Abriendo la norma
Tribunal del Trabajo N.º 4 de San Isidro · Causa SI-6370-2023
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de inconstitucionalidad de los acuerdos que establecen sumas no remunerativas
2Declarar la inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y 4 de la ley 25.561.
3Declarar la inconstitucionalidad del art. 11 ley 27.348 en cuanto modifica el art. 12 inc. 2 de la ley 24.557.
En la ciudad de San Isidro, en la fecha y hora inserta en la firma digital, se reúnen en la Sala de Acuerdos del Tribunal del Trabajo nº4 de ésta ciudad, los Sres. Jueces Dres: Cristian Mena, Alvaro Garcia Cossovich y Mariano Mollo, de conformidad con lo establecido por el art 5 del Acuerdo 3975/20, a los efectos de pronunciarse en la causa " GENTILE NIDIA LORENA C/ PROVINCIA ART SA S/ ENFERMEDAD PROFESIONAL " EXPTE Nº SI-6370-2023 y en atención al estado de autos, se procede a practicar el sorteo de ley, resultando de éste que la votación debe tener lugar en el siguiente orden: Dres. Mena - Mollo - Garcia Cossovich. Estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:
1)¿Qué hechos deben ser tenidos por probados o no probados según estén o no controvertidos?
2. ¿Ha sido la actora víctima de una enfermedad accidente? En caso afirmativo ¿Cuál es el grado de incapacidad que padece la accionante producto del mismo?
3. ¿Cuál era el valor mensual del ingreso base de la actora al momento del infortunio denunciado?
4. ¿Que hechos no han sido acreditados?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL DR. MENA, DIJO:
La accionada al contestar la demanda dentro de las negativas efectuadas refuta la totalidad de los datos denunciados respecto de la relación invocada por la actora, reconociendo haber suscripto un contrato de cobertura sobre los riesgos derivados de la Ley 24.557 con la firma MONDELEZ ARGENTINA S.A. y haber realizado estudios a la actora, aunque niega que el siniestro sea de origen laboral.
He de destacar que quien contesta una demanda, no sólo se encuentra habilitado a desconocer el derecho de su oponente, sino que, en su caso, debe dar una versión de lo sucedido que sirva como defensa de su postura, toda vez que la carga que la ley impone al demandado es la contrapartida de la que le fija al accionante como consecuencia de la teoría de la sustanciación que exige para ambos; lo que la ley quiere es que también el demandado se expida concretamente porque su comodidad (si la negativa genérica o indeterminada fuera permitida) podría engendrar el entorpecimiento del proceso lógico que preside la sentencia (Colombo, Código..., v. I, pág. 322)
A fin de valorar la presente cuestión y zanjar dichos extremos evaluando las pruebas arrimadas a la causa, tanto de la documental acompañada por la actora en su demanda en fecha 8.6.23, la contestación de demanda y su documental de fecha 7.5.24, como las contestaciones de oficio glosadas en autos y los testimonios brindados por los Sres. PAMELA ANAHI BULACIO y MARIA DOLORES MEDINA, los que me resultaron sinceros, carentes de parcialidad y convincentes habiendo quedado acreditado los dichos invocados en la demanda y no habiéndose producido prueba alguna tendiente a desvirtuar los mismos, concluyo:( arts. 31 y 34 de la ley 15057) :
a) Que la accionante se encontraba vinculada por un contrato de trabajo con la empresa MONDELEZ ARGENTINA S.A. en los términos que determina el art. 21 de la LCT, al momento del siniestro.
b) Que la accionada PROVINCIA ART SA suscribió un contrato de cobertura sobre los riesgos derivados de la Ley 24.557 con la empresa MONDELEZ ARGENTINA S.A. con vigencia al momento del siniestro.
c) Que PROVINCIA ART SA rechazó la enfermedad accidente sufrida por la actora el 24.10.21.
d) Que la Comisión Medica Nº 392 de la ciudad de Pilar en el expediente SRT 477835/22 rechaza la enfermedad por resultar inculpable y no encontrarse la misma listada.
