Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2022-89619142-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad Resolución N° 2022-121-E-AFIP-DVRRM, con costas.
2Regular los honorarios del Dr. Rodolfo Geuna en la suma de $107.646, equivalente a 3,52 UMA, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la única etapa procesal producida y la actividad desarrollada, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 13 de la ley 27.423. Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-152171941-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 22 de Diciembre de 2023
En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’ Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el EX-2022-89619142-APN-SGAI#TFN caratulado “Geuna Rodolfo Héctor s/ recurso de apelación”.
La Dra. O’Donnell dijo:
I. El Sr. Rodolfo Héctor Geuna interpuso el recurso de apelación que establece el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra la Resolución N° 2022-121-E-AFIP-DVRRME#SDGOPII, dictada el 4 de agosto de 2022 por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mendoza de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en la que se resolvió aplicarle una multa de defraudación de $1.306.770,57 presumiendo el dolo en su conducta a partir del art. 47 inc. a), por la presentación inexacta de las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado de los períodos fiscales enero a marzo de 2016, en los términos del art. 46 de dicha ley (t.v.).
En su presentación ante este Tribunal, el Sr. Geuna manifiesta que dicho acto estaba relacionado con el procedimiento de determinación de oficio originado en la Orden de Intervención N°1.693.372, y solicita a continuación su revocación, con costas.
Plantea, en primer lugar, la prescripción de la acción del Fisco Nacional para aplicar la multa, por haber transcurrido el plazo establecido en los arts. 56 y 58 que la ley le confiere a tal efecto, ya que, según dice, el inicio del cómputo tuvo lugar el 1° de enero de 2017, por lo que sostiene que la AFIP carecería de legitimación y atribuciones legales para sancionarlo.
Asimismo, indica que dicho plazo no fue suspendido ni interrumpido por ninguna actuación que legalmente tenga eficacia.
Sostiene además que la AFIP carecía de facultades legales para la aplicación de la multa impuesta, toda vez que se lo impide categóricamente el art. 74 de la ley 11.683, cuyo texto cita a continuación: “Cuando las infracciones surgieran con motivo de impugnaciones u observaciones vinculadas a la determinación de tributos, las sanciones deberán aplicarse en la misma resolución que determina el gravamen. Si así no ocurriera se entenderá que la DIRECCCION GENERAL IMPOSITIVA de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS no ha encontrado mérito para imponer sanciones, con la consiguiente indemnidad del contribuyente”.
Dice también que del propio texto de la Resolución surge que la infracción sancionada es consecuencia de la determinación de oficio que tramitó con la Orden de Intervención N° 1.693.372 y que concluyó con el dictado de la Resolución N° 15/2021 – DV RRME), en la que no se le impuso multa alguna, extinguiéndose así la facultad para imponerla.
Pone de manifiesto que en la Resolución se hace mención a “reservas” que fueron formuladas en el acto de determinación de oficio, pero tales reservas carecen de toda validez legal, puesto que no existe norma jurídica que lo permita. Dice también que la jueza administrativa pretende justificar la “reserva” en las prescripciones del art. 20 de la ley 24.769, pero que para que rija en el caso esa norma legal, la AFIP debió interponer la denuncia penal exigida por la misma, situación que no ocurrió, por lo que no resulta aplicable.
Agrega que tampoco existían razones para denunciarla porque el monto del delito de evasión desde la sanción de ley 27.430, vigente desde el 29 de diciembre de 2017, es $ 1.500.000, y la deuda determinada $435.590,19. Continúa diciendo que tampoco resulta procedente la multa porque tiene como hecho condicionante el monto supuestamente evadido considerado en la Resolución N° 15/2021, la que no adquirió autoridad de cosa juzgada porque fue impugnada ante el Tribunal Fiscal de la Nación, por lo que entiende arbitrario considerar como hecho susceptible de multa al monto que se estima evadido en una determinación que no está firme, lo que exhibe con nitidez que la oportunidad de la aplicación de la multa era la prevista en el art. 74 de la ley, de modo que tramiten simultánea y conjuntamente las impugnaciones a la determinación de oficio y a la multa.
