Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada en cuanto aplicación de las multas, reduciendo la graduación de estas a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción que se reducen las sanciones, aspecto en el que se imponen por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2024-66255411-APN-VOCVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 25 de Junio de 2024
El expediente N° EX-2023-43174309- -APN-SGAI#TFN caratulado: “GERMED SA S/ APELACIÓN", a resolución de la Sala “B” del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por los Dres. Armando Magallón (Vocal Titular de la Cuarta Nominación), José Luis Pérez (Vocal Titular de la Quinta Nominación), y Pablo Porporatto (Vocal Titular de la Sexta Nominación);
El Dr. Porporatto dijo:
I.-Que, la actora interpone recurso de apelación en los términos del artículo 76 inciso b) de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y modificaciones) contra el artículo 3° de la Resolución N° RESOL-2023-66-E- AFIPDVRRME#SDGOPII por el cual se resolvió aplicar una multa por omisión fiscal (art. 45 ley 11.683) por la suma de pesos dos millones trescientos treinta y cuatro mil ciento setenta con treinta y nueve centavos ($ 2.334.170,39), equivalente al 100% del monto del tributo evadido en el Impuesto a las Ganancias respecto al período fiscal 2015 y una multa por defraudación fiscal (arts. 46 y 47 incs. a) y c) de tal ley) por la suma de pesos cuatro millones trescientos setenta y seis mil doscientos veinticinco con cuatro centavos ($4.376.225,04), equivalente a 3 veces el monto del tributo evadido en el Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2016. Afirma la recurrente que su actividad es la prestación de servicios médicos y que fue sometida a fiscalización bajo la OI N° 1.898.503, en cuyo marco se practica un ajuste fiscal por ventas no declaradas y además se impugnan gastos.
En principio, plantea la nulidad de la resolución apelada ya que entiende que carece de motivación, es decir, de la explicación de la causa, esto es la declaración de cuáles son las razones y las circunstancias de hecho y derecho que han llevado a dictar el acto, requisito esencial del acto administrativo conforme el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.
Sostiene que los actos que ordenan la instrucción de sumarios no indican cuáles son los elementos en los que se funda el Organismo Fiscal para considerar que las cifras son inexactas; asimismo, no especifica los montos ni los elementos tenidos en cuenta para arribar a tal decisión y a su entender, en ningún momento exponen las circunstancias para calificar la conducta.
Se plantea la prescripción de las acciones y poderes del Fisco Nacional para imponer sanciones por la supuesta omisión de pago del tributo por el período fiscal 2015. Niega la aplicación del artículo 68 inc a) de la ley N° 11.683, ya que considera que no hubo una infracción con posterioridad y/o que exista sentencia firme a ese respecto en contra.
Además, considera inaplicable la suspensión del plazo de prescripción establecido en el art. 17 de la Ley N° 27.562 citando jurisprudencia relevante al caso.
Como segundo agravio plantea la improcedencia de la defraudación fiscal en el periodo 2016. La actora arguye que no se configuran los elementos objetivo ni subjetivo doloso exigidos por la norma para determinar el ilícito tributario.
Afirma que hubo una ausencia del elemento subjetivo doloso ya que considera que no hubo una conducta ardidosa de su parte, como tampoco hubo ocultaciones maliciosas que se requieren necesariamente para la tipificación de la conducta dentro del tipo infraccional de la defraudación fiscal.
También menciona la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y demás tribunales inferiores que establece la imposibilidad de aplicación del artículo 46 de la ley 11.683, cuando el ajuste impositivo fue realizado sobre base presunta para la determinación de la materia imponible, como ha sucedido en este caso. Además, se agravia del rechazo de la producción de la prueba pericial ofrecida, a raíz de que el Fisco a su parecer cercenó la posibilidad de refutar las improcedentes presunciones.
Solicita la aplicación del principio “in dubio pro reo”, y se deje sin efecto la aplicación de la sanción y, en subsidio, se encuadre la conducta en la prevista en el artículo 45 de la Ley N° 11.683 respecto del periodo fiscal 2016.
