Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2019-108029265-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N° 110/2019 (DI VACD), dictada por el Sr. Director de la Dirección de Valoración y Comprobación Documental el 12 de noviembre de 2019 en la Actuación N° 16603-13- 2015 y, por ende, los cargos estipulados en concepto de tributos adeudados, con más los intereses indicados en el Considerando XIX del voto del Dr. Licht.
2Con costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-139651920-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 17 de Diciembre de 2025 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados: “GGM S.A. c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, EX-2019-108029265-APN-SGASAD#TFN, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. [RE-2019-108028319-APN-SGASAD#TFN], se presenta el exportador, GGM S.A. (en adelante “GGM”, “apelante” o “actora”), mediante apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 110/2019 (DI VACD), dictada por el Sr. Director de la Dirección de Valoración y Comprobación Documental el 12 de noviembre de 2019, mediante la cual, en virtud de las disposiciones del Código Aduanero vinculadas con la determinación del valor en aduana sobre operaciones de exportación, se resuelve rechazar la impugnación oportunamente presentada por GGM y, por consiguiente, confirmar los Cargos N° 280/2015 a 335/2015, en concepto de ajustes de valor, por un monto total igual a U$S 172.886,23, con más los intereses del art. 794 del C.A.
Luego de haber realizado una descripción de los principales antecedentes y de los hechos que dieron origen al sub examine, resalta, en primer lugar, que el reclamo formulado con relación a los cargos es nulo, en tanto no se agregaron los sobres originales de los permisos de embarque involucrados. Menciona, con relación a este punto, el no ser su intención el poner en duda la confiabilidad y seriedad del Sistema Informático María, pero destaca que formular un reclamo de esta naturaleza sin los permisos originales vulnera todo principio al debido proceso y de defensa en juicio de los administrados. Sustenta, en segundo lugar, que el precio declarado en los permisos de embarque involucrados en el presente caso se ajusta plenamente a los parámetros establecidos en los artículos 735 y concordantes del C.A. para ser considerados como base idónea de valoración.
Expone el ser indudable, en la actualidad, que una parte importante del comercio internacional de mercaderías se realiza entre empresas vinculadas. Agrega que la concentración económica y la economía de escalas han transformado el escenario mundial. En este escenario, señala que ni la vinculación ni el hecho de que el precio resulte inferior a otros comparables resultan per se suficientes para la desestimación de este precio de transacción como valor aduanero. Subraya una contradicción entre lo destacado en el Informe Técnico N° 7/2015 y lo manifestado por dos Notas agregadas a posteriori (Notas N° 183/2017 y N° 1119/19). En este sentido, clarifica que si, en un primer momento, se destacó que el análisis no poseía como objetivo el estudio de valor de los bienes exportador, luego se establece que, a los fines de confirmar los cargos imputados, se cuestiona el valor (y no el precio) declarado por la firma exportadora en las operaciones bajo examen.
Luego de hacer referencia a precios de mercadería similar vinculados con otras firmas exportadoras en la República Argentina, afirma que los valores de exportación declarados por GGM en los permisos de embarque aquí involucrados no sólo son valores de mercado y, con ello, aptos y válidos para la conformación de la base imponible, sino que además son valores superiores a otros comparables e incluso superiores a los valores de importación de calzado terminado de las más importantes marcas de calzado deportivo. Plantea, en tercer lugar, que la Aduana no puede apartarse de la aplicación del valor de venta concertado por el exportador, en la medida en que este valor cumpla con los parámetros establecidos en los arts. 735 y cc. del C.A. para ser considerado base imponible.
Agrega, en este sentido, que solamente corresponde la aplicación de las disposiciones contenidas en el art. 748 del C.A., si previamente existen causas justificadas que permitan obviar la aplicación del valor declarado por el exportador, cuando este no constituye una base idónea de valoración. Especifica que, tal como se ha demostrado con la prueba aportada, no existen elementos que permitan afirmar que el valor de venta concertado no es un precio razonable, un precio normal de venta para la mercadería de que se trata; tampoco existe ningún motivo para desestimar el precio por la mera existencia de la vinculación. Explica que, en el presente caso, la vinculación existente entre GGM y la firma Sonkaly, de Uruguay, no ha influido en el precio documentado; el valor al que luego el comprador uruguayo le vendiera a su comprador americano, y el valor al que luego esta última compañía le vendiera al importador brasilero (precios fijados de común acuerdo en el marco de una relación comercial de la cual no formamos parte) no puede ser utilizado a los efectos de ajustar el valor documentado.
Verifica, a través del análisis de la causa, que la Aduana no ha aportado antecedentes comparables de mercadería idéntica o similar competitiva; lo que demostraría que la Aduana, en flagrante violación a las disposiciones vigentes en la materia, utilizó un criterio erróneo a la hora de desestimar el valor declarado por la firma apelante. Añade, en forma complementaria, que la autoridad aduanera se limitó únicamente a verificar, a través del sistema INDIRA, la existencia de diferencia de precios en las operaciones involucradas. Esboza, en cuarto lugar, que, en el caso de considerar la aplicación de los métodos de valor previstos en el art. 748 del C.A., el empleo de aquellos no resulta discrecional.
Suma que el valor determinado por la Aduana surge de la comparación con el valor de importación declarado por el importador brasilero, luego de haber adquirido la mercadería de una empresa americana a la que le vendiera el comprador uruguayo de la firma GGM. Considera, así, que el valor determinado por la Aduana no sólo no tiene sustento lógico, sino que además ha sido determinado con una causa viciada: dicho valor se habría conformado, entonces, en función del solo criterio y voluntad del funcionario opinante respecto del supuesto valor declarado por el importador de Brasil, a partir de una nueva compraventa concertada con una firma americana. Insiste en que la norma aplicable no otorga facultades discrecionales absolutas a la Administración.
Cuestiona, en quinto lugar, que el re-encuadre del reclamo tributario en una cuestión de valor, se estaría violentando el principio de confianza legítima y se propicia la emisión indiscriminada de cargos, con la excusa de mantener viva la expectativa de cobro de la Aduana. En lo que respecta al reclamo tributario, expresado en dólares, y a los intereses resarcitorios que se exigirían eventualmente en caso de confirmarse la pretensión, manifiesta la inconstitucionalidad de ambos desde dos planos: el primero, de fondo, en tanto arrojan resultados abusivos y contrarios a los principios de buena fe, equidad y justicia, e implican la repotenciación o actualización de la deuda, prohibida en Argentina por las leyes 23.924 y 25.561; el segundo, formal, en atención a que la normativa en que sustenta fue dictada por órganos distintos al titular del Poder Ejecutivo o al Jefe de Gabinete de Ministros, en violación expresa de lo dispuesto por el artículo 1 de la ley 26.519 y las leyes de ratificación posteriores.
Finalmente, hace reserva del caso federal, ofrece prueba y solicita que se revoque la resolución apelada, con costas.
II. [IF-2020-61073143-APN-DTD#JGM], la representación fiscal contesta el traslado del recurso y, luego de realizar una descripción resumida de los hechos y de efectuar una negativa genérica, se explaya sobre los actuados aduaneros. Afirma, con relación a la nulidad de la resolución apelada, el no asistir razón alguna a la actora, teniendo en cuenta que, para que un acto administrativo pueda ser considerado como inválido, por imperativo legal debe constatarse el acaecimiento de alguna de las situaciones taxativamente previstas por el art. 14 de la ley 19.549. Recuerda que los mencionados actos administrativos emanados de la Administración Pública gozan de la presunción de veracidad y legitimidad.
En cuanto a la posible vulneración del derecho de defensa, destaca que, en el presente caso, la actora tuvo la oportunidad de ofrecer y producir ante el Servicio Aduanero toda la prueba que consideró pertinente, y alegar sobre el mérito de ella en orden a proteger su pretensión. Así, agrega que los vicios procesales en que se pudiera haber incurrido ante las dependencias aduaneras serían insuficientes para lesionar sustancialmente el derecho de defensa en juicio de la actora, en la medida en que aquella ha tenido oportunidad de esgrimir cabalmente sus defensas ante la presente instancia. Con respecto a la cuestión de fondo involucrada en la presente litis, subraya, en un primer momento, que de la simple lectura del Código Aduanero, surge claramente que el servicio aduanero posee la obligación de, en su caso, proceder a ajustar los valores declarados.
Recuerda, a su vez, que mediante los artículos 724 a 760 del C.A., se recepta la denominada noción teórica del valor de Bruselas. Luego de transcribir algunas de las disposiciones mencionadas con anterioridad, y de hacer referencia a ciertas posiciones doctrinarias, insiste en que el servicio aduanero cuenta con la facultad de apartarse del valor imponible declarado cuando este no refleje el precio de venta al que cualquier vendedor podría entregar la mercadería que se exportare, como consecuencia de una venta entre un comprador y un vendedor independiente. Con posterioridad a haber hecho referencia a lo detallado por el Informe Técnico N° 07/15 (DV BCBO), y las Notas N° 183/2017 (DV BCBS) y 1119/19 (DE VADE), señala que, para la determinación de valor, se tuvieron en cuenta diversas exportaciones de mercaderías clasificadas bajo la misma posición arancelaria y con los mismos sufijos de valor correspondientes a la mercadería sujeta a investigación, la fecha de embarque de esta, la procedencia y país de destino, como así también la condición de “productor” del exportador y el nivel comercial declarado.
Agrega, a su vez, que siendo que el onus probandi recae sobre la actora, no hay documentación contundente que permita respaldar los valores declarados para la mercadería en trato. En cuanto a los argumentos presentados con relación a la violación del principio de confianza legítima, estima que la firma actora fue incapaz de bosquejar el gravamen relacionado con la figura traída a colación. Con respecto a la liquidación tributaria expresada en dólares, recuerda la doctrina de nuestro Más Alto Tribunal en el fallo “Volkswagen Argentina SA (TF 22.179-A) c/DGA” (SCV312, L.XLV). Con relación al cálculo de los de los intereses adeudados, afirma que las tasas de interés resarcitorio aplicables a las deudas tributarias son las que fijan las resoluciones del Ministerio de Economía, de conformidad con lo previsto por el Código Aduanero.
Agrega, al respecto, que dichas resoluciones constituyen una reglamentación específica propia de las leyes tributarias, desplazando así aquellas disposiciones de carácter general. Así, termina por concluir que “…ninguno de los argumentos esgrimidos por la recurrente habilitan a apartarse de la aplicación ineludible de una norma federal (art. 794 del C.A.), máxime teniendo en cuenta la posibilidad que brinda el ordenamiento jurídico para eludir las consecuencias patrimoniales de optar por impugnar las liquidaciones suplementarias de tributos aduaneros (art. 796 del C.A.), vía recursiva que ha sido elegida voluntariamente por la actora”. Finalmente, hacen reserva de Caso Federal, ofrece prueba y solicita que se rechace la apelación interpuesta por la actora, con costas.
III. Mediante PV-2021-41997408-APN-SGASAD#TFN se cierra el período probatorio, a continuación se elevan las actuaciones a consideración de la Sala “G” que pone los autos a disposición de las partes para alegar. El alegato presentado por la actora obra en el IF-2025-96347773-APN-DTD#JGM y el alegato presentado por el Fisco Nacional en el IF-2025-96567110-APN-DTD#JGM. En IF-2025-99579347-
VOCXIX#TFN.
IV. En virtud de los argumentos presentados por cada una de las partes involucradas en la presente litis, corresponde determinar si la Resolución N° 110/2019 (DI VACD), dictada por el Sr. Director de la Dirección de Valoración y Comprobación Documental el 12 de noviembre de 2019, resulta ajustada a derecho. En este sentido, atañe examinar si el ajuste de valor efectuado oportunamente por el servicio aduanero fue llevado a cabo de conformidad con las disposiciones del Código Aduanero vinculadas con la determinación del valor en aduana sobre operaciones de exportación. Para ello, previo a presentar el correspondiente análisis de las cuestiones involucradas en el presente caso, se llevará a cabo una descripción sucinta de algunos aspectos vinculados con los hechos involucrados y con lo actuado en sede administrativa.