f) Que la fecha de nacimiento de la actora fue el 14.8.80 .-
A LA SEGUNDA CUESTION EL DR. MENA, DIJO:
En consonancia con los lineamientos de la cuestión que antecede con la valoración de las pruebas colectadas en las presentes actuaciones, doy por acreditado que la demandada PROVINCIA ART SA y la firma MONDELEZ ARGENTINA S.A. celebraron un contrato de afiliación con vigencia al momento del siniestro a los efectos de cubrir las contingencias derivadas de la Ley 24.557, habiendo rechazado la enfermedad accidente denunciada. Teniendo en cuenta la documental agregada en autos, las contestaciones de oficio y el testimonio brindado en autos por las Sras. BULACIO y MEDINA el que me impresionó sincero y carente de parcialidad en tanto que en el desarrollo de tareas realizadas por la actora implicaban realizar esfuerzos y siendo las mismas repetitivas (art. 34, 44 y 54 inc. d) Ley 15057), ello me lleva a tener por acreditado el carácter laboral de la patología.
Resultando afirmativo el primer interrogante de esta cuestión pasaré al análisis de la incapacidad que dice haber padecido la actora en ocasión de la enfermedad accidente en estudio.
La actora asevera en el cuerpo de inicio de demanda que el hecho denunciado la habría incapacitado psicofísicamente en un 40% de su Total Obrera en clara contradicción con la evaluación de la accionada PROVINCIA ART SA
A fin de dilucidar esta cuestión, producido, en fecha 26.4.25 el informe pericial médico pondero en primer término que si bien es cierto que el mismo no tiene fuerza vinculante, en razón que el juzgador no debe perder su condición de tal para convertirse en mero homologador de dictámenes periciales médicos (Augusto M. Morello, "Anales de las VII Jornadas Argentinas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Rosario 1983, pág. 119), corresponde destacar que si la pericia ha sido regularmente incorporada como prueba al proceso, y sus conclusiones además de contener motivación clara y lógica, se basan en hechos o datos probados con rigor técnico científico, tiene eficacia probatoria y el juez para descalificarla debe tener fundadas razones para el rechazo (Carlos Alberto Livellara, "Valor probatorio del dictamen pericial médico en el proceso laboral, "Revista de Derecho Laboral, Procedimiento laboral-II", t° 2007-2, Ed. Rubinzal-Culzoni, pág. 308).-
De dicho informe surge que:
Tomando en consideración los hechos conocidos según la lectura del expediente, las constancias médicas allí presentes y la revisión del actor junto con los estudios solicitados, concluyo que GENTILE NIDIA, presenta:
Lumbalgia con alteraciones clínicas y radiográficas, sin alteraciones electromiográficas (8%)
Según la fórmula de Balthazard corregido por factores de ponderación:
Factores de Ponderación: Se debe ponderar:
Dificultad para las tareas habituales: leve (8%)
Amerita recalificación: no
Edad: 2 %
Incapacidad total: 8,80 % de la T.O.
De origen concausal con los hechos relatados en autos y de carácter parcial y permanente.
El porcentaje de incapacidad fue tomado de los baremos de la Ley 24557.
Sin perjuicio de ello la licenciada en psicología BARABANI ALICIA SILVIA en el informe que luce en fecha 3.12.24 establece que la actora ". Como resultado de las pruebas realizadas, etapa evolutiva se determina: Según Baremos Decreto 659/96
Reacciones Vivenciales anormales con manifestación depresiva Grado II. Incapacidad 10%.
Al momento de evaluar el daño Psíquico se toma en cuenta que el hecho
Traumático, es un hecho inesperado para el psiquismo y refuerza sintomatología, por lo tanto no es un antes o despues del hecho de autos, sino lo que se analiza es la manera en que tuvo influencia el hecho sobre el peritado en particular y como incidió en su psiquismo.