Por último, la recurrente plantea en forma subsidiaria la improcedencia de la omisión fiscal respecto del periodo 2015, alegando que no cometió un ilícito tributario ya que el incremento no justificado que determina el Fisco nacional pudo haberse dado por un error de saldo cometido por el acreedor y no por su accionar, por ende no se encuentra configurado el hecho objetivo. Respecto del elemento subjetivo el contribuyente alega que no hubo intención de su parte de omitir el impuesto. Subsidiariamente plantea la procedencia de un error excusable. Finalmente, cita jurisprudencia y doctrina en su respaldo, ofrece prueba documental y hace reserva de caso federal.
II. Que mediante IF-2023-89248886-APN-DTD#JGM, la representación fiscal contesta los traslados de los recursos que le fueran conferidos, negando terminantemente todos y cada uno de los hechos y fundamentos de derecho esgrimidos por la recurrente, que no sean objeto de aceptación o de un expreso reconocimiento del fisco, o que surja de los antecedentes administrativos que acompaña como prueba.
El Fisco Nacional alega que la actividad principal declarada por la recurrente era la prestación integral del servicio médico a los afiliados de la obra social de empleados de comercio y actividades civiles. Indica que en el marco de la fiscalización desplegada se encontraron diferencias con lo declarado oportunamente por la empresa al 31 de diciembre de 2015, procediéndose a impugnar saldos de pasivos no acreditados, calculando en consecuencia un incremento patrimonial no justificado con más el diez por ciento (10 %) en concepto de renta dispuesta o consumida basándose en el artículo 18, inciso f) punto 1 de la Ley 11.683.
Sostiene que, conforme lo manifestado en el párrafo que antecede, la conducta desplegada por la actora se encuadra en las previsiones del artículo 45 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.).
Respecto a la infracción cometida por la actora respecto del periodo 2016 el fisco alega que la recurrente computó deducciones en tal periodo sin contar con documentación respaldatoria. Sostiene que la conducta desplegada por la actora se encuadra en las previsiones del artículo 46 y 47 incs. a) y c) de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.)
Afirma que, el planteo de nulidad esgrimido por la recurrente contra la resolución recurrida por falta de motivación debe ser rechazado, toda vez que la misma surge en forma clara de los considerandos y de la forma en que lo requiere la normativa.
Destaca que de los antecedentes administrativos surgen claramente las causas y cargos de la fiscalización realizada por la inspección actuante. Entiende que se realizó una correcta actividad fiscalizadora y análisis técnico, que se encuentra plasmada en informe final de inspección y en los antecedentes administrativos acompañados.
Asimismo, entiende que se deben rechazar los agravios esbozados en relación a la prescripción respecto del periodo 2015 por la aplicación del artículo 65 de la ley N° 11.683 y además corresponde computar la suspensión anual de carácter general prevista en el del artículo 17 de la ley N°27.562.
Destaca que, con relación a la falta del elemento subjetivo doloso invocado por la recurrente, de los presentes autos no surge elemento alguno que permita tenerlo por acreditado.
Por último, sostiene que cabe rechazar el reencuadre de sanción dolosa en el art. 45 de la Ley N° 11.683, por ser totalmente improcedente. Por lo tanto, no puede pretender, sin ningún fundamento, que su conducta sea encuadrada en una figura culposa, ya que la declaración jurada inexacta a la que hace referencia es simplemente el medio por el cual se comete la infracción, pero es totalmente independiente del elemento subjetivo de dolo o culpa que la misma puede contener.
En orden a las razones que expone hace reserva del caso federal y pide se confirmen las resoluciones apeladas, con costas a la parte actora.
III. Que a mediante PV-2024-58491049-APN-VOCVI#TFN se hizo lugar a la oposición de la prueba formulada por el Fisco Nacional.
En la PV-2024-61559398-APN-VOCVI#TFN se elevan las presentes actuaciones a consideración de la Sala “B” y mediante el IF-2024-63148214-APN-VOCVI#TFN se llaman los autos a sentencia.
IV. Que, en primer lugar, aun cuando no haya sido planteada como excepción, por una cuestión de lógica precedencia, corresponde que este Tribunal se pronuncie con relación al planteo de la actora para que se declare la nulidad por falta de motivación del acto apelado.
Cabe señalar, que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED.,SALA II , 9/10/96, entre otros).