V. El sub examine encuentra su origen en el Informe Técnico N° 07/15 (DV BCOB) del 26 de marzo de 2015, elaborado por el Departamento Gestión de Fiscalización de Exportaciones, División Bienes de Capital y otros Bienes [RE-2020-75680459-APN-DTD%JGM]. A través de dicho documento, se llevó a cabo un examen de setenta y tres destinaciones de exportación para consumo oficializadas por GGM durante el año 2014 (DE: 14 001 EC01 000736 B [07/01/2014], DE: 14 001 EC01 000733 Y [07/01/2014], DE: 14 001 EC01 032651 C [30/04/2014], DE: 14 001 EC01 041283 D [30/05/2014], DE: 14 001 EC01 041788 N [02/06/2014], DE: 14 001 EC01 041789 Y [02/06/2014], DE: 14 001 EC01 041793 J [02/06/2014], DE: 14 001 EC01 052754 X [08/07/2014], DE: 14 001 EC01 052761 G [08/07/2014], DE: 14 001 EC01 052764 J [08/07/2014], DE: 14 001 EC01 060161 W [01/08/2014], DE: 14 001 EC01 065263 H [19/08/2014], DE: 14 001 EC01 065265 J [19/08/2014], DE: 14 001 EC01 065268 M [19/08/2014], DE: 14 001 EC01 085826 Y [27/10/2014], DE: 14 001 EC01 087406 K [31/10/2014], DE: 14 001 EC03 000391 A [09/01/2014], DE: 14 001 EC03 001617 C [29/01/2014], DE: 14 001 EC03 001620 T [29/01/2014], DE: 14 001 EC03 001627 D [30/01/2014], DE: 14 001 EC03 001970 E [04/02/2014], DE: 14 001 EC03 002361 W [11/02/2014], DE: 14 001 EC03 002389 J [11/02/2014], DE: 14 001 EC03 002473 D [13/02/2014], DE: 14 001 EC03 003644 E [06/03/2014], DE: 14 001 EC03 004012 R [11/03/2014], DE: 14 001 EC03 004793 K [21/03/2014], DE: 14 001 EC03 004795 M [21/03/2014], DE: 14 001 EC03 004797 Y [21/03/2014], DE: 14 001 EC03 005433 C [01/04/2014], DE: 14 001 EC03 005977 P [10/04/2014], DE: 14 001 EC03 006106 A [11/04/2014], DE: 14 001 EC03 006769 P [23/04/2014], DE: 14 001 EC03 007440 P [06/05/2014], DE: 14 001 EC03 007443 F [06/05/2014], DE: 14 001 EC03 007449 L [06/05/2014], DE: 14 001 EC03 007567 M [07/05/2014], DE: 14 001 EC03 008009 E [13/05/2014], DE: 14 001 EC03 008509 J [20/05/2014], DE: 14 001 EC03 008512 D [20/05/2014], DE: 14 001 EC03 009046 G [27/05/2014], DE: 14 001 EC03 009051 C [27/05/2014], DE: 14 001 EC03 009674 N [04/06/2014], DE: 14 001 EC03 011036 V [24/06/2014], DE: 14 001 EC03 011037 W [24/06/2014], DE: 14 001 EC03 011040 Z [25/06/2014], DE: 14 001 EC03 011514 W [01/07/2014], DE: 14 001 EC03 011828 H [04/07/2014], DE: 14 001 EC03 011830 A [04/07/2014], DE: 14 001 EC03 012403 U [15/07/2014], DE: 14 001 EC03 012744 F [21/07/2014], DE: 14 001 EC03 012747 X [21/07/2014], DE: 14 001 EC03 013222 U [28/07/2014], DE: 14 001 EC03 013832 E [05/08/2014], DE: 14 001 EC03 013833 F [05/08/2014], DE: 14 001 EC03 014349 X [12/08/2014], DE: 14 001 EC03 014350 A [12/08/2014], DE: 14 001 EC03 014742 F [19/08/2014], DE: 14 001 EC03 014744 H [19/08/2014], DE: 14 001 EC03 015186 X [26/08/2014], DE: 14 001 EC03 015721 D [02/09/2014], DE: 14 001 EC03 015725 H [02/09/2014], DE: 14 001 EC03 015906 X [04/09/2014], DE: 14 001 EC03 016108 D [09/09/2014], DE: 14 001 EC03 017033 B [24/09/2014], DE: 14 001 EC03 017034 C [24/09/2014], DE: 14 001 EC03 017465 K [30/09/2014], DE: 14 001 EC03 017865 Y [07/10/2014], DE: 14 001 EC03 017940 X [07/10/2014], DE: 14 001 EC03 018330 C [14/10/2014], DE: 14 001 EC03 019182 X [28/10/2014], DE: 14 001 EC03 020159 E [13/11/2014], DE: 14 001 EC01 086265 M [28/10/2014]).
Mediante dichas operaciones, la mencionada firma exportó una serie de camisas de algodón y de calzados (mercadería clasificada en las posiciones arancelarias correspondientes a las partidas 6105, 6402 y 6404), con destino a tres países: la República Oriental del Uruguay, la República Federativa de Brasil y la República del Paraguay. Por otra parte, en lo que respecta a los territorios aduaneros mencionados con anterioridad, las firmas importadoras, receptoras de la mercadería involucrada, eran las siguientes: SONKALY S.A. (República Oriental del Uruguay), SPORT GROUP S.A. (República del Paraguay) y ASIC BRASIL DISTRIBUICAO E COMERCIO DE ARTIGOS ES (República Federativa de Brasil). Al analizar las operaciones de exportación mencionadas, mediante la información emergente tanto del Sistema Informático MALVINA, como del Sistema INDIRA, el Departamento Gestión de Fiscalización de Exportaciones detectó que, si bien, como se mencionó con anterioridad, las mercaderías comprometidas tenían como destinación final a tres países diferentes, la facturación correspondiente, efectuada por GGM, se encontraba dirigida exclusivamente a SONKALY S.A. (República Oriental del Uruguay); persona jurídica, esta última, con la cual la firma exportadora argentina, según lo manifestado oportunamente a través del formulario OM-1993/2 SIM, titulado “Declaración de elementos relativos al valor”, poseía una vinculación, es decir, formaban parte del mismo grupo económico al momento de oficializarse las destinaciones de exportación correspondientes (de entre la totalidad de las operaciones de exportación estudiadas, como única excepción a la mencionada vinculación, se encontraba la DE N° 14 001 EC01 086265 M [28/10/2014]). Por otra parte, se observó, particularmente mediante la información emergente del Sistema INDIRA, que los valores declarados ante las autoridades aduaneras paraguayas y brasileras, por estas mismas operaciones de compraventa internacional, eran sustancialmente mayores a aquellas oportunamente informadas por GGM ante la Aduana argentina. Estas diferencias, por el contrario, no se manifestarían con respecto a aquellas exportaciones, cuya mercadería y facturación encontraban como única destinataria a la firma SONKALY S.A. situada en la República Oriental del Uruguay.
De esta manera, el Departamento Gestión de Fiscalización de Exportaciones terminaría por constatar que las operaciones de exportación oficializadas por GGM en 2014 y destinadas tanto a la República del Paraguay como a la República Federativa de Brasil se caracterizaban por los siguientes puntos: i) la mercadería involucradas tenían como destino directo a las firmas importadoras en los países mencionados con anterioridad (SPORT GROUP S.A. (República del Paraguay) y ASIC BRASIL DISTRIBUICAO E COMERCIO DE ARTIGOS ES (República Federativa de Brasil)); ii) en cambio, la facturación, llevada a cabo por GGM por las compraventas internacionales bajo análisis, se encontraba dirigida a la firma SONKALY S.A. ubicada en la República Oriental del Uruguay; iii) a su vez, esta última empresa (SONKALY S.A.) se encargaba de emitir las correspondientes facturas dirigidas, en esta ocasión, a las firmas receptoras finales de la mercadería involucrada (SPORT GROUP S.A. (República del Paraguay) y ASIC BRASIL DISTRIBUICAO E COMERCIO DE ARTIGOS ES (República Federativa de Brasil)); iv)
existía una diferencia entre los valores declarados por GGM en la República Argentina y aquellos constatados, a través del Sistema INDIRA, frente a las autoridades paraguayas y brasileras: los primeros valores eran sustancialmente inferiores a los segundos.
Como resultado de las constataciones mencionadas con anterioridad, el Departamento Gestión de Fiscalización de Exportaciones presentó las siguientes observaciones: a) “…resultan más que evidentes las diferencias de valores que la firma GGM S.A. declara en Argentina respecto de las importaciones de esa misma mercadería documentada en Paraguay o Brasil respectivamente, por empresas vinculadas, sobre todo si se considera que la mercadería que ingresa en el país de destino no tiene procesos de valor agregado sustancial que impliquen un salto de partida del nomenclador arancelario…”; b) “…pareciera que el esquema de refacturación implementado por estas empresas relacionadas configuraría una planificación fiscal tendiente a sustraer base imponible – con la consecuente diferencia de liquidación de derechos de exportación – y evitar de este modo ingresar las divisas que generan las diferencias señaladas entre los valores facturados”; c) “…las brechas porcentuales entre [los valores FOB involucrados] oscilan entre el 20% y el 103%, insistiendo que esta amplia disparidad en las diferencias del valor FOB no han podido ser justificadas por la firma para cada uno de los casos sujetos a análisis”.
Consecuentemente, en virtud del análisis efectuado y de las circunstancias constatadas, se descartó la posibilidad de efectuar el correspondiente estudio de valor sobre los bienes exportados, y se sugirió sancionar a la firma exportadora (GGM) por haber incurrido en la infracción de declaración inexacta (art. 954, ap. 1, incs. a) y c), del C.A.). La empresa exportadora (GGM), por su parte, presentó su recurso de impugnación en tiempo y forma [RE- 2020-75680961-APN-DTD%JGM]. De entre los fundamentos de su descargo, se destacan los siguientes argumentos: i) En lo que respecta a los hechos involucrados en la presente litis, se menciona que los calzados terminados marca Pony y Asics, elaborados en la República Argentina por GGM, son adquiridos en el exterior por la empresa SONKALY S.A.
(República Oriental del Uruguay). Esta última, a su vez, vende el calzado Asics a la empresa ASICS AMERICAN CORPORATION para que, a posteriori, la mercadería involucrada sea finalmente revendida a diferentes clientes; entre estos, aquellos ubicados en la República Federativa de Brasil; ii) no obstante la imputación infracción de declaración inexacta (art. 954, ap. 1, incs. a) y c), del C.A.) propuesta mediante el Informe Técnico 7/2015, a través de los cargos involucrados sólo se reclama la diferencia tributaria supuestamente debida por el mayor valor asignado a la mercadería de exportación, pero no se apertura el sumario contencioso correspondiente; iii) en el marco habitual de transacciones internacionales entre empresas vinculadas y en los casos de ventas sucesivas, se señala que ni la vinculación ni el hecho de que el precio declarado resulte inferior a otros comparables resultan per se suficientes para la desestimación de aquel como valor aduanero; iv) la imputación infraccional que ampara los reclamos tributarios cuestionados se han llevado a cabo sobre una base presuntiva.
De la información del INDIRA se asume que la venta concertada entre GGM y la firma uruguaya compradora (operación validada por la documentación comercial y contable ofrecida) en realidad sería inexistente y, como resultado de ello, el precio declarado inexacto. Se manifiesta con suma claridad la existencia de una deducción sin respaldo legal, y se ha propiciado una imputación de naturaleza penal a partir de una afirmación dogmática sin sustento alguno; v) el hecho de que existan ventas posteriores del comprador a una tercera empresa, y de ésta última al importador en Brasil por un precio distinto, no obsta a la plena veracidad del precio de venta declarado. El mayor precio de la segunda y tercera venta es perfectamente lógico teniendo en cuenta que el trader comprador en Uruguay y los demás actores intervinientes hasta la última venta adicionan un margen de ganancia y costos adicionales de intermediación.
Es claro que, en el caso bajo estudio, se encuentra ausente uno de los elementos del tipo infraccional; justamente la diferencia entre la declaración comprometida y el resultado de la comprobación; vi) el reclamo tributario es improcedente, pues si no existe una recomposición de valor como base imponible, mal puede reclamarse derechos de exportación en función de un nuevo precio asignado, diferente del acordado y declarado por GGM en cada exportación; vii) teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 748 del C.A., resulta evidente que el valor de importación en un tercer país no está reconocido legalmente como parámetro de determinación del valor “genuino”, “normal” o “de mercado” de la exportación.
Por otra parte, en virtud de la prueba oportunamente presentada, se observa que el precio promedio del calzado exportado por GGM durante el año 2014 es igual a U$S 17,51, mientras que otros exportadores de mercadería simirares, llevadas a cabo por otras firmas, poseen precios ubicados entre los U$S 13,02 y U$S 16,50.
