Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener a la parte actora por desistida de la acción y del derecho -incluso el de repetición- en los presentes autos respecto de la obligación regularizada (arg. art. 3 de la Ley 27.743), con costas.
2Tener por condonados los intereses según lo dispuesto en el inc. c) del artículo 6 de la mentada Ley y la multa aplicada en el impuesto a las ganancias conforme el artículo 7 de la misma norma (reglamentados –respectivamente- por los arts. 20 y 23 de la R.G. 5525/2024), con costas por su orden, atento que respecto de estos últimos conceptos no existe parte vencida.
3Dejar sin efecto la regulación emitida a fs. 2461/2461vta.
4Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en los presentes actuados de conformidad con el monto del presente litigio, la ponderación de la extensión y la calidad de la labor profesional desarrollada como así también de las particularidades de la cuestión planteada, el resultado obtenido por los profesionales beneficiarios, teniendo en cuenta las pautas de la ley 21.839 –y su modificatoria- vigente al momento que se cumplieron las tareas, en la suma de pesos doscientos cuarenta y un mil ciento treinta y cuatro con cuarenta y siete centavos ($ 241.134,47) por el patrocinio letrado y en la suma de pesos noventa y seis mil cuatrocientos cincuenta y tres con setenta y nueve centavos ($96.453,79) por la representación procesal. …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-69145823-APN-VOCIV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 26 de Junio de 2025
El expediente 33.604-I caratulado “GENSIROIL S.A s/Apelación”;
El Dr. Magallón dijo:
I. Que a fs. 113/212 la contribuyente del asunto interpuso recurso de apelación contra las resoluciones emitidas por la División Determinación de Oficio “B” del Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales- Subdirección General de Operaciones Impositivas de la AFIP-DGI (hoy ARCA):
(i) Nro. 04/210 de fecha 12/02/2010 que le determinó de oficio el Impuesto al Valor Agregado de los periodos fiscales enero de 2006 a mayo de 2007- ambos inclusive- por la suma de pesos cuatro millones novecientos cuarenta y seis mil setecientos ochenta y dos con ochenta y cuatro centavos ($4.946.782,84), con más la suma de pesos tres millones setecientos noventa y cinco mil seiscientos ochenta y seis con ochenta y seis centavos ($ 3.795.686,86) y efectuó la reserva del artículo 20 de la ley 24.769 con respecto a la aplicación de sanciones administrativas;
(ii) Nro. 05/2010 de fecha 12/02/2010 que le determinó de oficio el impuesto a las ganancias del período fiscal 2006 en la suma total de pesos ochenta y ocho mil cuarenta y seis con dos centavos ($88.046,02) con más intereses resarcitorios por la suma de pesos cincuenta y ocho mil doscientos veintisiete con setenta y siete centavos ($58.227,77) y le aplicó una multa graduada en el monto de pesos doscientos sesenta y cuatro mil ciento treinta y ocho con seis centavos ($264.138,06) por el impuesto presuntamente omitido conforme lo previsto en los artículos 46 y 47 inc. b) y c) de la ley 11.683.
II. Que fs. 2441/2449 obra el decisorio emitido por este Tribunal Fiscal en el que decidió confirmar las resoluciones apeladas y la multa, reduciéndola al mínimo legal previsto por la escala. El referido pronunciamiento fue confirmado por la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, en sentencia de fecha 15 de febrero de 2024 (ver fs. 2528/2531), la que fue apelada por la recurrente mediante la interposición de recurso extraordinario federal, el que fue desestimado por la Alzada en sentencia del 15 de agosto de 2024 (vide fs. 2533), notificada a la actora en fecha 16 de agosto de 2024 (vide fs. 2542).
III. Que seguidamente, a fs. 2527 ante este Tribunal Fiscal la actora desistió de la acción y del derecho –incluso el de repetición- informando su acogimiento al Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social, establecido en el Título I de la ley 27.743 (B.O 08/07/2024), lo que también había comunicado en la Alzada (ver fs. 2534/2540). En el referido escrito manifestó que consolidó el plan Nro. T409443 a los fines de regularizar las obligaciones discutidas en las presentes actuaciones, presentando ante el organismo fiscal el F.408/D.
Que ello así, a fs. 2544 se confirió traslado al Fisco Nacional de lo informado, el que fue contestado fs. 2557/2558.
En su responde, en primer término, la representación fiscal señaló que a la fecha del traslado conferido el pronunciamiento de la Alzada de fecha 15/08/2024 se encontraba firme. Sin perjuicio de ello, cumplió con informar que la recurrente regularizó las obligaciones discutidas con la consolidación del plan de pagos T409443, en tres cuotas y que presentó las declaraciones juradas rectificativas. En ese sentido, solicitó que se le corra traslado a los fines de que manifieste con carácter de declaración jurada no encontrarse incursa en las causales de exclusión previstas en el régimen.
