que vislumbren que tales Resoluciones hubieran sido notificadas a la firma actora.
IV. Que, en tales términos y a los fines de resolver la cuestión planteada, en primer lugar corresponde abordar las manifestaciones vertidas por la recurrente en cuanto a la falta de notificación de las Resoluciones de condonación del caso.
Ello así, cabe recordar que el artículo 1012 del Código Aduanero establece la obligación de notificar “[l]os actos administrativos de alcance individual que tuvieren carácter definitivo […]”, que el artículo 1013 del citado cuerpo legal (aplicable a la especie, habida cuenta de que no acontece en el caso el supuesto previsto por el artículo 1004 de la norma de referencia) indica los medios disponibles para realizar tal cometido y que los incisos “f” y “j” del artículo 1037 del aludido Código obligan a notificar los actos “[q]ue confirieren la vista para presentar la defensa en el procedimiento para las infracciones […]” y “[q]ue resolvieren las causas en forma definitiva […]”.
De tal modo, también resulta conveniente advertir que no surge de la lectura de los Considerandos de los actos dictados el 20 de diciembre de 2017 por la autoridad aduanera fundamentación alguna que justifique adecuadamente la omisión de notificar las citadas Resoluciones, ni que la ley 27.260 plantee un régimen de notificación especial o automática para situaciones como la configurada en autos. En efecto, sobre la última de las cuestiones apuntadas es menester advertir que el procedimiento aduanero suscitado en las Actuaciones SIGEA bajo análisis evidencia que las condonaciones peticionadas se encontraban sujetas a revisión, de modo tal que ello priva de considerar válida a la interpretación esgrimida por la instancia de origen, dirigida a dispensar al servicio aduanero de anoticiar a la firma actora de los actos dictados, por operar la misma de “pleno derecho”.
Es entonces que, a la luz de la normativa y demás antecedentes reseñados, no caben dudas de que las Resoluciones DE PLA 10238, 10239, 10240, 10241 y 10243 debieron ser notificadas por los medios que prevé expresamente el Código Aduanero, si se repara en que ellas revisten el carácter de actos definitivos, que resolvieron lo planteado por la firma actora y que fueron dictados con posterioridad a la notificación de una vista en el marco de un procedimiento infraccional. Finalmente, recuérdese que la correcta noticia de los actos de alcance particular dictados por la Administración Pública constituye un requisito de eficacia de ellos y, asimismo, que ella hace a la correcta garantía del derecho de defensa y -consecuentemente- del debido proceso.
V. Que, en segundo lugar corresponde expedirse respecto de las solicitudes de “pronto despacho” efectuadas por la recurrente el 24 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II de junio de 2019, esto es, con posterioridad a la emisión de las Resoluciones DE PLA Nº 10238, 10239, 10240, 10241 y 10243.
Sobre el particular, cabe destacar que las presentaciones aludidas fueron realizadas en una oportunidad en la cual la firma recurrente no se encontraba debidamente notificada de los actos referidos en el párrafo antecedente. Asimismo, tampoco puede razonablemente considerar a los pedidos de “pronto despacho” como causales de una notificación tácita, si se tiene en cuenta que -precisamente- la normativa aduanera pone en cabeza del servicio administrativo el cumplimiento de la diligencia y que tampoco se encuentra acreditado que la actora hubiera solicitado la vista de las actuaciones.
De igual modo, adviértase que desde la introducción de las solicitudes referidas hasta el inicio de estos actuados transcurrieron once meses sin que la autoridad administrativa anoticiara a la accionante de la existencia de los actos que daban por finalizado su reclamo y que las mismas se encuentran vinculadas las demás solicitudes de pronto trámite efectuadas los días 7 y 14 de noviembre de 2017.
En tales condiciones, no cabe sino concluir que resulta prudente estimar que las peticiones destinadas a impulsar el trámite resultan consecuencia directa e inmediata del desconocimiento - justificado- de la parte actora del dictado de las Resoluciones aludidas precedentemente.
VI. Que, frente a todo lo expuesto, es que el recurso intentado por la parte actora ha de prosperar; ello, habida cuenta de que la firma logró tomar conocimiento de los actos que dieron respuesta a la solicitud que inició en sede administrativa una vez promovida esta acción. En efecto, tal y como fue advertido en los Considerandos que anteceden, las Resoluciones dictadas con fecha 20 de diciembre de 2017 carecen de instrumentos de notificación que vislumbren una adecuada noticia de ellas a la actora y que, pese a las presentaciones del 24 de junio 2019, la demandada omitió dar cuenta a la firma actora de la existencia de ellos sino hasta que fue iniciada la causa bajo análisis. Desde esta perspectiva corresponde concluir que, en el caso, el silencio de la accionada obligó a la accionante a litigar, motivo por el cual es la primera quien debe soportar las costas del proceso.
Estas consideraciones precedentemente descriptas justifican la admisión del recurso intentado por la actora y la revocación del pronunciamiento apelado en cuanto a las costas, las que se imponen en ambas instancias a la demandada (artículo 68, 1ra parte, del C.P.C.C.N.).
Como corolario de lo expuesto, este Tribunal RESUELVE:
admitir la apelación de la parte actora y, en consecuencia, modificar la decisión recurrida en cuanto las costas, las que se imponen en ambas instancias a la demandada (artículo 68, 1ra parte, del C.P.C.C.N.). Regístrese, notifíquese y devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS M. MÁRQUEZ MARÍA CLAUDIA CAPUTI
Fin de la sentencia