A los fines de sustentar los fundamentos presentados, GGM ofreció, en fuero administrativo, los siguientes elementos de prueba: a) certificación emitida por la firma SONKALY S.A. (República Oriental del Uruguay) donde se informa que las mercaderías vendidas por GGM, y comprometidas mediante los permisos de embarque involucrados, fueron revendidas a ASICS AMERICA CORPORATION, firma no vinculada a SONKALY S.A., ni a GGM; b) certificación contable que da cuenta de la autenticidad y registración contable de las facturas de venta correspondientes a los permisos involucrados; c) estadísticas de exportación extraídas del sistema Penta, certificadas por escribano público, que da cuenta de los valores de exportación comparativos; d) finalmente, estadísticas de importación de la mercadería involucrada, extraídas una vez más del sistema Penta.
Mediante la Resolución DEPRLA N° 2683 del 21 de abril de 2017, el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros resolvió desestimar la denuncia elevada oportunamente contra la firma GGM, con relación a las destinaciones de exportación correspondientes al año 2014, por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el art. 954, ap. 1, incs. a) y c), del C.A., y continuar con el trámite del reclamo de los tributos adeudados (a fs. 106/107 vta. del alcance N° 16603-11-2015/1 (RE- 2020-75680257-APN-DTD%JGM)). A través del Dictamen N° 1707/17 (DVDSAD) del 16 de agosto de 2017, el Departamento Asesoramiento Aduanero confirmó la desestimación mencionada con anterioridad (a fs. 108 vta., ibid.).
En virtud de la Resolución N° RESOL-2017-1566-APN-SDGTLA#AFIP del 5 de septiembre de 2017, el Subdirector General de la Subdirección General Técnica Legal Aduanera resolvió aprobar la Resolución DEPRLA n° 2683 del 21 de abril de 2017 (a fs. 109/111, ibid.). Por medio de la Resolución DEPRLA N° 8340 del 18 de septiembre de 2019, el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros resolvió ampliar el art. 1° de la Resolución DEPRLA N° 2683 y, por consiguiente, decidió desestimar la denuncia elevada contra el despachante de aduana, Sr. Claudio Matías TACCONE, vinculada con la imputación de la infracción de declaración inexacta (art. 954, ap. 1, incs. a) y c), del C.A.) (a fs. 114 vta., ibid.).
A través de la Nota N° 183/2017 (DV BCBS) del 27 de octubre de 2017, la División Bienes de Capital y otros Bienes confirmó los cargos oportunamente liquidados, en virtud del art. 748 del C.A. (a fs. 65 vta. (RE-2020-75680791-APN-DTD%JGM)). Mediante providencia del 4 de octubre de 2019, se pusieron las actuaciones a disposición del administrado, por el plazo de seis días, a los fines de que aquel pueda presentar sus alegatos con relación al mérito de la prueba producida (a fs. 74 ( ibid.)). El 16 de octubre de 2019, GGM presentó su alegato (a fs. 77/79 (ibid.)). A partir de la Nota N° 1119/19 (DE VADE) del 5 de noviembre de 2019, el Departamento de Valoración y Comprobación Documental ratificó “…el criterio en materia de valoración plasmado en el Informe Técnico N° 07/15 (DV BCOB) del 26/03/15 […] como así también los términos desarrollados en la Nota N° 183/17 (DV BCBS) del 27/10/17…” (a fs. 81 (ibid.)).
Para ello, se recordó que el mencionado informe había tenido como principal propósito el determinar si los precios de exportación documentados por GGM en el año 2014 cumplían con el requisito de ser un valor normal, usual o corriente de exportación, que permitiría considerarlos aceptables como base de valoración. Teniendo dicho objetivo en mente, se recordó el haberse tenido en cuenta las pautas establecidas por el art. 747 del C.A. (“…es decir, se tomó en cuenta otros antecedentes tales como los precios de importación declarados ante el Servicio Aduanero del destino físico de las mercaderías, en este caso Brasil, que se relacionan con las operaciones de exportación objeto de fiscalización en la presente actuación administrativa…”).
Se agregó, a su vez, que, como resultado de la comparación de los precios declarados ante la Aduana argentina y el Servicio Aduanero extranjero, se habrían detectado importantes diferencias, que tendrían su origen en la refacturación practicada por el tercer operador vinculado al exportador argentino. En efecto, en cuanto a la mercadería exportada, se detalló que se trataría genéricamente de calzados que habrían llegado a destino a un precio sustancialmente mayor al documentado ante la Aduana argentina (52,74% en promedio), “…sin que el exportador demuestre la actividad desplegada por el tercer operador vinculado que le incorpore valor y justifique las ostensibles diferencias observadas”. Consecuentemente, en virtud de los hechos descriptos, se consignó el haber procedido a valorar la mercadería involucrada sobre la base de la metodología prevista por el art. 748, inc. d), del C.A., “…ya que, teniendo en cuenta la particularidad del presente caso, que encuadra en el esquema de ventas sucesivas, resulta notoriamente evidente que los valores declarados de ingreso al país de destino, en correspondencia con el inciso d) del art. […] 748, son los valores mínimos que deben tomarse como base de valoración.
De esta manera no resulta posible hallar una base de valoración más objetiva y ajustada a lo previsto por el CA que los precios efectivamente realizados y revelados en el mercado de destino”. Finalmente, se agregaría que “[e]sta metodología se encuentra en consonancia con lo establecido en la Nota Interpretativa 5 al artículo 1° de la Definición de Valor de Bruselas (Noción Teórica de Valor), la que dice que, en el caso de ventas sucesivas, el precio a considerar al momento de valorar es el de la última venta. Debe tenerse presente, que el sistema de valoración para las mercancías que se exportan, previsto en el Código Aduanero argentino, se inspira en la Definición de Valor de Bruselas, donde lo que se procura es que el valor real o ideal se constituya en la BASE DE VALORACIÓN”.
Mediante el Dictamen N° 118/2019 del 11 de noviembre de 2019, el Jefe (int.) de la División Impugnaciones, sobre la base de lo afirmado mediante los informes técnicos emitidos mediante las Notas N° 07/15 (DV BCOB), Nota N° 183/17 (DV BCBS) y Nota N° 1119/19 (DE VADE), recomienda rechazar la impugnación interpuesta y, como resultado de ello, confirmar los Cargos FE 280/2015 a FE 335/2015 (a fs. 82/85 (ibid.)). El 12 de noviembre de 2019, el Sr. Director de la Dirección de Valoración y Comprobación Documental dictó la Resolución N° 110/2019 (DI VACD), objeto del presente recurso de apelación ante esta instancia (a fs. 87/97 (ibid.)).
VI. Luego de haber presentado una descripción sucinta de lo transcurrido en sede administrativa, corresponde examinar la cuestión preliminar planteada por la firma apelante. En efecto, según lo manifestado en su recurso de apelación, GGM considera que debería declararse la nulidad de lo actuado en sede administrativa por la falta de los sobres originales correspondientes a los permisos de embarque involucrados en la presente litis. No obstante, al efectuar una revisión del expediente electrónico (IF-2021- 29358664-APN-DTD#JGM, IF-2021-29359108-APN-DTD#JGM, IF-2021-29359669-APN-DTD%JGM, IF-2021-29359910-APN-DTD#JGM, IF-2021-29360316-APN-DTD#JGM, IF-2021-29360653-APN- DTD#JGM y IF-2021-29360952-APN-DTD#JGM), se logran constatar que, a fs. 3/767 de las actuaciones administrativas N° 166003-11-2015, figura una copia escaneada de las setenta y tres destinaciones de exportación para consumo oficializadas por GGM durante el año 2014 y oportunamente mencionadas en el Informe Técnico N° 07/15 (DV BCOB) del 26 de marzo de 2015, junto con su/s correspondiente/s factura/s, formulario OM 1993 – Declaración de los elementos relativos al valor de exportación, impresión de pantallas correspondientes al Sistema Malvina e información emergente del Sistema INDIRA. Por las razones expuestas, resulta pertinente no hacer lugar a la causal de nulidad planteada por la firma apelante.
VII. Rechazada la cuestión preliminar, incumbe a continuación adentrarse en el análisis de la cuestión de fondo. No obstante, previo a ello, se identifica y describe de marea sucinta el marco jurídico aplicable. - Valoración de Mercaderías de Exportación en la República Argentina: la legislación aduanera, establece el marco normativo para determinar el valor imponible de las mercaderías destinadas a la exportación. Este marco busca que las operaciones aduaneras sean justas, transparentes y estén basadas en prácticas comerciales leales.
- Principio Básico - Art. 745: el artículo 745 del C.A. establece que los derechos de exportación ad valorem (basados en el valor) se determinarán sobre el precio que un vendedor independiente podría obtener por la mercadería en cuestión en los lugares establecidos en el art. 736 del C.A. Esencialmente, este artículo se centra en que el precio se fije entre partes independientes, es decir, partes que no tengan relaciones especiales que puedan influir en el precio.
- Relaciones Especiales o Vinculación - Art. 746: sin embargo, hay situaciones en las que las partes involucradas en la operación de exportación están vinculadas o tienen relaciones especiales. El artículo 746 del C.A. se encarga de estas situaciones y establece que, si la vinculación ha influido en el precio, este no será aceptado para determinar el valor imponible, a menos que se demuestre que dicha vinculación no ha afectado el precio.
Otros Elementos del Valor Imponible:
- Precio y Cantidad (Art. 740): la determinación del valor imponible se basará en el precio de la mercadería y la cantidad de la misma.
- Momento de Valoración (Arts. 726, 727, 729): es vital determinar el momento específico en el que se establecerá el valor de las mercaderías, ya que los precios pueden fluctuar con el tiempo. - Lugar de Entrega (Arts. 735, 736): es el lugar donde se entrega la mercadería para su exportación. - Nivel Comercial (Art. 741): se refiere al nivel en el que se encuentra la transacción (mayorista, minorista, etc.).
VIII. Asimismo, la Exposición de Motivos en la legislación es una herramienta crucial para comprender la intención y el espíritu detrás de las disposiciones normativas. En el contexto del Código Aduanero argentino y su enfoque en la valoración de exportaciones, la Exposición de Motivos clarifica varios aspectos esenciales:
Principios y Objetivos:
- Objetividad y Claridad: las normas buscan ser claras, sencillas y objetivas. Esto no solo facilita su comprensión para los exportadores y el servicio aduanero, sino que también asegura una aplicación uniforme.
- Estabilidad: proporcionar un conjunto estándar de reglas estables que beneficia tanto a los actores comerciales como a los funcionarios encargados de la implementación, ya que otorga previsibilidad y transparencia a los procesos.
- Neutralidad: este principio sostiene que las normas de valoración no deben influir directamente en la determinación del ingreso fiscal. En su lugar, la regulación del ingreso se basa en objetivos estratégicos definidos por la política arancelaria, no en la valoración en sí.
- Realidad Económica: las normas se centran en el valor real de la mercadería. La premisa fundamental es que si el valor real coincide con el precio acordado entre un comprador y un vendedor independientes, entonces ese precio debe ser el valor imponible.
- Universalidad: las normas de valoración se aplican a todas las exportaciones definitivas, independientemente de la estructura legal del negocio o del acuerdo subyacente. Esto asegura que todas las exportaciones se traten de manera equitativa.
- Facilidad de Implementación: las normas buscan aprovechar la documentación comercial existente y adaptarse a las modalidades comunes de venta, lo que simplifica y agiliza el proceso de valoración. En definitiva, la intención legislativa detrás de las normas de valoración en el Código Aduanero es evidente: proporcionar un marco que sea justo, objetivo y fácil de implementar, al tiempo que se asegura que el valor imponible refleje la realidad económica de la transacción. Estos principios subyacentes, cuando se aplican correctamente, garantizan que las exportaciones se valoren de manera justa, que los exportadores tengan claridad sobre sus obligaciones y que el sistema aduanero funcione eficientemente. Es esencial que los actores involucrados, incluidos exportadores, agentes de aduanas y autoridades aduaneras, comprendan y apliquen estos principios para garantizar un comercio internacional transparente y equitativo.
IX. De igual manera, el entendimiento cabal del concepto de valoración en aduana requiere un análisis contextual y diacrónico, que lo sitúa dentro del marco evolutivo de acuerdos multilaterales y convenciones internacionales.
- La Noción Teórica de Valor (Convención de Bruselas, 1950): la Convención sobre el Valor en Aduana de las Mercaderías, conocida como Convención de Bruselas de 1950, introdujo la idea del “precio normal” como el valor en aduana. Esta definición postula que el valor de una mercadería es el precio estimado bajo ciertas condiciones ideales de mercado, donde comprador y vendedor actúan libre e independientemente. Esta perspectiva teórica se basa en la identificación de un precio que podría ser establecido bajo condiciones de libre competencia, es decir, en una situación idealizada.