Entiendo acertado señalar que la incapacidad laboral debe ser apreciada íntegramente, pues, aunque la minusvalía pueda ser dividida entre aquella que afecta la parte física de la psíquica, se trata de determinar el porcentaje de minusvalía que presenta el accionante en su integralidad, a cuyo efecto es necesario conocer cada una de las afecciones que puedan debilitar su salud (independientemente de que sean físicas y/o psíquicas), la relación que pueda establecerse entre éstas, como así también la eventual vinculación que pudiera responsabilizar a la reclamada por tales afecciones, por ello es que se trata de un único reclamo cuyo sustento fáctico remite en uno de sus aspectos sustanciales, a la incapacidad laboral de la parte actora, y no de varios rubros resarcitorios independientes de acuerdo al carácter físico o psíquico de las afecciones que compondrían dicha minusvalía.-
Sentado lo expuesto debo destacar que era criterio de éste Tribunal que en los supuestos en que haya quedado probada la disminución de la capacidad laborativa tanto física como psicológica, en forma coetanea, debían aplicarse los 'criterios de utilización de las tablas de incapacidad laboral / método de capacidad restante' establecidos en la parte pertinente del decreto 659/96, ello de conformidad con lo dispuesto en los arts. 8 ap. 3 ley 24.557 y 9 ley 26.773.-
Ahora bien, un nuevo estudio de los casos en que se halla configurados esos extremos, me inclina a modificar esa perspectiva. Así, conforme surge de los mencionados preceptos, no cabe duda que el método de capacidad restante (fórmula de Balthazard), resulta aplicable para el supuesto de afecciones que poseen distinto motivo y lo cierto es que en las presentes, -conforme surge de los informes médico y psicológico producidos-, las patologías que padece el trabajador guardan relación directa con el infortunio sufrido y, por ende, reconocen un único origen, que no es otro que el referido accidente, por ello resulta acertado determinar la incapacidad obrera total conforme la sumatoria directa de la incapacidad física y de la incapacidad psíquica; en razón de lo expuesto, estimo que la Sra. GENTILE NIDIA LORENA tiene disminuída su aptitud laborativa psicofísica en un 18,80 % de la total obrera.- . (arts. 44, 54 inc. d), 89 ley 15057; 474 y cc. CPCC).-
A LA TERCERA CUESTION EL DR. MENA, DIJO:
Se ha denunciado en el escrito de inicio de demanda que el Ingreso Base Mensual de la actora ascendería a la suma de $ 205.086,63 , circunstancia que sido desconocida por la accionada en la presentación de fecha 7.5.24
A fin de valorar la presente controversia amerito la contestación de oficio de AFIP agregado en fecha 18.2.25, con el que hallo probado que las 12 remuneraciones devengadas previos al siniestro por la Sra. GENTILE son las consignadas en el anexo de la presentación de fecha 18.2.25.
Es necesario en este punto recordar que el art. 12 de la ley 24.557 (texto según art. 11 ley 27.348), prevé: a) el promedio mensual de todos los salarios devengados por el trabajador (conf. art. 1 Convenio N° 95 OIT), b) que corresponde considerar aquellos devengados en el año anterior a la primera manifestación invalidante o en el tiempo de prestación de servicio, si fuera menor, y c) que los salarios mensuales que integran el promedio se actualizarán mes a mes aplicándose la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables); ahora bien, tomando como referencia la información suministrada por la Secretaría de Seguridad Social en relación a los índices RIPTE del periodo supra señalado y dividiendo el valor de destino por cada uno de los valores de origen, se arriba al valor de ajuste, el cual se debe multiplicar por cada uno de los salarios del actor, fijándose el ingreso base mensual en $ 207.280,38 (art. 12 ap. 1 ley 24.557) (arts. 31 inc.g), 34, 54 inc. d) y 89 ley; 354 inc. 1 párr. 1°, 385 y cc. CPCC).-
A LA CUARTA CUESTION EL DR. MENA, DIJO:
De acuerdo a las probanzas de autos, no se encuentra acreditado (art. 89 Ley 15057, art. 375 CPCC):
-Que la actora haya percibido suma alguna en concepto de reparación de su incapacidad.
-Que la incapacidad de la trabajadora fuera causada por el dolo de este o por fuerza mayor extraña al trabajo.
-Que el porcentaje de incapacidad establecido en la CUESTION SEGUNDA del presente fuera preexistente.-
Siendo mi convicción voto estas conclusiones (art 57 inc. 5 de la ley 15.057)
A las mismas cuestiones los Dres: Mollo y Garcia Cossovich votan en igual sentido por compartir los fundamentos.