Finalmente, hace mención a la conexidad insoslayable de la Resolución de multa con la de determinación de oficio recurrida ante este Tribunal Fiscal -EX-2021-17623134-APN-SGAI#TFN, caratulado: "Geuna Rodolfo Héctor s/ apelación-IVA" y su acumulado EX 2021-17625391-APN-SGAI#TFN, caratulado: "Geuna Rodolfo Héctor s/ apelación-Ganancias", manifestando que dichas actuaciones integran la misma causa, por lo que deben ser considerados en su totalidad.
II. Por su parte, mediante IF-2022-117061634-APN-DTD#JGM, la representación fiscal contesta el traslado del recurso, solicitando que se confirme la Resolución, también con costas.
III. No habiéndose ofrecido pruebas a producir, el 5 de octubre de 2023 por PV-2023-118681795-APN- VOCXI#TFN se decide elevar los autos a consideración de la Sala y, por último, el 29 de noviembre de 2023 quedan en estado para dictar sentencia.
IV. Siguiendo el orden de los agravios, corresponde analizar si el Fisco Nacional tenía facultades para dictar la Resolución sancionatoria aquí recurrida.
(i)Debe recordarse en primer lugar que según los arts. 56, inc. a) y 58 de la ley 11.683 las acciones y poderes del Fisco Nacional para aplicar multas prescriben por el transcurso de 5 años, comenzando a correr su término desde el 1° de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales legalmente considerada como hecho u omisión punible.
En el caso, el plazo de prescripción comenzó el 1° de enero de 2017 y concluyó el 31 de diciembre de 2021, por lo que a la fecha del dictado de la Resolución -esto es el 4 de agosto de 2022-, estaba vencido. Sin embargo, debe analizarse también si se han verificado circunstancias que pudieran haber tenido la virtualidad de suspender o interrumpir su curso que prevé la misma u otra ley invocada por el juez administrativo.
En el caso, no debe perderse de vista que en ocasión de dictarse el acto previsto en el art. 17 de la ley 11.683 el juez administrativo inició el sumario y al determinarse de oficio la obligación tributaria en la Resolución N° 15/2021, hizo expresamente la reserva establecida en el art. 20 del régimen penal tributario.
Dicha norma dispone que “La formulación de la denuncia penal no suspende ni impide la sustanciación y resolución de los procedimientos tendientes a la determinación y ejecución de la deuda tributaria o de los recursos de la seguridad social, ni la de los recursos administrativos, contencioso administrativos o judiciales que se interpongan contra las resoluciones recaídas en aquéllos”.
El mismo término –formulación-, utiliza el art. 65, inc. d) en el Capítulo de la ley 11.683 referido a prescripción, cuando dispone que “La prescripción para aplicar sanciones se suspenderá desde el momento de la formulación de la denuncia penal establecida en el artículo 20 del Régimen Penal Tributario, por presunta comisión de algunos de los delitos tipificados en dicha ley y hasta los ciento ochenta (180) días posteriores a la comunicación a la Administración Federal de Ingresos Públicos de la sentencia judicial firme que se dicte en la causa penal respectiva”. En el caso, el área jurídica que intervino en las actuaciones declaró improcedente la formulación de la denuncia penal por aplicación del criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al fallar el 23 de noviembre de 2021 en “Vidal”, precedente en el que se receptó el principio de ley penal más benigna, en el caso por la modificación de los montos previstos en los tipos de los delitos tipificados en el régimen penal tributario. Y considero que así debió receptarse también en sede administrativa en ocasión de dictarse el acto previsto en el art. 17 de la ley 11.683.
Por ello, en lo que aquí interesa, al no haberse formulado o presentado la denuncia penal, ello obsta a la configuración del supuesto previsto en el inc. d) del art. 65 que se refiere, precisamente, a dicho supuesto como causal de suspensión del plazo de prescripción.
No se encuentra en discusión que el Sr. Geuna no fue denunciado, por lo que tampoco existe una fecha para poder aplicar el precepto en cuestión y a la causal de suspensión de la prescripción allí prevista.