- La Noción Positiva de Valor (Acuerdo del Artículo VII del GATT, 1979): con la adopción del Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en 1979, la noción teórica de valor fue sustituida por lo que se denomina la “noción positiva” de valor o “valor de transacción”. Según esta perspectiva, el valor en aduana de una mercadería es el precio real pactado entre las partes para esa transacción específica. En otras palabras, lo que realmente se pagó o se acordó pagar en la transacción de exportación al país de importación. Esta noción reconoce y valida la realidad económica y comercial del comercio internacional, en lugar de una construcción teórica.
Contrastando ambas nociones se colige:
La noción teórica toma una perspectiva idealista, buscando identificar un precio que sería establecido bajo condiciones perfectas de mercado. No se enfoca en lo que realmente se pagó, sino en lo que podría haberse pagado bajo condiciones ideales.
La noción positiva se basa en la realidad tangible de lo que realmente se acordó entre las partes. Se orienta más hacia la práctica real del comercio y menos hacia una idealización.
X. El análisis detallado de las disposiciones y fundamentos del Código Aduanero argentino (C.A.) arroja luz sobre la concepción de valor adoptada en dicho instrumento legal para las operaciones de exportación. - Relación entre Valor Positivo y Teórico: el C.A. argentino, al considerar el precio efectivamente pactado entre partes independientes como base del valor imponible, se aproxima a la noción de valor positivo. Esta aproximación se manifiesta en la referencia directa al precio acordado entre un comprador y un vendedor independiente. Sin embargo, al estipular que ese valor debe coincidir con el que resultaría de condiciones ideales de venta, el C.A. también incorpora elementos de la noción teórica. Esta integración de conceptos refuerza la idea de que, si el valor de transacción (valor positivo) se alinea con la definición teórica, entonces será considerado como valor imponible.
- Referencias al “Precio Pagado o por Pagar”: la mención recurrente en el C.A. a la noción de “precio pagado o por pagar” (como se observa en los arts. 744, 746, 747 y 748) refuerza la prioridad dada al valor positivo o real de transacción. Estas disposiciones, en conjunto, respaldan la idea de que el valor de transacción, siempre que cumpla con ciertos requisitos, debería ser el principal criterio para la valoración aduanera.
- Ratificación Judicial: la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina, citando el C.A. y su Exposición de Motivos, ha reafirmado la prioridad dada al precio de transacción como base de valoración. Esta interpretación judicial consolida la postura del C.A. de priorizar el valor real o positivo de las exportaciones, mientras se mantiene abierta la posibilidad de ajustes si dicho valor no cumple con las expectativas teóricas. (Fallos: 336:1624).
En conclusión, aunque el Código Aduanero argentino para las exportaciones refleja influencias de ambas nociones (teórica y positiva) de valor, se inclina primordialmente hacia el reconocimiento y priorización del valor real o positivo. Este enfoque se ve reforzado tanto por las disposiciones específicas del Código como por su interpretación judicial, dando certeza y predictibilidad a los exportadores y actores del comercio exterior en Argentina.
XI. En efecto, el análisis de los artículos mencionados del Código Aduanero (C.A.) argentino muestra un marco regulador robusto y detallado que intenta equilibrar la preferencia de reconocer el valor de transacción real (valor positivo) y la necesidad de asegurar que dicho valor sea justo y no manipulado, especialmente cuando hay partes vinculadas involucradas en la transacción.
Así:
- Condiciones de Aceptación del Valor de Transacción: el C.A. requiere que cualquier valor de transacción declarado sea comparable a lo que se esperaría de una compraventa entre partes independientes y bajo condiciones específicas. Esto significa que, si un exportador declara un precio para su mercancía, ese precio debe ser razonablemente similar a lo que un comprador y vendedor no relacionados habrían acordado en circunstancias similares.
- Verificación de Precios en Relaciones Vinculadas: si hay una relación entre el comprador y el vendedor (por ejemplo, son empresas hermanas o hay participación accionaria entre ellas), esto por sí solo no es una razón para rechazar el valor declarado. Sin embargo, si la vinculación ha influido en el precio, entonces el servicio aduanero tiene el derecho de rechazar ese valor de transacción.
- Prueba de Precios: el art. 747 del C.A. brinda cierta protección a los exportadores al afirmar que, si pueden demostrar que su precio de transacción no difiere sustancialmente de los precios habituales, el servicio aduanero debería aceptarlo. Pero si el servicio aduanero tiene pruebas contradictorias, puede desafiar al exportador a justificar su precio.
- Métodos Alternativos de Valoración: si hay discrepancias significativas o si el exportador no puede justificar su precio, el servicio aduanero tiene una serie de métodos alternativos, enumerados en el art. 748 del C.A., para determinar el valor en aduana. Estos incluyen, pero no se limitan a, referencias a precios corrientes, precios de venta de mercaderías similares, costos de producción o una base presunta. Todo lo anterior en su conjunto revela que la lógica detrás de estas regulaciones es clara: promover el comercio justo y evitar la manipulación de precios, especialmente en transacciones entre partes relacionadas, garantizando al mismo tiempo que los exportadores tengan un marco claro y justificable para declarar y defender sus precios. La combinación de la preferencia por el valor positivo con la opción de recurrir a un valor teórico o metodologías alternativas refleja la intención del legislador de proteger los intereses fiscales y garantizar que el valor declarado refleje adecuadamente el valor real de las mercaderías en el mercado global.
XII. En ese orden de ideas, no puede dejar de señalarse que el principio de autonomía de la voluntad, esencial en el derecho privado, reconoce la capacidad de las partes para auto-regular sus intereses a través de acuerdos. Es decir, las partes tienen la libertad de pactar sus acuerdos conforme a sus propios intereses, siempre y cuando estos no contradigan el ordenamiento jurídico. Sin embargo, en el contexto aduanero y, en particular, en lo que respecta a la valoración de mercancías para la determinación de derechos de importación y exportación, la situación se torna más compleja. No se trata solo de la relación entre dos partes (comprador y vendedor), sino que también está involucrado un tercero, en este caso el Estado (a través del servicio aduanero), que tiene intereses fiscales y reguladores que proteger.
Por esta razón, el C.A. proporciona un mecanismo de autotutela para la valoración de mercaderías que, si bien da preeminencia al “precio pagado o por pagar” (reconociendo así, en gran medida, la autonomía de la voluntad de las partes), también establece salvaguardias para asegurarse de que dicho precio sea sincero y no esté manipulado.
En efecto, cuando un precio es considerado insincero o no refleja la realidad del valor de mercado de las mercaderías, el C.A. permite al servicio aduanero recurrir a métodos alternativos de valoración. Esto se fundamenta en la idea de que, aunque en el ámbito privado las partes tengan libertad para determinar el precio de sus transacciones, en el ámbito aduanero dicho precio debe reflejar un valor real y justo, en función de proteger los intereses fiscales y regulatorios del Estado.
En conclusión, el marco normativo establecido por el C.A. busca equilibrar el respeto por la autonomía de la voluntad de las partes con la necesidad de proteger los intereses del Estado. Para ello, se ha establecido un sistema que prima el valor acordado entre las partes, pero que también prevé mecanismos de control y revisión para garantizar la sinceridad y justicia de dicho valor. Es una intersección entre el derecho privado y el derecho público, en la que la autonomía de las partes es reconocida pero no es absoluta, y se encuentra sujeta a revisión y control por parte del Estado.
XIII. Todo lo narrado pone de manifiesto la delicada interacción entre diferentes áreas del derecho y cómo cada una de ellas maneja criterios específicos para evaluar y juzgar la sinceridad y legitimidad de determinados actos jurídicos. La distinción entre los umbrales de prueba en el ámbito penal, civil y administrativo subraya cómo se ponderan las consecuencias de la interferencia del Estado en las relaciones privadas. En el ámbito penal, debido a las graves consecuencias que conlleva una condena, la prueba debe ser más rigurosa, y la culpabilidad debe ser demostrada más allá de toda duda razonable. En el ámbito civil, donde las consecuencias no son tan graves como la privación de libertad, se admite un nivel más flexible de prueba. Pero en el ámbito administrativo, especialmente en cuestiones fiscales, el Estado tiene la prerrogativa de asegurar la recaudación de ingresos para su propio funcionamiento. En esta esfera, el principio de realidad económica prevalece para asegurar que las formas jurídicas adoptadas por las partes no sirvan para ocultar la verdadera naturaleza económica de las transacciones y, por ende, evadir impuestos.
El art. 747 del C.A. es representativo de esta prerrogativa del Estado en el ámbito fiscal. Al requerir que el exportador demuestre que el precio no difiere sustancialmente de los valores corrientes, se está imponiendo un criterio de control que busca evitar la evasión fiscal a través de la manipulación de precios de transferencia u otros mecanismos. El legislador, por lo tanto, está proporcionando herramientas al ente fiscal para que pueda revisar y, si es necesario, ajustar el valor declarado por el exportador para reflejar la realidad económica de la transacción.
En definitiva, este examen refleja la tensión inherente entre la autonomía de la voluntad privada y la necesidad del Estado de proteger sus intereses fiscales. Si bien el Estado reconoce y respeta la autonomía de las partes para estructurar sus negocios, también tiene la obligación y la autoridad para asegurar que estas estructuras no se utilicen de manera abusiva para eludir impuestos. Es claro que, como ha tenido oportunidad de señalarlo reiteradamente nuestra Corte Suprema, la percepción de las rentas públicas en el tiempo y modo dispuestos por la ley es condición indispensable para el funcionamiento regular del Estado (Fallos: 235:787; 312:1010, entre otros); o, en palabras de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, se trata de la sangre vital del Gobierno, cuya rápida y cierta disponibilidad constituye una necesidad imperiosa (Bull v. Unites States, 295 US 247 (1935)).
Todo esto, en su conjunto, nos revela la tensión inherente entre la libertad contractual de las partes involucradas en una transacción y el interés del Estado en asegurar que los valores declarados reflejen adecuadamente la realidad económica de dicha transacción para efectos fiscales.
Cuando se realiza una operación de exportación, el exportador declara un precio, el cual pasa a representar la base para la determinación de los derechos de exportación que deberá pagar. Sin embargo, el servicio aduanero tiene la responsabilidad de garantizar que este precio declarado sea genuino y refleje adecuadamente el valor real de la mercancía. Esta es una tarea compleja, ya que debe equilibrarse el respeto por la autonomía de las partes (su libertad para decidir el precio de la transacción) con la necesidad de evitar prácticas elusivas o evasivas que reduzcan indebidamente la base imponible.
En vista de esta complejidad, la legislación (en este caso, el C.A.) proporciona un marco normativo que estipula cómo debe proceder el servicio aduanero. Si el precio declarado difiere sustancialmente de lo que se esperaría dadas ciertas referencias (valores corrientes, por ejemplo), el fisco tiene la potestad de solicitar al exportador una justificación. Si esta justificación no se presenta o no es suficiente, el servicio aduanero tiene herramientas legales para reevaluar y, si es necesario, ajustar el valor declarado.
Este marco normativo tiene una doble finalidad. Por un lado, protege el interés fiscal del Estado, asegurando que los derechos de exportación se calculen adecuadamente. Por otro, respeta la libertad contractual y proporciona seguridad jurídica a los exportadores, al establecer límites claros y objetivos sobre cuándo y cómo el fisco puede intervenir.
En resumen, como bien lo mencionábamos con anterioridad, lo que se pone de manifiesto es la búsqueda de un equilibrio entre la autonomía privada y el interés público. Si bien la libertad contractual es un pilar fundamental del sistema jurídico, el Estado tiene la responsabilidad y la autoridad de intervenir cuando esa libertad pueda estar siendo utilizada de manera inapropiada para eludir responsabilidades fiscales. La clave es hacerlo de manera que respete los principios de objetividad y neutralidad, y es precisamente eso lo que busca el marco legal aludido.