Se presentan en fecha 21.9.23 el Dr. LUIS ALBERTO ALBERTI en carácter de letrado apoderado de la Sra. GENTILE NIDIA LORENA a fin de promover formal demanda contra PROVINCIA ART SA , manifestando que la trabajadora padeció el día 24.10.21 una enfermedad accidente, mientras se encontraba realizando tareas en carácter OPERARIA, oficial general, para su empleadora la firma MONDELEZ ARGENTINA S.A.
Sostiene que se desempeñá desde el 1.6.05 de lunes a viernes de 6.00 a 14.00 hs y sábados de 6.00 a 12.00 hs y desde su ingreso a febrero 2022 cumplió una jornada nocturna de 22.00 a 6.00 hs con una remuneración mensual de $ 178.926,64.
Continúa relatando que, sus tareas en la fábrica son dentro del sector de envasado de chocolates y productos como alfajores, Rhodesia y Tita. Debiendo colocar el producto terminado en cajones que pesan entre 15 y 20 kg, una vez llenos deben bajarlos desde la lona hacia el piso, implicando esfuerzos fisicos y repetitivos a lo largo de la jornada.
Indica que el 24.10.21 sintió un tirón sobre la espalda, en la zona de la cintura, fue asistida en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro otorgándole 10 sesiones de kinesiologia ante el diagnostico de lumbociatalgia. Sostiene que continuando los dolores es citada para control médico en el Centro Medico Integral Fitz Roy S.A. Posteriormente con fecha 11.2.22. la ART rechaza la denuncia por considerar que la enfermedad denunciada no configura enfermedad profesional.
Manifiesta que la Comisión Médica 392 de Pilar en el expte 477835/2022 rechaza la enfermedad no listada.
Entiende el accionante que padece una incapacidad psicofísica del 26 % a consecuencia del siniestro ocurrido.
Atento lo cual y no habiendo sido resarcida la incapacidad que se invoca se presenta ante los Estrados del Tribunal el actor planteando la inconstitucionalidad de gran parte de la normativa dispuesta en las leyes 24.557, 26.733, peticionando se haga lugar a la demanda en todas sus partes, con imposición de costas.
En fecha 7.5.24 contesta demanda PROVINCIA ART SA . por intermedio de su letrado apoderado Dr. PABLO ANDRES PERAZZO quien luego de un desconocimiento puntual de los extremos que denunciara la actora como característicos de la relación, reconoce que ha suscripto un contrato de seguro con la firma MONDELEZ ARGENTINA S.A. vigente al momento del siniestro, entendiendo que dicha cobertura no abarca al siniestro sufrido por la actora, por resultar una enfermedad accidente inculpable y rechaza la contingencia denunciada.
Contesta las inconstitucionalidades introducidas por la actora y ofreciendo prueba peticiona se rechace la demanda con expresa imposición de costas al vencido.
En fecha 9.8.24 la parte actora contesta el traslado en virtud del art. 34 de la Ley 15.057.
LOS HECHOS:
Ordenada la apertura a prueba en fecha 26.9.24 se produce la misma encontrándose agregados en fecha 26.4.25 y 3.12.24 los informes médico clínico y psicológico así como en fecha 24.1.24 y 3.1.25 se agrega la contestación de oficio de SRT y en fecha 18.2.25 la de AFIP. Habiéndose fijado audiencia a fin de que tenga lugar la Vista de la Causa, la misma se desarrolló de conformidad con el acta de fecha 13 de Agosto de 2026 a las 10:00 hs. . -
¿Es procedente la demanda interpuesta?
A LA CUESTION PLANTEADA EL DR. MENA DIJO:
LAS RECLAMACIONES:
A tenor de las conclusiones arribadas precedentemente, surge que la Sra. GENTILE NIDIA LORENA se encontraba cubierta de las contingencias previstas en la LRT por la accionada PROVINCIA ART SA
Solicita la actora ser indemnizada en los términos de la Ley 24.557, por las consecuencias dañosas derivadas de la enfermedad accidente cuya primera manifestación invalidante acaeció el 24.10.21 siniestro cuya efectiva ocurrencia se ha probado.