Queda decir que tampoco resulta aplicable a dicho plazo la suspensión de un año dispuesta por la ley 27.562 (BO 26.8.2020) que invoca el Fisco Nacional, en virtud del criterio de la Cámara que ejerce como alzada de este Tribunal al fallar en la causa “Acifer S.A.”, el 14 de septiembre de 2004, entre varios precedentes, en el sentido que “…la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que el eventual y secundario interés fiscal que puede existir en la percepción de la multa no altera la naturaleza principalmente punitiva de dicha sanción tributaria y que ello conduce a la aplicación de los principios del Código Penal (confr. Fallos: 267:457; 287:76, entre otros). En ese sentido, el art. 2°, primera parte, del Código Penal se dispone que "si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna. Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por esa ley. En todos los casos del presente artículo, los efectos de la nueva ley se operarán de pleno derecho".
Y que ”Lo expuesto por dicha norma comprende no sólo la nueva ley más benigna, sino también la ultraactividad de la ley anterior más benigna. De tal modo, el principio de irretroactividad de la ley penal, contenido en el art. 18 de la Constitución Nacional debe entenderse en el sentido de que impide la aplicación de una norma más gravosa, posterior al momento de la comisión del hecho (Conf. Sebastián Soler "Derecho Penal Argentino", t. I, pág. 205)”.
Y concluyó en dicha oportunidad que “…, la suspensión de la prescripción por el término de un año dispuesta por el art. 10 de la ley 24.587, no puede ser aplicada en estos autos, toda vez que dicha norma fue sancionada cuando ya había comenzado a correr el curso de la prescripción del fisco para aplicar sanción”, principio que también rige para el art. 17 de la ley 27.562.
Por ello,en razón del principio que postula la no aplicación retroactiva de una ley penal más gravosa para el imputado, estimo que el plazo de suspensión incorporado por la ley 27.562 no resulta aplicable al caso y, en atención a la fecha en que fue dictado el Sumario -4 de agosto de 2022-, las facultades del Fisco Nacional se hallaban prescriptas.
(ii)Por otro lado, en relación al segundo agravio debe estarse a lo resuelto por mayoría por esta Sala en “Marino, Omar”, sentencia del 27 de abril de 2023, en la que se declaró la nulidad de la Resolución sancionatoria dictada a dicho contribuyente en razón de que, también por aplicación del principio de ley penal más benigna al no haberse aplicado la sanción en ocasión de dictarse la resolución de determinación de oficio, según lo dispuesto en el art. 74 de la ley 11.683, el Fisco Nacional carecía de facultades para hacerlo con posterioridad a dicho acto.
Por ello, debe declararse en este caso también la nulidad de la Resolución, con costas.
Por la forma en que se resuelve, resulta irrelevante expedirse sobre los restantes agravios planteados. El Dr. Martín dijo:
I. Que comparto el relato de los hechos efectuado en el voto de la Vocal Instructora.
II. Que en primer término corresponde referirse a la excepción de prescripción invocada por el recurrente respecto de la facultad del Fisco Nacional para aplicar multa en el Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales enero a marzo de 2016.
Que por aplicación de lo establecido por los arts. 56 y 58 de la Ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y modif.) el cómputo del plazo comenzó el 01/01/2017, mientras que su término se produjo el 31/12/2021.
Ahora bien, una vez iniciado el plazo de prescripción se sancionó la Ley N° 27.562 (B.O. 26/08/2020) que en su art. 17 contempló una suspensión de los plazos, con la siguiente redacción: “Suspéndese con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentre a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”. El resaltado me pertenece.