XIV. Consecuentemente a lo mencionado, a los fines de arribar a una resolución de la controversia objeto de autos, corresponde centrar nuestra atención en el examen de las siguientes cuatro cuestiones: a) Vinculación entre las firmas: el primer paso es determinar si las cinco firmas involucradas en el presente caso (GGM (República Argentina), SONKALY S.A. (República Oriental del Uruguay), SPORT GROUP S.A. (República del Paraguay), ASICS AMERICA CORPORATION (Estados Unidos de América) y ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COMERCIO DE ARTIGOS ES (República Federativa de Brasil)), o algunas de ellas, mantenían algún tipo de relación o vínculo en el momento en que se llevaron a cabo las operaciones de exportación. La vinculación puede ser económica, contractual o accionarial. Si estas firmas están vinculadas, la posibilidad de que hayan acordado un precio no basado en condiciones de mercado podría ser mayor, ya que podrían buscar ventajas fiscales o financieras conjuntas. b) Diferencia sustancial entre el precio declarado y el facturado: se deberá examinar si existe una diferencia notoria entre el precio declarado por la firma argentina al servicio aduanero y el precio final facturado por SONKALY S.A. (República Oriental del Uruguay) a las diferentes destinaciones de la mercadería. Si existen discrepancias importantes, esto podría indicar que el precio declarado no refleja el valor real de la mercancía.
c) Influencia de la vinculación en el precio declarado: si se establece que las firmas (o algunas de ellas) estaban vinculadas, el siguiente paso es determinar si esta vinculación afectó el precio declarado por la firma exportadora ¿El precio fue establecido en función de un acuerdo interno entre las firmas vinculadas, o se basó en condiciones de mercado? La vinculación en sí misma no es indicativa de una práctica incorrecta, pero si influenció la determinación del precio, podría ser motivo de ajuste.
d) Adecuación del método empleado por el servicio aduanero: finalmente, se debe evaluar si el método utilizado por el servicio aduanero para ajustar el valor declarado fue el más adecuado, considerando las características específicas de las operaciones de exportación en cuestión. Si el método no fue el más apropiado, los ajustes realizados al valor declarado podrían no ser válidos.
XV. Vinculación entre las firmas:
El Código Aduanero no proporciona una definición concreta de “vinculación” entre empresas. A pesar de que se hace referencia a situaciones en las cuales el precio pueda estar influido por una vinculación entre las partes (arts. 742, inc. b) y 746 del C.A.), no se especifican los criterios que definen tal vinculación. Ante esta falta de definición clara, se tiende a recurrir a las provisiones del Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante “Acuerdo de Valor”), que se incorpora al ordenamiento jurídico interno a partir del 1° de enero de 1995. Dicho Acuerdo proporciona una serie de circunstancias bajo las cuales se considera que existe vinculación entre las partes, incluyendo situaciones como la relación de empleador y empleado, la propiedad de una cantidad significativa de acciones de ambas partes por una tercera persona, el control mutuo o por terceros, y relaciones familiares, entre otros.
No obstante, ni las disposiciones del C.A., ni aquellas correspondientes al Acuerdo de Valor, determinan si, en el supuesto de una compraventa internacional triangulada con facturaciones sucesivas, todas las personas físicas o jurídicas involucradas deben encontrarse vinculadas a los fines de emplear esta condiciones como instrumento de análisis del valor declarado. Con respecto a este último punto, resulta pertinente hacer referencia a una de las aclaraciones incorporadas por la ley 27.430 a las disposiciones de la Ley del Impuesto a las Ganancias vinculadas con el llamado Sexto Método. En efecto, mediante el sexto párrafo del entonces art. 15 de la mencionada ley, vinculado con el instituto de precios de transferencia, se determinó que “[c]uando se trate de operaciones de importación o exportación de mercaderías en las que intervenga un intermediario internacional que no sea, respectivamente, el exportador en origen o el importador en destino de la mercadería, se deberá acreditar […] que la remuneración que éste obtiene guarda relación con los riesgos asumidos, las funciones ejercidas y los activos involucrados en la operación, siempre que se verifique alguna de las siguientes condiciones: a) que el intermediario internacional se encuentre vinculado con el sujeto local […]; b) que el intermediario internacional no esté comprendido en el inciso anterior, pero el exportador en origen o el importador en destino se encuentre vinculado con el sujeto local respectivo…” (nuestras cursivas).
De esta manera, frente a la existencia de una operación triangulada, la aplicación del Sexto Método no requiere que todas las partes involucradas en la operación de exportación/importación se encuentran vinculadas.
En la presente litis, existe una discrepancia no sólo con relación a cómo se desarrollan las operaciones de compraventa internacional analizadas (es decir, cuántos y cuáles son los eslabones que participan en ellas), sino también con respecto a las firmas que se encuentran vinculadas jurídicamente. En efecto, la autoridad aduanera consideró, en primer lugar, que la facturación a las empresas paraguaya y brasilera (destinatarias finales, estas últimas, de la mercadería involucrada) provendría directamente de SONKALY S.A. (República Oriental del Uruguay), para luego entender que, por lo declarado por la firma exportadora en la República Argentina a través de la “Declaración de los elementos relativos al valor de exportación”, todas las personas jurídicas involucradas en las compraventas internacionales bajo análisis se encontrarían vinculadas. La firma apelante, por su parte, estimó la participación de otros eslabones en la cadena de facturación, y estimó que sólo existía vinculación entre GGM (República Argentina) y SONKALY S.A. (República Oriental del Uruguay).
En virtud de la información emergente de las destinaciones de exportación para consumo implicadas en el caso, de la documentación complementaria adjunta a aquellas, y de los Sistemas MALVINAS e INDIRA, se logra constatar que las operaciones de compraventa internacional examinadas son de dos tipos: una única exportación con destino final a la República del Paraguay, y todas las demás con rumbo definitivo a la República Federativa de Brasil. En efecto, si en el primer caso habría sólo tres protagonistas, en el segundo, los intervinientes pasarían a ser cuatro firmas. En cuanto a la operación que posee como firma importadora a SPORT GROUP S.A. (República del Paraguay), la mercadería sería enviada directamente desde la República Argentina a nuestro país limítrofe del norte, y la facturación tendría como único intermediario a la firma uruguaya SONKALY S.A. En lo que respecta a la mayoría de las operaciones de exportación bajo análisis, que cuentan como firma importadora a ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COMERCIO DE ARTIGOS ES (República Federativa de Brasil), la mercadería sería una vez más enviada directamente desde nuestro país a la República Federativa de Brasil, y la facturación, a diferencia de la situación precedente, contaría con dos intervinientes: SONKALY S.A. (República Oriental del Uruguay) ( primer refacturador) y ASICS AMERICA CORPORATION (Estados Unidos de América) (segundo refacturador).
En lo que concierne a la vinculación propiamente dicha, si bien existe una coincidencia de opinión entre las partes involucradas en el presente litigio (en efecto, ambas se encuentran de acuerdo con respecto a la existencia de una vinculación entre la firma argentina (GGM) y aquella uruguaya (SONKALY S.A.)), se presenta un disensión con relación al alineamiento de aquellas con las demás protagonistas en la operatoria. Sin embargo, a pesar de lo manifestado por la firma apelante en el formulario correspondiente a la valoración en aduana, la autoridad aduanera no aportaría elemento de prueba adicional que permita verificar, efectivamente, la vinculación entre GGM y SONKALY S.A., por un lado, y las firmas SPORT GROUP S.A. (República del Paraguay), ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COMERCIO DE ARTIGOS ES (República Federativa de Brasil) y ASICS AMERICA CORPORATION (Estados Unidos de América), por el otro. Consecuentemente, corresponde entender que sólo se encuentran vinculadas, según las disposiciones del C.A., complementadas por el art. 15, párrafos cuarto y quinto, del Acuerdo de Valor, las firmas argentina y uruguaya.
XVI. Diferencia sustancial entre el precio declarado y el facturado:
En cuanto al segundo aspecto vinculado con la diferencia sustancial o notoria existente entre el precio declarado por GGM y aquel finalmente constatado ante las autoridades aduaneras de la República del Paraguay y la República Federativa de Brasil, nuestro Código Aduanero tampoco determina en qué circunstancias nos encontraríamos frente a una disparidad con las características mencionadas. En efecto, el art. 747 del C.A. se aboca a resaltar que “[s]e aceptará el precio pagado o por pagar y en tal caso se valorará la mercadería de conformidad con lo previsto en el artículo 746, apartado 1, si el exportador demostrare que dicho precio no difiere sustancialmente de alguno de los valores corrientes y resultantes de tomar en consideración el artículo 748, incisos a), b) o c)…”, y que, “[n]o obstante, si el servicio aduanero dispusiere igualmente de antecedentes, tomando en consideración los mismos criterios, que difirieren notoriamente del precio pagado o por pagar, podrá exigir del exportador que justifique su precio de transacción bajo apercibimiento de no considerarlo aceptable” (nuestro resaltado), sin establecernos ninguna precisión con relación a este aspecto.
En el sub examine el servicio aduanero comprobó, mediante la realización de un cruce de información a través de los Sistemas INDIRA (Intercambio de Información de Registros Aduaneros) y MALVINA que, durante el año 2014, la mercadería destinada directamente tanto a SPORT GROUP S.A. (República del Paraguay) como a ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COMERCIO DE ARTIGOS ES (República Federativa de Brasil), y facturada a SONKALY S.A. (República Oriental del Uruguay) por un precio determinado, sería refacturada por un importe sustancialmente mayor. En la circunstancia de la exportación con destino final a la República del Paraguay, la refacturación mencionada sería llevada a cabo únicamente por la firma uruguaya y, por consiguiente, el incremento sustancial constatado mediante el Sistema INDIRA sería aquel efectivamente reclamado por SONKALY S.A.
En cambio, en todos los demás casos de aquellas exportaciones que poseían como destinación final a la República Federativa de Brasil, la existencia de una doble refacturación (la primera, efectuada por una firma vinculada (SONKALY S.A.), y la segunda, llevada a cabo por un tercero no miembro del grupo económico (ASICS AMERICA CORPORATION), torna la situación un poco más compleja. En todo caso, también en estas operaciones de exportación se logra constatar, mediante el Sistema INDIRA, una diferencia sustancial entre el valor informado en la República Argentina y aquel constatado ante las autoridades brasileras. De hecho, la autoridad aduanera no solo destacaría que la brecha porcentual entre lo declarado en origen y lo constatado en destino oscilaba entre el 20% y el 103%, sino que también subrayaría que, como resultado de la implementación de un esquema de refacturación como el descripto con anterioridad, se manifiesta con suma claridad una especie de planificación fiscal tendiente a sustraer base imponible del régimen impositivo argentino.
Por otra parte, vale recordar lo manifestado oportunamente por GGM, a través de su recurso de impugnación en sede administriativa: “[e]l hecho de que existan ventas posteriores del comprador a una tercera empresa y de esta última al importador en Brasil, por un precio distinto, no obsta a la plena veracidad del precio de venta declarado. El mayor precio de la segunda y tercera venta es perfectamente lógico teniendo en cuenta que el trader comprador en Uruguay y los demás actores intervinientes hasta la última venta adicionan un margen de ganancia costos adicionales de intermediación”. De esta manera, resulta difícil entender que, en los casos de doble refacturación, la diferencia constatada a través del Sistema INDIRA no haya sido originada a partir de lo refacturado por la firma uruguaya.
Frente a dicho proceder, la actora remarcaría que la Aduana no habría acreditado ni fundado debidamente su ajuste de valor. Agregaría, en este sentido, que no habría probado que el precio declarado en las destinaciones habrían diferido sustancialmente de algunos de los métodos contenidos en el art. 748, incs. a), b) y c) del CA (conf. art. 747, del C.A.), y habría recurrido, simplemente, a lo informado por el Sistema INDIRA.
Esta crítica, vinculada con el valor probatorio de la información emergente del Sistema INDIRA exige presentar una serie de aclaraciones al respecto. En principio, resulta manifiestamente equivocado decir que la aduana no demostró la materialidad del hecho por no haberlo probado por medios directos de prueba y hacerlo fundamentalmente a partir de la información arrojada por el sistema INDIRA (sistema mediante el cual se llegó a detectar ventas sucesivas a precios significativamente distintos). En ese sentido, si bien es cierto que no existe una prueba inequívoca de la existencia de una diferencia sustancial entre lo declarado y lo pagado por el importador, no encuentro óbice para que pueda llegarse a su comprobación mediante la utilización de un acervo de medidas probatorias que permitan colegir, con un suficiente grado de preponderancia, que existe mayor probabilidad de que lo afirmado en sede aduanera no sea exacto. En efecto, no puede descartarse una declaración de responsabilidad en base a prueba indiciaria y, visto de esta forma, es necesario recalcar que la decisión será razonable si tiene su punto de origen en hechos plenamente probados a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano; y, si los hechos probados permiten diversas conclusiones o interpretaciones, que la sentencia explique las razones de su elección. Como es conocido, la decisión judicial no es mera subsunción sino una actividad argumentativa y persuasiva. Conste, pues, que la valoración de la prueba indiciar depende de la riqueza discursiva del operador jurídico en la que se aprecie la contemplación de todos los elementos en su conjunto.