Seguidamente habrá de estudiarse si se encuentran reunidos en la especie los recaudos para la procedencia de la acción invocada
Ahora bien, surge del decisorio fáctico que la Sra. GENTILE NIDIA LORENA sufrió una enfermedad accidente de índole laboral con las características que el ordenamiento exige para calificarlo como tal el día 24.10.21 y que, a consecuencia del mismo, entiendo que la reclamante, padece una incapacidad física parcial y permanente del 18,80% de la total obrera producto del accidente en análisis. Por lo tanto en función a la incapacidad laboral psicofísica que aqueja a la Sra. GENTILE NIDIA LORENA , la que alcanza el 18.80% de su total obrera y que conforme la CUESTION TERCERA que antecede el valor del ingreso base mensual del trabajador era $ 207.280,38 (por aplicación de lo dispuesto en los apartados 1° y 2°, del nuevo art.12 de la ley 24557), habiendo ocurrido el siniestro el día 24.10.21 y siendo la fecha de nacimiento de esta el 14.8.80, edad del trabajador al momento del accidente de 41 años, corresponde establecer en $ 3.263.239,89 el resarcimiento en análisis. En atención a la valoración que antecede y teniendo en cuenta que el supuesto de autos (art. 14 inc.2ºap.a) de la ley 24557), no prevé un importe sino una fórmula para calcular la indemnización que se adeude al damnificado y encontrándose superada la base dispuesta por la S.R.T. 49/2021 $ 5.044.408 $ X 18,80 % = 948.348,70 -, entendiendo justo establecer la pretensión formulada por el trabajador, en los términos de la ley LRT, en la suma de $.3.263.239,89 en concepto de las prestaciones contempladas en el art. 14 ap. 2° inc. a) de la LRT.-
A su vez el art. 3° de la ley 26.773, introduce una nueva reparación pecuniaria .Cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo sufra el dependiente mientras se encuentre a disposición del empleador, el damnificado (trabajador victima o sus derechohabientes) percibirá junto a las indemnizaciones dinerarias previstas en este régimen, una indemnización adicional de pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado por las formulas allí previstas, equivalente al veinte por ciento de esa suma. En razón de ello, estimo que la misma debe aplicarse a la cuestión en análisis la que prosperara por la suma de $ 652.647,97
($3.263.239,89 x 20%)-
Por las consideraciones que anteceden corresponde establecer en $ 3.915.887,86 el importe de la indemnización debida por la accionada PROVINCIA ART SA . a la trabajadora Sra. GENTILE NIDIA LORENA por la incapacidad física padecida a consecuencia del accidente acaecido el 24.10.21.-
i)
Prohibición de indexar. Art. 11 Ley 27.348. Actualización de créditos.-
Previo a proceder con el cálculo de la prestación que entiendo procede en favor del promotor del pleito y en mérito al deber de control de constitucionalidad que debemos ejercer los jueces, habré de abocarme a tratar este punto respecto del art. 11 de la ley 27.348 en cuanto modifica el inc. 2 del art. 12 de la LRT 24.557.-
En palabras de la SCJBA "El control judicial difuso, adoptado por nuestro país, faculta a todos los magistrados del territorio a ejercer el control de constitucionalidad, sin hacer diferencias entre jueces nacionales y provinciales." (SCBA LP L 117573 S 28/09/2016, del voto de la Dra. KOGAN en mayoría, correspondiente a los autos "Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A. s/Apelación de resolución administrativa.").-
La ley 27.348 a través de su art. 11 modifica el régimen de la ley 24.557 en aspectos que resultan sustanciales. A efectos de ponderar el monto del ingreso base mensual -IBM-, ordena su actualización con el índice RIPTE; luego, en el inc. 2, establece que "Desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la liquidación de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación, el monto del ingreso base devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina."
Es sobre este inc. 2 del art. 12 en su nueva redacción que habré de detenerme para su análisis.