Resulta indubitable que la suspensión abarca las multas y si bien podría plantearse en el plano teórico una distinción entre aquellas cuyo plazo de prescripción ya comenzó a operar y otras en que no, lo cierto es que la norma resultaría de imposible aplicación a períodos que aún no iniciaron el término de 5 años (p. ej que se iniciaran el 1° de enero de 2021 o 1° de enero de 2022). Por ende el único universo posible que comprendería la decisión adoptada por el Poder Legislativo sería el de las sanciones en las que ya comenzó el cómputo (v.g. 1° de enero de 2020, 1° de enero de 2019 o anteriores). Una opinión en contrario importaría una decisión del Congreso Nacional sobre un universo vacío o que el segundo supuesto se encuentra afectado por una decisión de inconstitucionalidad, cuestión que no ha ocurrido a la fecha.
Sobre esta base, la suspensión bajo análisis lleva la fecha límite para aplicar sanciones por parte del Fisco Nacional hasta el 31 de diciembre de 2022, criterio que convalida el acto administrativo dictado el 04/08/2022.
III. Que ello así, resulta menester abordar el planteo que hace el actor referido a la falta de facultades legales del ente fiscal para aplicar la multa ahora recurrida. Entiende que se produjo la caducidad para instruir el sumario respectivo en razón de que si bien en la resolución que determinó el Impuesto al Valor Agregado se hizo reserva de aplicar sanciones en virtud del art. 20 de la ley 24.769, luego el Fisco Nacional no formuló la denuncia penal. Que el artículo 74 de la ley N° 11.683 (t.o 1998 y mod.) en su redacción establece: “Cuando las infracciones surgieran con motivo de impugnaciones u observaciones vinculadas a la determinación de tributos, las sanciones deberán aplicarse en la misma resolución que determina el gravamen. Si así no ocurriera se entenderá que la DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS no ha encontrado mérito para imponer sanciones, con la consiguiente indemnidad del contribuyente.” Que de las constancias de autos se desprende que con fecha 5 de febrero de 2021 se dictó la Resolución Nº 15/2021 (DV RRME) por la cual se determinó de oficio, en forma parcial, la obligación del Sr. Rodolfo Héctor GEUNA en el Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales enero a diciembre de 2016. Que en el mismo acto se formuló reserva, según lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley 24.769, respecto de la eventual aplicación de las sanciones contempladas en la Ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) con relación a los períodos fiscales enero a marzo y julio a octubre de 2016 de dicho tributo -Sumario S/DI RMEN/01/2020- (act. adm., IF- 2022-117221833-APN-DTD#JGM).
Que por Nota N° 445/2021 (DV JUME- SPT) del 23 de noviembre de 2021 el organismo fiscal tuvo en consideración el fallo “VIDAL Matías Fernando s/ Inf. Ley 24.769” del 28/10/2021 dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante el cual se resolvió que el Régimen Penal Tributario de la ley N° 27.430, en lo que hace a la elevación de los montos cuantitativos, es ley penal más benigna que su antecesora, la ley N° 24.769, por lo que resulta aplicable retroactivamente a los hechos acontecidos con anterioridad a su entrada en vigencia (30/12/2017). En función de ello y dado que el monto evadido por el Impuesto al Valor Agregado del período fiscal 2016 no superaba la condición objetiva de punibilidad del art. 1° del Régimen Penal Tributario establecido por la ley N° 27.430 se concluyó que resultaba improcedente la formulación de la denuncia penal, por lo que correspondía continuar con el sumario instruido en orden a la aplicación de las sanciones previstas en la ley de procedimiento fiscal (act. adm., IF-2022-117221998-APN-DTD#JGM).
Que se puede advertir que al momento del dictado de la resolución determinativa de oficio (5/02/2021) ya se encontraba vigente la ley N° 27.430; entendiéndose que el “mérito” al que hace mención el Organismo fiscal para iniciar denuncia penal no se encontraba en discusión. Más aún, estando vigente el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Soler Diego s/recurso de Casación” del 18/02/2014, donde se resolvió desestimar los recursos extraordinarios deducidos por el Fiscal General y por la querella. Que allí quedó expuesto que el principio de retroactividad de la ley penal más benigna resulta aplicable para los delitos tributarios de la ley N° 24.769 y su modificatoria ley N° 26.735.