A estas alturas, nadie ignora que los indicios son fuente de conocimiento cuando no sea posible alcanzar conclusiones alternativas que gocen de un mismo grado de probabilidad y la conclusión del razonamiento no entre en contradicción con otros hechos declarados probados. Para simplificar, podríamos decir que los indicios deben responder a las reglas de la lógica y la experiencia. En esa comprensión del asunto, si bien es el órgano sentenciante el que debe probar la diferencia de valor de manera suficiente y racional, no es menos cierto que incumbe al responsable la carga de romper algunos nexos que pueden presentarse concatenados entre sí. Con esto en mente, debe distinguirse la acreditación del hecho por indicios consecuentes entre sí, respecto de aquellos supuestos en que existen conclusiones alternativas entre sí. En ese orden de ideas, cabe traer a colación que la convicción jurídica puede estar fundada en una prueba indiciaria. Inclusive, una prueba en particular con medios probatorios materiales podría, en ciertas circunstancias, proporcionar una constatación más segura del hecho. Así, a pesar de las características previamente expresadas de la prueba indiciaria, y de no estar específicamente reguladas en el código de forma, la práctica judicial, sin mayores reparos, ha decidido su aplicación debido a su jerarquía a la hora de dar respuesta a los conflictos jurídicos. Así las cosas, luce incuestionable que las presunciones han sido siempre fuente de convicción al momento de desentrañar casos donde, por distintos motivos, es inviable el acceso a una prueba directa de los hechos.
De esta manera, sobre la base de lo examinado hasta aquí con relación a la prueba oportunamente aportada por el servicio aduanero, consideramos que, gracias al cruce de información entre los Sistemas MALVINA e INDIRA, se logró probar la diferencia sustancial o notoria entre el precio declarado por GGM y aquel finalmente constatado ante las autoridades aduaneras de la República del Paraguay y la República Federativa de Brasil.
XVII. Influencia de la vinculación en el precio declarado:
Con relación a la tercera cuestión a analizar, cabe recordar que, de acuerdo con lo estipulado por el art. 746 del C.A., “[e]l hecho de que existiere vinculación entre el comprador y el vendedor que afectare lo dispuesto en el artículo 735, no constituye motivo suficiente para considerar inaceptable el precio pagado o por pagar, salvo que tal vinculación influyere en el precio” (nuestra cursiva). A esta primera afirmación, se agregaría, mediante el segundo párrafo de la disposición citada, que “[s]i la vinculación influyere en el precio, el servicio aduanero podrá desestimar el precio pagado o por pagar como base de valoración y en tal caso determinará el valor de conformidad con lo previsto en el artículo 748” (ibid.). Paralelamente, el alcance de la disposición transcripta debe ser determinado sobre la base de lo estipulado por el art. 747 del C.A. Como ya hemos tenido oportunidad de observar con anterioridad, en virtud de esta última disposición, “[s]e aceptará el precio pagado o por pagar y en tal caso se valorará la mercadería de conformidad con lo previsto en el artículo 746, apartado 1, si el exportador demostrare que dicho precio no difiere sustancialmente de alguno de los valores corrientes y resultantes de tomar en consideración el artículo 748, incisos a), b) o c). No obstante, si el servicio aduanero dispusiere igualmente de antecedentes, tomando en consideración los mismos criterios, que difirieren notoriamente del precio pagado o por pagar, podrá exigir del exportador que justifique su precio de transacción bajo apercibimiento de no considerarlo aceptable” (ibid.).
De la revisión de las disposiciones mencionadas, se puede deducir lo siguiente: en aquellas circunstancias donde la autoridad aduanera haya podido constatar no solo la vinculación existente entre la firma exportadora (GGM) y aquella que lleva a cabo una refacturación (SONKALY S.A.), sino también una diferencia sustancial entre el valor declarado por GGM y aquel finalmente constatado ante las autoridades aduaneras de la República del Paraguay y la República Federativa de Brasil, es posible presumir que la vinculación referida tuvo un impacto real en (o haya influido sobre) las disparidades de precios. Sin embargo, esta presunción sería válida solo hasta que se demuestre lo contrario.
En este sentido, a los fines de probar que los importes oportunamente declarados en la República Argentina eran valores de mercado y que, por consiguiente, la vinculación existente en esa oportunidad no había influido en el precio, GGM presentaría un listado, proveniente del Sistema Penta-Transacition, con un total aproximado de setecientos cincuenta operaciones de exportación llevadas a cabo durante el año 2014. En dicho listado no solo se incluirían las operaciones efectivamente efectuadas por GGM, sino que también se haría referencia a exportaciones oficializadas por otras firmas, y con respecto a mercadería supuestamente similar a aquella involucrada en la operaciones cuestionadas. De cada una de las operaciones de exportación detalladas en el listado, se especificaba, entre otros datos, la siguiente información: número de la destinación de exportación, fecha de oficialización ante el servicio aduanero, posición arancelaria de la mercadería involucrada, firma exportadora, medio de transporte, país de destino, valor FOB unitario de la mercadería en dólares, valor FOB total de la mercadería en dólares, valor del flete en dólares, valor del seguro en dólares, cantidades involucradas, unidad de medida, marca y descripción de la mercadería implicada.
Según lo manifestado por la firma apelante, de la información emergente del mencionado listado, se podría constatar que los importes declarados por GGM no sólo debían ser considerados como de mercado, sino que también se manifestaban como superiores a aquellos declarados por las firmas exportadoras de mercadería similar. En efecto, mientras el precio promedio declarado por GGM en 2014 era de U$S 17,50 por par, aquel correspondiente ALPARGATAS SAIC era igual a U$S 15,62. Por otra parte, se resaltó que el volumen de exportaciones efectuadas por GGM durante el año 2014 había sido considerablemente superior al de sus competidores (de hecho, GGM fue responsable del 83,7% de las exportaciones de calzado en dicho período). Sin embargo, al examinar detalladamente los datos incluidos en el documento bajo análisis, se observa lo siguiente: dejando de lado las destinaciones oficializadas por GGM y ALPARGATAS SAIC, todas las demás firmas habían exportado mercadería incluidas en una posición arancelaria diferente de aquella involucrada en la presente litis. En cuanto a las operaciones llevadas a cabo por ALPARGATAS SAIC, cuya mercadería se encontraba comprendida en la posición arancelaria 6402.99.90.290D, las marcas involucradas (Rainha Route y Rainha Route) resultaba totalmente diferente, desde el punto de vista comercial, de aquella comercializada por GGM (ASICS). En efecto, resulta de público conocimiento el prestigio comercial de los tipos de calzado exportados a la República Federativa de Brasil (GEL-KAYANO 20 (p/u U$S 22,62), GEL-NOOSA TRI 9 (p/u U$S 17,96), GEL-PULSE 5 (p/u U$S 16,07), GEL-FLUX (p/u U$S 18,82) y GEL-NIMBUS (p/u U$S 21,78)), mucho más elevado que aquel comercializado por ALPARGATAS SAIC, no sólo por su marca, sino también por el crédito obtenido con relación a su funcionalidad.
Un segundo elemento de prueba supuestamente presentado por la firma apelante, sería una estadística de importaciones de calzados marca Nike, Adidas y Topper. Según lo manifestado por GGM, gracias a la información emergente de la mencionada estadística, se podía observar que los valores de exportación declarados por aquella eran, no sólo de mercado, sino que además eran valores superiores a aquellos correspondientes a importaciones de calzado terminado de las más importantes marcas de calzado deportivo. Sin embargo, esta información no pudo ser analizada. En efecto, el soporte informático supuestamente presentado en instancia administrativa, no sería receptado por el presente Tribunal; ni la parte apelante habría presentado una nueva copia junto con el recurso de apelación correspondiente. Finalmente, corresponde recordar que, si bien GGM reconocería que el aumento de los importes refacturados por su trader en la República Oriental del Uruguay se debía principalmente al hecho de poder lograr un cierto margen de ganancia y de solventar los costos correspondientes de intermediación, la apelante, en ningún momento, presentó instrumento contractual o unilateral alguno donde se especificaran los costos finalmente asumidos y se justificaran las ganancias agregadas a la refacturación por parte de SONKALY S.A. En consecuencia, la parte apelante no logra desvirtuar la presunción iuris tantum que se ha establecido sobre la base de dos indicios sumamente relevantes previamente mencionados: la existencia de un vínculo entre GGM y SONKALY S.A. y la observación de una diferencia significativa y notoria entre el precio declarado por la firma exportadora y aquel finalmente constatado ante las autoridades aduaneras de la República del Paraguay y la República Federativa de Brasil.
XVIII. Adecuación del método empleado por el servicio aduanero:
Resta finalmente adentrarnos en la cuarta y última cuestión a examinar, vinculada con el método empleado por el servicio aduanero (art. 748, inc. d), del C.A.), a los fines de confirmar el ajuste previamente llevado a cabo sobre el valor declarado por la actora. En efecto, vale recordar lo detallado en la Nota N° 1119/19 (DE VADE) del 5 de noviembre de 2019; documento mediante el cual el Departamento de Valoración y Comprobación Documental ratificó “…el criterio en materia de valoración plasmado en el Informe Técnico N° 07/15 (DV BCOB) del 26/03/15 […] como así también los términos desarrollados en la Nota N° 183/17 (DV BCBS) del 27/10/17…” (a fs. 81 (ibid.)). Para ello, se recordó que el mencionado informe había tenido como principal propósito el determinar si los precios de exportación documentados por GGM en el año 2014 cumplían con el requisito de ser un valor normal, usual o corriente de exportación, que permitiría considerarlos aceptables como base de valoración.
Teniendo dicho objetivo en mente, se recordó el haberse tenido en cuenta las pautas establecidas por el art. 747 del C.A. (“…es decir, se tomó en cuenta otros antecedentes tales como los precios de importación declarados ante el Servicio Aduanero del destino físico de las mercaderías, en este caso Brasil, que se relacionan con las operaciones de exportación objeto de fiscalización en la presente actuación administrativa…”). Se agregó, a su vez, que, como resultado de la comparación de los precios declarados ante la Aduana argentina y el Servicio Aduanero extranjero, se habrían detectado importantes diferencias, que tendrían su origen en la refacturación practicada por el tercer operador vinculado al exportador argentino.
En efecto, en cuanto a la mercadería exportada, se detalló que se trataría genéricamente de calzados que habrían llegado a destino a un precio sustancialmente mayor al documentado ante la Aduana argentina (52,74% en promedio), “…sin que el exportador demuestre la actividad desplegada por el tercer operador vinculado que le incorpore valor y justifique las ostensibles diferencias observadas”. Consecuentemente, en virtud de los hechos descriptos, se consignó el haber procedido a valorar la mercadería involucrada sobre la base de la metodología prevista por el art. 748, inc. d), del C.A., “…ya que, teniendo en cuenta la particularidad del presente caso, que encuadra en el esquema de ventas sucesivas, resulta notoriamente evidente que los valores declarados de ingreso al país de destino, en correspondencia con el inciso d) del art. […] 748, son los valores mínimos que deben tomarse como base de valoración.
De esta manera no resulta posible hallar una base de valoración más objetiva y ajustada a lo previsto por el CA que los precios efectivamente realizados y revelados en el mercado de destino”. Finalmente, se agregaría que “[e]sta metodología se encuentra en consonancia con lo establecido en la Nota Interpretativa 5 al artículo 1° de la Definición de Valor de Bruselas (Noción Teórica de Valor), la que dice que, en el caso de ventas sucesivas, el precio a considerar al momento de valorar es el de la última venta. Debe tenerse presente, que el sistema de valoración para las mercancías que se exportan, previsto en el Código Aduanero argentino, se inspira en la Definición de Valor de Bruselas, donde lo que se procura es que el valor real o ideal se constituya en la BASE DE VALORACIÓN”.
Lo mencionado con anterioridad sería confirmado por la resolución objeto de la presente apelación.
De una lectura somera de las disposiciones del Código Aduanero, se advierte que el servicio aduanero, frente a una situación donde pudiera presumirse que la vinculación de las empresas involucradas ha influido en el precio finalmente facturado, se vería frente a la obligación de acudir a alguno de los métodos detallados en el art. 748 del C.A. con el objetivo de probar la diferencia sustancial o notoria entre precios. En efecto, en virtud del segundo párrafo del art. 746 del C.A., “[s]i la vinculación influyere en el precio, el servicio aduanero podrá desestimar el precio pagado o por pagar como base de valoración y en tal caso determinará el valor de conformidad con lo previsto en el artículo 748” (nuestra cursiva). A su vez, mediante lo estipulado por el art. 747 in fine del mismo plexo normativo se determina que “…si el servicio aduanero dispusiere igualmente de antecedentes, tomando en consideración los mismos criterios, que difirieren notoriamente del precio pagado o por pagar, podrá exigir del exportador que justifique su precio de transacción bajo apercibimiento de no considerarlo aceptable” (ibid.).