Que respecto de lo estrictamente formal, la resolución de autos, en cuanto acto administrativo, aparece satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo.
El acto impugnado consignó el impuesto y los periodos fiscales implicados y se expusieron en forma detallada los cargos formulados, los hechos y el derecho que motivaron la imputación formulada. No se observa que haya existido perjuicio respecto del debido proceso adjetivo, ya que para ello es necesario que el vicio haya colocado a la parte en estado de indefensión, situación que no se verifica en estas actuaciones. En todo caso la recurrente puede hacer ejercicio de defensa incluso ante este Tribunal Fiscal.
En definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada. Que corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
V. Que, en segundo lugar, aun cuando no haya sido planteada como excepción, por una cuestión de lógica precedencia, corresponde también que este Tribunal se pronuncie con relación a los agravios de la actora por cuanto solicita se declare prescripta la multa impuesta por el fisco en el periodo 2015.
Al respecto, la Ley N° 11.683, en su artículo 56, dispone que las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos y para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras previstas en la ley de rito prescriben, conforme el inc. a), por el trascurso de cinco (5) años en el caso de contribuyentes inscriptos. Por su parte, el art. 58 establece que comenzará a correr el término de la prescripción de la acción para aplicar multas y clausuras desde el 1º de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales legalmente considerada como hecho u omisión punible.
Ello implica que cómputo de la prescripción de las facultades del Fisco Nacional para aplicar la sanción respecto del periodo fiscal 2015, comienza a computarse desde el 01/01/2017 y fenecería el 01/01/2022.
Seguidamente, corresponde analizar si se presenta en el caso algún supuesto de suspensión y/o interrupción del término de la prescripción.
Al respecto, la Ley Nº 27.562 (B.O. 26/8/2020) en su artículo 17 dispuso: “Suspéndese con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”; debiendo tenerse presente que de conformidad con el artículo 18, de dicha norma entraron en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
Cabe anticipar que el agravio introducido por la apelante -según el cual resultaría inaplicable a su caso lo previsto en el transcripto artículo 17- no puede prosperar. Ello así, por cuanto la postura asumida por la recurrente en torno al alcance de la expresión “con carácter general” no es aquí compartida, en virtud de que el texto legal que nos ocupa es, indudablemente, de una claridad meridiana. Como es sabido, cuando una norma es clara en su formulación y sus alcances no ofrecen inconvenientes interpretativos, no cabe sino su directa aplicación (Fallos 308:1745; 320:2145).
Cabría adicionar que la cuestión que aquí se debate ya ha merecido tratamiento por parte del Máximo Tribunal, en ocasión de establecerse similares alcances para la ley 23.495 del año 1987 –que instauró un régimen de normalización impositiva y cuyo artículo 49 establecía que se suspendía “con carácter general por el término de 1 (un) año, el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación percepción y fiscalización está a cargo de la Dirección General Impositiva y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”– resolviéndose que la suspensión del curso de la prescripción prevista en el artículo transcripto alcanzaba a la generalidad de los contribuyentes, toda vez que no se había establecido vinculación exclusiva entre la suspensión y los contribuyentes que hubiesen ejercido el derecho de acogerse al régimen de normalización tributaria (Fallos 314:1656). Vale destacar que dicho criterio fue ratificado por el mismo tribunal in re “AFIP-DGI c/Paredes Cereales Sociedad Anónima s/recurso extraordinario” del 15/10/15 –adhiriendo al dictamen de la Procuración General de la Nación del 29/5/15–, en donde, con relación al artículo 44 de la ley 26.476 –similar al que aquí incumbe–, se pronunció por la aplicación literal del precepto.
Ello así, cabe concluir que la suspensión anual resulta plenamente aplicable al presente caso, por ser aquella de carácter general, no siendo condición para ello que el contribuyente hubiera adherido al régimen de blanqueo contenido en la ley. Ello lleva a extender las facultades del Fisco Nacional para imponer la sanción respecto del periodo fiscal 2015 hasta el 01/01/2023.