Que ya para ese entonces, el monto del tributo evadido era de $ 435.590,19, el que conforme el artículo 1 del Régimen Penal Tributario (contenido en el art. 279 de la ley N° 27.430) no cumplía con las condiciones objetivas de punibilidad para su reproche. En consecuencia, el juez administrativo se encontraba en condiciones de aplicar sanción y no lo hizo, difiriendo su evaluación. Que se observa que el cambio de criterio que realiza el Organismo fiscal no obedece a ningún cambio legislativo o hecho sobreviviente ya que, al momento del dictado de la determinación de oficio, el juez administrativo se encontraba plenamente facultado para incluir la sanción correspondiente. Esto en orden a lo resuelto por la CSJN en el mencionado fallo “Soler Diego s/recurso de Casación” referido específicamente a la condición objetiva de punibilidad. Se recuerda además, que la ley N° 24.769 fue derogada por la ley N° 27.430 publicada en el Boletín Oficial el 29/12/2017.
A su turno el artículo 164 de la ley de rito establece que “El TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN impulsará de oficio el procedimiento teniendo amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes...”.
Que conforme cita el art. 74, en oportunidad de haberse dictado la determinación de oficio, debió incluirse la multa, de lo contrario, se entiende que la AFIP no encontró mérito para imponer sanciones.
Que conforme todo lo expuesto, corresponde declarar la nulidad de la resolución apelada, atento que a la fecha del dictado de la misma, el Fisco Nacional carecía de facultades para determinar la sanción que apela el Sr. Geuna. Las costas se imponen a la parte vencida.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que de acuerdo a como fueran tratadas las cuestiones discutidas en los votos precedentes, corresponde en primer lugar expedirse sobre la defensa de prescripción articulada.
En tal sentido, comparto en lo sustancial lo expuesto por el Dr. Martín en cuanto rechaza tal defensa, en virtud de aplicación del artículo 17 de la ley 27.562 (B.O. 26/08/2020) que en lo que aquí interesa suspendió con carácter general por el término de un (1) año para imponer sanciones.
Que se entiende que este tipo de normas dispuestas con carácter general, exponen la intención del legislador, de extender los efectos de la suspensión a todos los contribuyentes sin excepción, esto es, hayan o no acogido sus deudas a los beneficios conferidos por dicha ley. Cabe señalar que esta interpretación fue receptada por el Máximo Tribunal en la causa "Distribuidora del Plata S.R.L.” en fallo de fecha 26/11/91, al resolver respecto del art. 49 de la ley 23.495, situación que resulta análoga a la aquí planteada (véase La Ley, T.1992/B, pág. 456). Además, la referida ley tuvo por fin otorgar a los contribuyentes la posibilidad de acogerse a determinados beneficios, evitando que durante su período de vigencia el organismo fiscal practicara determinaciones y/o impusiera multas que vinculadas con conceptos que en definitiva pueden resultar regularizados por aquéllos mediante el pertinente acogimiento. En esta línea, el Fisco Nacional durante la vigencia de la norma se hallaba impedido de ejercer sus facultades de verificación y fiscalización, produciéndose un recargo de su capacidad operativa, puesto que debía avocarse a controlar todo lo concerniente al correcto acogimiento que efectuaran los responsables, con lo cual resulta razonable que se liberara al organismo de la inminencia de los vencimientos de los plazos de prescripción, prolongándose de este modo el tiempo con que de acuerdo a la ley de rito puede actuar.
Que tales consideraciones ya fueron expuestas por la suscripta in re “Cambiaso Adolfo” y “Mungi, Julio César”, sentencias del 14 de diciembre de 2017 y 22 de octubre de 2018, respectivamente.
Por lo expuesto, corresponde rechazar la defensa planteada, no correspondiendo imponer costas, en virtud de no articularse como una cuestión previa.