En este sentido, se puede afirmar que, en lugar de haber empleado “[e]l valor obtenido a partir del precio de venta en el mercado interno del país de destino…”, según lo expresamente determinado por el art. 748, inc. d), del C.A., el servicio aduanero, por las características particulares del caso bajo examen, se habría encontrado en mejores condiciones para aplicar el método que surge del inciso a) de la disposición citada. En efecto, en virtud de esta normativa, “[c]uando el precio pagado o por pagar no constituyere una base idónea de valoración a los fines de determinar el valor imponible en forma correcta, el servicio aduanero podrá apartarse del mismo en cuyo caso corresponderá utilizar como base de valoración […]: a) el valor obtenido por estimación comparativa con mercadería idéntica o, en su defecto, similar competitiva, que hubiere sido objeto de despacho, tomando en consideración las modalidades inherentes a la exportación…”.
Si bien, a partir de una hermenéutica literal del texto transcripto, hubiera correspondido tener en cuenta, a los fines comparativos, un número de operaciones de exportación distintas de aquellas bajo examen, la imposibilidad, por parte del servicio aduanero, de poder acceder a ese tipo de transacciones (por las especificidades que circundan el sub examine) nos lleva necesariamente a considerar que el empleo del método detallado en el inciso a) del art. 748 del C.A. se torna particularmente razonable. Así, en las circunstancias bajo examen se observa, como tuvimos oportunidad de analizarlo con anterioridad, una serie de operaciones trianguladas, con facturaciones sucesivas, y relacionadas con una misma mercadería cuyo destino final era la República Federativa de Brasil. De esta manera, las operaciones de exportación efectuadas por la firma argentina pueden ser consideradas como idénticas a aquellas finalmente facturadas por las firmas uruguaya y norteamericana.
XIX. Finalmente, con respecto al planteo vinculado con la morigeración de la tasa de interés aplicable en dólares, advierto que aquel podría hacerse sin declarar la inconstitucionalidad de la reglamentación aplicable y sin necesidad de violentar la norma procesal que limita las facultades jurisdiccionales de este organismo administrativo jurisdiccional. Como tuve oportunidad de afirmar en la causa Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DGA s/recurso de apelación, EX-2020-15395348-APNSGASAD#TFN (sentencia del 18 de febrero del 2021), este tribunal no puede declarar la inconstitucionalidad de una norma, asimilándose, de esta manera, a los jueces de la Constitución Nacional, y sobrepasando, con juegos interpretativos, la máxima que impone el sometimiento de la administración a la Ley. No obstante ello, también advertí que ese obstáculo legal no encorsetaba la posibilidad de resolver el caso sometido a decisión mediante una justa ponderación de los principios aplicables y sin necesidad de declarar la inconstitucionalidad de norma alguna. En ese orden de ideas, hice hincapié en que la limitación legal tenía exclusiva relación con los casos que demandaban su solución mediante una subsunción de los hechos en las normas aplicables. A su vez, añadí que, ante los casos de ausencia de complejidad sustancial en donde el control de constitucionalidad debía ser directo, no podía prescindirse de resolver el caso sino mediante una declaración de inconstitucionalidad que me estaba prohibida realizar. En sentido contrario, advertí que no era menester la declaración de inconstitucionalidad si la resolución del caso demandaba recurrir a la ponderación de los valores, principios y normas con incidencia en la situación examinada.
Así fue que, el 30 de abril de 2020, en la sentencia dictada in re “C.J.C. c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa - Ejército s/ daños y perjuicios”, la Corte Suprema declararía inaplicable el régimen de ejecución de sentencias de condenas monetarias contra el Estado Nacional, regulado mediante el art. 22 de la Ley 23.982, respecto del crédito de una persona mayor de 70 años de edad, discapacitada, y con serios problemas de salud. Así lo hizo el Alto Tribunal al determinar que la parte actora no se encontraba exceptuada normativamente del régimen general para la cancelación de créditos no consolidados en contra de un organismo del sector público, que implicaba una serie de trámites y plazos de espera para su percepción. De esta manera, el voto mayoritario consideraría a la situación planteada como un “caso no previsto” que, por razones de equidad, debía ser resuelto por aplicación de normas análogas. En cuanto aquí es de específico interés, debe hacerse notar que la mencionada mayoría (conformada por los Sres. Ministros Maqueda, Lorenzetti y Rosatti) evita expresa e intencionalmente declarar la inconstitucionalidad del art. 22 de la Ley 23.982, siquiera en cuanto a su aplicación al caso concreto. A todas luces es significativo que en este nuevo pronunciamiento el Alto Tribunal elija apartarse de la declaración de inconstitucionalidad y se incline directamente por la inaplicabilidad de la ley en el caso concreto. En ese marco interpretativo, debe considerarse que la CSJN no ha hecho otra cosa que prescindir de la norma aplicable cuando conduce ocasionalmente a un resultado injusto en su aplicación concreta a un caso específico, en función de sus particularidades, a veces imprevisibles para el propio legislador. En estos supuestos, corresponde prescindir de la letra de la norma, priorizar el espíritu del legislador y resolver el caso como este lo hubiera hecho de haberse representado las circunstancias del mismo, aun cuando esto implique dejar de lado el texto de la previsión normativa aplicable al caso.
En atención a la luz del estándar interpretativo comentado, corresponde hacer lugar al planteo de la actora y, en consecuencia, reducir la tasa de interés aplicada por la AFIP-DGA, teniendo en cuenta la tasa de interés correspondiente a las obligaciones en dólares prevista en la Resolución ME N.º 21/91 -a título referencial-, que era del uno por ciento (1%) mensual y hasta el 1/08/19, fecha en la que por imperio de la Resolución N.º 598/19 (B.O. 18/07/19), que derogó la Resolución N.º 314/04, y sus modificatorias, entre las que se encuentra la Res. 50/19 del ex Ministerio de Economía y Producción, comenzó a regir la nueva tasa para intereses resarcitorios del 0,83% nominal mensual en aquellas obligaciones nominadas en dólares estadounidenses.
Por todo lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar la Resolución N° 110/2019 (DI VACD), dictada por el Sr. Director de la Dirección de Valoración y Comprobación Documental el 12 de noviembre de 2019 y, por ende, los cargos estipulados en concepto de tributos adeudados, teniendo en cuenta, a su vez, lo oportunamente aclarado mediante el considerando XIX ut supra del presente voto con relación a los intereses adeudados.
2. Con costas a la vencida.
La Dra. Claudia Sarquis dijo:
I. Que adhiero en lo sustancial al relato del Voto que antecede, en especial a los Considerandos I.- a XVIII, que permiten concluir -específicamente en este caso- que corresponde confirmar la Resolución aduanera apelada (Ver la primera parte del punto 1 de la parte resolutiva).
II. Disiento con las interpretaciones que derivan en la segunda parte, relativas a la tasa de interés aplicable a los administrados que deben abonar estas deudas aduaneras en dólares, en cuanto proponen morigerar la alícuota legalmente aplicable, al “prescindir” de la normativa, inclinándose por no aplicarla, en línea con un sólo precedente jurisprudencial. (Considerando XIX del voto del Dr. Licht).
III. Fundamento mi discrepancia de criterio, en la necesidad de respetar las tasas establecidas por cada norma, según el tiempo en que comenzaron a regir las mismas. Considero que en este ámbito -de jurisdicción administrativa- está vedado dejar de aplicar las Resoluciones oportunamente pertinentes, aún para intentar evitar un resultado que se presume inequitativo (pero cuya confiscatoriedad no se encuentra cabalmente demostrada en estos actuados).
En este sentido, también se ha pronunciado la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso “Provincia de Santa Cruz” (Fallos 316:42), cuando sostuvo que no se justifica una interpretación que equivalga a prescindir del texto legal, si no media debate y declaración de inconstitucionalidad. Por el contrario, y en concordancia con la letra expresa de la normativa -de cuya aplicación no encuentro graves razones para apartarse- observo que la intención del Legislador al momento de haber elevado las tasas, (luego modificadas por vía de otra Resolución por la cual resultaron inferiores), tendía en ese tiempo a permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado.
Esta posición también se sostuvo cuando nustro Más Alto Tribunal sentenció:
“Se justifica que las leyes impositivas contemplen medios coercitivos para lograr la satisfacción oportuna de las deudas fiscales cuya existencia afecta de manera directa el interés de la comunidad porque gravitan en la percepción de la renta pública; con ese propósito se justifica la aplicación de tasas de interés más elevadas” (Fallos 316:42).
Asimismo, destaco que el Máximo Tribunal aún no ha anulado ó morigerado “per se” las tasas que surgen de las normas que rigen específicamente esta materia, para casos como el de autos. En tal sentido, también considero inaplicable el antecedente referido, que se refiere a una persona física mayor de setenta años, cuando este caso en particular es relativo a una empresa constituída bajo la forma de Sociedad Anónima. Como consecuencia de los razonamientos precedentes, la DGA deberá en cada caso aplicar la normativa vigente según la resolución que determine las tasas correspondientes, dictadas por las autoridades competentes, según lo indicado en los arts. 37 y 52 de la Ley 11.683 y en los arts.794 y 797 del Código Aduanero (Ley 22415).
Máxime, cuando su invalidez -hasta el momento- tampoco ha sido declarada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Aplicar una morigeración distinta, ajena a lo normado, por la vía interpretativa de este Tribunal, implicaría pasar por alto los fines tenidos en cuenta por la autoridad competente, que legisló, en cada momento, las tasas aplicables a este tipo de deudas de los administrados, con el organismo fiscal. Ello, según su propia evaluación de oportunidad, mérito y conveniencia, que también está vedado a nuestra limitada jurisdicción.
En tal sentido, no puedo olvidar que la fijación de la tasa de interés aplicable a los créditos tributarios es llevada a cabo en base a dichos criterios, que no son susceptibles de revisión en esta Instancia administrativa, y sólo corresponde a los jueces controlar la legitimidad del obrar de las autoridades. Por ello, entiendo que este Tribunal no está facultado para sustituirse a ellas en la valoración de las circunstancias ajenas al campo de lo jurídico (en sentido similar, CSJN; FALLOS 3 08:2246 y sus citas 311:2128; 321:1252, espc. Consid. VII y sus citas). Y mucho menos, en consecuencia, si se trata, como en el caso que nos ocupa, de Vocales del Tribunal Fiscal de la Nación.
Como consecuencia de los fundamentos antes resumidos, VOTO POR:
Confirmar la Resolución apelada. Con los intereses -que deberá calcular el Fisco- según los parámetros aplicables en cada momento, y lo dispuesto por el art. 794 del Código Aduanero. Con costas a la accionante.
Voto Dr. Horacio Segura:
I. Que me remito al relato de los hechos expuestos en los Considerandos I al IV del Voto del Dr. Licht.
II. Dicho lo que antecede, comparto los fundamentos vertidos por el Vocal instructor en el considerando VI al analizar y rechazar el planteo de nulidad esgrimido por la recurrente en su recurso de apelación III.- En lo que respecta al fondo del asunto, los cargos en cuestión fueron formulados como consecuencia de la existencia de diferencias entre el valor declarado y el constatado por el servicio aduanero en operaciones de exportación a consumo efectuadas por la recurrente durante el año 2014 con destino a Uruguay, Brasil y Paraguay.
Por su parte, el informe Nº 07/15 (DV BCOB) señala que la recurrente exportó mercaderías bajo las partidas 6105, 6402 y 6404, con destinos a Uruguay, Brasil y Paraguay. Al analizar las operaciones de exportación, se contrastó con las operaciones al ingreso en dichos destinos mediante la utilización del sistema de consultas INDIRA y MALVINA, resultando que las mercaderías ingresadas por ante las aduanas de Brasil y Paraguay, vendidas a SPORT GROUP SA (Paraguay) y ASIC BRASIL DISTRIBUICAO E COMERCIO DE ARTIGOS ES (Brasil) por la recurrente, existía una diferencia entre los valores declarados por GGM en Argentina y los valores declarados por los importadores en dichos destinos. Destacándose, que la operatoria aduanera se daba entre empresas vinculadas.