Ahora bien, conforme el art. s/n agregado a continuación del artículo 65 de la ley de rito dispone: “Se suspenderá por ciento veinte (120) días el curso de la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por la presente ley y para aplicar y hacer efectivas las multas, desde la fecha de notificación de la vista del procedimiento de determinación de oficio o de la instrucción del sumario correspondiente, cuando se tratare del o los períodos fiscales próximos a prescribir y dichos actos se notificaran dentro de los ciento ochenta (180) días corridos anteriores a la fecha en que se produzca la correspondiente prescripción”.
Habiéndose acordado la vista del sumario relativo al Impuesto a las Ganancias –periodo fiscal 2015- el 15/11/2022, es decir dentro de los 180 días corridos anteriores a la fecha en que habría ocurrido la correspondiente prescripción (01/01/2023), computando los 120 días hábiles a partir de allí y los 46 días que faltaban para completar el periodo original de prescripción, cabe concluir que el acto recurrido emitido el 23/03/2023 se realizó cuando aún estaban vigentes las facultades del Fisco Nacional.
Toda vez que el planteo de prescripción no fue tratado como de previo y especial pronunciamiento sino como una defensa más frente a la pretensión fiscal, no puede considerarse de forma escindida o autónoma respecto de la unidad de la sentencia a los efectos de la imposición de costas (arg. C.S.J.N, in re “Colorín IMSSA (T.F.N 24.123-I) c/DGI” sentencia del 2 de Julio de 2013).
VI. Que, sentado ello, corresponde a este Tribunal resolver si se ajusta a derecho la multa aplicada referente al Impuesto a las Ganancias, período fiscal 2015, con sustento en el artículo 45 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).
Al respecto, cabe señalar que dicho artículo tipifica la infracción requiriendo la concurrencia de la omisión de pago del impuesto mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o la presentación de declaraciones juradas inexactas, se trata de un ilícito culposo que protege como bien jurídico la renta fiscal. Asimismo, la norma establece expresamente que no procederá la sanción en los casos en que exista “error excusable”. En otras palabras, para que la conducta en análisis pueda ser reprimida, se deben verificar concurrentemente los aspectos objetivo y subjetivo configuradores del ilícito de marras.
Debe señalarse que no se encuentra controvertido en autos que la contribuyente, como consecuencia del procedimiento de fiscalización, presentó su declaración jurada relativa al período en crisis del Impuesto a las Ganancias, con motivo de incluir pasivos inexistentes, que determinaron la existencia de un incremento patrimonial no justificado en los términos de. Art. 18 inc. f) de la ley de rito.
En efecto, en el caso de autos se encuentra debidamente acreditado el elemento objetivo requerido por la norma para que se configure la infracción, en atención a que fue, como consecuencia de la fiscalización efectuada, que la recurrente modificó su declaración jurada presentada, conformó el ajuste propuesto y presentó la declaración jurada rectificativa correspondiente, admitiéndose de esta forma la materialidad de la infracción. Ahora bien, ello no implica que no deba analizarse el elemento subjetivo que requiere la figura a los fines de su configuración, en cada caso en particular.
Como ya se señaló, en relación con el aspecto subjetivo, el tipo infraccional contemplado en el artículo 45 de la ley procedimental requiere para su configuración el elemento culposo, traducido en una conducta negligente desplegada por la recurrente respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Debe destacarse que mediante la presentación de una declaración jurada técnicamente inexacta a raíz de haber declarado pasivos inexistentes, la aquí recurrente se sustrajo de la obligación de abonar el tributo debido en concepto de Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2015, por lo que su accionar configura el tipo descripto por la norma en comentario.
Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dispuesto en el fallo Casa Elen-Valmi de Claret y Garello, de fecha 31/03/1999 que “esta Corte ha reconocido en numerosas oportunidades que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos - T. 271 - pág. 297; T. 303 - pág. 1548; T. 312 - pág. 149). Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación vigente (Fallos - T. 316 - pág. 1313; causa L.269.XXXII "Lambruschi, Pedro Jorge s/L. 23771", fallada el 31/10/1997)”. En efecto, en las presentes actuaciones, la actora cometió una conducta que se subsume en el concepto de culpa que sólo podrá desvirtuarse probando la existencia de un error excusable. La jurisprudencia ha señalado que “para su viabilidad se requiere que el error sea esencial, decisivo e inculpable, extremos que deben ser analizados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquél a quien se le atribuye la infracción tributaria. En todos los casos, el contribuyente debe demostrar que ha actuado con un comportamiento normal y razonable frente al evento en que se halló, procediendo con la prudencia que exigía la situación” (CSJN, “Morixe Hnos. S.A.C.I”, pronunciamiento del 20/08/1996, Fallos: 319:1524; CNCAF, Sala III, Causa N° 36.571/12, in re “Argentino Foot Ball Club (TF 28506-I) c. DGI”, del 13/02/2013; Sala V, “Athuel Electrónica S.A. (TF 20.688-I) c. D.G.I.”, expte. 22.846/06, 11/05/2006 y recientemente, Sala III “Arauca Bit A.F.J.P. S.A.”(TF 36903-I) c. D.G.I. s/ recurso directo de organismo externo, del 16/02/2017).
En el caso de autos, la parte actora no esgrime ningún argumento para exculpar su culpa, mucho menos aporta elementos probatorios o factores atendibles, eximentes o atenuantes de su responsabilidad, para acreditar que en el caso existió un error excusable. Por el contrario, arguye simplemente que un proveedor responda con un importe distinto al consignado por la recurrente en sus estados contables implica que dicha diferencia puede obedecer a un error de saldo en cabeza del acreedor y no de ella, más en ningún momento explicita o desarrolla cuál es exactamente esa cuestión.
En virtud de ello, el examen de los hechos y las constancias obrantes en autos permiten advertir la presencia de los supuestos requeridos para la configuración del ilícito en cuestión y su atribución a la apelante. Sin embargo, en cuanto al quantum de la sanción aplicada, si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio. Ello así, se advierte en el acto atacado una falta de merituación concreta de los hechos que conducen al juez administrativo a graduar la multa en un 100 % el impuesto omitido con relación al periodo 2015. En virtud de lo expuesto, no surgiendo de las constancias de autos la existencia de antecedentes sumariales de la encartada, se considera prudente reducirla al mínimo legal del artículo 45 de la ley procedimental conforme texto vigente al momento de la comisión de la conducta infraccional y por aplicación del principio de la ley penal más benigna.
VII. Por último, corresponde a este Tribunal resolver si se ajusta a derecho la multa aplicada referente al Impuesto a las Ganancias, período fiscal 2016, con sustento en el artículo 46 y 47 incs. a) y c) de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).
Debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos.
Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo, el legislador estableció presunciones (artículo 47 de la ley ritual), en las cuales a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos), se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al fisco.
Que el Ente Fiscal encuadró las infracciones en el tipo descripto por el artículo 46 de la Ley Nº 11.683. Asimismo, en el caso del sumario de impuesto a las ganancias, se hace mérito de la disposición de los incisos a) y c), del artículo 47 de la ley procesal, que establece presunciones “iuris tantum” acerca de la existencia de voluntad de producir declaraciones juradas engañosas o si la inexactitud de las declaraciones juradas o de los elementos documentales que deban servirles de base proviene de su manifiesta disconformidad con las normas legales y reglamentarias que fueran aplicables al caso.
Como sostuvo la Sala “B” in re “Sanguinetti Sergio Claudio” (Expte. nº 25.562-I) y en “Kank y Costilla S.A.” (05/11/2004) entre otros: “...el ilícito tributario previsto en el artículo 46 de la ley 11.683 requiere para su configuración la intención deliberada de no pagar el tributo en su justa medida y la realización de maniobras aptas para lograr este resultado, sin que ello sea advertido por el Fisco...”. En el caso del art. 47: “...Se produce por mandato legal, la inversión de la carga de la prueba, correspondiendo en consecuencia a la contribuyente probar que en la materialidad de los hechos que se enrostra y admite, no se asentaba el dolo presumido o el acaecimiento de alguna circunstancia imprevisible, caso fortuito, fuerza mayor, error de hecho o de derecho excusable, a fin de ser eximida de responsabilidad...”.
En lo que atañe al aspecto material de la multa aplicada, debe destacarse que la presentación de declaraciones juradas rectificativas lo que revela, el contribuyente primitivamente no ha declarado los impuestos en su justa medida, siendo dichas declaraciones defectuosas las que, lleva a este juzgador a tener por configurado el aspecto objetivo de la infracción que se endilga.