La reciente jurisprudencia dictada por nuestro Superior Tribunal en el precedente 'Muzichuk, Claudio Rubén c/ La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ Accidente de Trabajo - Acción Especial. (L. 129800, 14/07/2025) en el que ratificó la declaración de inconstitucionalidad del DNU 669/19 realizada por el tribunal de origen, cuya decisión que fue replicada en los autos 'Silva, Alfredo Alejandro c/ Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ Accidente de Trabajo - Acción Especial' (L. 133905, 17/09/2025), pese a que la situación no era similar a la del expediente citado en primer término, en razón que en la instancia de grado había sido declarada su validez como decreto delegado (art. 76 Const. Nac.) en tanto el mismo cumplimentaba la manda legislativa establecida en el artículo 11.3 de la LRT, criterio último que era sostenido por éste órgano; para así decidir, sostuvo -en lo sustancial- que dicho reglamento no cumple con los requisitos exigidos por el art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional. Entendió que, en el caso, no se verifican las circunstancias excepcionales que justifican su dictado, tanto en lo relativo a la configuración de la emergencia, como a la imposibilidad de seguir el procedimiento legislativo.-
Previo a éstos pronunciamientos, se encuentra el citado precedente "Barrios", (SCBA, L. 124.096, sent. del 18-4-2024) que, además declarar la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar, interpela a considerar el menoscabo que sufre el resarcimiento de la persona trabajadora accidentada como consecuencia del proceso inflacionario en afectación de su dignidad y el derecho de propiedad, desatendiendo uno de los objetivos del Derecho que es la reparación de los daños y violentando además los derechos y garantías consagrados al respecto tanto en la Carta Magna Nacional y Provincial como en Convenios Internacionales de igual rango.
El destacado "análisis/argumentos económicos" que se explican en el precedente citado, es aplicable a todo crédito, máxime, cuando se trata de uno de carácter alimentario perteneciente a un trabajador accidentado - sujeto de tutela constitucional preferente art. 14 bis CN , art. 39 CPBA.-
La Suprema Corte dispuso en el caso referido que las deudas dinerarias deben ser indexadas para conservar su valor y de allí satisfacer el imperativo constitucional. Comparó incluso la evolución de la tasa activa con índices como el IPC y el RIPTE, en un ejercicio numérico que ejemplificó magistralmente el impacto de la arrolladora depreciación monetaria que sufrimos en nuestro país. Concluyó en definitiva que la aplicación de la citada tasa bancaria -cuando luce negativa- en comparación con el poder adquisitivo de la moneda, importa afectación constitucional. Las tablas incluidas en el voto del ministro Soria, que concitara la adhesión de sus colegas, son explícitas en tal sentido.
Por ello, la Suprema Corte ha resuelto que el juez o tribunal interviniente "debe realizar adecuaciones en las relaciones jurídicas concernidas, en cuanto fuere necesario para observar la incolumidad del crédito". Incolumidad, significa "sano, sin lesión ni menoscabo".
Se impone la indemnidad. Principio que, no es vano recordarlo, en la Provincia de Buenos Aires rige explícitamente por mandato constitucional (art. 39, ap. 3°, Const. Provincial), y que es obligación de los Jueces resguardar mas aún, cuando se trata de créditos alimentarios pertenecientes a sujetos de especial tutela y, en casos como este, cuando se encuentra afectada su integridad psicofísica.-
Ahora bien, bajo el prisma rector de los precedentes citados, entiendo que, la aplicación literal del inc. 2 del art. 12 de la Ley 24.557 modificado por el art. 11 de la ley 27.348, resulta insuficiente e irrazonable. No cumple la finalidad a la que apunta toda la normativa relativa a la reparación de los infortunios laborales, resultando así violatoria de los preceptos constitucionales del art. 14 bis, 16 y 75 inc. 22 en cuanto colisiona con preceptos normativos supralegales integrados al bloque constitucional como aquellos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y otras normas supranacionales con jerarquía constitucional.
A efectos de ilustrar la postura que propicio, resulta útil graficar la evolución de la tasa de interés activa del Banco de la nación Argentina que se establece en el inc. 2) del art. 12 de la ley 24.557 en su redacción modificada por el art. 11 de la ley 27.348 en diferentes períodos hasta la fecha:
Luce así patente la desproporcionalidad y la consecuente confiscatoriedad que sufre el crédito del trabajador siniestrado con la aplicación de la norma en su actual redacción.-
Es por ello que, para el caso en concreto, propicio se declare la inconstitucionalidad del art. 11 de la ley 27.348 en cuanto modifica el art. 12 inc 2) de la ley 24.557 y en consecuencia su inaplicabilidad al caso de autos.-
Esto nos lleva a la conclusión que para el cálculo de la prestación dineraria correspondiente, se le aplicará un mecanismo de actualización que contemple la depreciación de la moneda a efectos de mantener incólume el crédito de autos.-
ii)-
Pautas para la liquidación.
