Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de nulidad del auto de instrucción del sumario contencioso y el planteo de prescripción de la acción del fisco para percibir tributos opuestos por la actora. Con costas.
2Hacer lugar al planteo de prescripción de la acción del fisco para imponer multa, con costa a la vencida.
3Revocar la Resolución DE PRLA nº 6371/2022, dictada en la Actuación SIGEA nº 17115-763-2016, con costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-52312029-APN-VOCXIV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 9 de Mayo de 2023 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Christian M. González Palazzo (Vocal Subrogante), Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria, con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en segundo término a fin de resolver en los autos caratulados “GESTAMP CORDOBA S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, expediente N° EX -2022-
109634100-APN-SGASAD#TFN
El Dr. González Palazzo dijo:
I. Que mediante el IF-2022-109633996-APN-DTD#JGM se presenta, por apoderado, la firma recurrente e interpone recurso de apelación contra la Resolución RESOL-2022-6371-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, recaída en el expediente administrativo Actuación n° 17115-763-2016, por la que se condenó a la importadora al pago de una multa por la suma de $702.315 por la infracción tipificada en el art. 970 del Código Aduanero y se formuló cargo a la recurrente y a la aseguradora en concepto de tributos adeudados por la suma de U$S166.267,76, todo ello en relación a la destinación 09 001 1T 14 00004287 M, garantida mediante la póliza electrónica no 201444. Se refiere a los antecedentes de la causa. Plantea la nulidad del procedimiento sumarial y la prescripción de la acción del fisco para imponer penas y percibir tributos. Sostiene que la firma ha cancelado el total de la mercadería mediante su reexportación de las cantidades correspondientes. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se revoque la resolución apelada en un todo, con costas.
II. Que mediante el IF-2023-19932570-APN-DTD#JGM, se presenta la representación fiscal y contesta el traslado conferido. Niega genéricamente todos y cada uno de los hechos y el derecho invocados por la contraria que no sean expresamente reconocidos. Se refiere a los hechos y antecedentes que motivaron el dictado de la resolución apelada. Contesta los planteos de nulidad y prescripción opuestos por la actora. Se manifiesta en relación al incumplimiento del régimen y la carga de la prueba. Cita jurisprudencia, ofrece como prueba las actuaciones administrativas. Hacer reserva del Caso Federal y solicita se dicte sentencia confirmando el fallo aduanero, con expresa interposición de costas.
III. Con fecha 18 de abril de 2023 se declaran de previo y especial pronunciamiento las excepciones de nulidad y prescripción opuestas por la actora. Con fecha 25 de abril de 2023 se eleva la causa a la Sala “E" y los autos quedan en estado de dictar sentencia.
IV. De la compulsa del expediente administrativo no 17115-763-2016, surge que, a fs. 1 obra la impresión de pantalla del Sistema Informático María (SIM) con el detalle de la destinación en Nro. 09 001 1T 14 00004287 M y a fs. 2/7 detalle de los ítems 1 a 6. Sin embargo, no se encuentra agregado al expediente administrativo el sobre contenedor de su documentación original. A fs. 8 se labra el acta de denuncia N° 152/2016 respecto de la destinación 09 001 1T 14 00004287 M, por la presunta infracción a lo preceptuado en el art. 970 del Código Aduanero (C.A.), cuyo vencimiento habría operado el 01/09/2011. A fs. 9 obra la nota no 392/2016 (SE ORM2) que remite los autos a la Sección Recaudación para la confección de la planilla de liquidación y en su último párrafo indica que de requerir la carpeta original de las destinaciones objeto de la denuncia, se deberá proceder de acuerdo a lo normado en la Resolución General 2721/2009. A fs. 18 se dispone la instrucción del sumario de fecha 26/10/2016. A fs. 20 obra la determinación de tributos y multa. A fs. 21 se agrega la impresión de pantalla con la consulta de la garantía afectada. A fs. 22 se corre vista a la firma importadora y a la aseguradora. A fs. 26 y 27 se agregan las constancias de notificación de la corrida de vista a “Fianzas y Créditos S.A. Compañía de Seguros” y a “Gestamp Córdoba S.A.” respectivamente con fecha 7/04/21. A fs. 28/31 la aseguradora contesta la vista dispuesta y plantea la nulidad del procedimiento por no estar agregada a la causa el sobre original del despacho objeto de denuncia y solicita se agregue. A fs. 36/37 se presenta la firma importadora. A fs. 46 se tiene a ambas partes por presentadas y al pedido de agregar el sobre original de la destinación en cuestión, disponen tenerlo por cumplido con las constancias del sistema informático y obrante en autos. A fs. 47 obra la Nota N° 4159/22 (SE OREI) por la que se ratifica la denuncia. A fs. 51/56 se dicta la Resolución RESOL-2022-6371-E-AFIP- DEPRLA#SDGTLA del 9/09/2022. Dicha Resolución es notificada a la importadora y a la aseguradora mediante SICNEA 22001NOT203479V de fecha 19/09/2022 cuya copia obra a fs. 57 y SICNEA 22001NOT203478U de fecha 19/09/2022 cuya copia obra a fs. 58, respectivamente.