Corresponde resaltar que, conforme surge de las actuaciones administrativas que corren por separado, se computaron deducciones carentes de respaldo documental en el periodo fiscal 2016, razón por la cual no se puede presumir que resulten necesarios para obtener, mantener y conservar la fuente de ganancia gravada. Para llegar a dicha conclusión el Organismo Fiscal (fs. 79 de los antecedentes administrativos) concilió el total de compras de los Registros de Compras aportados por la recurrente a la fiscalización para el año 2016 (fs. 17 de tales antecedentes) con determinados rubros del Estado de Resultados de la empresa de mismo ejercicio ( particularmente costos de venta, gastos de administración, gastos específicos del sector y resultados financieros netos, considerando también conceptos no incluidos en los registros tales como imp. por servicios, gastos bancarios y DDJJ IIBB Convenio Multilateral), arribando a una diferencia no justificada de gastos y compras computados en exceso de $ 3.907.733,69 que dio origen a un monto de impuesto a ingresar por el periodo 2016 de $ 1.458.741,68 (fs.81 de los mencionados antecedentes administrativos) que consta en el acto recurrido. Por su parte, la empresa dice que por las características especiales de los servicios prestados por la empresa, no todos los comprobantes justificativos de sus egresos y gastos deben ser registrados e incorporados al libro de IVA Compras, lo cual el Fisco Nacional lo ha considerado desde el monto que admitió gastos y compras más allá de tales registros (fs. 79 de los antecedentes administrativos). La empresa dice que reintegra gastos médicos a los afiliados de obras sociales, en sus distintas especialidades a sanatorios, clínicas privadas, laboratorios, institutos de diagnósticos por imagen, etc., quedando registrada dicha operatoria en liquidaciones, rendiciones y otros comprobantes que si bien no cumplen con lo establecido por la RG (AFIP) 1415 y no se encuentran incluidos en los libros de Compras respectivos, documentan en forma acabada la existencia de un gasto y/o egreso real que debe ser tenido en cuenta. Cabe indicar que los “Gastos Específicos del Sector” –que incluirían tales reintegros, según se desprende de la página 5 del acto recurrido- que surgían del Estado de Resultados fueron computados por el Fisco Nacional (fs. 17 de tales antecedentes).
Por lo expuesto, se resolvió no hacer lugar a la pericial contable por cuanto la recurrente aportó los registros y documentación disponible en el transcurso de la fiscalización, dando cumplimiento a los distintos requerimientos. Tal como surge del informe final de inspección a fs 88 la actora acompañó el libro IVA compras y el libro de IVA ventas por los periodos junio 2015 a diciembre 2017. En ese sentido resulta inconducente realizar una pericial contable con la misma documentación (libros de IVA, registros contables, documentación respaldatoria) que ya fue acompañada y revisada en sede administrativa. Al respecto, cabe agregar que la fiscalización se hizo sobre la base de toda la documentación e información brindada por la empresa, los sistemas de información sistemática del organismo y por la información brindada por terceros y en base a ellos se detectaron deducciones que no se respaldan en registros ni comprobantes, por ende el Fisco Nacional concluye que no se demuestran que los gastos sean necesarios para obtener, mantener y conservar la fuente de la ganancia gravada. Particularmente respecto de los gastos computados se tomaron los que surgían de los registros de IVA compra y de ciertas partidas del Estado de Resultados todos ellos aportados por la fiscalizada, concretamente se tomaron gastos de administración y gastos específicos del sector, que incluirían los mencionados reintegros.
La recurrente con esta pericia pretendería demostrar que existirían más gastos y compras que los que surgen de los registros de IVA compras y de las partidas contables del Estado de Resultados que surge de su propia contabilidad aportada, lo cual no puede ser admitido. Además, cabe recordar que la empresa rectifica el ajuste respecto del periodo 2016 en el Impuesto a las Ganancias.