En razón de lo expuesto, entiendo acertado clarificar las pautas para el cálculo; teniendo en cuenta que he propuesto actualizar el crédito, -previa inconstitucionalidad de los arts. 7 de la ley 23.928, según ley 25.561 y 11 ap. b) ley 27.348 (modif. art. 12 ley 27.348)-, utilizando el índice RIPTE, deviene acertado tomar como referencia la información suministrada por la Secretaría de Seguridad Social a través de la página web https://www.argentina.gob.ar/trabajo/seguridadsocial/ripte, y con los datos brindados por la misma, corresponde en primera instancia establecer el índice RIPTE de origen, -fecha en que el crédito se hizo exigible-, y el de destino, -fecha actual-, a continuación dividir éste último por el primero, operación que arrojará como resultado el valor de ajuste, el cual se deber multiplicar por el monto de capital nominal; al monto actualizado se le adicionará el interés del 3 % anual.-
Por último debo destacar que en supuesto de autos no resulta aplicable la capitalización prevista en el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación, en tanto el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), no constituye una tasa de interés moratorio de las establecidas en el art. 768 inc. c) de ese ordenamiento, sino que se trata de un índice de actualización, resultando improcedente dicha operación sobre éste último.-
iii)-
Sanción por incumplimiento.
A partir de la mora en el pago del capital actualizado propongo aplicar sobre el resultado que arroje dicho cálculo los emolumentos dispuestos por el art. 12 apartado 3° de la ley 24.557 (conforme el art. 11 de la ley 27.348); es decir '.un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, hasta la efectiva cancelación.'.-
Inconstitucionalidad de inoponibilidad de los acuerdos que establecen sumas no remunerativas .-
Teniendo en cuenta lo establecido por el art. 12 de la ley 24.557 (texto según art. 11 ley 27.348), el que contempla para el cálculo del I.B.M., el promedio mensual de todos los salarios devengados por el trabajador (conf. art. 1 Convenio N° 95 OIT), corresponde desestimar dicho planteo.-
Decreto 549/2025. Inaplicabilidad .-
Cabe señalar que el artículo 3 del Decreto 549/2025 establece que: "La TABLA DE EVALUACIÓN DE INCAPACIDADES LABORALES, sustituida por el artículo 1° del presente decreto, entrará en vigencia a los CIENTO OCHENTA (180) días corridos, contados desde su publicación en el BOLETÍN OFICIAL, esto es, a partir del 2 de febrero de 2026, y desde esa fecha resultará de aplicación a toda valoración o determinación de incapacidad laboral que no haya sido aún dictada, independientemente de la instancia administrativa o judicial en la que se encuentre". Sin embargo, en el caso de autos, la incapacidad laboral del actor fue oportunamente determinada a través de la pericia médica producida en la causa, -la cual este voto hace propia-, dictamen que fue elaborado conforme el baremo vigente al momento de su confección, esto es, el previsto por el Decreto 659/96 y sus modificatorios. En tales condiciones, no corresponde la aplicación del nuevo baremo al presente supuesto, no sólo porque el mismo no se encontraba vigente al momento del siniestro, ni de la evaluación pericial, sino además porque se trata de una norma de naturaleza sustancial que integra uno de los elementos centrales de la fórmula indemnizatoria del sistema de riesgos del trabajo. Su aplicación retroactiva importaría una alteración de los parámetros legales utilizados para la determinación de la incapacidad laboral, con afectación del principio de irretroactividad de la ley, de la seguridad jurídica y del derecho de propiedad del trabajador. En consecuencia, la valoración de la incapacidad efectuada en autos debe fundarse en las previsiones del baremo establecido por el Decreto 659/96 y sus modificatorios.-
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión, los Dres. MOLLO y GARCIA COSSOVICH por compartir los fundamentos expuestos por el Dr. MENA, vota en idéntico sentido.