V. Sentado lo precedente, corresponde resolver a este Tribunal los planteos de nulidad y prescripción, invocados por la actora en su presentación.
Tal como fue mencionado en el considerando precedente, las actuaciones administrativas se iniciaron por la denuncia realizada por el servicio aduanero por presunta infracción al art. 970 del C.A en relación a la destinación de importación temporaria 09 001 1T 14 00004287 M cuyo vencimiento operó el 1/09/2011. Practicada la liquidación de tributos y multa, se instruyó el sumario el 26/10/2016, el 1/02/2018 se corre vista de lo actuado y el 9/09/2022 se dictó la resolución definitiva apelada en autos.
De la compulsa del expediente por el cual tramitó el procedimiento infraccional iniciado por la Aduana, se constata que no fue agregada la documentación original de la destinación en trato, instrumento básico de análisis para la fundamentación de la imputación infraccional.
La compañía aseguradora, en oportunidad de contestar la vista dispuesta, según lo expresa en el punto III de su presentación obrante a fs. 28/31 de las actuaciones administrativas, advirtió al servicio aduanero sobre la falta de la documentación original de la destinación y en el punto VII solicita que se agregue, pero éste nada expresó al respecto ni realizó diligencia alguna tendiente a procurar su agregación. Por el contrario, continuó con el trámite del procedimiento, hizo referencia a las constancias del sistema informático y dictó la resolución aquí apelada.
Corresponde afirmar, que la falta de agregación de la carpeta original de la destinación de importación temporaria (DIT) por parte del servicio aduanero, impide verificar la totalidad de los datos necesarios para poder determinar si se ha cumplido con la regularización del régimen de importación temporaria.
La Aduana tiene el deber de guarda de la documentación original de la destinación y de su agregación a las actuaciones en los procedimientos iniciados, independientemente de que por medio de resoluciones dictadas por el propio organismo se establezcan a su favor plazos de conservación.
Ello, claro está, sin desconocer la obligación de los beneficiarios del régimen que, como operadores del comercio exterior, deben mantener en resguardo, máxime cuando ésta permite acreditar el cumplimiento de los compromisos asumidos frente al servicio aduanero.
Como lo dije, si bien el administrado (o en su defecto el despachante de aduanas) debe colaborar con la Aduana, aportando cuando le fuere requerido la documentación que pudiera tener en su poder, el servicio aduanero no se encuentra exceptuado de preservar como elemento integral de la actuación administrativa, la carpeta original del despacho de importación temporaria, pues resulta el elemento ventral para sostener la imputación prevista en el art. 970 del C.A.
Admitir lo contrario implicaría desvirtuar el principio de la defensa en juicio y el derecho a un debido proceso de los administrados enunciados en los arts. 18 de la C.N. y art. 1, inc. 9) de la ley N° 19.549 y más aún si -como acontece en la especie-, la documentación se encuentra involucrada en una discusión administrativa o judicial.