En cuanto al aspecto subjetivo, si la administración fiscal optara por encuadrar la conducta en el art. 46 de la ley de rito, debería producir las pruebas pertinentes a tales efectos, pero si opta por invocar las presunciones del art. 47 –como en el caso de autos-, deberá acreditar la circunstancia (hecho inferente) que, según la regla de experiencia aplicable al caso de que se trate, permita establecer la necesaria relación de causalidad que admita la activación de dichas presunciones (hecho inferido), presumiendo el dolo como sustrato subjetivo imprescindible del ilícito de que se trata, e invirtiendo la carga probatoria.
En ese sentido, y de conformidad con lo indicado en la resolución que diera origen a las presentes actuaciones, existen una serie de indicios graves, precisos y concordantes que han conducido al juez administrativo a presumir la existencia de una voluntad en la recurrente tendiente a la producción de declaraciones engañosas durante el periodo fiscal 2016.
Al respecto, cabe señalar que las declaraciones juradas iniciales consideradas en la causa eran inexactas, en virtud de que en ellas no se reflejaba la situación económica real del contribuyente con relación al impuesto referido y, por otra parte, es del caso aclarar que en las infracciones de esta naturaleza el dolo consiste en el ánimo o la intención deliberada de no pagar el impuesto, o de pagarlo en una medida menor que la debida.
Por otra parte, se recuerda que la Corte ha consagrado el criterio de la personalidad de la pena, es decir que sólo puede ser reprimido quien sea culpable: aquél a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos 271:297).
En resumidas cuentas, sin perjuicio de las aseveraciones genéricas vertidas por la recurrente en su recurso de apelación, y el intento de defensa corresponde señalar que la multa aplicada se ajusta a la realidad de los hechos acaecidos, por lo cual las presunciones se encuentran correctamente activadas y correspondía a la parte actora desvirtuar las mismas, cuestión que no ocurre en los presentes actuados.
En cuanto al periodo 2016 se le aplicó una multa en tres veces el monto del impuesto omitido. Ahora bien, no surgiendo de las constancias de autos la existencia de antecedentes sumariales de la encartada, se considera prudente reducirla al mínimo legal del artículo 46 de la ley procedimental.
El Dr. Magallón dijo:
I. Que adhiero al relato de las hechos de la causa y a la solución propiciada por el Dr. Porporatto tanto con relación al rechazo del planteo de nulidad como también con la confirmación de la multa por defraudación aplicada a la contribuyente respecto de Impuesto a las Ganancias del periodo fiscal 2016 apelada por la actora, votando en el mismo sentido.
II. Disiento, en cambio, con respecto a la confirmación de la multa por omisión aplicada bajo la imputación de la figura prevista en el art. 45 de la Ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modificaciones) por el periodo fiscal 2015 del Impuesto a las Ganancias. Entiendo que, tal como lo sostiene la actora, la acción del Fisco Nacional se encontraba prescripta a la fecha del dictado del acto sancionatorio.
III. Que vale resaltar aquí que la actora ha venido sosteniendo en sus distintas presentaciones, que no resulta aplicable al supuesto bajo análisis la norma del art. 17 de la Ley Nº 27.562, toda vez que su dictado fue posterior a la comisión de la infracción achacada. Admitir lo contrario -sostiene la recurrente-, conduciría a la violación del principio de irretroactividad de la ley penal contemplado por el art. 18 de la la Constitución Nacional. El artículo 17 de la citada ley dispone “Suspéndese con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentre a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales.”.
En esta cuestión que se presenta a resolver y tal como lo he merituado al votar -en minoría- en la causa “Comsoft S.A.” del registro de esta Sala, sentenciada con fecha 01/02/2012, debo concluir que no resulta de aplicación al supuesto bajo análisis la norma del artículo 17 referida precedentemente, toda vez que su incorporación como causal de suspensión es posterior al inicio del curso de prescripción correspondiente a la acción de la multa que se juzga en estos autos.
Mucho se ha discutido acerca de la naturaleza material o procesal del instituto de la prescripción, así como también de las derivaciones que habrían de seguirse según se adopte una u otra postura. Entre tales derivaciones, cabe traer a colación aquí la que refiere a la posibilidad -o no- de operar modificaciones legales que impliquen el prolongamiento de los plazos prescriptivos, aún cuando ello tenga lugar mediante la incorporación de causales suspensivas o interruptivas de su curso.