Seguidamente, se expresó respecto a las causales de exclusión y dejó constancia de que lo expresado no importaba aceptación del acogimiento ni reconocimiento del derecho del solicitante a gozar de los beneficios establecidos en la Ley N° 27.743 y demás normas reglamentarias; situaciones éstas que serán discernidas por el área competente para la recepción o trámite del referido acogimiento.
Que a continuación, a fs. 2560 se dio traslado a la parte actora de lo manifestado por el Fisco Nacional y se la intimó a acompañar Formulario 408 debidamente completado en todos sus campos.
Que a fs. 2572 obra agregado el responde de la recurrente, en el cual sostuvo que el día 22/08/2024 presentó ante la Sala I de la Alzada el acogimiento a la ley 27.743, acompañando nuevamente la documental de su adhesión (plan de pagos- cancelado- y formularios 408/PD); y agregó que no se encuentra alcanzada por ninguna de las causales de exclusión previstas en el artículo 4 de la antedicha ley. IV. Que en primer lugar, teniendo en miras lo manifestado por la representación fiscal a fs. 2557/2558 con relación a la firmeza del decisorio mediante el cual la Alzada rechazó el recurso extraordinario incoado por la recurrente, cabe anticipar que su planteo no puede tener acogida.
Que en efecto, el artículo 3° inc. a) de la ley 27.743 dispone que se incluyen en el régimen “Aquellas obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa (incluye las causas ante el Tribunal Fiscal de la Nación) o contencioso administrativa (incluye cualquier causa en trámite ante el Poder Judicial), en tanto el contribuyente se allane y/o desista, según corresponda, incondicionalmente por las obligaciones regularizadas; y renuncie a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos”.
Que en el presente caso, al 20/08/2024 -fecha en la cual la recurrente presentó ante la ARCA el formulario 408 de desistimiento y allanamiento por las obligaciones discutidas en las presentes actuaciones consolidando en consecuencia el plan pertinente- el proceso contencioso administrativo se encontraba en curso, pues aún subsistan vías recursivas susceptibles de ser planteadas por la actora; ello, teniendo en miras que había sido notificada el 16/08/2024 del decisorio de la Alzada que rechazó el recurso extraordinario interpuesto por aquella (ver fs. 2542). Asimismo, el desistimiento formulado ante el organismo fiscal, tal cual lo dispone el régimen, fue debidamente comunicado ante la Alzada en fecha 22/08/2024 (vide fs.2534/2540) y ante este Tribunal Fiscal en fecha 20/09/2024 (vide fs. 2527), acompañando la documental que así lo sustentaba.
Que concretamente, el rechazo de un recurso extraordinario no implica necesariamente la firmeza de la sentencia, toda vez que aquel habilita la vía del recurso de queja, el cual debe ser sustanciado y resuelto por la Corte Suprema antes de considerar concluido el proceso ordinario. Tal criterio, fue ratificado recientemente por el Máximo Tribunal que, en marco del trámite de un recurso de queja en el que la actora comunicó su adhesión al régimen de la ley 27.743, aquel fue suspendido y remitida la causa a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal para su análisis. Finalmente, habiendo decidido la Alzada tener por desistida a la actora, el Tribunal Supremo consideró que devino inoficioso el tratamiento de la queja (ver CSJN, sentencia del 3 de junio de 2025 en los autos “Western Union Financial Services Argentina SRL c/ EN-AFIP-DGI s/ proceso de conocimiento”).
Por lo merituado, cabe concluir que en el caso de autos el desistimiento fue formulado en el debido plazo legal.
V. Que en razón de lo merituado precedentemente, teniendo en miras lo dispuesto por la Ley Nº 27.743, el Decreto Nº 608/2024 y la R.G. Nº 5525/2024 y que el desistimiento fue efectuado con la consolidación del plan T409443 en fecha 21/08/2024 –esto es, dentro de los 60 días corridos de la vigencia de la R.G. Nº 5525/2024 (B.O. 17/07/2024)- no surgiendo de las constancias de autos que la recurrente se encuentre comprendida en las exclusiones previstas en la norma, procede tenerla por desistida de la acción y del derecho -incluso el de repetición- en los presentes autos respecto de la obligación regularizada (arg. art. 3 de la Ley 27.743), con costas.
Que asimismo, corresponde tener por condonados los intereses, conforme lo establecido en el inc. b) del artículo 6 de la norma y la multa aplicada en el impuesto a las ganancias conforme el artículo 7 de la misma norma (reglamentados –respectivamente- por los arts. 20 y 23 de la R.G. 5525/2024), con costas por su orden, atento que respecto de estos últimos conceptos no existe parte vencida.
Finalmente, cabe destacar que los honorarios a regularse quedan reducidos al 50%, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 de la ley en trato.