En este orden de ideas, admitido el carácter penal de las infracciones aduaneras, conforme fue señalado por la Corte Suprema de Justicia (sentencias del 18/10/73 autos "Guillermo Mirás S.A.C.I.F." y del 12/11/74 autos ''Linch, Mauricio s/ recurso de queja", entre otros), resulta irrazonable admitir una imputación infraccional con los datos insertos en la impresión de pantalla de la destinación (fs. 1 de las actuaciones administrativas), la cual carece de la totalidad de los elementos que el servicio aduanero debe evaluar y analizar en el procedimiento infraccional.
La agregación de la documentación original de la destinación es requisito indispensable para constatar si se reúnen las condiciones para disponer la instrucción sumarial, la imputación de la infracción y, por último, si se configura aquella, la condena. Su omisión no permite determinar si se trata de mercadería de importación prohibida o no y si al momento de su ingreso el verificador observó la posición arancelaria o no, datos que no surgen de la impresión de pantalla, así como tampoco otros elementos tales como un posible pedido de prórroga, etc.
El art. 1094 del CA establece todas las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario, y en este sentido dispone que el mismo "...determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados." La resolución de apertura de sumario es el acto administrativo de importancia más significativa porque es el medio por el cual el administrador entiende que existen motivos suficientes para iniciar el procedimiento y ahondar en la investigación, a efectos de constatar si los hechos denunciados constituyen o no una infracción aduanera. Es la columna vertebral del proceso. Por otra parte, es el acto necesariamente previo a correr vista de las actuaciones administrativas, respecto de todo lo actuado, a los presuntos responsables para que presenten sus defensas. Y como ya se expresó, no pueden ejercerlas debidamente sin contar con los elementos de prueba y juicio en los que se basa la instrucción. Indudablemente, el servicio aduanero en ejercicio de su imperium sancionador —la génesis de la presente radica en la imputación por infracción a lo establecido en el art.970 del C.A.- debe celosamente fundar sus decisiones en la verificación fáctica que le da sustento. En casos como el traído a estudio, su estructura medular está conformada por la documental que —con su confronte— permite verificar el incumplimiento que pretende reprochar.
Claramente, la copia de la impresión de pantalla obrante en las actuaciones administrativas identificada como DIT09 001 1T 14 00004287 M no alcanza mínimamente para poder ejercer el confronte antes referido.
Al no contarse con el DIT original al momento de la apertura de sumario, y más aún, al momento de dictar la resolución condenatoria evidencia el vicio de la causa fuente de la imputación y centralmente el acto que la recepta, esto es, el auto de instrucción del sumario.
Resulta menester destacar -a los efectos de la invalidación del acto- que el acto administrativo de referencia, se dictó a dos meses y cinco días de acaecer el plazo prescriptivo para la imposición de multas y exigir tributos (01/01/17), lo que permite presumir -con un alto grado de certeza- que su motivación, a la luz de la ausencia de la DIT, radicó en la intencionalidad de evitar el advenimiento de la finitud de las acciones para la imposición de penas y el pago de tributos, más no en la existencia de los elementos indispensables para formular su exigencia, dejando en evidencia la "especulación antiprescriptiva" del fisco.
En consecuencia, el procedimiento que nació viciado al no incorporarse el elemento ventral de la imputación —y consecuente exigencia tributaria—, consolidó sus efectos nocivos al dictarse la apertura del sumario envenenando en consecuencia la resolución que aquí se recurre, afectando así derechos básicos que constituyen el bloque de garantías procesales, en franca discordancia con los preceptos constitucionales y convencionales básicos e indisponibles. El accionar aduanero no tuvo sustento fáctico alguno que permita teleológicamente aceptarlos como idóneos para dotar de legalidad fundamental el acto administrativo que importa la pretensión de una acreencia en favor del Estado e impone a su vez, una sanción de indiscutible naturaleza penal.