Una muy ilustrativa reseña histórica de esta discusión y de las diversas posturas que han adoptado prestigiosos autores a su respecto, es la que ha efectuado el Procurador General de la Nación al emitir su dictamen en el precedente de Fallos 330:5158. Allí señaló que “La aplicación retroactiva de las leyes que amplían los plazos de la prescripción ha sido intensamente discutida en Alemania cuando se investigaban los delitos de guerra (...) Esta discusión renovó una disputa acerca de la naturaleza jurídica de los presupuestos del proceso, en especial, del plazo de la prescripción. Quienes comprendían a los presupuestos del proceso como institutos meramente procesales aceptaban la prolongación retroactiva de los plazos, mientras que quienes le atribuían contenido material, por el contrario, la rechazaban. (cfr. OTTO, Grundkurs Strafrecht, Allgemeine Strafrechtslehre, 61 edición, § 2/19 y s.).
Este debate ha dado lugar a un amplio abanico de opiniones jurídicas. El Tribunal Federal Constitucional de Alemania sostuvo la opinión de que la prescripción no está alcanzada por la prohibición de aplicación retroactiva de la ley más gravosa (BverfG 25, 287). La solución contraria, la irretroactividad de la modificación perjudicial, se fundamenta en que la prescripción posee naturaleza material (PASTOR, Prescripción..., p. 52; del mismo modo en: El plazo razonable en el proceso del estado de derecho, de. Ad-hoc, año 2002, p. 457 y s.), o bien en el argumento, que he referido en otro contexto (Interrupción de la prescripción de la acción penal por la “secuela del juicio”, p. 437), de que el debate sobre la naturaleza jurídica del instituto no es determinante para la pregunta sobre la sujeción al principio de ley previa, puesto que a las disposiciones de derecho procesal -o a cierto grupo de ellas- también se aplica la prohibición de aplicación retroactiva de la ley penal más gravosa. Transita también este camino la idea de que la regulación de la prescripción constituye en Argentina “ley penal” en los términos del artículo 2° de nuestro Código Penal y que, por tanto, se le aplica la prohibición de retroactividad (cfr. voto de SCHIFFRIN, Cfed. La Plata, Sala III Penal, agosto 30- 1989, S.J.F.L., de, 135-323 y ss.)”.
Que tal consideración referida a que las normas que regulan la prescripción deben ser consideradas “ley penal”, es la que ha adoptado nuestra Corte Suprema de Justicia, incluso dentro del ámbito de las infracciones tipificadas en las normas fiscales, al señalar que “Reconocido el carácter principalmente punitivo de las multas aduaneras, la incidencia a su respecto de leyes penales ‘ex post facto’ que implican empeorar las condiciones de los infractores, transgrede el principio constitucional de la irretroactividad de la ley penal, en cuyo concepto se incluye el estatuto de la prescripción...” (Fallos 294:68; 304:849; 304:892; 305:332).
Conforme puede extraerse de la doctrina jurisprudencial transcripta precedentemente, la citada regla de no operatividad de la ley penal más gravosa exhibe raigambre constitucional, toda vez que ella deriva del principio de legalidad material, instituido en el art. 18 de la Carta Fundamental, asistiéndole razón a la apelante. Ello así, por imperio de la citada regla penal, es dable concluir que no resulta aplicable al presente caso el supuesto de suspensión de la prescripción establecido en el artículo 17 de la ley 27.562.
Bajo la premisa señalada y en virtud de lo que surge del cómputo del plazo de prescripción de la acción relativa a la infracción juzgada en el sub lite con arreglo a las previsiones de los arts. 56 y 58 de la ley procedimental, corresponde hacer lugar a la prescripción planteada por la parte actora, con costas al fisco nacional. El Dr. Pérez dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Porporatto.
Por ello, por mayoría, SE RESUELVE:
Confirmar la resolución apelada en cuanto aplicación de las multas, reduciendo la graduación de estas a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción que se reducen las sanciones, aspecto en el que se imponen por su orden.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2024.06.25 10:36:20 ART Date: 2024.06.25 11:32:08 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.06.25 11:34:50 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.06.25 11:35:53 -03:00
Fin de la sentencia