La recurrente señala que los calzados deportivos terminados, marcas Pony, Asics entre otros, son adquiridos en el exterior por la empresa SONKALY SA (Uruguay), y quien luego vende el calzado a la empresa ASICS AMERICAN CORPORATION (EE.UU) (sin vinculación con la recurrente) esta última empresa, la cual revende dichas mercaderías a sus diferentes clientes en Paraguay y Brasil. Que, surge de autos que el servicio aduanero comprobó de la información colectada a través de los Sistemas INDIRA y MALVINA que, durante el año 2014, la mercadería destinada directamente tanto a SPORT GROUP S.A. (República del Paraguay) como a ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COMERCIO DE ARTIGOS ES (República Federativa de Brasil), y facturada a SONKALY S.A.
(República Oriental del Uruguay) por un precio determinado, sería refacturada por un importe sustancialmente mayor.
Específicamente, se constató que en las exportaciones con destino final a la República del Paraguay, la refacturación sería llevada a cabo por la firma uruguaya SONKALY S.A. En las demás exportaciones que poseían como destinación final a la República Federativa de Brasil, se constató la existencia de una doble refacturación (la primera, efectuada por una firma vinculada (SONKALY S.A.), y la segunda, llevada a cabo por un tercero no miembro del grupo económico (ASICS AMERICA de EEUU) resultando una diferencia sustancial entre el valor declarado en aduana Argentina y el constado ante las autoridades Brasileras.
En virtud de ello, el área de fiscalización llevó al servicio aduanero a descartar el valor FOB declarado por la firma para los despachos de autos y valorar las mercaderías conforme al precio documentado al ser importadas a dichos destinos. Ello por cuanto, la aduana consideró que “…en los países de destino la mercadería no tiene procesos de valor agregado sustancial que impliquen un salto de partida del nomenclador arancelario y las diferencias porcentuales entre los valores facturados y documentados de egreso de la Argentina e ingreso a Paraguay o Brasil superan el 100%. En este sentido, parecería que el esquema de refacturacion implementado por estas empresas relacionadas configuraría una planificación fiscal tendiente a sustraer base imponible – con la consecuente diferencia de liquidación de derechos de exportación- y evitar de este modo ingresar divisas que generan las diferencias señaladas entre los valores facturados…”, y se procedió a la liquidación de los derechos de exportación, y se acompañan al Informe Técnico como Anexo A - Listado de permisos de embarque analizados y sus facturas de exportación, Anexo B- Datos del sistema INDIRA y su relación con los permisos de embarque analizados, Anexo C- Consulta de negociación de divisas, Anexo D- Comparación de valores FOB Argentina y FOB Brasil, Anexo E- Conformación de los valores de venta considerando el FOB declarado en Brasil (ver Informe técnico Nº 07/15- RE-2020-75680459-APN-DTD#JGM). Asimismo, dicho informe también opina que correspondería formular denuncias contenciosas por presuntas infracciones de declaración inexacta conf. art. 954 inc. a) y c) C.A., sin perjuicio de ello, no obran constancias que se hubieran iniciado dichos sumarios por declaración inexacta en relación con las operaciones aquí involucradas.
III. Que la valoración de mercaderías en Aduana en materia de exportación debe realizarse con sujeción a lo dispuesto en el Código Aduanero. En tal sentido, el art. 735 determina que para la aplicación del derecho de exportación ad valorem, el valor imponible de la mercadería que se exportare para consumo es el valor FOB, FOT o FOR, dependiendo del medio de transporte que se utilice, entre un comprador y un vendedor independiente uno de otro, en el momento en que determinan los arts. 726, 727 o 729 en cada supuesto, como consecuencia de una venta al contado.
Que el legislador, para los casos de operaciones de exportación, ha adoptado la noción teórica del valor imponible, en base a un precio al que cualquier vendedor podría entregar la mercadería que se exportare - art. 745-, como consecuencia de una venta efectuada entre un comprador y un vendedor independiente uno de otro -arts.735 y 742-.
En los artículos subsiguientes -hasta el art. 750- se precisan los elementos o condiciones que integran el concepto o noción teórica de valor imponible, como son el precio, la cantidad, el tiempo, el lugar y el nivel comercial.
Que la facultad de la Aduana para observar y ajustar el valor documentado surge del art. 747 del C.A., que dispone que “Se aceptará el precio pagado o por pagar, y en tal caso se valorará la mercadería de conformidad con lo previsto en el art. 746, ap. 1, si el exportador demostrare que dicho precio no difiere sustancialmente de alguno de los valores corrientes y resultante de tomar en consideración el art. 748, incs. a), b) o c). No obstante, si el servicio aduanero dispusiere igualmente de antecedentes, tomando en consideración los mismos criterios, que difieren notoriamente del precio pagado o por pagar, podrá exigir del exportador que justifique su precio de transacción bajo apercibimiento de no considerarlo aceptable”.
Que, surge de lo hasta aquí expuesto que las facultades de desestimación del valor imponible documentado, se dan legalmente en materia de exportación principalmente en los supuestos de vinculación -art. 746- y, en un sentido mucho más amplio, cuando por las posibilidades de valor comparable que resultan de los métodos previstos en el art. 748 del C.A., el precio documentado presentara ostensibles diferencias con el precio comparable, que será el resultante de los precios corrientes o en su caso de determinados precios de venta de la mercadería que se exporte, o del costo de producción. Dichos precios corrientes son básicamente los valores que resultan de los parámetros de los incisos a), b) y c) del aludido art. 748, los señalados precios de venta son los previstos en los incisos d) y f) del mismo artículo y el valor a partir del costo de producción está previsto en el inc. e).
VII. Que la Aduana ha fundado el ajuste de valor, en virtud de lo normado por el art. 748 inc. d) del CA, conforme lo expresado por el Departamento de Valoración y comprobación documental- Nota 1119/19 (DE VADE) RE-2020-75680791-APN-DTD#JGM que amplía el Informe Técnico 07/15 el cual considera que “…no se consideró aceptable el precio pagado o por pagar declarado en las operaciones bajo análisis, ya que no cumple con la condición de ser un "valor corriente" conforme surge de la comprobación practicada, pues se encuentra influido por la relación comercial, financiera o de otra clase existente entre el exportador GGM S.A. y su cliente del exterior SONKALY S.A. de Uruguay, procediéndose entonces a valorar, siguiendo la metodología prevista en el Art. 748 inc. d) del Código Aduanero, ya que, teniendo en cuenta la particularidad del presente caso, que encuadra en el esquema de ventas sucesivas, resulta notoriamente evidente que los valores declarados de ingreso al país de destino, en correspondencia con el inciso d) del Artículo N° 748, son los valores mínimos que deben tomarse como base de valoración. De esta manera no resulta posible hallar una base de valoración más objetiva y ajustada a lo previsto por el CA que los precios efectivamente realizados y revelados en el mercado destino. Esta metodología se encuentra en consonancia con lo establecido en la Nota Interpretativa 5 al artículo 1 de la Definición de Valor de Bruselas (Noción Teórica de Valor), la que dice que en el caso de ventas sucesivas, el precio a considerar al momento de valorar es el de la última venta. Debe tenerse presente, que el sistema de valoración para las mercancías que se exportan previsto en el Código Aduanero Argentino, se inspira en la Definición de Valor de Bruselas, donde lo que se procura es que el valor real o ideal se constituya en la BASE DE VALORACIÓN.”
Que el art. 748 del C.A., en lo que aquí concierne, determina que “Cuando el precio pagado o por pagar no constituyere una base idónea de valoración a los fines de determinar el valor imponible en forma correcta, el servicio aduanero podrá apartarse del mismo, en cuyo caso corresponderá utilizar como base de valoración la que mejor se adecuare de las previstas a continuación: d) el valor obtenido a partir del precio de venta en el mercado interno del país de destino, pagado o estimado, de la mercadería que se exportare o, en su defecto, de la idéntica o similar competitiva, previa deducción de los costos, gastos y tributos ocasionados o exigibles en aquel país así como del flete, seguro y demás gastos ocasiones luego de la salida de la mercadería del territorio aduanero y de los derechos y demás tributos que gravaren en éste su exportación, tomando consideración las modalidades inherentes a la exportación;...”.
VIII. Sin perjuicio de todo lo expuesto, en el caso de autos, considero que no se ha realizado ninguna investigación de valor a los fines de analizar si el precio declarado es exacto y veraz. Solo se tomó el precio declarado en cada operación transacción comercial y se lo reemplazó por otro que corresponde a otra transacción comercial distinta, en la que no es parte interviniente el exportador declarante, ni resulta el comprador una empresa que se encuentre vinculada a este.
Vale destacar, que el propio informe Nº 07/15 que sustenta el reclamo tributario sostiene que “…no es objeto del presente análisis el estudio de valor de los bienes exportados”, por ende, no se analizó la aptitud del valor declarado por la recurrente con los valores corrientes de mercado, solo se efectuó la comparación de los valores declarados en las distintas aduanas de destino con los declarados ante la aduana Argentina.
Que, el servicio aduanero debió analizar los valores documentados a la luz de los que arrojen otras operaciones reales de exportación, a efectos de comparar las circunstancias de cantidad, tipo de la mercadería exportada, entre otras cuestiones que pueden incidir en el precio documentado, es decir, los elementos que hacen a la definición de valor imponible que relacionan el precio, el momento, el lugar, la cantidad y el nivel comercial de una destinación de exportación.
Que, del análisis efectuado, considero que la demandada no ha aportado documentación que permita desestimar el precio declarado por la actora.
Que, de autos no surge que los precios declarados en las operaciones en cuestión, en cuanto a volumen y valor, se encuentren por debajo de los precios de mercado. Asimismo, cabe destacar que la existencia de una operación de venta de determinada mercadería a una empresa del exterior, y la sucesiva venta de dicha mercadería a una tercera empresa, no es fundamento suficiente para desestimar el precio documentado en la primera operación y considerar así como válido el documentado en la segunda, ni tampoco puede considerarse suficiente como para afirmar que la venta a Uruguay no es genuina, por tratarse en realidad de una venta a Brasil o Paraguay, aún más, cuando el servicio aduanero no ha aportado, ni acreditado, prueba suficiente que esa maniobra haya influido en el valor de venta de la mercadería en trato. Que, no existe norma alguna que limite la cantidad de operadores que puedan intervenir en una operación de comercio exterior, sin embargo, en autos, esta vinculación acreditada, entre la recurrente y la firma Uruguaya, bastó para que el servicio aduanero concluyera que la recurrente tributó importes distintos a los que efectivamente correspondiere, con motivo de haber disminuido la base imponible en dichas operaciones.
Mas aún, que haya existido una venta posterior concertada entre el intermediario vinculado y una tercera empresa, y de la constatación a través del sistema informático surja que la mercadería fue importada en al país de destino a un valor superior de que se exportó desde la República Argentina, no es un elemento suficiente para descartar la veracidad del precio declarado por la primera venta, y sostener la configuración de una refacturacion.
Asimismo, el precio de la segunda o tercera venta resulta ajeno al exportador, sin perjuicio de la vinculación declarada, entre la recurrente y SONKALY (Uruguay).
Que, de conformidad con todo lo hasta aquí expuesto, corresponde concluir que el rechazo del valor de transacción de las mercaderías objeto de las exportaciones, que se trata como valor en aduana, no resulta válido en tanto no se encuentra correctamente respaldado en los términos del art. 747 del C.A. y, en consecuencia, corresponde desestimarlo, así como los cargos formulados en concepto de diferencia de derechos.
Por lo expuesto, VOTO POR:
REVOCAR la Resolución N° 110/19 (DI VACD) y, por ende, los cargos Nº 280 a 335 todos del año 2015, intimados a firma GGM S.A. Con costas a la DGA.
Atento el resultado del Acuerdo y a efectos de conformar mayoría en el punto relativo a los intereses (arts. 794 y concs. del C.A.), el Dr. Horacio J. Segura emite voto complementario exclusivamente respecto de dicha cuestión, dejando expresamente sentado que adhiere al criterio sustentado por el Dr. Miguel N. Licht, ello sin perjuicio de lo sostenido en los considerandos de su voto y por resultar, en definitiva, más favorable al apelante, aplicando ello exclusivamente en el presente caso y por las razones expuestas. De conformidad al acuerdo que antecede, por mayoría, SE
1. Confirmar la Resolución N° 110/2019 (DI VACD), dictada por el Sr. Director de la Dirección de Valoración y Comprobación Documental el 12 de noviembre de 2019 en la Actuación N° 16603-13- 2015 y, por ende, los cargos estipulados en concepto de tributos adeudados, con más los intereses indicados en el Considerando XIX del voto del Dr. Licht.
2. Con costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2025.12.16 14:21:55 ART Date: 2025.12.16 14:31:12 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.12.17 13:42:37 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.12.17 13:43:15 -03:00
Fin de la sentencia