La doctrina sostuvo que "...Cuando el acto desconoce arbitrariamente la situación de hecho existente, o pretende fundarse en una situación de hecho que no existe, será nulo; esto, que conceptualmente podría denominarse teoría de la causa o de los motivos determinantes queda comprendido dentro del requisito de la razonabilidad..." (cfme. Gordillo, Agustín, "Tratado de derecho administrativo", I a edición, Buenos Aires, F.D.A., 2012, Libro II (Elementos y vicios del acto administrativo), Tomo V, Capítulo IX).
En consecuencia, por estar viciada la causa, se han afectado los principios del debido proceso y del derecho de defensa, ambos de raigambre constitucional, el acto que dispone la instrucción del sumario resulta nulo, de nulidad absoluta y así cabe declararlo. Ello en concordancia con la profusa jurisprudencia que ha sentado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha entendido que la acusación, defensa, prueba y sentencia constituyen pasos sustanciales a los que tiene derecho toda persona sometida a procedimientos penales -ora infraccionales- (CSJN - "Fallos", 96:23; 99:284; 183:68; 295:591, entre muchos otros).
VI. En este sentido, al declararse la nulidad de la INSTRUCCIÓN DEL SUMARIO, corresponde declarar prescripta la acción del fisco para percibir tributos en los términos de los arts. 803 y 934 del C.A.
Ello es así, toda vez que el vencimiento de la destinación habría operado el 1/09/2011, por lo que el plazo de prescripción quinquenal se computa a partir del 1° de enero del 2012.
El plazo para el ejercicio de la acción del fisco para reclamar los tributos e imponer penas por las infracciones aduaneras, venció entonces, 1° de enero de 2017 atento a que no ha operado ninguna causal de suspensión ni de interrupción de la prescripción ya que, como se dijo, todo el pretenso acto de instrucción de sumario es nulo y consecuentemente todo lo dictado con posterioridad, no llegando —como se dijo— a producir los efectos propios del mismo (arts.937 y 805 inc. a) del C.A.).
VII. En virtud del modo en que se vota el presente resulta inoficiosa la consideración del resto de las cuestiones planteadas.
Por ello VOTO POR:
1. Declarar la nulidad de la INSTRUCCIÓN DEL SUMARIO obrante en la actuación administrativa no 17115-763- 2016 y, consecuentemente, la Resolución RESOL-2022-6371-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA apelada en autos.
2. Declarar operada la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos e imponer penas por infracciones aduaneras.
3. Costas a la demandada vencida.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que me remito al relato efectuado en los considerandos I a IV del voto del Dr. González Palazzo.
II. Que corresponde resolver el planteo de la actora de nulidad del auto de la instrucción de sumario, por carecer de los requisitos previstos en el art. 1094 del C.A., como que el mismo no fue notificado, generando ello que el acto no pudiera ni suspender ni interrumpir la prescripción de la acción del fisco para el cobro de tributos y multa, además de que el carece de motivación y finalidad.
Que de los antecedentes administrativos surge que previamente a la instrucción del sumario, el servicio aduanero procedió a realizar las investigaciones pertinentes, a saber: Acta de denuncia 152/2016, Nota 392/2016 (SE ORM2), liquidación y aforo de la mercadería.
Que el auto de apertura de sumario se encuentra fundamentado, asimismo cabe destacar que a fs. 11/17 se encuentran liquidados los tributos y multa reclamados, es decir con anterioridad al dictado del auto de apertura de sumario, y de correrse la vista del art. 1101 del C.A., por lo que corresponde rechazar el agravio de la actora.
Que cabe señalar que la nulidad del auto de instrucción de sumario, debió plantearse al momento de contestar la vista, conf. art. 1101 del C.A., circunstancia que no se encuentra acreditada en los antecedentes administrativos, por lo tanto corresponde no hacer lugar al planteo de la actora.