POR LO QUE RESULTA DEL ACUERDO QUE ANTECEDE, EL TRIBUNAL RESUELVE:
1. Rechazar el planteo de inconstitucionalidad de los acuerdos que establecen sumas no remunerativas
2. Declarar la inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y 4 de la ley 25.561.
3. Declarar la inconstitucionalidad del art. 11 ley 27.348 en cuanto modifica el art. 12 inc. 2 de la ley 24.557.
5. Hacer lugar a la demanda interpuesta por el Sr. GENTILE NIDIA LORENA y en consecuencia condenar a PROVINCIA ART SA a abonar al actor dentro de los diez (10) días de notificada y mediante depósito en autos (art. 277 LCT), la suma de PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 86/100 ($ 3.915.887,86 ), en concepto de las indemnizaciones contempladas en el art. 14 ap. 2 inc. a) de la LRT y en el art. 3 de la 26.773.-
i) Actualizar dicho monto, -desde que el crédito se hizo exigible y hasta la liquidación que se practique por Secretaría-, conforme índice RIPTE; adicionar al capital ajustado un interés puro al 3 % anual. Estimándose como índice inicial a aquel correspondiente al de la ruptura del vínculo y como dividendo al último publicado.-
ii) El importe de la condena deberá ser depositado conforme lo dispone el art. 277 LCT modificado por la Ley 27.802 en la cuenta sueldo del trabajador (según Ley 26.590) o, excepcionalmente y solo en caso de ausencia de la primera, en autos a la orden del Tribunal dentro de los diez días de notificada la presente sentencia (art. 57 inciso 7 Ley 15.057) bajo apercibimiento de iniciar ejecución (art. 60 Ley 15.057).
iii) En caso de incumplimiento, aplicar sobre el resultado que arroje el cálculo dispuesto en el punto presente, '.un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, hasta la efectiva cancelación.' (conf. art. 12 inc. 3 ley 24.557).
6. Imponer a la demandada vencida en lo sustancial las costas del proceso, regulándose los honorarios de los profesionales intervinientes Dr. ALBERTI LUIS ALBERTO en el 16%, FERNANDEZ MIRIAN EDITH en el 4%, PERAZZO PABLO ANDRES en el 17 % (arts. 9, 13, 16, 21, 22, 23, 24, 28 inc. h), 43 y 51 ley 14.967); y regular los de los peritos: Licenciada en psicología BARABANI ALICIA SILVIA en el 4%, medica Dra. AIZCORBE MARIA BELEN e n el 4 %(arts. 207 ley 10.620; 1 punto 7. dec. 6732/87). Adicionar a tales importes, tanto respecto de los letrados como de los peritos intervinientes, el 10 % en concepto de aportes de ley (arts. 12 inc. a) ley 6.716; 35 inc. "e" ley 12.207 y 40 inc.c) Ley 12163). Intimar a los profesionales a fin que den cumplimiento a lo dispuesto en dichas normativas. Los porcentajes determinados para los emolumentos, se computarán sobre el monto resultante de capital con intereses que surja de la liquidación a practicar por la Actuaria, debiéndose fijar aquellos correspondientes a los letrados de las partes en su equivalente a la medida Jus (art. 24 ley 14.967). Adicionar el 21 % en concepto de IVA, en el supuesto que los profesionales intervinientes detenten la condición impositiva de responsables inscriptos.-
7. Procédase por Secretaria a la apertura de cuenta judicial automática en la forma prevista en el Ac. 4233/26.
Hágase saber a las partes que la cuenta bancaria judicial y/o consulta de saldo en linea de la misma podrán ver visualizadas desde el "Portal de Presentaciones y Notificaciones Electrónicas" de los profesionales intervinientes (Res. SC N° 1204/25 SCBA).
8. Regístrese, liquídese por Secretaria y a cargo del Actuario y notifíquese.
Firmas
Funcionario firmante: MENA Cristian Fabian - JUEZ
Funcionario firmante: GARCIA COSSOVICH Alvaro - JUEZ
Funcionario firmante: MOLLO Mariano Gabriel - JUEZ
Funcionario firmante: AMEIJEIRA Maria Cristina - SECRETARIO
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 341-2026
Fin de la sentencia