El Dr. Pérez dijo:
Que adhiere a los relatos que efectúa el Vocal preopinante en los Considerandos I, II y III de su voto. Con relación a la cuestión tratada en el Considerando IV de dicho voto, cabe concluir en su mismo sentido. Ello así, habida cuenta que el artículo 285 in fine del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dispone que “…mientras la Corte no haga lugar a la queja no se suspenderá el curso del proceso”.
La norma refiere a la posibilidad de lograr la ejecución inmediata de la resolución impugnada durante el plazo para recurrir, pero no define la firmeza de la decisión (Fallos: 330:4103). En dicho pronunciamiento, la Corte compartió los fundamentos y conclusiones del Dictamen del Procurador, el que en el último párrafo del Apartado III del dictamen señalara: “Por otro lado, frente a los términos del pronunciamiento impugnado, estimo necesario aclarar que las consideraciones precedentes son independientes del carácter suspensivo del efecto de la interposición del recurso de queja por apelación federal denegada (de acuerdo a la doctrina que surge de Fallos: 193:138; 253:445; 258:351; 259:151; 305:1483; 311:1042; 319:398) y a las previsiones del artículo 285 in fine del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en cuanto refiere a que mientras la Corte no haga lugar a esa vía no se suspenderá el curso del proceso, pues estas cuestiones se refieren a la posibilidad de lograr la ejecución inmediata de la resolución impugnada durante el plazo para recurrir, pero no definen la firmeza de la decisión en los términos que aquí interesan para dilucidar los agravios propuestos.”
Por lo tanto, compartiendo lo expuesto en el Considerando V del voto precedente, concluyo en su mismo sentido.
El Dr. Porporatto dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Magallón.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Tener a la parte actora por desistida de la acción y del derecho -incluso el de repetición- en los presentes autos respecto de la obligación regularizada (arg. art. 3 de la Ley 27.743), con costas.
2. Tener por condonados los intereses según lo dispuesto en el inc. c) del artículo 6 de la mentada Ley y la multa aplicada en el impuesto a las ganancias conforme el artículo 7 de la misma norma (reglamentados –respectivamente- por los arts. 20 y 23 de la R.G. 5525/2024), con costas por su orden, atento que respecto de estos últimos conceptos no existe parte vencida.
3. Dejar sin efecto la regulación emitida a fs. 2461/2461vta.
4. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en los presentes actuados de conformidad con el monto del presente litigio, la ponderación de la extensión y la calidad de la labor profesional desarrollada como así también de las particularidades de la cuestión planteada, el resultado obtenido por los profesionales beneficiarios, teniendo en cuenta las pautas de la ley 21.839 –y su modificatoria- vigente al momento que se cumplieron las tareas, en la suma de pesos doscientos cuarenta y un mil ciento treinta y cuatro con cuarenta y siete centavos ($ 241.134,47) por el patrocinio letrado y en la suma de pesos noventa y seis mil cuatrocientos cincuenta y tres con setenta y nueve centavos ($96.453,79) por la representación procesal.
5. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en los presentes actuados de conformidad con el monto del presente litigio, la ponderación de la extensión y la calidad de la labor profesional desarrollada como así también de las particularidades de la cuestión planteada, el resultado obtenido por los profesionales beneficiarios, teniendo en cuenta las pautas fijadas por los artículos 16, 20, 22, 24, 29, 52 y cc de la Ley 27.423, y artículos 6, 7 y 9 de la Ley 27.743, en la cantidad de ocho con siete centésimos (8,07) UMA por el patrocinio letrado, que a la fecha equivalen a la suma de pesos quinientos ochenta y tres mil ciento setenta y ocho con cincuenta y cinco centavos ($583.178,55); y la cantidad tres con veintitrés centésimos (3,23) UMA por el apoderamiento, que a la fecha equivalen a la suma de pesos doscientos treinta y tres mil cuatrocientos quince con noventa y cinco centavos ($ 233.415,95).
6. Regular los honorarios del Perito Contador Miguel Angel Tregob por su actuación en los presentes actuados ver fs. 1540/2069 de acuerdo con lo previsto en la Ley 21.839 –y su modificatoria- vigente al momento en que se cumplieron dichas tareas, en la cantidad de pesos ciento noventa y siete mil doscientos noventa y uno con ochenta y cuatro centavos ($197.291,84).
7. Dejar constancia de que los referidos montos se encuentran a cargo de la parte actora y no incluyen el IVA, el que se adicionará en el caso de corresponder, conforme a la subjetiva situación de revista del profesional beneficiario frente a dicho tributo conforme C.S.J.N., 16/06/93, en “Cía. Gral. De Combustibles”.
Regístrese, notifíquese. Oportunamente archívese.
Date: 2025.06.26 14:13:37 ART Date: 2025.06.26 15:06:02 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.06.26 15:08:44 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.06.26 15:09:32 -03:00
Fin de la sentencia