Que respecto a la falta de notificación del acto de apertura de sumario, corresponde aplicar lo resuelto por la CSJN en Wonderland SRL c/ Aduana de Rosario del 12/5/09, en lo que aquí interesa, entendió que: el art. 937, inc a) del C.A. establece la prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones se interrumpe por “el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario”, sin determinar que dicho acto para tener virtualidad interruptiva requiera que sea puesto en el conocimiento del sumariado. Por el contrario, surge claramente de la letra de la norma que la interrupción se produce por la sola circunstancia del dictado del acto respectivo. Que si la intención del legislador hubiese sido que la interrupción se produjera con la notificación de aquel acto, o la vista que debe conferirse de lo actuado a los supuestos responsables (art. 1101 C.A.) así lo habría indicado en el texto legal. Sin perjuicio que la CSJN falló respecto del art. 937 inc a) del C.A., considero extensivo lo resuelto a lo dispuesto por el art. 805 inc. a) del C.A.
Que, por ende, se rechazan los planteos de las actoras de nulidad, arbitrariedad de la resolución y afectación del derecho de defensa en juicio, con costas.
III. Que visto lo resuelto precedentemente, corresponde atender el planteo de prescripción de la acción del Fisco para imponer multa y percibir tributos. Que, el régimen de prescripción de la acción del Fisco para imponer la multa en la especie se encuentra regulado por el C.A. el cual, en el art. 934 establece que: “La acción para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de cinco años”, plazo éste que conforme lo dispone el art. 935 comienza a correr “el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción o, en caso de no poder precisársela, en la de su constatación”.
Que, de acuerdo a la normativa transcripta precedentemente, el plazo quinquenal mencionado debe computarse desde el 1º de enero de 2012, atento a que el vencimiento de la DIT opero el 1/9/2011, conforme surge de fs. 9 de los antecedentes. Que, sin embargo, el plazo prescriptivo para imponer penas fue interrumpido, con el auto que dispuso la apertura del sumario de fecha 26/10/2016 (fs. 18 de los ant. adm.).
Que, por ende, habiéndose dictado el auto que dispuso la apertura del sumario el 26/10/2016, se interrumpió la prescripción en lo referente a la acción para imponer penas en los términos del art. 937, inc. a), del C.A. Que desde el 26/10/2016, al dictado de la Resolución condenatoria del 9/9/2022 (fs. 51/55 de los ant. adm.), transcurrió el plazo quinquenal del art. 934 del C.A.
Que, por ende, operó el plazo de cinco años de prescripción a que refiere el art. 934 del C.A. con relación a la acción para imponer penas, por lo que corresponde hacer lugar a la prescripción opuesta por la actora en este sentido, con costas a la vencida.
Que respecto presunta prescripción de la acción del Fisco para el cobro de los tributos, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 803 y 804 del Código Aduanero, la acción del fisco para exigir tributos prescribe por el transcurso de cinco años computados a partir del 1° de enero del año siguiente al de la fecha del hecho gravado, el cómputo de la prescripción comenzó el 1/1/2012 se suspendió el 26/10/2016 con el dictado del auto de apertura del sumario, hasta la fecha del dictado de la Resolución que habilita el ejercicio de la acción para percibir los tributos (cfme. art. 805, inc. a). En la especie, como se dijo, esa Resolución fue dictada el 9/9/2022.
Que, asimismo, a fs. 22 de las actuaciones administrativas se ordenó correr vista (conf. art. 1101 del C.A.) de la liquidación de tributos, de la que fue notificada la actora el 7/4/21 conf. cédula de fs. 27 de las actuaciones, y en los términos del art. 806, inc. a), la referida notificación tuvo el efecto de interrumpir el plazo de la prescripción, comenzando el nuevo plazo a partir del día siguiente, es decir el 8/4/2021 conforme lo resuelto por la CSJN en la causa “Parquerama SA” sent. del 22-2-94 (Fallos:308:1095) y suspendida nuevamente por el art. 805, inc. c). con la interposición del presente recurso.
Que por lo expuesto, la acción del fisco para percibir tributos que se reclaman no se encuentra prescripta, razón por la que corresponde rechazar la excepción opuesta por la actora, con imposición de costas.
IV. Que en atención a lo expuesto corresponde resolver si la resolución apelada en autos se ajusta a derecho. Que la actora manifiesta que ha cumplido con las obligaciones a su cargo mediante la cancelación en legal tiempo y forma de la totalidad de la mercadería ingresada mediante el DIT nº 09 001 IT14 00004287M, sostiene que la firma ha cancelado el total de la mercadería mediante su reexportación de las cantidades correspondientes.