II. Que, cabe pronunciarse en primer término sobre el planteo efectuado por la actora relativo a la caducidad para instruir el sumario, sustentado en que en el acto determinativo del IVA se hizo reserva de aplicar sanciones en virtud del art. 20 de la ley 24.769 y posteriormente no se efectivizó la denuncia penal, quedando imposibilitado el organismo – según la actora- de impulsar el procedimiento sumarial previsto en la ley 11.683 en lo sucesivo. Que el artículo 74 de la ley de rito fiscal establece que en el mismo acto que se determina de oficio el gravamen, el Fisco deberá expedirse a las sanciones que corresponda aplicar con motivo de impugnaciones u observaciones relacionadas con el ingreso en defecto del tributo, entendiéndose que en caso contrario, no existe mérito para imponer sanciones, con la consecuente indemnidad del contribuyente.
En este caso, no se encuentra cuestionado que el juez administrativo en el acto determinativo de oficio del IVA, de fecha 5 de febrero de 2021, suspendió la aplicación de sanciones de conformidad con lo previsto en el art. 20 del Régimen Penal Tributario.
Posteriormente mediante la Nota N°445/2021 (DV JUME- SPT) del 23 de noviembre de 2021, el Fisco Nacional considerando el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia in re “Vidal Matías Fernando s/ Inf. Ley 24.769”-, indicó que resultaba improcedente la formulación de la denuncia penal por el hecho de evasión en el Impuesto al Valor Agregado, ejercicio anual 2016, y que correspondía continuar con el procedimiento sumarial S/DI RMEN/01/2020 en orden a la aplicación de las sanciones contempladas en la Ley 11.683 (vide fs. 214/vta. del archivo adjunto al IF-2022-117221998-APN-DTD#JGM).
En efecto, a partir de tal circunstancia sobreviniente el Fisco tomó la decisión de no seguir adelante con la formulación de la denuncia penal tributaria en relación al IVA, surgiendo que si bien al momento de determinar la deuda debía entenderse que la conducta del contribuyente debía ser pasible de denuncia penal, en función del fallo “Vidal”, la conducta quedaba desincriminada como delito en los términos de la Ley Penal Tributaria. Cabe señalar que, al momento del dictado del acto determinativo, el juez administrativo estaba vedado de aplicar sanciones en los términos del artículo 20 de la ley penal tributaria, es decir la abstención surgía de una expresa manda legal; en consecuencia, mal podría concluirse la indemnidad del aquí recurrente en los términos del artículo 74 de la ley de rito fiscal.
Que ello así cabe concluir que el procedimiento llevado a cabo por el Fisco resulta ajustado a derecho, dado que originariamente en la resolución determinativa se hizo reserva de aplicar sanción y con posterioridad, a tenor del pronunciamiento de nuestro Más Alto Tribunal, se abstuvo de efectuar denuncia penal subsistiendo la posibilidad de aplicar la multa que aquí se recurre.
A mayor abundamiento, es dable destacar que si el Fisco formulaba la denuncia penal, aún a sabiendas de la existencia de un precedente de la Corte Suprema que resolvía que la misma no procedería por no superar el monto las condiciones objetivas de punibilidad, ello hubiera sido más gravoso para las partes y si el juez desestimaba la denuncia el Fisco quedaba igualmente habilitado para impulsar el procedimiento para imponer la multa prevista en la ley de rito fiscal.
Como corolario de lo expuesto, en virtud de la reserva efectuada en la resolución determinativa de oficio del Impuesto a las Ganancias, debe entenderse que el Fisco Nacional se encontraba habilitado para aplicar sanciones y por lo tanto, corresponde rechazar el planteo formulado por la actora.
Que tal criterio ha sido sostenido por esta juzgadora in re “Marino, Omar”, sentencia del 27 de abril de 2023 y anteriormente in re “Curtiembre Arlei”, del 18 de febrero de 2019.
III. Que resta referirse a la procedencia de la multa aplicada. Que como se señaló anteriormente, con fecha 5 de febrero de 2021, el Fisco determinó de oficio la obligación tributaria de la apelante frente al IVA por los períodos enero a diciembre de 2016, haciendo reserva de aplicar sanciones.