Que al dictar la Resolución DE PRLA nº 6371/2022, fechada 9/9/2022, efectivamente notificada a la actora el 19/9/2022, conforme surge de la notificación 22 001 NOTI 203479V agregada a fs. 57 a las actuaciones.
Que, de las actuaciones administrativas acompañadas en forma digitalizada por la representación fiscal, se advierte que la denuncia que dio origen a la causa se formuló sin haberse glosado la carpeta original del DIT n° 09 001 IT14 00004287M en cuestión, ni copia certificada del mismo.
Que atento lo expuesto corresponde señalar que con las constancias agregadas en el SIGEA nº 17115-763-2016 no es posible analizar la descarga de la mercadería documentada en el DIT nº 09 001 IT14 00004287M, por el que se imputa la infracción endilgada a la recurrente, toda vez que no pueden constatarse cuestiones determinantes a los fines de comprobar la tipificación de la infracción normanda en el art. 970 del C.A. y consecuentemente, la configuración del hecho imponible a los fines tributarios. Ello, atento a que de las mismas, no se desprende, entre otras cuestiones, que clase de mercadería fue la importada temporariamente, la cantidad efectivamente documentada, y si el vencimiento del plazo otorgado al momento de su oficialización fue o no prorrogado, impidiendo ello la posibilidad de comprobar el cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporaria.
Que la aduana llevó a cabo el procedimiento infraccional en trato sobre la base de datos relativos a la destinación cuestionada, sin la agregación del documento original o su copia certificada que permita la efectiva constatación de la imputación endilgada a la recurrente imposibilitando el análisis de los fundamentos y los hechos en que se sustanció la denuncia impetrada.
Que consecuentemente cabe señalar que con los elementos obrantes en autos no se permite dilucidar y verificar el incumplimiento imputado por la DGA, que diera origen al sumario en trato y por ende a la resolución apelada y siendo ello así corresponde revocar la Resolución DE PRLA nº 6371/2022 apelada en autos.
Que las costas se imponen por su orden, por la forma en que se resuelve y conforme la doctrina establecida en la causa "Molinos Rio de la Plata SA", sentencia del 16/11/00.
Por todo lo expuesto, VOTO POR:
1. Rechazar el planteo de nulidad del auto de instrucción del sumario contencioso y el planteo de prescripción de la acción del fisco para percibir tributos opuestos por la actora. Con costas.
2. Hacer lugar al planteo de prescripción de la acción del fisco para imponer multa, con costa a la vencida.
3. Revocar la Resolución DE PRLA nº 6371/2022, dictada en la Actuación SIGEA nº 17115-763-2016, con costas por su orden.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Sin perjuicio de mi opinión disidente en el precedente "La Cardeuse" de esta Sala E (ver en https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wp-content/uploads/2020/02/35693-A-12-11-19-1.p df) por aplicación del plenario de la Excma. Cámara "HUGHES TOOL S.A. C/A.N.A. (T.F. 7830-A)" de fecha 21.09.03, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Fallos 332:1109 ("Wonderland SRL c/ Aduana Rosario") del 12.05.09 y por razones de economía procesal, adhiero al voto del Dr. Juárez.
En virtud de los votos que anteceden, por mayoría SE RESUELVE:
1. Rechazar el planteo de nulidad del auto de instrucción del sumario contencioso y el planteo de prescripción de la acción del fisco para percibir tributos opuestos por la actora. Con costas.
2. Hacer lugar al planteo de prescripción de la acción del fisco para imponer multa, con costa a la vencida.
3. Revocar la Resolución DE PRLA nº 6371/2022, dictada en la Actuación SIGEA nº 17115-763-2016, con costas por su orden.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 14° Nominación), Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria (cfme. Art. 1162 del C.A.).
Date: 2023.05.08 17:59:11 -03:00 Date: 2023.05.08 22:31:04 -03:00 Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.05.09 12:57:04 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Subrogante Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.05.09 12:57:05 -03:00
Fin de la sentencia