En relación a los ajustes efectuados, se detectó en cuanto al débito fiscal que el Sr. GEUNA no había registrado en su Libro IVA Ventas facturas emitidas en forma manual informadas por sus clientes con arreglo al Régimen de Información de Compras y Ventas (Resolución General N° 3685/2014 AFIP) y facturas electrónicas emitidas bajo el Régimen Especial de Emisión y Almacenamiento Electrónico de Comprobantes.
Respecto a los ingresos gravados, éstos fueron ajustados por resultar las acreditaciones bancarias correspondientes al año 2016 superiores al resultado de la sumatoria de los ingresos gravados y los débitos fiscales declarados por el responsable.
Que la resolución determinativa fue apelada y tramitó individualizado como EX-2021-17623134-APN- SGAI#TFN, caratulado: "Geuna Rodolfo Héctor s/ apelación-IVA" y su acumulado EX 2021-17625391-APN- SGAI#TFN, caratulado: "Geuna Rodolfo Héctor s/ apelación-Ganancias", la que resultó confirmada primero por este Tribunal (Sala “B”, sentencia del 12 de agosto de 2022) y por la Sala IV de la Alzada (decisorio del 18 de mayo de 2023), quedando firme este último pronunciamiento, con autoridad de cosa juzgada.
En lo que aquí interesa, cabe concluir que no resultando controvertido que los ajustes expuestos son los que dan a la sanción aquí discutida, se encuentra acreditado el ingreso de gravamen en menos de parte de la recurrente en el IVA, esto es el aspecto objetivo de la figura prevista en el art. 46 de la ley de rito.
Que además el citado artículo requiere de un proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos, es decir que debe probar el soporte fáctico de la presunción de dolo, el que debe ser cierto y no meramente conjetural. Una vez probado el mentado soporte, luego se infiere la conducta dolosa; empero, la vinculación entre el soporte fáctico y el hecho presunto, tiene que ser unívoca, sin margen razonable para una consecuencia distinta (cfr. "Ramazzotti, Raúl Enrique s/apelación", 24/04/98). Que demostrado el elemento objeto del ilícito, las presunciones establecidas en el artículo 47 (en este caso la prevista en el inciso a) admiten prueba en contrario y en tal sentido es resorte de la actora proponer y ofrecer las pruebas que hagan a su derecho a fin de desvirtuar las afirmaciones vertidas por el ente recaudador, sin que en esta instancia hubiera ofrecido prueba alguna a tal fin.
Sentado ello, del juego armónico de los arts. 46 y 47 surge que debe acreditarse en forma clara y suficiente la intención de omitir el impuesto, es decir, la existencia de ardid, maniobra o engaño, y no solamente el resultado defraudatorio. Corresponde, pues, al juez administrativo probar fehacientemente los hechos que determinan la aplicación de las presunciones, los que deberán ser ciertos y no meramente conjeturales.
En este caso concreto y en contraposición a lo sostenido por la recurrente, el Fisco ha demostrado a través de elementos de prueba asertivos y contundentes que el Sr. Geuna debía llevara la correspondiente documentación de respaldo sobre su operatoria, advirtiéndose en tal sentido que surge de los actos apelados, inconsistencias y maniobras para falsear su realidad ante el organismo recaudador, que no fueron rebatidas de ningún modo. En definitiva, considero que han concordado elementos suficientes para tener por configurado el ilícito previsto en el art. 46 de la ley de rito y no habiendo elementos que justifiquen una dispensa a la sanción impuesta como así tampoco para modificar la graduación dispuesta en el acto recurrido, corresponde disponer su confirmación. Las costas se imponen a cargo de la parte vencida.
Atento al resultado de la votación que antecede, por mayoría,
1. Declarar la nulidad Resolución N° 2022-121-E-AFIP-DVRRM, con costas.
2. Regular los honorarios del Dr. Rodolfo Geuna en la suma de $107.646, equivalente a 3,52 UMA, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la única etapa procesal producida y la actividad desarrollada, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 13 de la ley 27.423. Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2023.12.22 14:13:05 -03:00 Date: 2023.12.22 14:34:00 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.12.22 16:14:56 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.12.22 16:14:57 -03:00
Fin de la sentencia